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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06927-01

Revocatoria directa de los actos adminisytrativos

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06927-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 2 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda), que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Gladys Eufracia Balaguera Castañeda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y los Ministerios de Salud y Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-06927-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

22 de julio de 2021

REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISYTRATIVOS / REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SIN AUTORIZACIÓN DE SU TITULAR EN MATERIA PENSIONAL /

La revocación directa ha sido creada con el propósito de que la Administración en sede gubernativa tenga la posibilidad de enmendar no solo errores de tipo formal, sino atañederos a una ilegalidad o inconstitucionalidad manifiestas o contrariedad con el interés público y social, e incluso cuando se cause un agravio injustificado a una persona, empero, si el acto comporta la naturaleza de particular y concreto, en aras de la protección de los derechos adquiridos y del debido proceso, se deberá obtener el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho que se pudo haber reconocido en el mencionado acto administrativo, y de no ser posible, aquella solo tendrá la opción de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo con el fin de lograr su anulación parcial o total, según sea el caso. […] [E]l legislador, por intermedio de la Ley 797 de 2003, autorizó a «Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas […]» a revocar directamente los respectivos actos administrativos sin el consentimiento del afectado, siempre que cuenten con serios indicios que les permita concluir que una pensión fue concedida indebidamente o con fundamento en documentos espurios. […] Así las cosas, la presunta ilegalidad que haya dado lugar a la prestación económica que se cuestione, debe probarse en el trámite administrativo con criterios concretos, reales y objetivos, para lo cual el titular del derecho o sus beneficiarios deben contar con todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa, tales como los principios de publicidad y contradicción, esto es, «[…] la revocatoria directa de una prestación económica, deberá ser la consecuencia lógica y jurídica de un procedimiento surtido con arreglo a los artículos 74, 28, 14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las normas de carácter especial que deban privilegiarse al tenor del artículo 1 del mismo estatuto contencioso». […] [L]a Sala advierte que en atención al análisis realizado en precedencia, la revocación directa de actos administrativos de carácter particular solo puede ser utilizada cuando la Administración cuenta con autorización expresa e inequívoca del beneficiario de la actuación, esto es, que no exista duda alguna sobre la disposición de voluntad consciente que el titular del derecho reconocido efectúa respecto de la extinción jurídica de determinado derecho o prerrogativa. En el presente caso, se observa que la extinguida Cajanal no realizó ninguna actividad orientada a obtener la autorización de revocación de las Resoluciones 8769 de 15 de septiembre de 1989, 1950 de 4 de mayo de 1992 y 41728 de 25 de noviembre de 1993 y procedió en tal sentido mediante los actos acusados, al colegir que una de las constancias de tiempo de servicios aportada por el causante para acreditar los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, no era fiable. […] [P]rocedió a revocar la pensión y su sustitución en atención a las facultades que le otorga el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, al considerar que «[…] exist[ían] motivos […] de los cuales podía suponer que se reconoció indebidamente […]», lo cierto es que, en todo caso, no comprobó indubitablemente que para ello los interesados presentaron documentación espuria, como lo exige la norma en cita, sin prestar mientes, ante la duda, de la importancia de requerir información adicional de la actora, quien, valga decir, sí la aportó al interponer el recurso de reposición, luego de que la Administración se rehusara a informarle las razones por las que suspendió unilateralmente el pago de las mesadas, a lo que solo tuvo acceso cuando la jurisdicción constitucional se lo ordenó por vulnerar los derechos constitucionales fundamentales de petición y debido proceso.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 19

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-06927-01(1418-17)

Actor: GLADYS EUFRACIA BALAGUERA CASTAÑEDA

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) Y MINISTERIOS DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Referencia: SUSTITUCIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN; REVOCACIÓN DIRECTA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTENIDO PARTICULAR; AUTORIZACIÓN EXPRESA E INEQUÍVOCA DEL BENEFICIARIO; CONDICIONES QUE DEBE COLMAR LA ADMINISTRACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 797 DE 2003

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 2 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda), mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 61 a 90). La señora Gladys Eufracia Balaguera Castañeda, por medio de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la UGPP y los Ministerios de Salud y Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 31544 de 27 de junio de 2007 y RDP 14022 de 21 de marzo de 2013, por las cuales la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) y la UGPP, respectivamente, «[…] Revoca[ron] de manera directa [los] actos a través de los cuales se reconoció derecho pensional al Señor JOSE DEL ROSARIO RUIZ GUARIN, y así mismo, pensión de sobreviviente a la demandante […]» (sic).
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a las demandadas (i) «[…] reconoc[er] y pag[ar] las mesadas pensionales desde […] enero de […] (2008), hasta la fecha de pago real y efectivo […]»; (ii) indexar los valores adeudados, (iii) sufragar intereses moratorios, (iv) cancelar los perjuicios causados y (v) dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos «[…] 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo» (CCA). Por último, se condene en costas a la parte accionada.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que su esposo, señor José del Rosario Ruiz Guarín (q. e. p. d.), laboró por más de 20 años para el Estado (en los Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público, la Empresa de Obras Sanitarias de Norte de Santander [Emponorte SA], el extinguido Instituto de Seguros Sociales [ISS] y el desaparecido Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras [Himat]), motivo por el cual la entonces Cajanal le concedió, por conducto de Resolución 8769 de 5 de septiembre de 1989, pensión de jubilación, reliquidada con la 1950 de 4 de mayo de 1992.

