Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06891-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06891-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-06891-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
23 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-2015)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 19 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Margarita Rosa Castilla Martínez, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP032272 del 17 de julio de 2013, que le negó el
1 Folios 17 a 32.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP040113 del 30 de agosto de 2013, que
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.
Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar a través
del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional - FOPEP la pensión gracia de
jubilación equivalente al 75% de los salarios y factores devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus pensional; ii) cancelar el valor de las mesadas
pensionales y adicionales con los correspondientes reajustes de ley desde la fecha
de acreditación de requisitos de pensionada; iii) cumplir la sentencia al tenor de lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA; iv) realizar los ajustes de valor
conforme el índice de precios al consumidor; y vi) condenar en costas a la entidad
demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Margarita Rosa Castilla Martínez se vinculó al sector oficial como
docente nacionalizado en el departamento del Atlántico y en el Distrito Capital de
Bogotá.
ii) El 26 de diciembre de 2007, cumplió 50 años de edad, fecha en la que
adquirió el estatus de pensionada.
iii) El 28 de mayo de 2013, con el Oficio SOP201300024345, solicitó ante la Caja
Nacional de Previsión, en adelante Cajanal el reconocimiento de la pensión gracia;
sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos
enjuiciados.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de
1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 3 del Decreto Ley 2277 de 1979; y literal a) del numeral
2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Asimismo, se invocaron como vulneradas las
Leyes 115 de 1994; 43 de 1975; y 715 de 2001, y el Decreto 081 de 1976.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:
i) El acto administrativo enjuiciado violentó las normas señaladas, pues la
señora Castilla Martínez prestó sus servicios en diversas épocas en
establecimientos oficiales del orden territorial. Además, estuvo inmersa en el
proceso de nacionalización que comenzó la Ley 43 de 1975, entre el 1° de enero de
1976 y el 31 de diciembre de 1980.
ii) No se puede desconocer que la Ley 91 de 1989 conservó el carácter de
docente nacionalizado a quienes tuvieran vinculación con los municipios,
departamentos o distritos.
iii) Así las cosas, la demandante computó más de 20 años de servicio y cumplió
50 años de edad el 26 de diciembre de 2007, luego le asiste el derecho de
beneficiarse de la prestación que reclama.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:2
2 Folios 148 a 155.
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Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
La demandante no acreditó en debida forma los requisitos que señala la Ley 114 de
1913 para ser beneficiaria de la prestación que reclama, en especial el tipo de
vinculación. Con la solicitud de exigibilidad de la pensión gracia se deben aportar la
totalidad de los documentos que permitan tomar una decisión de fondo para poder
revisar si le asiste o no el derecho al peticionario, circunstancia que no ocurrió en
este caso.
Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, buena fe y
enriquecimiento sin causa.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia escrita proferida el 19 de septiembre de 2014, negó las
pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:3
i) La demandante se desempeñó como docente oficial al servicio de la
Secretaría de Educación del departamento del Atlántico desde el 24 de abril de 1979
hasta el 8 de abril de 1986, esto es, se vinculó antes del 31 de diciembre de 1980,
y laboró en el nivel territorial por un lapso de 7 años y 16 días.
ii) Posteriormente, desarrolló actividades al servicio del Distrito Capital de
Bogotá en interinidad entre el 21 de julio y el 19 de agosto de 1988, y del 10 de
febrero al 14 de abril de 1989. Por último, fue vinculada como docente en propiedad
a partir del 27 de mayo de 1997.
iii) No obstante, el tiempo durante el cual la actora prestó sus servicios como
docente al Distrito Capital es de carácter nacional, pues del contenido de la
Resolución 0188 de 1997, mediante la cual se efectuó el nombramiento en
3 Folios 230 al 243. Con ponencia de la magistrada Amparo Oviedo Pinto.
4
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Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
propiedad, se infiere que los recursos con los que se retribuyó su servicio provenían
del Fondo Educativo Regional (FER).
iv) Aun cuando el entonces alcalde distrital hubiera suscrito el referido acto de
nombramiento, ello no convierte la vinculación en territorial, dado que lo hizo como
miembro de la junta directiva del FER, pues es evidente la participación financiera y
administrativa de la Nación y por consiguiente la vinculación adquiere la connotación
de nacional.
