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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00071-02

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00071-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – MODIFICAR parcialmente la sentencia del Treinta y Uno de octubre de Dos mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual, quedará así: «SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 3229 de Cuatro (4) de julio de Dos mil trece (2013) y de la Resolución 4701 de Trece (13) de septiembre de Dos Mil trece (2013), mediante las cuales se negó el pago de la diferencia de la bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998, al señor Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez, por el periodo comprendido entre el Primero (1) de enero y el Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Uno (2001), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 16 Número Interno: 3265-2020 Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción, excepto frente a los aportes al Sistema General de Pensiones, respecto de los cuales, se ORDENA a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial efectuar el pago, por la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de bonificación por compensación en el periodo comprendido entre el Primero (1) de enero y Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Uno (2001).». SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del Treinta y Uno de octubre de Dos mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-00071-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2014-00071-02 (3265-2020)
Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación (Decreto 610 de 1998)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Treinta y Uno de octubre de Dos mil Diecinueve (2019), proferida por la
Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que declaró probada de oficio la excepción de prescripción.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

1. El señor Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez, actuando a nombre propio, acudió a la
jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener las siguientes declaraciones
y condenas:

«1.- Anular la Resolución 4701 de septiembre 13 de 2013, proferida por el Director Ejecutivo
de Administración Judicial, mediante la cual no se accedió a las solicitudes de mi
poderdante en el sentido de incrementar su salario mensual en un 10% entre el 1 de enero
de 2001 y el 30 de septiembre de 2001, para que aquél, en ese período, equivalga al 80%
de lo que devengaba por todo concepto, en el mismo lapso, un Magistrado de las Altas
Cortes y de pagarle, durante el mismo lapso, esa diferencia salarial, aís (sic) como el
incremento, en el mismo porcentaje, de las prestaciones sociales.

1
Expediente físico – folios 12 a 23.

2

Número Interno: 3265-2020
Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.- Ordenar a la entidad demandada reajustar en un 10% el salario mensual de mi
representada entre el 1 de enero de 2001 y el 30 de septiembre de 2001, para que aquél,
en ese período, equivalga al 80% de lo que devengaba por todo concepto, en el mismo
lapso, un Magistrado de las Altas Cortes.

3.- Ordenar a la demandada cancelar al suscrito demandante la aludida diferencia salarial.

4.- Ordenar a dicha entidad incrementar, en el citado porcentaje, las primas de servicios,
de vacaciones, y de navidad y las bonificaciones por compensación mensual y por servicios
anuales y prestaciones sociales que percibió durante el mismo período.

5.- Ordenar a la demandada cancelar al suscrito demandante lo que, de acuerdo con el
numeral anterior le adeuda pro los conceptos citados en él.

6.- Indexar los valores que por los anteriores conceptos dejó de percibir el suscrito, hasta
la fecha en que los mismos le sean pagados.» (sic)

1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:

2. Mediante escrito presentado el Tres (3) de abril de dos Mil Trece (2013), el
demandante solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el pago de la
bonificación por compensación, por haberse desempeñado como magistrado del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, entre el Primero (1) de agosto de Mil Novecientos
Noventa y Ocho (1998) y el Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Uno (2001), siendo
beneficiario de la prestación, por los servicios prestados en el año 2001.

3. Mediante Resolución No. 3229 del Cuatro (4) de julio de Dos Mil Trece (2013), el
director ejecutivo de Administración Judicial de Bogotá, negó la solicitud.

4. Contra esta decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el director
ejecutivo de Administración Judicial, confirmando la decisión.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

5. El demandante sostiene que, los actos administrativos acusados vulneran:

• Los artículos 2, 4, 13, 19, 25, 53 y 58 de la Constitución Política;
• La Ley 4ª de 1992, artículo 2, literal a.
• Ley 10 de 1987.

3

Número Interno: 3265-2020
Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

• Ley 63 de 1988.
• Decretos 610 y 1239 de 1998.
• Código Civil, artículo 1523.

6. Aduce que, sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, se quebrantaron,
al existir una desigualdad salarial entre personas que por ley, deben recibir idéntico
incremento salarial.

7. Señaló que, el derecho a percibir el 80% del sueldo que por todo concepto recibieron
los magistrados de altas cortes, es irrenunciable, siendo imperativo aplicar el Decreto 610
de 1998, al recobrar su vigencia, ante la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de
2004.

