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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06992-02

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06992-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-06992-02

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

31 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Radicado : 25000-23-42-000-2013-06992-02
Número interno : 6016-2018
Actor : Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada : Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - FONPRECON -
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Ley
1437 de 2011.

Asunto: Reliquidación de pensión de excongresista de conformidad
con el artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Cumplimiento sentencia de
tutela. Topes pensionales.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la
sentencia proferida el 30 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. Demanda

1.1. Pretensiones

El señor Héctor Julio Becerra Ruiz, mediante apoderado judicial acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos1:

Sentencia T-859 de 2012, proferida por la Corte Constitucional por cuanto
desconoce flagrantemente lo resuelto por la misma Corporación en sentencia
C-258 de 2013, relacionada con la constitucionalidad del régimen de
congresistas.

Resolución 0448 de 16 de julio de 2013, expedida por Fonprecon por medio
de la cual reliquidó y redujo la pensión de jubilación al demandante en

1
Folio 1 a 12

2

Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

cumplimiento al fallo T-859 de 2012, y le ordenó una compensación por valor
de $ 1.401.404.189.52.

A título de restablecimiento del derecho solicitó, que se le reconozca y
pague por lo menos el monto que devengaba para el mes de abril de 2011 y
de ahí en adelante se le realicen los reajustes de ley teniendo en cuenta que
el monto que se le redujo a partir de julio de 2013, resulta inferior al que
devengaba antes que se hiciera efectivo el reajuste ordenado mediante
sentencia del Consejo de Estado.

Se ordene a la entidad demandada a liquidar y pagar las diferencias que
resulten a favor del demandante a partir de julio de 2013, como consecuencia
de la reliquidación de la mesada pensional; ajustada incluso, por debajo del
tope ordenado por la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional.

De no accederse a las pretensiones anteriores, se ordene a la entidad que
los actos administrativos que emita se adecuen a los términos de la
sentencia C-258 de 2013, en virtud de que debe respetarse y salvaguardarse
el derecho fundamental del actor.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

El demandante el 22 de agosto de 2005, radicó ante Fonprecon petición de
reliquidación de su pensión, la cual le fue negada mediante Resolución 2112
de 20 de diciembre de 2005.

Ante tal situación, el accionante inició demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, solicitando la nulidad parcial de la Resolución 0313 de 9 de
mayo de 2001, por medio de la cual se le reconoció la pensión y la nulidad
total de la Resolución 2112 de 20 de diciembre de 2005, que le negó la
reliquidación.

El Tribunal por sentencia de 16 de julio de 2009 negó las pretensiones de la
demanda, decisión que fue impugnada y revocada por el Consejo de Estado
mediante sentencia de 21 de octubre de 2010, donde se declaró la nulidad

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Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

parcial de la Resolución 0313 de 9 de mayo de 2001 y la nulidad total de la
Resolución 2112 de 20 de diciembre de 2005, reliquidando la pensión con el
75% del ingreso mensual promedio durante el último año y por todo concepto
que devengaba como congresista en ejercicio a mayo 9 de 2001, fecha en
que se le reconoció su pensión, junto con todos los factores salariales que
para ese año certificara el Senado de la República.

La entidad enjuiciada interpuso acción de tutela solicitando al Consejo de
Estado dejar sin efectos su sentencia por haber incurrido en defecto
sustantivo en la adopción de dicha decisión. La Sección Cuarta de dicha
Corporación, el 16 de junio de 2011 negó la protección del derecho
fundamental impetrado, por improcedente.

La Corte Constitucional, mediante sentencia T-859 de 24 de octubre de 2012
revocó la sentencia proferida por el Consejo de Estado; para en su lugar,
proteger el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de Fonprecon; en la que ordenó a dicha entidad
verificar si la pensión reconocida al actor era inferior a la que le correspondía
a un congresista pensionado bajo los parámetros establecidos en la Ley 4
de 1992, después de aplicar el reajuste especial de que trata el artículo 17
del Decreto 1359 de 1993.

Por Resolución 0448 de 16 de julio de 2013, la prestación pensional del actor
se redujo a partir del 1 de julio de 2013 en cuantía de $10.712.877, suma
inferior a la que devengaba en el mes de abril de 2011.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Constitución política de Colombia, artículos 2, 13, 25, 53 y 58; Leyes 4 de
1992, 640 de 2001, y 270 de 1996; Decreto 1716 de 2009; Código General
del Proceso; artículo 5 de la Ley 1653 de 2013 que regula el arancel judicial
y, demás concordantes.