v) Teniendo en cuenta ello, no fueron acreditados los veinte años de servicio
como educadora de carácter territorial.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:4
i) Los tiempos laborados para el Distrito Capital de Bogotá también son de
orden territorial, por cuanto su nombramiento proviene del alcalde mayor de Bogotá,
pues su vinculación al magisterio mediante la Resolución 0188 del 9 de abril de
1997, como docente de orden distrital, que se prorrogó entre el 14 de mayo de 1997
y el 30 de abril de 2013 (fecha del último certificado aportado), fue para desempeñar
labores en la Institución Educativa Distrital Florida Blanca. Significa lo anterior que
los tiempos al servicio del Distrito Capital de Bogotá son de orden nacionalizado.
ii) Al revisar con detenimiento la resolución de nombramiento se observa que
esta fue suscrita por el señor Antanas Mockus Sivickas en calidad de alcalde mayor
de Bogotá y no como miembro de la Junta Directiva del FER.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
4 Folios 245 al 247.
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Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
1.5.1. La demandante
La señora Margarita Rosa Castilla Martínez no emitió pronunciamiento alguno en
esta etapa procesal.5
1.5.2. La demandada
La UGPP, por conducto de apoderado, descorrió el término para alegar y reiteró los
argumentos invocados en la contestación de la demanda.6
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
5 Folio 269.
6 Folios 267 y 268.
7 Folio 269
6
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19288 y 37 de 19339 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 10
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».11
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
8 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
9 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
10 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
11 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
los educadores locales o regionales».12
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».14
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
13 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:15
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».16
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,17 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:18
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».19
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad y tiempo de servicios
i) Conforme a su cédula de ciudadanía la señora Margarita Rosa Castilla Martínez
nació el 26 de diciembre de 1957, por lo tanto, cumplió 50 años de edad el 26 de
diciembre de 2007.20
ii) El 26 de marzo de 1979, mediante el Decreto 090, el gobernador del
departamento del Atlántico nombró a la actora como profesora por 40 horas en el
Colegio Carlos Meisel, en remplazo de una docente que fue trasladada y tomó
posesión del cargo el 24 de abril siguiente.21 El acto contiene la información que a
continuación se transcribe:
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20 Folio 2.
21 Folios 14 al 16.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
DESPACHO DEL GOBERNADOR
DECRETO N°. 0090 DE 1979
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES
DECRETA:
[…]
Artículo 5º-. Nombrase a MARGARITA CASTILLA como profesora por 40 horas en el
Colegio Carlos Meisel en remplazo de DIANA HERRERA DE PALENCIA quien fue
trasladada a otro colegio.
[…]
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
13
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
iii) El 14 de octubre de 1981, con el Decreto 457, fue designada por el gobernador
del departamento del Atlántico en el empleo de director de grupo y catedrática por
16 horas mensuales en el Colegio Carlos Meisel, en remplazo de otro educador y
tomó posesión el 27 de octubre de 1981.22
22 Folios 61, 64 al 66 cuaderno 2
14
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
iv) La subsecretaria de Talento Humano del departamento del Atlántico, a través de
certificado, hizo constar lo siguiente respecto de la vinculación de la demandante:23
Nombrada en el cargo de maestra por 40 horas de clases mensuales en el Colegio
Carlos Meisel mediante Decreto 0090 del 26 de marzo de 1979, posesionada el día
24 de abril de 1979.
Nombrada en el cargo director de grupo y catedrática por 16 horas mensuales en el
Colegio Oficial de Bachillerato Carlos Meisel mediante Decreto 457 del 14 de octubre
de 1981, posesionada el día 27 de octubre de 1981.
Mediante Decreto 106 del 8 de abril de 1986, se le acepta la renuncia del cargo de
directora de grupo en el Colegio Carlos Meisel.
Cotizó para pensión a la Caja de Previsión departamental.
Su vinculación como docente es de carácter departamental.
Los recursos con que le pagaban eran provenientes del departamento del
Atlántico.
