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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01856-03

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01856-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por los Consejeros César Palomino Cortés y Carmelo Perdomo Cuéter. SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 25 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección B, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda, toda vez que se REVOCAN los numerales SEGUNDO, que declaró probada la excepción de buena fe, y QUINTO, que negó el reintegró de las sumas canceladas a la señora Gloria Ángela Echeverri Gonzáles y, en su lugar, queda así: QUINTO: Condenar a la señora Gloria Ángela Echeverri Gonzáles a reintegrar a favor de la UGPP las sumas percibidas por concepto de la pensión gracia que le fue reconocida a través de la Resolución RDP 37809 del 15 de agosto de 2013, debidamente indexadas. Para ello, el ente de previsión deberá suscribir con la señora Gloria Ángela Echeverri Gonzáles un acuerdo de reembolso que preste mérito ejecutivo, en que los montos y plazos acordados para tal efecto no pongan en condiciones de indignidad y de vulnerabilidad a la obligada, para lo cual deberá tenerse en cuenta sus circunstancias socio económicas actuales, por tratarse de una persona mayor que hoy cuenta con más de 73 años. 26 Expediente No. 25000-23-42-000-2014-01856-03 No. Interno: 0686-2021 Demandante: UGPP Demandada: Gloria Ángela Echeverri González TERCERO: Ejecutoriada la sentencia, por la secretaría de la sección segunda regresar el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-01856-03

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 9 de junio de 2022.

Radicación: 25000-23-42-000-2014-01856-03
Nro. Interno: 0686-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)1
Demandada: Gloria Ángela Echeverri González
Asunto: Reconocimiento pensión gracia – improcedencia de
computar tiempos nacionales

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

Teniendo en cuenta que no existen irregularidades, vulneración a las garantías de
las partes, ni nulidades procesales, decide la Sala2 los recursos de apelación
interpuestos por las partes, contra la sentencia del 25 de noviembre de 2019,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda,
subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Pretensiones

1. La UGPP demanda con la finalidad de obtener la nulidad de la Resolución RDP
37809 del 15 de agosto de 2013, a través de la cual la subdirectora de
determinación de derechos pensionales de la entidad le reconoció a la
demandada la pensión gracia en cumplimiento a un fallo de tutela.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicita ordenar a la accionada a
reintegrar las sumas de dinero pagadas por concepto del reconocimiento de la
pensión gracia, que deberán ser actualizadas e indexadas al momento de su

1 En adelante UGPP.
2 El expediente ingresó al Despacho el 27 de octubre de 2021, según informe secretarial visible a folio 808.

2
Expediente No. 25000-23-42-000-2014-01856-03
No. Interno: 0686-2021
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Ángela Echeverri González

pago, junto con los intereses moratorios y comerciales a que haya a lugar, así
como condenar en costas.

Hechos

3. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación la Sala ilustra la
situación fáctica expuesta por el ente de previsión demandante.

4. Afirma que la accionada el 3 de junio de 1999 solicitó a la Caja Nacional de
Previsión Social (CAJANAL)3, hoy UGPP, el reconocimiento de la pensión gracia.
Para acreditar el tiempo de servicios presentó certificaciones que dan cuenta que
laboró como docente, así:

Entidad Tipo de vinculación Desde Hasta
Ministerio de Defensa Nacional 01-01-1970 30-12-1975
Nacional
Policía Nacional Nacional 18-01-1981 04-12-1982
Policía Nacional Nacional 01-02-1983 12-02-1999

5. Sostiene, que a través de la Resolución 6979 del 2 de mayo de 2000, la
subdirectora general de prestaciones económicas (e) de la extinta CAJANAL le
negó a la demandada su petición tendiente al reconocimiento de la pensión
gracia, acto administrativo que fue confirmado por dicha funcionaria y la jefe de la
oficina jurídica (e) de la entidad por medio de las Resoluciones 14667 del 8 de
agosto de 2000 y 4281 del 4 de noviembre del mismo año, al resolver los recursos
de reposición y apelación interpuestos en su contra, respectivamente.

6. Indica, que mediante fallo de tutela del 6 de octubre de 2006, proferido por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Magangue (Bolívar), en amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y derecho a la pensión
de jubilación, se ordenó a la liquidada CAJANAL el reconocimiento de la pensión
gracia a favor de la accionada, por lo que el 7 de marzo de 2008 solicitó el
cumplimiento de la providencia, la que fue negada por el liquidador de la entidad a
través de la Resolución PAP 16866 del 8 de octubre de 2010, acto administrativo
que fue confirmado por dicho funcionario por medio de la Resolución PAP 49665
del 20 de abril de 2011, al resolver un recurso de reposición interpuesto en su
contra.

3 En lo que sigue CAJANAL.

3
Expediente No. 25000-23-42-000-2014-01856-03
No. Interno: 0686-2021
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Ángela Echeverri González

7. Manifiesta que el 28 de mayo de 2013 la accionada solicitó nuevamente el
cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
Judicial de Magangue (Bolívar) el 6 de octubre de 2006, por lo que por medio de
la Resolución RDP 37809 del 15 de agosto de 2013, suscrita por la subdirectora
de determinación de derechos pensionales de la UGPP, se le reconoció la
pensión gracia en un monto de $795.705, a partir del 11 de febrero de 1999.

Normas vulneradas y concepto de violación

8. El ente previsional demandante cimenta sus pretensiones en los artículos 25,
128, 228 y 230 de la Constitución Política y 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989;
y las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.

9. Al respecto, considera que de acuerdo con las normas que regulan la pensión
gracia, dentro de las que se encuentran las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, a la
accionada no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de tal prestación, toda
vez que incumple el requisito de 20 años de servicios como docente territorial o
nacionalizada exigido para tal fin, teniendo en cuenta que su vida laboral, esto es,
del 1º de enero de 1970 hasta el 12 de febrero de 1999, se gestó como maestra
del orden nacional, condición que no puede ser tenida en cuenta para otorgar la
pensión en comento como lo ha definido la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

10. Por ello, estima que existe mérito para declarar la nulidad del acto
administrativo acusado, por medio del cual se le reconoció a la accionada la
pensión gracia.

Contestación de la demanda

11. La demandada se opone a la prosperidad de las pretensiones al estimar, en
síntesis, que de acuerdo con las normas que regulan la pensión gracia, dentro de
las que se encuentran la Ley 91 de 1989, aplicable tanto para los educadores
nacionales y nacionalizados, incorporados a las plantas distritales, municipales o
departamentales, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prestación,
dado que cumple con los requisitos allí contenidos, especialmente el que se
refiere a los 20 años de servicios.