2. Contestación de la demanda2.

8. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contestó
la demanda y se opuso a las pretensiones, por carecer de fundamentos jurídicos.

9. Luego de referenciar las disposiciones normativas y precedentes jurisprudenciales que
rigen la bonificación por compensación, consideró que los efectos de la nulidad del
decreto 4040 de 2004, rigen hacia futuro y, por lo tanto, el demandante no tiene derecho
al pago retroactivo del 80% de lo que, por todo concepto devenguen los magistrados de
las altas cortes.

10. Como excepciones propuso la ausencia de causa petendi y la innominada.

3. La sentencia de primera instancia3

11. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del Treinta y uno (31) de octubre de Dos Mil
Diecinueve (2019), declaró probada de oficio la excepción de prescripción trienal,
estándose a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de

2
Expediente físico – folios 105 a 109.
3
Expediente físico – folios 183 a 187.

4

Número Interno: 3265-2020
Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Estado, en la sentencia de Dos (2) de septiembre de Dos Mil diecinueve (2019).
Adicionalmente, se abstuvo de condena en costas.

12. El A-quo estableció que, el demandante fungió como magistrado del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el año 2001, y, por lo tanto, era acreedor de la
bonificación por compensación, equivalente al 80% de todo lo devengado por los
magistrados de altas cortes.

13. Sin embargo, la declaratoria de prescripción se sustentó en la decisión adoptada por
esta corporación, según la cual, a partir de la ejecutoria de la sentencia mediante la cual,
se anuló el Decreto 2668 de 1998 y hasta la expedición del Decreto de 2004, le
correspondía a la parte demandante interponer la demanda, hasta antes del 3 de
diciembre de 2004, sin embargo, al presentarse la petición el Tres (3) de abril de dos Mil
Trece (2013), las sumas reclamadas se encuentran prescritas.

4. Salvamento de voto4

14. El magistrado Luis Eduardo Pineda Palomino, salvó el voto frente a la decisión
adoptada, por considerar que, no debió aplicarse la prescripción de los derechos
reclamados, en virtud del derecho de los trabajadores, a que se aplique la interpretación
más favorable, lo que debió dar lugar a acceder a las pretensiones.

15. Consideró que, la interpretación contenida en la sentencia de 2 de septiembre de
2019, implica una violación directa a la Constitución en su artículo 53, en concreto el in
dubio pro operario y además vulnera normas internacionales, por lo que no debió ser
aplicada en el caso concreto, máxime cuando utilizó el principio de disponibilidad fiscal
para despojar al trabajador de sus derechos irrenunciables.

16. Bajo este presupuesto, adujo que la sala transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca debió apartarse del precedente, con base en la autonomía judicial y el
papel del juez en un estado social de derecho.

4
Expediente físico – folios 188 a 193.

5

Número Interno: 3265-2020
Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

5. El recurso de apelación5

17. El apoderado de la parte demandante, apeló la decisión de primera instancia,
señalando que, de acuerdo con el salvamento de voto, la decisión adoptada no solamente
es una injusticia, sino también, una vulneración de los derechos fundamentales y el
desconocimiento de logros en materia social.

18. Consideró que la aplicación de fechas a efectos de la prescripción, desconoce
precedentes judiciales más favorables que habían sido decretados por el Consejo de
Estado, según los cuales, la prescripción de derechos se contabiliza desde el momento
en que se hicieron exigibles.

19. Entendió vulnerados el debido proceso, la confianza legítima y la estabilidad jurídica,
porque después de 5 años de adelantar un proceso judicial, se pretenda invocar una
prescripción, a partir de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, la cual,
estaba dada solo para quienes iniciaran reclamaciones con posterioridad a su ejecutoria,
es decir, a partir del Veintiocho de enero de dos Mil dieciocho (2018).

20. Indicó adicionalmente que, añade al recurso de apelación los argumentos planteados
en el salvamento de voto dentro de este asunto, insistiendo en que los actos
administrativos demandados quebrantan la ley, por cuanto, el Decreto 610 de 1998, era
la norma vigente que gobernaba la compensación a que tenía derecho el demandante,
debiendo declararse su nulidad y a título de restablecimiento del derecho, ordenar el pago
del 80% de los ingresos totales que recibieron los magistrados de altas cortes en el lapso
discutido, en favor de la cónyuge supérstite del demandante.

