Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00104-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00104-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-00104-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-00104-01 (1284-2019)
Demandante: León Jaime Restrepo
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio
disciplinario. Nulidad de los actos administrativos. Causales.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor León Jaime Restrepo instauró demanda en contra de la Nación-Ministerio
de Defensa-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia, expedidas el 9 de mayo de 2012 y el 2 de enero de 2013,
respectivamente, mediante las cuales, el demandante fue sancionado con
suspensión e inhabilidad especial por el término de seis (6) meses; y de la
Resolución 00896 del 8 de marzo de 2013, mediante la cual fue ejecutada la
sanción, convirtiendo el lapso de la suspensión en salarios devengados.
Que, en consecuencia, se ordene levantar la sanción de inhabilidad especial,
realizando las correcciones y actualizaciones pertinentes en las bases de datos de
la demandada y de la Procuraduría General de la Nación; el reconocimiento y pago
de los valores deducidos con la sanción impuesta; el pago de una indemnización
compensatoria y de perjuicios materiales y morales.
Que sean indexadas las sumas objeto de condena.
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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que durante los años 2009 y 2010 hizo parte de una comisión en el exterior,
integrando el contingente colombiano de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (en adelante, MINUSTAH1).
Que el 9 de noviembre de 2009 el comandante del contingente colombiano en Haití
informó que en la madrugada del 6 del mismo mes y año presuntamente fue
encontrado en una habitación de la casa donde residían los uniformados, en estado
de embriaguez, desnudo y en compañía de una mujer de nacionalidad haitiana,
junto con otro policía, con lo cual se había desconocido la prohibición de tener
relaciones de índole sexual con miembros de la población haitiana.
Que se abrió una indagación preliminar por auto del 21 de diciembre de 2009 y,
luego de practicadas las pruebas que allí se ordenaron, el 15 de junio de 2020 se
abrió una investigación disciplinaria; al término de la cual, en auto del 6 de octubre
de 2010 se formuló el cargo consistente en «incumplir, modificar, desautorizar,
eludir, ejecutar con negligencia o tardanza o introducir cambio, sin causa
justificada a las órdenes o instrucciones relativas al servicio»(negrillas y
subrayas en el texto original), remitiéndose para el efecto al manual de
procedimientos operativos (Standar Operating Procedure o, en adelante, SOP) de
la Misión en Haití, calificando la falta como grave, ejecutada a título de dolo.
Que, presentados los descargos y alegatos de conclusión, el 9 de mayo de 2012 se
expidió la decisión disciplinaria de primera instancia y, una vez apelada, se confirmó
el 2 de enero de 2013.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Constitución Política: preámbulo, artículos 2, 6, 13, 21, 25, 29, 53, 93, 94, 218 y 230;
Declaración Universal de los Derechos Humanos: preámbulo, artículos 7, 8, 10, 1,
12 y 23; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: artículos 2, 14, 17;
Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículos 1 y 8; Ley 1015 de
2006: artículos 3, 4, 5, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 27-parágrafo, 42 y 47; Ley 734 de
2002: artículos 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 33, 73, 74, 90, 92, 101-parágrafo,
128, 129, 134, 135, 141, 142, 143, 150, 152, 161, 162 y 171; Código de
Procedimiento Civil; Ley 1437 de 2011: articulo 34; Decreto 1791 de 2004; Decreto
1800 de 2000; Sentencias de la Corte Constitucional: C-024 de 1994, C-041 de
1994, C-217 de 1996, C-449 de 1996, C-282 de 1997, C-555 de 2001, C-175 de
2001, C-948 de 2002, C-014 de 2004 y SU-477 de 1997.
Que en la expedición de los actos demandados se desconocieron las normas
constitucionales, legales e internacionales en las que debían fundarse y se
vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa, pues las decisiones
1 Del francés «Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti».
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sancionatorias no contaron con soporte probatorio en la medida en que las
valoradas se obtuvieron con violación a sus garantías fundamentales al domicilio y
a la honra porque, sin ninguna orden de autoridad competente, el informante y otros
uniformados ingresaron a una habitación que se encontraba cerrada, perturbando
el derecho a la intimidad.
Que no fueron tenidos en cuenta sus descargos ni la solicitud probatoria allí
realizada y, en consecuencia, nunca quedó claro cuál era el procedimiento a seguir
cuando algún miembro de la policía internacional trasgredía las disposiciones del
manual de procedimiento de la Misión en Haití y que tampoco se contó con la
traducción de dicho instrumento, por lo que se profirió decisión de cargos con
fundamento únicamente en unos testimonios que no fueron controvertidos y en unos
documentos allegados de manera irregular a la actuación.
Que se incurrió en nulidad por falta de competencia, porque no fueron tenidas en
cuenta las funciones especiales que se encontraba desempeñando en Haití, en
calidad de policía internacional al servicio de las Naciones Unidas, por lo que el
manual de procedimiento establecía que el competente para aplicar las sanciones
derivadas del incumplimiento de las instrucciones era el comisionado de policía
(Police Commissioner) y que, por ello, a la Policía Nacional no le correspondía
conocer la investigación en su contra, pues únicamente el Secretario General de la
ONU podía retirarle la inmunidad especial con la que contaba.
Que el informe con el que se adelantó la actuación disciplinaria no fue enviado al
Comité de Atención, Evaluación y Trámite de Quejas e Informes, de conformidad
con el artículo 27 de la Ley 1015 de 2006. Que no fue notificado del auto de apertura
de indagación preliminar ni fue informado de las pruebas testimoniales practicadas
en dicha etapa, pues en ese momento se encontraba aún en Haití, por lo que no se
enteró de dichas diligencias.
Que para la fecha en que ocurrieron los hechos no se encontraba cumpliendo
funciones relacionadas con el servicio, por lo que no podía ser objeto de
responsabilidad disciplinaria.
Que no se aportó traducción oficial del manual de procedimiento para el personal
de las Naciones Unidas y, en ese orden, se formuló un cargo disciplinario con
fundamento en unas instrucciones en un idioma no entendible, por lo que se incurrió
en una desviación de poder.
Que las irregularidades de la actuación fueron avaladas en la segunda instancia
disciplinaria, afectando derechos constitucionales fundamentales y desconociendo
normas de derecho internacional.
Que tanto las decisiones sancionatorias como los actos previos incurrieron en falsa
motivación, porque las pruebas que los soportaron se obtuvieron con
desconocimiento del debido proceso, sin tener en cuenta que la conducta
investigada era atípica y que los documentos allegados carecían de los requisitos
para ser valorador por haberse obtenido en el extranjero.