4
Expediente No. 25000-23-42-000-2014-01856-03
No. Interno: 0686-2021
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Ángela Echeverri González

12. Ello, en consideración a que en dicha norma existe un régimen de transición
que permite la compatibilidad pensional con el tiempo de servicio prestado en el
Ministerio Educación Nacional como docente de régimen especial, entendiéndose
que el legislador extendió la pensión gracia a los docentes con tiempos de
servicios nacionales.

13. Finalmente, manifiesta que durante la actuación administrativa siempre actuó
de buena fe, con apego a las normas, sin utilizar medios ilegales o fraudulentos y
con la convicción de tener derecho a la prestación, a tal punto que fue reconocida
por un fallo judicial, por ello, estima que no hay lugar a la devolución de las sumas
solicitadas por el ente de previsión accionante.

La sentencia apelada

14. El a quo accede parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual
declara la nulidad del acto acusado y, en consecuencia, ordena a la UGPP a
excluir a la accionada de la nómina de pensionados por pensión gracia y a
abstenerse de continuar pagando la misma, y niega la devolución de los dineros
recibidos por concepto del reconocimiento de tal prestación.

15. Para el efecto, luego de analizar la normativa y la jurisprudencia aplicable, así
como la situación fáctica expuesta, estima que la demandada no cumple con el
requisito de 20 años de servicios como docente nacionalizada o territorial exigido
por la ley para el reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que si bien es
cierto que durante un tiempo prestó sus servicios como docente territorial,
también lo es que dicho periodo, esto es, del 26 de febrero de 1980 al 17 de
marzo de la misma anualidad (21 días), es insuficiente para acreditar el requisito
de 20 años de labores para el reconocimiento de la pensión gracia, dado que la
mayor parte de su historia laboral (24 años y 4 días) se construyó como maestra
de carácter nacional nombrada por la Dirección de Bienestar de la Policía
Nacional4 y por el Ministerio de Educación Nacional, condición y tiempo que no
pueden ser tenidos en cuenta para otorgar la prestación.

16. Por su parte, califica como improcedente la devolución de los dineros
recibidos por la demandada por concepto del reconocimiento de la pensión gracia,
por cuanto no se encuentra acreditado dentro del plenario que haya realizado
maniobra alguna o asumido conductas que pudieran calificarse como tendientes a
4 Establecimiento público de carácter nacional, adscrito al ministerio de defensa nacional.

5
Expediente No. 25000-23-42-000-2014-01856-03
No. Interno: 0686-2021
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Ángela Echeverri González

llevar a cabo los yerros o equívocos a la administración, así como tampoco se
demostró que hubiera allegado documentos falsos, por tanto, no se probó que
hubiere actuado de mala fe.

17. En cuanto a las costas, determina su improcedencia, dado que no existe una
conducta de mala fe que involucre abuso del derecho, ya que la parte demandada
esbozó argumentos que aunque no prosperaron, son jurídicamente razonables.

Recursos de apelación

18. La demandada recurre la sentencia de primera instancia con el propósito que
sea revocada y, en su lugar, se nieguen las pretensiones al considerar, de un
lado, que el a quo desconoció que el acto acusado no se constituye en un acto
administrativo susceptible de control judicial ante esta jurisdicción al ser de
ejecución y, de otro, toda vez que le asiste el derecho a la pensión gracia y lo
justifica afirmando que el tiempo prestado como maestra nacional es posible
tenerlo en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia de acuerdo con las
normas que la regulan.

19. El ente previsional demandante recurre parcialmente la sentencia de primera
instancia, porque si bien la decisión del a quo es acertada en cuanto declara la
nulidad deprecada, se debe conceder la totalidad de las pretensiones, en lo que
concierne al reintegro de los dineros cancelados por concepto del reconocimiento
de la pensión gracia.

Alegatos en segunda instancia, concepto del Ministerio Público e
intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

20. La parte demandada presenta alegatos de cierre reiterando los argumentos
de la contestación de la demanda y del recurso de apelación.

21. El ente de previsión demandante, el Ministerio Público y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado no se pronuncian en la etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Cuestión previa

6
Expediente No. 25000-23-42-000-2014-01856-03
No. Interno: 0686-2021
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Ángela Echeverri González

22. Para la Sala es importante poner de presente que si bien es cierto que el
apoderado de la parte demandada, a través de escrito presentado el 29 de
noviembre de 20215, solicitó la interrupción del proceso de la referencia por
enfermedad grave, también lo es que este mediante memorial del 17 de marzo de
20226 pidió la reanudación del mismo por haberse superado el hecho generador.
En esas condiciones, se continuará con la resolución de asunto, para lo cual se
plantearán los siguientes,

Problemas Jurídicos

23. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, no obstante, cuando ambas partes discutan
toda la providencia, el superior resolverá sin limitaciones. En esas condiciones, le
corresponde a la Sala determinar, como primera medida, si: ¿la resolución
acusada es un acto administrativo enjuiciable ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, teniendo en cuenta que
se produjo en cumplimiento de un fallo de tutela?

24. Establecido lo anterior, en caso de que la respuesta sea afirmativa, como
problema jurídico asociado, determinar si ¿en el sub judice se acreditan los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia?

25. En el evento de mantenerse la decisión del a quo, establecer si: ¿hay lugar a
la devolución de los dineros pagados con ocasión de la pensión gracia que le fue
reconocida a la demandada?

26. Para resolver lo anterior, la Sala estudiará los actos administrativos y su
justiciabilidad, el contexto normativo y jurisprudencial de la pensión gracia, el
principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para devolución de
prestaciones periódicas y analizará el caso concreto.

De los actos administrativos y su justiciabilidad

5 Visible en el índice 18 de SAMAI.
6 Visible en el índice 22 de SAMAI.

7
Expediente No. 25000-23-42-000-2014-01856-03
No. Interno: 0686-2021
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Ángela Echeverri González

27. Bien conocido es que los actos administrativos, según lo que en ellos se
disponga, se pueden catalogar en: i) actos de trámite o preparatorios; ii) actos
definitivos o principales, y iii) actos de ejecución.

28. Son actos de trámite o preparatorios, los actos preliminares que toma la
Administración para adoptar una decisión final o definitiva sobre el fondo de un
determinado asunto. Son actos definitivos o principales, los actos administrativos
que en términos del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, hoy 43 del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar con una
determinada actuación y son actos de ejecución, aquellos que se limitan a dar
cumplimiento a una decisión judicial o administrativa.