Al desarrollar el concepto de violación indicó que, en el proceso se harán
valer como pruebas, todos los documentos y tramites adelantados ante

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Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

Fonprecon, relacionados con la pensión del accionante y la vulneración de
los principios de buena fe, igualdad, debido proceso y demás de que ha sido
víctima.

2. Contestación de la demanda

FONPRECON2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, e indicó que
en concordancia con la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, es
requisito para que un acto de ejecución sea susceptible de control
jurisdiccional, que en éste se manifieste de una u otra manera la voluntad de
la administración o se exceda lo decidido mediante el fallo al cual busca dar
cumplimiento “SITUACIÓN QUE NO SE PRESENTA EN EL CASO OBJETO
DE CONTROVERSIA”; toda vez que como ya se explicó, el Fondo de
Previsión Social del Congreso dio estricto cumplimiento a la Sentencia T-859
de 2012 y no se extralimitó en lo que allí se ordenó.

Por consiguiente, basta reiterar que lo que pretende el demandante es que
se declare la ilegalidad de lo dispuesto en la Sentencia T-859 de 2012; ello
por cuanto, en el libelo demandatorio erradamente acude a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa para solicitar la nulidad de dicho fallo. De
manera que, de la simple lectura de las pretensiones de la demanda “se
entiende como la nulidad del acto administrativo hoy acusado se generaría
como consecuencia de la eventual declaración de nulidad de tal proveído”.

Sumado a que, “el ataque contra el acto de ejecución NO ES POR LO
DISPUESTO EN EL MISMO, ni se indica que el acto de ejecución exceda lo
dispuesto en la Sentencia que cumple; la presente acción busca es anular
irregularmente una sentencia de tutela y CONSECUENCIALMENTE EL
ACTO DE CUMPLIMIENTO DE LA MISMA”.

Propuso los medios exceptivos que denominó “ineptitud sustantiva de la
demanda por falta de requisitos formales”; y “falta de causa jurídica para
pedir”.

2
Folio 427 a 435

5

Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al considerar que3:

Lo pretendido en el libelo introductorio por el actor, es que se declare la
nulidad de la sentencia de tutela de la Corte Constitucional T-859 de 2012-; y
como consecuencia de ello; la nulidad del acto por el cual la entidad
accionada le disminuyó la pensión.

Señaló que inicialmente se rechazó la demanda, por cuanto este órgano
judicial no está facultado para un pronunciamiento de tal índole. Sin
embargo, el Consejo de Estado revocó parcialmente tal decisión por auto de
11 de noviembre de 2015 y señaló que debía admitirse la demanda “solo en
cuanto a revisar la legalidad de la Resolución 0448 de 16 de julio de 2013 por
la cual FONPRECON dio cumplimiento a la tutela precitada”; al considerar
que los actos de cumplimiento de actuaciones en sede de tutela son
revisables por esta jurisdicción.

Precisó que no se accede a la pretensión pedida en el libelo de la demanda,
frente a que se tenga en cuenta la pensión sin los topes; sino conforme al
valor que percibía para abril de 2011. Ello por cuanto, las consideraciones
de los fallos de la Corte Constitucional “tanto en ejercicio del control concreto,
como abstracto de constitucionalidad”; tienen fuerza vinculante para todas las
autoridades públicas; y que, el desconocimiento del precedente judicial
consolidado por dicha Corporación, implica vulneración directa de la
Constitución, así como la afectación de derechos fundamentales; por lo cual,
la interpretación realizada por el referido Tribunal respecto al tope de las
pensiones en Colombia, es aplicable al presente caso.

Sostuvo que acogiendo la interpretación efectuada por la Corte, la cual
resulta razonable, proporcionada y extensible al ámbito de todas las
pensiones públicas “excluir a las mesadas más altas del sistema de topes,
implica establecer privilegios, no a favor de los grupos discriminados; sino de

3
Folio 65 a 471

6

Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

aquellos que se encuentran en una posición favorable”; lo cual, contraría
principios de rango constitucional que imperan y permean el ordenamiento
jurídico; como lo es el de solidaridad, que exige al Estado prestar asistencia y
protección a quienes se encuentren en circunstancias de mayor debilidad, y a
quienes están en mejor situación con mayores contribuciones, lo cual
requiere del esfuerzo de todos los asociados.

Indicó que todas las mesadas pensionales están sometidas a un límite
máximo, (independientemente de la fecha de causación de la prestación); por
cuanto, desde la Ley 4 de 1976, el legislador ha sometido a topes el valor
que una persona puede recibir por razón de pensión; actuación que, en
atención a los fines perseguidos con su regulación, “entendidos como
garantía y protección de los recursos existentes”; se encuentra justificada en
la necesidad de proteger a aquellos que devengan una pensión inferior a 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes; así como resguardar la
estabilidad financiera del sistema, sin que se evidencie una situación
objetiva, clara y razonable para eximir de tal carga a los beneficiarios del
régimen pensional dispuesto en el Decreto 1293 de 1994.

