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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00452-03

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00452-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR INTEGRALMENTE la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución, de conformidad con las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. RECONOCER PERSONERÍA a la firma González Mebarak y Consultores Jurídicos S.A.S., identificada con el NIT 900.678.471-0, representada legalmente por Alberto Elías González Mebarak, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 13.745.458 y tarjeta profesional Nº. 149.736 del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa en representación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), según las constancias visibles en el aplicativo Samai41. CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-00452-03

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2014-00452-03 (2323-2025)1
Demandante: Luz Dary Grisales Giraldo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Medio de control: Ejecutivo
Tema: Reconocimiento de intereses moratorios
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
contra la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025), proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda ejecutiva.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda
ejecutiva, en orden a que se librara mandamiento de pago a su favor, y en contra
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por la suma de $256.300.726, por
concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, el once (11)
de diciembre de dos mil dos mil ocho (2008), debidamente ejecutoriada el cinco (5)
de febrero de dos mil nueve (2009), hasta cuando se verifique el pago total de la

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Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
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Número Interno: 2323-2025
Demandante: Luz Dary Grisales Giraldo
Demandada: Unidad Administrativa Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CCA.

2. En línea con lo anterior, la parte ejecutante solicitó se ordene indexar las sumas
resultantes hasta que se verifique el pago total de la obligación insatisfecha y,
además, se condene en costas y agencias en derecho a la entidad ejecutada.

1.2. Los hechos3.

3. Narró que la demandante, en calidad de compañera supérstite del señor Óscar
Hermógenes Franco, reunió los requisitos para la sustitución de la pensión que, en
su momento, le fue a reconocida al causante, pese a que dicho reconocimiento le
fue negado ante la extinta CAJANAL. Por tal motivo, inició un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

4. Mediante la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil ocho (2008), el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
accedió a las pretensiones de la demanda y, en tal sentido, ordenó a la extinta Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E. reconocer y pagar a favor de la
señora Luz Dary Grisales Giraldo, en calidad de compañera permanente del señor
Óscar Hermógenes Franco, la sustitución de la pensión reconocida al causante. En
la providencia en cita, que quedó ejecutoriada el cuatro (4) de febrero de dos mil
nueve (2009), se ordenó a la entonces demandada dar cumplimiento a la sentencia
en los términos establecidos en los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

5. Expuso que, a través de la Resolución Nº. PAP 003736 del doce (12) de abril de
dos mil diez (2010), ordenó dar cumplimiento al fallo judicial antes referido, en el
sentido de reconocer y pagar a favor de la señora Grisales Giraldo la sustitución
pensional, efectuando las operaciones correspondientes para liquidar las mesadas.
Agregó que, en febrero de dos mil once (2011), CAJANAL reportó ante el Fondo de
Pensiones Públicas del nivel nacional – FOPEP, la novedad de inclusión en nómina,
pagando a favor de la ahora ejecutante la suma de $261.208.935, por concepto de
las “mesadas atrasadas”, sin que le fuera sufragado el valor de los intereses moratorios.

6. Manifestó que, comoquiera que en virtud del Decreto 2196 del doce (12) de junio

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Demandada: Unidad Administrativa Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

de dos mil nueve (2009), se ordenó la supresión y liquidación de CAJANAL, estando
dentro del término, radicó la reclamación el dieciocho (18) de septiembre de dicha
anualidad, a efectos de hacerse parte del proceso liquidatorio de la entidad.

7. Por medio de la Resolución Nº. 893 del veintiséis (26) de julio de dos mil once
(2011), CAJANAL decidió sobre la aceptación o rechazo de algunas reclamaciones
relacionadas con el pago de los intereses moratorios, desestimando la solicitud de
la señora Grisales Giraldo. Contra la negativa anterior, la parte actora interpuso
recurso de reposición el diez (10) de agosto. Añadió que, con posterioridad,
mediante la Resolución Nº. 3114 del siete (7) de marzo de dos mil trece (2013),
CAJANAL nuevamente rechazó la solicitud de reconocimiento y pago de los
intereses moratorios derivados del fallo judicial antes mencionado.

8. Señaló que, las competencias en materia pensional asignadas a la liquidada
CAJANAL, fueron trasladadas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de
conformidad con lo establecido en los Decretos Nº. 4107 y 4269 de noviembre de
dos mil once (2011), por lo que, a su juicio, es esta última entidad la obligada a
responder por el pago de los intereses moratorios ordenados judicialmente.

9. Reiteró que se hizo parte dentro del proceso liquidatorio de CAJANAL, desde el
dieciocho (18) de septiembre de dos mil nueve (2009), a efectos de solicitar el pago
de las acreencias, y que, en tal virtud, se suspendió la caducidad de la acción
ejecutiva. Por último, hizo hincapié en lo que se pretende en el presente asunto “es
el pago de unas acreencias ordenadas mediante sentencia judicial (…) como son los intereses
moratorios de que trata el inciso 5º del artículo 177 del CCA, de un proceso contencioso laboral, los
cuales se encuentran debidamente reconocidos tanto en dicha sentencia, como en el acto
administrativo por medio del cual CAJANAL ya liquidada dio cumplimiento a la orden judicial ”.

1.3. Mandamiento ejecutivo4.

10. Mediante proveído del veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014), el
despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, negó librar mandamiento de pago, al advertir que la copia

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de la sentencia allegada no contenía los requisitos de forma exigidos, con sujeción
a los presupuestos previstos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

11. El cinco (5) de mayo de dos mil catorce (2014), el apoderado de la ejecutante
interpuso recurso de apelación contra la decisión de rechazo antes referenciada5. A
través del auto del ocho (8) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el despacho
ponente de la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, revocó el
auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia,
se devolvió el expediente al Tribunal de origen para continuar con el trámite6.

12. Mediante auto del veintisiete (27) de febrero de dos mil dieciocho (2018)7, el
despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró
mandamiento de pago parcial en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), y
a favor de la señora Luz Dary Grisales Giraldo, por la suma de $138.500.487, por
concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia base de ejecución,
causados desde el cinco (5) de febrero de dos mil nueve (2009), día siguiente de la
ejecutoria de la providencia judicial, hasta el veintiocho (28) de febrero (sic) de dos
mil once (2011), fecha correspondiente al pago de la obligación. En consecuencia,
negó el mandamiento de pago por los demás conceptos deprecados por la actora.

