Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02307-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02307-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-02307-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
11 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2014 02307 02 (1271-2022)
Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Temas: Reliquidación de cesantías con régimen de retroactividad y
sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante contra la sentencia proferida el 12 de agosto de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la
cual declaró probada, de oficio, la excepción de ineptitud de la demanda por falta
de agotamiento de la vía administrativa y, en consecuencia, denegó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Cecilia Rincón Sánchez, por conducto de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000 23 42 000 2014 02307 02 (1271-2022)
Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en orden a que se declare la nulidad parcial de la Resolución 7400 del 4 de
diciembre de 2013, por la cual se reconoció y ordenó el pago de sus cesantías
parciales.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó (i) declarar que tiene derecho al
reconocimiento y pago de sus cesantías con retroactividad, tomando el tiempo de
servicios desde su vinculación docente que ocurrió el 22 de septiembre de 1987;
(ii) reconocer y pagar la indemnización moratoria por el pago inoportuno de sus
cesantías parciales, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, a
partir del día hábil 66, contado desde la fecha en que radicó la solicitud de
cesantías y hasta el momento en que se pagó dicha prestación, esto es, el 29 de
enero de 2014; (iii) declarar que, en el futuro, tiene derecho a que se continúen
reconociendo sus cesantías con base en el sistema de retroactividad; (iv) pagar el
valor de las diferencias que surjan entre las sumas concedidas en el acto acusado
por concepto de cesantías parciales y aquellas que se definan al liquidar la
prestación en forma retroactiva, con los correspondientes ajustes de ley; (v)
disponer el cumplimiento de la condena y el pago de los intereses moratorios en
los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; (vi) incorporar los
ajustes de valor respecto de las sumas reconocidas, al tenor de lo previsto en el
artículo 187 ibidem; (vii) condenar en costas a la parte demandada.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) La señora Cecilia Rincón Sánchez ha prestado sus servicios, en forma
ininterrumpida, desde el 22 de septiembre de 1987, al servicio del Distrito Capital
de Bogotá.
(ii) El 26 de agosto de 2013, solicitó, ante la Secretaría de Educación de Bogotá
(Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), el pago de sus
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Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
cesantías parciales. Frente a tal petición, la entidad demandada emitió la
Resolución 7400 del 4 de diciembre de 2013, a través de la cual reconoció su
prestación parcial; sin embargo, en forma flagrante, omitió incluir la totalidad de
tiempo de servicios, para realizar la liquidación respectiva y solo tuvo como fecha
de ingreso, aquella en que se produjo su nombramiento en propiedad, es decir,
desde el 21 de abril de 1994.
(iii) Desde el momento en que se radicó la petición orientada a lograr el pago de
las cesantías parciales y aquel en que se expidió el acto administrativo a través
del cual se reconoció el derecho, transcurrieron más de 15 días hábiles y también
transcurrieron más de 45 días subsiguientes para el pago; por lo tanto, procede la
sanción moratoria a partir del vencimiento de los 65 días con que la administración
contaba para tal efecto.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122
de la Constitución Política y 12 y 17 -literal a)- de la Ley 6 de 1945; 1 del Decreto
2767 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947; 89
del Decreto 1848 de 1969; 5, 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 7 y 9 del Decreto
2563 de 1990; 2, literal a), de la Ley 4 de 1992; 6 de la Ley 60 de 1993; 176 de la
Ley 115 de 1994; 5 del Decreto 196 de 1995; 13 de la Ley 344 de 1996; 1 del
Decreto 1582 de 1998 y 5 de la Ley 1071 de 2006.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:
(i) El acto demandado está afectado por violación de la ley, toda vez que los
artículos 12 y 17 de la Ley 6.ª de 1945 crearon el auxilio de cesantías y tal
prestación se hizo extensiva a los trabajadores territoriales -de los departamentos,
intendencias y comisarías, y municipios-, por virtud del artículo 1 ibidem, régimen
que permaneció vigente de conformidad con las diferentes normas que
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posteriormente consagraron tal emolumento.
(ii) La disposición anterior se hizo extensiva a los trabajadores de todos los
órdenes, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1160 de 1947 como se desprende
de sus artículos 1 al 6.
