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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00881-01

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-00881-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Declárase fundado el impedimento que le asiste al consejero de Estado César Palomino Cortés, de conformidad con lo expuesto en la motiva. 2º. Confírmase la sentencia de 9 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Marisol Rojas Izquierdo contra la Nación – Contraloría General de la República, conforme a la motivación. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-00881-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

17 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
Demandante : Marisol Rojas Izquierdo
Demandada : Nación – Contraloría General de la República
Tema : Sanción disciplinaria de suspensión por dos (2) meses
Actuación : Decide apelación de sentencia - Ley 1437 de 2011

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora
contra la sentencia de 9 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda),
mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 94 a 115 y 165 a 1671). La señora Marisol Rojas
Izquierdo, por intermedio de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación – Contraloría General de la República, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declaren nulos: (i) la decisión administrativa de primera
instancia de 7 de diciembre de 2012, expedida por la directora de la oficina de
control disciplinario de la demandada dentro del expediente 09-2861, a través
de la cual sancionó disciplinariamente a la accionante con suspensión por dos
(2) meses, convertidos en dos (2) meses de salario devengados para la época
de los hechos como directora de la oficina de comunicaciones y publicaciones,
grado 4 (equivalentes a $13.425.624,oo); y (ii) el acto administrativo de
segundo grado de 15 de agosto de 2013, con el que la entonces Contralora
General de la República confirmó aquella determinación.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la accionada cancelar los antecedentes disciplinarios de su hoja de

1
Escrito de subsanación.

Expediente: 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Marisol Rojas Izquierdo contra la Nación – Contraloría
General de la República

vida o, en su defecto, se modifique por otra «proporcional».

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que el 26 de mayo de 2010
se inició investigación disciplinaria contra varios funcionarios del ente
demandado, incluida ella, «[…] al parecer [por] no legalizar las comisiones
conferidas mediante las Resoluciones Nos. 01681 […], 00783 […], 05104
[…], 05769 […] y 1753 […]» (sic), todas de 2008; trámite dentro del cual
allegó, el 1º de octubre de 2010, «[…] consignación en la cual se reintegra el
valor de $883.700 […]».

Dice que se dictó decisión de primera instancia el 7 de diciembre de 2012, en
el sentido de suspenderla por dos (2) meses, sanción conmutada al pago de dos
(2) meses de salario sufragados para la época de los hechos, dada su
desvinculación del servicio público; confirmada el 15 de agosto de 2013.

1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. La Contraloría General de la República sancionó
en 2013 con suspensión por dos (2) meses a la actora, convertidos en dos (2)
meses de salario que devengó para la época de los hechos como directora de la
oficina de comunicaciones y publicaciones de aquella.

Lo anterior, por cuanto (i) omitió legalizar2 de manera oportuna3 los viáticos
por las comisiones de servicios conferidas para trasladarse a San Andrés y
Providencia y Cartagena, autorizadas por el Contralor General de la República
con Resoluciones 462 y 783 de 22 de mayo y 1º de agosto, ambas de 2008, en
su orden (lo hizo trascurridos un año y treinta [30] días y dos [2] años y
veintinueve [29] días después, respectivamente); y (ii) tardó un año y
veintiocho (28) días para allegar al área de tesorería los soportes para proceder
a la modificación del primero de los citados actos administrativos (que
finalmente se expidió el 19 de junio de 2009), para advertir que la comisión
otorgada para los días 26 a 31 de mayo de 2008, solo se cumplió del 26 al 30
de los mismos mes y año.

La accionada la halló responsable de la falta grave, a título de culpa grave, por
desconocer los deberes y prohibiciones de todo servidor público, esto es, dejar
de «Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la

2
Valga decir, allegar ante la tesorería de ese organismo los documentos que acrediten el otorgamiento de la
comisión de servicios y los soportes que den cuenta de su cumplimiento o modificación.
3
Es decir, dentro de los cinco (5) días siguientes al término de la comisión.
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
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Marisol Rojas Izquierdo contra la Nación – Contraloría
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Constitución, […] las leyes, […] los estatutos de la entidad, los reglamentos
[…]»; «Incumplir los deberes […], los estatutos de la entidad, los
reglamentos […]»; e «Incumplir cualquier decisión […] administrativa, […]
en razón o con ocasión del cargo o funciones […]» (numerales 1 del artículo
344 y 1 y 24 del artículo 355 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario
Único [CDU], en su orden).

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados el CPACA y las Resoluciones 5484 de
2003 y 462 de 2008, de la Contraloría General de la República.

Con el propósito de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las
decisiones censuradas, las acusa de violatorias de la normativa superior en que
debían fundarse.

Aduce que los actos cuestionados incurren en falsa motivación por
interpretación errónea de la dogmática jurídica aplicable, puesto que al
sancionársele «[…] por no haber realizado en tiempo el trámite que tiene
como fin la legalización de viáticos […], los cuales tuvieron como origen […]
comisiones que debían cumplirse en diferentes ciudades», no se observó que
(i) si bien hubo alguna tardanza, en todo caso se realizó la respectiva gestión,
(ii) respecto de la Resolución 783 de 2008, atinente a un viaje a Cartagena,
aportó al área de tesorería «[…] la consignación correspondiente al reintegro
del tiquete girado con ocasión de esta comisión la cual no se llevó a cabo por
necesidades del servicio […]»; y (iii) desempeñaba un cargo directivo, lo que
le implicaba alta carga de trabajo, sin que ello signifique que le restaba
importancia a cumplir la mencionada tarea.