Manifestó que no se ajusta al orden jurídico mantener el reconocimiento de
pensiones favorables, “máxime cuando la intención del legislador, avalada
por la Corte Constitucional como guardiana de la Carta Política, ha sido la de
establecer un tope máximo para tales prestaciones”; sin excepción alguna,
independientemente de que el Acto Legislativo 01 de 2005 haya respetado
los derechos adquiridos únicamente en cuanto a los requisitos de edad,
tiempo y monto; por lo que, la pensión del actor debe estar sometida al tope
pensional de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Reveló que, comoquiera que la Corte Constitucional por sentencia de tutela
T- 859 de 2012 revocó el fallo proferido el 21 de octubre de 2010 por esta
Corporación; y por ende, la Resolución 0545 de 28 de abril de 2011 “por
medio de la cual Fonprecon reliquidó la pensión del actor”; lo allí decidido fue
expulsado del ordenamiento jurídico, lo cual conlleva que ninguna de las
determinaciones tomadas sea exigible a la entidad; por lo que, se tiene que

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Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

la Resolución 0313 de 9 de mayo de 2001 “que reconoció la pensión al actor”
y que había sido anulado, retornó a la vida jurídica de nuevo al desaparecer
el pronunciamiento que lo anuló; por tanto, es la providencia que regula la
situación del demandante. Luego la Resolución 0448 de 16 de julio de 2013,
(por medio de la cual FONPRECON acata el fallo judicial proferido por la H.
Corte Constitucional); conserva su presunción de legalidad, en cuanto
mantuvo la liquidación pensional del señor Becerra Ruiz establecida en el
acto de reconocimiento, junto con el tope de los 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

Finalmente, iteró que no hay lugar al reintegro de las sumas de dinero ya
canceladas; comoquiera que las mismas se presumen percibidas de Buena
fe por el beneficiario de la prestación al estar fundadas en el cumplimiento de
una decisión judicial, “como fue en su momento la orden dada por el Consejo
de Estado, por intermedio del fallo referido en precedencia” Por lo tanto,
anuló parcialmente la Resolución 0448 del 16 de julio de 2013, que ordenó al
actor reintegrar sumas de dinero.

4. El recurso de apelación

La parte actora indica que presenta recurso de alzada respecto del punto
tercero de la sentencia de 30 de mayo de 2018, proferida por el a quo4; toda
vez que nada estableció o analizó respecto a que “si el monto deducido a
favor del actor corresponde al tope de los veinticinco (25) salarios mínimos
legales que debe devengar por concepto de su pensión; o si este es inferior a
dicho tope”.

La parde demandada5, alegó que, el Tribunal desconoce el “fallo de Tutela
(…) en cuanto ordena la devolución de suma de dinero recibidas en exceso
por el demandante”.

4
Folio 481 a 483
5
Folio 484 a 487

8

Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

5. Alegatos de conclusión

La parte demandante actuando en causa propia alega de conclusión, lo cual
no es de recibo, toda vez que lo debe hacer a través de apoderado; motivo
por el cual, el despacho no tendrá en cuenta las apreciaciones por él
elevadas6.

La parte demandada, insistió en lo esbozado en la contestación de la
demanda, y en el recurso vertical7.

5. El Ministerio Público, guardó silencio8.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.2 Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por las partes, la Sala
determinará si es procedente revocar la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se analizará (i) si el señor Héctor Julio Becerra Ruiz tiene
derecho a seguir percibiendo la mesada pensional en la cuantía que
devengaba para el mes de abril de 2011, (fecha en la que Fonprecon dando
cumplimiento a la orden proferida por el Consejo de Estado le reliquidó la
pensión; (ii) se le debe reliquidar en los términos dispuestos por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013; o (iii) por el contrario se le
debe reliquidar la prestación en cumplimiento de la Sentencia de tutela T-859
de 2012; y (iv) si el actor esta en la obligación de devolver los dineros por
concepto de mesadas pensionales que le fueron reliquidadas en virtud de la
orden proferida por esta Corporación el 21 de octubre de 2010.
6
Folio 508 a 5015
7
Folio 516 a 522
8
Folio 523

9

Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: (2.1) Análisis de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte
Constitucional; y (2.2) Caso concreto.