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13. El cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018)8, la parte ejecutante interpuso
recurso de apelación contra el proveído que libró mandamiento de pago. En dicha
oportunidad, se sostuvo que, para liquidar en debida forma el crédito de la entidad,
debía tenerse en cuenta lo siguiente: (i) el capital base para liquidar los intereses
moratorios del artículo 177 del CCA, lo comprende la suma de $261.208.935, que
corresponde al valor sufragado por la accionada, por concepto de mesadas debidas;
(ii) los intereses moratorios se liquidan con base en la tasa comercial certificada por
la Superintendencia Financiera, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia (4 de
febrero), hasta la fecha en que se realizó el pago parcial de la obligación (25 de
febrero de 2011), lo que generaba por concepto de intereses moratorios la suma de
$137.990.803; (iii) en tal sentido, el crédito ascendió a la suma de $399.199.738,
que restado lo pagado por la entidad, dejaba un nuevo capital por $137.990.803, “ al
cual se le debe liquidar los intereses moratorios desde esa fecha hasta cuando se practique la
liquidación del crédito, dando aplicación a la imputación de pagos prevista en el artículo 1653 del
Código Civil”. En consecuencia, precisó que la obligación reclamada, a la fecha de

presentación de la demanda, correspondía a la suma de $256.300.726.

14. Posteriormente, mediante auto del veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro
(2024), el despacho ponente del Consejo de Estado confirmó el auto apelado, de
fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil dieciocho (2018), oportunidad en la cual

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sostuvo que, el análisis efectuado por el Tribunal de instancia resultaba razonable,
habida cuenta que, como la entidad pagó la totalidad del capital, sólo había lugar a
librar mandamiento de pago respecto de los intereses de los que trata el artículo
177 del CCA, “y no cabría imputar el pago primero a los intereses y luego a capital, como lo quiere
hacer ver el accionante al argumentar que la norma que debió aplicarse era la correspondiente al
artículo 1653 del Código Civil”. En adición, advirtió que la decisión definitiva sobre lo

debido por la entidad, y la cuantía del respectivo crédito, era propia de la providencia
que, en su momento, ordenara o no seguir adelante con la ejecución.

1.4. Contestación de la demanda ejecutiva9.

15. A través del memorial de fecha primero (1º) de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024), el apoderado de la entidad ejecutada se opuso a las pretensiones de la
demanda ejecutiva. En lo que toca a las pretensiones de la demanda, manifestó que
los intereses se generan únicamente por el pago tardío de las condenas judiciales
y sólo respecto de las cantidades líquidas causadas hasta la fecha de la sentencia,
por lo que, en su criterio, esa fecha “marca el límite de conformación del capital sobre el cual
se calculan los intereses moratorios”. Al respecto, afirmó que no es dable que el capital

contenga mesadas que se causaron con posterioridad a la ejecutoria, o que dicho
capital se incremente con los intereses “que va devengando mes a mes”. Sostuvo,
además, que la actualización de los intereses moratorios no es procedente,
comoquiera que, el componente sancionatorio del interés de mora lleva implícita la
actualización del capital y, de reconocerse, se generaría “una doble consecuencia”.

16. Frente a la indexación de los intereses moratorios que pretende la parte
ejecutante, puntualizó que dicho pedimento no tiene vocación de prosperidad,
considerando que las sumas reconocidas se encuentran actualizadas “y debidamente
canceladas con el pago del capital”, descartando la posibilidad de una nueva
actualización, puesto que, en su criterio, con ella se incurriría en anatocismo.

17. Propuso como excepciones las de: (i) pago; (ii) improcedencia de la condena
en costas; (iii) prescripción; (iv) y las que encontrare probadas el operador judicial.
Con respecto al pago de la obligación reclamada, indicó que, de conformidad con la
información reportada por el Fondo de Pensiones Públicas – FOPEP, se pudo

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evidenciar que los valores pretendidos por la accionante fueron efectivamente
pagados, circunstancia que quedó consignada en los archivos de la entidad, así:

1.5. La sentencia de primera instancia10.

18. Mediante sentencia del tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025), el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, resolvió:

“PRIMERO. Rechazar por improcedente la excepción de “improcedencia condena (sic) en
costas a la UGPP, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO. Declarar no probadas las excepciones de caducidad, prescripción y pago
propuestas por la parte ejecutada, por lo antes expuesto.

TERCERO. Seguir adelante con la ejecución propuesta por la señora Luz Dary Grisales
Giraldo, identificada con la cédula de ciudadanía Nº. 24.932.593, en contra de la UGPP, por
la suma de $121.040.955,07, por concepto de intereses moratorios causados desde el 5 de
febrero de 2009 (día siguiente a la ejecutoria de la sentencia) hasta el 24 de febrero de 2011
(día anterior al pago según la ejecutante).

CUARTO. En los términos expuestos por el artículo 446 del C.G. del P., cualquiera de las
partes podrá presentar liquidación del crédito, de acuerdo con lo dispuesto en la presente
providencia, adjuntando los documentos que la sustenten si fueren necesarios.

QUINTO. Sin condena en costas, por lo antes expuesto (…)”.

19. En el análisis del caso concreto, el A-quo puso de presente que el título ejecutivo
complejo estaba conformado por la copia de la providencia proferida el once (11) de
diciembre de dos mil ocho (2008) por ese mismo Tribunal, y la Resolución PAP Nº.

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003736 del doce (12) de abril de dos mil diez (2010), por medio de la cual la entidad
ejecutada ordenó dar cumplimiento al fallo judicial mencionado ut supra.

20. En lo atinente a la caducidad de la acción ejecutiva, la Sala explicó que la
sentencia base de ejecución quedó ejecutoriada el cuatro (4) de febrero de dos mil
nueve (2009), por lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 177 del CCA, la
providencia se hizo exigible el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), es decir,
dieciocho (18) meses después de la ejecutoria. Así, teniendo en cuenta que la
demanda ejecutiva se radicó el once (11) de febrero de dos mil catorce (2014), no
transcurrió el término de caducidad de cinco (5) años previsto en la norma, razón
por la cual concluyó que la demanda se presentó dentro de la oportunidad legal.

21. Frente a la excepción de pago, el Tribunal reiteró que la sentencia base de
recaudo quedó ejecutoriada el cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009) y que,
mediante la Resolución PAP Nº. 003736 del doce (12) de abril de dos mil diez
(2010), la entidad procedió a dar cumplimiento a lo ordenado judicialmente. En esa
línea, estimó procedente reconocer los intereses moratorios conforme a lo estatuido
en el artículo 177 del CCA, por tratarse de la norma vigente al momento de proferirse
el fallo, disposición que, en punto a la efectividad de las condenas contra entidades
públicas, establece, en el inciso sexto ibídem, que: “(…) cumplidos seis (6) meses desde
la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una
conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla
efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses
de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma ”.