Que, en tal virtud, si la referida mora en realidad diera lugar a reproche
disciplinario, la sanción «[…] tiene que ser proporcional a lo que se decantó
dentro del proceso, y no […] que […] llegue a tal punto para que […] sea
merecedora de la […] suspensión de dos meses, incluso realizado un primer
análisis de la conducta en sede de analizar la ilicitud sustancial, es algo que
no alcanza a ser superado» (sic).

Arguye que no se perturbó el servicio público, de manera que la trascendencia
de la conducta no se puede calificar como grave, máxime cuando los posibles
4
«DEBERES».
5
«PROHIBICIONES».
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
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Marisol Rojas Izquierdo contra la Nación – Contraloría
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efectos negativos fueron superados al legalizarse los viáticos.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 185 a 209). La accionada, por conducto
de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; se
refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que deben probarse.
Asimismo, propuso la excepción denominada inepta demanda.

Afirma que la sanción impuesta a la accionante no solo es consecuencia de
dejar de legalizar cuando correspondía unos viáticos, sino porque a pesar de su
jerarquía dentro de la organización no adelantó tal labor con la debida
antelación y diligencia, de manera que su conducta «[…] conlleva el
incumplimiento sustancial de sus deberes funcionales […]», sin que sea dable
aceptar que el hecho de que haya subsanado dicha omisión «[…] suponga [l]a
inexistencia del ilícito disciplinario, sino tal circunstancia se verá reflejada en
la graduación de la sanción […]».

Que, contrario a lo sugerido por la demandante, sí se afectó el servicio, toda
vez que […] la no legalización oportuna de la comisión afecta de manera
directa la gestión desarrollada por otras dependencias de la Entidad, las
cuales al no contar con la información necesaria para desarrollar sus labores
pueden derivar en equívocos, razón por la cual no es de recibo […]
recalificar la conducta en falta leve».

1.6 La providencia apelada (ff. 229 a 237). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), en sentencia de 9 de
agosto de 2018, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que «[…] la conducta desplegada por la investigada va en
contravía del régimen disciplinario, existiendo infracción al deber funcional,
máxime por la categoría de su cargo, donde le era exigible mayor diligencia
en el cumplimiento de sus deberes […] infringiendo el deber objetivo de
cuidado al cual se encuentra obligado cualquier servidor público de la
Contraloría General de la República, cuando se le ha conferido una comisión,
más aún exigente cuando se trata de un cargo directivo…”, motivo este, que
no se compadece con la apreciación realizada por la demandante al
pretender que por haber suplido la falencia advertida en su comportamiento y
que por demás, dio origen a la investigación disciplinaria, sea disminuida la
graduación de su sanción».

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Expediente: 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
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1.7 El recurso de apelación (ff. 246 a 248). Inconforme con la anterior
providencia, la actora interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] no
se puede decir que se haya incurrido en una conducta que amerite el titulo de
culpa grave y esa es la razón por la cual se debe revocar el […] fallo de
primera instancia, además de ello, no se prueba […] que se le haya causado
un daño insoslayable a la entidad. No hubo un grado de perturbación […],
es decir, no es una conducta que tenga una consecuencia social que se
pueda calificar como grave por lo que la misma debió dejarse en el plano de
lo leve, más aún cuando los supuestos efectos negativos […] fueron superados
por la legalización de los respectivos viáticos» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 14 de septiembre de 2018
(f. 250) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 2 de octubre
de 2019 (f. 256), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 15 de febrero de 2021 (f. 262), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada
por la accionante y el organismo demandado, para lo cual reiteran cada uno de
los argumentos consignados en el escrito de apelación y de contestación de la
demanda, en su orden6.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Cuestión previa. El señor consejero de Estado César Palomino Cortés,
integrante de esta subsección, cuando fungía como magistrado del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda)
admitió la demanda del epígrafe, motivo por el cual, por economía procesal,
6
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada SAMAI.
5

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Marisol Rojas Izquierdo contra la Nación – Contraloría
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los restantes miembros de la Sala aceptan el impedimento que le asiste, con
base en los artículos 130 y 131 (numeral 3) del CPACA, en armonía con el
141 (numeral 2) del Código General del Proceso (CGP)7, y se le separa de su
conocimiento, con el fin de garantizar la imparcialidad de la justicia.

3.3 Actos acusados.

3.3.1 Decisión administrativa de primera instancia de 7 de diciembre de 2012,
expedida por la directora de la oficina de control disciplinario de la
Contraloría General de la República dentro del expediente 09-2861, a través
de la cual sancionó disciplinariamente a la demandante con suspensión por
dos (2) meses, convertida «[…] en dos (2) meses de salarios devengados por
ella en el momento de la comisión de la falta, equivalente a $13.425.624,
como consecuencia de haber cesado en sus funciones […]» (ff. 129 a 150
vuelto).