23 Folio 83, certificación del 20 de mayo de 2013, reiterada en los folios 1b y 1c del cuaderno 2.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
v) Según la certificación de períodos de vinculación para bonos pensionales
expedida por el secretario general de la Gobernación del Atlántico la actora estuvo
vinculada al referido departamento como maestra (directora de grupo) desde el 24
de abril de 1979 hasta el 8 de abril de 1986, de forma ininterrumpida. 24
vi) El 9 de abril de 1997, a través de la Resolución 0188, el alcalde mayor de
Bogotá, Distrito Capital, nombró como docente de tiempo completo a la señora
Castilla Martínez en la planta de personal docente de la Secretaría de Educación
Distrital en cumplimiento de la Resolución 3400 del 30 de noviembre de 1993,
mediante el cual se convocó a concurso para ingreso a la referida planta. Las
consideraciones de dicho acto son las siguientes:25
Que mediante la Resolución 3400 de noviembre 30 de 1993, se convocó a concurso
para ingreso a la planta distrital de docentes de la Secretaría de Educación.
Que una vez cumplido el procedimiento señalado en la resolución precitada, se
expidió la resolución 1194 del 17 de marzo de 1994 mediante la cual se adopta el
listado de elegibles al concurso que nos ocupa.
[…]
Que la Coordinadora General de Financiera de la Secretaría de Educación, en
certificación del 4 de marzo de 1997, manifiesta que existe disponibilidad presupuestal
en el rubro Progreso Social, educación para el progreso social nómina FER, Situado
Fiscal, para proveer las vacantes de docentes.
La accionante se posesionó en el cargo el 14 de mayo de 1997, con efectividad a
partir del 27 de mayo siguiente.26
vii) A través del Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación de Bogotá certificó lo siguiente respecto de la relación
laboral de la accionante:27
Tipo de vinculación: «Nacional»
24 Folio 2 cuaderno 2
25 Folios 53 al 55.
26 Folio 52.
27 Folio 81, certificado del 15 de mayo de 2013. Información reiterada por el profesional especializado
de certificaciones laborales de la Secretaría de Educación de Bogotá en los folios 282 y 283
16
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
Fuente de recursos: situado fiscal
Cargo: Docente secundaria
Nombramiento: propiedad
Tipo de novedad Total Desde Hasta
Vinculación como 21/7/1988 19/8/1988
docente interino
Vinculación como 10/2/1989 14/4/1989
docente interino
Nombramiento en 27/5/1997 Activo
propiedad
Licencia sin 71 20/1/1998 31/3/1998
remuneración
Licencia sin 10 9/12/1998 18/12/1998
remuneración
Comisión para ocupar 4/8/2008 6/7/2010
un cargo de libre
nombramiento
Reintegro comisión libre 7/7/2010 Activo
nombramiento
Licencia sin 30 1/9/2010 30/9/2010
remuneración
viii) En mayo de 2013, la actora declaró bajo la gravedad del juramento que «se
ha desempeñado como docente con honradez, consagración, idoneidad y buena
conducta y que no he sido sancionada disciplinariamente».28
ix) Según el certificado de salarios emitido el 15 de mayo de 2013 por la Secretaría
de Educación de Bogotá, la señora Castilla Martínez devengó entre enero de 2011
y diciembre de 2013, los factores salariales de asignación básica, prima de
vacaciones y prima de navidad.29
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 28 de mayo de 2013, la señora Castilla Martínez, por intermedio de
apoderado, solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia.30
28 Folio 62.
29 Folios 84.
30 Folio 72.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
ii) El 17 de julio de 2013, la UGPP profirió la Resolución RDP032272 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante, toda vez que a 31 diciembre de 1980 la
peticionaria no se encontraba vinculada a la docencia oficial. Además, conforme a
los tiempos de servicio aportados «se puede observar que estos fueron prestados
con nombramientos de orden nacional».31
iii) El 30 de agosto de 2013, la UGPP expidió la Resolución RDP040113, por la
cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó.32
2.3.3. De las pruebas de oficio
En cumplimiento a lo dispuesto en los autos del 3 de agosto de 2017 y 6 de julio de
2023, respectivamente, mediante los cuales se decretaron pruebas de oficio en
segunda instancia, fueron aportadas al expediente, entre otras, las siguientes
documentales:33
• Oficio del 11 de septiembre de 2017 de la Secretaría de Educación de Bogotá
en la que se señaló que la actora se desempeñó como docente interino entre el
21 de julio y el 19 de agosto de 1988 y desde el 10 de febrero y el 14 de abril de
1989; sin embargo, «no es posible certificar tipo de vinculación» por cuanto las
interinidades son labores ocasionales o transitorias».