5. Trámite del recurso de apelación.

21. Con auto del Quince (15) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022) 6, se admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. El Once de abril de Dos Mil
Veintitrés7, se corrió traslado para alegar de conclusión.

5
Expediente físico – folios 196 a 200
6
Expediente físico – folio 218.
7
Expediente físico – folio 224.

6

Número Interno: 3265-2020
Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

5.1. Alegatos de conclusión8.

22. En esta etapa procesal, la entidad demandada, reprodujo integralmente los
argumentos de la contestación de la demanda y el extremo procesal activo, iteró los
argumentos del recurso de alzada.

23. Por auto de Cinco (5) de diciembre de Dos mil Veinticinco, se avocó el conocimiento
por parte del despacho sustanciador9.

6. Concepto del Ministerio público

24. En esta etapa procesal, el Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

25. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)10, el Juez de segunda instancia
debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2. Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala establecer, si revoca la sentencia del Treinta y Uno de octubre
de Dos mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró de oficio la excepción de
prescripción, para en su lugar, ordenar, a título de restablecimiento del derecho, el pago
de la diferencia salarial y prestacional del 10%, por los servicios prestados por el señor

8
Samai – índices 42 y 43.
9
Samai – índice 55.
10
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá
hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”

7

Número Interno: 3265-2020
Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez, en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, entre los meses de enero y septiembre de 2001.

27. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial 2.4. Material probatorio. 2.5. Caso
concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la prescripción de derechos laborales.

28. De manera general, en nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción de derechos
laborales, opera a los tres (3) años desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, término que se
interrumpe por igual lapso, con la reclamación administrativa.

29. En tratándose de la prescripción de la bonificación por compensación, la sentencia
expedida por la Sala de Conjueces el 14 de diciembre de 2011, en el expediente No.
11001-03-25-000-2005-00244-01, al declarar la nulidad del Decreto 4040 de 2004,
decantó que, durante el tiempo en que estuvo vigente, hubo una duplicidad de normas,
las cuales otorgaban el derecho al pago de una bonificación; situación que generó
diversas acciones judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación; así
como, dificultades a la hora de determinar la prescripción de los derechos laborales que
en virtud del Decreto 610 de 1998, surgían para sus beneficiarios.

30. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia
del 18 de mayo de 201611 concluyó que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales
diferentes, no era posible dar plena aplicación a las disposiciones del Decreto 3135 de
1968 en materia de prescripción; precisando que la exigibilidad del derecho otorgado por
el Decreto 610 de 1998, surgió a partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del
referido fallo-.

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA

8

Número Interno: 3265-2020
Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

31. Luego, la misma corporación, a través de decisión proferida por la Sala de Conjueces,
el 2 de septiembre de 201912, precisó otra regla de prescripción, esta vez para los casos
de las reclamaciones de la bonificación por compensación, dicha providencia, fue
aclarada mediante auto del Siete (07) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), en el cual
se indicó que, la prescripción de las acreencias derivadas de dicha bonificación opera
respecto del período comprendido entre el Cinco (5) de octubre de Dos Mil Uno (2001)
—fecha en la cual cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668
de 1998— y el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), lapso durante el cual no
existió dualidad normativa.

32. En consecuencia, para las acreencias causadas en ese período, resulta aplicable la
prescripción trienal prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969, salvo que el interesado demuestre que antes del tres (3) de
diciembre de dos mil cuatro (2004) interrumpió oportunamente el término prescriptivo
mediante reclamación administrativa o judicial, caso en el cual la prescripción se retrotrae
a la fecha de dicha interrupción.

33. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente caso.

2.4. Material probatorio

34. En el expediente judicial, responsan los siguientes elementos de convicción:

35. Mediante Certificado No. DESAJ13-THCER-644, expedido por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial – Bogotá Cundinamarca, el Cinco (05) de febrero
de Dos Mil Trece (2013)13, se hizo constar que al doctor Nelson de Jesús Zuluaga
Ramírez se le cancelaron los salarios correspondientes al cargo de Magistrado del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, durante el período comprendido entre el
Primero (01) de enero y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil (2000), precisando
los valores correspondientes al sueldo básico, gastos de representación y bonificación
por compensación, así como los descuentos de ley y otros emolumentos anuales
percibidos.

