Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01938-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-01938-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-01938-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación : 25000-23-42-000-2014-01938-02
Interno : 0561-2023
Demandante :FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE
LA REPÚBLICA - FONPRECON -
Demandado :ECIEBEL ANTONIO CANO GARCÍA
Medio de control :Nulidad y restablecimiento del derecho- Ley 1437
de 2011
TEMA: LESIVIDAD POR RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE
JUBILACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
CONGRESISTAS - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de 14 de julio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las súplicas de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1.1. Pretensiones
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – Fonprecon, a
través de apoderado, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, solicita la nulidad del siguiente acto administrativo, expedido
por dicha entidad:
1
Folio 135 a 141.
2
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
Resolución 1706 del 27 de diciembre de 2002 expedida por FONPRECON, a
través de la cual se reconoció la pensión vitalicia de jubilación al accionado.
Como restablecimiento del derecho pidió que se declare que el
demandado no tiene derecho al reconocimiento y pago de su pensión, en
aplicación al régimen especial de congresistas consagrado en el Decreto
1293 de 1994, al no haber sido congresista en vigencia del régimen
pensional consagrado en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993.
También, que se ordene la reliquidación de la pensión del demandado en
aplicación al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:
Por Resolución 1706 de 27 de diciembre de 2002, el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República, reconoció pensión mensual vitalicia de
jubilación a Eciebel Antonio Cano García en calidad de excongresista, en
una cuantía de $11.468.646,92.
A consecuencia de ello, Fonprecon le otorgó régimen de transición de
Congresista consagrado en el Decreto 1293 de 1994, y le aplicó la Ley 4 de
1992 y el Decreto 1359 de 1993.
El excongresista Cano García, fue miembro del Congreso de la República
entre el 20 de julio de 1998 al 19 de julio de 2002.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se citaron como normas vulneradas las siguientes:
De la Ley 4 de 1992; los Decretos 1359 de 1993; 1293 de 1994; y la Ley 100
de 1993.
Como concepto de violación señala que, el acto administrativo cuya nulidad
se solicita excede la previsión legal, al aplicar en forma errada el Decreto
1293 de 1994, régimen de transición de los congresistas, pues le aplicó un
régimen de transición, a quien nunca tuvo derecho al régimen de congresista
existente en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992.
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Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
Ello, toda vez que el accionado no tiene derecho a ser pensionado conforme
al régimen especial de congresistas, pues fue congresista entre el 20 de julio
de 1998 al 19 de julio de 2002.
Posición respaldada por la sentencia C-258 de 2013 que ordena que las
pensiones reconocidas en tales condiciones; esto es, en régimen de
transición de congresista a quienes a 1 de abril de 1994 o antes no hubieran
ostentado el cargo de congresista, deban ser reliquidadas o demandadas,
aplicando la Ley 797 de 2002.
2. Contestación de la demanda
Eciebel Antonio Cano García, por intermedio de apoderado se opuso a las
pretensiones de la demanda2.
En cuanto a los hechos señaló: Al 1 es parcialmente cierto, al 2 es cierto y al
3 no es cierto.
Propuso los medios exceptivos que denominó “prescripción”, “inexistencia de
nulidad”, “buena fe del demandado” y “no puede haber una reducción de las
mesadas que vulneren el mínimo vital en especial de personas de la tercera
edad con pensión reconocida sin abuso del derecho ni fraude a la ley”.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 14 de julio de
2022 (i) declaró la nulidad del acto demandado, y (ii) a título de
restablecimiento del derecho ordenó al Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República (FONPRECON) reconocer al demandado la
pensión de vejez bajo el amparo de la Ley 33 de 1985; esto es, con el 75%
del promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello o el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del IPC, según certificación que expida
el DANE, incluyendo los factores salariales sobre los cuales efectuó aportes
al sistema de pensiones, sin lugar a pago de retroactivo, en la medida en que
actualmente está percibiendo la pensión de jubilación.
2
Folio 232 a 241.
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Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
Destacó que, por Resolución 01706 de 27 de diciembre de 2012 la entidad
demandante le reconoció al accionado pensión de jubilación, en cuantía de
$9.954.201,31, efectiva a partir del 7 de agosto de 2002, de conformidad con
lo previsto en la Ley 4 de 1992 condicionada al retiro del servicio.
Que el señor Cano García ocupó el cargo de representante a la cámara para
el periodo constitucional 1998-2002; esto es, desde (el 18 de septiembre de
2001 hasta el 19 de julio de 2002)
Luego, conforme lo establecido por el Decreto 1293 de 1994 en sus artículos
1, 2 y 3, el demandado no ostentó la condición de congresista ni
representante a la cámara en el periodo comprendido entre el (18 de mayo
de 1992 y el 1 de abril de 1994); por lo que, no es posible extenderle los
beneficios del régimen especial de los congresistas.
No obstante, en aras de proteger los derechos fundamentales de Eciebel
Antonio Cano García, examinó si cumple con los requisitos para acceder al
reconocimiento de la pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de 1985.
Indicó que, el señor Cano García acredita más de 20 años de servicios
públicos, y cumplió 55 años el 6 de agosto de 2002; por lo que, tiene derecho
a que le reconozca y liquide la pensión de jubilación en los términos
señalados en la norma anterior, y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; es
decir, “al faltarle menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión a la
fecha de la vigencia de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación es
el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello o el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor,
según certificación que expida el DANE”, tal como lo señala la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, de quien funge como ponente en la
presente decisión.
Advirtió que, en el sub judice no es aplicable la Ley 71 de 1988, por cuanto el
demandado acreditó más de 20 años públicos, así como tampoco el Acuerdo
049 de 1990; dado que, dicho acuerdo aplica para los afiliados al Seguro
Social (ahora COLPENSIONES). Aunado a que, la pensión reconocida fue
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Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
solicitada por el señor Cano García ante FONPRECON, no es posible
estudiar ese régimen especial.
Concluyó que, el demandado no tiene derecho al reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación en los términos del régimen especial de
congresistas, al no haber ostentado dicha calidad entre el 18 de mayo de
1992 y el 1 de abril de 1994, sino a la pensión prevista en la Ley 33 de 1985
No condenó en costas a la parte demandada.
4. Recurso de apelación
Eciebel Antonio Cano García por intermedio de mandatario judicial, interpuso
recurso de alzada contra la sentencia proferida por el Tribunal, y solicitó que
sea revocada.
