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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02376-02

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02376-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Reconocer personería adjetiva a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón, como apoderada judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, según poder adjunto al memorial visible en los índices 22 y 23 y del portal Samai. Segundo. Declarar fallida la apelación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, de acuerdo con las razones explicadas en la parte considerativa de esta decisión. Tercero. Confirmar la sentencia apelada del 7 de febrero del 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en contra del señor José Arturo García Betancourt, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta decisión. 49 Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021) Demandante: UGPP Cuarto. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las cuales serán liquidadas por el Tribunal. Quinto. En firme esta decisión, efectuar las respectivas anotaciones en el aplicativo Samai y devolver el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-02376-02

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

30 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Demandado: José Arturo García Betancourt.

Temas: Pensión de jubilación. Foncolpuertos. Buena fe.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, demandante
y demandada, contra la sentencia proferida el 07 de febrero del 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por
medio de la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

Contencioso Administrativo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, formuló
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en orden a que se
declare la nulidad de las Resoluciones 097 del 12 de febrero de 1991 y 2236 del
21 de noviembre de 1996, proferidas por la empresa Puertos de Colombia, a
través de las cuales se le reconoció una pensión de jubilación a la parte accionada
y se reajustó e indexó dicha prestación, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: (i) revocar definitivamente [sic] el pago de la pensión convencional
reconocida al señor José Arturo García Betancourt; (ii) ordenar a la parte
demandada devolver todos los dineros recibidos por concepto de la pensión
convencional; (iii) que el reconocimiento de las sumas pretendidas sea de carácter
retroactivo e indexado; (iv) condenar en costas a la parte demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los
siguientes:

i) El señor José Arturo García Betancourt nació el 7 de diciembre de [1934] y
laboró para Puertos de Colombia entre el 24 de septiembre de 1974 y el 18 de
septiembre de 1978, por nombramiento hecho por el Gobierno nacional
[presidente de la República y ministro de Obras Públicas] a través del Decreto
1995 de 1974.

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

ii) El demandado también trabajó en Ferrocarriles Nacionales de Colombia (9
años, 3 meses y 26 días) y en la Terminal de Transportes de Ibagué (1 año, 9
meses y 12 días), por lo que acreditó un tiempo de servicio total de 15 años, 1
mes y 3 días. En razón de lo anterior, la Empresa Puertos de Colombia le
reconoció, por conducto de la Resolución 97 del 12 de febrero de 1991, una
pensión proporcional de jubilación de conformidad con las prerrogativas de la
convención número 1977 de 1978.

iii) Mediante de la Resolución 223 de 21 de noviembre de 1998, Foncolpuertos
ordenó reajustar la mesada pensional del señor García Betancourt, con ocasión de
la indexación de la primera mesada. El aludido reconocimiento pensional dio
origen a una investigación administrativa iniciada por el Ministerio del Trabajo
mediante Resolución 3086 del 9 de septiembre del 2009.

iv) En el marco de la anterior investigación, la empresa NMG Archivos y Sistemas
informó que no se encontró historia laboral del señor José Arturo García que
respalde que laboró en la Terminal de Transportes de Ibagué, circunstancia que
propició la expedición del comunicado del 22 de mayo del 2009, por medio del
cual esa cartera ministerial le informó al pensionado que el pago de su mesada
sería suspendido, toda vez que, además de lo señalado, también devenga una
pensión de vejez reconocida por el Instituto del Seguro Social desde el 1 de
octubre de 1995.

v) La alegada suspensión fue levantada y se reanudó el pago de la mesada por
medio de Resolución 1323 del 5 de octubre del 2009, expedida en cumplimiento
de una orden de tutela. La Fiscalía General de la Nación, mediante Oficio del 15
de noviembre del 2011, informó sobre una investigación formal adelantada en

