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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00409-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00409-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso promovido por el señor Ramiro Zambrano Cárdenas contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas de la segunda instancia. Tercero. Reconocer personería adjetiva al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa como representante de la UGPP, conforme al poder que obra en el índice 17 del expediente digital. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-00409-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de octubre de 2023

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-00409-01 (1284-2022)
Demandante: Ramiro Zambrano Cárdenas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Reajuste con base en el IPC de la primera mesada pensional
reconocida con el tope máximo legal. CONFIRMA.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en la que negó las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Ramiro Zambrano Cárdenas instauró demanda contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 01379 del 15 de enero de 2013 y
RDP 014309 del 22 de marzo de ese año, proferidas por la UGPP, respecto de la
negación de la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez.

A título de restablecimiento del derecho, que se ordene reliquidar esa pensión con base
en la cuantía reconocida en la Resolución UGM 018282 del 24 de noviembre de 2011
emitida por el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) cuya suma

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-00409-01 (1284-2022)

mensual es de $11.703.359 a partir del 22 de enero de 2003, reajustada anualmente
con el tope de veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, efectiva desde
el 22 de marzo de 2004 y conforme lo ordenó el Consejo de Estado en fallo del 11 de
marzo de 2010. Asimismo, que la diferencia se pague con inicio en el 1 de enero de
2004, con los reajustes decretados cada año por el Gobierno, con la mesada adicional
de diciembre, debidamente indexada, y que se abonen las costas del proceso.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 12 de junio de 1936 y prestó sus servicios durante más de veinte años en
la administración pública, siendo su último cargo el de embajador extraordinario y
plenipotenciario ante el Gobierno de la República de Irán.

Que Cajanal le reconoció una pensión de vejez por medio de la Resolución 10370 del
5 de junio de 2003, en cuantía de $2.894.332, efectiva a partir del 1 de agosto de 2002
y condicionada al retiro definitivo del servicio oficial.

Que en cumplimiento de una sentencia de tutela Cajanal reliquidó la pensión y su
mesada quedó en $6.099.087 desde el 1 de agosto de 2003. Esa decisión fue
impugnada y confirmada mediante la Resolución 10214 del 18 de noviembre de 2004.

Que el demandante volvió a pedir la reliquidación de su pensión con la inclusión de
nuevos factores salariales, y Cajanal negó esa solicitud por medio de la Resolución
36146 del 2 de noviembre de 2005. Por ello presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho la cual fue resuelta en segunda instancia por el Consejo
de Estado, que a través de sentencia del 11 de marzo de 2010 ordenó reliquidar la
prestación con el promedio de lo devengado durante el último año de servicio en la
planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores y limitando la mesada al tope de
los veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Que Cajanal en liquidación dio cumplimiento al fallo del Consejo de Estado con la
expedición de la Resolución UGM 018282 del 24 de noviembre de 2011 y la pensión
del demandante quedó en $11.703.359 con efectos fiscales a partir del 22 de marzo de
2003, y teniendo en cuenta el tope de veinticinco salarios mínimos para este último año,
su primera mesada se determinó en la suma de $8.300.000.

Que el señor Zambrano Cárdenas no estuvo de acuerdo con lo que le fue pagado como
retroactivo desde el 2004 y por ello le pidió a la UGPP que reliquidara su pensión de
conformidad con lo ordenado por el Consejo de Estado. Esa petición fue negada a
través de la Resolución RDP 001379 del 15 de enero de 2013 y confirmada mediante
la Resolución RDP 014309 del 22 de marzo de ese año.

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-00409-01 (1284-2022)

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 25 de febrero de 20141 y notificada a la UGPP2, quien se
opuso a las pretensiones indicando que no es posible ajustar la pensión para que
coincida con el tope de veinticinco salarios mínimos mensuales cada año, toda vez que
la actualización de las mesadas se realiza conforme con lo previsto en el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993, que establece que las pensiones superiores al salario mínimo se
reajustan anualmente según la variación mensual del índice de precios al consumidor
(IPC)3.

Se celebró la audiencia inicial el 16 de mayo de 20184, en la cual se fijó el litigio, se
incorporaron como medios probatorios los documentos aportados por las partes y se
corrió traslado para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 10 de septiembre de 2020, negó las pretensiones, estimando
que no hay lugar a reajustar la pensión de vejez del demandante para que llegue al
tope máximo de veinticinco salarios mínimos legales mensuales cada año, toda vez que
la Corte Constitucional, en la sentencia C258 de 2013, declaró inexequibles algunas
expresiones del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 que establecían la actualización anual
de las pensiones de quienes se desempeñaron en altos cargos del Estado con base en
el aumento del salario mínimo, bajo la consideración de que ello vulneraba el principio
de igualdad frente una gran parte de la población a quienes para tales efectos se les
aplicaba el IPC.