Alegó que, el a quo no hizo pronunciamiento sobre la “inexistencia de
nulidad, buena fe del demandado y no poder haber una reducción de las
mesadas que vulneran el mínimo vital en especial de personas de la tercera
edad con pensión desconocida sin abuso del derecho ni fraude a la ley”. Ello,
en atención “las limitaciones que se deberían tener para las reliquidaciones
pensionales”; dado que, al reducir la pensión de una persona de la tercera
edad se le están vulnerando los derechos fundamentales “al mínimo vital,
dignidad humana, la seguridad social y la protección de los adultos mayores”,
la cuales deben ser protegidos bajo el amparo de la sentencia C-258 de 2013
de la Corte Constitucional.
No estudió por principio de favorabilidad, la aplicación del régimen pensional
del Acuerdo 049 de 1990 que permite al demandado computar tiempos de
cotización acreditados en el sector oficial y en el sector privado, ante el ISS,
hoy Colpensiones.
Tampoco, tuvo en cuenta el “control de convencionalidad” regulado en la Ley
2055 de 2020 “convención interamericana sobre la protección de los
derechos humanos de las personas mayores”; y no se pronunció respecto a
la excepción de prescripción.
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Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
5. Alegatos de conclusión
Mediante auto de 21 de septiembre de 20233, se prescindió del período para
correr traslado a las partes conforme al numeral 5 del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, por lo que una vez surtido el término de notificación del auto a
través del cual se admitió el recurso de apelación conforme a lo establecido
en el artículo 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, el expediente ingresó
para proferir decisión de segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
2.1.1 Problemas jurídicos
En los términos del recurso de apelación presentado por el demandado,
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, la Sala determinará si (i) Eciebel Antonio Cano García tiene
derecho a que FRONPRECON le reconozca la pensión de jubilación de
conformidad con el régimen especial de congresistas consagrado en el
Decreto 1359 de 1993; contrario sensu (ii) si es procedente dar aplicación a
la Sentencia C-258 de 2013 frente a las limitaciones de la reliquidación
pensional del demandado; (iii) si en atención al principio de favorabilidad la
prestación pensional del demandado se debe reconocer de conformidad con
el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990; y (iv) es
aplicable en el sub judice el control de convencionalidad aprobado por la Ley
2055 de 2020 “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores”, en razón a la edad del accionado.
3
Folio 317.
7
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Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
Con el propósito de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
temas: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Hechos relevantes
probados y 2.3 Caso concreto.
2.1.2. Régimen especial de congresistas que se aplica en virtud de la
transición establecida en la Ley 100 de 1993
El artículo 17 de la Ley 4 de 19924 dispone:
“El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y
sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores.
Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual
promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el
congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el
salario mínimo legal.
Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se
hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo
concepto devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se
decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva”.
La Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, declaró la
inexequibilidad de las expresiones “durante el último año y por todo
concepto“, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el
salario mínimo legal”, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley
4 de 1992, así como la expresión “por todo concepto”, de su parágrafo; y la
exequibilidad condicionada de las restantes expresiones de la norma, bajo el
entendido que:
“i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con
anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo.
(ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse
aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el
beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales
se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.
(iii) Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos
los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los
artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.
4 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política”
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Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
(iv) Las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de
conformidad con este régimen especial, no podrán superar los veinticinco
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de
2013”5.
El Gobierno Nacional, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 1359 de 1993 “por el cual se establece un
régimen especial de pensiones, así como de reajustes y sustituciones de las
mismas, aplicable a los senadores y representantes a la cámara”,
reglamentación de carácter especial para quienes tuviesen la calidad de
senadores o representantes (art. 18), y fijó en sus artículos 1 y 6, el ámbito
de aplicación y el porcentaje mínimo de liquidación pensional:
“ARTÍCULO 1° Ámbito de aplicación. El presente Decreto establece
integralmente y de manera especial, el régimen de pensiones, reajustes y
sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes a
partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 tuvieren la calidad de Senador o
Representante a la Cámara”.
“ARTÍCULO 6° Porcentaje mínimo de liquidación pensional. La liquidación
de las pensiones, reajustes y sustituciones a que se refiere el artículo
anterior, en ningún caso ni en ningún tiempo podrá ser inferior al 75% del
ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto
devenguen los Congresistas en ejercicio; ni estará sujeta al límite de
cuantía a que hace referencia el artículo 2° de la Ley 71 de 1988”.
En el artículo 17 del citado Decreto 1359 de 1993 se dispuso que quienes
estuvieran pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4 de 1992,
tendrán derecho a un reajuste equivalente al 50%6:
“Artículo 17. REAJUSTE ESPECIAL. Los Senadores y Representantes a la
Cámara que se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley
4ª de 1992, tendrán derecho a un reajuste en su mesada pensional, por
una sola vez, de tal manera que su pensión en ningún caso podrá ser
inferior al 50% de la pensión a que tendrían derecho los actuales
Congresistas.
5
C-258 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
6
La Corte Constitucional en la sentencia SU-566-15 M.P. Myriam Ávila Roldán, concluyó sobre este reajuste que
“dentro del régimen prestacional de los miembros del Congreso de la República, es constitucionalmente admisible
diferenciar, por los criterios temporal y objetivo explicados, dos grupos: de un lado, los parlamentarios que
adquirieron su derecho o se pensionaron antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, y del otro, aquellos que estando
activos se pensionen después del 18 de mayo de 1992 con el régimen que establece la Ley 4ª de 1992. Con el
ánimo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de los parlamentarios del primer grupo en
mención y de zanjar la desproporción existente en materia pensional entre ambos grupos, a aquellos se les
reconoció, por una sola vez, un reajuste especial de tal manera que sus pensiones alcancen el valor
equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los congresistas en ejercicio en el
año 1994. Para el segundo grupo de congresistas, se aplica el porcentaje del 75% que consagra la Ley 4ª de 1992,
teniendo en cuenta lo estableció la sentencia C-258 de 2013 en cuanto a la proporción entre la cotización y el
ingreso base de liquidación pensional”.
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Demandado: Eciebel Antonio Cano García
Será requisito indispensable para que un excongresista pensionado pueda
obtener el reajuste a que se refiere el presente artículo, no haber variado
tal condición como consecuencia de su reincorporación al servicio público
en un cargo distinto al de miembro del Congreso, que hubiere implicado el
incremento y reliquidación de su mesada pensional.