29. Al respecto, puntualizó esta sección en auto del 16 de marzo del 20177 que:
«(l)a teoría del acto administrativo ha venido decantando su clasificación, en aras
de excluirlos del control jurisdiccional, distinguiendo tres tipos de actos: i) los de
trámite, que son aquellos que no necesitan estar motivados y se expiden para dar
continuidad con el procedimiento administrativo, es decir, son los que impulsan la
actuación administrativa; ii) los definitivos o principales, que de acuerdo al artículo
43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
son los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen
imposible continuar con la actuación, ya que contienen la esencia del tema a
resolver y modifican la realidad con su contenido; y iii) los de ejecución, que son
aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o
administrativa».

30. Acorde con lo anterior, es claro que «los actos susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo son los
actos definitivos, entendidos como toda manifestación de voluntad 8 general o
eventualmente, concreta o específica, unilateral9 de quienes ejercen funciones

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A auto de 16 de marzo de 2017 2017 radicación número:

20001-23-33-000-2014-00121-01(4288-14) Magistrado Ponente Rafael Francisco Suárez Vargas.
8 En palabras del Tratadista Luciano Parejo Alonso, «toda manifestación de juicio, de conocimiento o de

deseo realizada por una AP en ejercicio de una potestad administrativa»
9 El Tratadista Jaime Orlando Santofimio, señala que es unilateral porque proviene exclusivamente por una

sola vía, que para tal efecto es de la Administración. En el texto, Acto Administrativo publicado por la Escuela
Judicial Lara Bonilla, se dice que «el acto administrativo unilateral sometido al control jurisdiccional, es el acto
jurídico que al manifestar la voluntad de la Administración está destinado a producir efectos en derecho, pues
contiene una decisión de naturaleza administrativa».

8
Expediente No. 25000-23-42-000-2014-01856-03
No. Interno: 0686-2021
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Ángela Echeverri González

administrativas, que crean, reconocen, transmiten, modifican o extinguen derechos
y obligaciones10 o situaciones jurídicas subjetivas11».

31. En suma, únicamente las decisiones de la administración que concluyen un
procedimiento administrativo o aquellos que afecten derechos o intereses, o
impongan cargas, sanciones y obligaciones que afectan o alteran situaciones
jurídicas determinadas, son susceptibles de control de legalidad por parte de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de ahí que los que impulsan la
actuación, no procuran por solucionar de fondo las solicitudes de los
administrados o se limiten a dar cumplimiento a una orden judicial o administrativa,
no son cuestionables vía judicial.

32. En lo que interesa al asunto, es de señalarse que esta Corporación ha
reiterado que quedan exceptuados de control jurisdiccional los actos que se limitan
a dar cumplimiento a una decisión administrativa o judicial, en virtud de que son
expedidos únicamente con el propósito de materializar o ejecutar los actos
definitivos o el fallo judicial. Si bien el acto de ejecución también es unilateral de la
administración, no crea, modifica o extingue ninguna situación jurídica, porque el
efecto jurídico lo produce el acto administrativo objeto de ejecución12.

33. También ha admitido que son demandables aquellos actos que al dar
cumplimiento a una decisión judicial se extralimitan y crean o modifican
situaciones jurídicas ajenas al contenido de la orden judicial: «(d)icho de otro modo,
“[t]odo acto que se limite a generar el cumplimiento de la sentencia es un acto de
ejecución. No obstante, si la administración al proferir el acto de ejecución se aparta del
alcance del fallo, agregándole o suprimiéndole algo, resulta incuestionable que en el
nuevo temperamento no puede predicarse que el acto sea de simple ejecución, pues nace
un nuevo acto administrativo, y por lo mismo, controvertible judicialmente»13. Igualmente,
se ha señalado que cuando el acto de ejecución tuvo origen en un fallo de tutela,
es posible acudir en demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para

10 Conclusión obtenida de la lectura que sobre la Teoría del Acto Jurídico trata diferentes autores como
Bonnecasse, Baudry Lacantinerie, Borja Soriano, Eduardo García De Enterría, Jaime Orlando Santofimio,
Jaime Vidal Perdomo.
11Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A, consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), auto de 6 de agosto de 2015, radicación número: 41001-23-33-000-
2012-00137-01(4594-13).
12 Sentencia de 14 de agosto de 2014, sección primera, CP Guillermo Vargas Ayala, radicado 25000-23-24-

000-2006-00988-0.
13Sentencia de 8 de febrero de 2012, sección tercera, CP Ruth Stella Correa Palacio, radicado 15001-23-31-

000-1997-17648-01(20689).

9
Expediente No. 25000-23-42-000-2014-01856-03
No. Interno: 0686-2021
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Ángela Echeverri González

examinar su legalidad, en virtud del respeto al principio del juez natural, en
armonía con el artículo 238 de la Constitución Política14.

34. Ahora, es importante recordar que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, se crea como un
mecanismo en cabeza de la administración para solicitar ante el juez contencioso
administrativo que realice un control jurisdiccional sobre sus propios actos
administrativos, buscando dejarlos sin efecto alguno en aquellos eventos en los
cuales advierta que con su expedición se han vulnerado algunas de las
disposiciones previstas a nivel convencional, constitucional o legal y no ha sido
posible restarle su fuerza ejecutoria a través del mecanismo de revocatoria directa
en sede administrativa.

35. Es de precisar en este punto, que si bien al interior de nuestro ordenamiento
jurídico la figura de la lesividad se concibe como una acción de carácter
autónomo, cuando lo pretendido por la administración se contrae a que se declare
la nulidad de uno de sus actos administrativos con el objeto de proteger el
ordenamiento jurídico, en esta hipótesis su ejercicio se regirá por las disposiciones
que de forma particular regulan el medio de control de simple nulidad, es decir, por
los artículos 137, 164 y 189 de la Ley 1437 de 2011.

36. Por otro tanto, si lo pretendido por la administración en ejercicio de la acción
de lesividad es la declaratoria de nulidad de uno de sus actos administrativos, con
el consecuente restablecimiento de los derechos que le han sido vulnerados, en
esta hipótesis su ejercicio se regirá por las disposiciones que de manera especial
regulan el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
compartiendo sus características de, particularmente los artículos 138, 163 y 189
de la Ley 1437 de 2011.

37. Es de indicar, que a través de la jurisprudencia se ha señalado que este medio
de control y nulidad y restablecimiento de derecho, dentro del que se encuentra la
acción de lesividad, es procedente para examinar la legalidad de un acto
administrativo de ejecución, excepcionalmente, cuando tuvo origen en un fallo de
tutela, es decir, en cumplimiento de una orden del juez constitucional, en virtud del
respeto al principio del juez natural, en armonía con el artículo 238 de la
Constitución Política.