(iii) Ahora bien, sobre esa materia, y en torno a los docentes, el legislador, en el
artículo 6 de la Ley 60 de 1993 estableció que el personal docente con vinculación
departamental, distrital y municipal sería incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y se le respetaría el régimen prestacional
vigente de la entidad territorial; además, la Ley 4.ª de 1992 determinó que la
fijación del régimen salarial y prestacional allí dispuesto se haría garantizando los
derechos adquiridos.
(iv) Por otro lado, la Ley 115 de 1994 estableció un régimen especial para los
educadores estatales, pero en él indicó que, en ningún caso, se podrían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los docentes, garantía que
también se consagró en el Decreto 196 de 1995, artículo 5, entre otros.
(v) Con fundamento en todo lo anterior, a los docentes territoriales se les debe
seguir aplicando el régimen de retroactividad de cesantías, pues solo con
posterioridad al 31 de diciembre de 1996 se previó, para los empleados del orden
territorial, el régimen de liquidación anual, en aplicación de la Ley 344 de 1996 y
su Decreto reglamentario 1582 de 1998.
(vi) Además, en lo que respecta a la sanción moratoria por el inoportuno pago de
las cesantías parciales, procede la aplicación de la Ley 1071 de 2006, que dispone
que dicha penalidad se causa cuando el empleador excede los términos
establecidos en los artículos 4 y 5, para el reconocimiento y pago de la prestación,
los cuales, en el sub lite, se excedieron, dando viabilidad a la pretensión de la
demanda, al respecto.
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Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
1.2. Contestación de la demanda
La Secretaría de Educación de Bogotá contestó la demanda1 y se opuso a la
prosperidad de sus pretensiones, con sustento en los argumentos que se
relacionan a continuación:
(i) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el competente,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.º de la Ley 91 de 1989, para pagar las
cesantías a los docentes, de manera que la gestión de la Secretaría de Educación
se limita a la elaboración del acto administrativo de reconocimiento, según las
competencias establecidas en la ley y, en ese orden, debe prosperar la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva, de esa entidad.
(ii) La vía idónea para discutir el reconocimiento de las cesantías y de la sanción
moratoria es la nulidad y restablecimiento del derecho y esta última debe
reclamarse, ante la jurisdicción ordinaria, a través de la acción ejecutiva, razón por
la cual debe declararse la excepción de ineptitud de la demanda por falta de
jurisdicción e indebida escogencia de acción.
(iii) También es viable la prosperidad de la excepción de falta de agotamiento de
la vía gubernativa en cuanto no se interpusieron los recursos de ley en contra de
la resolución acusada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 12 de agosto de 2021,2 declaró probada, de oficio,
la excepción de ineptitud de la demanda por falta de agotamiento de la vía
administrativa respecto de la sanción moratoria por el inoportuno pago de las
cesantías y denegó las pretensiones de la demanda, con sustento en lo siguiente:
1 Folios 74 a 84.
2 Folios 214 a 224.
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Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
(i) Según lo probado en el proceso, la demandante se vinculó, en su condición
docente, a partir del 8 de febrero de 1993, producto del nombramiento efectuado a
través de la Resolución 202 del 1.º de febrero de ese año y, en tal sentido, se
debe concluir que está amparada por el régimen de liquidación anual de
cesantías, al tenor de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989; por lo
tanto, no procede el reconocimiento de tal prestación con base en el sistema de
retroactividad.
(ii) No se desconoce que con anterioridad a la fecha anotada, la demandante tuvo
diversas vinculaciones al servicio docente; sin embargo, todas ellas fueron
temporales y, por ende, no pueden considerarse para el reconocimiento de las
cesantías con el sistema que pretende.
(iii) En lo que respecta a la sanción moratoria por el inoportuno pago de su
prestación, se advierte que no hay prueba de que la parte demandante hubiera
hecho reclamación, en sede administrativa, respecto de dicha pretensión y, en ese
orden, debe declararse probada la excepción de ineptitud de la demanda por falta
de agotamiento de la vía administrativa.
(iv) En el caso que se analiza no es viable imponer condena en costas pues no
hubo una conducta dilatoria o de mala fe y, por el contrario, imponerlas, podría
conllevar una violación del derecho al acceso a la administración de justicia.
