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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01144-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01144-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. CONFIRMAR sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante por las razones expuestas en la presente providencia. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-01144-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-9114-01 (5498-2022)
Demandante: Petrona Perafán Ordoñez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP

Tema: Reliquidación pensión, régimen especial, Decreto 546 de 1971.
Tope pensional. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Petrona Perafán Ordoñez instauró demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos:

i) Resolución 7424 de 16 de febrero de 2.009 mediante la cual se le reliquidó la
pensión de vejez, por retiro definitivo.

ii) Resolución PAP 002304 de 12 de enero de 2.010, mediante la cual se modificó
la Resolución 7424 en lo atinente a establecer el tope legal de conformidad con el
Decreto 510 de 2003, ajustando el valor de la pensión reliquidada a la suma de $

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Radicado: 25000234200020149114401 (5498-2022)
11.537.500 m/cte efectiva a partir del primero de julio de 2.008.

iii) Resolución No. PAP 024164 DE 19 de octubre de 2.010, mediante la cual se
deja sin efecto la Resolución PAP 002304 y modifica la Resolución 7424, por
considerar que incurrieron en error involuntario al no indicar que el valor de la
pensión reliquidada se ajusta al tope de los 25 salarios mínimos para la fecha de
efectiva de retiro del servicio.

3. A título de restablecimiento del derecho solicita se reliquide la pensión1, en el
equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último
año de servicios, como funcionaria de la Rama Judicial2, incluyendo las doceavas
partes correspondientes a las primas, bonificaciones, vacaciones, y demás que
habitual y periódicamente haya recibido como retribución de sus servicios3, sin
tener en cuenta el tope máximo de pensión, pues su régimen especial no establece
límite.

4. Que se reconozca la responsabilidad civil y administrativa por todos los daños y
perjuicios materiales, morales, psicológicos causados a la señora Petrona Perafán
Ordoñez, al desconocer el régimen especial del Decreto Ley 546 de 1971 y limitar
autónomamente el monto de la cuantía de su pensión bajo el tope de los 25 salarios
mínimos para la fecha de efectiva de retiro del servicio.

5. Que se ordene reconocer las diferencias en el retroactivo y aplicar los reajustes de
ley 100/93, sobre la cuantía pretendida de $4.716.645.05.

HECHOS

6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

7. Que prestó sus servicios a la Rama Judicial y a la fiscalía general de la Nación de
manera continua desde febrero de 1979 hasta abril de 2008, en los cargos de juez
promiscuo, juez de instrucción criminal, fiscal seccional y, posteriormente,
magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura.

8. Que luego de más de veintinueve años de servicio ininterrumpido, solicitó el
reconocimiento de su pensión de vejez, la cual fue otorgada inicialmente por

1 Aplicando el artículo 6 del decreto ley 546 de 1971 y el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, modificado por el

artículo 4º del Decreto 911 de 1978.
2 Magistrada auxiliar del consejo superior de la judicatura sala disciplinaria.
3 Es decir, teniendo en cuenta no sólo la asignación básica mensual, sino todas las sumas que habitual y

periódicamente perciba el servidor a título de retribución por sus servicios, tales como gastos de representación,
viáticos, prima de antigüedad, auxilio de transporte, prima de capacitación, prima ascensional, prima semestre, de
Navidad, prima de servicios y vacacional

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Radicado: 25000234200020149114401 (5498-2022)
CAJANAL mediante la Resolución 0002454 de 9 de febrero de 2004, condicionada
a su retiro efectivo y liquidada bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993.

9. Mediante Resolución 59441 de 4 de diciembre de 2008 Cajanal en cumplimiento
de una sentencia de tutela reliquidó su pensión de acuerdo con el Decreto Ley 546
de 1971, norma especial aplicable a funcionarios judiciales, que ordena liquidar la
prestación con el 75% de la asignación mensual más elevada del último año, sin
límite de cuantía.

10. Que, al retirarse del servicio, mediante la Resolución 7424 de 16 de febrero 2009,
se aumentó su pensión a más de doce millones de pesos conforme al régimen
especial. Sin embargo, CAJANAL expidió de manera unilateral las Resoluciones
PAP002304 de 12 de enero de 2010 y PAP024164 de 29 octubre de 2010,
mediante las cuales revocó y modificó la liquidación previamente reconocida,
reduciendo el valor de la pensión al aplicar indebidamente los topes del Decreto
510 de 2003, propio del régimen general y ajeno al régimen especial judicial.
Adicionalmente, CAJANAL exigió el pago de supuestos aportes no cotizados,
ordenando descuentos directos de sus mesadas sin justificación jurídica válida.

