Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02044-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Doble asignación del tesoro público
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02044-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-02044-02
Consejero ponente: William Hernández Gómez
12 de agosto de 2021
DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO / COMPATIBILIDAD EN EL RECONOCIMIENTO PENSIONAL DE LOS DOCENTES
El artículo 128 de la Constitución Política prescribe que «[n]adie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en la que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas […]» […] [L]a incompatibilidad contenida en la norma constitucional comporta una íntima relación de conexidad con la remuneración de los servidores del estado, de tal magnitud que prohíbe la concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, como percibir más de una asignación que provenga del erario. […] [L]a Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto de 10 de mayo de 2001 concluyó sobre lo que debe entenderse por asignación, como «[…] un término genérico que comprende las sumas provenientes del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, percibidas por los servidores públicos - sin excepción, dado que la expresión ‘nadie’ no excluye a ninguno de ellos -, por concepto de remuneración, consista ésta en salario o prestaciones, honorarios o cualquier otro emolumento o retribución, salvo aquellas exceptuadas de forma expresa por el legislador […]» [L]os docentes pueden: i) adquirir el estatus pensional, ii) obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y, iii) a la vez seguir en ejercicio de la actividad, toda vez que en el caso especialísimo de estos, no existe incompatibilidad entre la pensión ordinaria de jubilación y el salario, así como tampoco entre la pensión gracia, el salario y la pensión de jubilación. No ocurre lo mismo con dos pensiones de jubilación de carácter ordinario por cuanto, como se advirtió, la Constitución o la Ley no contemplaron dicha excepción a la prohibición de percibir dos o más asignaciones del tesoro público. A los docentes no los cobija la prohibición de no recibir doble asignación del tesoro público por disposición de la ley, en el entendido de que el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre la pensión de jubilación, la pensión gracia y el salario. Dicho en otros términos, se mantiene la posibilidad de que los docentes a los cuales se les ha reconocido una pensión puedan disfrutar de dicha prestación y, continuar laborando hasta su retiro definitivo. Así mismo, la compatibilidad de pensiones para los docentes es procedente para la pensión especial de gracia y una pensión ordinaria. En el caso del señor (…) las pensiones reconocidas a través de las Resoluciones 020501 del 3 de julio de 1998 (gracia) y 1899 del 6 del mismo mes y año (convencional ISS empleador) son incompatibles, en tanto que si bien los tiempos en que se sustentaron una y otra fueron laborados para entidades diferentes, es decir que no se computaron conjuntamente, lo cierto es que constitucional y legalmente no era procedente que el demandado laborase en tiempo completo simultáneamente en dos entidades.
REINTEGRO DE SUMAS PERCIBIDAS IRREGULARMENTE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE
En el plenario no existen pruebas que permitan desvirtuar la presunción de buena fe del señor (…) y, en consecuencia, resulta improcedente la recuperación de las sumas pagadas a su favor en virtud del acto acusado. Conforme al artículo 83 Superior, el principio de buena fe implica que: (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas. Esta última característica opera como presunción legal que admite prueba en contrario. Cabe resaltar, que el principio de buena fe no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía, entre otros. […] A su turno, el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé que la demanda deberá ser presentada, en cualquier tiempo cuando «[…] se dirija contra actos que reconozca o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. […]». […] [N]o hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que la demandada incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho.
FUENTE FORMAL: CP – ARTÍCULO 128 / LEY 60 DE 1993 – ARTÍCULO 6
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-42-000-2014-02044-02(3236-19)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Demandado: JAIME ARIZA MATEUS
Referencia: LESIVIDAD. COMPATIBILIDAD PENSIONAL. DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO. DOCENTE OFICIAL QUE DESEMPEÑÓ SIMULTÁNEAMENTE LABORES COMO TRABAJADOR OFICIAL EN EL ISS.
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 21 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
DEMANDA
La UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, demandó al señor Jaime Ariza Mateus.
Pretensiones:
Declarar la nulidad de la Resolución 1899 del 6 de julio de 1998, por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación reconoció una pensión de jubilación por tiempos cotizados a Cajanal y el ISS.
Como restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la UGPP suspender definitivamente el pago de la pensión de jubilación del señor Ariza Mateus, conforme lo dispone el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia; que las sumas reconocidas se cancelen en forma retroactiva e indexada; y condenar en costas a la parte demandada.
Fundamentos fácticos relevantes
El señor Ariza Mateus nació el 31 de julio de 1941 y prestó sus servicios como docente nacionalizado desde el 4 de febrero de 1963 y el 11 de septiembre de 1991.
Cajanal reconoció una pensión de jubilación gracia en favor del demandado, por medio de la Resolución 20501 del 3 de julio de 1998, con efectividad a partir del 31 de julio de 1991, pero con efectos fiscales a partir del 23 de abril de 1995.
A través de Resolución 30134 del 26 de junio de 2007 Cajanal, en cumplimiento de sentencia de tutela del 30 de marzo de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, reliquidó la pensión gracia por nuevos factores salariales.