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

contra del señor José Arturo García Betancourt por la presunta configuración de,
entre otros, el tipo penal de peculado por apropiación.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 13, 25,
48, 53 y 128 de la Constitución Política de 1991; 467 y 469 del Código Sustantivo
del Trabajo; y el artículo 57, parágrafo 1 de la Convención Colectiva de Trabajo de
los años 1977 y 1978. Al desarrollar el concepto de la violación, la parte
demandante argumentó lo siguiente:1

i) El artículo 57 de la Convención colectiva de los años 1977 y 1978, señala que el
trabajador que sea despedido sin justa causa después de haber laborado más de
10 años, y menos de 15, de forma continua o discontinua, anteriores o posteriores
de la firma de ese acuerdo, tendrá derecho a una mesada pensional a partir del
cumplimiento de los 55 años de edad.

ii) La pensión que le fue reconocida al señor José Arturo García, con fundamento
en el artículo 57 citado, no cumple con las exigencias convencionales toda vez
que su retiro fue de carácter voluntario, es decir, que no obedeció a un despido sin
justa causa; además, el accionado cuenta con poco más de 3 años al servicio de
la Empresa Puertos de Colombia y terminales [sic], evento que implica que
tampoco satisface el requisito de haber laborado por al menos 10 años en esa
entidad.

1 Folios 228 al

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

iii) Para el reconocimiento del derecho pensional discutido se tuvieron en cuenta
los tiempos laborados en la Terminal de Transportes de Ibagué, lapso que no
debió ser computado debido a que en ese empleo el demandado no se
desempeñó como trabajador público; por el contrario, dichas cotizaciones
corresponden a una vinculación de carácter privado. En ese sentido, la pensión de
jubilación le fue concedida a partir de la suma de tiempos públicos y privados.

iv) El señor García Betancourt no podía ser beneficiario de las prebendas
consignadas en la convención colectiva, porque no se encontraba afiliado a ningún
sindicato de Puertos de Colombia y tampoco podía serlo por extensión porque no
tenía la calidad de trabajador oficial, sino que era un empleado público con
funciones de dirección y manejo.

v) Al revisar las consideraciones de la resolución por medio de la cual el Instituto
del Seguro Social, hoy Colpensiones, le reconoció una pensión de vejez a partir
del año 1995, se encuentra que las cotizaciones efectuadas mientras laboró en la
Terminal de Transportes de Ibagué también fueron computadas en esa
oportunidad, es decir que el mismo tiempo de servicio y cotización fue tenido en
cuenta para la concesión de dos derechos pensionales que el demandado
devenga de forma simultánea.

vi) De acuerdo con el Consejo de Estado,2 está prohibido recibir doble pensión por
doble vinculación laboral estatal; por su parte, la Corte Suprema de Justicia3 ha

2 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 26 de enero del 2006. Radicado 25000 23

25 000 2001 03312 01.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 5 de septiembre del 2001.

Radicado 2001-16621.

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

señalado que no es posible para los trabajadores acceder al pago de doble
pensión cuando tal reclamo está fundado en una sola relación laboral.

1.2. Contestación de la demanda

Dentro del término legal concedido, la parte demandada se opuso a la prosperidad
de las pretensiones del medio de control, de acuerdo con las siguientes razones:4

i) La Empresa Puertos de Colombia fue creada por medio de la Ley 154 de 1959 y
empezó a operar en el año 1960. A la planta de personal de esa entidad fueron
vinculadas aquellas personas que ya laboraban en los puertos marítimos de
Buenaventura, Santa Marta etc. quienes, además, continuaron siendo
beneficiarios de las convenciones colectivas de trabajo suscritas hasta ese
momento y tampoco varió el régimen laboral que les era aplicable.

ii) La anterior situación generó que Puertos de Colombia tuviera una «mezcla entre
las convenciones colectivas del personal incorporado», lo que convirtió a esa
entidad en responsable del pago de pensiones y propició el trato igualitario en
materia pensional entre empleados públicos y trabajadores oficiales, lo que, a la
postre, terminó por causar el reconocimiento de mesada pensionales de carácter
extralegal; lo anterior fue una mala práctica administrativa que posteriormente fue
«avalada por el mismo Estado colombiano en todos sus niveles, al punto que el
legislador se encargó de sanear dicho defecto a través del artículo 146 de la Ley
100 de 1993».

