Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01780-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01780-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-01780-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2014 01780 01 (5864 – 2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Gloria Marina Beltrán Sierra
Tema: Lesividad. Fraude global. Devolución de dineros obtenidos de
mala fe. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 26 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió a las súplicas de
la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderado judicial,
acudiendo a la acción de lesividad, solicitó declarar la nulidad de la Resolución
RDP 039410 de 27 de agosto de 2013, por medio de la cual se dio cumplimiento a
un fallo de tutela y se reconoció una pensión gracia a favor de Gloria Marina Beltrán
Sierra.
Como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada a restituir las
sumas pagadas por concepto de pensión gracia, así mismo, que los valores
correspondientes sean ajustados e indexados.
1 Expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000234200020140
1780011100103
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2014 01780 01 (5864-2023)
Demandante: UGPP
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP relató que la señora
Gloria Marina Beltrán Sierra nació el 23 de febrero de 1945 y que prestó servicio
como docente oficial al servicio del Ministerio de Educación Nacional de la siguiente
manera:
• En la Escuela Agropecuaria de Silvia, Cauca, desde el 6 de marzo de 1967
al 19 de febrero de 1986.
• En la Escuela Agropecuaria de Pacho, Cundinamarca, desde el 20 de febrero
de 1986 al 19 de abril de 1995.
A través de las Resoluciones 573 de 21 de enero de 1997, 11844 de 14 de julio de
1997, 4379 de 19 de diciembre de 1997, 16157 de 18 de agosto de 2000 y 2975 de
15 de junio de 2001, le fue negado el reconocimiento y pago de una pensión gracia,
toda vez que no acreditaba tiempo de servicio del orden territorial o nacionalizado.
Inconforme con la negativa de la administración, interpuso acción de tutela, la cual
fue resuelta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, Bolívar, que
en fallo de 6 de octubre de 2006 ordenó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia a favor de la señora Beltrán Sierra, teniendo en cuenta todos los factores
salariales causados en el año inmediatamente anterior a adquirir el estatus
pensional, pagando retroactivamente los valores adeudados, los cuales deberían
estar reajustados e indexados.
En cumplimiento de la orden judicial, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, expidió la
Resolución RDP 039410 de 27 de agosto de 2013, reconociendo una pensión gracia
efectiva a partir del 23 de febrero de 1995.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Indicó que con el reconocimiento pensional se infringieron los artículos 1, 2, 6, 121,
123, 124 y 128 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.
Como sustento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
modalidad de lesividad, argumentó que la señora Gloria Marina Beltrán Sierra no
tendría derecho al reconocimiento pensional por cuanto no cumplió con los
requisitos establecidos para ello, principalmente 20 años de servicio docente con
vinculación territorial o nacionalizada, pues la prestación del servicio fue como
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Demandante: UGPP
docente nacional, lo cual contraría abiertamente las disposiciones normativas de la
pensión gracia.
Pone de presente que el fallo de tutela del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué tuvo varios tutelantes, en donde, la hoy demandante no tiene residencia,
ni su cédula fue expedida en dicho municipio del departamento de Bolívar, los
servicios docentes no fueron prestados en dicho territorio y los actos administrativos
fueron expedidos en Bogotá; lo anterior, demuestra la mala fe de la docente al
pretender el reconocimiento pensional vía tutela ante un juez diferente al del lugar
de domicilio y de la prestación del servicio, lo que se configura como abuso del
derecho.
1.4. Contestación de la demanda
Actuando por intermedio de apoderada, la señora Gloria Marina Beltrán Sierra se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, describiendo que, luego
de haberle negado en varias oportunidades el reconocimiento de la pensión gracia,
le otorgó poder al abogado Andrés Hanz Gil Cristancho, quien presentó acción de
tutela a nombre suyo y de 79 docentes más ante los Juzgados Civiles del Circuito
de Magangué. Aunado a ello, precisa que no tenía conocimiento de la acción de
tutela y de su resultado, además, que la expedición del acto de reconocimiento fue
una decisión administrativa de la cual no fue parte la docente, pues en un principio
fue negada la pensión gracia, se objetó el resultado del fallo de tutela, pero
finalmente se concedió por parte de la UGPP sin que la causante tuviera
conocimiento.