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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 24 de febrero de 20142, providencia en la que se negó
la suspensión provisional de los actos demandados. Se notificó a la demandada,
quien se opuso a las pretensiones indicando que tanto la actuación disciplinaria
como los actos administrativos se apegaron estrictamente a la Constitución y a la
Ley y señalando que, en todo caso, el retiro del servicio del demandante se produjo
por su propia solicitud, al haber cumplido los requisitos para acceder a una
asignación de retiro o pensión.
Que los términos del procedimiento sancionatorio se agotaron de conformidad con
la normativa disciplinaria y en cada etapa el acto pertinente se motivó como lo exige
el artículo 18 de la Ley 1015 de 2006.
Que la sanción disciplinaria se impuso luego de verificados los supuestos fácticos y
jurídicos, los cuales se estudiaron de manera integral y bajo las reglas de la sana
crítica, llegando a la convicción de que existían elementos estructurales de la falta
disciplinaria ejecutada por el demandante y que ello llevó a la imposición del
correctivo disciplinario por el funcionario competente.
Que el demandante pretende desvirtuar la legalidad de los actos argumentando que
no tuvo injerencia en los acontecimientos del 6 de noviembre de 2009; pero que no
se debe pasar por alto que las pruebas testimoniales recaudadas son consistentes
y concluyentes y dan cuenta de los hechos por los cuales fue sancionado.
Que no hay lugar a declarar la nulidad por falta de competencia, pues es necesario
tener en cuenta que de conformidad con el artículo 54 de la Ley 1015 de 2006 el
Inspector General de la Policía Nacional conoce en primera instancia de las
presuntas faltas disciplinarias cometidas por el personal en comisión en el exterior
y, aunque el demandante afirme que para la fecha de los hechos era un funcionario
de Naciones Unidas, lo cierto es que se encontraba en una comisión en el exterior.
Que el demandante no residía en la habitación donde fue encontrado para la fecha
de los hechos, ni es cierto que los uniformados hubieran ingresado a ella de manera
abrupta, por lo que no hay lugar a decir que se vulneró su derecho a la intimidad y
que contrario a lo dicho en la demanda, cuando el señor León Jaime Restrepo fue
notificado de la investigación disciplinaria obtuvo copia del expediente y fue
informado de sus derechos en calidad de investigado; además, sus argumentos
fueron estudiados, sin ser suficientes para exonerarlo de responsabilidad.
Propuso como excepción la ineptitud sustantiva de la demanda por perseguirse la
nulidad de un acto de ejecución y por improcedencia de las pretensiones de
devolución del monto de la sanción disciplinaria, sin que obre constancia de su
pago3.
2 Véanse folios 266 a 271 del cuaderno uno. La demanda fue asignada por reparto a la Sección Segunda-
Subsección B de esta Corporación, la cual por auto del 7 de octubre de 2013 declaró la falta de competencia y
ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (véanse folios 252 a 261 del cuaderno uno).
3 Véanse folios 277 a 294 del cuaderno uno.
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Se celebró audiencia inicial el 15 de febrero de 20174, en la que se declararon
imprósperas las excepciones previas, se fijó el litigio y se dispuso que, tras agotar
el periodo probatorio, las partes y el Ministerio Público presentarían sus alegaciones
por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes5. Se practicó prueba testimonial
el 7 de marzo de 20176, luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el
plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 14 de
septiembre de 2017, negó las pretensiones, tras concluir que los actos demandados
se expidieron de conformidad con las disposiciones que regulan el trámite
sancionatorio disciplinario.
Que el demandante, para la fecha de los hechos, tenía la condición de servidor
público adscrito a la Policía Nacional, que se encontraba en una comisión de
servicios, formando parte de un contingente destacado por las Naciones Unidas
ante la República de Haití.
Que en la demanda no se cuestionó la ocurrencia de los hechos, sino la
competencia para adelantar la actuación disciplinaria, porque el demandante
consideró que, por hacer parte del mencionado contingente, era la ONU y no la
Policía Nacional quien debía adelantar la actuación sancionatoria, lo cual no
resultaba acertado, pues durante el lapso de la comisión ostentó la condición de
uniformado de la entidad demandada y que, por ello, de conformidad con el artículo
54 de la Ley 1015 de 2006 era la Policía Nacional la competente para investigarlo y
sancionarlo.
Que tampoco se encontraba acreditado el cargo de nulidad por falsa motivación,
pues no se cuestionó la ocurrencia de los hechos, por lo que este reproche no tuvo
respaldo probatorio.
Se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandante, obrando en causa propia7 y por intermedio de apoderado8
interpuso recurso de apelación, expresando que el Tribunal valoró de forma errada
las pruebas, pues la entidad no aportó las documentales que fueron decretadas en
el auto admisorio de la demanda y que, adicionalmente, omitió el análisis de los
tratados y convenios internacionales en relación con las garantías de las que gozan
los uniformados que cumplen una misión de paz en las Naciones Unidas.
4 Véanse folios 363-364 del cuaderno dos.
5 Minuto 29:47 a 31:16 del CD a folio 363-1 del cuaderno dos.
6 Véase folio 372 del cuaderno dos.
7 Véanse folios 392 a 413 del cuaderno dos.
8Véanse folios 414 a 443 del cuaderno dos.
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Que la sentencia apelada tiene errores sustantivos y procedimentales, derivados de
lo ya dicho y de la falta de pruebas para fundamentar lo allí resuelto, que no se
analizó en debida forma la competencia para investigar y sancionar a los miembros
de la policía que hacen parte de las misiones de paz y tampoco se hizo referencia
al manual de procedimiento (SOP) en el cual se establecía a quién correspondía la
investigación de quienes violaran el código de conducta de la misión.
Que el Tribunal adoptó una decisión fundamentado únicamente en una
interpretación subjetiva, basado de forma exclusiva en la pertenencia a la Policía
Nacional, dando un alcance equivocado a su relación de sujeción con dicha
institución, pues dejó de lado que la MINUSTAH contaba con un manual especial
para los integrantes de la misión, quienes de conformidad con el prefacio del SOP
renunciaban a sus propios poderes ejecutivos y a su cadena nacional de mando.
Que la misión de paz no se encuentra dentro de la clasificación del tipo de
comisiones en que se puede encontrar un uniformado, según el Decreto 1791 de
2000, por lo que resulta claro que no se encontraba sujeto a la cadena nacional de
mando para la fecha de los hechos, tanto así que contaba con el carnet que lo
identificaba como integrante de la policía de Naciones Unidas y, por ello,
únicamente el Secretario General de la ONU podía retirarle la inmunidad especial
de que gozaba, sin que al comandante del contingente le correspondiera
competencia alguna en ese sentido.