11. Que CAJANAL vulneró de manera clara el régimen especial del Decreto Ley 546
de 1971, que continúa vigente y es de aplicación preferente frente a las normas
generales de pensiones, puesto que mezcló indebidamente regímenes jurídicos,
ignoró la jurisprudencia, desconoció derechos adquiridos y afectó
injustificadamente la cuantía pensional de la actora, quien depende de dicha
prestación como única fuente de ingresos.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

12. Considera vulnerados los artículos 1, 2, 3 ,6 ,17 ,20 ,25 26, 53, 58, y 90 de la
Constitución Política y demás normas concordantes y aplicables

13. Como fundamento manifestó que las resoluciones demandadas están motivadas
erróneamente, basándose en normatividad ajena sin aplicación alguna a la actora
porque, expresa CAJANAL EICE EN LIQUIDACION que de acuerdo al Decreto
510 de 2003, se debe ajustar el valor de la pensión a la suma de 25 salarios
mínimos, teniendo en cuenta el salario mínimo vigente a la fecha de efectividad,
hecho contrario a derecho.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

14. La demanda fue admitida el 13 de mayo de 2014. La UGPP sostuvo que según el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el

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régimen de transición solo protege edad, tiempo de servicios y monto, pero no el
ingreso base de liquidación (IBL). Por tanto, no es posible aplicar normas
derogadas para calcular el IBL ni usar el último año de salarios como pretende la
demandante.

15. Que solo deben tenerse en cuenta los factores salariales sobre los cuales
efectivamente se cotizó. Incluir otros factores sería contrario al principio de
solidaridad, afectaría la sostenibilidad financiera del sistema y significaría
reconocer valores que nunca ingresaron por aportes al sistema pensional. También
que la reliquidación pretendida desconoce la regla legal del IBL para beneficiarios
de transición, que obliga a promediar los últimos diez años o el tiempo restante
desde 1994 hasta adquirir el derecho, según el caso. Aplicar otro método, afirma,
otorgaría beneficios desproporcionados e inconstitucionales.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del veintidós (22)
de julio de dos mil veintiuno (2021) negó las pretensiones, por considerar que la
pensión sí está sujeta al límite constitucional de 25 salarios mínimos legales
mensuales, porque el artículo 48 de la Constitución establece expresamente que,
a partir del 31 de julio de 2010, ninguna pensión con cargo a recursos públicos
puede exceder ese tope, mandato que es de aplicación general y no prevé
excepciones.

17. Que además el régimen especial del Decreto 546 de 1971 no puede prevalecer
actualmente, porque la misma Constitución señala que solo subsisten como
regímenes especiales los de la Fuerza Pública, el presidente y los docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003.

18. Por último, manifestó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-258 de 2013,
ordenó que todas las pensiones que excedieran el tope de 25 salarios debían ser
reliquidadas inmediatamente, sin excepción alguna, para garantizar la
sostenibilidad del sistema pensional. Estas reglas fueron aplicadas por la
demandada, por lo que concluyó los actos administrativos demandados se
ajustaron al ordenamiento jurídico.

RECURSO DE APELACIÓN

19. La parte actora interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el tribunal
desconoció que cuenta con más de 29 años de servicio en la Rama Judicial y la
Fiscalía, razón por la que considera está amparada por el régimen especial del
Decreto 546 de 1971, el cual ordena liquidar la pensión con el 75% del salario más

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alto del último año y sin aplicar tope alguno.

20. Sostuvo que la UGPP modificó arbitrariamente su reconocimiento pensional y
aplicó límites derivados de normas del sistema general (como el Decreto 510 de
2003), pese a que no son aplicables a los regímenes especiales ni a quienes están
en régimen de transición.

21. Finalmente, pidió se abstenga de efectuar cobro alguno a la actora y a su
empleador de sumas de dinero por concepto de pago de aportes a seguridad social
sobre factores salariales que se tuvieron en cuenta para efectos de determinar el
derecho pensional, por estar demostrado el régimen especial que la ampara
Decreto ley 546 de 1971, el cual se aplica de manera excluyente a los demás
sistemas pensiónales, régimen en el que depende de las cotizaciones efectuadas
se determina el monto de cuantía de la pensión.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. El 5 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación. Ni las partes ni el
Ministerio Público se pronunciaron en esta oportunidad.

23. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

24. Corresponde a la Subsección determinar si la demandante tiene derecho a que su
pensión sea liquidada conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de Decreto 546 de
1971, sin imponer el límite en la cuantía equivalente a 25 SMLMV ordenado en la
sentencia C-258 de 2013.

25. Para efectos de dar solución se tendrá en cuenta el siguiente marco normativo.

Topes pensionales.

26. Con la Ley 797 de 2003 se modificó el inciso 4º del artículo 18 de la Ley 100 de
1993, en el sentido de que el límite de la base de cotización sería de veinticinco
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector
público y privado y, a través del Acto legislativo 1 de 2005, se elevó a rango
constitucional el límite para el reconocimiento pensional.

27. La Corte Constitucional precisó, en cuanto a los regímenes especiales, que
también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales,

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siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial.4

28. Uno de los sistemas especiales anteriores a la Ley 100 de 1993 es el establecido
para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público,
contenido en el Decreto 546 de 1971, pero en esa normativa no se fijó límite
máximo de los montos de las pensiones.

29. No obstante, tal omisión no habilita sustraerse de aplicar los topes pensionales,
porque como de manera puntual lo sostuvo la Corte Constitucional en los fallos C-
258 de 2013 y T-360 de 2018, estos son un límite existente desde antes de la
expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y que su incorporación en el texto
superior mediante su artículo 48 busca establecer los topes «para todas las
mesadas pensionales con cargo a los recursos de naturaleza pública», con el fin
último de limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de
las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales
especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.

30. De manera que «deviene desproporcionado y contrario a los principios
constitucionales del Estado Social de Derecho y a los que inspiran el sistema
general de pensiones, la interpretación conforme a la cual las mesadas de quienes
se encuentran en transición no están sujetas a tope».5

31. Adicionalmente, no es aceptable predicar la ausencia de topes para los
beneficiarios de leyes especiales, por lo que en la Sentencia C-258 de 20136 se
sostuvo lo siguiente:

En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los regímenes
especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esta
Corporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales
regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el
tope señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones
que la modifican en lo pertinente.

Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de la
ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como en el
caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de igualdad en
tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas
que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el
contrario, por regla general pertenecen a un sector privilegiado de la población; y (ii)
avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades
de la seguridad social.

4 Sentencia C-089 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.
5 Sentencia T-360 de 2018, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
Corte Constitucional, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, sentencia de 7 de mayo de 2013.

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32. En efecto, dicha Corporación determinó que, si bien es posible acceder a una
pensión mediante un régimen especial, ello resulta constitucional siempre y cuando
las diferencias que surjan de su aplicación no sean manifiestamente
desproporcionadas y carentes de correspondencia entre lo cotizado y el monto del
respectivo derecho.

33. Adicionalmente, esta Subsección frente a la limitación del monto de las pensiones
indicó:7

Ahora bien, como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, con la modificación
del artículo 48 de la Constitución Política por el Acto Legislativo 01 de 2005 se buscó
imponer topes para todas las mesadas pensionales que se pagan con cargo a recursos
de naturaleza pública con el propósito de proteger la sostenibilidad financiera del
Sistema General de Pensiones limitando los subsidios y por ello, la Corte Constitucional
ordenó como efecto inmediato de la sentencia C-258 de 2013 ajustar de manera
automática al tope de 25 SMMLV las mesadas pensionales que se cancelan con
recursos públicos.

34. Finalmente, en la sentencia SU-210 de 2017,8 la Corte sostuvo que el límite del
monto de las pensiones a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes
aplica para el sistema general de pensiones, incluyendo el régimen especial de
magistrados, muchos de ellos pensionados conforme al Decreto 546 de 1971. Se
indicó en la referida decisión:

Además, como se señaló en la Sentencia C-258 de 2013, la fijación de límites a los
subsidios que el Estado destina al pago de las más altas pensiones por medio del
establecimiento de topes, es un asunto previsto desde antes de la expedición del
mismo Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la promulgación de la
Ley 100 de 1993. Así por ejemplo, la Ley 4ª de 1976 (pensiones del ISS original),
establecía un valor máximo de 22 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Posteriormente, la Ley 71 de 1988 (pensión por aportes) disminuyó el tope a 15 salarios
mínimos mensuales legales vigentes, y finalmente, la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su
artículo 18, a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes para los afiliados al
régimen de prima media.