14Sentencia de 17 de noviembre de 2016, sección segunda, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado
05001233300020120081(37432015).

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Expediente No. 25000-23-42-000-2014-01856-03
No. Interno: 0686-2021
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Ángela Echeverri González

Contexto normativo y jurisprudencial de la pensión gracia

38. La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 15 para los educadores
que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del
orden territorial o nacionalizado, y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren
haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observando
buena conducta, prestación que es compatible con la pensión de jubilación.

39. En sentencia de 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación, con ponencia del Consejero
Nicolás Pájaro Peñaranda, se fijaron algunos lineamientos relevantes sobre la
pensión gracia en los siguientes términos 16:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la
pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”.
(En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de
1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia
no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta
de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
educadores locales o regionales.».

40. De conformidad con la normativa que dio origen a la pensión gracia, y la
interpretación jurisprudencial efectuada en la materia, es posible concluir que esta
prestación se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de
servicio en colegios del orden departamental, distrital, municipal o nacionalizados,
sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional.

41. De otro lado, resulta muy relevante señalar que el artículo 6° de la Ley 116 de
192817, establece que:

«Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de
instrucción pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años
de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquélla la
que implica la inspección.».

15 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela»
16 Expediente No. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
17 Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927.

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Expediente No. 25000-23-42-000-2014-01856-03
No. Interno: 0686-2021
Demandante: UGPP
Demandada: Gloria Ángela Echeverri González

42. En tal virtud, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es viable la
sumatoria de los años servidos en cualquier época, en la primaria como la de
normalista, inclusive las labores de inspección, por lo que es evidente que la
voluntad de legislador fue la de establecer el referente del tiempo de servicio, y no
la naturaleza en que este sea prestado, ni el título que tenga. Así mismo, cuando
se establece la sumatoria en cualquier tiempo, implica interpretar que no se
requiere de la continuidad del servicio, como un todo del periodo, sino la
totalización de los 20 años en las condiciones de docencia territorial o
nacionalizada.

43. Es preciso tener en cuenta, que posteriormente la Ley 91 de 1989 (por la cual
se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), señaló
en su artículo 1518 que el derecho a la pensión gracia lo mantienen los docentes
nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales
hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal; y además, clarificó la
compatibilidad con la pensión ordinaria de jubilación.

44. En cuanto al tiempo de servicio y al tipo de la vinculación requerida para tener
derecho a la pensión gracia, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado
respecto de su prueba:

«En principio, para efectos de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA (DOCENTE)
se deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los educadores teniendo
en cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un
tiempo le sirva para la prestación y otro no), a saber: EL CARGO DESEMPEÑADO
(maestro de primaria, profesor de Normal, inspector de primaria, etc.) LA
DEDICACIÓN (tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE
PLANTEL donde desempeñó su labor (Normal, Industrial, Bachillerato, etc.), así
como EL NIVEL DE VINCULACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO A LAS
ENTIDADES POLÍTICAS (Nacional, nacionalizado -a partir de cuando-
Departamental, Distrital, Municipal, etc.). La época del trabajo realizado (año, con
determinación clara y precisa de la iniciación y terminación de la labor) es
fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de
pensión y la Ley 91 de 1989. La sola mención de la fecha de nombramiento no es
prueba de la iniciación –desde ese momento- del servicio y la cita de la fecha de
un acto de aceptación de renuncia debe ir acompañado del dato desde cuando
produjo efectos, para poder tener en cuenta realmente el tiempo de servicio. Los
certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben ser precisos en

18 «Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116

de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la Nación».

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los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan esta clase de
pensión19.».

45. Entonces, lo importante de la prueba del tiempo de servicios y de la
vinculación, no es la denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino el
contenido de los datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento,
la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que prestó los servicios, su
naturaleza, y por supuesto los extremos temporales, a efecto de esclarecer el
cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la Ley 114 de 1913 en los
términos analizados.

46. Respecto al tiempo de vinculación, la sección segunda del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación del 22 de enero de 2015, Exp. 0775-2014, con
ponencia del Consejero Alfonso Vargas Rincón, definió como regla que:

«En el presente caso, para el 29 de diciembre de 1989, fecha de expedición de la
Ley 91 de 1989 la (…) ya había prestado sus servicios como docente
nacionalizado, pues había sido nombrada mediante Decreto No. 00439 de 19 de
febrero de 1979, por el periodo comprendido entre el 19 de febrero al 20 de mayo
del mismo año.

Lo anterior le permite a la Sala establecer que era posible que la demandada
analizara si la actora reunía los requisitos para acceder a la pensión gracia, toda
vez que la expresión “docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980”,
contemplada objeto de análisis, no exige que en esa fecha el docente deba
tener un vínculo laboral vigente, sino que con anterioridad haya estado
vinculado, pues lo que cuenta para efectos pensionales es el tiempo servido;
por lo tanto, la pérdida de continuidad, no puede constituirse en una causal de
pérdida del derecho pensional como lo estimó el Tribunal». (Negrillas fuera de
texto original).

47. De esta manera, la línea jurisprudencial actual sobre el reconocimiento de la
pensión gracia, es clara y pacífica alrededor de la importancia del tiempo de
servicio como su referente, sin importar si es continuo o discontinuo, ni su modo
de vinculación; como también a que no es necesario que al 31 de diciembre de
1980, el docente deba encontrarse en servicio activo, como quiera que en lo
pertinente el texto normativo lo que dispone para esa fecha es el límite máximo
para que el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la
mencionada calenda.

Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para devolución
de prestaciones periódicas

19 Sentencia del 19 de enero de 2006, Expediente 6024-05, Consejero Ponente Tarsicio Cáceres Toro.

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48. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han considerado que el
principio de buena fe, es aquel que exige a los particulares y a las autoridades
públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme
con las actuaciones que podrían esperarse de una «persona correcta (vir bonus)»20.
Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la «confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada».21

49. En este sentido y conforme al artículo 83 superior, este principio implica que: i)
las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar
gobernadas por el principio de buena fe y; ii) ella se presume en las actuaciones
que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las
relaciones jurídico-administrativas. Esta última característica opera como
presunción legal que admite prueba en contrario 22.

50. También se ha considerado que no constituye un postulado absoluto, sino que
tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la
prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la
función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y
economía, entre otros23.