Que, en atención a que el citado señor falleció el 12 de septiembre de 1992, aquella entidad le sustituyó dicha prestación, con Resolución 41728 de 25 de noviembre de 1993; empero, fue revocada directamente por medio de Resoluciones 31544 de 27 de junio de 2007 y RDP 14022 de 21 de marzo de 2013 (en sede de reposición), «[…] con el fundamento de haber sido obtenida de manera fraudulenta», pero sin «[…] precisa[r] cual es la documentación falsa que sirvió de soporte al señor RUIZ GUARIN para [su] obtención […]» (sic).

Dice que, posteriormente, constató que la revocación fue consecuencia de un concepto técnico, según el cual no existe «[…] en los archivos de la entidad [Emponorte SA] “Hoja de Vida” […]» del finado, con lo que se evidencia que la liquidada Cajanal «[…] no realizo actuación alguna tendiente a velar por el respeto de principios constitucionales como lo son el debido proceso y derecho de defensa, toda vez, que dispuso la emisión del acto hoy impugnado, siendo la resolución No. 31544 de Junio 27 de 2007 sin hacer parte de la investigación a la beneficiaria de la pensión […]» (sic).

Que, a través de providencia de 1º de septiembre de 2008, el Tribunal Superior de Bogotá (sala penal) decidió, en segunda instancia, una acción de tutela que instauró contra Cajanal, para ordenar notificarle el referido acto administrativo (Resolución 31544 de 27 de junio de 2007) y pagarle «[…] de manera completa y sin solución de continuidad las tres mesadas […] anteriores […] y todas las que a continuación se hayan causado […]».

Aduce que la Administración no acató en su integridad el fallo de tutela, pues tan solo efectuó la notificación y, luego, confirmó su pronunciamiento en sede de reposición.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos censurados los artículos 29, 58 y 83 de la Constitución Política y el CCA.

Arguye que la parte accionada incurrió en falsa motivación, dado que revocó la pensión del señor Ruiz Guarín «[…] con fundamento en haber sido obtenida […] con base en documentación falsa, pero no se indica y menos aún se ha acreditado la falsedad que se invoca […]».

Que la Corte Constitucional ha dejado claro que para las autoridades se «[…] encuentra vedada la posibilidad de revocar de manera unilateral los actos administrativos de contenido particular que haya[n] expedido, a menos que cuente[n] con la autorización expresa del destinatario […]. En tal sentido, cuando quiera que aquella[s] considere[n] que la decisión consignada […] no se ajusta al ordenamiento jurídico, debe[n] acudir ante los estrados judiciales con el correspondiente deber de promover la acción de lesividad para que el correspondiente acto administrativo sea objeto de anulación […]».

1.5 Contestaciones de la demanda.

1.5.1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público (ff. 150 a 155). Por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; respecto de los hechos afirma que unos son ciertos, otros parcialmente y los demás no le constan. De igual modo, propuso las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva, indebida representación de la Nación, el Ministerio no es administrador de pensiones, improcedencia de la acción al no existir acto administrativo expedido por esa cartera y una sentencia desfavorable vulneraría el principio de legalidad y el aspecto presupuestal.
Que no puede asumir obligaciones que están en cabeza de otros organismos públicos, y si bien la UGPP está adscrita al sector hacienda, «[…] no quiere decir que […] sea su representante legal o ejerza posición de garante frente a [sus] actuaciones […]».

1.5.2 UGPP (ff. 161 a 168). Por conducto de apoderada, se opone a las súplicas del medio de control y se pronunció en relación con cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos, otros no y los demás no le constan. Por otra parte, planteó las excepciones denominadas cobro de lo no debido, pago, prescripción, buena fe y compensación.

Asevera que revisado el período laborado del señor José del Rosario Ruiz Guarín para Emponorte SA, «[…] corresponde a doce años y 16 días, tiempo que se le debe descontar en la sumatoria total del servicio prestado a la Nación y el cual le fue tenido en cuenta para otorgarle los derechos pensionales. Por lo anterior se debe corregir los actos administrativos […], ya que el tiempo que en realidad posee […] no es suficiente para adquirir la pensión».