4 Folios 303 al 327

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

iii) Dada la dispersión normativa y los múltiples operadores pensionales, los
gobernadores y alcaldes avalaron el sistema y la extensión de los beneficios
convencionales a los empleados públicos. Visto lo anterior, por medio del Decreto
Ley 561 del 25 de marzo de 1976 se reestructuró la empresa Puertos de Colombia
que pasó de ser un establecimiento público a una empresa comercial del Estado;
en el artículo 10, numerales 5 y 7, de ese decreto se le otorgó la atribución a la
junta directiva para determinar la organización interna, la planta de personal, la
escala de remuneración y las prestaciones sociales tanto de trabajadores oficiales
como de empleados públicos.

iv) En reunión de la junta directiva del 8 de marzo de 1977, según acta número
100 de dicha fecha, se dejó constancia de que el gerente general de la empresa
propuso que se le reconocieran los beneficios de la convención colectiva a los
trabajadores oficiales no sindicalizados y a los empleados públicos, medida que
regiría desde el 1 de marzo de esa anualidad.

v) Sobre la supuesta falta de pruebas del tiempo laborado en la Terminal de
Transportes de Bogotá, se aportó escritura pública número 31.109 del 11 de
diciembre de 1972, por medio de la cual se constituyó esa empresa, en donde
también consta que el señor José Arturo García fue nombrado como gerente de
dicha sociedad y se efectuaron cotizaciones a seguridad social durante el tiempo
que duró esa relación laboral.

vi) El Instituto del Seguro Social le reconoció una pensión de vejez por medio de la
Resolución 12520 de 1995, para cuya decisión se tuvo en cuenta una cotización
pensional de 947 semanas, de la cuales, 41,71 fueron efectuadas por la Terminal
de Transportes de Ibagué, en calidad de patrono; estas últimas semanas no

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Demandante: UGPP

fueron decisorias para la adopción de esa decisión, toda vez que se dio en
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de
1990.

vii) En virtud de lo anterior, solo se tuvieron en cuenta los 20 años anteriores al
cumplimiento de los 60 años de edad, es decir, el lapso comprendido entre el 27
de diciembre de 1974 y el 27 de diciembre de 1994, correspondiente a 704,28
semanas, de acuerdo con el reporte emitido por el ISS, por lo que solo se tuvo en
cuenta el tiempo laborado en la Corporación pesquera, Industria Full S.A.,

Recambios Garantizados e Industrias el Dorado a partir del 27 de octubre de
1978.

viii) Finalmente propuso las excepciones que denominó «improcedencia de la
declaración de nulidad del acto vertido en la Resolución 097 del 12 de febrero de
1991 por»: ser contrario a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica,
el respeto al acto propio y buena fe; porque nadie puede alegar su propia culpa;
porque no se vulnera la prohibición consagrada en el artículo 128 superior; e
improcedencia del [medio de control] de nulidad y restablecimiento del derecho
para recuperar prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

1.3 La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección B, en
sentencia del 7 de febrero del 2020, declaró la nulidad de las Resoluciones 097
del 12 de febrero de 1991 y 2236 del 21 de noviembre de 1996, proferidas por la
Empresa Puertos de Colombia; ordenó el cese definitivo del pago de la pensión de
jubilación convencional que le fue reconocida al señor José Arturo García; dispuso

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

la devolución de todos los dineros percibidos por concepto de pensión desde el
momento de su reconocimiento, para lo cual la UGPP deberá suscribir un acuerdo
de reembolso con el demandado; y, finalmente, no condenó en costas de primera
instancia.

Las razones de la anterior decisión fueron las siguientes:5

i) El extinto Instituto del Seguro Social le reconoció al señor García Betancourt una
pensión de vejez con fundamento en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, por
ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Para la
liquidación de la aludida mesada se tuvieron en cuenta un total de 983 semanas
que fueron contabilizadas de forma regresiva desde el 1 de octubre del año 1995,
razón por la que algunos de los tiempos computados por el ISS también fueron
contabilizados por la Empresa Puertos de Colombia para la concesión de la
prestación discutida en este proceso, específicamente el laborado en la Terminal
de Transportes de Ibagué.