Respecto del nombramiento en propiedad se indicó «Mediante Resolución No. 0188 del
09/04/97, Nombrada como Docente en Propiedad, a partir del 27/05/1997, siendo su tipo
de vinculación Nacional».
• Oficio del 21 de septiembre de 2017 del Coordinador del Grupo de
Certificaciones de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de
Educación Nacional en el que se hizo constar que «con base en la información
contenida en los inventarios de la serie Historias Laborales del archivo central de este
Ministerio de la planta de personal, el Grupo de Gestión Documental pudo establecer
31 Folios 3 al 5.
32 Folios 6 al 9.
33
Folios 282 al 296 y expediente digital índices 53 al 55 Plataforma Samai.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
que no se encontró información alguna a nombre de la señora Margarita Rosa
Castilla Martínez».
• Constancia de la subsecretaria de Talento Humano del departamento del
Atlántico, en la que certificó que la demandante fue nombrada en el cargo de
maestra por 40 horas de clases mensuales en el Colegio Carlos Meisel mediante
Decreto 0090 del 26 de marzo de 1979, posesionada el día 24 de abril de 1979,
en el cargo director de grupo y catedrática por 16 horas mensuales en el Colegio
Oficial de Bachillerato Carlos Meisel mediante Decreto 457 del 14 de octubre de
1981, y que mediante Decreto 106 del 8 de abril de 1986, se le aceptó la renuncia.
«su vinculación como docente es de carácter departamental».
• Oficio del 26 de septiembre de 2023, del jefe de la Oficina de Nómina de la
Secretaría Distrital de Educación, que indica lo siguiente: «En respuesta a la
solicitud (…) donde solicita la fuente de financiación de los recursos, se informa que,
verificado el histórico del Sistema Integrado de Gestión de Talento Humano, se evidencia
que la funcionaria MARGARITA ROSA CASTILLA MARTÍNEZ (…) registra salarios
dentro de los procesos de nóminas docentes financiados con recursos de la nación
provenientes del Sistema General de Participaciones, transferidos a la SED por el
Ministerio de Educación Nacional».
• Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral del 21 de
septiembre de 2023 en el que la Secretaría de Educación de Bogotá certificó que
el origen de vinculación de la accionante es «nacional-situado fiscal».
• Oficio 2023-EE-249023 2023-10-02 proferido por el jefe de la oficina asesora
jurídica del Ministerio de Educación Nacional en el que indica que «le comunico
que una vez consultada las bases de datos que reposan en este Ministerio, no se
encontró información relacionada con la señora Margarita Rosa Castilla Martínez. No
obstante, le comunico que la prestación del servicio educativo a hoy se encuentra
descentralizado, por tal razón, en lo relacionado con dirigir, planificar y prestar el servicio
educativo en los niveles de educación de preescolar, básica y media se encuentra a
cargo de las entidades territoriales certificadas en educación».
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la
decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
i) La señora Margarita Rosa Castilla Martínez demostró que laboró en el magisterio
oficial durante más de 20 años como docente, a través de vinculaciones clasificadas
como territoriales, tal como se detallará a continuación. Igualmente, tuvo una
experiencia como educadora anterior al 31 de diciembre de 1980, por ende, en lo
que respecta al tiempo de servicio, cumple con los presupuestos previstos por las
Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser acreedora del beneficio pensional
pretendido.
ii) El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al
siguiente:
Carácter de la vinculación Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 24- 04- 1979 08- 04-1986 13 11 6
Distrital 27- 05-1997 11- 09-201734 12 3 20
Licencias y comisiones Tiempo por descontar -25 -2 -2
A partir de 1997
TOTAL 0 0 25
En relación con las vinculaciones antes descritas es oportuno hacer las siguientes
precisiones:
El Tribunal concluyó que el tiempo de labores al servicio del departamento del
Atlántico, acumulado entre el 24 de abril de 1979 y el 8 de abril de 1986, resulta
computable para efectos del reconocimiento prestacional pretendido, por cuanto los
nombramientos fueron efectuados por el gobernador, y, así las cosas, la accionante
siempre estuvo vinculada «al orden territorial».