51. La Corte Constitucional24, frente al principio de la buena fe ha sostenido:

«(…) La jurisprudencia constitucional ha entendido el principio de buena fe “como una
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la
palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades
públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un
soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que
componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a la luz del principio de la
buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el
sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los
sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor
ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de
voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que
ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe
orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda
a colmar las lagunas del sistema jurídico.”25

20 Ver Sentencia T-475 de 1992
21 Ibídem.
22 Ver Sentencia C-071 de 2004
23 Ver sentencia de la Sección Segunda, Subsección “B”, con ponencia del Consejero Dr. Jesús María Lemos

Bustamante, de 8 de mayo de 2008, dentro del proceso radicado con el No. 0949- 2006.
24 S e n t e n c i a T - 4 3 7 / 1 2 d e l 1 2 d e j u n i o d e 2 0 1 2 . R e f e r e n c i a : E x p e d i e n t e T - 2 8 0 9 7 7 0 .
25 S e n t e n c i a C - 1 3 1 d e 2 0 0 4 , c i t a d o e n l a s e n t e n c i a C - 1 0 9 4 d e 2 0 0 4 .

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Así, la buena fe es uno de los principios que rige las relaciones entre la Administración
y los administrados y se caracteriza por ser leal, honesta y esperada. A partir de lo
esbozado anteriormente, es claro que uno de los componentes esenciales de las
actuaciones de buena fe es el respeto por la confianza otorgada por las partes. (…).».

52. El artículo 136, numeral 2º, del Decreto 01 de 1984 dispone que «(l)os actos
que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe». (Negrillas del texto)

53. A su vez, el literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011
establece que:

«(...)

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe;

(…).».

54. Frente a la recuperación de dineros pagados a particulares de buena fe, la
sección segunda de esta Corporación26, ha sostenido:

«(…) Sin embargo, ella considera que no es viable disponer el reintegro de las
mesadas pensionales que han sido pagadas a el señor (…), como se solicita en el
escrito introductorio del proceso, en virtud del reconocimiento de pensión de
jubilación por el acto administrativo acusado, pues de acuerdo con lo previsto en el
artículo 136 del C.C.A, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe, situación aplicable en el caso sub-judice, ya que le
correspondía a la parte actora probar debidamente que el demandado cuando
solicitó la pensión actúo de mala fe y ello no ocurrió así”27.

“No obstante lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender
unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues
fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados
por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la
demandante y en ese orden, no obstante, la legalidad del acto que dispuso el
reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa
ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes
pagados”.

“Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de
mala fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume,
y para desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se
repite— en el desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma,
según se afirma en el recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales
atrasadas, desde el 31 de marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del

26 Sent encia del 15 de septiembre de 2016, C onsejo de Estado, Sección Segunda,
Subsecc ión B. R adicado 5200123 -33-000-2012-00121-01(4402-13).
27 S e n t e n c i a d e 2 d e m a r z o d e 2 0 0 0 , C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n

A, ex pedient e No. 12. 971.

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Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó
la reliquidación de la pensión de jubilación con el 100% de la bonificación por
servicios prestados (f. 309).

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho:

(…).».

55. Posteriormente, expresó lo siguiente:

« la posición así fijada encuentra su razón de ser en el principio de la buena fe,
que implica la convicción del ciudadano, en que el acto emanado de la
administración está sujeto a legalidad y por ende no tiene que prever que sea
susceptible de demanda judicial o revocatoria, pues existe una legítima confianza
en la actuación pública dada precisamente por la presunción de legalidad de la que
gozan los actos administrativos.

De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
menos probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un
error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos
legales, no puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar
de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe28.».

56. En ese orden de ideas, para que proceda el reintegro de prestaciones
periódicas pagadas a los particulares de buena fe se debe probar por parte de la
administración que el demandado incurrió en conductas deshonestas,
fraudulentas, dolosas, es decir, que se utilizaron documentos falsos dentro de la
actuación administrativa, y que ello conllevó al reconocimiento de un derecho
pensional.

57. En ese sentido, se deberá verificar a la luz de las pruebas regularmente
aportadas al proceso, si la actitud del demandado en sede gubernativa o para los
efectos de la consecución del derecho, se aparta de los postulados del principio de
la buena fe, y si son determinantes en el resultado final de la actuación.

58. Lo anteriormente expuesto refleja la línea jurisprudencial de la sección
segunda de la Corporación en varias de sus sentencias 29.

Caso concreto

28 En est e s ent ido, s e pronunc ió recientemente la Sección Segunda Subsección B en
las s entencias del 17 de nov iem bre de 2016, ex p. 2677-15, y del 29 de junio de 2017,
exp. 4321-2016.
29 S e n t e n c i a s d e l 1 8 d e m a y o d e 2 0 1 7 , e x p . 4 2 7 4 - 1 6 ; 1 0 d e m a y o d e 2 0 1 8 e x p . 3 0 6 9 -

16; 14 de f ebrero de 2019, ex ps. 2321 -18 y 0845-18; 25 de abril de 2019, exp. 2904 -
18.

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59. Ahora, visto lo anterior, es importante recordar que la sentencia apelada
accedió a la pretensión de nulidad del acto acusado al considerar que a la
demandada se le reconoció la pensión gracia con tiempos nacionales, al haber
sido nombrado por el la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional
(BIESO), hoy Instituto para la Seguridad Social y Bienestar Social de la Policía
Nacional (INSSPONAL), y por el Ministerio de Educación Nacional en su recorrido
laboral.

60. La accionada discrepa de tal estimación, de una parte, toda vez que el acto
administrativo declarado nulo no es susceptible de control judicial ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al ser de ejecución y, de otra, ya que
el tiempo desempeñado como docente de carácter nacional es posible tenerlo en
cuenta para el reconocimiento de pensión gracia de acuerdo con las normas que
la regulan, dentro de las que se encuentran las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989.

61. Por su parte, el ente de previsión demandante considera que si bien es cierto
que la decisión del a quo es acertada en cuanto declara la nulidad deprecada,
también lo es que se debe conceder la totalidad de las pretensiones, en lo que
concierne al reintegro de los dineros cancelados por concepto del reconocimiento
de la pensión gracia.

62. Para resolver el punto relacionado con el control del acto administrativo
acusado, debe la Sala recordar que a través de la jurisprudencia, como ya se vio,
se ha señalado que el medio de control y nulidad y restablecimiento de derecho,
dentro del que se encuentra la acción de lesividad, es procedente para examinar
la legalidad de un acto administrativo de ejecución, excepcionalmente, cuando
tuvo origen en un fallo de tutela, es decir, en cumplimiento de una orden del juez
constitucional, en virtud del respeto al principio del juez natural, en armonía con el
artículo 238 de la Constitución Política.