Que la conducta por la cual fue sancionado es atípica, pues en el informe
disciplinario se relacionó un comportamiento presuntamente contrario al SOP, pero
fue investigado y disciplinado por una falta contenida en el artículo 35 de la Ley 1015
de 2006, lo que supone una violación al debido proceso.
Que en la sentencia de primera instancia no existe correspondencia entre lo relatado
y lo ocurrido en el proceso, porque alude a los alegatos de conclusión y al concepto
del Ministerio Público, sin que estos se hubieran presentado.
En escrito posterior9, se agregó que el análisis que precedió la decisión de negar
las pretensiones fue meramente formal, sin detenerse en los elementos fácticos y
jurídicos del procedimiento sancionatorio, pues lo cierto es que se expidieron los
actos sancionatorios sin el respaldo probatorio necesario, incurriendo en desviación
de poder y falsa motivación, además de la ya alegada falta de competencia,
derivada de las normas especiales del SOP que establecían el procedimiento y la
autoridad que debía imponer las sanciones por violación al código de ética.
Que las pruebas valoradas en la actuación disciplinaria se obtuvieron vulnerando el
derecho a la intimidad, lo que las hace nulas; no fue notificado del auto que ordenó
la apertura de la indagación preliminar y en los diferentes actos proferidos se
desconocieron las normas superiores en que debían fundarse.
Que el Tribunal violentó el derecho a la defensa y el debido proceso, debido a la
reticencia a practicar las pruebas testimoniales solicitadas en la demanda y a la
9 Presentado por el apoderado del demandante (folios 414 a 443 del cuaderno dos).
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omisión de correr traslado para presentar alegatos de conclusión.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 15 de agosto de 201910 fue admitido el recurso de apelación y el 28 de agosto de
202011 se dio traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público para que
emitiera concepto.
El demandante, obrando en causa propia y por intermedio de apoderado12 reiteró
que ni la autoridad disciplinaria ni el Tribunal tuvieron en cuenta la normativa del
SOP y que esta resultaba fundamental para establecer quién debía disciplinar a un
uniformado que, cumpliendo una misión de paz, desconociera el código de conducta
de la ONU.
Que la sentencia apelada no contó con el respaldo probatorio necesario, pues la
única prueba documental allegada en cumplimiento de la orden del auto admisorio
no correspondió a lo pedido.
Que solo había una autoridad con competencia para investigarlo y sancionarlo, el
comisionado de policía de la ONU, por lo que ni el comandante del contingente
colombiano ni el Inspector General de la entidad demandada podían desplegar la
actuación disciplinaria.
Que, en suma, los actos demandados se expidieron con infracción de las normas
en que debían fundarse, luego de una indebida apreciación de las pruebas y con
falsa motivación.
La demandada13 solicitó que se confirme la sentencia apelada, pues en ella se
plasmó la única conclusión posible, que los actos demandados no incurrieron en
ninguna causal de nulidad. Esto, luego de analizar la competencia de la autoridad
disciplinaria para investigar y sancionar al demandante.
Que resultan infundados los argumentos del señor León Jaime Restrepo, pues,
además de que ni en el procedimiento disciplinario ni en esta instancia controvirtió
la ocurrencia de los hechos, se limita a afirmar una violación del derecho a la
intimidad sin ningún soporte; y que, por el contrario, las pruebas documentales y
testimoniales recaudadas dan cuenta de la ocurrencia del hecho por el cual fue
sancionado.
Que no se vulneró el derecho de defensa y contradicción, porque una vez se notificó
de la investigación disciplinaria, obtuvo copia íntegra del expediente y fue informado
de los derechos que en calidad de investigado tenía, correspondiendo a su voluntad
ejercerlos o no; sumado a que se presentó como una persona con experiencia en
asesoría a las diferentes dependencias de la entidad, por lo que causa extrañeza
que, si no fue de su interés actuar en el trámite disciplinario pretenda imputar
10 Véase folio 451 del cuaderno dos.
11 Véase índice 00013 de SAMAI.
12 Véanse folios 642 a 471 (demandante) y 472 a 495 (apoderado) del cuaderno dos.
13 Véase índice 00017 de SAMAI.
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Radicado: 25000-23-42-000-2014-00104-01 (1284-2019)
irregularidades a la administración.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si los actos demandados se encuentran viciados
de nulidad por falta de competencia, por falsa motivación, por desconocimiento de
las normas en que debían fundarse, por violación al debido proceso y por desviación
de poder; o, si como lo afirma la demandada, en su expedición se respetaron las
garantías procesales del señor León Jaime Restrepo y, por tanto, no hay lugar a
desvirtuar su legalidad.
Con este fin, la providencia se referirá al marco normativo y jurisprudencial del
control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a las
causales de nulidad invocadas y abordará el caso concreto.
Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria
La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.
Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez
de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias14.
Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes
Moreno.
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se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»15.
Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»16, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.
Causales de nulidad de los actos administrativos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
15 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.
05001-23-31-000-1998-02823-01 (2060-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2009-00140-00
(2038-2009). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011). C.P. William Hernández Gómez.
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Radicado: 25000-23-42-000-2014-00104-01 (1284-2019)
13717 y 13818 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
De las anteriores, se analizarán las causales de nulidad invocadas por el actor, a
saber, la falta de competencia, la falsa motivación, el desconocimiento de las
normas en que deben fundarse, la desviación de poder y el derecho al debido
proceso; luego de lo cual, se abordará el contenido de los actos demandados.
• Nulidad del acto administrativo por falta de competencia
Para esta Corporación el análisis de la competencia es fundamental para determinar
la validez de un acto, pues si bien no hace parte de la estructura y contenido de la
decisión, constituye el elemento determinante de las potestades de una autoridad
para definir una situación jurídica, lo que necesariamente se relaciona con el
principio de legalidad, porque delimitar qué autoridad debe resolver un asunto
específico es indispensable en el modelo de Estado Social y Democrático de
derecho, pues evita el ejercicio arbitrario del poder19.
A partir de tales consideraciones y con apoyo en la doctrina, se ha definido la
competencia como la «(…) facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para
ejercer determinar (sic) función»20, de lo que se sigue que la falta de competencia
se materialice cuando «(…) el autor profiere el acto pese que a (sic) no tenía el
poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar legalmente
facultado para ello»; esto es, por fuera de las facultades constitucionales y legales
que se atribuyen a la autoridad.
Carlos Betancur Jaramillo, citando a Jean Rivero, denomina incompetencia a aquel
vicio del acto administrativo que se configura cuando el autor de una decisión no
tenía el poder legal para tomarla21. Para Betancur Jaramillo, es la forma de
ilegalidad del acto más grave, porque los agentes públicos no pueden hacer sino
aquello para lo cual están expresamente autorizados, actuando sobre la base y
dentro de los límites de las atribuciones asignadas por los textos legales.