2.2.1. Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional

El Tribunal Constitucional en sentencia C-258 de 2013 declaró inexequibles
las expresiones “durante el último año y por todo concepto”, y “se
aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo
legal”, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que
establece el régimen especial para los miembros del Congreso de la
República, también aplicable a los Magistrados de Altas Cortes y a otros
cargos a los que se extiende el régimen, así como la expresión “por todo
concepto”, contenida en su parágrafo y, declaró exequibles las restantes
expresiones de dicha disposición, relativas “al régimen pensional de los
congresistas y de los demás servidores públicos a quienes les resulte
aplicable”, en el entendido que:

“(i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con
anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo;
(ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse
aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el
beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales
se hubieren realizado las cotizaciones respectivas;
(iii) Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos
los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los
artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso;
(iv) Las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de
conformidad con este régimen especial, no podrán superar los veinticinco
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de
2013”.

De acuerdo con la Corte Constitucional, el régimen pensional contenido en la
Ley 4 de 1992 consagraba un beneficio excesivo en favor de un sector de la
población, que, por regla general, tenía el carácter de privilegiado, lo cual
constituía un grave sacrificio de los principios y fines de la seguridad social,
al señalar:

10

Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

“(…) Bajo esta óptica, la Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley 4
de 1992, en su sentido natural y en concordancia con su configuración
viviente, resulta contrario al ordenamiento constitucional por cuanto (i)
desconoce el derecho a la igualdad, en armonía con los principios
constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un
sistema pensional equitativo, (ii) genera una desproporción manifiesta
entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4
de 1992 cuando, además, (iii) existe falta absoluta de correspondencia
entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha
desproporción excesiva sea (iv) financiada con recursos públicos mediante
un subsidio muy elevado. Esto es, además, (v) incompatible con el
principio de Estado social de derecho, puesto que, si bien los subsidios en
regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio
fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de
ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del elevado
subsidio (…)”.

Siendo ello así, fijó que, si bien es posible acceder a una pensión mediante
un régimen especial, ello resulta constitucional siempre y cuando las
diferencias que surjan de su aplicación no sean manifiestamente
desproporcionadas y carentes de correspondencia entre lo cotizado y el
monto del respectivo derecho.

Sumado a que, señaló que los topes pensionales existen desde antes de la
expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y que su incorporación en el texto
superior mediante su artículo 48, busca establecer los límites para todas las
mesadas pensionales con cargo a los recursos de naturaleza pública, con la
finalidad de limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la
financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los
regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley
100 de 1993.

Dicho de otra manera, determinó que en ausencia de norma expresa en el
régimen especial, rige la del sistema general de pensiones conforme a la cual
las pensiones se sujetan a un límite, que no es otro diferente al de los 25
SMLMV. Igualmente explicó que, por medio de las sentencias C-089 de
1997 y C-155 de 1997 señaló que en caso de que las normas especiales de
tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas,
debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales, específicamente en
la Ley 100 de 1993 y en las disposiciones que la modifican en lo pertinente.

11

Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

Conforme con esta decisión, se explicó que la imposición de topes
pensionales se exige porque se trata de un sistema administrado por
subsidios con recursos públicos, es decir, que el sistema de aportes por
cuenta del empleado y del empleador, no alcanza a generar los recursos
para financiar una pensión vitalicia con las previsiones de los distintos
regímenes sobre tiempo de servicios y tasa de reemplazo, lo cual implica que
la diferencia se paga con estos recursos. Ante lo cual el legislador, en
consonancia con previsiones constitucionales, encontró, que en materia
pensional tales recursos deben destinarse a subsidiar las pensiones de las
personas de más bajos ingresos y a ampliar la cobertura del sistema de
seguridad social.

Por consiguiente y en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenó (i) a los
representantes legales de las instituciones de seguridad social competentes,
revisar “Las pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de
1992, con abuso del derecho o con fraude a la ley”. Realizada la revisión
correspondiente “podrán revocarlas o reliquidarlas, según corresponda a más
tardar el 31 de diciembre de 2013”; y (ii) a quienes tienen a su cargo el
reconocimiento y pago de las pensiones decretadas al amparo del artículo 17
de la Ley 4 de 1992, que, “en el marco de su competencia” tomen “las
medidas encaminadas para hacer efectivo este fallo, aplicando en lo
pertinente los artículos 19 y 20 la Ley 797 de 2003, en los términos del
apartado de conclusiones de esta sentencia” en relación con los demás
casos de pensiones reconocidas de manera contraria a lo dispuesto en los
numerales i, ii y iii del ordinal tercero.