Que al concluir que esa prestación «[…] se efectuó con base en documentación equivocada como lo es el certificado de tiempo de servicio en mención […], dando cumplimiento a la normatividad referida [Ley 100 de 1993] se debe revocar de manera directa en todas y cada una de sus partes las resoluciones demandadas».

1.5.3 Ministerio de Salud y Protección Social (ff. 191 a 211). Presenta oposición a las pretensiones; en lo que atañe a los hechos sostiene que no le constan, puesto que «[…] no tiene dentro de sus […] competencias el de ejecutar las funciones asignadas a las entidades que están vinculadas o adscritas a él, como acontecía en su entonces, con la desaparecida Cajanal […], ni mucho menos, el reconocimiento y pago de las obligaciones que de sus actos se desprendan […]».

Asimismo, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de daño antijurídico, prescripción, falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a ese Ministerio, inexistencia de la obligación y de solidaridad entre las demandadas y cobro de lo no debido.

1.6 La providencia apelada (ff. 314 a 336). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda), mediante sentencia de 2 de noviembre de 2016, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que la entonces Cajanal «[…] no tenía la potestad de revocar de forma directa y sin anuencia de la interesada, las resoluciones [con las que] fue reconocido y sustituido un derecho pensional, pues antes de hacerlo, tenía la obligación legal y constitucional de vincularla a la actuación administrativa, garantizando el debido proceso y la transparencia que debe gobernar en todos los casos en que se modifique la situación jurídica de un particular y por lo tanto, los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad».

1.7 El recurso de apelación (ff. 350 a 353). Inconforme con el anterior fallo, la UGPP interpuso recurso de apelación, el estimar que «[…] la pensión sustituida no tiene justificación alguna, se verifico que la demandante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa a traves de los medios de impugnación cuando fue notificada la resolución que concluyó la actuación administrativa, y que también se surtió en instancia de tutela […]» (sic).

Alude que actuó de conformidad con lo establecido en los artículos 69 del CCA y 19 de la Ley 797 de 2003, que exigen de «[…] la demandante demostrar […] lo que se está solicitando y dado que […] no aport[ó] el mencionado certificado […] necesario para resolver de fondo la solicitud, […] no es posible acceder a las pretensiones […]»; además de que «[…] cuando se evidencia[n] casos pensionales fraudulentos o falsos, estos derechos adquiridos no han nacido a la vida jurídica».

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 10 de marzo de 2017 (ff. 359 a 361) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 11 de septiembre de 2019 (f. 368), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de auto de 8 de julio de 2020 (f. 377), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la accionante, la UGPP y el Ministerio de Salud y Protección Social.

2.1.1 UGPP. Reiteró cada uno de los argumentos consignados en el recurso de apelación.

2.1.2 Ministerio de Salud y Protección Social. Afirma que «Habiendo quedado en firme y ejecutoriada la decisión [dictada en la audiencia inicial] que [lo] exoneró […] de toda responsabilidad, excluyéndolo del proceso, […] el trámite de instancia actual, se debe ceñir estrictamente al estudio de las inconformidades formuladas contra lo resuelto en la sentencia de primera instancia, en la cual […] no tuvo injerencia ni participación alguna, pues su vinculación en el proceso culminó el 11 de febrero de 2016».

2.1.3 Demandante. Pide confirmar el fallo apelado, puesto que (i) la parte demandada no actuó con «[…] la más estricta buena fe, e igualmente, que los actos administrativos […] proferidos, no han respetado mandatos claros y precisos, […] y con especial rigor, lo correspondiente a la motivación de sus actos», y (ii) la revocación directa no contó con su consentimiento.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la actora le asiste razón jurídica o no para reclamar la ilegalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se revocaron directamente las resoluciones que le reconocieron al señor José del Rosario Ruiz Guarín la pensión de jubilación y, posteriormente, sustituyeron en ella esa prestación, en condición de cónyuge supérstite de aquel; o por el contrario, se demostró que la Administración obró en los términos de los artículos 69 del CCA y 19 de la Ley 797 de 2003, como lo alegó la UGPP.

3.3 Hechos probados. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

Acta de 17 de septiembre de 1976, según la cual el señor José del Rosario Ruiz Guarín hizo entrega del almacén de la oficina principal de la entonces Acuanorte SA (luego Emponorte SA) al nuevo almacenista (ff. 24 a 27).