22. En el sub-lite, la Sala logró constatar que la parte ejecutante radicó la solicitud
de cumplimiento el tres (3) de marzo de dos mil nueve (2009), es decir, dentro del
término de ley, comoquiera que la providencia base de recaudo quedó ejecutoriada
el cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009). En tal virtud, consideró que eran
aplicables las previsiones sobre causación de intereses, los cuales, según adujo, se
causaron desde el cinco (5) de febrero de dos mil nueve (2009), día siguiente a la
ejecutoria de la sentencia, hasta el veinticuatro (24) de febrero de dos mil once
(2011), día anterior al pago efectivo de la obligación, según la ejecutante. Con base
en ello, precisó que a la actora se le adeuda la suma de $121.040.955 por concepto
de intereses de mora, resultado que sustentó en la siguiente liquidación:

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23. La Sala recordó que, aunque en los alegatos de conclusión la parte ejecutante
reiteró la solicitud encaminada a ordenar la indexación de los intereses moratorios,
dicho pedimento devenía improcedente, en la medida en que, la sentencia base de
recaudo dispuso la indexación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en los
términos del artículo 178 del CCA, y que la fecha hasta la cual procedía la referida
indexación era el mes de la ejecutoria de la sentencia, “por lo que si bien es cierto se trata
de períodos diferentes, también lo es que en el título base de ejecución no se ordenó que los
intereses moratorios generaran a su vez indexación por el pago tardío de los mismos, asimismo la
ley tampoco contempla dicha indexación, razón por la cual no es procedente seguir adelante con la
ejecución por conceptos que no se encuentran autorizados en la ley ni ordenados en el título
ejecutivo”. Asimismo, advirtió, con base en jurisprudencia de esta Corporación, que

no es viable indexar los intereses moratorios, toda vez que aquellos ya tienen un
componente inflacionario que los hace incompatibles con la indexación.

24. En punto a la excepción de prescripción propuesta por la ejecutada, el A-quo
anotó que dicho medio exceptivo no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que
los argumentos esgrimidos por la entidad se orientan a reivindicar el término
prescriptivo frente al derecho que, en su momento, se discutió en el proceso de

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nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la demandante.

1.6. El recurso de apelación11.

25. Mediante memorial del veinticinco (25) de junio de dos mil veinticinco (2025), el
apoderado de la entidad solicitó revocar integralmente la sentencia apelada. Para
ello, esgrimió un primer reparo, encaminado a advertir la improcedencia de los
intereses moratorios y la indexación adicional. Sobre el particular, resaltó que el
reconocimiento simultáneo de intereses moratorios y su actualización monetaria
constituye una vulneración a la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado,
teniendo en cuenta que ambas pretensiones representan una doble indemnización
que carece de fundamento jurídico. En esa línea, sostuvo: “por consiguiente, la decisión
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al ordenar la indexación adicional sobre sumas ya
reconocidas a título de intereses moratorios configura un evidente desconocimiento de los
precedentes jurisprudenciales vigentes. Esta circunstancia justifica plenamente la revocatoria de la
sentencia recurrida en este específico aspecto, negando la pretensión adicional por indexación por
encontrarse ya subsumida dentro del reconocimiento de intereses moratorios ”.

26. El segundo reparo se orienta a asegurar que existió un cumplimiento efectivo y
oportuno de la obligación reclamada. Para el efecto, aseveró que, mediante la
Resolución PAP Nº. 003736 del doce (12) de abril de dos mil diez (2010), la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) dio cumplimiento a la orden judicial emanada del Tribunal,
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó.
Agregó que la entidad en cita ejecutó satisfactoriamente el pago, a través del cupón
133800, emitido en febrero de dos mil once (2011) por el Consorcio FOPEP. Bajo
este contexto, adujo que “la pretensión adicional formulada en la demanda resulta
manifiestamente improcedente y carente de fundamento jurídico válido”, puesto que, con

sujeción a lo preceptuado por el artículo 1626 del Código Civil, el pago es uno de
los medios extintivos de las obligaciones, como a su juicio se acreditó en el caso.

27. Aunado a lo anterior, expuso, como tercer motivo de censura, la improcedencia
de la condena en costas. Afirmó que la imposición de costas declaradas por el
Tribunal “desconoce abiertamente la doctrina jurisprudencial del Consejo de Estado que establece
claramente que la condena en costas solo procede en aquellos casos en que se evidencie una

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Índice 00002 del Samai, 6ED_EXPEDIENTE_RV_PROCESO2014004521(.zip) NroActua 2, 2014-00452 PARTE 1, p. 265.

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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

conducta temeraria o la existencia de mala fe procesal por parte de la entidad pública demandada ”.

28. Por último, alegó la excepción de prescripción en el proceso ejecutivo. Puso de
presente que, si bien la acción ejecutiva fue presentada dentro del término de cinco
(5) años desde la ejecutoria del fallo, las mesadas pensionales y retroactivos
causados con anterioridad a los tres (3) años previos a la presentación de la
demanda “están sujetos a prescripción parcial, según lo dispone el artículo 488 del CST ”.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia12.

29. Mediante el auto del quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), el
despacho ponente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
modificado en lo pertinente por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el fallo de primera
instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para
fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público, ni de los demás sujetos procesales.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

30. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 13 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Cuestión previa.

31. El artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,

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Índice 00004 del Samai.
13
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

dispone lo relativo al recurso de apelación contra sentencias. Al respecto, el numeral
1º señala que, “el recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la
providencia”, mientras que, el numeral 3º ibidem establece que, “ si el recurso fue
sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el
que se dispondrá remitir el expediente al superior; recibido el expediente por el superior, este decidirá
sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos ”. En armonía con lo expuesto, el

artículo 320 del Código General del Proceso prevé que, el recurso de apelación
tiene como objeto “que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión ”.

32. Debe precisarse que, con sujeción al principio de congruencia, la competencia
del juez de segunda instancia se encuentra limitada por los aspectos planteados en
el recurso de apelación, los cuales deben guardar coherencia con lo alegado en la
demanda y su contestación, con el fin de salvaguardar el derecho de defensa y
contradicción de las partes. Sobre el particular, esta Sección14 ha sostenido que, de
acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, “resulta necesario no solo que el
recurrente sustente la decisión, sino que lo haga de la forma adecuada, indicando en concreto los
motivos de inconformidad respecto del fallo del A-quo, los cuales determinarán el objeto de análisis
del Ad-quem y su competencia frente al caso”.

33. Dicha exigencia presupone un grado de congruencia entre el fallo recurrido y la
fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual se estaría desconociendo
el debate jurídico y probatorio que fundamentó la decisión del juez de primer grado,
como también la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia. En ese sentido,
se ha argüido que, cuando los fundamentos de la apelación son extraños al debate
por no corresponder al caso juzgado por el fallador de instancia, se entiende como
una apelación fallida, en la medida en que la falta de congruencia entre la sentencia
recurrida y los motivos de inconformidad no permite resolver la apelación. En punto
a la sustentación del recurso, esta Sección15 ha dicho:

“(…) Frente al particular, esta Corporación ha expuesto lo siguiente acerca del principio de
congruencia: (...) de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, resulta necesario
no solo que el recurrente sustente la decisión, sino que lo haga de la forma adecuada,
indicando en concreto los motivos de inconformidad respecto del fallo del A-quo, los
cuales determinarán el objeto de análisis del Ad quem y su competencia frente al caso.
Lo anterior demanda un grado de congruencia entre el fallo recurrido y la fundamentación u

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia del 13 de febrero
de 2020, Rad. 25000-23-25-000-2011-00401-01(3598-16), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia del 13 de febrero
de 2020, Rad. 25000-23-25-000-2011-00401-01(3598-16), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo el debate jurídico y
probatorio que fundamentó la decisión del juez de primera instancia, como también la
finalidad y objeto mismo de la segunda instancia". Ahora bien, cuando los fundamentos de
la apelación son extraños al debate por no corresponder al caso juzgado por el A quo,
se entiende como una apelación fallida, en cuanto que la falta de congruencia entre la
sentencia recurrida y los motivos de inconformidad no permite resolver la apelación;
así lo ha sostenido esta Corporación: "En conclusión, se observa que los argumentos
esgrimidos por el recurrente como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos
contra el fondo de la sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual
impide en el fondo desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es
imposible confrontar la sentencia con una apelación de la misma que no lo es” (Negrilla
y subrayado fuera del texto original).