El señor Jaime Ariza Mateus laboró con la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Cajanal y el ISS como empleado oficial, y la Beneficencia de Cundinamarca donde ejerció funciones públicas o administrativas.
Por otra parte, el ISS reconoció al demandado una pensión de jubilación mediante Resolución 1899 del 6 de julio de 1998, por los «servicios al ISS Nivel Nacional patrono entre 13 de marzo de 1978 y al 25 de junio de 1998 y otro empleador Beneficencia de Cundinamarca entre 10 de marzo de 1975 y el 11 de marzo de 1978», a partir del 26 de junio de 1998.
Sostuvo que Cajanal y el ISS le reconocieron al demandado dos pensiones de jubilación que no son compatibles.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de modo que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones y las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 21 de junio de 2017.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«La parte demandada contestó la demanda en tiempo, sin proponer excepciones previas que deban resolverse en esta etapa. Por otro lado, este Despacho no observó la existencia de hechos constitutivos de excepciones previas que deban decidirse de oficio.»
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«La presente controversia se contrae a determinar si el acto administrativo por medio del cual la entidad accionante reconoció una pensión de jubilación al señor JAIME ARIZA MATEUS, se encuentra viciado de nulidad o no, que amerite su derogatoria.»
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 21 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B accedió a las súplicas de la demanda con fundamento en las siguientes razones:
En primer lugar, como cuestión previa, el a quo advirtió que la Resolución 020501 del 3 de julio de 1998 proferida por la Caja Nacional de Previsión Social se sustentó en las Leyes 37 de 1933, 4ª de 1966, 33 y 62 de 1985, así como los Decretos 81 de 1976, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y 01 de 1984, es decir que su fundamento legal permite inferir que en dicho caso se reconoció la pensión de jubilación ordinaria y no a la gracia como se mencionaba en los hechos de la demanda.
En ese sentido, afirmó que la anterior situación indujo al error tanto a Cajanal como a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en tanto se ordenó una reliquidación de la citada prestación bajo la creencia de que se trataba de una pensión gracia y, de igual forma, al ISS puesto que la extinta Cajanal certificó que el demandado no estaba pensionado por dicha entidad, lo que finalmente trajo como resultado que se expidiera un nuevo reconocimiento pensional por parte del Instituto.
En segundo lugar, luego de hacer un breve recuento de lo que el Consejo de Estado ha sostenido sobre la doble asignación del tesoro público, señaló que en el presente caso no es posible mantener en el ordenamiento jurídico el acto demandado, en tanto que al señor Ariza Mateus se le reconocieron dos pensiones ordinarias de jubilación, por lo que se configuró la prohibición de que trata el artículo 128 Constitucional.
RECURSOS DE APELACIÓN
El señor Jaime Ariza Mateus interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al considerar que el tribunal incurrió en error cuando este sostuvo que «a pesar de habérsele reconocido una pensión por parte de la entonces Caja Nacional de Previsión social mediante Resolución No.020501 del 3 de julio de 1998, le fue reconocida otra asignación pensional teniendo en cuenta los mismos tiempos, por el entonces Instituto de Seguros Sociales, sin que se encuentre dentro de las excepciones que contempla la ley para recibir doble asignación pensional». Lo anterior, por cuanto contrario a lo aducido por el a quo, no se tuvieron en cuenta tiempos comunes, sino que cada prestación obedeció y fue reconocida con base en tiempo de servicios y cotizaciones totalmente diferentes.
Agregó que en el reconocimiento pensional efectuado en la Resolución 1899 del 6 de julio de 1998 solo se tuvo en cuenta el tiempo laborado al servicio de la beneficencia de Cundinamarca entre el 10 de marzo de 1975 y el 11 de marzo de 1978, y con el ISS entre el 13 de marzo de 1978 al 25 de junio de 1998; a su vez que la pensión reconocida por Cajanal tuvo en cuenta únicamente el tiempo laborado al distrito de Bogotá, esto es, entre el 4 de febrero de 1963 y el 11 de septiembre de 1991. En ese sentido, señaló que la pensión reconocida por el ISS tuvo como fuente tiempos de servicio diferentes a los computados por Cajanal, por lo que no puede predicarse la existencia de una incompatibilidad con la actividad docente.
Por otra parte, indicó que la incompatibilidad señalada no puede predicarse de «unos valores que en esencia tienen el mismo objetivo, cual es el de permitir a quien los recibe satisfacer las necesidades que su vida digna le impone, como lo fueron en su momento los salarios que con amparo Constitucional y Legal le fueron cancelados».
Así mismo, consideró que la prohibición de doble asignación del tesoro regulada por la Ley 4ª de 1992 no incluyó a las asignaciones que a la fecha de entrar en vigencia la referida ley beneficiaran a los docentes oficiales pensionados, razón por la cual afirmó que su vinculación como docente entre 1963 y 1991, con la beneficencia de Cundinamarca entre 1975 y 1978 y con el ISS entre 1978 y 1998 no constituían ningún impedimento para el disfrute de las pensiones a él reconocidas, máxime cuando adquirió el estatus de pensionado desde el 31 de julio de 1991.