Certificaciones de 6 y 25 de octubre de 1976 suscritas por el contador pagador de Acuanorte SA, en las que consta que el señor Ruiz Guarín trabajó en esa «[…] SOCIEDAD DESDE EL 16 DE JULIO DE 1964 COMO INSPECTOR DE CLORADORES, Y ALMACENISTA GENERAL HASTA EL 31 DE JULIO DE 1976», a quien, además, se le practicaron descuentos mensuales, entre diciembre de 1972 y el 31 de julio de 1976, con ocasión del embargo «[…] propuesto por la señora AMPARO JOSEFINA BECERRA, en el juicio de alimentos por la niña Liliana Jakeline Ruíz [sic] B., […] solicitado por el Juzgado Segundo (2o.) Civil de Menores de Bogotá […]» (ff. 28 y 29).

Constancia de 15 de septiembre de 1987, por la que la supervisora de personal de Emponorte SA informa que «[…] revisado el Archivo (Hoja de Vida) del [fallecido] aparece que Ingresó al servicio […] el (16) de Julio de 1964 y su retiro el 1o. de Agosto de 1976» (sic) [f. 6 expediente administrativo].

Resolución 8769 de 15 de septiembre de 1989, mediante la cual la desaparecida Cajanal reconoció al señor José del Rosario Ruiz Guarín pensión de jubilación, a partir del 1º de septiembre de 1987, reliquidada con la 1950 de 4 de mayo de 1992, por haber prestado sus servicios en diferentes organismos estatales por 27 años, 4 meses y 5 días (ff. 2 a 9).

Registro civil de defunción, en el que figura que el citado señor falleció el 12 de septiembre de 1992 (f. 49 expediente administrativo).

Resolución 41728 de 25 de noviembre de 1993, por la que la aludida entidad «SUSTITU[YÓ] en forma vitalicia la pensión que en vida disfrutó RUIZ GUARIN JOSE DEL ROSARIO […], a favor de BALAGUERA CASTAÑEDA GLADYS EUFRACIA […] en calidad de cónyuge efectiva a partir del 13 de Septiembre de 1992 día siguiente a su fallecimiento […]» (sic) [ff. 10 a 12].

Oficio de 3 de agosto de 1999, en el que la secretaría de aguas de Norte de Santander advierte que «[…] verificando [sus] archivos [y los del] del Instituto Nortesantandereano de Agua Potable y Saneamiento Básico INORSA, no se encontró la hoja de vida del señor […] RUIZ GUARIN exfuncionario de “EMPONORTE”» (f. 91 expediente administrativo).

Informe 3365 de 10 de noviembre de 1999, a través del cual el grafólogo forense del grupo de seguridad y asuntos penales de la extinguida Cajanal reporta que «[…] efectuadas las diligencias y consultas […] se comprobó que […] la certificación de tiempos de servicio, fechada el 15 de septiembre de 1987, de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DEL NORTE DE SANTANDER es producto de una FALSIFICACIÓN INTEGRAL», como se colige de la respuesta proveniente del departamento de Norte de Santander, en la que dice que no encontró la hoja de vida del finado, motivo por el cual el tiempo presuntamente allí laborado (12 años y 16 días) se debe «[…] descontar en la sumatoria total […] tenid[a] en cuenta para otorgarle los derechos pensionales […]» y, en esa medida, «[…] se deben tomar los correctivos necesarios, toda vez que el tiempo de servicio no le alcanza […]» (ff. 93 y 94 expediente administrativo).

Concepto técnico de 19 de noviembre de 2002, por medio del cual dicho grupo de seguridad y asuntos penales reitera que la certificación de 15 de septiembre de 1987 aportada por el causante es apócrifa, no solo por las razones anotadas en el informe antes referido, sino porque al tratar de localizar al señor «[…] RAMIRO ESCALANTE MONZÓN, quien para la fecha ocupaba el cargo de Gerente de EMPONORTE S.A. y de quien se sabe conoció al señor JOSE ROSARIO RUIZ GUAR[Í]N», no se obtuvo respuesta, pues «[…] no vive en la dirección suministrada por […]» la secretaría del interior de Norte de Santander (ff. 101 y 102 expediente administrativo).

Resolución 31544 de 27 de junio de 2007 (ff. 13 a 19), por cuyo conducto la liquidada Cajanal (i) «REVOC[Ó] DE MANERA DIRECTA en todas y cada una de sus partes las Resoluciones […]» mencionadas en las letras precedentes, (ii) ordenó excluir a la accionante de la nómina de pensionados y (iii) dispuso su notificación a ella, con fundamento en los artículos 69 del CCA y 19 de la Ley 797 de 2003.

Lo anterior, al estimar que la citada prestación fue concedida al fallecido «[…] con base en documentación falsa como lo es el certificado de tiempos de servicios […]» de Emponorte SA, que consigna que él laboró entre el 16 de julio de 1964 y el 1º de agosto de 1976.