Para el autor, esto refleja «(…) el carácter de orden público que tienen las normas
que distribuyen las competencias funcionales»22; lo que, a su vez:
«(…) permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el demandante no
17 Del medio de control de nulidad.
18 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
19 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de julio de 2021. Radicado 23001-
23-33-000-2013-00163-02 (4789-2018). C.P. William Hernández Gómez.
20 Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano Temis, Bogotá, 2013. Pág. 322. Citado
en: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de junio de 2018. Radicado: 73001-23-31-000-2011-
00512-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
21 Rivero, Jean. Droit Administratif. Dalloz, Paris 1971, 5ª edición. P. 233. Citado en: Betancur Jaramillo, Carlos.
Derecho procesal administrativo. Ley 1437 de 2011. Medellín, 2013, 8ª edición. P. 291.
22 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
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la haya invocado como apoyo de su petición. Se colige igualmente que el vicio
de incompetencia no puede ser subsanado por la aprobación posterior de la
autoridad competente, ni ésta (sic) puede renunciar a ella en beneficio de un
administrado23. Tampoco puede ser la competencia objeto de convención entre
las partes ni modificarse, en principio, por razones de urgencia.
(…)
Obsérvese que la formulación del cargo por incompetencia, dada su magnitud,
coloca en un plano un tanto secundario la impugnación por cualquier otro
motivo. (…) En otros términos, cuando la competencia del funcionario esté
cuestionada, la lógica impone determinado orden en la impugnación y hace que
sobre, hasta cierto punto, hablar de la expedición irregular del acto, de la falsa
motivación, de la desviación de poder o de la infracción de la norma de derecho
de fondo. (…)»24 (subrayas de la Sala).
• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación
Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la fundamentación
de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la
cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha
relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos
determinantes de la decisión administrativa25.
En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de nulidad,
cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres elementos:
«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»26.
El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente27.
• Nulidad del acto administrativo por infracción de las normas superiores en
que debe fundarse
Esta causal, también denominada nulidad por violación del ordenamiento superior
o de la regla de derecho de fondo que se exigía para sustentar el acto, se relaciona
con los elementos que, en términos generales, debe validarse en un acto
23 Rivero Jean, O.C. pág. 233 [cita de Betancur Jaramillo, Óp. Cit.].
24 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
25 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
26 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-
23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
27 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
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administrativo frente a cada elemento que lo compone: las reglas de competencia,
de procedimiento, los componentes de la motivación y el debido proceso,
concretado en el derecho de audiencia y de defensa28.
En un sentido más estricto, esta causal de nulidad se ha entendido por esta
corporación como la contravención directa de la norma que serviría como
fundamento al acto administrativo, lo que puede ocurrir por falta de aplicación,
aplicación indebida o interpretación errónea.
Lo primero, es decir, la falta de aplicación puede suceder porque la autoridad
administrativa ignore la existencia de la norma o, a pesar de conocerla, no la aplique
a la solución del caso o crea, de manera errónea, que la norma no es aplicable al
asunto que examina.
La aplicación indebida puede configurase cuando la autoridad hace valer
disposiciones que no son pertinentes para resolver asunto objeto de decisión; lo que
a su vez puede ocurrir por que i) hubo un error al seleccionar la norma por
inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra, y/o ii) porque no
se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la
hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
En cuanto a la interpretación errónea se ha precisado que ocurre cuando las
disposiciones que se aplican son en efecto las que regulan el asunto que se debe
decidir, pero la autoridad las entiende de manera errónea y, con esa interpretación,
las aplica. En otras palabras, es lo que ocurre cuando se asigna a una disposición
un sentido o alcance que no le corresponde29.
• Nulidad del acto administrativo por desviación de poder
El análisis de esta causal implica que, pese a que el acto en cuestión se hubiere
expedido por una autoridad competente, con las formalidades debidas, en realidad
persigue fines distintos a los que le ha fijado el ordenamiento jurídico, lo que puede
ocurrir tanto si el fin perseguido es contrario a derecho como cuando se persigue un
fin altruista, puesto que lo determinante es que se trate de un propósito distinto al
autorizado o señalado por la norma en que se funda el acto. Al respecto, se ha
señalado:
«Para su valoración es necesario tener en cuenta tanto los fines generales e
implícitos en toda actuación administrativa (satisfacción del interés general,
búsqueda del bien común, mejoramiento del servicio público, etc.), como el
específico para cada tipo de acto administrativo, el cual se haya en la regulación
de la atribución o competencia con que él se ejerce.
Usualmente la desviación del fin es oculta, por cuanto se queda en la mente de
quienes intervinieron en la expedición del acto, y resulta velada por la indicación
expresa del fin que jurídicamente corresponde al acto, o por la presunción de
éste cuando no se exterioriza, de allí que para establecerla deba auscultarse en
28 Al respecto, Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2020.
Radicado 52001233300020150004501 (3779-2017). C.P. William Hernández Gómez.
29 Cfr. Ibíd. También Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo de 2012. Radicado 25000-
23-27-000-2004-92271-02 (16660). C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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las intimidades del acto, lo cual dificulta su verificación, sobre todo cuando la
desviación es hacia intereses espurios, innobles, o mezquinos, caso en el cual,
solo los propios autores del acto son los que saben de sus propias intenciones,
lo que además de un problema de legalidad, entraña también un problema ético
y puede llegar incluso al campo penal o disciplinario»30.
• Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.
Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos
formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la
garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver,
entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación
se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas31.
La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201832 señaló que, tanto de las
providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:
«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que
profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo (…).
Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).
Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos
demostrados dentro de la actuación. (…)
Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes,
inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o
abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una
30 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Radicado 66001-23-31-000-1998-
00645-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E). Al respecto, ver también: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Radicado 13001-23-31-000-2007-00052-01 (0105-
2012). C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 22 de febrero de 2018. Radicado 25000-23-25-000-2008-00942-01 (1635-2017). C. P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
31 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-
02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
32 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una
radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su
aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en
lo que la doctrina define como interpretación contra legem.
Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando
la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos
fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por
parte de un tercero.
Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)
Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre
cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del
contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con
efectos obligatorios, la Corte Constitucional.
Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo
que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)’33»34.
Caso concreto
El demandante expuso motivos de inconformidad en relación con el trámite y
contenido de la sentencia de primera instancia y reiteró las razones por las que
considera que los actos demandados se encuentran viciados de nulidad.