Bajo las anteriores premisas, concluyó que en su caso no procedía la declaratoria de nulidad del acto demandado que le reconoció una pensión de jubilación, por cuanto al entrar en vigencia la Ley 4ª de 1992 ya había consolidado su derecho pensional, y porque las prestaciones reconocidas eran compatibles.
La UGPP formuló recurso de apelación contra la sentencia, al considerar que debe accederse a la restitución de los valores pagados en exceso al señor Ariza Mateus bajo el argumento de que el artículo 128 constitucional es diáfano en prohibir que las personas puedan recibir más de una erogación del tesoro público. En esos términos, agregó que la pensión gracia de jubilación solo se podía conceder en los casos en que el docente no recibiese otra pensión o recompensa del orden nacional, por lo que los dos reconocimientos pensionales constituyen una vulneración a la prohibición constitucional y legal citada, a partir de lo cual, y tras hacer transcripción de la sentencia C-1194 de 2008, concluyó que debe presumirse la mala fe del demandado, lo que da lugar a la devolución de sumas pagadas por concepto de la pensión indebidamente reconocida.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La UGPP reiteró los fundamentos incoados en el recurso de apelación, por lo que solicitó se acceda a la devolución de dineros cancelados al demandado, al haberse reconocido su pago de manera irregular y en evidente detrimento del erario.
El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia apelada, al considerar que en el caso del señor Jaime Ariza Mateus se reconocieron dos pensiones ordinarias de jubilación, ello porque la prestación otorgada por medio de la Resolución 020501 del 3 de julio de 1998 no es una pensión gracia como lo indicó la UGPP en la demanda.
La parte demandada guardó silencio en esta etapa, según se desprende de la constancia secretarial que obra en el folio 394.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, por haber sido apelada por ambas partes el juez de segunda instancia puede resolver sin limitaciones los argumentos expuestos en los recursos.
Problemas jurídicos
De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia son los siguientes:
¿Son compatibles las pensiones reconocidas mediante las Resoluciones 020501 del 3 de julio de 1998 proferida por Cajanal y 1899 del 6 de julio del mismo año expedida por el ISS, en favor del señor Jaime Ariza Mateus?
En caso negativo,
¿Hay lugar a ordenar el reintegro de las sumas dinerarias canceladas en favor del señor Ariza Mateus?
Primer problema jurídico
¿Son compatibles las pensiones reconocidas mediante las Resoluciones 020501 del 3 de julio de 1998 proferida por Cajanal y 1899 del 6 de julio del mismo año expedida por el ISS, en favor del señor Jaime Ariza Mateus?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: Conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado y con base en el numeral 2.° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en el caso del señor Jaime Ariza Mateus las pensiones reconocidas son incompatibles, como se explica a continuación:
Doble asignación del tesoro público. Prohibición constitucional y legal.
El artículo 128 de la Constitución Política prescribe que «[n]adie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en la que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas […]»
Sobre el particular, a la luz de la norma constitucional anterior a 1991, el artículo 1. º del Decreto 1713 de 1960 preceptuaba:
«[…] Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresa o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones que se determinan a continuación:
a. Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo;
b. Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario, hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular de tales cargos;
c. Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo, no excedan de mil doscientos pesos mensuales ($1.200,oo);
d. Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las fuerzas armadas.
Parágrafo. Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente decreto, se entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas.»
De igual forma, el decreto 1042 de 1978 en su artículo 32 dispuso que:
«Art. 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones que a continuación se determinan:
a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo.
[…]»
La norma anterior fue derogada tácitamente por el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, que reguló en su tenor:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.»
Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-133 de 1. º de abril de 1993, al considerar que «[…] reproduce la prohibición constitucional establecida en el artículo 128, en el sentido de prohibir el desempeño simultáneo de más de un cargo público, como el recibo de más de una asignación que provenga del tesoro público, y señala además los casos en los cuales no opera dicha regla general, todo ello como desarrollo fiel de la competencia que le asignó el Constituyente al legislador en el citado canon constitucional […]».
Adicionalmente, indicó que la incompatibilidad contenida en la norma constitucional comporta una íntima relación de conexidad con la remuneración de los servidores del estado, de tal magnitud que prohíbe la concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, como percibir más de una asignación que provenga del erario, entendida esta como «[…] toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc.».
Finalmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto de 10 de mayo de 2001 concluyó sobre lo que debe entenderse por asignación, como «[…] un término genérico que comprende las sumas provenientes del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, percibidas por los servidores públicos - sin excepción, dado que la expresión ‘nadie’ no excluye a ninguno de ellos -, por concepto de remuneración, consista ésta en salario o prestaciones, honorarios o cualquier otro emolumento o retribución, salvo aquellas exceptuadas de forma expresa por el legislador […]».
Compatibilidad en el reconocimiento pensional de los docentes
En relación con las pensiones de los docentes el ordinal 2.º literal a) del artículo 14 de la Ley 91 de 1989, indicó:
«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación. […]»
Por su parte, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, señaló:
«[…] ARTICULO 6o. Administración del personal. […]
El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. […]»
Ahora bien, el parágrafo 2.º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 trae como excepciones a la aplicación del régimen de seguridad social, entre otros, a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio «[…] cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. […]»
Finalmente, debe reiterarse que el artículo 128 de la Constitución Política prohibió la posibilidad de desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación proveniente del tesoro público, salvo las excepciones expresamente reguladas por la Ley.