63. Así las cosas, si bien es cierto que la Resolución RDP 37809 del 15 de agosto
de 201330, suscrita por la subdirectora de determinación de derechos pensionales
de la UGPP, devino del cumplimiento de un fallo de tutela que ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia a la demandada, también lo es que esta
acción se encuentra dirigida a proteger derechos fundamentales, sin que nada
obste que el juez competente conozca de las demandas en contra de los actos
administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no.
30 Visible a folios 129 a 132.

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64. En consecuencia, se tiene que el acto acusado, contrario a la afirmado por la
accionante, sí es susceptible de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, como ya lo había determinado el a quo en la audiencia inicial
celebrada el 7 de marzo de 201731, al resolver la excepción llamada imposibilidad
de control judicial del acto administrativo.

65. Ahora, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia, la Sala encuentra acreditado que la
demandada nació el 11 de febrero de 194932 y laboró como docente,
desempeñándose así 33:

Entidad Institución Cargo Desde Hasta
Bienestar Social de Colegio San Luis Docente de 01-01-1970 31-12-1973
la Policía Nacional primaria
Bienestar Social de Colegio San Luis Docente de 01-02-1974 31-12-1975
la Policía Nacional Primaria
Ministerio de Colegio Docente de 01-02-1975 30-01-1976
Educación Nacional Seminario del secundaria
Espíritu Santo de
Suba
Secretaría de Colegio Heladia Docente interina 26-02-1980 17-03-1980
Educación de Mejía área de idiomas
Bogotá
Bienestar Social de Colegio Elisa Docente en el 18-01-1981 04-12-1982
la Policía Nacional Borrero de área de idiomas,
Pastrana sección básica
secundaria y
media
Bienestar Social de Colegio San Luis Docente de 01-02-1983 12-02-1999
la Policía Nacional primaria y
secundaria

• El 3 de junio de 1999, la accionada solicitó a la liquidada CAJANAL el
reconocimiento de la pensión gracia34, la que fue negada por la subdirectora
general de prestaciones económicas (e) de la entidad por medio de la Resolución
6979 del 2 de mayo de 200035, acto administrativo que fue confirmado por dicha
funcionaria y la jefe de la oficina jurídica (e) de la entidad por medio de las

31 Visible a folios 490 a 496.
32 Según la cédula de ciudadanía visible a folio 125.
33 Conforme a las constancias laborales del 11 de marzo de 1999 (Fl. 30), 18 de marzo de 1980 (Fl. 35), del

29 de abril de 2003 (Fl. 609) y 13 de junio de 2019 (Fl. 653), la certificación de 2 de marzo de 1999 (Fl. 31),
actas de posesión del 15 de octubre de 1975 (Fl. 36), 1175 del 3 de octubre de 1983 (Fl. 657), 418 del 31 de
enero de 1997 (Fl.748), 1435 del 19 de diciembre de 1997 (Fl. 749), 327 del 2 de octubre de 1995 (Fl 750),
1211 del 23 de noviembre de 1993 (Fl. 751), 3206 del 20 de diciembre de 1988 (Fl. 752) y 1175 del 3 de
octubre de 1983 (Fl. 753), certificado de información laboral del 12 de noviembre de 2010 (Fl. 109), orden
administrativa de personal 1-177 del 19 de septiembre de 1983 (Fls. 654 y 655), novedad administrativa 39
(Fls. 658 Vto. a 660), liquidación de servicios 41430886 del 5 de febrero de 1999 (Fl. 661), extracto de hoja de
vida del 30 de agosto de 2019 (Fl. 736), orden de trabajo 27 del 7 de abril de 1980 (Fl. 710),
34 Visible a folios 25 y 26.
35 Visible a folios 40 y 41.

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Resoluciones 14667 del 8 de agosto de 2000 36 y 4281 del 4 de noviembre del
mismo año37, al resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos en su
contra, respectivamente.

• A través del fallo de tutela del 6 de octubre de 200638, proferido por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito Judicial de Magangue (Bolívar), en amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y derecho a la pensión de
jubilación, se ordenó a la liquidada CAJANAL el reconocimiento de la pensión
gracia a favor de la accionada, por lo que el 7 de marzo de 2008 solicitó el
cumplimiento de la providencia39, la que fue negada por el liquidador de la entidad
a través de la Resolución PAP 16866 del 8 de octubre de 201040, acto
administrativo que fue confirmado por dicho funcionario por medio de la
Resolución PAP 49665 del 20 de abril de 2011 41, al resolver un recurso de
reposición interpuesto en su contra42.

• El 28 de mayo de 2013, la accionada solicitó nuevamente el cumplimiento del
fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de
Magangue (Bolívar) el 6 de octubre de 2006, por lo que por medio de la
Resolución RDP 37809 del 15 de agosto de 2013 43, suscrita por la subdirectora
de determinación de derechos pensionales de la UGPP, se le reconoció la
pensión gracia en un monto de $795.705, a partir del 11 de febrero de 1999.

66. La anterior documentación, da cuenta que la accionada fue nombrada, a
través de la orden de trabajo 27 del 7 de abril de 1980, al servicio de la Secretaría
de Educación de Bogotá como maestra de interina en el área de ingles del Colegio
Heladia Mejía desde el 26 de febrero al 17 de marzo de 1980, acumulando un
tiempo de labores de 20 días, tiempo que resulta ser viable para acceder al
beneficio de la pensión gracia, pues la normativa que regula la prestación la
concibió como una compensación o retribución a favor de los maestros que
laboraran en el nivel territorial, como lo es del caso, sin exigir una calidad de
vinculación específica44.

36 Visible a folios 47 y 48.
37 Visible a folios 50 a 52.
38 Visible a folios 8 a 76.
39 Visible a folios 79 y 80.
40 Visible a folios 89 a 92.
41 Visible a folios 115 y 116.
42 Visible a folios 99 a 107.
43 Visible a folios 129 a 132.
44 Sentencia del 14 de noviembre de 2015, exp. 2636-2014, con ponencia de Gerardo Arenas Monsalve.

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67. Asimismo, evidencia que la accionada fue nombrada al servicio de la Dirección
de Bienestar Social de la Policía Nacional en los Colegios San Luis y Elisa Borrero
de Pastrana como docente de primaria y secundaria para los periodos del 1º de
enero de 1970 al 31 de diciembre de 1973, del 1º de febrero de 1974 al 31 de
diciembre de 1975, del 18 de enero de 1981 al 4 de diciembre de 1982 y del 1º de
febrero de 1983 al 28 de febrero de 1999, acumulando un tiempo de labores de 23
años, 9 meses y 12 días.