Este reajuste surtirá efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1994. El
Gobierno Nacional incluirá las respectivas partidas en el proyecto de ley
anual de presupuesto correspondiente a la vigencia de 1994”.
Por otra parte, la Ley 100 de 1993 dispuso en el artículo 273 que el Gobierno
Nacional podía incorporar a los congresistas al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, así:
“Artículo. 273.-Régimen aplicable a los servidores públicos. El Gobierno
Nacional, sujetándose a los objetivos, criterios y contenido que se
expresan en la presente ley y en particular a lo establecido en los artículos
11 y 36 de la misma, podrá incorporar, respetando los derechos
adquiridos, a los servidores públicos, aun a los congresistas, al sistema
general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud.
La seguridad social procurará ser universal para toda la población
colombiana.”
En efecto, el Decreto 691 de 19947 incorporó a los servidores públicos del
Congreso al Sistema General de Pensiones, y el Decreto 1293 de 19948
indicó en el artículo 1 que dicho sistema contenido en la Ley 100 de 1993 se
aplica a los Senadores, Representantes y empleados del Congreso de la
República y del Fondo de Previsión Social del Congreso con excepción de
los cubiertos por el régimen de transición previsto en dicho decreto, que se
describió en el artículo 3, así:
“ARTÍCULO 3o. BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los
senadores y representantes que cumplan con alguno de los requisitos
previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de su
pensión de jubilación cuando cumplan con los requisitos de edad y tiempo
de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en el Decreto
1359 de 1993, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la
misma e ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto.
Los empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión
Social del Congreso que cumplan con alguno de los requisitos previstos en
el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de
7
“ARTICULO. 1º—Incorporación de servidores públicos. Incorporase al sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos: (…) b) Los servidores públicos del Congreso de la República,
de la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría
General de la República”.
8 “Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de
la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y
económicas de tales servidores públicos”
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Demandado: Eciebel Antonio Cano García
jubilación cuando cumplan con los requisitos de edad, tiempo de servicios,
número de semanas cotizadas y el monto de la pensión establecidos en el
artículo 20 del Acuerdo 26 de 1986, del Fondo de Previsión Social del
Congreso, aprobado por el Decreto 2837 de 1986.
PARAGRAFO. El régimen de transición de que trata el presente artículo se
aplicará también para aquellos senadores y representantes que durante la
legislatura que termina el 20 de junio de 1994 tuvieren una situación
jurídica consolidada al cumplir antes de dicha fecha, veinte (20) años de
servicios continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de
derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran
cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de
Seguros Sociales en cualquier modalidad. En cuanto a la edad de
jubilación se aplicará lo dispuesto en el literal b) del artículo 2o del Decreto
1723 de 1964, es decir que tales congresistas, una vez cumplido el tiempo
de servicios aquí previsto podrán obtener el reconocimiento de la pensión
de jubilación a la edad de cincuenta (50) años”.
En este orden, el régimen especial de congresistas solo se aplica a los
beneficiarios del régimen de transición que cumplan con los requisitos
previstos en el artículo 2 del Decreto 1293 de 1994 que indica “Los
senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República
y los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán
derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1o de abril de 1994, hayan cumplido
alguno de los siguientes requisitos: a). haber cumplido cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres o treinta y cinco (35) o más años de edad, si
son mujeres. b). Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15)
años o más (…)”.
De lo hasta aquí expuesto, se resalta entonces que el régimen especial de
los congresistas previsto en el Decreto 1359 de 1993, solo se aplica a los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el Decreto 1293 de 1994,
en consonancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Así mismo, esta Corporación en sentencia de unificación CE-SUJ2-018-20 de
8 de octubre de 20209 fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. C.P. Gabriel Valbuena
Hernández. Radicado 25000-23-42-000-2013-05893-01(0815-15). Sentencia de Unificación CE-SUJ2-
018-20 de 8 de octubre de 2020. Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
(FONPRECON). Demandado: Luis Antonio Pinzón Zamora
Referencia: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN POR IMPORTANCIA JURÍDICA. SENTENCIA CE-SUJ-
S2- 018 DE 2020. SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL. RÉGIMEN ESPECIAL DE
PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS CONGRESISTAS. RÉGIMEN DEL CONGRESISTA
PENSIONADO VUELTO A ELEGIR. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LOS CONGRESISTAS.
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Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
“Son beneficiarios del régimen especial de congresistas
consagrado en el Decreto 1359 de 1993:
Los congresistas que ejercieron su labor y adquirieron el estatus
entre el 18 de mayo de 1992, fecha en que entró en vigencia la Ley 4ª
de 1992 y hasta el 1ª de abril de 1994, data en que entró en vigor la Ley
100 de 1993, siempre que cumplan los requisitos consagrados en el art. 4º
y 7º del Decreto 1359 de 1993, que son:
a) Estar afiliado a Fonprecon, realizar aportes a dicha entidad y
haber tomado posesión del cargo.
b) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el
hombre 55. Inciso 2º del parágrafo 2º del art. 1º de la Ley 33 de 1985.
c) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes
entidades de derecho público o haber cumplido o cotizado los 20 años,
parte en el sector privado y ante el ISS. Art. 7º del Decreto 1359 de
1993.
Los excongresistas pensionados vueltos a elegir tienen derecho al
reconocimiento de la reliquidación de su pensión de jubilación al amparo
del régimen especial, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Obtuvieron el reconocimiento de la pensión de jubilación por cuenta
de cualquier entidad de derecho público;
b) Renunciaron temporalmente a percibir esa pensión de jubilación;
c) Su nueva vinculación a la labor legislativa lo fue a partir del 18 de
mayo de 1992;
d) El tiempo de esta nueva vinculación es superior a 1 año en forma
continua o discontinua.
e) Efectuaron el pago de los aportes correspondientes ante Fonprecon
y estaban afiliados a dicha entidad.
Los ex congresistas beneficiarios del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que les permite
obtener el derecho a la aplicación del régimen especial consagrado en el
Decreto 1359 de 1993 son los siguientes:
Los excongresistas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el congresista para el 1 de abril de 1994 cuando cobró
vigencia dicha ley, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años
de edad si es mujer o 15 años o más de servicios efectivamente
cotizados.
b) Que el congresista reúna los requerimientos propios del régimen
especial que son:
i) El ejercicio de la actividad legislativa a partir el 18 de mayo de
1992 y que dicha situación no varió hasta la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de 1994.
ii) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el
hombre 55. Inciso 2º del parágrafo 2º del art. 1º de la Ley 33 de
1985.
iii) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes
entidades de derecho público o haber cumplido o cotizado los 20
años parte en el sector privado y ante el ISS. Art. 7º del Decreto 1359
de 1993.
iv) Haber tomado posesión del cargo de congresista;
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Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
v) Haberse afiliado a la entidad pensional del Congreso –
Fonprecon-.
vi) Haber efectuado cumplidamente las cotizaciones o aportes ante
dicha entidad pensional.