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-000-
2016-00041-02 (2204-2018), C.P. CARMEN ANAVA DE CASTELLANOS
13
Cuaderno Principal, folio no. 3.

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Número Interno: 3265-2020
Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez
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36. Asimismo, mediante constancia expedida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, División de Asuntos Laborales, el Dieciocho (18) de febrero de
Dos Mil Trece (2013)14, se certificaron los ingresos salariales correspondientes a los
Magistrados de las Altas Cortes contemplados en el artículo 187 de la Constitución
Política, indicando el detalle de los valores devengados entre los años Dos Mil (2000) y
Dos Mil Dos (2002), con discriminación de asignación básica mensual, gastos de
representación, primas y demás emolumentos que integraban la remuneración total anual
de dichos funcionarios.

37. En el sumario obra constancia expedida por la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Veinte (20) de febrero de Dos Mil Trece (2013) 15, se
hizo constar que el doctor Nelson Zuluaga Ramírez se desempeñó como Magistrado de
dicha corporación, cargo del cual se retiró el Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Uno
(2001), fecha en la que cesó sus funciones por haber alcanzado la edad de retiro forzoso.

38. Mediante la Resolución No. 4701 del Trece (13) de septiembre de Dos Mil Trece
(2013)16, la Director Ejecutivo de Administración Judicial, resolvió el recurso de apelación
interpuesto por el doctor Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez contra la decisión
administrativa que negó el reconocimiento de diferencias salariales derivadas de la
bonificación por compensación, confirmando la negativa de acceder a la reliquidación
salarial solicitada respecto del período comprendido entre el Primero (01) de enero y el
Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Uno (2001).

Caso concreto

39. En el presente asunto, no es objeto de censura, el derecho que le asistía al señor
Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez, a la bonificación por compensación equivalente al
80% de todo lo devengado por los magistrados de altas cortes, dada su calidad de
magistrado del Tribunal de Cundinamarca, entre los meses de enero y septiembre del
año 2001, como bien lo dilucidó la sala transitoria de dicha corporación, en la parte
considerativa de la sentencia de primer grado.

14
Cuaderno Principal, folio no. 2.
15
Cuaderno Principal, folio no. 1.
16
Cuaderno Principal, folio no. 4 a 8.

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Número Interno: 3265-2020
Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

40. No obstante, la Sala advierte que, en la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia, el tribunal omitió disponer la nulidad de los actos administrativos que negaron
el reconocimiento de la bonificación por compensación, aspecto por el cual, se modificará
la decisión de primer grado, para declarar la nulidad de la Resolución No. 3229 de Cuatro
(4) de julio de Dos mil trece (2013) y la Resolución 4701 de Trece (13) de septiembre de
Dos Mil trece (2013), que negaron la solicitud elevada por el señor Zuluaga Ramírez.

41. En el sub lite, la inconformidad de la parte demandante, radica en la declaratoria de
oficio de la excepción de prescripción por parte del A – quo, por considerar que, la
decisión así adoptada, desconoce el principio de favorabilidad en materia laboral y el
principio de in dubio pro operario, al aplicar la interpretación menos beneficiosa al
demandante.

42. En criterio de la Sala, el raciocinio efectuado por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, se acompasa con el marco legal en materia de
prescripción, comoquiera que, dicho fenómeno jurídico está previsto en el ordenamiento
jurídico vigente, para preservar la seguridad jurídica en las relaciones entre trabajador y
empleador.

43. La Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha decantado sobre
el fenómeno de prescripción17, lo siguiente:

«La prescripción es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o
se extingue con el solo transcurso del tiempo de acuerdo a las condiciones descritas en las
normas que para cada situación se dicten bien sea en materia adquisitiva o extintiva.

La prescripción extintiva tiene que ver con el deber de cada persona de reclamar sus
derechos en un tiempo prudencial el cual está fijado en la Ley, es decir, que los derechos
que se pretenden adquiridos, para ejercerlos se tiene un lapso en el que deben ser
solicitados so pena de perder dicha administración.