Con todo, la citada corporación en la sentencia SU-210 de 20179 sostuvo que
el límite del monto de las pensiones a los 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, “aplica para el sistema general de pensiones,

9
Mediante la cual revocó las sentencias de tutela de primera y segunda instancia proferidas por las Secciones
Cuarta y Quinta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación y en su lugar, concedió el amparo
del derecho fundamental al debido proceso, invocado por la Fundación Externado de Colombia en contra de esta
sección del Consejo de Estado debido a que entre otros aspectos, no podía ordenar como lo hizo en la parte
resolutiva de la Sentencia de 21 de agosto de 2014, que “[l]os parámetros establecidos por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-258-13 no son aplicables en este caso, así como tampoco el tope de 25 salarios mínimos de las
mesadas pensionales (…)”, pues sobre dicho aspecto había cosa juzgada constitucional.

12

Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

incluyendo el régimen especial de magistrados, muchos de ellos
pensionados conforme al Decreto 546 de 1971. Así mismo, advirtió que no
es dable alegar que la decisión de la sentencia C-258 de 2013 no cobija las
pensiones reconocidas con anterioridad a la expedición de esta sentencia de
constitucionalidad, debido a que los topes en las mesadas pensionales han
sido consagrados, desde las Leyes 4 de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993.

Hay que mencionar, además que en las sentencias C-089 de 1997 y C-155
de 1997, esa corporación señaló que cuando las normas especiales de los
regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, no disponían de un límite
cuantitativo para las mesadas, lo procedente era aplicar el tope señalado en
las reglas generales de la Ley 100 de 1993; y, aclaró que “dicha dispersión
en los montos se resolvió en el sistema actual regido por el artículo 5 de la
Ley 797 de 2003”, que fijó el límite de las pensiones en 25 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

De ahí que, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que dicho
mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones
reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, como el de
Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes, pues, como lo explicó, el
Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar y reducir los
subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas,
muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales
vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.

Razonamiento que acoge esta Subsección por cuanto está en armonía con lo
normado por el Acto Legislativo 01 de 2005; toda vez que la sentencia C-258
de 2013 dispuso que a partir del 1 de julio de 2013 ninguna pensión
reconocida en aplicación del régimen demandado podrá superar el tope de
los 25 SMMLV.

Lo probado en el proceso

De las documentales que reposan en el plenario, se tienen las siguientes:

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Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

1. Resolución 00313 de 2001, por medio de la cual la entidad enjuiciada
le reconoció una pensión de jubilación al demandante, de conformidad
con la Ley 4 de 1992, en cuantía de $4.284.378.25 a partir del 20 de
julio de 1998, condicionada al retiro definitivo del servicio10.

2. Resolución 2112 de 2005, mediante la cual la parte demandada le
negó la reliquidación de la pensiona al actor por cuanto “para liquidar
una pensión que se reconozca en virtud del régimen especial de
congresistas, se debe tener en cuenta lo que individualmente haya
devengado cada Congresista en el último año de servicio, ya sea en
calidad de miembro del Congreso o lo devengado en cualquier otra
actividad realizada por el asegurado dentro del año anterior, y no la
asignación que en general devenguen los Congresistas”11.

3. Copia del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de 16 de julio de 2009, que negó las pretensiones al
actor (no declaró la nulidad de los actos que le negaron la
reliquidación pensional12.

4. Copia del fallo de segunda instancia proferido por esta Colegiatura el
21 de octubre de 2010, donde revoca el fallo de primera instancia y
accede a las pretensiones de la demanda “ordenando a la entidad a
reliquidar la pensión del actor tomando como base el 75% del ingreso
mensual promedio que durante el último año y por todo concepto
devenguen los congresistas en ejercicio al día 9 de mayo de 2001,
teniendo en cuenta para ello los factores de salario que para ese año
certifique el Senado de la República”13.

5. Copia de la acción de tutela presentada por Fonprecon en contra del
Consejo de Estado “al considerar vulnerado su derecho fundamental
al debido proceso por cuanto se encuentra en desacuerdo con la
reliquidación ordenada por esta Corporación”, por medio de la cual el

10
Folio 35 a 45
11
Folio 46 a 49
12
Folio 50 a 66
13
Folio 67 a 89

14

Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

Consejo de Estado – Sección Cuarta, mediante proveído de 16 de
junio de 2011 la negó por improcedente; misma que fue confirmada
por el Consejo de Estado – Sección Quinta el 16 de marzo de 2012.
Sin embargo, dicha decisión fue revocada por la Corte Constitucional
mediante fallo T-859 de 2012 de 24 de octubre de 2012 que dispuso:
“Cuarto: ORDENAR al Fondo de Previsión Social del Congreso que
dentro del término de un mes a partir de la notificación de esta
sentencia, proceda a verificar si la pensión reconocida al ciudadano
Gabriel Guillermo Rosas Vega es inferior a la que correspondería a un
congresista pensionado bajo los parámetros establecidos por la Ley 4
de 1992, después de aplicar el reajuste especial del que trata el
artículo 17 del Decreto 1359 de 1993. De ser ello así, se debe
proceder al reajuste, y los mayores valores deberán ser imputados al
retroactivo, indexación e intereses moratorios que se pagaron al señor
Rosas Vega, de quedar algún valor a favor del FONPRECON, deberá
acordar con el excongresista pensionado, la forma como se
compensarán dichos dineros que corresponden al erario.