34. En el presente asunto, la entidad planteó cuatro (4) motivos de inconformidad
en el recurso de alzada, algunos de los cuales no se erigen como reparos concretos
frente al contenido del fallo apelado, ni contienen una exposición clara y razonada
de la censura, que además tenga estrecha relación con los supuestos fácticos y
jurídicos de la decisión de instancia. En otros términos, se incluyeron puntos que no
guardan coherencia con lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

35. En primer lugar, la entidad apelante consideró que el Tribunal incurrió en un
yerro al ordenar la indexación sobre los intereses moratorios causados. No
obstante, esta Sala evidencia que, en el fallo impugnado, el A-quo dispuso
justamente lo contrario, al negar la solicitud de la parte ejecutante encaminada a
que se indexaran los intereses moratorios. Al respecto, en la decisión objeto de
apelación, el juez de primera instancia precisó que dicha pretensión resultaba
improcedente, comoquiera que, la sentencia base de recaudo dispuso la indexación
con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en los términos del artículo 178 del
CCA, y que la fecha hasta la cual procedía la referida indexación era aquella de la
ejecutoria de la sentencia, “(…) por lo que si bien es cierto se trata de períodos diferentes,
también lo es que en el título base de ejecución no se ordenó que los intereses moratorios generaran
a su vez indexación por el pago tardío de los mismos, asimismo la ley tampoco contempla dicha
indexación, razón por la cual no es procedente seguir adelante con la ejecución por conceptos que
no se encuentran autorizados en la ley ni ordenados en el título ejecutivo ”.

36. Esta conclusión se acompasa con la liquidación de intereses que tuvo en cuenta
el operador para ordenar seguir adelante con la ejecución, en la cual se observa
que la base de liquidación permaneció constante durante el período de causación
de intereses, es decir, entre el cinco (5) de febrero de dos mil nueve (2009) y el
veinticuatro (24) de febrero de dos mil once (2011) y, en tal sentido, el capital no
aumentó incorporando los intereses causados, ni la tasa de interés aplicada fue

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objeto de actualización con base en algún índice, de modo que no se avizora la
aludida indexación de los intereses moratorios, como lo sostuvo la recurrente.

37. Por las razones anotadas, emerge con claridad meridiana que el primer reparo
esgrimido en el recurso de apelación, no se dirige a controvertir el fondo de la
sentencia de primera instancia, por lo que, la Sala deberá relevarse del análisis
frente a la alegada improcedencia de la indexación de los intereses moratorios.

38. Lo propio ocurre con el tercer motivo de inconformidad, relacionado con la
improcedencia de la condena en costas. Sobre el particular, en el recurso de
apelación, la entidad adujo que, al no encontrarse configurada ninguna de las
circunstancias que, conforme a la jurisprudencia reiterada, justifican la condena en
costas, “la decisión del Tribunal Administrativo resulta improcedente y carente de fundamento
jurídico”. Empero, al revisar el contenido de la sentencia apelada, se lee, en el punto

cinco de la parte motiva, relativo a la condena en costas, que: “de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, mediante la cual se adicionó un inciso al artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, al no evidenciarse que la intervención de la entidad ejecutada fue
realizada con manifiesta carencia de fundamento legal, la Sala no condenará en costas”. Tales

consideraciones también se proyectaron en la parte resolutiva del fallo, de manera
que, en el ordinal quinto, se resolvió: “sin condena en costas, por lo antes expuesto”.

39. Siendo así las cosas, al no haberse condenado en costas en primera instancia,
el reparo expuesto por la entidad accionada no tiene vocación de ser analizado.
Como corolario de lo anterior, la Sala sólo estudiará aquellos reparos del recurso
que guardan relación con el debate planteado por el juez de primera instancia.

2.3. Problema jurídico.

40. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

(i) ¿Se configuró la excepción del pago total de la obligación alegada por la
entidad ejecutada, atendiendo a las sumas que fueron sufragadas a favor
de la parte ejecutante en febrero del año dos mil once (2011)?
(ii) ¿Se configuró el fenómeno prescriptivo frente a las mesadas causadas
con anterioridad a los tres (3) años previos a la presentación de la
demanda?

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2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Generalidades del proceso ejecutivo.

41. De acuerdo con la doctrina especializada, el proceso ejecutivo busca “asegurar
que el titular de una relación jurídica que crea obligaciones pueda obtener, por medio de la
intervención estatal, el cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su
cargo, si ello es posible, o si no, conduciéndolo a que indemnice los perjuicios patrimoniales que su
inobservancia ocasionó” 16 . El instrumento que sirve como base del recaudo en el

proceso ejecutivo se denomina título ejecutivo, que se define como el “documento que
representa una declaración de la voluntad del juez o de las partes, es aquél que trae aparejada la
ejecución, o sea, en virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del
deudor moroso, a fin de satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y costos”17.

42. Pues bien, el artículo 297 del CPACA establece que, constituyen título ejecutivo:
(i) las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias; (ii) las decisiones en firme proferidas en desarrollo de
los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades
públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y
exigible; (iii) los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con
el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de
liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo
de las partes intervinientes en tales actuaciones; y (iv) las copias auténticas de los
actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el
reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y
exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa.

43. A su vez, el artículo 422 del Código General del Proceso (así como el texto
original del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil), prevén que pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan
plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida

16
López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá: DUPRÉ Editores.
17
Carnelutti, Francesco. (1942). Instituciones del nuevo procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch.

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por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen
honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.

44. De la norma en cita se desprenden las características de la obligación, a saber,
que sea clara, expresa y exigible; que esté consignada en un documento; y,
finalmente, que además de los documentos que provengan del deudor -o del
causante, según el caso-, las sentencias de condena, o cualquier otra providencia
judicial con fuerza ejecutiva, revisten el carácter de títulos ejecutivos.

45. En cuanto a los atributos del título ejecutivo, se tiene que, la obligación es
expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una
presunción legal o una interpretación normativa; es clara, cuando sus elementos
aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o
sujetos de la obligación; y es exigible cuando no depende del cumplimiento de un
plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido18.