Dicho análisis es compartido por esta Sala, al observar, además, las siguientes
circunstancias.
34 Fecha de expedición del certificado de la Secretaría de Educación de Bogotá allegado el 18 de
septiembre de 2017. No desconoce la Sala que con el formato de certificación aportado del 21 de
septiembre de 2023, la demandante continuaba activa en el servicio para ese momento.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
Los nombramientos efectuados a través de los Decretos 090 del 26 de marzo de
1979 y 457 del 14 de octubre de 1981, son de carácter territorial, pues fueron
suscritos por una autoridad del orden territorial en uso de sus facultades legales (el
gobernador del Atlántico, sin intervención de ningún otro funcionario, y sin
delegación del Ministerio de Educación), para prestar labores en el Colegio Oficial
Carlos Meisel35 del municipio de Barranquilla, en remplazo de otros educadores,
luego los empleos ya existían en la institución.
Asimismo, advierte la Sala que si bien el artículo 4 de la Ley 39 de 1903 dispuso
que la instrucción secundaria, en principio, estaría a cargo de la Nación y sería
inspeccionada por el poder ejecutivo, también indicó que ello no obstaría para que
los departamentos y municipios que tuvieran los recursos suficientes sostuvieran
establecimientos de enseñanza secundaria. Así las cosas, revisados los actos
de nombramiento en armonía con las certificaciones aportadas al plenario por la
subsecretaria de Talento Humano del departamento del Atlántico, el plantel y las
plazas ocupadas tienen carácter departamental.
De igual modo, de las documentales se extrae con claridad que los recursos
mediante los cuales fueron financiados los emolumentos de la docente provenían
de dineros propios del departamento del Atlántico, de la siguiente manera:
35 Mediante la Resolución 001368 del 30 de noviembre de 2004, expedido por la Alcaldía Distrital de
Barranquilla, se concedió licencia de funcionamiento y se autorizó el cambio de nombre del Colegio
Oficial Carlos Meisel, por Institución Educativa Distrital Carlos Meisel. Información consultada en el
link INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CARLOS MEISEL: 2010 (imeisel.blogspot.com)
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
Aunado a ello, la afirmación de que dicha designación tiene el carácter territorial
también encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989,
en tanto dispone que son territoriales aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
Del mismo modo, la Corte Constitucional, en sentencia C-084 de 1999, al analizar
la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a la
Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, nacionales y
territoriales. Particularmente la Corte señaló lo siguiente:
3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la «nacionalización» de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para
ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de
1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional;
y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se
22
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la
denominada «pensión gracia», de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente
extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como
tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes
actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener
derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del
empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer
un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente
acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada
(artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la
igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna […].
En consecuencia, de acuerdo con el análisis integral de los actos de nombramiento
mencionados, se concluye que la vinculación con el departamento del Atlántico es
del orden territorial, interpretación que coincide con la certificación expedida por la
entidad nominadora, situación que permite afirmar que la parte actora ocupó
empleos exclusivos del ente territorial.
Posteriormente, la señora Castilla Martínez desarrolló actividades al servicio del
Distrito Capital de Bogotá en interinidad entre el 21 de julio y el 19 de agosto de
1988 (26 días), y del 10 de febrero al 14 de abril de 1989 (2 meses y 4 días), en
total por un lapso de tres meses. Sobre esta vinculación el a quo no emitió
pronunciamiento en concreto, sino que únicamente hizo referencia a este en razón
a la certificación obrante en el folio 83 del dosier, que se detalló en el acápite de
hechos probados de esta providencia.