Los excongresistas que durante la legislatura que termina el 20 de
junio de 1994:
Hubiesen cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o
diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la
República, o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector
privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad, con
derecho a obtener el reconocimiento, en este caso en particular, a la edad
de 50 años.
El reconocimiento de la pensión de jubilación de congresistas y su
reliquidación, para los beneficiarios del régimen de transición, está a cargo
de Fonprecon y se concede de acuerdo con las modificaciones que se
imprimieron a los artículos 5 y 6 del Decreto 1359 de 1993, por cuenta del
Acto Legislativo 01 de 2005, siguiendo los siguientes parámetros:
a) El ingreso básico de liquidación (IBL) debe obedecer a las reglas
contenidas en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993,
según el caso;
b) Como factores de liquidación solo aplicarán: a) aquellos ingresos que
hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario; b) tengan
carácter remunerativo del servicio; y, c) sobre los cuales se hubieren
realizado las cotizaciones respectivas;
c) El porcentaje de liquidación pensional debe corresponder a un 75% del
ingreso base de liquidación
d) La mesada pensional no puede superar el tope o límite de 25 de
SMLMV; y, se debe reajustar cada año según el IPC.
1. Quienes no están amparados por el régimen especial, se rigen por el
sistema general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993.
2. Expiración del régimen especial de jubilación de congresistas: El
31 de julio de 2010 expiraron los regímenes pensionales especiales por
orden expresa del parágrafo transitorio 2º del Acto Legislativo 01 de
2005 incluido el de los ex congresistas, de manera que con
posterioridad a dicha fecha, no se puede pretender el reconocimiento
de la pensión de jubilación al amparo del régimen especial de
congresistas a menos que les asista el derecho adquirido a dicho
reconocimiento, tras el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
régimen especial. Lo anterior, salvo para aquellos Congresistas que
para la entrada en vigencia del acto Legislativo 01 de 2005 se
encontraran en régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y tuvieran
750 semanas cotizadas, para quienes dicho régimen se extiende hasta
el 31 de diciembre de 2014, al tenor de lo dispuesto en el acto
legislativo 01 de 2005.
Puestas, así las cosas, se precisa que los efectos de la anterior sentencia de
unificación son retrospectivos y esto implica que las reglas jurisprudenciales
fijadas son vinculantes para los casos pendientes de decisión, tanto en vía
administrativa como en sede judicial. De forma que el caso sometido a estudio
13
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
debe analizarse conforme la jurisprudencia vigente al momento de resolverse el
proceso.
2.1.3. Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990
El régimen anterior a la Ley 100 de 1993 que regulaba a los afiliados al
Instituto de Seguros Sociales era el Decreto 758 del 11 de abril de 1990 “Por
el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado
del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”, consagrando en su
capítulo I denominado “campo de aplicación” quiénes son sus beneficiarios,
en los siguientes términos:
“Artículo 1. Afiliados al seguro de invalidez, vejez y muerte. Salvo
las excepciones establecidas en el artículo 2 del presente Reglamento,
estarán sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos de invalidez,
vejez y muerte de origen no profesional:
1. En forma forzosa u obligatoria:
a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a
patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje;
b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y,
c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser
compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros
Sociales o asumidas totalmente por él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas
y,
c) Los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio
de 1977 se encontraban registradas como patronos ante el ISS.
Otros sectores de población respecto de quienes se amplíe la cobertura
del régimen de los seguros sociales obligatorios.”
Así mismo, indica que para acceder a la pensión por vejez será necesario
que el afiliado acredite las siguientes exigencias:
“Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco
(55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante
los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades
mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de
cotización, sufragadas en cualquier tiempo.»
14
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
26. De lo anterior, se observa que para acceder a la prestación por vejez
es necesario demostrar 60 años de edad si es varón y 55 si es mujer, y un
mínimo de 500 semanas durante los últimos 20 años para acceder a una
pensión en cuantía que depende directamente del número de semanas
cotizadas (…)”
2.1.4. Control de convencionalidad aprobado por la Ley 2055 de 2020
“Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores10”
Frente a la protección de las personas de la tercera edad como sujetos de
especial protección, esta Corporación señaló que11:
“Las personas de la tercera edad como sujetos de especial protección. El
Estado Social de Derecho concebido en Colombia a partir de la
Constitución de 1991 tiene al ser humano como su objeto, principio y razón
esencial de ser. En ese sentido, ha desarrollado normas supralegales que
lo realizan en condiciones de dignidad y lo reivindican mediante un
tratamiento preferencial cuando se encuentra en situación de mayor
vulnerabilidad, como es el caso de las personas de la tercera edad.
Téngase en cuenta que los adultos mayores son un grupo vulnerable, por
ello han sido catalogados como sujetos de especial protección
constitucional. Desde el punto de vista teórico, la suplicada vulnerabilidad
puede obedecer a los tipos de opresión, abandono o maltrato físico y/o
psicológico a los que se puede ver sometida la población mayor, debido a
las condiciones físicas, económicas y psicológicas que las llegan a
diferenciar de otros sujetos o colectivos.
Ahora bien, la Constitución Política en sus artículos 13 y 46 prevé la
especial protección del Estado y la sociedad con las personas de la tercera
edad, de acuerdo con el principio de solidaridad y los preceptos del Estado
Social de Derecho que inspiran el ordenamiento superior. Estas
disposiciones estipulan lo siguiente:
«Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real
y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su
condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan». (Subrayado por la Sala)
10
“Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores”.
11
Radicado 17001-23-33-000-2019-00456-01, de 23 de marzo de 2023 (5351-2022). MP Juan Enrique Bedoya
Escobar.