De ese modo, tener en cuenta un mismo tiempo de servicio para el reconocimiento
de dos mesada pensionales, una de jubilación convencional y una de vejez,
configura la prohibición constitucional consagrada en el artículo 128 superior,
según lo ha considerado el Consejo de Estado en sentencia del 17 de abril del
2013, dictada dentro del proceso con radicado 25000 23 25 000 2009 00274 01
(2297-11), toda vez que no es admisible procurar el reconocimiento de dos
pensiones a partir de un mismo tiempo de servicio.

5 Folios 617 al 628 reverso.

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

ii) La pensión discutida en el presente proceso fue reconocida con fundamento en
la convención colectiva de trabajo de los años 1977 y 1978, en cuyo parágrafo del
artículo 57 de indicó que «solo se [aplicaría] a los trabajadores afiliados a los
sindicatos signatarios», mientras que los trabajadores oficiales no afiliados podrían
adherirse a ella. En razón de lo anterior, resulta claro que los empleados públicos,
como el demandante, no podrían beneficiarse de tales prerrogativas.

El artículo [57] convencional señaló que, para efectos del tiempo de servicio, se
tendrían en cuenta aquellos periodos servidos al Gobierno nacional,
departamental o municipal, establecimientos públicos descentralizados y el tiempo
de servicio militar obligatorio. Por su parte, el artículo 128 [sic], contentivo de la
pensión proporcional en comento, estableció que el trabajador que sin justa causa
sea despedido y que cuente con más de 10 años de servicio, y menos de 15,
tendría derecho a una pensión al cumplimiento de los 55 años de edad.

Adicionalmente tendría tal derecho quien se retirara voluntariamente después de
haber servido a esa empresa por más de 15 años. De acuerdo con lo expuesto, el
señor García Betancourt, en atención a la Ley 3135 de 1968, el Decreto 1848 de
1969 y la jurisprudencia del Consejo de Estado,6 no podía ser beneficiario de la ya
citada convención colectiva dado su carácter de empleado público, en ejercicio de
funciones de dirección, en tanto todo lo relativo a la materia salarial y pensional
solo le está dado al Congreso de la República.

Así, el accionado tampoco ostentó la categoría de empleado público de carrera
administrativa, a quienes se les ha admitido la extensión de los beneficios

6Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 22 de febrero del 2018.
Radicado interno 1425-2016.

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

convencionales, por el contrario, tales prebendas están vedadas para aquellos
empleados de libre nombramiento y remoción, en virtud de la naturaleza misma
del cargo y las mejores condiciones salariales y pensionales que ostentan en
comparación con los demás trabajadores.

iii) La parte demandada argumenta la legalidad del reconocimiento pensional en la
extensión de tales beneficios a los empleados públicos de la empresa según
concepto de la Oficina Jurídica de Puertos de Colombia del 8 de febrero de 1991;
sin embargo, ello carece de completo fundamento jurídico pues la extensión de los
beneficios originados en una convención colectiva solo es procedente en virtud de
un acuerdo entre las partes y, de ningún modo, de forma unilateral.

La extensión unilateral de los beneficios convencionales a los empleados públicos
de Puertos de Colombia es contraria al margen de negociación colectiva, por
cuanto no obran en el expediente actas de negociación en las que se haya llegado
a dicho acuerdo.

Así las cosas, el señor José Arturo García no podía ser beneficiario de la
convención colectiva de trabajo de los años 1977 y 1978 en atención a la calidad
de empleado público de dirección y manejo que ostentó mientras laboró en
Puertos de Colombia y a que, en todo caso, la extensión de eso beneficios no fue
acordada con los sindicatos, sino que fue aplicada de forma unilateral, evento que,
además, fue reconocido por el apoderado judicial del demandado quien hizo
alusión a esa circunstancia como «una mala práctica administrativa», razón por la
que hay lugar a ordenar la nulidad del acto administrativo por medio del cual se
reconoció el derecho pensional.

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

iv) Sobre la devolución de los dineros pagados por concepto de jubilación, el
tribunal estimó que la contestación de la demanda daba cuenta de que el
demandado tenía conocimiento de que el reconocimiento de su pensión era una
«mala práctica administrativa», pero aun así en varias oportunidades solicitó el
reconocimiento y reliquidación de una mesada pensional proporcional
convencional, la cual le fue negada por medio de comunicación 164877 del 11 de
agosto de 1988, en donde se le indicó que el acuerdo convencional no le era
aplicable.