3.3.2 Acto administrativo de segundo grado de 15 de agosto de 2013, con el
que la señora Contralora General de la República confirmó la determinación
atrás anotada (ff. 152 a 162 vuelto).

3.4 Problema jurídico. La Sala debe determinar si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección B de la sección segunda) negó las pretensiones de la demanda.
Para tal propósito, examinará si los actos acusados fueron expedidos con
violación sustancial de los derechos al debido proceso y defensa por haber
impuesto a la disciplinada una sanción desproporcionada por una conducta
que no perjudicó el servicio público y fue enmendada, conforme a las
acusaciones de la demanda, o si fueron legales, como lo concluyó el a quo.

3.5 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con el problema jurídico derivado de las causales de nulidad invocadas en el
escrito de apelación de la sentencia de primera instancia:

i) La actora, al momento de la comisión de los hechos, desempeñaba el
empleo de director de oficina, nivel directivo, grado 4, de la oficina de
comunicaciones y publicaciones de la Contraloría General de la República (ff.

7
El Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), que
para la jurisdicción contencioso administrativa comenzó a regir en enero de 2014.
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64, 65 y 69 archivo «CUADERNO 1 DE 4» del expediente administrativo,
contenido en CD obrante en el folio 214).

ii) Mediante oficio 2009IE23476 O 1 de 20 de abril de 2009, la tesorera del
citado ente informó a la oficina de control disciplinario de varios servidores,
entre ellos la accionante, «[…] que a la fecha no han podido legalizar la
comisión, por el no trámite del respectivo acto administrativo (aclaratoria o
revocatoria) de la Delegada que los comisionó; como también los
funcionarios que no han allegado documentación para la legalización», a
pesar de «[…] los requerimientos hechos por la Tesorería» (f. 1 archivo
«CUADERNO 1 DE 4» del expediente administrativo, contenido en CD
obrante en el folio 214)

iii) Por medio de auto de 8 de agosto de 2011, la accionada formuló pliego de
cargos contra la demandante, entre otros disciplinados (ff. 45 a 87 archivo
«CUADERNO 4 DE 4» del expediente administrativo, contenido en CD
obrante en el folio 214), así:

1.1.- No legalizó dentro de los cinco (5) días siguientes al 30 de mayo de
2008, término de la comisión, los viáticos de la comisión a ella conferida
por el señor Contralor General de la República, por medio de la
Resolución No. 0462 del 22 de mayo de 2008, sino 1 año y 30 días
después, a través del Oficio […] del 30 de junio de 2009 […], mediante
el cual remitió a la Directora Financiera […], la Resolución No. 0462 del
22 de mayo de 2008 y modificatoria No. 0849 del 19 de junio de 2009
[…].

Con la conducta anterior, presuntamente desconoció lo dispuesto en el
artículo séptimo de la Resolución No. 00462 del 22 de mayo de 2008, el
numeral 1 del artículo 9 de la Resolución Orgánica No. 5484 de 2003 y,
como consecuencia de ello, incumplió el deber establecido en el numeral
1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, e incurrió en las prohibiciones
previstas en los numerales 1 y 24 del artículo 35 ibídem.

1.2.- No tramitó con la debida antelación el acto administrativo
aclaratorio de la Resolución No. 00462 del 22 de mayo de 2008, toda vez
que, la comisión de servicios a ella conferida […] a través de esta
Resolución, para trasladarse a la ciudad de San Andrés y Providencia, no
se realizó durante los días 26 a 31 de mayo de 2008, sino desde el 26
hasta el 30 de mayo de 2008, y la certificación para soportar la
resolución aclaratoria solo se expidió hasta el 23 de enero de 2009, la
cual conllevó a que se profiriera la Resolución No. 0849 del 19 de junio
de 2009, teniendo en cuenta que era ella la Directora de la Oficina de

7

Expediente: 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
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Comunicaciones y Publicaciones, dependencia que originó la comisión y,
por ende, a quien le correspondía realizar dicho trámite.

Con la conducta anterior, presuntamente desconoció lo dispuesto en el
artículo séptimo de la Resolución No. 00462 del 22 de mayo de 2008, y
el numeral 5 del artículo 9 de la Resolución Orgánica No. 5484 del 5 de
mayo de 2003 y, como consecuencia de ello, incumplió el deber
establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, e
incurrió en las prohibiciones previstas en los numerales 1 y 24 del
artículo 35 ibídem.

[…]

1.4.- No tramitó con la debida antelación el acto administrativo
revocatorio de la Resolución No. 00783 del 1 de agosto de 2008, sino 2
años y 29 días calendarios después, mediante Oficio […] del 3 de
septiembre de 2010, a través del cual allegó a la […] Tesorera, […] la
consignación del 3 de septiembre de 2010, por valor de $883.700
correspondiente al reintegro del tiquete girado con ocasión de la
Resolución No. 00783, toda vez que, la comisión de servicios a ella
conferida para trasladarse a la ciudad de Cartagena, no se realizó el 5 de
agosto de 2008, por necesidades del servicio […], teniendo -en cuenta
que era ella la Directora de la Oficina de Comunicaciones y
Publicaciones, dependencia que originó la comisión y, por lo tanto, a
quien le correspondía realizar dicho trámite.