Sobre los puntos de la sentencia que fueron objeto de recurso, al analizar el trámite
procesal, la Sala encuentra que es posible advertir algunas irregularidades, pero
estas no tienen el alcance para viciar el proceso, máxime teniendo en cuenta que el
demandante contó con las oportunidades de saneamiento para referirse a las
cuestiones expuestas:
• En relación con las pruebas documentales sobre las cuales nada se dijo en la
sentencia, en la etapa de decreto probatorio, en la audiencia del 15 de febrero
de 2017 se ordenó oficiar a la oficina de asuntos internacionales de la Policía
Nacional para que allegara copias de los manuales relacionados con la solicitud
que sobre ese punto realizó el demandante35.
En cumplimiento de esta orden se expidió el oficio Nro. 065 del 23 de febrero de
2017, solicitando a la entidad que allegara «certificaciones – copias de los
manuales relativos a las peticiones de las pruebas solicitadas por la parte
demandante, para lo cual se anexa copia de la demanda»36.
Por su parte, la demandada radicó un memorial el 14 de junio de 2017, indicando
que aportaba en medio magnético el manual de procedimiento SOP para la
MINUSTAH, «(…) donde de igual manera manifientan(sic) que es el único
documento y no tiene traducción al castellano, por ser un documento oficial»37.
33 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
34 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
35 Véase folio 364 del cuaderno dos.
36 Véase folio 368 del cuaderno dos.
37 Véase folio 314 del cuaderno dos.
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De esta forma, se tiene que, en cuanto a la práctica de pruebas documentales,
en principio se agotó según lo resuelto en la audiencia inicial. Otra cosa es que,
como lo pudo constatar la Sala, el mencionado medio magnético no contuviera
el manual SOP, situación que, en todo caso, no impedía tomar una decisión de
fondo, pues este fue aportado tanto en inglés38 como en español39 por el
demandante.
• En lo que corresponde al traslado para presentar alegatos de conclusión, en la
audiencia del 15 de febrero de 2017 también se indicó que, tras agotar el periodo
probatorio, las partes y el Ministerio Público presentarían sus alegaciones por
escrito, dentro de los diez (10) días siguientes40. En ese orden, la primera
instancia sí realizó el traslado que ordena el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011
y tuvo lugar luego de decretadas las pruebas documentales. Otra cosa es que
posterior a ello se accediera a la práctica de un testimonio.
Lo anterior implica que el Tribunal invirtió el orden de las etapas procesales y si
bien puede resultar en una irregularidad, no tiene el alcance de invalidar el
proceso, teniendo en cuenta, además, que entre la última prueba documental
aportada que pasó al Despacho ponente (16 de junio de 201741) y la decisión de
primera instancia (14 de septiembre de 201742) transcurrieron más de dos
meses, lapso durante el cual, se estimarlo procedente, el demandante pudo
aportar el escrito de alegaciones.
Otra cosa es que en la sentencia no se abordó la totalidad de sus reparos en relación
con la presunción de legalidad de los actos demandados. En efecto, se observa que
en la decisión apelada únicamente se estudió la falta de competencia y la falsa
motivación, para concluir que ninguna de estas dos causales de nulidad se
encontraba probada y, justo por ello, la parte apeló la decisión.
De allí que en esta instancia corresponda analizar las causales de nulidad invocadas
por el señor León Jaime Restrepo, aplicando el control integral de los actos
administrativos demandados.
En ese orden, del análisis del expediente de la actuación disciplinaria la Sala
destaca:
• Que el 26 de noviembre de 2009 fue remitido al inspector general de la Policía
Nacional un informe de novedad elaborado el 8 del mismo mes y año por el
teniente coronel Santiago Camelo Ortiz, en el cual se relataba que el 5 de
noviembre de 2009 se había llevado a cabo una ceremonia policial autorizada
por la MINUSTAH en la que fueron condecorados unos uniformados
colombianos, luego de lo cual se realizó una recepción en la residencia de
38 Véanse folios 56 a 111 del cuaderno uno.
39 Véanse folios 112 a 132 del cuaderno uno. La versión en español, suscrita por una técnica en traducción
escrita.
40 Minuto 29:47 a 31:16 del CD a folio 363-1 del cuaderno dos.
41 Véase folio 373 del cuaderno dos.
42 Véanse folios 375 a 382 del cuaderno dos
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quienes arribaron a la misión en mayo de ese año.
Que aproximadamente a las 3 de la mañana, cuando se disponía a partir para
su residencia, trató de ubicar al intendente León Jaime Restrepo, con quien
compartía domicilio en Haití y que, al no hallarlo en el primer piso, se dirigió al
segundo en compañía de dos policiales y comenzó a buscarlo en las
habitaciones, una de las cuales se encontraba cerrada, por lo que procedió a
golpear la puerta de forma insistente, hasta que un patrullero le abrió.
Que al ingresar a la habitación encontró al demandante desnudo y cubierto con
una sábana, recostado en un colchón y, sentada al lado derecho, se encontraba
una mujer joven, semidesnuda, tratando de cubrirse con otra sábana. Que el ser
indagado por lo que ocurría, el intendente contestó: «(…) uhm… una negrita ahí
que…», y que, al decirle que partieran para la residencia que compartían el
demandante manifestó «nooo, mi Coronel, yo me quedo aquí otro ratico», ante
lo cual solicitó a un uniformado retirar de forma cortés y sin dilaciones a la mujer.
Que, en la mañana del 6 de noviembre, el intendente se le acercó, manifestando
su vergüenza por lo ocurrido y afirmando recordar que únicamente fue
descubierto en una habitación en compañía de una mujer haitiana43.
• Que el 26 de octubre de 2010 se formuló cargo disciplinario al demandante, pues
presuntamente había incurrido en la falta disciplinaria grave contemplada en el
numeral 10 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006: «[i]ncumplir, modificar,
desautorizar, eludir, ejecutar con negligencia o tardanza o introducir cambio, sin
causa justificada, a las órdenes o instrucciones relativas al servicio»
(subrayados en el pliego de cargos), porque de manera provisional se determinó
que recibió instrucción durante un lapso de 8 días en relación con el contenido
del manual de procedimiento de las Naciones Unidas en Haití (SOP), en
especial, en relación con los numerales 6.6.2., 6.7.16, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.5, 6.9.1
literales a) y f)44.
El operador disciplinario concluyó que la conducta se había ejecutado en la
modalidad de acción45 y a título de dolo46.
• Que en el transcurso de la actuación se decretaron y practicaron pruebas
documentales y testimoniales que se valoraron al formular los cargos y que,
llegada la fecha de definición de la situación disciplinaria, llevaron a la autoridad
a la certeza, más allá de toda duda razonable, de la responsabilidad del
demandante en relación con el cargo formulado y, en esos términos, se justificó
la imposición de la sanción consistente en suspensión e inhabilidad especial por
el término de seis (6) meses47.