Que así, en los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y con el
tope establecido en el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, la pensión del señor Zambrano
Cárdenas debió reajustarse anualmente desde su primera mesada con el IPC, tal y
como lo determinaron los actos administrativos acusados.

RECURSO DE APELACIÓN6

El demandante apeló la sentencia indicando que, si bien su primera mesada fue de
$8.300.000, suma que equivalía a veinticinco salarios mínimos en el año de 2003, el

1 Folios 45 a 46 del c. ppal.
2 Folio 49 del c. ppal.
3 Folios 77 a 85 del c. ppal.
4 Folios 104 a 105 del c. ppal.
5 Folios 156 a 163 del c. ppal.
6 Folios 168 a 169 del c. ppal.

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-00409-01 (1284-2022)

valor inicial y real de la pensión a la que tiene derecho fue de $11.703.359. A partir de
esto, en virtud de los principios de buena fe y favorabilidad, los reajustes del IPC se
debieron aplicar anualmente frente a este último monto, y de la cifra resultante hubo de
fijarse la prestación con el tope máximo correspondiente cada año.

Que de ese modo, se tiene que, en el año 2004, de acuerdo con la Circular 01 del
Ministerio de la Protección Social, la pensión se debió reajustar en 6.49%, lo que
arrojaba una mesada de $12.462.907, y como el salario mínimo para ese año fue de
$358.000, el límite de los veinticinco salarios mínimos quedó en $8.950.000 y no en
$8.838.670, como lo estableció la entidad demandada, que aplicó el aludido porcentaje
a la mesada inicial de $8.300.000. Lo mismo cabe decir para el 2005, en el que el ajuste
de las pensiones fue del 5.5%, que sobre los $12.462.907 de la mesada de la anualidad
anterior daba como resultado la suma de $13.148.367, y dado que el salario mínimo de
ese año fue de $381.500, el tope era de $9.537.500 y no de $9.324.796, como fue
pagada.

Que esto concuerda con lo ordenado por el Consejo de Estado en la sentencia proferida
en su favor el 11 de marzo de 2010 y con la Resolución UGM 018282 del 24 de
noviembre de 2011, en la que se precisó que la pensión reconocida se ajustará según
las reglas relativas al valor mínimo y máximo de la pensión que estaban vigentes en la
fecha de su efectividad.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto del 31 de marzo de 2022 se admitió la apelación y por no haber pruebas
que decretar no se hizo necesario correr traslado para alegar7, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 2021.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá establecer si se debe revocar la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, porque según el
recurso, el actor tiene derecho a que su pensión se reajuste anualmente aplicando el
IPC al monto original que le fue reconocido para que, con fundamento en este, se ciña
al tope máximo de veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes cada año.

Marco normativo y jurisprudencial

La versión original del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 preveía lo siguiente:

7 Índice 4 del expediente digital.

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-00409-01 (1284-2022)

«Artículo 17. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y
sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas y éstas no
podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año,
y por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje
en que se reajuste el salario mínimo legal […]».

Dicha disposición, que por virtud de diferentes normas se hizo aplicable a otros altos
funcionarios del Estado8, fue demandada ante la Corte Constitucional, quien, mediante
la sentencia C258 de 2013, declaró inexequible la expresión «Y se aumentarán en el
mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal», en el entendido de que
violaba el principio de igualdad, pues implicaba la transferencia excesiva de subsidios
públicos a personas que no los necesitaban por encontrarse en condiciones socio-
económicas privilegiadas, y además imponía un sacrificio desproporcionado de los
principios y finalidades de la seguridad social.

En ese sentido, siguiendo los lineamientos de la sentencia C387 de 1994, esa
Corporación señaló que «el trato diferenciado favorable de ajuste de las mesadas
según el salario mínimo sólo es admisible si se dirige a la protección de las clases
menos favorecidas. Por el contrario, si no se presenta esta justificación constitucional,
el aumento debe sujetarse a lo consagrado en las normas generales, es decir, el IPC,
pues no existen derechos adquiridos a una determinada forma de ajuste pensional».

De ese modo, esta Subsección, en un caso reciente y similar a este, en el que el
demandante consideraba que su pensión se debía reajustar anualmente para coincidir
con el límite máximo de veinticinco salarios mínimos que le fue reconocido en la primera
mesada, y la cual se había liquidado con base en la Ley 33 de 1985, precisó que, con
independencia del régimen pensional, sin perjuicio de las pensiones equivalentes a un
salario mínimo, las mesadas se deben actualizar cada año a partir del IPC, tal y como
lo prevé el artículo 14 de la Ley 100 de 19939, toda vez que el objetivo de esta medida
consiste en evitar la pérdida del poder adquisitivo del dinero10.