Mientras el señor José Arturo García se desempeñó como gerente de Puertos de
Colombia facilitó la modificación unilateral de la convención colectiva de 1977 y
1978 y omitió que ese acuerdo no podía ser reformado unilateralmente por los
representantes de la empresa, al paso que el único acto unilateral que le está
permitido al empleador es la denuncia de lo acordado. Así, en la certificación
visible en el folio 344 del expediente se observa que el demandado «propuso la
extensión de los efectos de la convención recién negociada a los empleados
públicos», documento que, posteriormente, sirvió para que en el año 1991 se
rindiera concepto favorable para el reconocimiento de la prestación disputada.

De acuerdo con lo expuesto, la actuación del señor García Betancourt no estuvo
regida por el principio de buena fe, sino que, por el contrario, está demostrado que
el hecho de reconocer que su mesada pensional fue un acto de mala práctica
administrativa da cuenta de la mala fe con la que actuó al modificar
unilateralmente una convención colectiva de trabajo para su beneficio a pesar de
ser un empleado público de dirección y manejo que no tenía la facultad para ser
beneficiario de un acuerdo sindical dadas las evidentes y favorables condiciones
salariales y pensionales que ya ostentaba.

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

1.4. El recurso de apelación

Por medio de apoderado judicial, tanto el señor José Arturo García Betancourt
como la UGPP, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, de acuerdo con las siguientes razones de disentimiento:7

1.4.1. La parte demandada

i) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto probatorio al
analizar los tiempos de servicio utilizados para el reconocimiento de la pensión de
jubilación y vejez del señor José Arturo García, toda vez que no tuvo en cuenta
que la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Empresa Portuaria no
realizaron aportes al extinto Instituto del Seguro Social, por cuanto el derecho
pensional era reconocido de forma directa por esas entidades, mientras que el
tiempo servido a la Terminal de Transportes de Ibagué sí fue cotizado a esa
administradora de pensiones.

En virtud de lo anterior, no es cierto que las mesadas pensionales del demandado
desconozcan la prohibición constitucional del artículo 128 superior, sino que, por el
contrario, se está frente a la figura de la compatibilidad o compartibilidad de
pensiones, figuras jurídicas que no fueron objeto de debate en el trámite de la
primera instancia.

ii) El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos está consagrado

7 Folios 636 al 643.

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

en las Leyes 33 y 61 de 1985, razón por la que actualmente los servidores
públicos no pueden ser beneficiarios de prestaciones extralegales; sin embargo,
aquellos emolumentos percibidos por ese concepto, en casos como el del
accionado, solo fue corregido por medio del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en
donde se señaló que las situaciones jurídicas individuales definidas por
disposiciones municipales o departamentales continuarían vigentes.

Corolario de lo anterior, la Corte Constitucional8 ha considerado que los actos
administrativos que reconocen y pagan pensiones de personas que tuvieron una
vinculación con el servicio oficial como empleados públicos no pueden ser
eliminadas del ordenamiento jurídico por estar bajo el imperio de los principios de
confianza legítima y respeto por el acto propio, lo que quiere decir que la pensión
del señor García Betancourt se encuentra protegida.

iii) Sobre la orden de devolución de sumas pagadas por concepto de pensión,
indicó que no está probado dentro del proceso que el demandado haya actuado
de mala fe y que no existía en el imaginario colectivo la idea de que las pensiones
como la demandada serían catalogadas, 30 años después, como un acto doloso.
En ese sentido, no es cierto que las actuaciones del señor García Betancourt
cuando se desempeñó como gerente de Puertos de Colombia hayan tenido el
propósito de obtener un provecho ilícito.

iv) Finalmente, el señor José Arturo García Betancourt suscribió, personalmente,
un memorial adjunto al recurso de apelación en donde solicitó clemencia por su
situación: aseguró que tiene condiciones médicas delicadas por las que depende

8 El apelante no se refirió a ningún antecedente jurisprudencial en particular.

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

exclusivamente de su mesada pensional; relató algunas de las actuaciones que
cataloga como logros al mando de Puertos de Colombia y de otras empresas del
sector privado; mencionó que fue condecorado en varias oportunidades por el
Gobierno nacional; aseguró que la decisión del tribunal es en extremo suspicaz; y
que nuca ha actuado de forma deshonesta o de mala fe.