43 Véanse folios 2 a 5 del expediente administrativo Nro. 1.
44 Véanse folios 221 a 223 del expediente administrativo Nro. 1.
45 Véase folio 227 del expediente administrativo Nro. 1.
46 Véase folio 238 del expediente administrativo Nro. 1.
47 Véanse folios 383 a 407 (decisión de primera instancia) y 449 a 472 (decisión de segunda instancia) del
expediente administrativo Nro. 2.
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Radicado: 25000-23-42-000-2014-00104-01 (1284-2019)
El demandante afirma que la autoridad disciplinaria no tenía competencia para
investigarlo y sancionarlo, pues por encontrarse en una misión de paz contaba con
inmunidad especial, lo que significa que al trámite de la actuación sancionatoria
competía al comisionado de policía y que únicamente el Secretario General de la
ONU podía despojarlo de su inmunidad.
Sobre este punto, la Sala comparte la conclusión de la sentencia apelada, esto es,
que no se incurrió en nulidad por falta de competencia, toda vez que las funciones
que desempeñaba el demandante para la fecha de los hechos se derivaron de la
comisión permanente especial de servicios otorgada mediante Resolución 3088 del
24 de julio de 200948.
Se trató, pues, de una situación administrativa reglamentada por el Decreto Ley
1791 de 2000, concretamente, en el artículo 41, que contiene una clasificación de
las comisiones y en el artículo 42, que señala la forma de disponerlas y la autoridad
que las puede otorgar:
«Artículo 41. Clasificación de las comisiones. Las comisiones podrán ser
individuales o colectivas, de acuerdo con la misión a cumplir y se clasifican así:
(…)
4. Comisiones al exterior: Las que se conceden para ser cumplidas fuera del
territorio colombiano. Se clasifican así:
a) Diplomáticas
b) De estudios.
c) Administrativas.
d) De tratamiento médico.
e) Técnicas o de cooperación internacional.
f) Deportivas: para representar a la Institución policial en eventos deportivos.
5. Comisiones especiales: Serán comisiones especiales del servicio, las que no
se encuentran enumeradas en la clasificación precedente. Estas podrán ser al
exterior o en el país.
(…)
Artículo 42. Forma de disponer destinaciones, traslados, comisiones y
encargos. Las destinaciones, traslados, comisiones y encargos, se dispondrán
en la siguiente forma:
(…)
2. Por Resolución Ministerial:
(…)
d. Comisiones al exterior, para oficiales hasta el grado de Teniente Coronel,
nivel ejecutivo, suboficiales y agentes.
(…)».
En ese orden, la otorgada al señor León Jaime Restrepo correspondió a una
comisión especial permanente en el exterior, lo que significa que, para todos los
efectos, su relación con la institución a la que pertenecía no desapareció, pues ha
48 Véanse folios 84-85 del expediente administrativo Nro. 1.
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Radicado: 25000-23-42-000-2014-00104-01 (1284-2019)
de recordarse que esta situación administrativa se caracteriza, o bien por el ejercicio
temporal de las funciones propias del cargo en lugares diferentes a la sede habitual
de labor, o bien por la atención transitoria de actividades oficiales distintas a las
inherentes del empleo del que se es titular, sin que en todo caso se genere vacancia
del empleo y conservando el comisionado el derecho a la remuneración acorde con
el cargo que ostenta49.
Por su parte, el artículo 22 de la Ley 1015 de 2006 dispone que dicha normativa se
aplica a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria, dentro o fuera del
territorio nacional; mientras que el artículo 23 señala que «[s]on destinatarios de
esta ley el personal uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía(sic) que
estén prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren
retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio activo».
Adicionalmente, de conformidad con el artículo 54 de la ley en cita la competencia
para adelantar la investigación disciplinaria en primera instancia del personal en
comisión en el exterior corresponde al inspector general de la Policía Nacional y fue
este funcionario quien expidió la decisión disciplinaria del 9 de mayo de 2012.
Otra cosa es que, llegados al territorio de la misión de paz, existieran unos
lineamientos adicionales y un funcionario encargado de velar por su cumplimiento;
o que, inclusive, su desconocimiento diera lugar a un procedimiento especial. Pero
con todo, cabe recordar que la acción disciplinaria es autónoma de aquellas que a
su vez se pueden iniciarse con ocasión de un mismo comportamiento, por lo que en
nada se opone la actuación adelantada por la demandada con la que, de ser el caso,
se hubiese surtido ante el Police Commissioner50.
Tampoco es de recibo que el demandante gozara de una inmunidad especial en
desarrollo de la MINUSTAH, pues el manual de operaciones en el cual fundamenta
dicha consideración corresponde al Departamento de Operaciones de Paz de la
ONU, esto es, la dependencia encargada de la dirección política y ejecutiva de las
operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU51; pero no se refiere a la
MINUSTAH, cuya reglamentación se encuentra en el SOP expedido por la División
de Policía Civil en marzo de 2004, esto es, se parte de la confusión entre la
misionalidad del Departamento de Operaciones de Paz y los lineamientos para el
desarrollo de una misión de paz.
En lo que se refiere a la falsa motivación, como previamente se expuso, tendría que
encontrarse acreditado que los actos cuestionados se expidieron sin que sus
motivos determinantes estuvieran debidamente probados o sin tener en cuenta
hechos que hubiesen conducido a una decisión diferente.
49 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
del 3 de mayo de 2012. Exp. 05001-23-31-000-2004-05597-01 (2373-2011). C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez
y Departamento Administrativo de la Función Pública. Concepto 102891 del 10 de marzo de 2023. Radicado
20236000102891.
50 De la lectura del SOP se extrae que en efecto contiene un numeral relacionado con las investigaciones
internas por violación del código de conducta en el desarrollo de la misión de paz (véanse folios 67 a 77 (versión
en inglés) y 118 a 130 (versión en español) del cuaderno uno.
51 Cfr. https://peacekeeping.un.org/es/department-of-peace-operations. Visitado el 26/02/2025.
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Ninguno de los dos supuestos se configura en el caso concreto, pues tanto las
pruebas documentales como testimoniales practicadas por el operador disciplinario
dieron cuenta de la condición de servidor público de la Policía Nacional que
ostentaba el señor León Jaime Restrepo y de las condiciones de tiempo, modo y
lugar en que ocurrieron los hechos que fueron objeto de reproche disciplinario.