1.5. Sentencia de primera instancia
En decisión de 26 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B accedió a las pretensiones de la demanda.
Como sustento de la decisión, expuso que la docente Gloria Marina Beltrán Sierra
no acreditó el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de una pensión
gracia, en la medida que el tiempo de servicio fue del orden nacional a través de
nombramientos ocasionados por el Ministerio de Educación Nacional, por lo tanto,
explicó que el acto de reconocimiento pensional, expedido en cumplimiento de una
orden de tutela, debía ser anulado.
En cuanto al restablecimiento del derecho, consistente en el reintegro de los valores
cancelados a favor de la demandante por concepto de pensión gracia, el tribunal
administrativo cuestionó que se radicara una acción de tutela a nombre de la
docente en un municipio diferente al de su residencia y lugar de trabajo, y que el
juez, careciendo de competencia, accediera al amparo de los derechos deprecados
sin cumplir con los requisitos legales para obtener el reconocimiento de la pensión
gracia, aclarando y poniendo de presente, que el Juez Segundo Civil de Magangué
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fue declarado disciplinariamente responsable de cometer falta grave dolosa por
otorgar pensiones a favor de docentes sin el lleno de los requisitos legales.
En consideración de lo anterior, el a quo afirma que se presentó la mala fe de la
demandada y, por tanto, ordenó la devolución de las sumas devengadas por
concepto de la pensión gracia reconocida, debidamente indexadas, a favor de la
UGPP.
1.6. Recurso de apelación
La apoderada de la señora Gloria Marina Beltrán Sierra, presentó recurso de
apelación en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia; sobre el
particular señaló que siempre actuó de buena fe respecto del reconocimiento de la
pensión gracia, que, si bien se presentó una acción de tutela ante los Juzgados de
Magangué, ello fue sin su conocimiento, puesto que otorgó poder al abogado Gil
Cristancho sin que éste le comentara qué iba a hacer con ese documento. De igual
manera, considera que la entidad demandante fue inoperante al no investigar lo que
estaba sucediendo en el Juzgado Segundo Civil de Magangué, pues expidió la
resolución de reconocimiento pensional sin objetar la orden de tutela.
Precisó que la buena fe de la docente se encuentra demostrada, por tanto, no
procede la devolución de dineros como lo determinó el tribunal administrativo en la
primera instancia.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
La UGPP, la señora Gloria Marina Beltrán Sierra –demandada-, el Agente del
Ministerio Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio
en esta etapa procesal.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
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en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada
– la demandada-, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Del problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala
determinar lo siguiente:
¿Se encuentra acreditada la mala fe de la señora Gloria Marina Sierra,
para obtener el reconocimiento de la pensión gracia, y que en
consecuencia pueda conllevar a que se deba ordenar la devolución de
las sumas percibidas por tal concepto?
Para resolver el problema jurídico planteado, se desarrollará abordarán los
siguientes asuntos: (i) el principio de la buena fe; (ii) el fraude global en la
jurisprudencia y (iii) análisis del caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. El principio de la buena fe
La Constitución Política en su artículo 83 estableció que «Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.». Al
respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C–840 de 2001, se pronunció de la
siguiente manera:
«La buena fe se refiere exclusivamente a las relaciones de la vida social con
trascendencia jurídica, sirviendo al efecto para valorar el comportamiento de los
sujetos de derecho, al propio tiempo que funge como criterio de reciprocidad en tanto
se toma como una regla de conducta que deben observar los sujetos en sus
relaciones jurídicas, esto es, tanto en el ámbito de los derechos como en la esfera de
los deberes y obligaciones. Por ello mismo, todo comportamiento deshonesto,
desleal o que acuse falta de colaboración, de parte de uno de los extremos de la
relación jurídica, constituye infracción al principio de la fides, toda vez que defrauda
la confianza puesta por el interlocutor afectado, o lo que es igual, transgrede el
fundamento del tráfico jurídico. Configurándose así la presencia de la mala fe.»