Con la conducta anterior, presuntamente incumplió lo establecido en los
numerales 5 y 6 de la Resolución Orgánica 5484 de la Contraloría
General de la República y, como consecuencia de ello, incumplió el
deber establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002,
e incurrió en las prohibiciones previstas en los numerales 1 y 24 del
artículo 35 ibídem [sic para toda la cita]8.

iv) Reposa en el expediente copia de la actuación disciplinaria adelantada por
el ente de control accionado contra la actora, desde la apertura de la
investigación disciplinaria hasta la expedición de los actos acusados
(contenida en CD obrante en el folio 214).

A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos
planteados en la apelación del fallo.

3.6 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del
8
Se omite la trascripción del tercer cargo endilgado (1.3), dado que por este fue absuelta la actora en los actos
acusados.
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Expediente: 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
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debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y
formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias,
en cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen,
entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir
pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el
sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en
demanda de nulidad de las determinaciones adoptadas por los funcionarios
administrativos, si se evidencia una violación del debido proceso.

Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que, en todos los trámites de naturaleza
disciplinaria, los respectivos funcionarios deberán observar y aplicar de
manera rigurosa el derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye,
además de aquellas garantías que, según se explicó, conforman su contenido
básico aplicable en todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como
propias de este tipo de procedimientos:

[…] la jurisprudencia constitucional ha señalado desde sus inicios el
mínimo de aspectos inherentes a la noción de debido proceso, cuya
vigencia es indispensable en todo tipo de actuación disciplinaria. Esos
criterios, que se traducen en deberes de la autoridad disciplinaria, son los
siguientes9:

“i) La comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles
de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa
las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan
lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que
fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y
9
Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada
en otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto) y C-542 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
9

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vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir,
mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las
decisiones.”

En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los
siguientes elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y
aplicables a todas las actuaciones disciplinarias10: “(i) el principio de
legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de
publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de
contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble
instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de
imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de
cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus” 11.

3.7 Caso concreto relativo al problema jurídico derivado de las causales
de anulación invocadas en la demanda. De antemano, reitera esta
Colegiatura que si bien la garantía del debido proceso abarca un conjunto de
principios materiales y formales de obligatoria observancia por parte de las
autoridades, que a la vez constituyen derechos de los sujetos disciplinables,
tampoco se puede desconocer que los actos de la Administración gozan de la
presunción de legalidad, hoy por expresa disposición del artículo 88 del
CPACA12, indemnidad que adquiere mayor connotación cuando se trata de
decisiones sancionatorias de carácter disciplinario, en virtud de que su
formación estuvo precedida de la participación activa del investigado y de su
apoderado, mediante defensa técnica, con ejercicio de los derechos de
contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial se realice un juicio de
validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y por ello no cualquier
defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de legalidad que
ampara dichos actos administrativos.

3.7.1 Se estableció la comisión de la falta (tipicidad), la ilicitud sustancial
de la conducta que motivó la sanción y la responsabilidad de la
demandante. Para dilucidar este tema, resulta importante recordar que, de
conformidad con el artículo 267 de la Carta Política, «La Contraloría es una
entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No
tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia
organización» (se subraya).

10
Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya
citadas T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
11
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas.
12
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen
legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]».
10

Expediente: 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Marisol Rojas Izquierdo contra la Nación – Contraloría
General de la República

Por su parte, al Contralor General de la República, en su condición de regente
de ese organismo de control13, le corresponde velar por el manejo,
administración y fijación del presupuesto, en concordancia con la ley orgánica
de presupuesto (artículo 4º14 de la Ley 106 de 30 de diciembre de 199315).

En tal virtud, la referida autoridad expidió la Resolución 5484 de 5 de mayo
de 2003, «Por la cual se delega la facultad para otorgar comisión de servicios
en el interior del país y se dictan algunas disposiciones para su concesión»,
que en lo concerniente al pago y legalización de viáticos de sus servidores,
dispuso:

ARTÍCULO 9o. La legalización de viáticos se deberá efectuar dentro
de los cinco (5) días siguientes al término de la comisión, ante la
Tesorería, para lo cual se deberán anexar los siguientes documentos:

1. Certificación del cumplimiento de la comisión […].

2. Certificado de permanencia expedido por el Gerente Departamental,
cuando en la ciudad donde deba cumplirse la comisión exista sede de la
Contraloría General de la República […]

3. El pasabordo o tiquete utilizado, o certificado de la aerolínea.

4. En caso de que el funcionario tenga pendiente comisión de servicios
por legalizar, no se cancelarán nuevos viáticos, hasta tanto no se
encuentre a paz y salvo con relación a la anterior.

5. Cuando el desplazamiento no pueda ser cumplido en la fecha y/o sitio
estipulados en la resolución, mediante la cual se concedió la comisión, la
oficina que la originó deberá tramitar con la debida antelación el
acto administrativo aclaratorio o revocatorio correspondiente. Este
documento se anexará a los soportes de legalización.