6. Quinto: De igual manera se deberá realizar la misma compensación
con el señor Héctor Julio Becerra Ruiz, en caso de que se le hubiere
reconocido un retroactivo que no le correspondía, según los términos
de esta sentencia. (…)14”

7. Resolución 0448 del 16 de julio de 2013 expedida por Fonprecon,
mediante la cual da cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional, y
reliquida y reduce la pensión de jubilación al demandante”15.

2.2.2. Cuestión previa

Antes de entrar analizar el motivo objeto de controversia, la Sala precisa que
en la audiencia inicial llevada a cabo el 15 de noviembre de 2017 el litigio
quedó establecido de la siguiente manera: “determinar si el actor tiene

14
Folio 157 a 238
15
Folio 350 a 359

15

Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

derecho a seguir percibiendo su mesada pensional en la cuantía que
devengaba para el mes de abril de 2011, fecha ésta en la que Fonprecon
dando cumplimiento a la orden proferida por el Consejo de Estado reliquidó
la prestación; o en su defecto a que se le reliquide en los estrictos términos
dispuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, es
decir, aplicando únicamente el tope pensional allí dispuesto. Como problema
jurídico asociado, deberá determinarse si el demandante se encuentra
obligado a devolver el mayor valor percibido por concepto de mesadas
pensionales reliquidadas en virtud de la orden proferida por la jurisdicción
contenciosa administrativa en el fallo de 21 de octubre de 2010”; decisión
respecto de la cual las partes manifestaron estar de acuerdo.

2.2.3. Caso concreto

El demandante pide que se le pague el monto que devengaba para el mes de
abril de 2011; y se realicen los reajustes de ley teniendo en cuenta que el
monto que se le redujo a partir de julio de 2013 resulta inferior al que
devengaba antes de que se hiciera efectivo el reajuste ordenado por esta
Colegiatura. Así también, se ordene a la accionada a liquidar y pagar las
diferencias que resulten como consecuencia de la reliquidación ordenada por
la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional.

El Tribunal negó las pretensión de la demanda “frente a que se tenga en
cuenta la pensión sin los topes, sino conforme al valor que percibía para abril
de 2011”. Al considerar que los fallos de la Corte Constitucional “tanto en
ejercicio del control concreto, como abstracto de constitucionalidad”; tienen
fuerza vinculante para todas las autoridades públicas; y que, el
desconocimiento del precedente judicial consolidado por dicha Corporación
implica vulneración directa de la Constitución.

Inconforme con la decisión la parte actora alegó que el Tribunal nada analizó
respecto a que “si el monto deducido a favor del actor corresponde al tope de
los veinticinco (25) salarios mínimos legales que debe devengar por concepto
de su pensión; o si este es inferior a dicho tope”. A su vez la demandada iteró

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Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

que desconoce el Fallo de Tutela “…en cuanto ordena la devolución de suma
de dinero recibidas en exceso por el demandante”.

Visto lo anterior, y de conformidad con las pruebas avizoradas en el plenario
se tiene que por Resolución 0313 de 9 de mayo de 2001, la entidad
enjuiciada le reconoció la pensión de jubilación al actor en cuantía de
$4.284.378 a partir del 20 de julio de 1998, siempre y cuando acreditara el
retiro definitivo del servicio. Así mismo, que por Resolución 2112 de 20 de
diciembre de 2005, le fue negada la reliquidación pensional; acto
administrativo frente al cual presentó medio de control de acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

También, que el Tribunal por sentencia de 16 de julio de 2009 negó las
pretensiones de la demanda, decisión que fue impugnada y revocada por el
Consejo de Estado mediante sentencia de 21 de octubre de 2010, y declaró
la nulidad parcial de la Resolución 0313 de 9 de mayo de 2001 y la nulidad
total de la Resolución 2112 de 20 de diciembre de 2005, y ordenó reliquidar
la pensión al accionante con el 75% del ingreso mensual promedio durante el
último año y por todo concepto que devengaba como congresista en ejercicio
a mayo 9 de 2001, junto con todos los factores salariales que para ese año
certificara el Senado de la República.