Al respecto, esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:
«[…] Reiteradamente esta Corporación ha expresado que es improcedente reconocer dos pensiones ordinarias de jubilación, así la preceptiva jurídica aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de jubilación y el sueldo por los servicios docentes que pueden seguir prestando. Así, en la sentencia del 10 de abril de 1997, Actora: Eunice Arias de Arias, Exp. No. 12.776, Consejera Ponente Dra. Dolly Pedraza de Arenas, luego de determinar que la pensión cuyo reconocimiento requería el demandante era la pensión ordinaria de jubilación, puntualizó que la misma podría ser compatible con otras pensiones, por ejemplo con la pensión gracia del orden nacional pero no con otra pensión ordinaria de jubilación. Se tiene entonces, que ni las normas a que se ha hecho referencia ni ninguna otra disposición superior, establece la compatibilidad de la percepción de la pensión gracia con dos pensiones ordinarias de jubilación, o la compatibilidad de percibir dos pensiones ordinarias de jubilación, categoría que se reitera, tendría la pensión cuyo reconocimiento reclama el demandante. […]» (Subraya la Sala).
De igual forma, en reciente providencia de esta Subsección, en un asunto con contornos fácticos y jurídicos similares a los aquí discutidos se reiteró que:
«[…] Claramente se entiende que la normativa solo contempla una pensión ordinaria de jubilación y no puede entenderse que se trate de una subdivisión entre pensión por trabajo de tiempo completo o de medio tiempo, pues dicha circunstancia daría lugar a la existencia de dos pensiones ordinarias de jubilación, lo cual conduce a desconocer la prohibición de devengar dos asignaciones del tesoro público.
Siguiendo lo consagrado en el artículo 128 de la Carta Política, es regla general la prohibición de desempeñar más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, y la excepción la constituyen los casos determinados por la ley y debe estar expresamente consagrada en la norma que sirva de fundamento a la petición, ya que su interpretación es restrictiva.
En este orden de ideas, no existe la posibilidad de reconocer una segunda o tercera pensión del tesoro público, si no hay ley que expresamente lo autorice. Al respecto, la Subsección B de esta Sección Segunda en sentencia del 3 de mayo de 2012 en cuanto a la doble vinculación como docente, estableció:
«Sobre este particular, observa la Sala que en el caso concreto el señor Alfonso González Torres contaba con dos vinculaciones como docente oficial, ambas de tiempo completo, lo que tanto en vigencia de la Constitución Política de 1886 como de 1991 desconoce la prohibición de percibir dos asignaciones provenientes del tesoro público.
Así las cosas, debe decirse que la doble vinculación de tiempo completo en el servicio docente no da lugar a que la entidad demandada proceda a reliquidar una prestación pensional teniendo en cuenta ambas vinculaciones, dado que dicha conducta, como quedó visto, transgrede la prohibición constitucional y legal de percibir más de una asignación proveniente del tesoro público, pues si bien el actor era docente, la pensión se reconoció al amparo del régimen aplicable a los empleados del sector público.»
Por lo anterior, se colige con claridad que no es factible el reconocimiento simultáneo de dos pensiones ordinarias de jubilación, ya que dicha situación se encuentra restringida por la normatividad analizada, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia de esta Corporación, alrededor de la prohibición de percibir más de una asignación proveniente del tesoro público. […]» (negrilla fuera del texto)
Es decir, que los docentes pueden: i) adquirir el estatus pensional, ii) obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y, iii) a la vez seguir en ejercicio de la actividad, toda vez que en el caso especialísimo de estos, no existe incompatibilidad entre la pensión ordinaria de jubilación y el salario, así como tampoco entre la pensión gracia, el salario y la pensión de jubilación.
No ocurre lo mismo con dos pensiones de jubilación de carácter ordinario por cuanto, como se advirtió, la Constitución o la Ley no contemplaron dicha excepción a la prohibición de percibir dos o más asignaciones del tesoro público.
A los docentes no los cobija la prohibición de no recibir doble asignación del tesoro público por disposición de la ley, en el entendido de que el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre la pensión de jubilación, la pensión gracia y el salario. Dicho en otros términos, se mantiene la posibilidad de que los docentes a los cuales se les ha reconocido una pensión puedan disfrutar de dicha prestación y, continuar laborando hasta su retiro definitivo.
Así mismo, la compatibilidad de pensiones para los docentes es procedente para la pensión especial de gracia y una pensión ordinaria.
Concurrencia de pensiones en el caso objeto de estudio.
En primer término, y a fin de dar solución al problema jurídico inicialmente planteado, la Sala debe advertir que las pretensiones de la entidad demandante, en este caso la UGPP, van encaminadas a que se declare la nulidad de la Resolución 1899 del 6 de julio de 1998, por medio de la cual el ISS fue «inducida por error» a reconocer una pensión de jubilación en favor del demandado por parte del señor Jaime Ariza Mateus.
