Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-01375-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
2 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25 000 23 42 000 2014 01375 01 (2331-2021)
Demandante: Martha Patricia Jiménez Rodríguez
Demandado: Bogotá D.C. - Secretaría Distrital de Gobierno
Tema: Renuncia protocolaria empleado libre nombramiento y
remoción.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2019,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda.
Se invocaron las siguientes:
Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 438 de 23 de octubre
de 2013,1 mediante la cual el Secretario Distrital de Gobierno de Bogotá le aceptó
la renuncia a la señora Martha Patricia Jiménez Rodríguez.
Segunda: Que se ordene al ente demandado reintegrar a la actora al cargo de
Subsecretaria de Despacho Código 045, Grado 08 de la Subsecretaría de
Planeación y Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno y/u a otro empleo de
igual o superior jerarquía, sin solución de continuidad para todos los efectos
legales.
Tercera: Que se condene a la accionada reconocer y pagar a la demandante los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de su
desvinculación y hasta el día en que sea reincorporada al servicio.
1 Folio 10 cuaderno principal.
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Demandante: Martha Patricia Jiménez Rodríguez
Cuarta: Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los
artículos 187 y 192 de la Ley 1437 de 2011.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda.
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
La demandante prestó sus servicios al Distrito Capital de Bogotá en los siguientes
empleos y periodos:
• Director Técnico, Código 009, Grado 004, de la Dirección Administrativa
adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno, a partir del 22 de febrero de
2022.
• Subsecretario de Despacho (E), Código 045, Grado 08, de la
Subsecretaría de Planeación y Gestión vinculada a la Secretaría Distrital
de Gobierno, a partir del 8 de enero de 2013.
• Titular del empleo anteriormente citado, a partir del 4 de febrero de 2013.
El 28 de mayo de 2013, la accionante sufrió un accidente de trabajo, razón por la
cual fue incapacitada hasta el día 11 de agosto de ese mismo año.
Posteriormente, el 16 de septiembre de ese año, experimentó otro accidente
laboral, siendo incapacitada hasta el 17 de octubre siguiente.
Durante el comité directivo de la Secretaría de Gobierno Distrital celebrado el 17
de septiembre de 2013, el nominador solicitó la renuncia a todos los directivos de
esa dependencia. La demandante no estuvo presente en esa reunión, dada la
vigencia de la aludida incapacidad.
La accionante retornó a sus labores el día siguiente y enseguida le fue exigida la
renuncia al empleo por parte de una de las asesoras del Secretario Distrital de
Gobierno. Por tal razón, en esa misma fecha radicó su dimisión, la cual fue
aceptada inmediatamente.
Que dicha acción no fue espontánea y voluntaria, sino que obedeció a la
exigencia del Secretario Distrital de Gobierno; además, no se presentó con
carácter irrevocable y con fecha exacta de retiro.
1.3 Fundamentos de derecho.
Se señalan como vulneradas las siguientes disposiciones:
• Artículo 27 del Decreto 2400 de 1968.
• Artículos 111 y 115 del Decreto 1950 de 1973.
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En el concepto de violación, el abogado de la parte actora invocó el cargo de
nulidad denominado «Infracción de la Norma en que se debería fundar»,
sustentándolo en los siguientes términos:
Los artículos 27 del Decreto 2400 de 1968 y 111 y 115 del Decreto 1950 de 1973,
determinan que la renuncia es un acto dispositivo del fuero interno de los
trabajadores y, por tanto, constituye una actuación libre, espontánea y voluntaria.
En el caso de marras, la dimisión adoleció de esas exigencias, pues fue solicitada
a través de una de las asesoras del nominador. Así, resaltó que la voluntad de
su cliente era la de permanecer en el empleo, por lo que aquella abdicación nunca
tuvo carácter irrevocable. Adicionalmente, expresó que esa dejación del cargo
careció de una fecha de retiro y, con base en las citadas disposiciones, nunca
tuvo valor jurídico.
Finalmente, alegó que el nominador debió advertir que ese acto no satisfizo los
requerimientos legales y, en consecuencia, debió abstenerse de aceptarla.