[…]

13
Artículo 117 de la Carta Política: «El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son
órganos de control».
14
«Autonomía presupuestaria». Se advierte que si bien el artículo 4º de la Ley 106 de 1993 fue derogado por
el 87 de la Ley 267 de 2000, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-1550 de 2000, M. P. Fabio Morón
Díaz, lo declaró inexequible por exceder el marco fijado por el legislador y, en consecuencia, estableció que
«[…] En esas condiciones, el artículo 4º. de la Ley 106 de 1996 continúa estando plenamente vigente […]».
15
«Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de la
auditoría externa, se organiza el Fondo de Bienestar Social, se determina el sistema de personal, se
desarrolla la carrera administrativa especial y se dictan otras disposiciones».
11

Expediente: 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
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General de la República

6. En el evento en que la comisión no se cumpla y la Tesorería haya
efectuado el pago del avance de viáticos, el funcionario deberá solicitar
a la dependencia que originó la comisión tramitar la respectiva
resolución revocatoria y reintegrar dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de la comunicación de esta, los dineros recibidos
por este concepto en la forma o cuenta que la Tesorería de la
Contraloría General le indique. La legalización en este caso será el recibo
de caja o la consignación y la resolución de revocatoria.

[…] (destaca y subraya la subsección).

Por consiguiente, los funcionarios de la demandada cuentan con un término
perentorio e improrrogable de cinco (5) días para legalizar los viáticos
causados con ocasión de las comisiones de servicios asignadas, una vez
finalizadas estas; y en caso de que no se cumplan los plazos o lugares
estipulados en el respectivo acto administrativo, deben gestionar su
modificación o revocación y reintegrar los dineros recibidos, dentro de los tres
(3) días siguientes a su comunicación.

Dichos lapsos, según el Estatuto Orgánico del Presupuesto16 y el régimen
presupuestal de la accionada, no devienen arbitrarios ni caprichosos, dado que
el control y clasificación oportuno de ingresos, gastos, déficit y su
financiación de cada ente estatal y de la Nación, resultan indispensables para
la organización de sus presupuestos17, así como para «[…] dirigir los procesos
de […] tesorería y contabilidad […]»18, «[…] registrar y controlar el
Presupuesto de Ingresos y Gastos asignado […]»19, «Elaborar el
Anteproyecto Anual de Presupuesto y el Programa Anual de Caja que deba
adoptar la Entidad de acuerdo con las directrices que al respecto dicte el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público»20 y «Hacer seguimiento
permanente a la ejecución presupuestal […]»21.

16
Decreto 111 de 1996, «Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto».
17
Artículo 7º ibidem, «EL PLAN FINANCIERO».
18
Numeral 1 del artículo 67 del Decreto ley 267 de 2000, «Por el cual se dictan normas sobre organización y
funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones».
19
Numeral 2 ibidem.
20
Numeral 3 idem.
21
Numeral 4 ib.
12

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En tal sentido, conforme a la clasificación y definición del presupuesto de
ingresos y gastos de la Nación22, los «Viáticos y gastos de viaje»23 hacen parte
de los gastos generales y de funcionamiento de los organismos estatales y
deben estar contenidos en el presupuesto y contabilidad de estos, en atención
al principio de anualidad, de acuerdo con el cual «El año fiscal comienza el lo.
de enero y termina el 31 de diciembre de cada año»24.

En el asunto sub judice, la actora arguye que la conducta por la que fue
sancionada no amerita el título de culpa grave, comoquiera que, en últimas,
legalizó los viáticos, «[…] por lo que la misma debió dejarse en el plano de
lo leve […]» (f. 248).

Es inadmisible lo insinuado aquí por la accionante. Recuerda la Sala que lo
que el régimen sancionatorio administrativo castiga de los servidores estatales
es la conducta violatoria del deber funcional a su cargo sin justificación, no el
resultado.

Al respecto, ha sostenido la Corte Constitucional que «[C]on el régimen
disciplinario se pretende garantizar “la obediencia, la disciplina y el
comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos,
con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su
cargo”; propósito que está en armonía con lo preceptuado en el artículo 209
de la C.P. [Constitución Política], porque como se expresó antes, sin un
sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos,
resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública
cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma
constitucional25» (sentencia C-721 de 2015).

Lo anterior subyace en la teleología del artículo 5° («ILICITUD
SUSTANCIAL») de la Ley 734 de 2002, que preceptúa que «La falta será
antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna», asunto

22
Se puede consultar en la página electrónica del Departamento Nacional de Planeación:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/Lineamiento%20Ministerio%20de%20Hacienda%20y%2
0Credito%20P%C3%BAblico.pdf.
23
«Por este rubro se le reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores
oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa
resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente de su sede habitual de trabajo».
24
Artículo 14 del Decreto 111 de 1996.
25
Sentencias de la Corte Constitucional C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-811 de 2003 M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
13

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en torno al cual también ha expresado la jurisprudencia constitucional que lo
que genera el reproche de la Administración al agente estatal no es
propiamente la voluntad de lesionar los intereses protegidos de la función
pública, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto o
defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan26.