1.4. El recurso de apelación
La señora Cecilia Rincón Sánchez, por intermedio de su apoderado, interpuso
recurso de apelación,3 con base en los argumentos que se enuncian a
continuación:
(i) El acto acusado desconoce, de manera flagrante, los tiempos de servicios
3 Folios 227 a 235.
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Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
prestados por la demandante en forma ininterrumpida, desde el 22 de septiembre
de 1987 y solo tiene en cuenta aquellos laborados desde el momento en que
ingresó al magisterio oficial; además, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 en
momento alguno exige que el docente debía estar nombrado en propiedad para
mantener el régimen de cesantías anterior.
(ii) Valga aclarar que solo a partir del año 1995 a los docentes territoriales se les
permitió la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
razón por la cual se debe respetar el régimen prestacional vigente para ese
momento, según se desprende de lo previsto en el artículo 5.º del Decreto 196 de
1995.
(iii) Finalmente, en lo que respecta a la condena en costas y agencias en derecho,
no debió imponerse en su contra, pues no se demostró un actuar de mala fe que
justificara su causación.
1.5. Pronunciamiento de la parte demandada frente al recurso
La entidad demandada no hizo pronunciamiento alguno.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
4 Según informe secretarial visible en el folio 246.
5 Folio 246.
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Se circunscribe a establecer (i) si la demandante puede ser beneficiaria de la
liquidación de cesantías con el sistema de retroactividad, previsto en la Ley 6.ª de
1945; (ii) si es viable revocar la condena en costas.
2.2. Marco normativo
La Ley 6.ª de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre
convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y
jurisdicción especial de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de
los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el
artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los
empleados y obreros nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló
que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo
que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se
toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo
servido, si fuere menor a ese lapso.
Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro
de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»6, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»7;
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y
entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de
6 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
7 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
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Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de
cada empleado.
El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro,
se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías8, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo9. Además, en los artículos 6 y
7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje
a título de intereses sobre las cesantías.
Ahora bien, la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan normas tendientes a la
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y
se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional encaminado a generalizar
el sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores
públicos, al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en
la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
8 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
9 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).
La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 consagró:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado
deberá pagar un día de salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la Sala).
El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de
la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la
liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados
es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías
de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 y
siguientes.
No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
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Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores10.
En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos 11 se
acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto
debían proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998,
que es la siguiente:
Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que
decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la
siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de
la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán
emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen,
un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las
características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites
legales necesarios para su expedición (se resalta).
Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 212 del Decreto 1252 de 2000 y 313 del Decreto 1919 de 2002.
Ahora bien, en lo que respecta al personal docente, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia
10 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de
1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
11 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
12 «Artículo 2.- Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de
cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral
en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.»
13 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de
retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.»
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Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las
prestaciones sociales14 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.
La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales
son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la
Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 ibidem consagró lo relativo al reconocimiento de
las prestaciones por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en los siguientes términos:
Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de
cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión
Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces,
pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las
prestaciones sociales no causadas o no exigibles.
En lo que tiene que ver con las cesantías, el reconocimiento de esa prestación a
favor de todos los docentes, sin discriminar si se trata de territoriales, nacionales
o nacionalizados, se estableció en el artículo 15 ibidem, en los siguientes
términos:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
3. Cesantías:
14 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02307 02 (1271-2022)
Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del
sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional
docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.
(Resalta la Sala).
Es importante precisar que cuando la norma en cita se refirió a los docentes
vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 hizo alusión a todos
aquellos cuya relación laboral iniciara en forma posterior a esa fecha, sin importar
si se trata de nacionales, nacionalizados o territoriales (municipales o
departamentales) pues, precisamente, la expresión está precedida de una «y»,
que es copulativa, es decir que «se usa para unir palabras»15, por ello la Sala
entiende que además de los nacionales y nacionalizados a que se refiere la
primera frase de la norma, adiciona o incluye a aquellos que se vincularan al
servicio docente con posterioridad a la fecha límite allí establecida, y en torno a
estos no se hizo diferenciación en relación con la autoridad de la que proviniera el
nombramiento del docente, por lo que ha de entenderse que se trata de todos, sin
discriminación alguna.
La Ley 60 de 1993, en su artículo 6º, en torno a los docentes territoriales
determinó que «[serían] incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y se les [respetaría] el régimen prestacional vigente para la
respectiva entidad territorial»; no obstante en el artículo 3, numeral 5, ibídem, en
torno a los de la planta de personal de los establecimientos educativos
15 www.rae.es.