1.4 Contestación de la demanda.
Dentro de la oportunidad de ley, la entidad demandada contestó la demanda,2
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales
fines, alegó que:
• El vocablo “sin fecha determinada” contenida en las normas invocadas
como vulneradas, no se refiere a la data en que se producirá la separación
del servicio. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha entendido que en
aquellos casos en que la renuncia no señale la fecha exacta en que ha de
principiar, el nominador podrá aceptarla a partir de la fecha de su
radicación, en razón a que en ella se entiende consolidada la voluntad del
trabajador de desvincularse de la institución. Por tanto, aunque la dimisión
presentada carece de esa fecha, quedó claro que a partir del 18 de octubre
de 2013 la accionante tenía el deseo de retirarse de la entidad, por lo que
no se avizoran vicios en esa actuación.
• El empleo ocupado por la demandante era de libre nombramiento y
remoción, por tanto, su provisión y retiro están atados a la discrecionalidad
del nominador. En este asunto, la desvinculación estuvo precedida de la
renuncia de su titular, acto que se encuentra contemplado en la Ley 909
de 2004, como causa legal para ordenar el retiro del servicio.
• Adicionalmente, adujo que frente a este tipo de cargos es posible sugerir
la renuncia para dejar en libertad al empleador para realizar los ajustes
que ameriten sus equipos de trabajo, insinuación que la jurisprudencia del
Consejo de Estado no ha tildado de ilegal, pues ello obedece a un acto de
2 Folios 91 a 111 cuaderno principal.
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cortesía para evitar una salida indecorosa como la que proviene de la
declaratoria de insubsistencia.
• Que el retiro de la demandante provino de la renuncia voluntaria presentada
por ella y jamás acreditó que el nominador le exigió la dimisión de su cargo.
1.5 Sentencia de primera instancia.
Mediante sentencia adiada 2 de septiembre de 2019,3 la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas
de la demanda, concluyendo que:
• No se demostró que la renuncia presentada por la demandante haya estado
precedida por coerción o presión del nominador o de su asesora.
• La actora no demostró que, en la misma fecha, el nominador le exigió la
renuncia a todos los empleados del nivel directivo institucional. La prueba
incorporada con esos fines evidenció que a la totalidad de ese personal no se
le realizó ese requerimiento y, además, algunas dimisiones fueron aceptadas
en años distintos.
• Aunque la renuncia no precisó la fecha en que se produciría el retiro del
servicio, tal actuación es válida y autorizaba su aceptación a partir del 18 de
octubre de 2013, fecha en que fue radicada. En todo caso, el acto de retiro se
emitió dentro de los 30 días siguientes, ajustándose a lo previsto en el artículo
113 del Decreto 2400 de 1968.
1.6 Recurso de apelación.
Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió en
apelación.4 En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia
hubiere negado las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:
• Previa solicitud del nominador, a través de una de sus asesoras, la dimisión fue
radicada al día siguiente de su reincorporación al servicio, después del
vencimiento de la incapacidad laboral dimanada de un accidente de trabajo. En
consecuencia, ese acto no fue voluntario, libre y espontáneo.
Erró el a quo cuando concluyó que la abdicación fue producto de la voluntad
inequívoca de la demandante, cuando en el proceso se demostró que esa
actuación tuvo origen en la solicitud realizada por el Secretario Distrital de
Gobierno.
• La renuncia presentada por la actora no satisfizo los requerimientos de ley, pues
3 Folios 206 a 216 cuaderno principal
4 Folios 223 a 227 del cuaderno principal
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no indicó la fecha en que se retiraría del servicio. No puede interpretarse que la
data en que se radicó ese documento fijó el punto de partida para su aceptación.
En ese contexto, la administración estaba imposibilitada para avalarla y, como lo
hizo, esa decisión carece de valor.
• Está demostrado en el expediente que en el mes de octubre de 2013, el
Secretario Distrital de Gobierno requirió la renuncia a todos los empleados de
libre nombramiento y remoción. Por tanto, la dimisión de la demandante y la de
8 servidores más, obedeció a una exigencia del nominador, a una política
institucional ajena al buen servicio o mejoramiento del mismo.
1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.
1.7.1 La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 13 de agosto de 2021,5
se admitió el recurso de apelación.