15
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
«Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y
promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y
el subsidio alimentario en caso de indigencia»
Así las cosas, es claro que aun cuando existe un especial deber de
solidaridad en cabeza de la sociedad y la familia para con los adultos
mayores, lo cierto es que el Estado, a través de sus órganos e
instituciones, es el primero llamado a cuidar de la vejez, en tanto desde la
carta política se le ha asignado dicha carga, por lo que es necesario que
cree y promueva políticas, mecanismo y acciones que permitan el correcto
cuidado, protección e integración del adulto mayor en la esfera social.
En ese sentido, debe observarse que si bien, como lo ha indicado el
Tribunal Supremo Constitucional 15 «no puede confundirse vejez con
enfermedad o con pérdida de las capacidades para aportar a la sociedad
elementos valiosos de convivencia, tampoco puede perderse de vista que
muchas de las personas adultas mayores se enfrentan con el correr de los
años a circunstancias de debilidad por causa del deterioro de su salud,
motivo por el cual merecen estas personas una protección especial de
parte del Estado, de la sociedad y de la familia (…)». Por tal razón, es
menester que se otorgue un trato preferencial a las personas de la tercera
edad, con el fin de precaver posibles transgresiones a sus derechos
fundamentales, así como para garantizar la igualdad efectiva. Por ello,
resulta indispensable que el Estado asuma las medidas necesarias para
proteger a este grupo frente a las omisiones o acciones que puedan
generar violación de sus derechos o que puedan menoscabar su integridad
física, mental, emocional o moral.
Lo anterior es consonante con lo estipulado en el artículo 4° de la
«Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores», adoptada en Washington el 15 de
junio de 2015 y aprobada por el Congreso de la República de Colombia el
10 de septiembre de 2020 mediante la Ley 2055 de esa misma anualidad,
el cual indica que los Estados Parte se deben comprometer a salvaguardar
los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor sin
discriminación de ningún tipo y para tal fin, deberán adoptar y fortalecer
«todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias
y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin
garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos
los ámbitos» (Subrayado fuera de texto)”.
2.2. Hechos probados relevantes
Copia de la cédula de ciudadanía de Eciebel Antonio Cano García que
evidencia que nació el 6 de agosto de 194712.
Mediante la Resolución 01706 de 27 de diciembre de 201213 la entidad
demandante, le reconoció al accionado pensión de jubilación en cuantía de
12
Folio 8 a 9.
13
Folio 115 a 121.
16
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
$9.954.201,31, efectiva a partir del 7 de agosto de 2002, condicionada a
demostrar el retiro definitivo del servicio, de conformidad con lo previsto en la
Ley 4 de 1992.
Certificación de 26 de abril de 197814 expedida por el Contralor General del
Departamento de Caldas, que indica que el demandado laboró en esa
entidad desde el 9 de febrero de 1967 al 31 de enero de 1971 como
Instructor en Samaná y del 1 de febrero de 1971 al 31 de julio de 1977,
prestó sus servicios como Instructor en Manizales.
Certificación de 20 de mayo de 2002 emitida por el Coordinador de Hojas de
Vida del Departamento de Caldas del Fondo Educativo Departamental15, que
indica que el demandado laboró en esa entidad del 1 de agosto de 1977 al
28 de febrero de 1978, menos 90 días de licencia comprendida entre el 17 de
agosto y el 14 de noviembre de 1977.
Constancia laboral de 15 de mayo de 2002 suscrita por el Jefe de Archivo
General del Municipio de Manizales16, que da cuenta que el accionado laboró
en esa entidad desde el 14 de septiembre de 1983 hasta el 14 de septiembre
de 1986.
El 20 de mayo de 2002, la Coordinadora del Área de Personal y Carrera
Administrativa de la Contraloría General de Caldas17, certificó que el
accionado trabajó en esa entidad como Sub Contralor General del
Departamento del 1 de enero de 1991 al 10 de enero de 1995.
Constancia expedida por el Subsecretario de Personal de la DIAN de 30 de
mayo de 200218, que establece que el señor Cano García laboró en esa
entidad desde 2 de febrero de 1999 hasta el 17 de septiembre de 2001,
desempeñando el cargo de Administrador de Impuestos y Aduanas Nivel 60
Grado 34.
14
Folio 10.
15
Folio 12.
16
Folio 13.
17
Folio 14 a 16.
18
Folio 17 a 18.
17
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
El 26 de junio de 200219 el Jefe de División de Prestaciones Económicas
certificó que el demandado laboró en esa entidad en el periodo comprendido
entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de enero de 2002.
El 3 de septiembre de 200220 el Subsecretario General de la Cámara de
Representantes expidió constancia en la que se indica que el accionado
tomó posesión del cargo de Representante a la Cámara para el periodo
constitucional 1998-2002, el 18 de septiembre de 2001 y desempeñó dicho
cargo hasta el 19 de julio de 2002.
2.3. Caso concreto
Como preámbulo, y respecto a que el Tribunal no se pronunció sobre los
medios exceptivos presentados en la contestación de la demanda
“inexistencia de nulidad, buena fe del demandado y no puede haber una
reducción de las mesadas que vulneren el mínimo vital en especial de
personas de la tercera edad con pensión reconocida sin abuso del derecho ni
fraude a la ley”. Sobre el particular, la Sala observa que, tal y como lo indicó
el a quo su estudio toca con el fondo de la controversia. Amén de que, van
dirigidos a los precisos motivos de disenso que se invocan en el recurso
vertical.
Así también que, previo a resolver los motivos de disenso de la parte
recurrente, es necesario determinar si el señor Cano García es beneficiario
del régimen de especial de congresistas.
En el sub lite Fonprecon demanda el acto administrativo enjuiciado al
considerar que el señor Cano García no tiene derecho al reconocimiento y
pago de su pensión, en aplicación al régimen especial de congresistas
consagrado en el Decreto 1293 de 1994, al no haber ejercido dicho cargo en
vigencia del régimen pensional consagrado en la Ley 4 de 1992 y el Decreto
1359 de 1993.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca precisó que, conforme lo
establecido por el Decreto 1293 de 1994 el demandado no ostentó la
condición de congresista ni representante a la cámara en el periodo
19
Folio 22.
20
Folio 40.
18
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
comprendido entre el (18 de mayo de 1992 y el 1 de abril de 1994); por lo
que, no es posible extenderle los beneficios del régimen especial de los
congresistas. Empero, a fin de proteger sus derechos fundamentales ordenó
el reconocimiento pensional conforme a la Ley 33 de 1985; esto es, por
acreditar más de 20 años de servicios públicos, y tener 55 años de edad.