Finalmente, que el Tribunal Constitucional por sentencia T-859 de 24 de
octubre de 2012, revocó la sentencia proferida por el Consejo de Estado, y
en su lugar ordenó a Fonprecon verificar si la pensión reconocida al actor era
inferior a la que le correspondía a un congresista pensionado bajo los
parámetros establecidos en la Ley 4 de 1992, después de aplicar el reajuste
especial de que trata el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993.

Bajo ese contexto la Subsección precisa; que si bien, el Tribunal delimitó el
estudio del sub judice bajo lo normado en la Sentencia C-258 de 2013
emanada de la Corte Constitucional (topes pensionales); lo cierto es, que el
fallo tutelar T-859 de 24 de octubre de 2012 dejó sin efectos las providencias
dictadas por esta Corporación - Sección Segunda - Subsección A del 21 de
octubre de 2010, para en su lugar declarar que “las Resoluciones 00313 de 9

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Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

de mayo de 2001 proferidas por Fonprecon realizaron un análisis acorde con
la constitución, en lo que concierne a la aplicación del artículo 17 de la Ley 4
de 1992, en el sentido de tener en cuenta para obtener el monto de la
pensión de los ex congresistas, el 75% del promedio de los salarios que
efectivamente devengaban de manera individual, durante el último año en
que aquellos prestaron sus servicios al Congreso de la República o a otra
entidad pública”.

En cumplimiento de lo anterior, la entidad enjuiciada profirió la Resolución
0448 de 16 de julio de 2013, de cuya literalidad se extrae lo siguiente:

“(…)

Que valga señalar que así las cosas habiendo la Resolución No. 00313 del
9 de mayo de 2001, liquidado la prestación con el 75% del promedio de los
salarios que efectivamente devengaban de manera individual, durante el
último año de servicios al Congreso de la República o a otra entidad
pública, con fundamento en el análisis acorde con la Constitución, en lo
que concierne a la aplicación del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en los
términos de reconocimiento pensional del cual es beneficiario el señor
HECTOR BECERRA RUIZ serán los consignadas en la Resolución No.
00313 del 9 de mayo de 2001.
Que pese a lo anterior, debiendo aplicar la jurisprudencia constitucional de
manera armónica, respecto del comportamiento de la mesada pensional en
atención a la sentencia C-258 de 2013, los ajustes anuales de dicha
mesada prestacional se realizaran con base en el índice de precios al
consumidor, (Folio 610) así:

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Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

Que así las cosas, se observa un mayor valor pagado al señor HECTOR
JULIO BECERRA RUIZ, quien en atención al fallo que se acata deberá
compensar los valores que se exponen a continuación, de acuerdo con la
liquidación obrante a folio 611 y que hace parte integral de este acto
administrativo, para lo cual se remitirá a la Oficina Asesora Jurídica de
FONPRECON en aras que se realicen los trámites pertinentes para
alcanzar un acuerdo de pago con el señor HECTOR JULIO BECERRA
RUIZ:
a) Valor bruto pagado en exceso por concepto de mesadas pensiónales
(Retroactivo Pensional): MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON
52/100 M/TCE. ($1,189.776.610.52).
b) Valor bruto correspondiente a indexación de mesadas pensionales que
se pagaron con ocasión del Fallo proferido por el Consejo de Estado, el
cual es revocado a través del fallo de tutela que se acata: CIENTO
SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTAY SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 43/100
($167.157.352,43).

(…)

c) Valor bruto correspondiente a intereses moratorios pagados con ocasión
del Fallo proferido par el Consejo de Estado, el cual es revocado a través
del fallo de tutela que se acata: CUARENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS
CON 42/100 ($44,470.226,42).
TOTAL SUMA BRUTA A COMPENSAR: MIL CUATROCIENTOS UN
MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE PESOS CON 52/100 M/TCE ($1.401.404.189.52).
(…)

Que de acuerdo con las anteriores consideraciones y fundamentos el
Director General del Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acatar la sentencia de tutela T-859 de 2012
proferida por la H. Corte Constitucional el 24 de octubre de 2012 mediante
la cual se revoca la Sentencia proferida el 21 de octubre de 2010 por la
Sección Segunda Subsección "A" de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado y en consecuencia dejar sin efectos
la Resolución No. 0545 de 28 de abril de 2011, proferida por orden del
Consejo de Estado reliquidando la mesada pensional del señor HECTOR
JULIO BECERRA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
2.944.596, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente
proveído.
(…)”.