Memorial de 29 de febrero de 2008, mediante el cual la demandante pidió de Cajanal copia del expediente administrativo contentivo de la sustitución pensional que devenga, dado que a pesar de que el «[…] 26 de [e]nero de 2008 al presentar[s]e al cobro, se [l]e informa por parte de la Institución financiera [que] exist[e] orden de no pago […]», acudió en varias ocasiones a conocer las razones por las que ello ocurrió, sin haber obtenido respuesta (ff. 122 y 123 expediente administrativo).

Oficio SG-356 de 26 de marzo de 2008, por el que el departamento de Norte de Santander comunica a la actora que el «[…] competente para certificar el tiempo de servicios de los funcionarios de ACUANORTE o EMPONORTE es el señor OMAR CASTAÑEDA GOMEZ […], como liquidador de […] EMPONORTE EN LIQUIDACION» (sic) [f. 126 expediente administrativo].

Escrito de 12 de abril de 2008, suscrito por el señor Ramiro Escalante Monzón, en el que afirma que el fallecido «[…] efectivamente laboró en ACUANORTE, en el periodo comprendido entre el 16 de Julio de 1964 hasta el 31 de Julio de 1976, como Jefe de Suministros de la entidad» (sic) [f. 129 expediente administrativo].

Memorial de 25 de mayo de 2008, a través del cual el liquidador de Emponorte (señor Ómar Castañeda Díaz) en Liquidación «[…] certifica […] que el [finado] laboró en esta empresa durante el periodo comprendido del 16 de Julio de 1964 al 31 de Julio de 1976» (f. 130 expediente administrativo).

Sentencia de 1º de septiembre de 2008 (ff. 51 a 57), por cuyo conducto el Tribunal Superior de Bogotá (sala penal) decidió, en sede de impugnación, una acción de tutela incoada por la accionante contra la entonces Cajanal, en el sentido de amparar los derechos constitucionales fundamentales de petición y debido proceso invocados, y le ordenó «[…] notificar[la] en debida forma [de la] Resolución Nº 31544 [y] pagar de manera completa y sin solución de continuidad las tres mesadas pensionales anteriores a la interposición de la presente acción […] y todas las que a continuación se hayan causado […]».

Asimismo, advirtió que no es que «[…] considere que […] Cajanal no puede revocar directamente el acto administrativo de reconocimiento de pensión […], s[o]lo que para poder tomar esa determinación debe garantizar a […]» la afectada sus garantías superiores, pues ella no pudo ejercer «[…] contradicción alguna frente a la decisión ni a los medios que la motivaron ya que no fue notificada en debida forma ni del inicio del trámite y tampoco de la resolución de revocatoria», al paso que concluyó que esta actuación, con base en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, es dable siempre que esté «[…] plenamente probada […]» la «[…] ilegalidad de los medios utilizados para obtener» aquella prestación.

Documento de 1º de septiembre de 2009, por el que la demandante interpone recurso de reposición contra la Resolución 31544 de 27 de junio de 2007 y aporta, entre otras pruebas, los documentos referidos en las letras b, l, m y n (ff. 149 a 173 expediente administrativo).

Oficio UGM-SU-CE-5176-2011, por medio del cual la desaparecida Cajanal pide de la sociedad Cyza Outsourcing «[…] reali[zar] nuevo estudio de seguridad a los documentos aportados con el Recurso de Reposición, toda vez que el motivo de la revocatoria […] fueron documentos falsos y es necesario probar la veracidad […]»; atendido con «Dictamen de Seguridad» de 11 de noviembre de 2011, según el cual estos «[…] han quedado validados técnicamente, de acuerdo con el protocolo establecido […]» y le otorga «Sem[á]foro VERDE» (ff. 236 a 243 expediente administrativo).

Resolución RDP 14022 de 21 de marzo de 2013, a través de la cual la UGPP confirmó, en sede de reposición, el acto administrativo atrás anotado (ff. 21 y 22).

3.4 Caso concreto. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, sea lo primero precisar que el artículo 69 del CCA contemplaba la posibilidad de revocar directamente los actos administrativos, así:

Artículo 69. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

En cuanto a la revocación de actos administrativos de contenido particular y concreto, el mencionado estatuto previó como requisito la obtención del consentimiento escrito y expreso del titular del derecho:

Artículo 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.

Artículo 74. Procedimiento para la revocación de actos de carácter particular y concreto. Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este Código. En el acto de revocatoria de los actos presuntos obtenidos por el silencio administrativo positivo se ordenará la cancelación de las escrituras que autoriza el artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones penales o disciplinarias correspondientes.

El beneficiario del silencio que hubiese obrado de buena fe, podrá pedir reparación del daño ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo si el acto presunto se revoca.