Lo anterior, con sustento en que el citado señor Ariza Mateus laboró como docente oficial, en calidad de nacionalizado por más de 20 años, razón por la cual la extinta Cajanal le reconoció una pensión gracia de jubilación a través de la Resolución 020501 del 3 de julio de 1998, prestación que, consideró, «es claramente excluyente para sumarse o computarse con el tiempo servido a nivel nacional, para el reconocimiento de la pensión gracia».
Por su parte, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia apelada accedió a la pretensión de nulidad, con sustento en que al señor Ariza Mateus se le reconocieron dos pensiones ordinarias de jubilación, las cuales, por compartir la misma finalidad, eran incompatibles. En ese sentido, sostuvo que en el sub examine la prestación reconocida a través de la Resolución 020501 del 3 de julio de 1998 no era una pensión gracia como equivocadamente se señaló en la demanda, puesto que los fundamentos legales citados en dicho acto administrativo para otorgar el derecho corresponden a las normas que regulan las pensiones ordinarias de jubilación del sector público y no a las especiales que reglamentaron todo lo concerniente a la pensión gracia.
La citada sentencia fue apelada por ambas partes. Sobre el particular, la UGPP solicitó que se accediera a la pretensión de restablecimiento del derecho tendiente a ordenar la devolución de dineros pagados con ocasión de la expedición de la Resolución 1899 del 6 de julio de 1998. Por su parte, el señor Jaime Ariza Mateus manifestó su inconformidad al sostener que las pensiones fueron causadas con anterioridad a la expedición de la Ley 4ª de 1992 que reguló la prohibición de devengar más de una pensión a cargo del tesoro público y que en todo caso, la pensión reconocida por el ISS no tuvo en cuenta los tiempos que laboró como docente por lo que no se podía predicar que fueran incompatibles.
En ese orden de ideas, la Sala debe advertir en primer lugar que, si bien es cierto que en la Resolución 020501 del 3 de julio de 1998 el fundamento legal citado no corresponde a las normas que regulan la pensión gracia de jubilación, dicha situación no era suficiente para concluir que esta no fue la prestación reconocida por Cajanal, sino que se trató de una pensión ordinaria de jubilación, como lo hizo el a quo. Lo anterior se sustenta en lo siguiente:
1. En la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad presentó la UGPP, esta se refiere siempre a que la prestación reconocida a través de la Resolución 020501 del 3 de julio de 1998 fue la pensión gracia de jubilación.
2. Los motivos que se invocan en el libelo para que se declare la nulidad de la Resolución 1899 del 6 de julio de 1998 se sustentan en que el demandado para hacerse acreedor de la pensión gracia no podía percibir otras asignaciones del tesoro público. Ello al señalar que «el demandado […] ocupó un cargo público en la Secretaría Distrital de Bogotá y el Instituto de Seguros Sociales […], afectando el tesoro público, contraviniendo el artículo 128 de a C.P. al reconocer la pensión de jubilación (Gracia y Acumulación tiempos laborados con entidades del sector público – régimen convencional)».
3. Tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión, la parte demandada aceptó que mediante la Resolución 020501 del 3 de julio de 1998 se le reconoció la pensión gracia. Lo cual conlleva advertir que la Litis se centró en determinar si la citada prestación y la de jubilación reconocida por el ISS eran o no compatibles, mas no a si el señor Ariza Mateus era beneficiario de dos pensiones ordinarias de jubilación.
4. Como se anotó, en el acto administrativo expedido por Cajanal se citó como fundamento normativo lo siguiente: «que son normas aplicables: Leyes 4/66, 33/85, 62/85; Decretos 81/76, 1848/69, 1045/78, 01/84; y cumple con los requisitos establecidos en Ley 37/22 – artículo 3».
De la sola lectura del aparte transcrito podría deducirse razonablemente, como lo hizo el tribunal, que en el presente asunto no se trataba de una pensión gracia sino de una pensión de jubilación. No obstante, de la revisión del acervo probatorio, se puede evidenciar que la Resolución en cuestión se suscribió a la solicitud radicada bajo el número 006690, fechada del 7 de mayo de 1998, tal como se observa de la consideración inicial del acto, y del cual se acompañaron los documentos que comprendían el dossier administrativo así:
a. Formato de solicitud de pensión a folio 29 del expediente, en el que se marcó en la casilla 11 (tipo de prestación) que se trataba de una pensión gracia.
b. copia del registro civil de nacimiento del señor Ariza Mateus y de la cédula de ciudadanía, obrantes a folios 31 y 47 respectivamente.
c. Certificación de tiempos de servicios expedida por el jefe seccional de hojas de vida de la Secretaría de Educación Distrital en la que se da constancia que el señor Ariza Mateus laboró como docente entre el 4 de febrero de 1963 y el 12 de septiembre de 1991, visible a folio 32.
d. Constancia expedida por la coordinadora de certificados del FER de Santa Fe de Bogotá con las asignaciones y prestaciones devengadas por el demandado entre el 1.° de enero de 1990 y el 11 de septiembre de 1991, la cual obra a folio 44.
e. Formato de manifestación juramentada suscrita por el señor Ariza Mateus para reconocimiento de la pensión gracia, a folio 48, en la que este indicó:
«Que me he desempeñado como docente con honradez, consagración e idoneidad y buena conducta y carezco de los medios de subsistencia en armonía con mi posición social y costumbres.