Por ende, a pesar de que las omisiones endilgadas fueron subsanadas con
posterioridad, ello no es óbice para descartar la ilicitud de aquellas, pues los
deberes y prohibiciones exigibles a los servidores públicos se encuentran
ligados a los principios que gobiernan el ejercicio de la función pública27,
razón por la cual, para que la conducta trascienda al campo de la
responsabilidad disciplinaria, debe no solo desconocer formalmente el
contenido mismo del deber, sino también su finalidad.

En similares términos coligió la oficina de control disciplinario de la
demandada, que en la decisión sancionatoria de primera instancia anotó:

Contrario a lo afirmado […], la omisión de la procesada en legalizar los
viáticos de la comisión a ella conferida […] no es de poco valor ni de
escasa entidad, pequeña, leve, insignificante, inocua, sino todo lo
contrario, afecta sustancialmente el deber funcional, toda vez que, no
desarrolló la función administrativa con fundamento en los principios
de moralidad e igualdad, ya que es deber de todo servidor público de la
Contraloría General de la República, a quien se le otorgue comisión de
servicios, acatar lo dispuesto en la Resolución No. 5484 de 2003,
respecto a la legalización de viáticos, y no hacerlo implica no solo
dificultad en la legalización de las cuentas de las cajas menores, sino
que constituye un acto rebelde y un mal ejemplo que envía un mensaje
negativo a los demás funcionarios de la entidad.

Ahora, el hecho que la Resolución No. 5484 de 2003, establezca que
“en caso de que el funcionario tenga pendiente comisión de servicios
por legalizar, no se cancelarán nuevos viáticos, hasta tanto no se
encuentre a paz y salvo con relación a la anterior”, no significa que la
no legalización de viáticos no merezca reproche disciplinario, pues el
legislador en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, concordante con los
artículos 34 y 35 ibídem, estableció que el incumplimiento de deberes y

26
Sentencia C-181 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
27
Artículo 22 del CDU: «GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El sujeto disciplinable, para
salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad,
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el
desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las
prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos
de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes».
14

Expediente: 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
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la incursión en prohibiciones, constituye falta disciplinaria, y en el
artículo 2 ejusdem, dispuso que la acción es independiente de cualquier
otra que pueda surgir de la comisión de la falta, de tal manera que la
sanción prevista en la Resolución No. 5484, no impide exime de
responsabilidad disciplinaria a quien la incumpla [sic para toda la cita].

Todo lo expuesto demuestra que las conductas irregulares atribuidas a la
demandante tuvieron ocurrencia, lo que constituyó incumplimiento del deber
funcional y que corresponde a la descripción típica de carácter grave, como se
concluyó en las dos instancias administrativas, lo que desvirtúa, igualmente, el
reparo en cuanto a que no se afectó la función pública, como se analizará
adelante.

3.7.2 La sanción impuesta es proporcional a la falta cometida. En el asunto
sub examine, como ya se dijo, la actora no desconoce la tardanza en que
incurrió al legalizar los viáticos causados por cuenta de las comisiones de
servicios que le fueron conferidas y gestionar la modificación de una de ellas,
que le correspondía adelantar en su condición de jefe de la oficina de
comunicaciones y publicaciones de la demandada; empero, asevera que al
haber colmado dichos trámites y devolver la suma de $883.700,oo (por una
comisión no materializada, por razones del servicio), no puede imputársele
ninguna falta disciplinaria, pues esta «[…] debe ser antijurídica, lo cual
supone no solamente el incumplimiento formal del deber, sino que es menester
que la infracción de este sea sustancial», es decir, «[…] la actuación u
omisión […] debe desembocar en una afectación material, real y efectiva del
buen funcionamiento del Estado, situación que en el caso presente no logró
ser demostrado», al paso de que, si en últimas su comportamiento amerita
sanción, no resulta justo ni proporcional imponer una tan gravosa (ff. 247 y
248).

Frente al mismo argumento planteado por la accionante en sede
administrativa, la señora Contralora General de la República concluyó:

En la Resolución No. 00462 del 22 de mayo de 2008, “Por la cual se
confiere una comisión de servicios y se reconoce y ordena el pago de
viáticos y pasajes” a la funcionaria MARISOL ROJAS IZQUIERDO,
con el fin de trasladarse a la ciudad de San Andrés y Providencia, los
días del 26 al 31 de mayo de 2008, […] procedió a la entrega de
documentos soporte hasta el día 30 de junio de 2009 […], es decir,
después de un (1) año de conferida la comisión, legalizándola,
finalmente, el 27 de julio de 2009 […].
15

Expediente: 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
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Es preciso señalar que los cargos probados que conducen a que sea
sancionada […] obedecen no solo a la tardanza en la legalización de
viáticos, sino al desempeño en un cargo de su jerarquía dentro de la
entidad, por lo cual le asistía la obligación de tramitar con la debida
antelación el acto administrativo aclaratorio de la Resolución No. 00462
del 22 de mayo de 2008, toda vez que la comisión se realizó en días
distintos a los señalados inicialmente, situación que se reguló hasta el día
19 de junio de 2009, mediante la Resolución No. 0849, infringiendo el
numeral 5 del artículo 9 de la Resolución Orgánica No. 5484 de 2003 y,
por contera, el numeral 1 del artículo 34 y numerales 1 y 24 del artículo
35 de la Ley 734 de 2002.