La revocación directa ha sido creada con el propósito de que la Administración en sede gubernativa tenga la posibilidad de enmendar no solo errores de tipo formal, sino atañederos a una ilegalidad o inconstitucionalidad manifiestas o contrariedad con el interés público y social, e incluso cuando se cause un agravio injustificado a una persona, empero, si el acto comporta la naturaleza de particular y concreto, en aras de la protección de los derechos adquiridos y del debido proceso, se deberá obtener el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho que se pudo haber reconocido en el mencionado acto administrativo, y de no ser posible, aquella solo tendrá la opción de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo con el fin de lograr su anulación parcial o total, según sea el caso.

Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional ha precisado que «[l]a prohibición de revocar actos administrativos de contenido particular y concreto se ha justificado en la jurisprudencia, a partir de la garantía de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos que “avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo” y fortalecen la relación entre la Administración y los particulares».

No obstante, el legislador, por intermedio de la Ley 797 de 2003, autorizó a «Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas […]» a revocar directamente los respectivos actos administrativos sin el consentimiento del afectado, siempre que cuenten con serios indicios que les permita concluir que una pensión fue concedida indebidamente o con fundamento en documentos espurios:

ARTÍCULO 19. REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE. Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes.

Ahora bien, la citada facultad no deviene absoluta ni ilimitada, puesto que la Administración está sometida a una serie de condiciones y requisitos para acudir a esa figura, que de acuerdo con lo precisado por la Corte Constitucional al estudiar la norma trascrita en precedencia, son:

A partir del análisis realizado en los capítulos anteriores, se concluye que es necesario precisar el alcance del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, así como reiterar los principios y criterios trazados por la Sentencia C-835 de 2003; y complementarlos para superar las diferencias que se han producido entre las salas de revisión, de la siguiente manera:

[…]

(iii) Solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado. Con este criterio, la jurisprudencia busca evitar que el ciudadano quede al arbitrio de la administración. La simple sospecha, inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos, o debates jurídicos alrededor de una norma, no habilitan el mecanismo de la revocatoria unilateral. Estos motivos deben ser lo suficientemente graves como para que pudieran enmarcarse en una conducta penal.

(iv) No es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la pensión. Los supuestos que trae el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 deben entenderse como el resultado de conductas u omisiones especialmente graves, al punto que pudieran enmarcarse en algún tipo penal; y no simplemente tratarse de discrepancias jurídicas, o inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos. Esto supone un estándar alto de prueba a cargo de la administración, pero no implica una suerte de prejudicialidad, que restrinja la actuación de la administración a la espera que se produzca una sentencia penal condenatoria.
(v) Tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el ordenamiento jurídico sanciona a quién se aprovecha de estos escenarios. El cumplimiento de las normas es un presupuesto básico del Estado social y democrático de derecho. Actuar con rectitud y honestidad es una exigencia que se deriva del principio general de la buena fe y que permite crear un ambiente de confianza mutuo, imprescindible para el buen funcionamiento del sistema pensional. El orden constitucional no protege la posición de quien pretende aprovecharse del error o infortunio ajeno para obtener un beneficio particular.

(vi) Sujeción al debido proceso. La administración o autoridad competente no puede suspender un derecho pensional, sin antes haber agotado un debido proceso que garantice al afectado su defensa. En este proceso, la carga de la prueba recae sobre la administración a quien corresponde desvirtuar la presunción de buena fe que cobija al pensionado. Durante el mismo, debe prestarse especial atención a los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción. Frente a una “censura fundada” de la administración, la carga de la prueba se traslada al afiliado.

(vii) El derecho fundamental al habeas data y la prueba supletiva de la historia laboral. Tanto el empleador como las administradoras de pensiones son las principales responsables de velar por la correcta expedición y custodia de los certificados que den cuenta fielmente de la trayectoria laboral de una persona. Pero, teniendo en cuenta que aún subsisten fallas en el manejo de la información, las administradoras de pensiones no pueden, sin más, modificar la historia laboral de un afiliado, salvo que cuenten con una “justificación bien razonada” y sujeta a un debido proceso. El afiliado, por su parte, está en el derecho de controvertir el dictamen de la administración, y para ello podrá hacer uso de los medios supletivos de prueba a su alcance. El análisis del nivel de certeza que ofrecen estos medios alternos deberá hacerse caso a caso, y teniendo en cuenta, también, que la tutela no es el escenario para adelantar un examen probatorio a fondo, ni reemplaza la competencia del juez ordinario, quien tiene la palabra definitiva.

(viii) El procedimiento administrativo de revocatoria no debe entenderse como un escenario puramente adversarial. Ateniendo las fallas históricas en el manejo de la información laboral, y considerando que el trabajador es la parte débil del sistema, las administradoras de pensiones no pueden asumir el procedimiento de revocatoria como una instancia meramente adversarial. Están obligadas a utilizar sus competencias de investigación e inspección, incluso de oficio, para corroborar o desestimar los argumentos y pruebas que ponga de presente el trabajador. En caso de que el afiliado allegue algún medio de prueba que soporte razonablemente su versión, no se podrá revocar su derecho, hasta tanto la administración agote los medios a su alcance para verificar las pruebas e intentar aproximarse a la realidad fáctica de lo sucedido.