De igual forma, esta Corporación ya se ha referido frente a la aplicación del principio
de la buena fe en el derecho administrativo así:
«El principio de buena fe en el Derecho Administrativo, significa que los poderes
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos aprecian
objetivamente en su actuación; de manera que el ciudadano puede confiar en la
Administración y a su vez ésta puede confiar en aquel; confianza que en todo caso,
debe desprenderse de signos externos, objetivos, inequívocos, que induzcan
racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de una
actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera subjetiva o
sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas.»4
Para casos como el que hoy nos ocupa, en cuanto a la solicitud de recuperación de
dineros como consecuencia del pago de prestaciones sociales pagadas a
particulares, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), en el artículo 164, establece que la demanda se
puede presentar en cualquier tiempo y recalca que «no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
2.3.2. El fraude global
La jurisprudencia, en coherencia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, ha protegido a los particulares a los que, por error de la administración,
se les ha reconocido el pago de prestaciones periódicas, no obstante, esta
protección no ocurre cuando se presentan actuaciones dudosas de tipo global que
tienen como objetivo el reconocimiento de una pensión.
Así, esta Sección en la sentencia de 1º de septiembre de 2014 estudió la legalidad
de un reconocimiento pensional en cumplimiento de una orden de tutela, aplicando
como precedente la sentencia T-218 de 2012 en la cual la Corte Constitucional se
pronunció sobre el fraude procesal en la obtención del reconocimiento y pago de
una pensión gracia, al respecto, la sentencia de nulidad y restablecimiento del
derecho, en modalidad de lesividad, indicó lo siguiente:
«[…], en un caso similar en sentencia T- 218 de 20 de marzo de 2012, pues en su
entender se configuran para el sub lite elementos de identidad frente a las
condiciones de formulación de la acción de tutela, que llevan a colegir un fraude como
es: instaurarla en un lugar apartado de: (i) el domicilio del actor, (ii) el último lugar de
prestación de servicios, (iii) o del lugar de expedición de los actos administrativos
previos, situaciones que ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»5
Al resolver el problema jurídico planteado en el mencionado proceso contencioso,
la Sala de decisión tuvo en cuenta las circunstancias que llevaron al reconocimiento
de una pensión gracia a favor de una docente que no cumplía con los 20 años de
servicio docente en el orden territorial, esto es, haber recibido una negativa de la
administración para el reconocimiento y, posterior a ello, acudir junto con un grupo
de personas, ante un juez diferente al de su circunscripción territorial quien en orden
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Radicado: 25000-23-25-
000-2002-13188-01 (0807 –2008).
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 1º de septiembre de 2014. Radicado: 25000-
23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013).
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de tutela le concedió la prestación.
El anterior análisis ha sido desarrollado de manera reiterada para poder establecer
si en los diferentes casos se presentan hechos o situaciones que ponen entre dicho
la buena fe al momento de definir el estatus pensional. En sentencia de 26 de
noviembre de 2011 esta Sala indicó:
«De acuerdo a lo expuesto, es dable predicar que se presenta un fraude global en
los siguientes eventos: i) cuando la entidad de previsión social haya negado el
reconocimiento de la pensión gracia por cuanto cuando luego de la negativa
prestacional por parte de la entidad de previsión social, el docente acuda a través del
ejercicio de la acción de tutela en un lugar apartado de su domicilio, del último lugar
de prestación de servicios, o ii) del lugar de expedición de los actos administrativos
previos, pues tales situaciones ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»6
2.4. Caso concreto
De acuerdo con lo observado en el expediente, la Sala encuentra probado que
Gloria Marina Beltrán Sierra nació el 23 de febrero de 1945, cumpliendo 50 años de
edad el 23 de febrero de 1995; de igual manera, prestó servicio como docente así:
I) Del 6 de marzo de 1967 en el municipio de Silvia, Cauca, hasta la el 19 de
febrero de 1986, vinculada a través de la Resolución 398 de 28 de febrero
de 1967 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
II) Luego, a través de la Resolución 459 de 31 de enero de 1986 el Ministerio
de Educación Nacional determinó su traslado al municipio de Pacho,
Cundinamarca, tomando posesión el 20 de febrero de 1986, en donde
permaneció hasta el 19 de abril de 1995.