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territoriales, que fueran remunerados con recursos del situado fiscal, señaló que
tenían el carácter territorial, en los siguientes términos:
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de
personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con
las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del
personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o.
de la presente Ley.
Ahora bien, el artículo 175 de la Ley 115 de 1994, estableció la posibilidad de que
los docentes que laboran en los establecimientos públicos educativos oficiales en
los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y
secundaria y de educación media, se afiliaran al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; sin embargo, solo hasta el Decreto 196 del 25 de enero
de 1995, se reglamentaron los artículos 6 y 176 de las Leyes 60 de 1993 y 115 de
1994, y en lo que respecta a la afiliación de los docentes territoriales al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, determinó lo siguiente:
Artículo 5º.- Docentes departamentales, distritales y municipales financiados con
recursos propios. Los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales que estén
vinculados a la fecha de vigencia del presente Decreto, serán incorporados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el
procedimiento establecido en el capítulo IV de este Decreto y el cumplimiento de los
requisitos formales establecidos para el efecto, quedando eximidos de los requisitos
económicos fijados para afiliación, siempre y cuando se encuentren vinculados a
una caja de previsión o entidad que haga sus veces. A estos docentes se les
respetará el régimen prestacional que tengan al momento de la incorporación
y no se les podrá imponer renuncias o exclusiones a riesgos asumidos por la ley y
las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los
convenios interadministrativos a que se refiere el artículo 9º del presente Decreto.
Los docentes que se vinculen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio con posterioridad a la incorporación de que trata el inciso
inmediatamente anterior, deberán cumplir todos los requisitos de afiliación
de naturaleza formal o normativa y económica y se afiliarán con sujeción al régimen
establecido en la Ley 91 de 1989, en sus decretos reglamentarios y en las
disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan. (Resalta la Sala).
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Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
Valga aclarar que el aludido decreto, también se refirió a la clasificación de
docentes que estaba contenida en la Ley 91 de 1989, pues, en su artículo 3º lo
previó así:
Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente Decreto,
los siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos:
Docentes nacionales y nacionalizados: Son aquellos que han venido siendo
financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado
fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993.
Docentes Departamentales, Distritales y Municipales:
a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial
con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal;
b) Son Igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se encuentran
vinculados a plazas departamentales o municipales. (Se resalta).
Ahora bien, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de
«los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley».
Con fundamento en lo anterior y con el objeto de lograr la afiliación de los
docentes territoriales al aludido fondo, el Decreto Nacional 3752 de 2003,
estableció:
Artículo 1°.- Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén
vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento
de los requisitos y trámites establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto,
a más tardar el 31 de octubre de 2004.
Parágrafo 1°.- La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la
entidad territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones sociales que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar. (Negrilla fuera de texto).
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Parágrafo 2°.- Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su
nombramiento provisional.
Artículo 5°. Trámite de la afiliación del personal de las entidades territoriales.
Presentada la solicitud de afiliación por parte de la entidad territorial, dentro de los
sesenta (60) días siguientes, se adelantará el siguiente procedimiento: (…)
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.3.1. Sobre la relación laboral de la demandante
(i) El 5 de febrero de 1993,16 la señora Cecilia Rincón Sánchez tomó posesión del
cargo de docente en el Distrito Capital de Bogotá, producto del nombramiento, en
propiedad, realizado a través de la Resolución 202 del 1.º de febrero de 1993.17
(ii) El 30 de marzo de 1994,18 el alcalde mayor de Bogotá expidió el Decreto 164,
por el cual nombró, en la planta del Fondo Educativo Regional, dependiente de
Básica Secundaria y Media Vocacional, a la señora Cecilia Rincón Sánchez.
(iii) El 12 de febrero de 2014,19 se generó el formato único para la expedición del
certificado de Historia Laboral, por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá,
en el cual se verifican las siguientes vinculaciones por parte de la demandante:
• Desde el 27 de septiembre de 1987. No se refiere fecha de finalización.
• Desde el 16 de enero de 1989 hasta el 30 de noviembre de 1989.
• Desde el 17 de enero de 1990 hasta el 30 de noviembre de 1990.
• Desde el 16 de enero de 1991 hasta el 30 de noviembre de 1991.
16 Folio 17.
17 Copia de la aludida Resolución obra en folios 18 a 22 y, en ella, se observa que fue nombrada
producto de la aprobación del concurso de méritos.