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023 radicado 25000-23-42-

000-2016-05606-01 (3281-2020)M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
8 Mediante la cual revocó las sentencias de tutela de primera y segunda instancia proferidas por las Secciones

Cuarta y Quinta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación y en su lugar, concedió el amparo
del derecho fundamental al debido proceso, invocado por la Fundación Externado de Colombia en contra de esta
sección del Consejo de Estado debido a que entre otros aspectos, no podía ordenar como lo hizo en la parte
resolutiva de la Sentencia de 21 de agosto de 2014, que “[l]os parámetros establecidos por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-258-13 no son aplicables en este caso, así como tampoco el tope de 25 salarios mínimos de las
mesadas pensionales (…)”, pues sobre dicho aspecto había cosa juzgada constitucional.

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Resolución al caso concreto

35. En el presente asunto, no está en discusión que la demandante es beneficiaria del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco que su
pensión de jubilación se debía reconocer en atención al régimen pensional especial
consagrado en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, aplicable para los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público.

36. Su inconformidad radica en que con posterioridad al reconocimiento su mesada
fue ajustada al tope de 25 smlmv lo cual considera no le es aplicable al régimen
especial pensional establecido en el Decreto 546 de 1971 y además vulnera sus
derechos fundamentales.

37. Según el sustento normativo y jurisprudencial atrás citado, CAJANAL en
liquidación, (hoy) UGPP podía aplicar el régimen general en cuanto a los topes
pensionales, porque el régimen especial no reguló dicho aspecto.9

38. En efecto, las sentencias C-089 y C-155 de 1997 precisaron que cuando la
normativa especial no establece el límite máximo de las mesadas pensionales, es
posible aplicar las reglas generales previstas para esos efectos, pues de lo
contrario se permitiría que algunos pensionados gozaran de privilegios
injustificados. Bajo el anterior entendido, si bien el Decreto 546 de 1971 no
determinó un tope pensional, dicha circunstancia no impide aplicar la normativa
general, porque se tiene que con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y
posteriormente la Ley 797 de 2003 se extendió la sujeción de mesadas
pensionales, incluso de regímenes especiales, a los topes fijados por el régimen
general.

39. En esa medida, las pretensiones de reajustar la pensión de jubilación sin limitación
alguna y ordene a la UGPP abstenerse de efectuar cobro alguno a la actora y a su
empleador de sumas de dinero por concepto de pago de aportes a seguridad social
sobre factores salariales que se tuvieron en cuenta para efectos de determinar el
derecho pensional10, implican el desconocimiento de los principios de igualdad,
sostenibilidad financiera del sistema, interés general y distribución equitativa de los

9 Así lo ha sostenido esta Sección, ver sentencias del 12 de junio de 2020 radicado 76001-23-31-000-2011-00631-

01 (4225-15) M.P. Carmelo Perdomo Cueter, 25 de febrero de 2021 radicado 25000-23-42-000-2015-05374-01
(2583-2017) M.P. Sandra Lisset Ibarra Velez, 23 de septiembre de 2021 radicado 25000-23-42-000-2013-06955-
01 (1426-2017) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
10 La actora reprocha que en la resolución PAP 024164 de 29 de octubre de 2010, en la que dejó sin efectos la

Resolución 002304 del 12 de enero de 2010 y modificó la Resolución 07424 de 16 de febrero de 2009 se dispuso:
descontar de las mesadas atrasadas a que tiene derecho la señora Perafán Ordoñez Petrona la suma de
$9.741.176 por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados de conformidad con el
informe de liquidación de diferencias de aportes por nuevos factores salariales.

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recursos limitados del Sistema de Seguridad Social, así como la solidaridad, que
no pueden ser desconocidos por los regímenes especiales de pensión.

40. Por las razones anotadas la Subsección confirmará la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, pues quedó acreditado que la actuación
de la demandada no fue arbitraria ni modificatoria de la situación jurídica de la
actora; por el contrario, ocurrió en cumplimiento de una sentencia judicial proferida
por la Corte Constitucional, vinculante para todas las autoridades.

De la condena en costas en segunda instancia

41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

44. En consecuencia, se impondrán costas en segunda instancia a la parte
demandante, por cuanto se negaron totalmente las peticiones del recurso de
apelación interpuesto. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 25000234200020149114401 (5498-2022)

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Primero. CONFIRMAR sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante por las
razones expuestas en la presente providencia.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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