1.7.2 Alegatos de conclusión. A través de proveído adiado 12 de noviembre de
ese mismo año,6 se corrió traslado a las partes y al agente del ministerio público
para que presentaran sus alegatos de conclusión y su concepto de fondo
respectivamente.
En esta oportunidad procesal intervinieron los apoderados judiciales de las
partes. El Agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación guardó
silencio.
1.7.2.1 Intervención de la parte actora.
Reiteró los argumentos esbozados en la demanda, en los alegatos de conclusión
de primera instancia y en la sustentación del recurso de apelación.
1.7.2.2 Intervención del apoderado de la parte demandada.
Solicitó confirmar la sentencia apelada, al considerar que el escrito de renuncia
satisfizo todos los pedimentos legales. Así, indicó que tal actuación fue autónoma
y espontánea y que no reposa prueba que evidencie que el entonces Secretario
Distrital de Gobierno coaccionó a la actora a dimitir de su empleo.
1.8 El control de legalidad.7
Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte ninguna causal de nulidad
que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la
alzada, previas las siguientes:
5 Folio 252 del cuaderno principal.
6 Folio 254 del cuaderno principal
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
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II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.
2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,9 la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante
único.
2.3 Problemas jurídicos
De conformidad con los argumentos planteados por el impugnante, le
corresponde a la Sala establecer sí:
i) ¿La renuncia presentada por la actora no fue libre, voluntaria, ni espontánea?
ii) ¿La falta de indicación de la fecha a partir de la cual surtía efectos esa dimisión,
le restó valor y efecto jurídico?
iii) ¿La aceptación -entre los meses de octubre y noviembre de 2013- de las
renuncias presentadas por nueve funcionarios de libre nombramiento y remoción
del Distrito de Bogotá, evidencia presiones por parte del nominador y una política
ajena al buen servicio público?
En el camino de resolución de estos interrogantes, la Subsección abordará los
siguientes aspectos: i) la dimisión como causal de retiro del servicio de los
empleados públicos y; ii) la renuncia protocolaria de los empleados de libre
nombramiento y remoción.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
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2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.4.1 La renuncia como causal de retiro del servicio de los empleados
públicos.
El literal b) del artículo 25 del Decreto Ley 2400 de 196810 estableció que la
cesación definitiva de funciones opera, entre otros casos, en virtud de una
renuncia regularmente aceptada. A su turno, el artículo 27 ejusdem, dispuso que
la dimisión se produce cuando el servidor público manifiesta por escrito y de
forma inequívoca su voluntad de separarse de la función pública, evento en el
que deberá precisar la fecha de su retiro. Se señaló, además, que la ausencia de
esa determinación, resta valor jurídico a ese acto.
Por su parte, el Decreto 1950 de 1973, “Por el cual se reglamentan los decretos
leyes 2400 y 3074 de 1968 […]”, preceptuó:
«ARTICULO 111. <Artículo compilado en el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto Único
Reglamentario 1083 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo
3.1.1 del mismo Decreto 1083 de 2015> La renuncia se produce cuando el
empleado manifiesta por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión
de separarse del servicio.
ARTICULO 112. <Artículo compilado en el artículo 2.2.11.1.4 del Decreto Único
Reglamentario 1083 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo
3.1.1 del mismo Decreto 1083 de 2015>Si la autoridad competente creyere que
hay motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá
solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste, deberá aceptarla.
La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.
ARTICULO 113. <Artículo compilado en el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto Único
Reglamentario 1083 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo
3.1.1 del mismo Decreto 1083 de 2015> Presentada la renuncia, su aceptación por
la autoridad competente se producirá por escrito y en la providencia
correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no
podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación.
Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido sobre
la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en
abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la
renuncia no producirá efecto alguno.
ARTICULO 115. <Artículo compilado en el artículo 2.2.11.1.7 del Decreto Único
Reglamentario 1083 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo
3.1.1 del mismo Decreto 1083 de 2015> Quedan terminantemente prohibidas y
carecerán en absoluto de valor las renuncias en blanco, o sin fecha determinada,
o que mediante cualquiera otra circunstancia pongan con anticipación en manos
de la autoridad nominadora la suerte del empleado».