También me permito afirmar que no he sido sancionado disciplinariamente»
f. Citación para notificación del contenido de la Resolución 020501 del 3 de julio de 1998, en la cual se le instruyó al demandado «leer detenidamente el contenido de la Resolución por la cual se resuelve su solicitud de PENSIÓN GRACIA», obrante a folio 59.
De igual forma, se pueden observar diferentes derechos de petición elevados por el demandado en el que solicitó la reliquidación de la pensión gracia por falta de factores salariales y sus respectivas respuestas.
5. Así las cosas, la Sala considera que de la lectura de las diferentes piezas probatorias allegadas al plenario no se podía concluir sin lugar a duda que la Resolución 020501 del 3 de julio de 1998 no otorgó la pensión de jubilación gracia al señor Jaime Ariza Mateus, ni que dicho acto administrativo hizo incurrir en error a Cajanal, al ISS o a los diferentes operadores judiciales que resolvieron asuntos relacionados con la reliquidación o reajuste de la prestación allí reconocida.
Con sustento en lo anterior, la Subsección advierte que el análisis del sub examine se realizará bajo el contexto de determinar si la pensión gracia reconocida por Cajanal a través de la Resolución 020501 y la de jubilación otorgada por el ISS mediante el acto 1899 del 6 de julio de 1998 son incompatibles.
Por consiguiente, la Sala debe reiterar que en el caso de los docentes la ley y la jurisprudencia han admitido que puedan recibir simultáneamente dos o más erogaciones del tesoro público, específicamente el salario (siempre que el docente no se haya retirado del servicio), la pensión gracia y la pensión de jubilación.
Ahora bien, en el presente caso se discute si el señor Ariza Mateus puede ser beneficiario de la pensión gracia reconocida por Cajanal al cumplir con 20 años de servicio como docente y 50 años de edad, y de la pensión de jubilación convencional reconocida por el ISS empleador al haber laborado 20 años en dicha entidad.
Sobre el particular, la Subsección B de esta Sección en providencia del 22 de abril de 2021, la cual comparte contornos fácticos y jurídicos muy similares, sostuvo:
«44. Entonces, conforme a la valoración anterior, por los tiempos prestados por el demandado como docente nacionalizado, ya le fue reconocida la pensión señalada en el párrafo anterior, y que una vez obtuvo la condición de pensionado, se mantuvo en servicio como profesor de tiempo completo, y también le fue reconocida la pensión de jubilación por parte del ISS como patrono y una pensión de vejez en calidad de asegurado del ISS.
45. Este panorama, difiere de las excepciones contenidas en la normativa traída a colación, pues el accionado contaba con una pensión de jubilación por parte del ISS- Patrono por lo servicios prestados como trabajador oficial, y la pensión gracia por las labores desempeñadas como docente nacionalizado, el cual a partir de 1993, fue vinculado como docente de tiempo completo devengando un salario, lo cual significa que no pueda pretender el pago de una pensión de jubilación y una pensión gracia pues la primera le fue reconocida no en virtud de servicios en el sector educativo, lo que no se compagina con lo establecido en la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2º, pues para la Sala es claro que en lo relacionado a la compatibilidad de la pensión gracia y la de jubilación, el legislador estableció la posibilidad de coexistencia de ambas prestaciones pensionales, siempre y cuando por una lado se reúna la totalidad de los requisitos exigidos para la pensión graciosa, aún si la pensión de jubilación está a cargo total o parcial de la Nación, y haya sido reconocida en virtud de los servicios prestados en el ramo de la educación.
46. En el anterior orden, el apelante de manera puntual, argumenta que la pensión gracia le debe seguir siendo reconocida con la reliquidación efectuada, pues en su criterio, la pensión de jubilación y la pensión gracia son compatibles.
47. Frente al cargo la Sala observa, que los tiempos en los que se desempeñó como empleado oficial en el ISS fueron desde el 18 de febrero de 1975 al 23 de noviembre de 2003 con una intensidad horaria de 8 horas, y para efectos de la pensión gracia los tiempos laborados que se tuvieron en cuenta fueron desde el 27 de marzo de 1980 hasta el 23 de febrero de 2012 , y en el caso particular de acuerdo a las excepciones previstas en la ley, entre ellas, las del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 60 de 1993, y teniendo en cuenta la prohibición constitucional contenida en el artículo 128 , no se adecúan a la situación fáctica del demandado, a quien por sus tiempos servidos al sector oficial, ya se le reconoció una pensión de jubilación, y por los servicios prestados como docente le fue reconocida la pensión graciosa, sin que sea posible que exista compatibilidad entre ellas.»