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Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

Condensando lo anterior, se evidencia que lo ordenado por la Corte
Constitucional (Sentencia T-859-2012), es que la entidad enjuiciada verifique
si la pensión otorgada al señor Becerra Ruíz es inferior a la que le
correspondería a un Congresista pensionado bajo los parámetros
establecidos por la Ley 4 de 1992, (después de aplicar el reajuste especial
que trata el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993). Luego, esta Sala precisa
que con la expedición de la Resolución 448 de julio de 2013, la accionada dio
cabal cumplimiento a la orden impartida; comoquiera que demostró que
existe el pago de un mayor valor pensional en cabeza del actor; tal y como
quedó demostrado en el comportamiento de la mesada pensional indicado en
líneas atrás.

Por consiguiente, dicho acto administrativo no constituye un acto general que
arbitrariamente y de manera irrazonable hubiese modificado la situación
jurídica de su destinatario, que hubiera debido expedirse como un acto
administrativo de carácter particular y que, por el contrario, reúne las
características de un acto de cumplimiento de una sentencia proferida por el
Tribunal Constitucional.

Acorde con esto, considera la Sala que el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República (FONPRECON), no excedió el alcance
establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-859-2012. Por el
contrario, dio estricto cumplimiento a las órdenes impartidas en la parte
resolutiva y motiva de dicho fallo, al efectuar la reliquidación de la mesada
pensional del señor Héctor Julio Becerra Ruiz dentro del marco de la
legalidad y en acatamiento a los postulados jurisprudenciales. Sumado a
que, su situación quedó materializada a través del acto demandado el cual
no merece reproche alguno.

Ahora bien, es importante inferir que al demandante no se le aplicó ajuste
automático conforme a la Sentencia C-258 de 2013 de la Corte
Constitucional; puesto que, para la fecha de dicha orden (1 de julio de 2013);
el señor Becerra Ruiz percibía menos de 25 SMLMV. Contrario sensu lo que

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Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

acató el acto administrativo objeto de nulidad, fue reliquidar la pensión del
actor conforme lo ordenó la Corte Constitucional por Sentencia T-859 de
2012; tal y como lo indicó la entidad acusada en el recurso vertical.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirma el fallo del a quo que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda; dado que, el accionante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad del acto enjuiciado; ya que, Fonprecon
actuó conforme le ordenó la sentencia T-859-2012.

Devolución de dineros

En primer lugar, la Sala señala que el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el literal c) del numeral 1
del artículo 164 prevé que “(…) no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”. Ello, en consonancia con lo dispuesto
en el artículo 83 de la Constitución Política, que dispone: “las actuaciones de
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas”.

En este orden de ideas, se considera que la buena fe es uno de los principios
generales del derecho y gobierna las relaciones entre la administración
pública y los ciudadanos, tal y como así lo indicó la Corte Constitucional en la
sentencia C-131 de 2004, quien agregó:

“En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios,
como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y
credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las
diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre
sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del
sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen
el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la
buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben
ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal,
fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En
pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad
surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que
ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual
manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de

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Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema
jurídico”16.

Como corolario de lo expuesto, se precisa que la buena fe se presume en
todos los actos de los particulares y de las autoridades, supuesto al que se
ajusta el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anterior, con el fin de hacer viable el reembolso de las sumas de
dinero perseguidas en esta demanda, la parte accionada debió acreditar que
la obtención de tal derecho por parte del demandante se hizo con
desconocimiento de los postulados de la buena fe, que como se ha precisado
se presume.

Aclarado esto, como en el plenario no existen pruebas que evidencien la
mala fe del señor Héctor Julio Becerra Ruíz que permitan desvirtuar la
presunción de buena fe, resulta improcedente la recuperación de las sumas
pagadas a su favor en virtud del acto acusado; y en tal sentido se confirmará
la sentencia del Tribunal que declaró la nulidad parcial de la Resolución 0448
de 16 de julio de 2013; en cuanto dispuso la devolución de las sumas
percibidas por el actor con ocasión de los pagos realizados con anterioridad
al reajuste pensional en virtud de la Sentencia T-859 de 2012 proferida por la
Corte Constitucional.

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo
365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta
Sala no condenará en costas a la parte vencida en ninguna de las dos
instancias.

16
M.P. Clara Inés Vargas.

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Interno: 6016-2018
Demandante: Héctor Julio Becerra Ruiz
Demandada: FONPRECON

II. DECISIÓN

Bajo estas consideraciones, la Sala confirmará la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 30 de mayo de 2018, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por el
señor Héctor Julio Becerra Ruíz contra Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República - FONPRECON -, por las razones expuestas en la
parte motiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de mayo de 2018 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
(Firmado electrónicamente) Ausente en comisión

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