Por tratarse de un acto que proviene del trabajador, la renuncia debe reflejar su
voluntad inequívoca y, en todo caso, debe ser consciente y ajena a todo vicio de
10«Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras
disposiciones».
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error, fuerza (coacción física o moral) o dolo que pueda cercenarla o
constreñirla.11
Por tanto, su ejercicio no debe estar precedido de presiones externas, por ser
fruto de la libertad de quien lo practica. Presentada de este modo, la dimisión
debe ser aceptada, pues así lo disponen las normas referidas en el párrafo que
precede; en caso contrario, carece de validez por contrariar la libre voluntad que
debe antecederle.
La Ley 909 de 2004 preservó la “renuncia regularmente aceptada” como causal
de retiro de los empleados de libre nombramiento y remoción y de los adscritos
a la carrera administrativa.12 Respecto del concepto de renuncia y los efectos de
su aceptación, la Subsección B de esta Sección, expresó:
«[…] Es pertinente destacar que, dentro de las causales de retiro del servicio, se
encuentra la renuncia regularmente aceptada de un empleo público, entendida
ésta como la manifestación espontánea y voluntaria de separarse definitivamente
del ejercicio de la función pública. Sea la oportunidad para señalar que el acto
administrativo que acepta la renuncia, reconoce efectos jurídicos irrevocables, y,
además, goza de presunción de legalidad».13
De cara a lo expuesto, la renuncia a un cargo público es el resultado de una
manifestación escrita e inequívoca del funcionario de cesar en el ejercicio de sus
funciones, de tal suerte que dicho acto debe reflejar su voluntad indiscutible de
retirarse del empleo, esto es, constituir una expresión consciente y ajena a todo
vicio de error, fuerza y/o engaño.
2.4.2 La renuncia protocolaria de los empleados de libre nombramiento y
remoción.
Por su naturaleza, los empleos de libre nombramiento y remoción están
permanentemente supeditados a la “renuncia protocolaria”, figura según la
cual, el servidor público deja en total libertad al nominador para reorganizar su
equipo de trabajo -normalmente vinculado al nivel directivo- y escoger a las
personas que, en una determinada coyuntura, son los más idóneos para ejercer
el cargo.
Se le denomina así, en razón a que su presentación deviene por solicitud de la
administración, petición que, según lo ha entendido la jurisprudencia de esta
Corporación, refleja un acto de cortesía de la administración, en tanto pretende
evitar el uso de la facultad discrecional con que se cuenta frente a esos puestos
de trabajo.
11 Sección Segunda. Subsección A. Expediente: 25000-23-25-000-2008-00942-01(1635-17). Sentencia de
fecha 22 de febrero de 2018. Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
12 Ver artículo 41, literal d).
13 Sentencia de 1° de junio de 2017, radicación número 25000-23-42-000-2014-02869-01 (4778-15) M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Sobre este particular, esta Subsección14 se pronunció en los siguientes términos:
«[…] La renuncia protocolaria se produce por la voluntad inequívoca del
funcionario de dejar en libertad al nominador para reorganizar la dependencia
respectiva, designando a las personas que a su juicio sean las más idóneas para
el ejercicio del cargo. Asimismo, respecto de la solicitud de la renuncia, ha dicho
esta corporación, que esta conducta por parte de la administración se acostumbra
a realizar como un acto de cortesía, para no hacer uso de la facultad discrecional
de la que se encuentra investido el nominador, máxime cuando se halla frente a
un empleado que no goza de fuero de estabilidad.
Así, en sentencia del 25 de marzo de 2010, la Subsección A de la Sección Segunda
de esta corporación, consideró:
Esta situación se ha denominado jurisprudencialmente como RENUNCIA
PROTOCOLARIA, con la cual se busca dejar en libertad al nominador para que tome
las medidas que considere pertinentes frente al personal directivo o de confianza, sin
necesidad de recurrir al retiro del servicio mediante la declaración de insubsistencia.15
También se ha sostenido de tiempo atrás, que tratándose de cargos de alto nivel,
de libre nombramiento y remoción, la insinuación de la presentación de la renuncia
no es ilegal, pues ello obedece, en razón de la naturaleza del cargo, a la posibilidad
de la máxima autoridad de la entidad de conformar su equipo de trabajo y de
permitirle al funcionario una salida ajena a cualquier connotación negativa. De igual
manera, tal práctica (la solicitud de renuncia) por parte del nominador, no
constituye una conducta desviada, atendiendo el rango y las atribuciones de
responsabilidad y confianza que deben manejar quienes ocupan dichos cargos”.