46. Asimismo, es dable sostener que, esta Sala de Subsección, en providencia del
treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)19 dispuso que, “cuando se pretende
el cumplimiento de una obligación a cargo del Estado, el título ejecutivo se constituye exclusivamente
en la sentencia, no solo porque el artículo 297 del CPACA no condicionó su integración con el acto
administrativo de cumplimiento, sino además porque no se cumplen con los requisitos para que
pueda ser catalogado como título complejo, pues no existe una relación inescindible entre estos para
determinar su claridad y exigibilidad”. En ese contexto, una vez se allegan los documentos

correspondientes, y antes de dar inicio al proceso ejecutivo, corresponde al juez
verificar si el título ejecutivo cumple con los requisitos legales, esto es, si contiene
una obligación clara, expresa y exigible.

2.4.2. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago

47. Sobre la carga probatoria en los procesos ejecutivos que versen sobre
obligaciones de pagar sumas de dinero, y en los cuales se formule la excepción de
pago, esta Subsección ha sostenido que, para que “el juez pueda dar por acreditado dicho
pago, el deudor debe aportar pruebas que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tanto del

18
Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminostrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 30 de mayo
de 2024, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Radicación: 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022)

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capital como de los intereses cuando exista retardo, no bastando con la expedición de los actos
administrativos que den cumplimiento a lo ordenado en los fallos judiciales 20.

48. En estos eventos, es la parte ejecutada la que tiene la carga de la prueba frente
al pago de la obligación, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 del CGP, 103
del CPACA y 1757 del Código Civil. Si no se demuestra el cumplimiento total de la
obligación, el juez deberá ordenar seguir adelante con la ejecución, en tanto el título
ejecutivo conserva su fuerza ejecutiva y el crédito permanece insatisfecho.

49. En lo atinente la orden de seguir adelante con la ejecución, esta Sala, en
providencia del Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017)21, precisó que:
“la orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título ejecutivo se ajusta por
completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe proceder a honrar la obligación insatisfecha.
En esta etapa, queda agotada la defensa del ejecutado y lo que queda por resolver, es únicamente
la satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí que las acciones que
debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la orden de seguir adelante con la ejecución,
estarán entonces encaminadas exclusivamente a obtener el pago a favor del acreedor y una vez ese
hecho se produzca, se deberá disponer la terminación del proceso ejecutivo ”.

50. En consonancia con lo expuesto, esta misma Sala de Subsección, en sentencia
del dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025) 22 , reafirmó que, la
naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título ejecutivo se ajuste
a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo del deudor, pues,
es en la etapa siguiente, esto es, la liquidación del crédito, que se determinará con
exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los abonos o pagos
efectuados. De igual manera, así lo explicó la Corte Constitucional23, al sostener
que: “en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que se ha
señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide en el fondo sobre la
existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo exigible; y (iii) también está
plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad monetaria en la que fue contraída dicha
obligación. Así las cosas, las operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del
monto a pagar en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se
establece a partir del tiempo trascurrido desde que la obligación se hizo exigible ”.

20
Así quedó expuesto, entre otras, en la sentencia de fecha 30 de mayo de 2024, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Auto del 18 de mayo de
2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de octubre
de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 68001-23-33-000-2018-00871-01 (2234-2024).
23
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-814 de 2009.

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2.5. Hechos probados.

51. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Mediante la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil ocho (2008)24, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
dentro de la nulidad y restablecimiento del derecho tramitada en el Exp. 00-3041,
declaró, por un lado, la nulidad parcial de la Resolución Nº. 6246 del dieciséis (16)
de agosto de mil novecientos ochenta y dos (1982), por medio de la cual se negó la
sustitución pensional a favor de la señora Luz Dary Grisales Giraldo, y, por el otro
lado, la nulidad total del Auto Nº. 101780 del nueve (9) de mayo de mil novecientos
noventa y siete (1997) y de la Resolución Nº. 0525 del catorce (14) de febrero de
dos mil (2000), mediante las cuales se resolvieron recursos en sede administrativa.

b) Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó reconocer y pagar a favor de la señora Grisales Giraldo, la
sustitución de la pensión de invalidez que le fue reconocida al señor Óscar
Hermógenes Franco, en calidad de compañera permanente del causante, con
efectividad a partir del primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y cuatro
(1994). Además, dispuso que, al total de valores que se debían pagar y no fueron
sufragados oportunamente, se ajustaría su valor de acuerdo con el artículo 178 del
Código Contencioso Administrativo – CCA. Aunado a ello, el Tribunal resolvió:

“(…) QUINTO. La Caja Nacional de Previsión Social dará cumplimiento a esta sentencia en
los términos previstos en el artículo 176 del CCA y reconocerá intereses en la forma prevista
en el artículo 177 ibidem, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998”.

c) De acuerdo con las constancias que reposan en el plenario, de fecha dieciocho
(18) de febrero de dos mil nueve (2009)25, la sentencia del once (11) de diciembre
de dos mil ocho (2008) fue notificada el veintiocho (28) de enero de dos mil nueve
(2009) y quedó ejecutoriada el cuatro (4) de febrero de la misma anualidad.

24
Índice 00002 del Samai, 6ED_EXPEDIENTE_RV_PROCESO2014004521(.zip) NroActua 2, 2014-00452 PARTE 1, p. 15.
25
Índice 00002 del Samai, 6ED_EXPEDIENTE_RV_PROCESO2014004521(.zip) NroActua 2, 2014-00452 PARTE 2, pág.
316.

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d) A través de la petición del tres (3) de marzo de dos mil nueve (2009)26, el entonces
apoderado de la señora Luz Dary Grisales Giraldo elevó una petición ante la Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E., encaminada a solicitar el
cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de fecha once (11) de diciembre de dos mil ocho (2008).

e) Más adelante, el once (11) de septiembre de dos mil nueve (2009)27, el apoderado
de la parte actora una nueva petición ante la Caja Nacional de Previsión Social –
CAJANAL E.I.C.E., en virtud de la cual pidió que se tuviera en cuenta la solicitud de
cumplimiento de la providencia judicial en comento, en el marco del proceso
liquidatorio de la entidad, con ocasión del Decreto 2169 de junio de ese año.

f) Posteriormente, mediante escrito petitorio del veinte (20) de octubre de dos mil
nueve (2009)28, la ahora ejecutante solicitó se le informara el estado de la solicitud
de cumplimiento de la sentencia proferida el once (11) de diciembre de dos mil ocho
(2008), así como las razones para no dar respuesta a la petición elevada desde el
tres (3) de marzo de dos mil nueve (2009), reiterada el once (11) de septiembre.

g) A través de la Resolución Nº. PAP 003736 del doce (12) de abril de dos mil diez
(2010) 29 , la extinta CAJANAL dispuso dar cumplimiento fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de fecha once (11) de diciembre de dos
mil ocho (2008) y, en consecuencia, reconocer y ordenar la sustitución pensional a
favor de la señora Luz Dary Grisales Giraldo, en calidad de compañera permanente
del causante, “en cuantía del 100% de lo que venía devengando el causante, efectiva a partir del
1º de abril de 1994, pero con efectos fiscales a partir de la fecha de exclusión en nómina de
pensionados de los hijos mayores del causante incapacitados por razón de estudios (…) quienes
venían percibiendo el 100% de la sustitución pensional conforme a la Resolución Nº. 6246 del
dieciséis (16) de agosto de 1982”. En el artículo segundo del acto administrativo en cita

se dejó consignada la orden de: “efectuar por el área de nómina las operaciones aritméticas
a que haya lugar, en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 177 y 178 del CCA, teniendo
especial cuidado en deducir las sumas canceladas por vía ejecutiva y/o administrativa (…)”.