Aquí se reitera lo precedente, entendiendo que, por virtud del principio del efecto útil de
las normas, según el cual debe preferirse la interpretación que le dé consecuencias

8 «[L]os Magistrados de Altas Cortes (Art. 28 Decreto 104 de 1994) y ciertos funcionarios de la rama judicial y del

Ministerio Público y de órganos de control, como el Procurador General de la Nación (Decreto 65 de 1998 Art. 25),
el Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Contralor General, el Defensor del Pueblo,
Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado (Art. 25 del decreto 682 del 10 de abril de 2002)»:
Sentencia C258 de 2013 de la Corte Constitucional.
9 «Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución

o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la variación porcentual
del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada
vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno […]».
10 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14

de septiembre de 2023, rad. 25000 23 42 000 2016 02831 01 (1314-2022).

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-00409-01 (1284-2022)

jurídicas o efectividad a estas11, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
100 a las pensiones que una vez liquidadas deben ser reducidas al tope máximo legal
implica que el reajuste anual con el IPC se realiza respecto de la primera mesada
recibida y no frente al monto original calculado sin el límite, ya que, si la actualización
se hace sobre esta última suma para después disminuirla al margen de veinticinco
salarios mínimos, ello conllevaría un aumento real de la pensión a partir de lo que
incremente el salario mínimo y no una indexación con el IPC como lo manda la ley y lo
ha señalado la jurisprudencia.

En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
lineamientos.

Resolución del caso concreto

Tal y como se indicó en los hechos de la demanda, mediante sentencia emitida el 11
de marzo de 2010 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado12,
se determinó que la pensión del señor Ramiro Zambrano Cárdenas debía liquidarse
con base en la Ley 33 de 1985 y con todos los factores devengados durante su último
año de servicio en el cargo de embajador, no obstante que esta había de sujetarse al
tope máximo de veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes que
estableció la Ley 797 de 2003.

A partir de ello, Cajanal en liquidación profirió la Resolución UGM 018282 del 24 de
noviembre de 2011, por la cual le dio cumplimiento a la sentencia del Consejo de
Estado13. En esta se definió que la mesada liquidada con todos los factores devengados
durante el último año de servicio quedaría inicialmente en $11.703.359, y aplicando el
tope de veinticinco salarios mínimos para el año 2003, cuando se hizo efectivo el primer
reconocimiento pensional al señor Zambrano Cárdenas, sería de $8.300.000.

Así las cosas, teniendo en cuenta que lo que alega el demandante es que el reajuste
anual con el IPC opera respecto del monto original de su pensión sin la aplicación del
tope máximo, y que la suma resultante es la que se debe reducir al valor equivalente a
veinticinco salarios mínimos, la Sala considera que ello no es procedente, por cuanto
tal posibilidad acarrearía el desconocimiento de la declaración de inexequibilidad
contenida en la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional y de lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 sobre el reajuste de las pensiones superiores a
un salario mínimo con fundamento en el IPC, que como lo precisó esta Subsección, es
un precepto aplicable a cualquier régimen pensional, incluido el de la Ley 33 de 1985,
que fue el que se le aplicó al demandante.

11 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de

2002, rad. 76001-23-31-000-2001-3904-01(ACU-1235).
12 Rad. 25000-23-25-000-2005-03120-01. Folios 13 a 30 del c. ppal.
13 Folios 8 a 11 del c. ppal.

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-00409-01 (1284-2022)

Finalmente, se aclara que lo considerado aquí no desconoce lo ordenado por el
Consejo de Estado en la sentencia proferida en favor del demandante el 11 de marzo
de 2010 y a la cual se dio cumplimiento con la Resolución UGM 018282 del 24 de
noviembre de 2011, en la que se dispuso que la pensión se ajustará según las reglas
relativas al valor mínimo y máximo de la pensión que estaban vigentes en la fecha de
su efectividad, pues ese ajuste al tope permitido comprende solo la primera mesada y
a partir de esta la actualización anual es con el IPC, tal y como ha ocurrido en este
caso.

Por lo tanto, en este asunto no cabe más que confirmar la sentencia apelada.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la
luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el
proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme
a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 25000-23-42-000-2014-00409-01 (1284-2022)

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el diez (10) de septiembre de dos mil veinte
(2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, en el proceso promovido por el señor Ramiro Zambrano Cárdenas contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Sin condena en costas de la segunda instancia.

Tercero. Reconocer personería adjetiva al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa como
representante de la UGPP, conforme al poder que obra en el índice 17 del expediente
digital.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Los consejeros,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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