La renuncia protocolaria puede ser presentada por el empleado sin ser requerido
por el nominador; sin embargo, en caso de que ello no ocurra, este puede pedirla
sin que por tal proceder pueda entenderse un acto de persecución o de presión
en contra del trabajador, pues un cargo de esa estirpe no genera fuero de
estabilidad como el que se pregona de los empleados en carrera administrativa
o en provisionalidad y, por el contrario, «[…] se encuentra bajo el imperio de una
potestad discrecional de libre nombramiento y remoción y, en consecuencia, en
una situación de confianza distinta de la que se advierte en los demás niveles de
la administración»16.
La jurisprudencia ha precisado que la solicitud de renuncia a un funcionario de
libre nombramiento y remoción es una deferencia del empleador, que le garantiza
una salida decorosa de su empleo y evita la declaratoria de insubsistencia del
respectivo nombramiento.
Como se aprecia, el grado de especial confianza ínsito en estos cargos, avalan
el ejercicio de la potestad discrecional tanto para garantizar el ingreso a la función
pública, como para solventar su retiro. Así entonces, esa misma discrecionalidad
14 Sección segunda, subsección A, expediente 25000-23-25-000-2011-00056-01 (1102-2013), Consejero
Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
15 Consejo de Estado, sentencia de 25 de marzo de 2010, Radicado interno 7716-2005, C.P. Luis Rafael
Vergara Quintero.
16 Sección Segunda. Subsección B. Expediente 25000-23-25-000-2009-00417-01 (2805-13). Sentencia de
fecha 25 de noviembre de 2019. Consejero ponente: César Palomino Cortés. .
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Demandante: Martha Patricia Jiménez Rodríguez
se predica frente a la solicitud de renuncia, la cual, como ya fue dicho, no es ilegal
ni comporta desviación de poder de la administración.
Con fundamento en todo lo estudiado hasta aquí, esta Sala de Subsección
resolverá los interrogantes formulados en acápite anterior.
2.5 Caso concreto.
Primer interrogante: ¿La renuncia presentada por la actora no fue libre,
voluntaria, ni espontánea?
Lo primero que debe señalarse es que al momento de radicar la renuncia que
ahora se reprocha, la demandante ocupaba el cargo Subsecretaria de Despacho,
Código 045, Grado 08, adscrita a la Subsecretaría de Planeación y Gestión de la
Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá,17 el cual se encontraba catalogado
como de libre nombramiento y remoción.
Pues bien, ante la afirmación efectuada por el apelante en cuanto que la dimisión
presentada por su cliente fue producto de la solicitud realizada por el nominador,
solo media en el expediente el testimonio de la señora Yolanda Beltrán Navarro,
quien en la respetiva audiencia de pruebas afirmó:
«En aquella oportunidad no únicamente Marta Patricia Jiménez presentó renuncia, sino
que la presentamos todos los directivos de la administración, es decir, todos los jefes de la
Secretaría de Gobierno, porque así nos lo solicitaron.
¿Quién nos lo solicitó? El señor secretario Guillermo Alfonso Jaramillo, sí, que en dos
oportunidades nos hizo esa solicitud. Recuerdo la última en el mes de septiembre del 2013.
Esa fue la última vez que nos la solicitó y todos los directivos que entramos en la
administración de Guillermo Asprilla, el anterior secretario, nos aceptaron las renuncias que
habíamos presentado previamente.
Es decir, había un interés evidente de cambiar el equipo directivo y nombrar a las personas
que él tuviera a bien. Fue una conducta permanente, insistir en que no era fácil trabajar
con él, que por cualquier inexactitud nos iríamos de la administración, pero finalmente en
comité directivo nos pidió la renuncia en dos oportunidades. Recuerdo muy bien una el 17
de septiembre, en comité directivo, y pues también tengo muy clara la fecha en que, en mi
caso, fue admitida que fue el 11 de octubre, es decir, casi al mes de haberla presentado».