La Corte Constitucional frente a la prescripción de derechos, en sentencia C-662 de 2004,
Magistrado Ponente Doctor Rodrigo Uprimny Yepes, estableció los siguientes parámetros:

“La prescripción, como institución de manifiesta trascendencia en el ámbito jurídico, ha
tenido habitualmente dos implicaciones: de un lado ha significado un modo de adquirir el
dominio por el paso del tiempo (adquisitiva), y del otro, se ha constituido en un modo de
extinguir la acción (entendida como acceso a la jurisdicción), cuando con el transcurso del
tiempo no se ha ejercido oportunamente la actividad procesal que permita hacer exigible un

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de septiembre de 2010, radicado 47001-23-31-000-2003-
00376-01(1201-08), C.P. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ

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Número Interno: 3265-2020
Demandante: Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

derecho ante los jueces1. A este segundo tipo de prescripción es al que hace referencia, la
norma acusada. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia2 ha
reconocido que: “El fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por no
haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; (...) Por ello en la
prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real
o supuesta del titular;”. Como ya se enunció previamente, esta figura crea una verdadera
carga procesal, en tanto que establece una conducta facultativa para el demandante de
presentar su acción en el término que le concede la ley so pena de perder su derecho. Su
falta de ejecución genera consecuencias negativas para éste, que en principio resultan
válidas pues es su propia negligencia la que finalmente permite o conlleva la pérdida del
derecho. De allí que si el titular no acude a la jurisdicción en el tiempo previsto por las
normas procesales para hacerlo exigible ante los jueces, por no ejercer oportunamente su
potestad dispositiva, puede correr el riesgo serio de no poder reclamar su derecho por vía
procesal, e incluso de perderlo de manera definitiva.”.

De acuerdo con lo anterior se tiene que la norma establece para el ejercicio de los derechos
un tiempo determinado dentro del cual se debe solicitar su ejecución, y si transcurre dicho
tiempo y no se solicitó, se traduce en la pérdida de interés para ejercerlo.»

44. Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia C-916 de 2010, iteró las
conclusiones sobre el fenómeno de prescripción en materia laboral, abordado en la
sentencia C-072 de 1994, en los siguientes términos:

«5.2. En efecto, en la presente demanda el actor cuestiona el régimen de prescripción
señalado por cuanto supuestamente “…desconoce la realidad, sanciona el temor de los
trabajadores y premia a los empleadores incumplidos”, y porque el plazo establecido para
dicha prescripción llegada la terminación del contrato de trabajo “hace imposible que el
trabajador obtenga el ajuste final de todos los salarios debidos’”. Al respecto la Sentencia
C-072 de 1994 afirma lo siguiente:

(i) El núcleo esencial del derecho al trabajo no se desconoce, por el hecho de existir la
prescripción de la acción laboral concreta.
(ii) La prescripción extintiva lo es de la acción, pero en momento alguno hace referencia al
derecho protegido por el artículo 25 constitucional.
(iii) No se lesiona al trabajador por el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de
la acción laboral. El derecho de los trabajadores se respeta, simplemente se limita el
ejercicio de la acción, y se le da un término razonable para ello. El núcleo esencial del
derecho al trabajo no sólo está incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto
plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la
supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección
oportunas. Así, pues, el legislador no hizo cosa distinta a hacer oportuna la acción; de ahí
que lo que, en estricto sentido, prescribe es la viabilidad de una acción concreta derivada
de la relación laboral, pero nunca el derecho-deber del trabajo.
(iv) La finalidad de la prescripción es adecuar a la realidad el sentido mismo de
la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la inmediatez, que,
obviamente, favorece al trabajador, por ser la parte más necesitada en la relación laboral