En atención a ello, la Sala debe indicar que respecto del referido período no existen
pruebas en el plenario que acrediten con claridad el tipo de vinculación o su
naturaleza. Nótese que el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia
Laboral, expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá el 15 de mayo de 2013,
únicamente hace referencia a las dos vinculaciones de la demandante en
interinidad, pero no indica nada respecto a la plaza, el plantel, o el tipo de
nombramiento que hubiera podido tener.
Así pues, la referida certificación únicamente detalla el tiempo de servicio, pero no
indica el nombre de la institución en la cual se prestaron los servicios, ni señala
23
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
quién fue la autoridad nominadora (el alcalde en uso de sus facultades legales, o
por delegación del Ministerio de Educación, etc.), o cualquier otro indicio que
inequívocamente conduzca a inferir que la designación tuvo carácter territorial.
Del mismo modo, en la certificación del 11 de septiembre de 2017, la Secretaría de
Educación de Bogotá señaló que la actora se desempeñó como docente interino
entre el 21 de julio y el 19 de agosto de 1988 y desde el 10 de febrero y el 14 de
abril de 1989; empero, no era posible certificar tipo de vinculación, luego dicho
medio de prueba tampoco otorga convicción.
Así las cosas, en este caso con las documentales aportadas no se logra aclarar la
naturaleza o carácter de la plaza ocupada en interinidad por los tres meses que se
analizan, por ende, no se podrán tener en cuenta para efectos de computar los
requisitos exigidos en la norma para beneficiarse de la pensión gracia. En la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, esta Sala fue enfática en señalar
que para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
De suerte que las pruebas aportadas para acreditar el vínculo no hacen constar con
claridad la naturaleza o carácter de la plaza ocupada.
Resta precisar que esta Corporación en múltiples pronunciamientos ha señalado
que la vinculación en interinidad «es plenamente computable para efectos del
reconocimiento y pago de la pensión gracia como quiera (sic) que tal figura se utilizó
como un mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de
contar con docentes de carrera, designaba con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos», siempre
y cuando se acredite con suficiencia que plaza ocupada temporalmente tiene
carácter territorial,36 circunstancia que, se itera, no ocurrió en este caso.
Dicho de otra forma, la parte accionante no cumplió con la carga de la prueba
prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso que le asistía respecto
de esa vinculación en particular. Concretamente la norma en comento consagra lo
siguiente:
Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición
de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte
que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o
esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para
probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el
objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o
de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares.
En ese orden, el referido precepto impone una carga procesal a las partes
consistente en la exigencia de aportar las pruebas que demuestren y acrediten los
hechos señalados en la demanda, y que se pretenden hacer valer, para que las
pretensiones puedan prosperar.
Finalmente, el a quo consideró que la naturaleza de la vinculación docente de la
demandante a partir de 1997 es de carácter nacional, por cuanto de la lectura del
acto administrativo de nombramiento (Resolución 0188 del 9 de abril de 1997) se
infiere que los recursos con los que se retribuyó su servicio provenían del Fondo
Educativo Regional (FER).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2018,
radicado 25000 23 42 000 2014 00012 01 (3050-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
No obstante, la Sala encuentra que tal argumento no es suficiente para no computar
dichos tiempos para obtener la pensión gracia objeto de controversia, por las
razones que se pasan a explicar.
La vinculación ocurrida a través de la Resolución 0188 del 9 de abril de 1997 tiene
carácter distrital o territorial, ya que el alcalde del Distrito de Bogotá, en uso de
sus atribuciones legales, nombró en propiedad a la señora Castilla Martínez (en el
acto de designación no intervino ningún otro funcionario, ni fue producto de una
delegación), como docente de la planta de personal de la Secretaría de
Educación Distrital, en remplazo de otro educador, en vigencia de la Ley 60 de
1993, como a continuación se muestra:
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
De lo anterior se tiene que el cargo en el que fue nombrada la actora pertenece a la
planta distrital de empleos docentes, y que para su designación superó las etapas
de un concurso público que terminó con la conformación de una lista de elegibles
de la que aquella hace parte.