Dicha circunstancia fue puesta de presente en el fallo de 26 de mayo de 2020, hoy
objeto de apelación, y no fue objetada por la parte demandada en el escrito de
apelación, por lo que al no existir discusión sobre ello es claro que la docente no se
opone a la declaratoria de nulidad del acto de reconocimiento por no cumplir con los
requisitos mínimos para ser beneficiaria de una pensión gracia, en la medida que la
prestación del servicio docente fue de naturaleza nacional.
Ahora bien, vale la pena resaltar que el reconocimiento de la pensión gracia se
produjo en cumplimiento del fallo de tutela dictado el 6 de octubre de 2006 por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, Bolívar, en donde se accedió a
las pretensiones de un grupo significativo de personas, entre ellas la señora Gloria
Marina Beltrán Sierra, con la que se ordenó a CAJANAL el reconocimiento y pago
de la pensión gracia a cada uno de los accionantes.
6 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 26 de noviembre de 2020.
Radicado: 68001-23-33-000-2013-00231-03 (1024-2016). / Sentencia de 25 de noviembre de 2021.
Radicado: 50001 23 33 000 2013 00060 01 (3336-2018) / Sentencia de 25 de noviembre de 2021.
Radicado: 52001-23-33-000-2014-00202-02 (4818-2019).
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expidió la Resolución RDP 039410 de 27 de agosto de 2013, por medio de la cual
se reconoció y ordenó pagar a favor de la señora Beltrán Sierra una pensión gracia
efectiva a partir del 23 de febrero de 1995.
Sobre el acto de reconocimiento antes mencionado, se resalta que allí quedó
plasmado el hilo de actuaciones administrativas por medio de las cuales en
diferentes oportunidades le fue negada la pensión gracia a la señora Gloria Marina
Beltrán Sierra, y que se resumen así:
1. Con la Resolución 573 de 21 de enero de 1997, CAJANAL rechazó en un
primer momento el reconocimiento y pago de una pensión gracia; en contra
de esta decisión, se interpusieron los recursos de reposición y apelación, los
cuales fueron desatados de manera desfavorable con las Resoluciones
11844 de 14 de julio de 1997 y 4379 de 19 de diciembre del mismo año.
2. Con la Resolución 016157 de 18 de agosto de 2000, una vez más CAJANAL
resolvió negativamente una nueva petición de reconocimiento de pensión
gracia de la señora Beltrán Sierra; posterior a ello, con Resolución 002975
de 15 de junio de 2001, se desató negativamente un recurso de apelación
elevado por la docente.
3. A través de la Resolución PAP 010382 de 25 agosto de 2010, CAJANAL
negó otra solicitud de reconocimiento pensional radicada por Gloria Marina
Beltrán Sierra.
Ahora bien, con el fin de obtener el cumplimiento del fallo de tutela de 6 de octubre
de 2006, el apoderado de la docente Beltrán Sierra presentó el 15 de agosto de
2013 solicitud ante la UGPP, la cual se desató con la expedición de la resolución
hoy demandada.
Atendiendo lo descrito, para la Sala es claro que se configura la mala fe de la señora
Gloria Marina Beltrán Sierra bajo la figura del fraude global, toda vez que habiendo
obtenido la negativa de la administración en más de una oportunidad respecto del
reconocimiento de la pensión gracia, presentó, a través de apoderado, una acción
de tutela, junto con otras 79 personas, en el municipio de Magangué (Bolívar), es
decir, en un distrito judicial que no coincidía con su lugar de residencia (Bogotá),
tampoco con el último lugar de prestación del servicio (Pacho, Cundinamarca), ni
con el lugar en donde se expidieron los actos que previamente le habían negado el
derecho (Bogotá).7 Elementos que ha tenido en cuenta la jurisprudencia para arribar
a la conclusión del fraude global, y que tal como se ilustró, se configuran en el
7 Información sustraída de la copia del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito
entre la docente y el abogado Andrés Henz Cristancho, allegada con la contestación de la demanda.
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presente asunto.