26
Índices 00037-00040 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
27
Índices 00037-00040 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
28
Índices 00037-00040 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
29
Índice 00002 del Samai, 6ED_EXPEDIENTE_RV_PROCESO2014004521(.zip) NroActua 2, 2014-00452 PARTE 1.

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h) Mediante memorial del diez (10) de agosto de dos mil once (2011)30, la actora
interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº. 0893 del veintiséis (26) de
julio de dos mil once (2011), mediante la cual el liquidador de CAJANAL rechazó
algunas reclamaciones por acreencias debidas, entre otras, a la ejecutante. En hilo
con lo anterior, la señora Grisales Giraldo, a través de apoderado, interpuso recurso
de reposición el veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013)31, en contra de la
Resolución Nº. 3114 del siete (7) de marzo de dos mil trece (2013), por medio de la
cual el liquidador rechazó la solicitud de reconocimiento y pago de los intereses
moratorios derivados del cumplimiento tardío de la providencia judicial.

i) A través del Oficio del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), con el Rad.
Nº. 20135023458821, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) dio respuesta a la
petición promovida por la señora Grisales Giraldo, en virtud de la cual solicitó que
se expidiera copia de la liquidación que sirvió de base para la inclusión en nómina
de pensionados, derivado de la orden contenida en la Resolución Nº. PAP 003736
del doce (12) de abril de dos mil diez (2010). En dicho documento, se expuso que:
“una vez revisados los aplicativos de información y consulta de la UGPP, se evidencia que en la
nómina del mes de enero de 2011, se reportó la mesada pensional ordenada en la Resolución en
mención, quedando pendiente el valor del retroactivo, el cual reportado en la nómina del mes de
febrero de 2011”. Los pagos quedaron discriminados de la siguiente manera:

En relación con el pago de los intereses moratorios, se dijo: “es pertinente señalar que
la UGPP carece de competencia para el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que
trata el artículo 177 del CCA, ordenados mediante fallos judiciales debidamente ejecutoriados, en
donde CAJANAL en liquidación es la entidad condenada a dicho pago, razón por la cual, este tipo
de reclamaciones deben continuar siendo atendidas por el proceso liquidatorio de CAJANAL EICE,
mientras subsista la liquidación y luego deben ser asumidas con cargo al patrimonio autónomo que

30
Índice 00002 del Samai, 6ED_EXPEDIENTE_RV_PROCESO2014004521(.zip) NroActua 2, 2014-00452 PARTE 1, p. 52.
31
Índice 00002 del Samai, 6ED_EXPEDIENTE_RV_PROCESO2014004521(.zip) NroActua 2, 2014-00452 PARTE 1, p. 56.

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se constituya para tal fin o por parte de la entidad que asuma dichos pasivos. Lo anterior, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 25, parágrafo segundo, artículo 26 y artículo 35 del Decreto 254 de
2000”. Con la respuesta en cita, la entidad aportó el detalle de la liquidación.

j) Con la demanda ejecutiva, la accionante aportó la liquidación de los intereses
moratorios, en la cual se relacionaron las siguientes sumas: (i) desde la fecha de
ejecutoria de la sentencia, es decir, el cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009),
hasta la fecha de pago parcial (por el valor de $261.208-935), correspondiente al
veinticinco (25) de febrero de dos mil once (2011), se causaron 751 días de mora,
para un total de $137.990.803; y (ii) desde el veinticinco (25) de febrero de dos mil
once (2011), fecha en la que se reanudó la causación de intereses, hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013), fecha de presentación de la
demanda (sic), se generaron 1039 días de mora, los cuales suman $118.309.922,
para un total de intereses moratorios equivalente a $256.300.726.

2.6. Análisis del caso concreto.

52. En el asunto sub examine, se tiene que, a la señora Luz Dary Grisales Giraldo,
en calidad de compañera supérstite del señor Óscar Hermógenes Franco, le fue
reconocida, mediante la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil ocho
(2008), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, la sustitución de la pensión del causante, con efectividad
a partir del primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994). En la
referida providencia, el Tribunal dispuso que los valores que, debiéndose pagar, no
fueron sufragados oportunamente, se ajustarían de acuerdo con el artículo 178 del
CCA. Aunado a ello, ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 ibidem, y reconocer los
intereses moratorios en la forma prevista en el artículo 177 del mismo Código.

53. En la sentencia objeto del recurso de apelación, proferida dentro del proceso
ejecutivo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no probadas las
excepciones de caducidad, prescripción y pago propuestas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) y, en su lugar, ordenó seguir adelante con la ejecución
en contra de la entidad ejecutada, por la suma de $121.040.955.07, por concepto
de intereses moratorios causados desde el cinco (5) de febrero de dos mil nueve

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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

(2009), día siguiente a la ejecutoria de la sentencia base de recaudo, hasta el
veinticuatro (24) de febrero de dos mil once (2011), fecha anterior a la que, según
el recaudo probatorio, la ejecutada efectuó el pago de la obligación.

54. Inconforme con la decisión anterior, la entidad interpuso el recurso de apelación,
medio de impugnación que se sustentó en los siguientes motivos de inconformidad,
a saber: (i) la alegada improcedencia de los intereses moratorios y su indexación;
(ii) el cumplimiento efectivo de la obligación que, según adujo, pasó inadvertido el
A-quo; (iii) la imposibilidad de condenar en costas a la entidad, como parte vencida
en primera instancia; y (iv) la ausencia de la declaratoria de prescripción.

55. Para efectos metodológicos, y de acuerdo con lo expuesto en la cuestión previa,
la Sala de Subsección procederá con el estudio de los reparos ii) y iv), con una
aclaración preliminar frente a la norma aplicable al asunto de marras.

2.6.1. Aclaración preliminar sobre la norma aplicable al caso concreto.

56. La Sala estima conveniente precisar que, aunque la sentencia apelada se
tramitó bajo la égida de las reglas contenidas en la Ley 1437 de 2011 – CPACA, la
sentencia base de recaudo se profirió el once (11) de diciembre de dos mil ocho
(2008), y quedó ejecutoriada el cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009), es
decir, en vigencia del Código Contencioso Administrativo – CCA. Asimismo, la
liquidación del crédito efectuada por la parte actora, acogiendo lo dispuesto en el
fallo en cita, tiene como fundamento lo dispuesto en el artículo 177 del CCA.

57. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que, para todos los efectos, ha
de entenderse que la liquidación de los intereses moratorios derivados del
cumplimiento tardío del fallo que sirve de base para la ejecución, debe atender a los
términos del artículo 177 del CCA, norma aplicable al asunto bajo examen, puesto
que, como se anticipó, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
concluyó con la sentencia declarativa, se adelantó bajo las normas del CCA.

58. Sobre este particular, la Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejo de
Estado, en sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)32,

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 31 de agosto
de 2023, Rad. 25000-23-42-000-2017-01449-02 (3101-2022).

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reiterada por esta Subsección en la sentencia del doce (12) de septiembre de dos
mil veinticuatro (2024)33, reafirmó que, “si la condena se impuso en vigencia del CCA, los
intereses se deberán calcular hasta el momento del pago al tenor de este último .” Así, al amparo

de la teoría de la causación, esta Colegiatura acogió el criterio según el cual, “ debe
acudirse a la fecha de instauración de la demanda ordinaria que dio origen al proceso ejecutivo, para
determinar cuál es la normativa aplicable en dicho sentido, esto es, si fue presentada antes o
después de la vigencia del CPACA”. En otros términos, si la demanda ordinaria se instauró

antes de la entrada en vigor del CPACA, los intereses moratorios que corresponde
liquidar en el proceso ejecutivo son aquellos que el artículo 177 del CCA, pero si
esta fue interpuesta después de la entrada en vigencia del CPACA, los intereses
moratorios son los del artículo 195 del CPACA. En el caso que ocupa la atención de
esta Sala, es claro que el proceso inicial se tramitó y adelantó en vigencia del CCA,
por lo que, se insiste, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 177 de ese Código.

59. Dicho lo anterior, debe anotarse que, al revisar el contenido del artículo 177 del
CCA, norma aplicable para la fecha en la que se profirió la sentencia constitutiva del
título, se tiene que, con arreglo a lo dispuesto en el inciso 6º ibidem, “ cumplidos seis
(6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que
apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para
hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de
intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma ”.

2.6.2. Sobre el cumplimiento efectivo de la obligación.

60. La sentencia base de recaudo, de fecha once (11) de diciembre de dos mil ocho
(2008), ejecutoriada el cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009), ordenó pagar
a favor de la señora Luz Dary Grisales Giraldo las sumas derivadas de la sustitución
pensional que le fue reconocida, ajustando la condena con base en el IPC, en los
términos del artículo 178 del CCA, y reconociendo los intereses en la forma prevista
en el artículo 177 ibidem, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.

61. A través del oficio del tres (3) de marzo de dos mil nueve (2009)34, el apoderado
de la parte actora elevó una petición ante la entonces Caja Nacional de Previsión
Social – CAJANAL E.I.C.E., encaminada a solicitar el cumplimiento de la sentencia

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de
septiembre de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2016-05857-01 (2999-2021).
34
Índices 00037-00040 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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antes referida, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Más
adelante, el once (11) de septiembre de dos mil nueve (2009)35, el apoderado de la
señora Grisales Giraldo presentó una nueva petición ante la entidad, en virtud de la
cual pidió que se tuviera en cuenta la solicitud de cumplimiento de la providencia
judicial en comento, en el marco del proceso liquidatorio de la entidad.

62. Teniendo en cuenta que el artículo 177 del CCA dispone que, “cumplidos seis (6)
meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe
una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla
efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses
de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma ”, es dable

advertir que, en el sub lite, la ejecutante presentó la solicitud de cumplimento dentro
del término legal y, por tal motivo, los intereses moratorios se causaron a partir del
día siguiente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia que sirve de título, esto es,
desde el cinco (5) de febrero de dos mil nueve (2009), hasta el veinticuatro (24) de
febrero de dos mil once (2011), día anterior al pago efectivo de la obligación.

63. En el trámite del proceso, la ejecutada aludió a la Resolución Nº. PAP 003736
del doce (12) de abril de dos mil diez (2010)36, a través de la cual la extinta CAJANAL
dispuso dar cumplimiento a la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil ocho
(2008) y, en consecuencia, reconocer y ordenar la sustitución pensional a favor de
la señora Luz Dary Grisales Giraldo, en calidad de compañera permanente del
causante, “en cuantía del 100% de lo que venía devengando el causante, efectiva a partir del 1º
de abril de 1994, pero con efectos fiscales a partir de la fecha de exclusión en nómina de pensionados
de los hijos mayores del causante incapacitados por razón de estudios (…) quienes venían
percibiendo el 100% de la sustitución pensional conforme a la Resolución Nº. 6246 del dieciséis (16)
de agosto de 1982”. Adicionalmente, ordenó: “efectuar por el área de nómina las operaciones

aritméticas a que haya lugar, en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 177 y 178 del CCA”.

64. Sin perjuicio de la fecha del acto en cita, la señora Grisales Giraldo sólo fue
incluida en nómina de pensionados hasta el mes de enero de dos mil once (2011),
mientras que los pagos se realizaron al mes siguiente. Esta circunstancia se
corrobora con la información consignada en el oficio del trece (13) de noviembre de
dos mil trece (2013), con el Rad. Nº. 20135023458821, con arreglo al cual, la Unidad

35
Índices 00037-00040 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
36
Índice 00002 del Samai, 6ED_EXPEDIENTE_RV_PROCESO2014004521(.zip) NroActua 2, 2014-00452 PARTE 1.

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Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) discriminó los siguientes pagos efectuados a la actora:

65. En esa misma oportunidad, la entidad accionada, en relación con el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios deprecados, admitió que dicho
concepto no fue incluido, para lo cual sostuvo lo siguiente: “es pertinente señalar que la
UGPP carece de competencia para el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que
trata el artículo 177 del CCA, ordenados mediante fallos judiciales debidamente ejecutoriados, en
donde CAJANAL en liquidación es la entidad condenada a dicho pago, razón por la cual, este tipo
de reclamaciones deben continuar siendo atendidas por el proceso liquidatorio de CAJANAL EICE,
mientras subsista la liquidación y luego deben ser asumidas con cargo al patrimonio autónomo que
se constituya para tal fin o por parte de la entidad que asuma dichos pasivos”.

66. Vistas así las cosas, es claro que, conforme a las pruebas valoradas integral y
conjuntamente, en su momento la extinta CAJANAL dispuso, a través de la
Resolución Nº. PAP 003736 del doce (12) de abril de dos mil diez (2010), reconocer
a favor de la señora Grisales Giraldo los intereses moratorios a los que hubiere
lugar, dando así cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la que se previeron en los términos del artículo 177 del CCA. No
obstante, la ahora accionada, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), pretende sustraerse
de su reconocimiento y pago, al sostener que no es la competente. Sobre esa base,
reiteró en el recurso de alzada que pagó efectivamente la obligación, por lo cual
aquella se extinguió, con arreglo a lo establecido en el artículo 1626 del Código Civil.