De acuerdo con lo transcrito, para la subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación resulta diáfano que la interpretación jurisprudencial que se ha dado respecto a la posibilidad de que los docentes perciban simultáneamente una doble asignación del tesoro público está enmarcada en las tres prestaciones a las que este grupo tendría derecho por su labor, se reitera, el salario percibido mientras preste sus servicios como educador, aunado a las pensiones gracia (al cumplir 50 años de edad y 20 años en la docencia), y la pensión de jubilación por el tiempo trabajado en ese sector.
No obstante, esta Sala en sentencia del 1.° de julio del presente año también tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la concurrencia entre la pensión gracia y una pensión ordinaria de jubilación reconocida por Fonprecon, caso en el cual se concluyó lo siguiente:
«Ahora bien, en principio debe señalarse que es pacifica la jurisprudencia de esta Sección alrededor de la compatibilidad de la pensión gracia y la ordinaria, pues si bien los requisitos exigidos inicialmente por la normativa que regula la prestación, señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera «[...]otra pensión o recompensa de carácter nacional», lo cierto es que, tal como se expuso en acápite anterior, al expedirse la Ley 91 de 1989, específicamente el numeral 2.º del artículo 15, permitió que los docentes que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, y que cumplieran con todos los requisitos exigidos, podían percibir la pensión gracia con la ordinaria de jubilación aun cuando esta última esté a cargo total o parcialmente de la Nación.
En ese orden de ideas, la norma es clara en determinar que la pensión gracia es compatible con la pensión ordinaria de jubilación, sin que indique de manera expresa que dicha concurrencia esté supeditada a que la pensión de jubilación ordinaria fuera concedida con los servicios docentes prestados únicamente en planteles departamentales o municipales, como así lo señala la parte demandante.»
De acuerdo con lo anterior, para esta Sala la pensión gracia es, excepcionalmente, compatible con una pensión de jubilación reconocida por tiempos de servicio diferentes al desarrollo de labores docentes.
Lo que resulta improcedente en el presente asunto es que, constitucional y legalmente tanto antes de la Constitución Política de Colombia de 1991 como a partir de ella, un docente oficial de tiempo completo preste sus servicios de forma concomitante a otras entidades públicas del orden nacional o territorial, salvo las excepciones expresamente reguladas en la Ley, sin que en el presente asunto se encuentre acreditado que el señor Jaime Ariza Mateus se encontrase en alguna de dichas hipótesis, de modo que no podía el demandado percibir salario como docente y como trabajador oficial del ISS simultáneamente.
Bajo esos razonamientos, para la Sala debe concluirse que en el sub examine las pensiones gracia y convencional, reconocidas a través de las Resoluciones 020501 de Cajanal y 1899 del ISS, son incompatibles en tanto que el señor Ariza Mateus, legal y constitucionalmente, no podía laborar como docente oficial de tiempo completo y con el ISS empleador en las mismas condiciones, simultáneamente, esto es, entre el 13 de marzo de 1978 y el 11 de septiembre de 1991, lo que impone confirmar la sentencia apelada pero por las razones aquí expuestas.
Conclusión: En el caso del señor Jaime Ariza Mateus las pensiones reconocidas a través de las Resoluciones 020501 del 3 de julio de 1998 (gracia) y 1899 del 6 del mismo mes y año (convencional ISS empleador) son incompatibles, en tanto que si bien los tiempos en que se sustentaron una y otra fueron laborados para entidades diferentes, es decir que no se computaron conjuntamente, lo cierto es que constitucional y legalmente no era procedente que el demandado laborase en tiempo completo simultáneamente en dos entidades.
Segundo problema jurídico
¿Hay lugar a ordenar el reintegro de las sumas dinerarias canceladas en favor del señor Ariza Mateus?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: En el plenario no existen pruebas que permitan desvirtuar la presunción de buena fe del señor Jaime Ariza Mateus y, en consecuencia, resulta improcedente la recuperación de las sumas pagadas a su favor en virtud del acto acusado.
Del principio de la buena fe para devolución de prestaciones periódicas
Conforme al artículo 83 Superior, el principio de buena fe implica que: (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas. Esta última característica opera como presunción legal que admite prueba en contrario.
Cabe resaltar, que el principio de buena fe no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía, entre otros.
En cuanto al alcance del citado principio, la Corte Constitucional ha sostenido:
«[…] La jurisprudencia constitucional ha entendido el principio de buena fe “como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a la luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.”
Así, la buena fe es uno de los principios que rige las relaciones entre la Administración y los administrados y se caracteriza por ser leal, honesta y esperada. A partir de lo esbozado anteriormente, es claro que uno de los componentes esenciales de las actuaciones de buena fe es el respeto por la confianza otorgada por las partes. […]» (Cursiva del texto).
A su turno, el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé que la demanda deberá ser presentada, en cualquier tiempo cuando «[…] se dirija contra actos que reconozca o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. […]». (Subraya la Sala).