Con relación a la Resolución No. 00783 del 1 de agosto de 2008, “Por la
cual se confiere una comisión de servicios y se reconoce y ordena el
pago de viáticos y pasajes” […], con el fin de trasladarse a la ciudad de
Cartagena el 5 de agosto de 2008, […] mediante oficio radicado […]
solo hasta el 3 de septiembre de 2010, remitido […] a la doctora
ANGELA MARÍA LÓPEZ IZQUIERDO, Tesorera […], presentó la
copia de la consignación correspondiente al valor del tiquete girado,
conforme con la Resolución No. 00783 del 1 de agosto de 2008, el cual
tiene fecha de 8 de septiembre de 2010 […], lo cual significa que
adelantó el trámite de dos años después de haberse cumplido el término
de la comisión.

Se desprende de lo anterior que la señora MARISOL ROJAS
IZQUIERDO, omitió el deber de legalizar los viáticos de las comisiones
conferidas, al hacerlo por fuera del término legal señalado en la
Resolución Orgánica No. 5484 de 2003, un tiempo superior a un (1) año,
en dos eventos, y más de dos (2) años en el segundo evento, lo cual
demuestra falta de interés inmediato por remediar lo ocurrido y respetar
el ordenamiento jurídico.

Asimismo, este Despacho considera errónea la conclusión de la
recurrente, ya que en el ejercicio correcto de la función pública, esto es,
en el estricto cumplimiento de los deberes, no es posible concluir que la
legalización de las comisiones de servicio suponga la inexistencia del
ilícito disciplinario, sino tal circunstancia se verá reflejada en la
graduación de la sanción, cuando no se verifique concurso de faltas, por
lo cual el argumento no es de recibo en el presente caso. En conclusión,
la conducta desplegada por la señora MARISOL ROJAS IZQUIERDO
conlleva el incumplimiento sustancial de sus deberes funcionales como
Directora de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, Grado 04,
para la fecha de los hechos, sin que, se reitera el hecho de legalizar los
viáticos tenga la virtualidad de hacer desaparecer la falta cometida.

Así las cosas, se encuentra tipificada la falta disciplinaria respecto de la
inculpada, demostrada su ilicitud sustancial y la inexistencia de causal de

16

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exclusión de responsabilidad que ampare la realización de dicha
conducta.

Por otra parte, alegó la recurrente que la perturbación funcional del
servicio no es de tal envergadura que se pueda calificar la falta como
grave […].

Considera el Despacho desafortunado el análisis que realiza la
recurrente, toda vez que la no legalización oportuna de la comisión,
conforme con lo señalado en el artículo 9 de la Resolución No. 5484 de
2003 no es un asunto de poca monta como se pretende demostrar en el
recurso interpuesto, toda vez que la legalización dentro del término
estipulado en la Resolución garantiza el normal desarrollo de la gestión
institucional. Los términos señalados en la norma obedecen a un actuar
diligente y de control por parte de la administración, garantizando así
gestión óptima dentro de la entidad.

En consecuencia, es evidente la perturbación funcional del servicio, por
la no legalización oportuna de la comisión lo cual afecta de manera
directa la gestión desarrollada por otras dependencias de la Entidad, las
cuales al no contar con la información necesaria para desarrollar sus
labores pueden derivar en equívocos, razón por la cual no es de recibo el
argumento presentado con relación a la levedad en la perturbación
funcional del servicio, que permita recalificar la conducta en falta leve.

[…] cabe mencionar que la señora MARISOL ROJAS IZQUIERDO, al
desempeñar un cargo de nivel directivo de la entidad, […] le era exigible
mayor diligencia en el ejercicio del cargo, no solamente en el ejercicio de
sus funciones, sino en el cumplimiento de todos los deberes que le
asisten como servidora pública, siendo un elemento a tener en cuenta al
calificar la falta como grave.

Igualmente, alega la demandante que en tratándose de calificar la
culpabilidad de la conducta, la misma se debe enrostrar en un máximo de
culpa leve […].

El artículo 44 de la Ley 734 de 2002 establece que se presenta culpa
grave cuando exista inobservancia del cuidado necesario que cualquier
persona del común imprime a sus actuaciones, el cual es aplicable al caso
objeto de estudio, toda vez que la disciplinada realizó los trámites de
manera extemporánea, esto es, infringiendo el deber objetivo de cuidado
al cual se encuentra obligado cualquier servidor público de la Contraloría
General de la República, cuando se le ha conferido una comisión, más
aún exigente cuando se trata de un funcionario que desempeñó un cargo
directivo.

En consecuencia, para este Despacho resulta claro que es acertada la
conclusión del A Quo en el sentido de calificar la falta como grave,
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cometida con culpa grave, siendo la misma típica, antijurídica y culpable,
conforme con los argumentos expuestos previamente [se subraya; sic
para toda la cita].