Inconforme con esta decisión, la apoderada de la parte accionada alega, en
síntesis, que el Tribunal no se pronunció sobre las excepciones que presentó
en la contestación de la demanda, no tuvo en cuenta hacer un estudio sobre
el régimen pensional más favorable a su prohijado, no dio aplicación a la
sentencia C-258 de 2013, no tuvo en cuenta el “control de convencionalidad
y no se pronunció sobre la prescripción.
Frente al primer problema jurídico, la Sala precisa que conforme a las reglas
jurisprudenciales y los medios de prueba avizorado en el plenario, se tiene
probado que el accionado no es beneficiario del régimen especial de
congresistas que le permita tener derecho a la liquidación de su prestación
pensional al amparo de él; pues si bien, se posesionó en calidad de
representante a la Cámara y se encontraba afiliado a Fonprecon; lo cierto es
que, ejerció la actividad legislativa entre el (18 de septiembre de 2001 al 19 de
julio de 2002); esto es, luego de transcurridos más de 11 años desde la
vigencia de la Ley 4 de 1992, que tuvo lugar el 18 de mayo de 1992, y pasados
más de 7 años desde que entró a regir la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994).
Que si bien, a la entrada en vigor la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994) había
cumplido 40 años; no es menos, que a partir del 18 de mayo de 1992 (cuando
entró a regir la Ley 4ª de 1992) no era miembro del cuerpo legislativo; dado
que, tal actividad la desempeñó varios años después; es decir, a partir del
2001. También, que es requisito indispensable para ser beneficiario del
régimen especial de los congresistas no solo tener la edad establecida en el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sino que es necesario ostentar la
calidad de congresista al 18 de mayo de 1992, fecha desde la cual, por
disposición del artículo 1º del Decreto 1359 de 1993, el congresista es
beneficiario del citado régimen especial.
Respecto del alcance de la Sentencia C-258 de 2013 de la Corte
Constitucional, la Sala precisa que frente a situaciones aparentemente
19
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
consolidadas (como argumento de apelación), la recurrente adujo que la
sentencia de primera instancia al ordenar la reliquidación pensional del señor
Cano García “bajo otras condiciones legales”, le vulnera sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, y a la protección
reforzada de los adultos mayores, los cuales se deben proteger bajo el
precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional21.
Como fundamento de tal amparo, destacó que el señor Cano García se
encuentra en una situación de vulnerabilidad y de especial protección
constitucional, al ser un adulto mayor que tiene un derecho adquirido desde
hace más de 20 años, y a quien le sería aplicable la protección jurídica del
precedente constitucional enunciado, comoquiera que la providencia señala
que: “(…) En efecto, sería manifiestamente inconstitucional reducir la
pensión de una persona de la tercera edad que ya no puede trabajar y por lo
tanto, carece de la posibilidad de completar las semanas que le faltan para
acceder a una pensión. Ello equivaldría a afectar gravemente el derecho al
mínimo vital de personas en una situación de vulnerabilidad (…)”.
Al respecto; y si bien es cierto, la Corte Constitucional planteó el aparte
transcrito, y en desarrollo de la sentencia de constitucionalidad referida
reiteró la protección de las garantías de las personas de la tercera edad, en
especial frente al respeto por las condiciones mínimas de subsistencia; lo
cierto es que; en el mismo proveído formuló una serie de criterios atinentes a
las situaciones en las que se advierten reconocimientos pensionales
obtenidos por medios ilegales, con fraude a la ley o con abuso del derecho,
eventos en los que se torna justificada la revocatoria o anulación de las
decisiones que las concedieron por no tratarse propiamente de derechos
adquiridos, al punto de no configurarse vulneraciones directas de postulados
constitucionales, tal y como se extrae de la providencia en comento:
“[…] El artículo 58 Superior y el Acto Legislativo 1 de 2005 protegen los
derechos adquiridos siempre y cuando se hayan adquirido sin fraude a la ley
ni abuso del derecho.
Es decir, no se configura propiamente un derecho adquirido cuando se ha
accedido a éste (i) por medios ilegales, (ii) con fraude a la ley o (iii) con
abuso del derecho.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013. Expediente: D-9173 y D-9183.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley 4 de 1992.
20
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
Lo expuesto en la parte motiva de esta providencia permite establecer qué
tipos de pensiones corresponden a esta categoría.
En primer término, claro está no constituirán derechos pensionales
adquiridos aquellos que ha sido causados a través de conductas como la
alteración de documentos, la falsedad, entre otras. Este caso extremo puede
haber ocurrido en muy pocas ocasiones, pero no por ello debe dejar de
mencionarse.
En segundo lugar, tal y como se explicó, en las figuras del fraude a la ley y
abuso del derecho, se presenta un elemento objetivo que se traduce en el
aprovechamiento de la interpretación judicial o administrativa de las normas o
reglas, para fines o resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico y
aquél que invoca las normas de una forma claramente excesiva y
desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue. En este
orden de ideas, el juez y la administración tienen el deber de evitar que se
interpreten los textos legales de manera que se cometa fraude a los principios
del sistema.
Recuerda la Corte que, para ese menester se tendrá en cuenta, de manera
preponderante, la dimensión objetiva de los conceptos del abuso del derecho
y fraude a la ley, de manera que no se trata de establecer la existencia de
conductas ilícitas o amañadas, sino del empleo de una interpretación de la ley
que, a la luz de lo establecido en esta sentencia, resulta contrario a la
Constitución y como resultado de la cual, la persona accedió a una pensión,
por fuera del sentido conforme a la Carta del régimen pensional y que
produce una objetiva desproporción y falta de razonabilidad en la prestación.
En materia pensional con frecuencia se presentan situaciones de abuso del
derecho, que se encuadran dentro de esta segunda hipótesis, que dan lugar
al reconocimiento de pensiones con ventajas irrazonables frente a la
verdadera historia laboral del peticionario, que generan un desequilibrio
manifiesto del principio de igualdad, y fruto de un aprovechamiento de las
interpretaciones que las autoridades judiciales y administrativas han hecho de
las normas.
Esto suele presentarse en situaciones en las que servidores públicos
beneficiarios del régimen especial anterior a la Ley 100 y cobijados por la
transición, obtienen, en el último año de servicios, un incremento significativo
de sus ingresos que en realidad no corresponde con su vida laboral, y por el
contrario, representa un salto abrupto y desproporcionado en los salarios
recibidos en toda su historia productiva. Ello en aprovechamiento de las tesis
de algunas corporaciones judiciales sobre las reglas de la transición y del
Ingreso Base de Liquidación. Cabe señalar que para que se produzca este
abuso del derecho, el aumento, se repite, debe ser claramente
desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su historia
laboral.