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(v) Es acertado el racionamiento del legislador ya que, por unanimidad doctrinal -y también
por elementales principios de conveniencia- lo justo jamás puede ser inoportuno, puesto
que, al ser una perfección social, siempre será adecuado a las circunstancias determinadas
por el tiempo, como factor en el que opera lo jurídico.
(vi) Las prescripciones de corto plazo buscan también la seguridad jurídica, que, al ser de
interés general, es prevalente (art. 1o. superior). Y hacen posible la vigencia de un orden
justo (art. 2o. superior), el cual no puede ser jamás legitimador de lo que atente contra la
seguridad jurídica, como sería el caso de no fijar pautas de oportunidad de la acción
concreta derivada del derecho substancial.
(vii) Las normas acusadas, lejos de atentar contra la dignidad del trabajador, se caracterizan
por establecer una seguridad jurídica, por razones de beneficio mutuo de los extremos de
la relación laboral, que se ven en situación de inmediatez y prontitud, razón por la cual una
prescripción de largo plazo dificultaría a patronos y a trabajadores la tenencia o
conservación de pruebas que faciliten su demostración en el juicio. Es por ello que la
prescripción de tres años de la acción laboral es proporcionada con las necesidades, y por
tanto no es contraria a la igualdad, ya que ésta consiste en una equivalencia proporcional,
y no en una homologación jurídica absoluta de materias diversas, lo cual sería, a todas
luces, un absurdo.
(viii) Las normas acusadas son en beneficio directo del trabajador, pues buscan la seguridad
en la vida jurídica. Se le brinda a aquella oportunidad para reclamar el derecho que le ha
sido concedido, pero ponen a dicha oportunidad un límite temporal, determinado por la
inmediatez que emana de la relación laboral. Después de ese lapso, no hay un verdadero
interés en el reclamo, puesto que no ha manifestado su pretensión dentro de un tiempo
prudente para exteriorizar su razón jurídica.

5.3. En suma, la Sentencia C- 072 de 1994, analizó las disposiciones normativas acá
acusadas (art. 488 y art. 151) del Código Sustantivo de Trabajo y del Código Procesal del
Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente; y lo realizó bajo las mismas controversias
jurídicas planteadas en la presente demanda. Por tal razón, esta Corte declarará estarse a
lo resuelto en la Sentencia C-072 de 1994 que declaró exequibles el artículo 488 del Código
Sustantivo de Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo.

6. Exequibilidad del artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968

Siendo los cargos efectuados por el actor, los mismos con relación a todas las disposiciones
demandas, a esta Corporación no le resta sino acoger y hacer suyos los fundamentos ya
expuestos en la presente providencia (numeral 5 de Considerandos) y que constituyen el
precedente judicial plasmado en la Sentencia C- 072 de 1994. Con base en dichos
presupuestos teóricos, esta Corporación declarará exequible la expresión “Las acciones
que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible” contenida en el
artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, por los cargos analizados.»

45. Descendiendo al caso concreto, el argumento de la parte recurrente, relativo a la
interpretación menos beneficiosa al trabajador, contenida en la sentencia de Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), parte de una premisa equivocada, al considerar

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que, el derecho del señor Zuluaga Ramírez, partió de la declaratoria de nulidad del Decreto
4040 de 2004.

46. El equívoco advertido por la Sala, parte del presupuesto que, el periodo reclamado por
el entonces magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corresponde al año
2001, luego entonces, no resulta factible predicar la dualidad normativa, ni el
desconocimiento del principio de favorabilidad, cuando quiera que, los supuestos de hecho
que dan lugar al reconocimiento reclamado, ocurrieron previo a la vigencia del Decreto 4040
de 2004.

47. Verificada por esta Judicatura, la sentencia mediante la cual, la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado18, fijó la aplicación del fenómeno prescriptivo para la bonificación por
compensación, se encuentra que el criterio jurisprudencial, se ajusta al Decreto 3135 de
1968, relativo a la exigibilidad del derecho, en los siguientes términos:

«La sentencia de unificación del 18 de- mayo de 2016 no fijó ninguna regla respecto de la
prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el Decreto
610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004, es decir, antes de la
coexistencia de las dos normas, que no permitía que el derecho fuera exigible porque "no
se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable". En efecto, la
prescripción trienal del derecho se computa a partir de la vigencia del Decreto 4040 de
2004, toda vez que antes de la expedición de éste el único régimen vigente respecto de la
bonificación por compensación era el Decreto ·610 de 1998 y el derecho era plenamente
exigible, por lo que quien consideraba tenía derecho a percibirla tenía la carga de solicitarla
antes de que operara el fenómeno de la prescripción trienal de que tratan los Decretos 3135
de 1968 y 102 el Decreto 1848 de 1969.

Esta Sala de igual manera ha reconocido al resolver casos análogos que si bien a través
de estas providencias se determinó que con la ejecutoria de la sentencia que declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004 el día 27 de enero de 2012 se hizo exigible el derecho al
reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que contempla el Decreto 610 de
1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se aplicaría la prescripción trienal, lo cierto
es que entre el período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el
Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004 procede
decretarla. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto los
beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad
de interrumpirla.