Respecto de la recuperación de dineros pagados a particulares de buena fe, la Sección Segunda de esta Corporación, ha manifestado:
«[…] Sin embargo, ella considera que no es viable disponer el reintegro de las mesadas pensionales que han sido pagadas a el señor (…), como se solicita en el escrito introductorio del proceso, en virtud del reconocimiento de pensión de jubilación por el acto administrativo acusado, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe, situación aplicable en el caso sub-judice, ya que le correspondía a la parte actora probar debidamente que el demandado cuando solicitó la pensión actúo de mala fe y ello no ocurrió así”.
“No obstante lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes pagados”.
“Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para determinar que el demandado al recibir la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).
Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho:
[…]
Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la producción de los actos administrativos […]
Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del CPACA. […]»
Acorde con la normativa y jurisprudencia citada en precedencia, esta subsección observa que el principio de la buena fe, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que la peticionaria o en este caso, la demandada, actuó de mala fe.
Bajo dicho entendido, no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que la demandada incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho.
No se acreditó la mala fe por parte del beneficiario
Acorde con el estudio efectuado en apartes anteriores, para que proceda el reintegro de prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, se debe probar por parte de la administración que el demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, motivo por el cual, y, en atención al recurso de alzada, encuentra la Subsección que no se demostró que el señor Jaime Ariza Mateus hubiese incurrido en estas, es decir, que obrase de mala fe.
En efecto, en el sub examine no se acreditó que el demandado haya llevado a cabo comportamientos que comprometieran la lealtad, rectitud y honestidad, o alguna situación demostrativa del quebrantamiento al principio constitucional de buena fe.
En ese orden de ideas, la Sala reitera que teniendo la carga probatoria la entidad demandante para desvirtuar la presunción de buena fe del pensionado, ésta no demostró que el señor Ariza Mateus actuó de mala fe al obtener el reconocimiento de las pensiones gracia, reconocida por Cajanal, y de jubilación convencional otorgada por el ISS empleador.
Con todo, cabe advertir que entre las pretensiones de la demanda no se solicitó expresamente el reintegro de las sumas canceladas por concepto de la pensión de jubilación convencional, pues solo se reclamó la suspensión definitiva de la pensión de jubilación convencional reconocida por el ISS empleador a través de la Resolución 1899 del 6 de julio de 1998.
Conclusión: En el caso del señor Jaime Ariza Mateus no se desvirtuó la buena fe con la que actuó, por lo cual no hay lugar a ordenar que se restituyan las sumas pagadas irregularmente.
Decisión de segunda instancia
Por lo expuesto, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia proferida el 21 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las súplicas de la demanda, por las razones aquí expuestas.
Condena en costas
En lo que respecta a la condena en costas, se precisa que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibidem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales.
En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.
En cuanto a la condena en costas en la presente instancia, la subsección resalta que el presente asunto se promovió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de «lesividad» con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se reconoció y reliquidó una pensión gracia.
En ese sentido conforme al artículo 188 del CPACA, no es viable la condena en costas, toda vez que en este tipo de eventos en que se ventilan intereses públicos, como lo es el patrimonio estatal, no es posible afirmar que el titular de la prestación sea la parte vencida en el litigio, cuando resulte afectado con la decisión.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 21 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra el señor Jaime Ariza Mateus.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de Estado denominada «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Folios 174 a 175.
Folios 175 y 176.
Folios 344 a 349.
Folios 359 a 361.
Folios 363 a 371.
Allegado vía correo electrónico, adjunto a SAMAI, visible a índice 16.
Allegado vía correo electrónico, adjunto a SAMAI, visible a índice 17.
Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, consejero ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce, concepto de 10 de mayo de 2001, radicación 1344.
Sentencia del 14 de marzo de 2019, radicación 23001-23-33-000-2014-00145-01 (1811-15), Demandante: Fátima del Rosario Angulo Sánchez contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Consejo de Estado. Sentencia de 3 de mayo de 2012. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Radicación número: 68001-23-31-000-2008-00287-01 1896-11)
Ver folios 63 a 64, 66, 71, entre otros.
Ver sentencia del 22 de abril de 2021 en el proceso con radicación 47001233300020140018701 (0680-17). UGPP contra José Isabel Baños Morales.
Sentencia proferida en proceso con radicación 25000234200020150218502 (5542-2019). UGPP contra Urbano Almeciga Martínez.
Ver entre otras sentencias: del 15 de marzo de 2018, radicado 19001-23-31-000-2012-00253-01(3961-15); del 10 de mayo de 2018, 25000-23-42-000-2014-01808-01(2935-16).
Ver Sentencia C-071 de 2004, Corte Constitucional. Sentencia del 3 de febrero de 2004. Referencia: expediente D-4692.
Ver sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 8 de mayo de 2008, dentro del proceso con radicado interno 0949-2006.
Sentencia T-437/12 del 12 de junio de 2012. Referencia: Expediente T-2809770.
Sentencia C-131 de 2004, citado en la sentencia C-1094 de 2004.
Sentencia del 15 de septiembre de 2016, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).
Sentencia de 2 de marzo de 2000, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente No. 12.971.
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.»
«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.».
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Radicado: 25000-23-42-000-2014-02044-02 (3236-2019)
Demandante: UGPP
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