En estos eventos, los incrementos significativos de los ingresos del servidor
en sus últimos años de servicios –incremento que escapa el sendero ordinario
de su carrera salarial- conducen a una pensión que no guarda ninguna
relación con los aportes que acumuló en su vida laboral y que, por tanto,
imponen al Estado la obligación de proveer un subsidio muy alto para poder
pagar la pensión reconocida.
Estos casos suelen además estar acompañados de vinculaciones precarias al
cargo en virtud del cual se produce el aumento del ingreso base de
liquidación, a través de figuras como las suplencias en el caso de los
21
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
Congresistas, el encargo en el caso de Magistrados, y la provisionalidad, en
los demás casos en que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, es aplicable.
En este punto debe recordarse que si bien es cierto la Corte ha avalado la
existencia de algunos regímenes pensionales especiales, también lo es que,
dado su carácter excepcional y su impacto en las finanzas públicas, sus
reglas deben ser de interpretación restringida y no pueden ser extendidas por
analogía a casos de servidores no cobijados por ellos.
Otro ejemplo se presenta cuando un servidor durante la mayor parte de su
vida laboral cotiza de acuerdo con las reglas que definen topes de las
cotizaciones. Luego, en el último año de servicios –según el régimen especial
del que es beneficiario- cotiza al sistema sin tope con el fin de luego obtener
una pensión sin tope, amparado por la doctrina de la integralidad de los
regímenes pensionales. […]». (Subrayado intencional. Negrilla conforme a la
transcripción).
Acorde con lo anterior, se extrae del aparte jurisprudencial citado, que
existen eventos en los cuales el distanciamiento de la decisión administrativa
de reconocimiento pensional frente a los postulados constitucionales y
legales que realmente son aplicables a una situación jurídica específica,
constituye una causa justificada para no considerar como derecho adquirido
el otorgamiento de la prestación de jubilación, al punto de permitirse su
verificación tanto en sede administrativa como judicial, a fin de determinar la
verdadera adecuación del caso, sin que ello sea una vulneración directa de
las garantías superiores del administrado.
A partir de tal entendimiento, es dable recordar que esta Colegiatura se ha
pronunciado en el sentido de precisar que, ante casos como los aludidos de
falta de cohesión legal o normativa de los actos de reconocimiento
prestacional, se estructura en esencia una situación jurídica aparentemente
consolidada, la cual dista del concepto de derecho adquirido, en tanto
permite que aquella sea revisada y ajustada para concluir bien sea la
modificación o la supresión de sus efectos22.
De entrada, y al evidenciar que al accionado no le era aplicable el régimen
especial de los congresistas; esto es, el Decreto 1359 de 1993, resulta valido
afirmar que la prestación reconocida por parte de la demandante por
Resolución 1706 del 27 de diciembre de 2002, no era una prerrogativa
adquirida con sujeción a la ley, sino con fraude a esta como lo plantea la
misma Corte Constitucional.
22
Radicado: 05001-23-33-000-2015-00329-01 (4417-2017), de 25 de febrero de 2021.
22
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
Luego, configura una situación jurídica aparentemente consolidada que
habilita su verificación judicial, para que el derecho concedido sin el lleno de
los requisitos legales, pueda ser extinguido como se torna imperioso hacerlo
en el asunto sub lite.
Por razón de lo anterior, se colige que en el presente caso no podría
señalarse un desconocimiento de la sentencia C-258 de 2013 que examinó
la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992 en lo atinente al
régimen pensional de los congresistas; menos aun, en punto a la concepción
de un derecho adquirido como lo enuncia la parte accionada; por lo que, es
dable proferir una decisión anulatoria del acto administrativo cuestionado al
advertirse su ilegalidad, sin que se presente una vulneración a dicho
precedente constitucional.
Razón por la cual, es claro que el acto demandado por medio del cual se
ordenó el reconocimiento de la prestación pensional bajo el amparo del
régimen especial de Congresistas, desconoció el contenido del artículo 17
del Decreto 1359 de 1993 y la interpretación jurisprudencial que sobre el
particular ha efectuado esta Corporación; razón por la cual, resulta
procedente su anulación tal y como lo consideró el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de 14 de julio de 2022; dado que, no es factible
considerar la existencia de un derecho adquirido, puesto que el origen del
reconocimiento del mismo es ilegal; y en esa medida, no se adquirió el
beneficio de acuerdo a los postulados del artículo 58 de la Constitución
Política.
Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto el reproche del demandado
respecto de que la pensión de jubilación ya “había sufrido una considerable
reducción para ajustarla al tope de los 25 SMLMV”, de conformidad con la
sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013. Frente a tal reparo, solo
resta decir que, si no le asistía el derecho al reconocimiento pensional en
calidad de congresista; y con ello, a la mesada pensional en la cuantía en
que la ha venido percibiendo, no resulta consecuente aludir a la disminución
del monto de una mesada a la que no tiene derecho, tal como ampliamente
se ha expuesto en esta providencia.
23
Interno:0561--2023
Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
En lo atinente a que por favorabilidad se estudie el reconocimiento de la
prestación pensional del demandado bajo el amparo de lo establecido en el
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, la Subsección
precisa que, es necesario retomar lo establecido en sentencia de unificación
CE-SUJ2-018-20 de 8 de octubre de 2020 citada en líneas atrás, en relación
con los beneficiarios del régimen especial de congresistas consagrado en el
Decreto 1359 de 1993, quienes no lo estaban y en consecuencia se rigen por el
sistema general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993 y, la
expiración del citado régimen.
Con todo, se precisa que los efectos de la sentencia unificadora son
retrospectivos y esto implica que las reglas jurisprudenciales fijadas son
vinculantes para los casos pendientes de decisión, tanto en vía administrativa
como en sede judicial. De forma que el caso sometido a estudio debe
analizarse conforme la jurisprudencia vigente al momento de resolverse el
proceso y no bajo la orientación jurisprudencial existente al momento de la
expedición del acto acusado.