67. La Sección Segunda del Consejo de Estado ha explicado, entre otras, en la
sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023) 37 que el
artículo 64 del Decreto 4107 de 2011 dispuso que CAJANAL debía continuar
realizando las funciones señaladas en el artículo 3º del Decreto 2196 de 2009, hasta

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 31 de agosto
de 2023, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 25000-23-42-000-2017-01449-02 (3101-2022).

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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

tanto fueran asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Así las cosas, como
el procedimiento liquidatorio de la Caja culminó el once (11) de junio de dos mil trece
(2013), los procesos judiciales y demás reclamaciones que estuvieran en trámite al
momento del cierre de la liquidación fueron asumidos por la mencionada Unidad.

68. En dicha oportunidad, la Sala sostuvo que: “le correspondía a la UGPP, quien sucedió
a la extinta Cajanal en sus funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos
pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de sentencias judiciales
proferidas en contra de ésta como administradora del sistema pensional”. Ello implica atender

las obligaciones pensionales, así como reconocer y pagar los intereses moratorios
que se causaron, toda vez que, no eran parte de la masa liquidatoria de CAJANAL.

69. Con base en las consideraciones expuestas, surge diáfano que la entidad
demandada, como sucesora procesal de CAJANAL, es la llamada a cumplir con la
obligación de pago de los intereses moratorios derivados del cumplimiento tardío de
la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil dos mil ocho (2008), que
constituye la base de recaudo. Ahora, como no existe prueba que permita acreditar
el pago de tales intereses, la excepción de pago propuesta por la ejecutada no tiene
vocación de prosperidad, como con acierto lo concluyó el Tribunal de instancia.

70. En este punto, debe decirse que, para que la excepción de pago promovida en
el curso del proceso ejecutivo prospere, es necesario que la entidad interesada
despliegue las conductas procesales necesarias, y aporte los medios de convicción
conducentes y pertinentes, para acreditar que ha cumplido con las obligaciones
inherentes a la ejecución. En tal sentido, resulta claro que, de acuerdo con lo
normado por el artículo 167 del CGP, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” , principio que debe atenderse

en la presente actuación, y sobre la cual esta Sala de Subsección ha establecido38:

“(…) 87. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla en
su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los intereses
cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil 39.

88. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor debe

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 30 de mayo de
2024; expediente 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.
39
«Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención
contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda comprende el de los
intereses e indemnizaciones que se deban.»

27

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aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis que ha
prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de septiembre de
2021, en la cual se consideró lo siguiente 40: «De lo expuesto la Sala no puede concluir nada
distinto a que la deuda sigue pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los
aludidos actos administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales,
no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el pago total, pues
de los argumentos de su apelación no se puede extraer que la obligación esté plenamente
satisfecha ante la liquidación efectuada por el a quo.»

89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la obligación recae
exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del CPACA y 167 del Código
General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen
funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las
cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y, también que «incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.”

71. Dicho lo anterior, la Sala concluye que la excepción de pago en la que insiste la
demandada, no se encuentra probada y, en esa medida, los argumentos de la
apelación no tienen la aptitud suficiente que conduzca a revocar el fallo de instancia
y, por contera, para impedir que se siga adelante con la ejecución.

2.6.3. De la excepción de prescripción.

72. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal declaró no probada la
excepción de prescripción formulada por la parte ejecutada “sobre cualquier derecho
que eventualmente se hubiera causado a favor de la parte ejecutante”. Lo anterior teniendo en

cuenta que, en criterio del A-quo, los argumentos de la entidad se encuentran
encaminados a la prescripción del derecho, aspecto que se estudió en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y no se orientan a rebatir “la
prescripción también denominada caducidad (sic) procedente en los procesos ejecutivos ”.

73. Al sustentar este reparo de la apelación, la entidad indicó que: (i) conforme al
artículo 2536 del Código Civil, la acción ejecutiva derivada de un título judicial
prescribe en cinco (5) años contados desde la ejecutoria de la sentencia; y (ii) la
sentencia base de recaudo quedó ejecutoriada -según expuso- el primero (1º) de
julio de dos mil diez (2010), mientras que la demanda fue presentada el cuatro (4)
de septiembre de dos mil catorce (2014), por lo que las mesadas y retroactivos
causados con anterioridad al cuatro (4) de septiembre de dos mil once (2011), se
encuentran afectados por el fenómeno de la prescripción trienal.

40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).

28

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74. De acuerdo con lo antes señalado, la Sala observa que: por un lado, la entidad
no concretó las razones por las cuales considera que operó la prescripción, sino
que, de manera genérica, hizo referencia a la prescripción de las mesadas causadas
antes de los tres (3) previo a la presentación de la demanda, aspecto que, fuerza
decir, era del resorte del juez de la nulidad y restablecimiento del derecho; y, por el
otro lado, invocó fechas que no obedecen a las discutidas en el presente trámite, de
modo que, con ellas, no se busca controvertir el fondo de la decisión censurada.

75. Por las razones anotadas, los argumentos relativos a la alegada prosperidad de
la excepción de prescripción no son de recibo para esta Sala.

2.6. Conclusiones.

76. De acuerdo con las pruebas que reposan en el plenario, la Sala concluye que
los argumentos esgrimidos por la entidad accionada en el recurso de apelación no
tienen vocación de prosperidad, comoquiera que: (i) no se acreditó que el A-quo
haya ordenado la indexación de los intereses moratorios; (ii) no se probó el
cumplimiento efectivo de la obligación, específicamente, de los intereses moratorios
derivados del cumplimiento tardío de la sentencia base de recaudo, por lo que la
excepción de pago no estaba llamada a prosperar; (iii) no se constató que el
Tribunal condenara en costas a la entidad; y (iv) no se explicaron las razones por
las cuales la excepción de prescripción debía salir avante. Como corolario de lo
anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual se
ordenó seguir adelante con la ejecución contra la entidad demandada.

2.7. Condena en costas.

77. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

29

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FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR INTEGRALMENTE la sentencia del tres (3) de junio de
dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “A”, mediante la cual se ordenó seguir adelante con
la ejecución, de conformidad con las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. RECONOCER PERSONERÍA a la firma González Mebarak y
Consultores Jurídicos S.A.S., identificada con el NIT 900.678.471-0, representada
legalmente por Alberto Elías González Mebarak, identificado con cédula de
ciudadanía Nº. 13.745.458 y tarjeta profesional Nº. 149.736 del Consejo Superior
de la Judicatura, quien actúa en representación de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
según las constancias visibles en el aplicativo Samai41.

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

41
Índice 00010 del Samai.

30

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