68. Es de señalar, que los colegios mencionados pertenecen a la Dirección de
Bienestar Social de la Policía Nacional (BIESO), hoy Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar Social de la Policía Nacional (INSSPONAL), la cual fue creada
por medio de la Ley 62 de 1993, la que en su artículo 33 estableció que sería
establecimiento público del orden nacional para entender la seguridad social y
bienestar para la policía nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional y
encargado desarrollar los programas de salud educación recreación vivienda
propia y vivienda fiscal y readaptación laboral y subsidios para los discapacitados
físicos. Dice la norma:

«ARTÍCULO 33. - Seguridad Social. Créase un Establecimiento Público del orden
nacional para atender la seguridad social y bienestar para la Policía Nacional,
adscrito al Ministerio de Defensa, encargado de desarrollar los siguientes
programas:

a) Salud;
b) Educación;
c) Recreación;
d) Vivienda propia y vivienda fiscal;
e) Readaptación laboral y subsidios para los discapacitados físicos.».

69. Además, que el artículo 1º del Decreto 352 de 1994 determinó la naturaleza
jurídica y nominación de dicho establecimiento público, así:

«ARTICULO 1º. NATURALEZA JURÍDICA Y DENOMINACIÓN. El
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa,
creado por el artículo 33 de la Ley 62 de 1993, está dotado de personería jurídica,
autonomía administrativa, patrimonio independiente y se denominará "Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional”.

(…).».

70. Asimismo, que el personal que presta su servicios a la Dirección de Bienestar
Social de la Policía Nacional (BIESO), hoy Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar Social de la Policía Nacional (INSSPONAL), adscrita al Ministerio de
Defensa Nacional, a pesar de ser considerados docente, se encuentra regido en lo

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salarial y prestacional por los Decretos 2701 de 1988 y 1214 de 1990, a tal punto
que fue así como el Director de la Policía Nacional por medio de la Resolución 979
del 17 de marzo de 199945 le reconoció a la demandada la pensión de jubilación.

71. Así las cosas, se tiene que no se puede predicar una desigualdad salarial y
prestacional entre lo que devengaba la accionada y lo percibido por un docente
vinculado a la nación, puesto que sus regímenes en dicho aspecto son diferentes.

72. También, se encuentra acreditado que a través de la Resolución 36391 del 29
de septiembre de 1975, emanada del Ministerio de Educación Nacional, se
nombró a la demandada como maestra de enseñanza de secundaria del Colegio
Seminario Espíritu Santo de Suba, desempeñándose en tal condición desde 1º de
febrero de 1975 al 20 de enero de 1976, esto es, por 11 meses y 19 días.

73. Sobre los 2 anteriores periodos, ha de decirse que resultan inviables para
acceder al beneficio de la pensión gracia, toda vez que fueron prestados en
condición de docente de carácter nacional, como quiera que los nombramientos
fueron efectuados por la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional
(BIESO), hoy Instituto para la Seguridad Social y Bienestar Social de la Policía
Nacional (INSSPONAL), establecimiento público de carácter nacional, adscrito al
Ministerio de Defensa Nacional, y por el Ministerio de Educación Nacional, ello,
según el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 que dice:

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.

(…).». (Negrillas fuera de texto original).

74. Al respecto, esta Sala sobre los tiempos nacionales para el reconocimiento de
la pensión gracia, sostuvo que46:

«Sobre los tiempos nacionales.

(…)

La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del

45 Visible a folios 664 y 665.
46 Sentencia del 17 de noviembre de 2016. Rad interno. 2114-2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o
recompensa nacional.

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que
un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala)

El artículo 1º de la Ley 91 de 198947 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

(…)

Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de
1980, es decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente
antes del año 1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se
puedan computar tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad
principal de la pensión gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio
económico para equilibrar los ingresos percibidos entre éstos y los docentes
nacionales, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes territoriales para
cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio». (negrillas fuera de
texto original).

75. Se concluye así, de manera inequívoca, que los beneficiarios de la pensión
gracia son los docentes cuya vinculación sea territorial y/o nacionalizada,
descartando de esta forma aquellas del orden nacional, por lo que en el sub
judice los 2 últimos periodos analizados, en virtud de los nombramientos
efectuados la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional (BIESO), hoy
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar Social de la Policía Nacional
(INSSPONAL), y por el Ministerio de Educación Nacional, no pueden ser tenidos
en cuenta para el reconocimiento de la prestación solicitada.

76. Sea de señalar, que en caso de que la pensión gracia sea reconocida por
tiempos nacionales no puede constituir un justo título para predicar derecho
adquirido, pues en todo caso prima la filosofía material de que el derecho se causa

47 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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por el trato salarial desigual que tenían los maestros territoriales respecto de
aquellos, condición que abiertamente no ocurre en quienes eran remunerados por
la Nación.

77. Así, entonces, al encontrarse demostrado que si bien es cierto que la
accionada durante un tiempo prestó sus servicios como docente territorial, también
lo es que dicho periodo es insuficiente para acreditar el requisito de 20 años de
labores para el reconocimiento de la pensión gracia, dado que la mayor parte de
su historia laboral se construyó como maestra de carácter nacional por
nombramiento de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional (BIESO),
hoy Instituto para la Seguridad Social y Bienestar Social de la Policía Nacional
(INSSPONAL), y el Ministerio de Educación Nacional.

78. Por todo lo anterior, consonantes con el análisis realizado, la Sala confirmará
la sentencia apelada en el aspecto analizado.

79. Ahora bien, para resolver el problema jurídico en relación a la devolución de
los dineros pagados con ocasión de la pensión gracia que le fue reconocida a la
accionada, es pertinente poner de presente que por regla general, al declarar la
nulidad de un acto de carácter particular y concreto, las cosas deben volver al
estado en el que se encontraban antes de que este naciera a la vida jurídica. Sin
embargo, en aquellas demandas donde se pretenda la nulidad de un acto que
reconoció una prestación periódica, como es el caso de la pensión gracia, y como
restablecimiento se peticione la devolución de las sumas de dinero pagadas y no
debidas, dicho precepto no puede aplicarse de forma absoluta, pues el numeral 1,
literal c) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 previó que «(…) no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe (…).».