Aunque no se determinó en el acto de nombramiento el nombre del plantel en el
que prestaría sus servicios, en la referida resolución se indicó expresamente que la
Secretaría de Educación del Distrito ejercería la facultad de ubicar a los docentes
nombrados de acuerdo con la necesidad del servicio educativo y en la jornada que
fuere requerida, luego siempre fueron vinculados en instituciones de carácter
distrital o territorial.
Así las cosas, se itera, la accionante fue nombrada en una plaza de carácter
distrital por el alcalde de la ciudad, lo que permite inferir razonablemente que dicha
vinculación no se realizó en un empleo de la Nación.
Además, no se puede perder de vista que la Ley 60 de 1993 estableció la
descentralización de la educación, así que en virtud de dicho proceso los
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
departamentos prestarían directamente dicho servicio. Esta norma en su artículo 3
dispuso que «La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de
personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo
con las necesidades de prestación del servicio».
Respecto de los recursos mediante los cuales se asumirían los salarios y demás
prestaciones de la accionante se observa que en la Resolución 0188 del 9 de abril
de 1997, se señaló, entre otras consideraciones, lo siguiente: 37
Que la Coordinadora General de Financiera de la Secretaría de Educación, en
certificación del 4 de marzo de 1997, manifiesta que existe disponibilidad presupuestal
en el rubro Progreso Social, educación para el progreso social nómina FER, Situado
Fiscal, para proveer las vacantes de docentes.
Teniendo en cuenta ello, la Sala advierte que aunque el tiempo que la demandante
prestó sus servicios como docente en propiedad en la Secretaría de Educación
Distrital, los salarios, prestaciones y demás emolumentos fueron cancelados con
cargo al rubro «Progreso Social, educación para el progreso social nómina FER,
Situado Fiscal», dichos lapsos resultan válidos para obtener la pensión gracia objeto
de controversia.
Lo anterior, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de
unificación SUJ2-11/18 es plenamente computable para efectos del reconocimiento
pensional, pues a pesar de que en la designación se indicó que los recursos para
el pago de los emolumentos provienen del FER -situado fiscal-, se tiene que tal
circunstancia no determina el tipo de vinculación de la demandante, debido a que
en virtud del nombramiento efectuado por el entonces alcalde mayor de Bogotá y
la plaza ocupada, la actora ostenta el carácter de docente distrital,
independientemente de que parte de los salarios hubieren sido sufragados con
dineros provenientes de la Nación.
37 Folio 81. Información reiterada por el profesional especializado de certificaciones laborales de la
Secretaría de Educación de Bogotá a folio 282 a 283
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Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
En efecto, en la citada providencia de unificación se concluyó que lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, máxime si
se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de
sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.38
Al respecto, esta Sala en reciente pronunciamiento señaló lo siguiente:39
Es oportuno resaltar que el a quo desestimó el referido tiempo en consideración a
que los salarios fueron financiados por la Nación; sin embargo, conforme se expuso
en acápites anteriores, esta corporación unificó su criterio en el sentido de indicar
que tal argumento no podía oponerse para reconocer la prestación en comento, toda
vez que los dineros provenientes del entonces situado fiscal -ahora sistema general
de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas y exógenas».40
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación».
De acuerdo con lo expuesto, el nombramiento efectuado a través de la Resolución
0188 del 9 de abril de 1997 y que corrió desde el 27 de mayo de 1997 hasta el 11
de septiembre de 2017,41 es de carácter distrital.
Adicionalmente, la Sala advierte que aunque en las certificaciones emitidas por la
Secretaría de Educación de Bogotá se catalogó la vinculación de la accionante
como nacional, lo cierto es que el origen de la plaza ocupada por la señora Castilla
38 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de octubre de 2022, radicado: 52001-23-
33-000-2014-00540-01 (2892-2016).
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
41 Fecha de expedición del formato único para expedición de certificado de historia laboral Folio 81.
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Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
Martínez es de carácter distrital, como quedó ampliamente demostrado a través
del acto de nombramiento y las disposiciones legales invocadas.
Lo anterior por cuanto, se reitera, del acto de nombramiento reproducido en el
acápite de hechos probados de esta providencia la Subsección advierte que no se
evidencia intervención directa o indirecta del Ministerio de Educación para adoptar
la decisión, así como tampoco mención alguna a una plaza o institución nacional
que permita inferir que el nombramiento era para ocupar un empleo del mismo nivel.