Así, los testimonios de Carlos Andrés Castro52 (quien recibió la instrucción de retirar
a la mujer de la habitación en la madrugada del 5 de noviembre de 2009), Raúl
Zapata Aguirre53 (a quien pertenecía el colchón que ocupó el demandante la fecha
de los hechos), Julián Andrés Rico54 (quien ayudó a buscar al intendente) y Santiago
Camelo Ortiz55 (comandante del contingente, quien elaboró el informe disciplinario)
coincidieron en afirmar que era clara la instrucción relativa a la prohibición de
mantener cualquier tipo de relación afectiva o sexual con los ciudadanos haitianos
y que en la madrugada de la fecha referida, el señor León Jaime Restrepo fue
encontrado en una habitación diferente a su residencia, desnudo, con una mujer de
nacionalidad haitiana.
Por su parte, el recaudo documental permitió acreditar que de la referida novedad
quedó registro en el informe de seguimiento del intendente 56, que el funcionario
recibió instrucción en relación con la MINUSTAH, las prohibiciones y las
restricciones respectivas entre el 2 y el 10 de agosto de 200957 y que el demandante
era competente en lengua extranjera (inglés), aspecto que además influyó en que
fuera seleccionado para integrar el contingente colombiano en Haití 58, por lo cual
resultaba clara su comprensión de las instrucciones contenidas en el SOP.
El demandante afirmó que en el cargo disciplinario se reprochó el incumplimiento
de lo consignado el acta del 23 de marzo de 201059. De haberse procedido así, se
habría reprochado al demandante el incumplimiento de una instrucción posterior a
los hechos. No obstante, analizado el pliego de cargos y los actos demandados, la
Sala encuentra que dicho documento no fue siquiera valorado por el operador
disciplinario, por lo que no se configura nulidad por esta circunstancia.
En ese orden, la motivación de las decisiones sancionatorias corresponde a lo
probado en la actuación disciplinaria, pues, más allá de toda duda razonable se dio
cuenta de la incursión en un comportamiento con el cual se incumplió una orden
relativa al servicio, sin encontrar acreditada la configuración de alguna causal de
exclusión de la responsabilidad, por lo que en ese sentido se comparte la conclusión
de la sentencia apelada.
Tampoco hay lugar a declarar la nulidad de los actos por infracción de las normas
en las que debían fundarse, pues el procedimiento disciplinario, en lo formal y lo
sustancial, se ciñó a las disposiciones aplicables al demandante, esto es, a la Ley
52 Véanse folios 25-26 del expediente administrativo Nro. 1.
53 Véanse folios 37 a 39 del expediente administrativo Nro. 1.
54 Véanse folios 42 a 44 del expediente administrativo Nro.1.
55 Véanse folios 53 a 55 del expediente administrativo Nro. 1.
56 Véase folio 59 del expediente administrativo Nro. 1.
57 Ibid.
58 Véanse folios 315 a 325 del cuaderno uno.
59 Visible en folios 111 a 114 del expediente administrativo Nro. 1.
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1015 de 2006, la Ley 734 de 2002 y, por integración del tipo disciplinario, a las
instrucciones contenidas en el SOP, instrumento que la autoridad tuvo en cuenta
por corresponder a la guía para el desarrollo de la MINUSTAH de la cual el señor
León Jaime Restrepo hacía parte.
Al demandante se le sancionó disciplinariamente por incurrir en la falta regulada por
el artículo 35, numeral 10 de la Ley 1015 de 2006, misma que se dotó de sentido y
alcance con apoyo en las instrucciones relativas al servicio en el marco del cual se
estructuró la conducta reprochada. Pero ello no significa que la actuación
disciplinaria tuviera como fin sancionar el incumplimiento del SOP, pues, como se
dijo previamente, de ser el caso, su comportamiento también puedo cuestionarse a
través de los procedimientos especiales que dicho instrumento contenía, sin que
aquellos pudieran desplazar a la acción disciplinaria o viceversa.
En esa línea, no es de recibo el argumento según el cual no debía tenerse en cuenta
el SOP por tratarse de un instrumento en idioma inglés, pues lo cierto es que las
instrucciones que este contenía fueron impartidas y comprendidas por el personal
de la misión, mismo que requería la competencia en lengua extranjera para integrar
el contingente colombiano; de allí que no se exija una traducción del documento
para la comprensión de la ilicitud del comportamiento.
Los actos demandados tampoco se encuentran viciados por desviación de poder,
pues para ello sería necesario que se hubiese acreditado que su expedición no tenía
por cometido el cumplimiento de los fines correctivos y preventivos de la actividad
sancionatoria disciplinaria y, contrario a esta premisa, de lo analizado hasta este
punto, la Sala encuentra en la motivación de las decisiones cuestionadas el análisis
fáctico y probatorio que la Ley disciplinaria exige para la imposición de una sanción.
En relación con la violación al debido proceso, que el demandante expone bajo el
desconocimiento del derecho de defensa, sustentado en la falta de notificación del
auto que abrió la indagación preliminar y en que la autoridad no tuvo en cuenta sus
intervenciones ni las pruebas que solicitó, en el expediente disciplinario se advierte
lo siguiente:
• Se libró comunicación del auto de apertura de indagación preliminar el 31 de
mayo de 2010, al correo electrónico león.restrepo@correo.policía.gov.co, con el
fin de notificar al intendente de tal actuación60. En la misma fecha, se solicitó
apoyo con la diligencia de notificación al comandante del contingente
colombiano en Haití61.
• El referido funcionario informó a la comisionada para la práctica probatoria que
el intendente León Jaime Restrepo indicó «(…) no me notifico de esta manera
porque esta notificación debe ser personal y además la ley(sic) 734 de 2002
expresa que la notificación debe ser aceptada si previamente se ha concertado
de esta manera (…)»62, de lo cual se dejó la respectiva constancia el 7 de junio
60 Véase folio 59 del expediente administrativo Nro. 1.
61 Véase folio 61 del expediente administrativo Nro. 1.
62 Véase folio 65 del expediente administrativo Nro. 1.
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de 201063.
• Posteriormente, se abrió la investigación disciplinaria64, que fue notificada
personalmente al señor León Jaime Restrepo el 28 de septiembre de 201065,
diligencia en la cual fue informado de sus derechos como investigado, según el
artículo 92 de la Ley 732 de 2002.
• En oficio del 28 de septiembre de 2010 el señor León Jaime Restrepo solicitó
copia del expediente66, que le fue entregada el mismo día67.
• El 11 de octubre de 2010 el investigado presentó solicitud de archivo de la
actuación disciplinaria68, sobre la cual la autoridad se pronunció en el pliego de
cargos, encontrándola improcedente69.