18 Folio 13 a 16.
19 Folios 27 y 28.
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• Desde el 30 de enero de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1992.
• Desde el 8 de febrero de 1993 y se reporta novedad de retiro a través de
la Resolución 1588 del 22 de abril de 1994 a partir del 21 de abril de ese
año.
• Desde el 21 de abril de 1994 y no se reporta novedad de retiro.20
2.3.2. Sobre la reclamación de las cesantías parciales y su reconocimiento
(i) El 16 de agosto de 2013,21 la demandante formuló solicitud encaminada a
lograr el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, por concepto de
reparaciones locativas.
(ii) El 4 de diciembre de 2013,22 la directora de Talento Humano de la Secretaría
de Educación de Bogotá expidió la Resolución 7400, a través de la cual reconoció
y ordenó el pago de las cesantías parciales a favor de la demandante. En el
contenido de dicho acto se lee que ha prestado sus servicios desde el 21 de abril
de 1994 y, por ende, las cesantías reportadas que sirvieron de base para la
liquidación comprenden el periodo transcurrido entre la aludida fecha y el 30 de
diciembre de 2012. La notificación personal de tal decisión se produjo el 10 de
diciembre de 2013.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario
precisar que el análisis se circunscribirá a los reparos concretos formulados por la
apelante23 y, en ese orden, no se hará pronunciamiento alguno en torno a la
decisión de declarar probada, de oficio, la excepción de ineptitud de la demanda,
por no haber formulado reclamación de la sanción moratoria en sede
20 Este último, según nombramiento en propiedad efectuado a través de la Resolución 164 del 30
de marzo de 1994.
21 Como consta en la resolución que obra en el folio 118.
22 Folios 118 a 122.
23 En aplicación de lo previsto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.
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administrativa, toda vez que no hubo ninguna argumentación en el recurso, en
torno a ese aspecto. Siendo así, es preciso señalar que tal como se demostró con
las pruebas referidas previamente, la vinculación laboral continua de la
demandante ocurrió el 8 de febrero de 1993, como docente al servicio del Distrito
Capital de Bogotá.24
Valga aclarar que si bien es cierto existieron varias vinculaciones anteriores al 31
de diciembre de 1989, estas fueron discontinuas, pues siempre hubo interrupción
entre una y otra, de, por lo menos, un mes y medio y, en el último caso, de dos
meses y 7 días —entre el 30 de noviembre de 1992 y el 8 de febrero de 1993; por
lo tanto, no constituye tiempo de servicio ininterrumpido que se sume al que dio
origen a la reclamación de las cesantías de la actora.
Por lo anterior, es importante destacar que la relación laboral de la que la
accionante hace derivar su petición de cesantías y que se concedió a través del
acto acusado, es la que inició con posterioridad a la Ley 91 de 1989, como bien lo
determinó el a quo y, bajo ese entendido, no se acogerá el argumento planteado
por la parte demandante en el recurso de apelación, pues, se repite, se trata de
tiempos de servicio interrumpidos, y ello impide sumarlos a los laborados en
forma continua con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, a efecto
de aplicar un régimen diferente para la liquidación de las cesantías.
Sobre el punto anterior, es necesario insistir en que las cesantías que se
reclamaron ante la administración no son las causadas a favor de la demandante
por los períodos laborados antes del 31 de diciembre de 1989, pues al haber
concluido tales relaciones laborales en cada uno de los periodos citados en el
numeral iii) del acápite 2.3.1. de esta providencia, cualquier reclamación al
respecto, estaría prescrita. En tales condiciones, el periodo de liquidación a tener
en cuenta para definir el régimen aplicable, es el que comprende desde la fecha
de vinculación continua -que es la que se encuentra vigente al momento de
24 Folios 27 y 28.
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Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
reclamación de las cesantías- pues este es el factor determinante para establecer
el régimen de liquidación que la ampara.