Nótese que, en efecto, como respuesta a la prueba de oficio dictada con las
providencias del 3 de agosto de 2017 y 6 de julio de 2023, la Secretaría de
Educación de Bogotá insistió en que el origen de la vinculación de la accionante es
«nacional-situado fiscal», bajo el argumento de que era una «docente financiada
con recursos de la nación provenientes del Sistema General de Participaciones,
transferidos a la SED por el Ministerio de Educación Nacional», no por que el
nombramiento fuere efectuado directamente por el Ministerio de Educación
Nacional, o por el alcalde, pero en representación del Gobierno Nacional, en una
plaza con igual carácter.
Por lo tanto, como lo ha sostenido esta Sala recientemente: «mal podría en este
escenario considerarse que la relación legal y reglamentaria fue nacional como lo
estimó el tribunal de origen, y mucho menos asegurando que a tal conclusión se
arriba debido a la naturaleza de los recursos del FER, pues ello está totalmente
decantado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida por esta
Corporación, en el sentido de sostener que la esencia del vínculo laboral no se
determina por el origen de la financiación, sino por el tipo de nombramiento y plaza
ocupada por el reclamante, el cual en esta oportunidad se acredita como
nacionalizado, no solo porque así lo sostuvo sin discusión la propia entidad
accionada, sino porque tal supuesto se extrae del material probatorio obrante en el
expediente».42
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de septiembre de 2023,
radicado 63001-23-33-000-2014-00092-01 (1980-2016), M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
De acuerdo con lo explicado, los tiempos laborados como docente por parte de la
señora Castilla Martínez tienen la denominación de territoriales (distritales) y, en
todo caso, no podrían ser, de ningún modo, denominados como nacionales en
atención a que obra suficiente material probatorio que respalda sus pretensiones y
que desestima las certificaciones allegadas por la Secretaría de Educación de
Bogotá y las afirmaciones del a quo.
De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente con vinculaciones del orden territorial por más de 20 años y la exigencia de
haber ingresado al servicio antes del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la
interesada cumplió el requisito del tiempo de servicio previsto por el legislador para
acceder a la prestación pretendida.
iii) La señora Castilla Martínez cuenta con más de 50 años de edad y durante
su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es decir, que
cumple con los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral con
honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento
del beneficio pensional reclamado. 43
Ahora bien, la accionante cumplió los 20 años de servicio el 16 de septiembre de
2012,44 fecha para la cual contaba con más de 50 años de edad (los cumplió el 26
de diciembre de 2007), es decir, que en ese momento adquirió el derecho pensional.
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
43 Aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia.
44 Se descontaron los períodos de licencias y comisiones que se concedieron a partir de 1997 que
se detallaron en una tabla en el acápite de hechos probados de esta providencia.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
comprendido entre el 16 de septiembre de 2011 y el 16 de septiembre de 2012, con
inclusión de los factores salariales devengados en ese período.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».45
Ahora bien, la señora Castilla Martínez consolidó el estatus pensional el 16 de
septiembre de 2012, de modo que tenía hasta el 16 de septiembre de 2015 para
reclamar ante la administración el reconocimiento y pago de la prestación para que
sus mesadas pensionales no fueran objeto de prescripción, lo cual efectivamente
se materializó a través de la reclamación del 28 de mayo de 2013, razón por la que
no operó el fenómeno de la prescripción trienal.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
45 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22
de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de
2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,46 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
46
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06891-01 (0450-15)
Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada y, en
su lugar, se accederá a la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 19 de septiembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
negó las pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP032272 del 17 de julio de
2013 y RDP040113 del 30 de agosto de 2013, mediante las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia de la actora.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la Margarita Rosa Castilla Martínez,
identificada con cédula de ciudadanía 32.630.725, en cuantía del 75% del promedio
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Demandante: Margarita Rosa Castilla Martínez
de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 16 de septiembre de 2011 y el 16 de septiembre
de 2012, con inclusión de la asignación básica y las doceavas partes de las primas
de vacaciones y navidad.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
35
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