En consecuencia, procede la prescripción de la bonificación por compensación entre
el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general.
Esa regla tiene una excepción, que consiste en que, si la persona logra demostrar en

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-000-
2016-00041-02 (2204-2018), C.P. CARMEN ANAVA DE CASTELLANOS

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el expediente, con pruebas documental, que antes del 3 de diciembre de 2004 había
interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la prescripción va más
allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa
interrupción, fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y
anterior 8;1 3 de diciembre de 2004.Esta excepción, como toda excepción, es de
aplicación restrictiva.

Y para las reclamaciones posteriores al 27 de enero de 2012 la prescripción trienal aplica
ya sin excepciones.» (sic) Negrillas de la Sala.

48. Tal como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, el auto del Siete (07) de
octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), precisó que, la prescripción de las acreencias
derivadas de dicha bonificación, opera respecto del período comprendido entre el Cinco
(5) de octubre de Dos Mil Uno (2001) —fecha en la cual cobró ejecutoria la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998— y el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro
(2004), lapso durante el cual no existió dualidad normativa.

49. De conformidad con los fundamentos reseñados en la providencia relacionada, la
interpretación desfavorable al trabajador no se advierte por parte de la Sala, en la medida
que, es la exigibilidad del derecho, el baremo a partir del cual, la Sala de conjueces dilucidó,
el fenómeno de prescripción.

50. Adicionalmente, para la Sala es absolutamente claro que, el mismo criterio adoptado
para el conteo de la prescripción, frente a los derechos causados a partir de la declaratoria
de nulidad del decreto 4040 de 2004, fue el previsto respecto de la declaratoria de nulidad
del Decreto 2668 de 1998; estableciendo 3 años para reclamar la prestación, contados a
partir de la ejecutoria de la sentencia que así la declaró.

51. Vistas así las cosas, la Sala no encuentra comprometidos los principios de favorabilidad
e in dubio pro operario, y por el contrario, verifica la congruencia y plena aplicación de la
normativa vigente en materia de prescripción; advirtiendo que, la interpretación de la parte
demandante, aboga por la inaplicación absoluta del término prescriptivo, cuestión que, de
acuerdo a la exequibilidad dispuesta en la Sentencia C-916 de 2010 y desarrollada en la
Sentencia C – 072 de 1994, en materia de derechos laborales, no cuenta con asidero en
nuestro ordenamiento jurídico.

52. En consecuencia, dado que el señor Nelson de Jesús Zuluaga Ramírez, tenía hasta el
Tres (3) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), para reclamar el pago de la bonificación

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por compensación a que tenía derecho, en su calidad de magistrado del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el año 2001, y que la solicitud ante la dirección Ejecutiva
de Administración Judicial de Bogotá, se radicó el Tres (3) de abril de dos Mil Trece (2013),
el fenómeno de prescripción se encuentra debidamente edificado, razón suficiente para
avalar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

53. No obstante lo anterior, la Sala exceptuará del fenómeno prescriptivo, los aportes
pensionales, teniendo en cuenta que, la bonificación por compensación es base para su
liquidación, por lo tanto, a pesar que este aspecto no fue parte de los reproches por la
parte demandante, esta instancia debe pronunciarse, dada la característica
de irrenunciables e imprescriptibles de aquellos; y en consecuencia, se ordenará a la
entidad que proceda a su pago, en el periodo comprendido entre el primero de enero y el
30 de septiembre de 2001.

2.5 Condena en costas

54. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

55. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – MODIFICAR parcialmente la sentencia del Treinta y Uno de octubre de Dos
mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual, quedará así:

«SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 3229 de Cuatro (4) de julio de
Dos mil trece (2013) y de la Resolución 4701 de Trece (13) de septiembre de Dos Mil trece
(2013), mediante las cuales se negó el pago de la diferencia de la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 de 1998, al señor Nelson de Jesús Zuluaga
Ramírez, por el periodo comprendido entre el Primero (1) de enero y el Treinta (30) de
septiembre de Dos Mil Uno (2001), por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

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TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción, excepto frente a
los aportes al Sistema General de Pensiones, respecto de los cuales, se ORDENA a la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial efectuar el pago, por
la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de
bonificación por compensación en el periodo comprendido entre el Primero (1) de enero y
Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Uno (2001).».

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del Treinta y Uno de octubre de
Dos mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva
del presente proveído.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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