Teniendo en consideración lo expuesto, la Sala comparte la interpretación que
realizó el a quo a efecto de determinar el régimen de cesantías que cobija a la
señora Rincón Sánchez, pues se debe tener en cuenta que como su ingreso a la
docencia oficial se produjo con posterioridad al 31 de diciembre de 1989, es decir,
después de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, su régimen de
cesantías es el que aplicaba para los empleados públicos del orden nacional, esto
es, anualizado, sin retroactividad y sometido al reconocimiento de intereses.25
Por ello, aunque la Ley 60 de 1993 y el Decreto 196 de 1995 regularon lo relativo
a la afiliación de los docentes territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, ello no quiere decir que a partir de ese trámite empezaba
a regir el sistema anual, pues, para todos los docentes cuya vinculación laboral
iniciaba desde el 1.º de enero de 1990, se previó la liquidación de la prestación
bajo ese régimen -anual- sin importar que estos fueran nacionales,
nacionalizados o territoriales.26
La Sala no desconoce que tanto la Ley 91 de 1989, como el artículo 3 del Decreto
196 de 1995 contienen la clasificación de docentes, como nacionales,
nacionalizados y territoriales; sin embargo, ello no quiere decir que tal enunciación
hubiera tenido el propósito de aplicar, a estos últimos, el régimen prestacional de
la entidad territorial correspondiente, sino realizar una diferenciación que tendría
repercusión, en particular, para aquellos que venían con una vinculación anterior.27
Así las cosas, esta Subsección debe precisar que si bien es cierto la incorporación
25 A partir de lo previsto en el artículo 27 del Decreto 3118 de 1968, la liquidación de las cesantías
de los empleados públicos del orden nacional, es anual y no retroactiva.
26 Tal es la interpretación que le ha dado la Sala a las disposiciones que en materia de cesantías
aplican a los docentes, tal como se ha dejado sentado, entre otras, en providencia del 19 de
octubre de 2017, radicación: 20001 23 39 000 2014 00289 01, número interno: 5010-15, M.P.
William Hernández Gómez.
27 Entendiéndose anterior, aquella producida previamente a la vigencia de la Ley 91 de 1989.
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de los docentes territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, que se produciría a partir de lo dispuesto en el Decreto 196 de 1995,
garantizaba el régimen prestacional que tuvieran al momento de su incorporación,
también lo es que en el caso de la demandante, para efecto de la liquidación de
sus cesantías, el régimen que debía aplicarse no era otro que el anualizado
contemplado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues su vinculación laboral se
produjo con posterioridad a esa disposición.
En efecto, las pruebas demuestran que el ingreso de la señora Rincón Sánchez
como docente al servicio del Distrito Capital de Bogotá, ocurrió con posterioridad
al 1.º de enero de 1990, fecha establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
para que entrara en vigor el sistema de liquidación de cesantías allí contemplado,
y que regía en caso de nuevas vinculaciones docentes; por lo tanto, es forzoso
concluir que se debe someter al régimen anualizado allí establecido, lo que
impone confirmar la sentencia recurrida que así lo dispuso.
Finalmente, en lo que atañe a la oposición planteada por la parte demandante, en
cuanto a la imposición de costas y agencias en derecho, por parte del Tribunal de
instancia, se debe señalar que dicho reparo no tiene sustento alguno pues, en la
parte resolutiva de la providencia y previo el análisis realizado en las
consideraciones de la decisión recurrida, se decidió «TERCERO. No hay lugar a
condena en costas», de manera que los argumentos planteados, no guardan
coherencia con lo decidido, al respecto, en la sentencia recurrida; sin embargo, no
se declarará fallida la apelación, en tanto que sí hubo un pronunciamiento, en
torno al fondo del asunto, como se expuso en el análisis realizado con antelación.
2.5. De la condena en costas
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Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,28 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio
objetivo valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise
si ellas se causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional
realizada dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la
temeridad de las partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en
los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, 29 la Sala se
abstendrá de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante,
pues aunque no prosperó el argumento planteado en el recurso de apelación, la
entidad demandada no actuó en esta instancia.30
4. Conclusión
Con los anteriores argumentos se concluye que la señora Cecilia Rincón Sánchez
es beneficiaria del régimen anualizado para la liquidación de sus cesantías
parciales, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que
denegó la aplicación del régimen de retroactividad y no habrá condena en costas
de segunda instancia, según lo expuesto en el acápite que antecede.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
29 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
30 Guardó silencio durante la etapa procesal pertinente, como consta en el informe secretarial
visible en folio 246.
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Demandante: Cecilia Rincón Sánchez
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 12 de agosto de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que denegó
las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Cecilia Rincón
Sánchez, contra la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio).
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante.
Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
22
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