[…]

(x) Alcance de la revocatoria y recurso judicial. La revocatoria unilateral es un mecanismo de control excepcional promovido por la propia administración. Esta no resuelve definitivamente sobre la legalidad de un acto administrativo, ni tiene la competencia para expulsar del ordenamiento un acto pensional y retrotraer sus efectos. Tanto la administración como los particulares podrán acudir ante el juez competente para resolver de forma definitiva las diferencias que surjan en torno a un reconocimiento pensional [se subraya].

Así las cosas, la presunta ilegalidad que haya dado lugar a la prestación económica que se cuestione, debe probarse en el trámite administrativo con criterios concretos, reales y objetivos, para lo cual el titular del derecho o sus beneficiarios deben contar con todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa, tales como los principios de publicidad y contradicción, esto es, «[…] la revocatoria directa de una prestación económica, deberá ser la consecuencia lógica y jurídica de un procedimiento surtido con arreglo a los artículos 74, 28, 14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las normas de carácter especial que deban privilegiarse al tenor del artículo 1 del mismo estatuto contencioso».

De las pruebas enunciadas en el acápite previo, en el sub lite se tiene que (i) el señor José del Rosario Ruiz Guarín prestó sus servicios en diferentes entidades públicas por más de 27 años, de los cuales 12 lo fueron para la desaparecida Acuanorte SA (luego Emponorte SA) [16 de julio de 1964 a 31 de julio de 1976]; (ii) previo cumplimiento de los requisitos legales, le fue reconocida pensión de jubilación, mediante Resoluciones 8769 de 15 de septiembre de 1989 y 1950 de 4 de mayo de 1992, a partir del 1º de septiembre de 1987; y (iii) falleció el 12 de septiembre siguiente, motivo por el cual la citada prestación fue sustituida en la actora, en su condición de cónyuge supérstite, por medio de Resolución 41728 de 25 de noviembre de 1993.

De igual modo, se observa que (iv) con Resolución 31544 de 27 de junio de 2007, Cajanal revocó directamente los anteriores actos administrativos, al estimar que, según el informe y concepto técnico elaborados, el finado aportó certificado laboral de Emponorte SA espurio, por lo que la prestación que le fue concedida con la inclusión del lapso allí trabajado no puede ser tenido en cuenta y, en consecuencia, no le asistía derecho a él ni a su esposa de devengarla; (v) en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 1º de septiembre de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá (sala penal), la extinguida Cajanal le notificó a la accionante dicho acto administrativo, contra el que interpuso recurso de reposición; y (vi) a través de «Dictamen de Seguridad» emitido por la firma Cyza Outsourcing a petición de la aludida entidad, tendiente a verificar la veracidad de los documentos obrantes en el expediente administrativo, incluidas las constancias aportadas por la demandante que dan cuenta de la vinculación del señor Ruiz Guarín a Emponorte SA, se estableció que «[…] han quedado validad[a]s técnicamente, de acuerdo con el protocolo establecido […]».

A pesar de lo expuesto, la UGPP, con Resolución RDP 14022 de 21 de marzo de 2013, confirmó el acto administrativo de revocación directa, para lo cual se remitió «[…] a la totalidad de los argumentos y análisis [allí] plasmados […]».

Ahora bien, la Sala advierte que en atención al análisis realizado en precedencia, la revocación directa de actos administrativos de carácter particular solo puede ser utilizada cuando la Administración cuenta con autorización expresa e inequívoca del beneficiario de la actuación, esto es, que no exista duda alguna sobre la disposición de voluntad consciente que el titular del derecho reconocido efectúa respecto de la extinción jurídica de determinado derecho o prerrogativa.

En el presente caso, se observa que la extinguida Cajanal no realizó ninguna actividad orientada a obtener la autorización de revocación de las Resoluciones 8769 de 15 de septiembre de 1989, 1950 de 4 de mayo de 1992 y 41728 de 25 de noviembre de 1993 y procedió en tal sentido mediante los actos acusados, al colegir que una de las constancias de tiempo de servicios aportada por el causante para acreditar los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, no era fiable.

Por otra parte, esta subsección encuentra que aunque Cajanal procedió a revocar la pensión y su sustitución en atención a las facultades que le otorga el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, al considerar que «[…] exist[ían] motivos […] de los cuales podía suponer que se reconoció indebidamente […]», lo cierto es que, en todo caso, no comprobó indubitablemente que para ello los interesados presentaron documentación espuria, como lo exige la norma en cita, sin prestar mientes, ante la duda, de la importancia de requerir información adicional de la actora, quien, valga decir, sí la aportó al interponer el recurso de reposición, luego de que la Administración se rehusara a informarle las razones por las que suspendió unilateralmente el pago de las mesadas, a lo que solo tuvo acceso cuando la jurisdicción constitucional se lo ordenó por vulnerar los derechos constitucionales fundamentales de petición y debido proceso.