Aunque ese relato da cuenta que el Secretario Distrital de Gobierno de esa época
le exigió la renuncia a todos los jefes de esa dependencia, tal pedimento no
prefigura un constreñimiento al que la demandante no pudiera negarse, pues: i)
no fue encausado por coacción moral o física invencible que la obligara a
presentarla y; ii) tal requerimiento fue realizado por quien gozaba de la potestad
legal para ello, facultad encaminada a reorganizar la dependencia a su cargo y
conformar el equipo de trabajo que, en esa coyuntura, fuera el más idóneo para
acompañarlo en su gestión.
17 A folio 7 del cuaderno principal reposa la Resolución N° 024 de 29 de enero de 2013, contentivo del
nombramiento de la demandante en el citado empleo.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2014 01375 01 (2331-2021)
Demandante: Martha Patricia Jiménez Rodríguez
Por lo que sigue, la Sala no encuentra irregularidad alguna en la actuación
desplegada por el entonces Secretario Distrital de Gobierno de Bogotá, por
cuanto es una práctica común y legal admitida al interior de la administración
pública frente a los cargos de libre nombramiento y remoción.
Al respecto, la Subsección B de esta Sección ha considerado que la solicitud o
insinuación de renuncia por parte del nominador a los servidores de esta
naturaleza, no afecta la legalidad de los actos de retiro ni infringe el artículo 27
de Decreto 2400 de 1968, pues dicha facultad obedece a la oportunidad que la
ley le otorga para reorganizar su equipo de trabajo y escoger al personal que, en
la debida oportunidad, es el más apto para realizar la función respectiva.18
Así las cosas, no está acreditado que la petición de renuncia hubiese estado
acompañada de un acto de constricción que limitara el ejercicio de la voluntad de
la accionante. Contrario a ello, se demostró que la actuación del otrora empleador
se ajustó al protocolo que en este tipo de situaciones se sigue para facilitar la
conformación de un nuevo grupo de colaboradores. En consecuencia, la renuncia
protocolaria se avino a parámetros aceptables y predicables frente a los
empleados de libre nombramiento y remoción.
De cara a lo expuesto, la respuesta a este planteamiento es negativa.
Segundo interrogante: ¿La falta de indicación de la fecha a partir de la cual
surtía efectos esa dimisión, le restó valor y efecto jurídico?
Cuando el servidor público renuncia a su cargo, tal decisión debe provenir de la
voluntad libre y espontánea de hacerlo, sin que pueda considerarse que esa
libertad fue menguada o estuvo forzada o condicionada por el hecho de que el
nominador, en ejercicio de sus facultades legales, le haya sugerido al empleado
presentarla. En otras palabras, la dimisión protocolaria debe reflejar una voluntad
inequívoca exenta de todo vicio de error, fuerza o engaño.
Revisado el plenario, se observa que la demandante renunció a su empleo en los
siguientes términos:
«Bogotá D.C, 18 de octubre de 2013
Doctor
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO
Secretario de Despacho
Secretaría Distrital de Gobierno
Calle 11 N° 8 – 17
Respetado señor Secretario:
18 Sección Segunda, Subsección B, Sentencia 25 de noviembre de 2019, Rad.: 25000-23-25-000-2009-
00417-01 (2805-2013) Consejero Ponente César Palomino Cortés.
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Demandante: Martha Patricia Jiménez Rodríguez
Mediante esta comunicación me permito presentar renuncia al cargo que he
venido desempeñando como Subsecretaria de Planeación y Gestión. Sea esta la
oportunidad para desearle éxito en el direccionamiento de la Secretaría de
Gobierno y en el logro de los propósitos de la Bogotá Humana.
Cordial saludo […]»19
Aunque en ese escrito no se señaló la fecha a partir de la cual tal dimisión se
haría efectiva, tal omisión no afectó su validez, ni mucho menos vició la
Resolución 438 de 23 de octubre de 2013 -que la aceptó-, pues la administración
contaba con la facultad para aceptarla a partir de su radicación, en tanto en esa
calenda se consolidó la decisión de la actora de retirarse del empleo en
referencia. En otras palabras, la aludida indeterminación, permite concluir que la
actora deseaba desvincularse de la entidad desde el mismo día en que presentó
la dimisión.