Que respecto de la aplicación de la Ley 33 de 198523 y el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, la Sala dispuso que la pensión del señor Cano García debía
analizarse conforme a la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, en
dónde se previeron reglas jurisprudenciales sobre el criterio de interpretación
del artículo 36 de la ley 100 de 199324, comoquiera que el accionado es
beneficiario del régimen de transición previsto en esa norma. Ello condujo a
dilucidar que el accionado contaba con más 20 años de servicios y acreditó 55
años de edad el 6 de agosto de 2002, por tanto, mientras se profiere sentencia
que ponga fin al proceso, FONPRECON debía reconocerle y liquidarle la
pensión de vejez en los términos de esas normas, esto es, con el 75% del
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la
pensión y con los factores salariales sobre los que efectuó aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.
23
La Ley 33 de 1985 limita su aplicación exclusivamente en favor de empleados del sector público.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. César Palomino Cortés. Bogotá́ D.C., 28
de agosto de 2018. Expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01. Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del
Derecho. Demandante: Gladis Del Carmen Guerrero De Montenegro, Demandado: Caja Nacional De Previsión
Social E.I.C.E. En Liquidación. Sentencia De Unificación De Jurisprudencia. Criterio De Interpretación Sobre El
Artículo 36 De La Ley 100 De 1993.
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Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
En suma, no es procedente estudiar el otorgamiento pensional de conformidad
con el Decreto 758 de 1990 por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de
febrero 1 de 1990 “régimen anterior a la Ley 100 de 1993 que regulaba a los
afiliados al Instituto de Seguros Sociales”, toda vez que la pensión de
jubilación reconocida fue solicitada ante FONPRECON. Aunado a que, dicho
régimen es de aplicación exclusiva al ISS; tal y como así, lo indicó el a quo.
Con todo, la Sala precisa que lo debatido en el proceso no concierne a si el
demandado acreditó los tiempos de servicios para el reconocimiento
pensional, sino al cumplimiento de los presupuestos para estar cobijado por
el régimen especial de congresistas, contenido en el Decreto 1359 de 1993,
que como ya se advirtió exige haber laborado como parlamentario desde la
vigencia de la Ley 4 de 1992 (18 de mayo de 1992).
En cuanto a la aplicación del “control de convencionalidad” es pertinente
precisar que, tal y como se indica en el precedente traído a colación en el
marco normativo, y que, frente a la protección de las personas de la tercera
edad como sujetos de especial protección, el Estado Social de Derecho
concebido en Colombia a partir de la Constitución de 1991 tiene al ser
humano como su objeto, principio y razón esencial de ser. Por ende, ha
desarrollado normas supralegales que lo realizan en condiciones de dignidad
y lo reivindican mediante un tratamiento preferencial cuando se encuentra en
situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las personas de la
tercera edad.
Al respeto la sala precisa que aquella manifestación de lo que se ha dado en
denominar la constitucionalización del derecho internacional, que implica él
deber de todo juez nacional de “realizar un examen de compatibilidad entre
las disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un caso concreto
…”. En tal sentido se destaca que en el subjudice el derecho prestacional
del accionado le fue otorgado por FONPRECON a partir del 7 de agosto de
2002 en cuantía de $9.954.201 condicionada al retiro del servicio, sin ser
beneficiario del régimen especial de congresistas; esto es, sin cumplir los
requisitos señalados en el Decreto 1359 de 1993; pues si bien, se posesionó
en calidad de representante a la Cámara y se encontraba afiliado a Fonprecon;
lo cierto es que, ejerció la actividad legislativa entre el (18 de septiembre de
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Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
2001 al 19 de julio de 2002); esto es, luego de transcurridos más de 11 años
desde la vigencia de la Ley 4 de 1992, que tuvo lugar el 18 de mayo de 1992, y
pasados más de 7 años desde que entró a regir la Ley 100 de 1993 (1 de abril
de 1994).
Así mismo, y tal como lo indicó el apelante, la prestación pensional del señor
Cano García fue ajustada conforme a los derroteros fijados por la Corte
Constitucional, y por orden judicial. Ello, en obedecimiento a que disfrutó y
devengó por más de 20 años de una pensión bajo un régimen especial y
beneficioso del cual no tenía derecho. Luego, que, analizado el fallo de
primera instancia, no se evidencia que él mismo vulnere el mínimo vital del
accionado en el proceso; por el contrario, y en aras de proteger los derechos
fundamentales como persona de la tercera edad (76 años), ordenó que la
pensión le fuera concedida en atención de lo normado en la Ley 33 de 1985,
y conforme a la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, en dónde
provienen reglas jurisprudenciales sobre el criterio de interpretación del
canon 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que es beneficiario de dicha
norma (20 años de servicios públicos y 55 años de edad), y en tal sentido la
reliquidación que ordenó el Tribunal no vulnera controles de
convencionalidad.
Respecto a la excepción de prescripción que presentó el accionado, es claro
que, si en la parte motiva de la sentencia de primera instancia se determinó
que no está en la obligación de devolver ninguna suma que corresponda a
lo que le ha sido reconocido por cuenta del fondo, y tal decisión es avalada
por esta instancia; en consecuencia, se debe denegar dicho medio
exceptivo.
Condensando lo anterior, la Sala observa que debido a los aspectos y
circunstancias propias del caso bajo estudio, desde la órbita del derecho
constitucional, se presentan unos presupuestos que impiden que la decisión
del Tribunal sea revocada, pues la condición de especial protección que
cobija al demandado no está siendo vulnerada o soslayada por habérsele
ordenado que la pensión le fuera liquidada bajo otro régimen; ya que, como
está demostrado dentro del proceso, disfruta de una pensión de jubilación
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Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
para su beneficio y congrua subsistencia; por lo que, la sentencia proferida
por el a quo será confirmada.
Sobre la condena en costas
Frente a la condena en costas, la Sala hace las siguientes manifestaciones:
El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:
“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables
en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos
siguientes.” (Resaltado por la Sala).
Dispone el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”
No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida,
tenerse certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del
proceso25.
En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe, conforme con lo anterior, no se condenará
en costas en esta instancia.
III. DECISIÓN
En atención a las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de
apelación presentado por la parte demandada; por ende, confirma la
sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que accedió a las súplicas de la demanda y declaró la nulidad del acto
acusado.
25
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado:
13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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Demandante: Fonprecon
Demandado: Eciebel Antonio Cano García
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 14
de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió
a las súplicas de la demanda y declaró la nulidad del acto acusado.
SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias.
TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmada electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmada electrónicamente)
.
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