Agrégase a lo expuesto que, como se explicó en líneas anteriores, la facultad de las instituciones de seguridad social y responsables de otorgar prestaciones económicas no deviene ilimitada o arbitraria, puesto que, como lo advirtió la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad del mencionado artículo 19 de la Ley 797 de 2003, deben «[…] salvaguarda[r] el debido proceso [e i]gualmente, mientras se adelanta el correspondiente procedimiento administrativo […] continuar pagando al titular –o a los causahabientes- […] las mesadas o sumas que se causen, esto es, sin solución de continuidad. Y como respecto del titular obra la presunción de inocencia, le corresponde a la Administración allegar los medios de convicción que acrediten la irregularidad del acto que se cuestiona. Es decir, la carga de la prueba corre a cargo de la Administración».

Asimismo, sorprende que, aun cuando la accionante adosó nuevas constancias con las que acreditaría (en principio) la vinculación de su esposo con Emponorte SA por 12 años, frente a los cuales el dictamen privado que contrató Cajanal no hizo ninguna observación o censura y, al contrario, los encontró «válidos técnicamente», la UGPP confirmó la decisión de revocación directa sin exponer argumentos adicionales o nuevos que sustentaran su negativa.

Luego entonces, resulta evidente que los actos acusados se encuentran incursos en la causal de nulidad de falsa motivación en la modalidad de trasgresión directa de los artículos 73 del CCA y 19 de la Ley 797 de 2003, en cuanto dispusieron la revocación directa de las Resoluciones 8769 de 15 de septiembre de 1989, 1950 de 4 de mayo de 1992 y 41728 de 25 de noviembre de 1993 sin contar con el consentimiento expreso y escrito de la accionante y sin constatar la eventual falsedad documental en que presuntamente incurrió el causante (la cual no podía derivarse exclusivamente de la imposibilidad de ubicar su hoja de vida en los archivos de una entidad liquidada hace varios años) para disfrutar la referida prestación.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 2 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda), que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Gladys Eufracia Balaguera Castañeda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y los Ministerios de Salud y Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Hoy, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
De acuerdo con oficio de la secretaría jurídica de Norte de Santander de 30 de agosto de 2006 (ff. 32 a 38), la sociedad Acueductos y Alcantarillados de Norte de Santander (Acuanorte SA) fue constituida mediante escritura pública 63 de 27 de enero de 1960 de la Notaría 1ª de Cúcuta, integrada por el desaparecido Instituto Nacional de Fomento Municipal (Insfopal), el departamento de Norte de Santander y los municipios de Durania, Sardinata, San Cayetano, Herrán, Santiago, Salazar y El Zulia. Luego, por medio de escritura 1495 de 20 de agosto de 1977 de la Notaría 3ª de Cúcuta, cambio de razón social por la de Empresa de Obras Sanitarias de Norte de Santander SA (Emponorte).
La fecha de expedición es ilegible.
Sentencia SU-50 de 2017, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
Sentencias T-347 de 1994 MP Antonio Barrera Carbonell y T-355 de 1995 MP Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia T-435 de 1998 MP Fabio Morón Díaz.
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
Sentencia SU-182 de 2019, M. P. Diana Fajardo Rivera.
Sentencias T-347 de 1994. MP. Antonio Barrera Carbonell y T-611 de 1997. MP. Hernando Herrera.
Sentencia C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo.
Sentencias C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo; y T-479 de 2017. MP. Cristina Pardo Schlessinger.
Constitución Política, Arts. 1, 83 y 95. Sentencia SU-240 de 2015. MP. Martha Victoria Sáchica.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araujo.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana Margarita Olaya Forero. Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029).
Para el sector público, ver Ley 4 de 1913, Ley 43 de 1913, Decreto 2842 de 2010; y en el sector privado, ver Código sustantivo del trabajo (Art.57 y 264).
Ley 100, Art 53. Ver, entre muchas otras, sentencias T-144 de 2013. MP. María Victoria Calle; T-494 de 2013. MP. Luis Guillermo Guerrero; T-463 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz.
Sentencias T-208 de 2012. MP. Juan Carlos Henao y T-463 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz.
Sentencia T-058 de 2017. MP. Gabriel Eduardo Mendoza.
Ver sentencias T-144 de 2013. MP. María Victoria Calle y T-463 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz.
Ver fallo C-835 de 2003 de la Corte Constitucional, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería.
Ibidem.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

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