Recuérdese que el artículo 113 del Decreto 1950 de 1973 dispone que,
presentada la renuncia, la autoridad competente la aceptara por escrito e indicará
la fecha de su efectividad, la cual no podrá superar los treinta días a partir de su
radicación pues, vencido dicho término «[…] sin que se haya decidido sobre la
renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en
abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual
la renuncia no producirá efecto alguno».
Conforme con lo visto, se concluye que en el presente asunto sí se estructuraron
los requisitos indispensables para que esa renuncia surtiera todos los efectos
legales. Lo anterior, por cuanto si la actora consideraba que su desvinculación
debió producirse en fecha anterior o posterior a la prevista en el acto enjuiciado,
estaba en la obligación de hacérselo saber a la administración; sin embargo, ello
no tuvo lugar, pues al ser notificada de esa decisión, la consintió y no manifestó
ningún reparo.
Corolario, este cargo tampoco prospera.
Tercer interrogante: ¿La aceptación -entre los meses de octubre y noviembre
de 2013- de las renuncias presentadas por nueve funcionarios de libre
nombramiento y remoción del Distrito de Bogotá, evidencia presiones por parte
del nominador y una política ajena al buen servicio público?
En el paginario reposa el oficio 20164100397281 de 10 de noviembre de 2016, a
través del cual la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Secretaría
Distrital de Gobierno de Bogotá, informó que: i) para el 17 de septiembre de 2013,
37 personas ocupaban cargos directivos de libre nombramiento y remoción en
esa secretaría; ii) de todos ellos, solo 20 presentaron renuncia a sus empleos;
iii) en los meses de octubre y noviembre de 2013 le fue aceptada la renuncia a
nueve de esos funcionarios, entre los que se cuenta la demandante.
19 Folio 9 cuaderno principal.
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Demandante: Martha Patricia Jiménez Rodríguez
Pues bien, un contraste entre las consideraciones plasmadas en torno a la figura
de la “renuncia protocolaria” y la citada prueba documental, permite a la Sala
concluir que las dimisiones aceptadas entre los meses de octubre y noviembre
de 2013, no evidencian la existencia de presiones al interior de la Secretaría
Distrital de Gobierno de Bogotá para que sus funcionarios directivos renunciaran
a sus cargos, ni tampoco demuestran el despliegue de políticas ajenas al buen
servicio público.
En efecto, nótese que, de los 37 empleados del nivel directivo, solo veinte
presentaron su renuncia -en diversas épocas, atendiendo la fecha en que tales
dimisiones fueron aceptadas- y, en lo que concierne al periodo señalado por la
parte activa, solo 9 de ellos fueron retirados de la institución. Por tanto, se infiere
que la dejación de esos cargos provino, como ya se dijo, de la “renuncia
protocolaria” ínsita a la naturaleza de esas ocupaciones, cuya finalidad apunta a
que el nominador estructure, de acuerdo con la respectiva coyuntura, el equipo
que estime idóneo para que lo acompañe durante el ejercicio de su gestión.
En consecuencia, al no demostrarse que la renuncia presentada por la actora
estuvo ligada a fines distintos a los permitidos en el ordenamiento jurídico vigente
y/o que todas las dimisiones radicadas y aceptadas en ese periodo estuvieron
predeterminadas por conductas ajenas al buen servicio público, se impone el
deber de declarar la improsperidad del cargo en estudio.
Con base en todo lo expresado, y atendiendo a que no prosperaron los cargos
invocados en la alzada, la Sala confirmará la sentencia de primer grado.
2.6 Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Martha Patricia Jiménez Rodríguez
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2019,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda
promovida por la señora Martha Patricia Jiménez Rodríguez contra Bogotá D.C.
– Secretaría Distrital de Gobierno.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en
esta providencia.
TERCERO. Reconocer al abogado Leonardo Antonio Bello Pérez, para actuar
como apoderado de la entidad demandada, según poder que obra en el índice
24 de la plataforma SAMAI.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
fecha dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
(Ausente en comisión)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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