De manera que, las actuaciones que rodearon el reconocimiento de la pensión
gracia llevan a demostrar que los dineros se percibieron de mala fe por parte de la
causante, en la medida que conociendo las razones que llevaron a CAJANAL a
negar en varias oportunidades lo pedido, presentó acción de tutela, por intermedio
de abogado, en un municipio distante a su domicilio, con el fin de obtener, sin el
lleno de requisitos legales, una sentencia judicial favorable, como finalmente ocurrió;
circunstancia que, en casos similares8, ya ha sido analizada y definida de la
siguiente manera:
«[…] se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia T-218 de 2012, en este asunto de igual manera al juez primero laboral del
circuito de Ciénaga le estaba legalmente vedado9 asumir el conocimiento de este
mecanismo constitucional, porque además de desconocer el principio de la
subsidiariedad y del juez natural de la causa, era indudable que la accionante no
residía ni prestó sus servicios en esa municipalidad como tampoco en el
departamento de Magdalena, sino en el municipio de Espinal ubicado en el
departamento del Tolima, ello ligado a que el acto previo a través del cual Cajanal
negó el reconocimiento de la pensión gracia había sido expedido en Bogotá.
Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario a
lo determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la medida
en que adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global a fin de
obtener decisión judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento de la pensión
gracia a la que a todas luces no tenía derecho, lo cual permite predicar que es
procedente ordenar que devuelva los dineros que hubiere podido devengar por dicho
concepto y que le fueron ilegalmente reconocidos, los que además se deben indexar
al momento de efectuarse el pago, tal como en asunto de idénticos contornos se
determinó10»11
8 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001-23-33-000-2013-
00231-03(1024-2016) Sentencia de 26 de noviembre de 2020 / Radicado: 15001-23-33-000-2014-
00301-01(4976-2018). Sentencia de 11 de marzo de 2021. / Radicado: 52001-23-33-000-2014-
00371-02 (6522-2022) Sentencia de 30 de noviembre de 2023.
9 «Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud…». Y, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000
«para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de
tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…»
10 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de septiembre de 2014,
Radicación: 3130-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia
se analizó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por CAJANAL contra la
señora Luz Mery Melo Melo, quien figura como una de las 140 personas al igual que el señor Jairo
Eduardo Nieto Rodríguez, quienes impetraron acción de tutela cuyo radicado corresponde al 0063-
06, para concluir que «Además, si bien es cierto que en estas diligencias no se acreditó que la
autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes de la actuación señalada,
ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso, que es análogo
al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás situaciones
se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución
de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a ella reconocida,
sumas que deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto 01 de 1984,
como se pidió en la demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto»
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001-23-31-000-2011-00228-02 (1186-2016).
Sentencia de 22 de febrero de 2018.
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2014 01780 01 (5864-2023)
Demandante: UGPP
Finalmente, si bien la hoy apoderada de la señora Beltrán Sierra argumenta que la
docente no conocía qué actuación judicial o administrativa iba a realizar el abogado
Andrés Hanz Gil Cristancho con el poder otorgado por la docente, y que por lo tanto
no podría determinarse responsable de sus acciones y resultados, lo cierto es que
tal afirmación no resulta suficiente, para desvirtuar el fraude global al que se viene
haciendo mención, sumado a que, la parte no desconoce que en todo caso, si
confirió el respectivo poder con miras a obtener la pensión gracia, que como se ha
referido, ya había sido negada en varias ocasiones.
De manera que, al advertirse la ocurrencia de las situaciones fácticas que dan paso
el fraude global, resulta acertada la decisión del tribunal, de ordenar la devolución o
reintegro de las sumas de dinero por concepto de la prestación en cita, motivo por
el cual, se confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda de lesividad.
2.5. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 26 de mayo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
accedió a las súplicas de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en
esta sentencia.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 25000 23 42 000 2014 01780 01 (5864-2023)
Demandante: UGPP
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.
TERCERO. Se acepta la renuncia de la abogada Lucía Arbeláez de Tobón como
apoderada de la UGPP en consideración al memorial allegado vía correo electrónico
y visible en el índice 12 del expediente digital disponible en SAMAI.
CUARTO. Se reconoce personería para actuar al abogado Jorge Iván Palacio
Palacio como apoderado de la entidad demandante, en atención al poder allegado
al expediente digital, visible en el índice 14 de SAMAI.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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