• Formulado el pliego de cargos, el investigado presentó escrito de descargos
solicitando la práctica de pruebas documentales y testimoniales y solicitando la
nulidad de la actuación70.
• Por lo anterior, se expidieron los autos del 10 de enero de 201171, negando la
solicitud de nulidad, y del 27 del mismo mes y año resolviendo sobre las
peticiones probatorias72.
• El investigado presentó recurso de reposición y en subsidio apelación73. El
primero se resolvió el 23 de junio de 201174 y el segundo fue desatado en auto
del 24 de noviembre de 201175.
• En la decisión sancionatoria de primera instancia no se acogieron sus
alegaciones, porque no lograban desvirtuar el cargo formulado76; mientras que
en la segunda instancia se desestimaron sus reproches por considerarlos
abstractos y contradictorios con lo acreditado a lo largo de la actuación77.
Se debe aclarar, además, que el trámite de notificación de la providencia que abre
la indagación preliminar no impide que se continúe con la práctica probatoria78, pues
en todo caso, el servidor público puede, una vez que accede a la actuación
disciplinaria, pronunciarse en relación con el recaudo probatorio, solicitar la
ampliación de testimonio y en general, desplegar las actividades que considere
pertinentes en defensa de sus intereses; o no actuar, pues en todo caso la carga de
la prueba le corresponde a la autoridad disciplinaria.
63 Véase folio 63 del expediente administrativo Nro. 1. En la constancia elaborada por la funcionaria comisionada
para la práctica probatoria, luego de relatar la negativa del señor León Jaime Restrepo a suscribir la notificación
personal, se indicó: “Lo anterior para que obre dentro de la presente y dejando como entendido que el señor
Intendente Jefe León Jaime Restrepo, ya tiene conocimiento de la indagación que se le adelanta en su contra“.
64 Auto del 15 de junio de 2010, visible en folios 68 a 73 del expediente administrativo Nro. 1.
65 Véase folio 130 del expediente administrativo Nro.1.
66 Véase folio 132 del expediente administrativo Nro. 1.
67 Véase folio 133 del expediente administrativo Nro. 1.
68 Véanse folios 154 a 159 del expediente administrativo Nro.1.
69 Véase folio 239 del expediente administrativo Nro.1.
70 Véanse folios 258 a 276 del expediente administrativo Nro.2.
71
Véanse folios 290 a 294 del expediente administrativo Nro. 2.
72 Véanse folios 295 a 300 del expediente administrativo Nro. 2.
73 Véanse folios 311 a 319 del expediente administrativo Nro.2.
74 Véanse folios 329 a 335 del expediente administrativo Nro. 2.
75 Véanse folios 341 a 350 del expediente administrativo Nro. 2.
76 Cfr. folio 392 del expediente administrativo Nro. 2.
77 Véanse folios 457 a 471 del expediente administrativo Nro. 2.
78 El inciso tercero del artículo 91 de la Ley 734 de 2002 dispone que, en la investigación disciplinaria, el trámite
de notificación personal no suspende la actuación probatoria; y que «Con todo, aquellas pruebas que se hayan
practicado sin la presencia del implicado, en tanto se surtía dicho trámite de notificación, deberán ser ampliadas
o reiteradas, en los puntos que solicite el disciplinado», razonamiento que se puede trasladar a la etapa de
indagación preliminar, pues en dicha oportunidad el operador disciplinario apenas está evaluando i) si lo relatado
en el informe o queja puede implicar una conducta sancionable; y ii) si es posible identificar al servidor público
responsable.
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En ese orden, una cosa es que el señor León Jaime Restrepo se opusiera a la
diligencia de notificación del auto que abrió la indagación preliminar y otra que ello
implique una lesión al debido proceso; en esos mismos términos, la petición de una
prueba puede negarse si esta no cumple con los requisitos para su decreto y
práctica y no por ello se impide el ejercicio del derecho a la defensa; y, al final de la
actuación, los argumentos del disciplinado pueden no ser suficientes para que se le
exonere de responsabilidad y, justo por ello, proferirse y confirmarse la decisión
sancionatoria, lo que tampoco implica una actuación en desmedro del derecho
constitucional al debido proceso.
Tampoco se encuentra acreditado que las pruebas que sustentaron los cargos se
hubiesen obtenido vulnerando derechos fundamentales. En este punto, cabe hacer
una precisión: el demandante confunde la conducta que dio lugar al informe
disciplinario con las declaraciones juramentadas de quienes, junto con el
informante, manejaron la situación. Su reproche se centra en que, toda vez que
presuntamente el comandante del contingente desconoció su derecho a la
intimidad, las pruebas que de allí se derivaron se encuentran viciadas de nulidad.
Para la Sala dicho argumento no tiene vocación de prosperidad, pues de los relatos
de quienes fueron llamados a declarar, se desprende que el ingreso a la habitación
el 5 de noviembre de 2009, que no correspondía al domicilio del señor León Jaime
Restrepo, no ocurrió empleando la fuerza; por el contrario, todos coinciden en
afirmar que otro uniformado –quien fue también investigado y sancionado– abrió la
puerta desde adentro79.
Además, lo que quedó acreditado es que el señor Santiago Camelo Ortiz, en la
madrugada del 5 de noviembre de 2009, estaba buscando al intendente Restrepo
para que partieran hacia su residencia y que lo encontró en la segunda planta del
lugar donde tuvieron la recepción incurriendo en comportamientos contrarios a las
instrucciones del SOP.
En síntesis, el estudio de legalidad de los actos demandados permite afirmar que
no se configuró en ellos ningún vicio que lleve a su nulidad y, por tanto, la decisión
de primera instancia será confirmada.
De la condena en costas
Sobre este punto, es importante aclarar que según el cambio introducido por el
legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202180, que dicha declaración es
viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta
carencia de fundamento legal. Teniendo en cuenta lo anterior, la Subsección A
79 Raúl Zapata Aguirre narró que, por relato de otro uniformado, supo que el señor Santiago Camelo había
tocado la puerta de la habitación (folio 37 del expediente administrativo Nro. 1); Julián Andrés Rico relató que
después de golpear insistentemente les abrieron la puerta (folios 42-43 del expediente administrativo Nro. 1);
Santiago Camelo Ortiz ratificó que fue el patrullero García quien le abrió después de llamar a la puerta de
manera reiterada (folio 54 del expediente administrativo Nro. 1).
80 Ley 2080 de 2021. «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».
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considera que, en el presente caso, observando los argumentos esbozados por la
parte recurrente en sus distintas intervenciones, no se presenta el referido supuesto;
por el contrario, manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, de manera que no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el catorce (14) de septiembre de dos
mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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