80. Así, entonces, para que sea procedente ordenar el reintegro de los valores
recibidos por las personas a las que se les haya reconocido una prestación sin
tener derecho a ella, deberá acreditarse la mala fe con que estas pudieron actuar
para obtener el pago de los beneficios pensionales otorgados, en atención a que
la buena fe es una presunción que requiere ser desvirtuada.

81. En ese sentido, la Sala advierte que mediante sentencia del 7 de octubre de
2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena condenó al ciudadano
Arnedys José Payares Pérez como autor responsable del delito de prevaricato por
acción en concurso homogéneo sucesivo y heterogéneo sucesivo con prevaricato

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por omisión, por proferir como Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué
(Bolívar) los fallos de tutela del 6 de octubre48 y 11 de diciembre de 2006, con
los cuales se ordenó a la extinta CAJANAL el reconocimiento y pago de pensiones
gracia a favor de docentes del orden nacional, entre los que se encuentra la
demandada, en contravía de la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia.

82. A través de la sentencia del 25 de enero de 2017, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra el fallo del 7 de octubre de 2015, expedido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, confirmando la sentencia condenatoria en contra de
Arnedys José Payares Pérez, Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué
(Bolívar).

83. Las anteriores decisiones tuvieron lugar al analizar un fraude global, pues la
señora Gloria Ángela Echeverri Gonzáles junto con otros accionantes presentaron
una acción de tutela que fue conocida por el Juez Segundo Civil del Circuito de
Magangué (Bolívar), dentro de la acción radicada con el número 2006-194, quien
tuteló los derechos al debido proceso y a la igualdad de los allí accionantes y,
como consecuencia, ordenó reconocer de manera definitiva la pensión gracia,
para cuyo caso únicamente se acreditó 20 años de servicios docentes con
vinculación nacional, situación que difiere de manera ostensible de la línea
jurisprudencial de esta Corporación y de la Corte Constitucional49 sobre el tema.

84. De lo expuesto, es dable inferir que se presenta un fraude global cuando la
entidad de previsión social haya negado el reconocimiento de la pensión gracia y
luego de ello el docente acuda a través de la acción de tutela para obtener tal
pretensión en un lugar apartado de su domicilio, del último lugar de prestación de
servicios o del lugar de expedición de los actos administrativos previos, pues tales
actuaciones ponen en entredicho la buena fe de su actuar.

85. En ese sentido, se advierte que la demandada prestó sus servicios en
establecimientos educativos ubicados en Bogotá y presentó la acción de tutela
junto con los otros accionantes en el municipio de Magangué (Bolívar), es decir,
por fuera del lugar de su domicilio y de donde prestó por última vez sus servicios,
situación que desconoce lo previsto en el Decreto 2591 de 1991, según el cual
«(…) son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o

48 A través de este fallo se ordenó el reconocimiento pensional a la demandada.
49 Ver sentencia C-479 de 1998.

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tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que
motivaren la presentación de la solicitud». Asimismo, el Decreto 1382 de 2009, que
estableció ciertas reglas de reparto en esta materia, así: «(…) para los efectos
previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a
prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos». Ambas
normas fueron, desconocidas por la mencionada autoridad judicial50.

86. Además, la demandada no dio una justificación razonable para que la acción
de tutela se hubiese presentado en lugar diferente al de su domicilio y donde se
ocasionó la supuesta vulneración del derecho.

87. En ese sentido, y como lo ha expuesto esta Subsección51 en casos similares,
le asiste razón al ente de previsión demandante cuando afirma que la docente
actuó de mala fe, siendo improcedente la aplicación de la disposición prevista en
el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

88. Conforme a lo expuesto, se encuentra que se desconoció la línea
jurisprudencial de esta Corporación sobre los requisitos para obtener el beneficio
de la pensión gracia, las reglas de competencia consagradas en los Decretos
2591 de 1991 y 1382 de 2009 y se puso en entredicho la buena fe de la
demandada que faculta a la devolución de las sumas que le han sido canceladas
por concepto del reconocimiento pensional52.

89. Para el efecto, la UGPP deberá suscribir con la demandada un acuerdo de
reembolso, que preste mérito ejecutivo, en condiciones tales que los montos y
plazos acordados para tal efecto no pongan en situación de indignidad a la
obligada, para lo cual deberá tenerse en cuenta sus condiciones socio económicas
actuales, por tratarse de una persona mayor que hoy cuenta con 73 años de edad.

90. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, toda vez que se revocarán los numerales segundo, que declaró probada
la acepción de buena fe, y quinto, que negó el reintegro de la sumas, para en su
lugar, ordenar a la demandada devolver a la UGPP las sumas de dinero recibidas

50 Ver sentencia del 4 de febrero de 2021, proferida por la sección Segunda – subsección A del Consejo de
Estado. Rad 20150001101.
51 Sentencia de 30 de septiembre de 2021, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
Radicación: 66001 2333 000 2015 00356 02 (3747-2017).
52 En asuntos similares la subsección ha tenido oportunidad de pronunciarse, ver radicado 20150001101.

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por concepto de la pensión gracia que le fue reconocida a través de la resolución
acusada.

91. En este estado, se observa que los Consejeros de Estado Cesar Palomino
Cortés y Carmelo Perdomo Cuéter se encuentran impedidos para conocer del
asunto, en tanto lo conocieron y realizaron actuaciones en instancia anterior, a
quienes se les aceptará por encontrarlo fundado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por los Consejeros César
Palomino Cortés y Carmelo Perdomo Cuéter.

SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 25 de noviembre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda,
subsección B, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda,
toda vez que se REVOCAN los numerales SEGUNDO, que declaró probada la
excepción de buena fe, y QUINTO, que negó el reintegró de las sumas
canceladas a la señora Gloria Ángela Echeverri Gonzáles y, en su lugar, queda
así:

QUINTO: Condenar a la señora Gloria Ángela Echeverri Gonzáles a reintegrar
a favor de la UGPP las sumas percibidas por concepto de la pensión gracia
que le fue reconocida a través de la Resolución RDP 37809 del 15 de agosto
de 2013, debidamente indexadas.

Para ello, el ente de previsión deberá suscribir con la señora Gloria Ángela
Echeverri Gonzáles un acuerdo de reembolso que preste mérito ejecutivo, en
que los montos y plazos acordados para tal efecto no pongan en condiciones
de indignidad y de vulnerabilidad a la obligada, para lo cual deberá tenerse en
cuenta sus circunstancias socio económicas actuales, por tratarse de una
persona mayor que hoy cuenta con más de 73 años.

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TERCERO: Ejecutoriada la sentencia, por la secretaría de la sección segunda
regresar el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Los Consejeros,

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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