Visto lo anterior, no encuentra la Sala fundamento en el reparo de la
accionante, pues, de la lectura integral de las decisiones disciplinarias, se
observa que el criterio principal para tasar la sanción fue la afectación que
causó la omisión de legalizar de manera oportuna los viáticos que le fueron
reconocidos por la Administración, conforme a los respectivos requerimientos
legales y reglamentarios, lo que implicó imprecisiones que pudieron «[…]
afecta[r] de manera directa la gestión desarrollada por otras dependencias de
la Entidad […]», cuya labor y funciones propias se vieron perturbadas al no
contar con información completa y actualizada desde el punto de vista
presupuestal y financiero, máxime cuando la disciplinada entregó la
información o soportes requeridos mucho tiempo después de lo que
correspondía, con lo que, como se explicó en líneas precedentes, afectó el
principio presupuestal de anualidad; falta cometida no por cualquier
funcionario de la Contraloría General de la República, sino por una directora
de oficina adscrita al nivel directivo y garante de que se acaten las directrices
institucionales (f. 11 vuelto).

Sobre este último aspecto, se advierte que de acuerdo con el artículo 18 del
Decreto ley 267 de 2000, «[…] las oficinas […] forman parte integral del
nivel directivo de la Contraloría General de la República y en tal carácter,
tienen injerencia en distintos ámbitos de actuación […] y en las funciones de
control, seguimiento y evaluación, así como las tareas de dirección de las
actividades de ejecución», lo que reitera la responsabilidad de sus regentes de
adoptar y concretar las medidas encaminadas a que el área a su cargo siga a
cabalidad los lineamientos administrativos.

Por consiguiente, la demandada valoró «La diligencia y eficiencia demostrada
en el desempeño del cargo o de la función», «El grave daño social de la
conducta» y «Pertenecer […] al nivel directivo o ejecutivo de la entidad»
(letras b, g y j del artículo 47 del CDU, en su orden), se reitera, cometidas por
una alta dignidad de aquella, por lo que dio aplicación (como le correspondía)
al numeral 3 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, según el cual los
servidores que incurran en faltas graves culposas, como la enrostrada a la
demandante, están sometidos a la sanción de suspensión, la cual no podrá ser
inferior a un mes ni superior a doce (12), por lo que le impuso una levemente
18

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superior a la mínima (dos meses), con fundamento en «[…] la gravedad de la
falta cometida» (artículo 18 ibidem), al paso que como «las finalidades de la
ley y de las sanciones disciplinarias son las de garantizar el cumplimiento de
los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los
servidores públicos que los afecten o pongan en peligro»28, es claro que el
correctivo aplicado a la actora promueve la recordación entre los servidores
estatales (incluida ella) de su responsabilidad y obligación de colmar los
deberes que les han sido asignados29 y, por ende, procura asegurar el buen
funcionamiento de la Administración.

Los razonamientos expuestos revelan, entonces, que las decisiones acusadas
colmaron los presupuestos de validez, dada su conformidad con el
ordenamiento jurídico superior al que estaban sometidos para su expedición;
fueron adecuados a los fines de la norma que los autoriza, y proporcional a los
hechos que les sirvieron de causa, que descartan la existencia de los vicios de
falsa motivación y desproporción de la sanción aplicada, alegados por la
accionante.

De modo que, la aludida emisión irregular de los actos demandados no existe
en lo sustancial o material, ni en lo formal, en virtud de que se sujetaron al
ordenamiento jurídico en cuanto a los motivos, los fundamentos, el
procedimiento y la competencia de la autoridad disciplinaria que los emitió.

En lo concerniente a los derechos de la demandante, constata la subsección
que durante el curso de la actuación administrativa se le respetaron todas las
garantías procesales y sustanciales para ejercer las prerrogativas de
contradicción y defensa, así, durante el curso de la investigación disciplinaria
fue escuchada, tuvo la oportunidad de solicitar y aportar pruebas, presentar
descargos, nulidades y alegaciones finales e interponer recursos, etc., por
mencionar algunas; es decir, que no se afectó su participación en el
procedimiento, ni las garantías sustanciales y procesales iusfundamentales.

Sin más consideraciones y bajo una sana hermenéutica jurídica, se arriba a la
convicción de que los actos administrativos censurados fueron expedidos con

28
Sentencia de 7 de junio de 2007, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección
segunda, subsección B, expediente 25000-23-25-000-1999-05982-01 (6425-05). C. P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
29
Artículo 6 de la Carta Política: «Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir
la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones» (se destaca).
19

Expediente: 25000-23-42-000-2014-00881-01 (6140-2018)
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apego al orden jurídico vigente, por lo tanto, se confirmará el fallo apelado,
que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Declárase fundado el impedimento que le asiste al consejero de Estado
César Palomino Cortés, de conformidad con lo expuesto en la motiva.

2º. Confírmase la sentencia de 9 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), que
negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Marisol
Rojas Izquierdo contra la Nación – Contraloría General de la República,
conforme a la motivación.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Impedido
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

20

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