1.4.2. La UGPP.

A pesar de haberle sido favorable la sentencia de primera instancia, la Unidad
interpuso recurso de apelación en donde solo se refirió al derecho que le asiste a
que las sumas pagadas por concepto de pensión proporcional de jubilación al
señor José Arturo García le sean devueltas, dada la actuación de mala fe en la
que incurrió para lograr el reconocimiento prestacional discutido y solicitó que se
confirme en todas sus partes el fallo de primer nivel.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Tanto la parte demandante como la demandada alegaron de conclusión según
memoriales visibles en los índices 15, 16 y 17 del portal Samai, en donde
reiteraron los argumentos propuestos en los recursos de apelación.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

2.1. El problema jurídico

Revisados los argumentos propuestos por las partes, el problema jurídico se
circunscribe a establecer 2 aspectos a saber: en primer lugar, se determinará si el
recurso de apelación elevado por la UGPP presenta reales razones de disentimiento
frente a la sentencia de primera instancia o si, por el contrario, se configura una
apelación fallida; en segundo lugar, se establecerá si hay lugar a revocar la pensión
convencional proporcional de jubilación que le fue concedida al señor José Arturo
García Betancourt en Resolución 097 del 12 de febrero de 1991 y reajustada por
medio de la Resolución 2236 del 21 de noviembre de 1996.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre la apelación fallida

Sobre la apelación fallida esta Sala ha sostenido que si bien esta figura no se
encuentra regulada en ninguna norma procesal, sí se ha utilizado
jurisprudencialmente cuando los argumentos de reparo que presenta el apelante
con respecto a la decisión recurrida no guardan congruencia con lo esbozado por
el juez, es decir, las razones que se exponen como reproche frente a la
providencia proferida no tienen relación con el tema debatido.9

En efecto, sobre la carga procesal de manifestar los motivos de inconformidad
frente a la decisión de primera instancia, la jurisprudencia de esta Corporación ha
precisado que la finalidad del recurso de apelación es que la providencia de primer
grado sea revisada por el superior jerárquico del funcionario judicial que la profirió,
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de marzo de

2021. Radicado 76001-23-33-000-2016-01266-01 (5266-2018).

16

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

para que, en el análisis de su legalidad, la confirme, revoque o modifique. De ahí
la necesidad de que el recurso de apelación se sustente, por cuanto es la
oportunidad en que la recurrente manifiesta los motivos de inconformidad con la
decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como demandante
o demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo emitió, o no, un
pronunciamiento.10

Lo anterior, porque el marco conformado por la sentencia y el recurso de
apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia y, en
esa medida, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que a su
juicio debieron ser invocados en contra de la decisión.11

Al respecto, debe recordarse que el recurso de apelación es el medio procesal
previsto por el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para que el recurrente manifieste los motivos de
inconformidad con la sentencia y que la sustentación del recurso, en el caso de
tratarse de apelante único, delimita el pronunciamiento de la segunda instancia,
como lo dispone el artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, pues si no existe discrepancia con la sentencia de
primera instancia, el recurso carece de objeto.

En lo que hace referencia a la exigencia procesal de congruencia del recurso de
apelación con la sentencia dictada en primera instancia, esta subsección ha

10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010, Radicación 25000-23-

27-000-1999-00875-01(15328).
11 Ibidem

17

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

indicado que si bien el principio de la doble instancia constituye una garantía
constitucional, a la luz del artículo 31 de la Carta Política, el acceso a ella y su
efectividad no opera deliberadamente, por cuanto resulta necesario el
cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el legislador relacionados con
su oportunidad y procedencia, los cuales deben ser satisfechos a cabalidad so
pena del fracaso del recurso de apelación.

Pero no sólo resulta necesario que el recurso de apelación se ejerza dentro de la
oportunidad procesal pertinente, sino que se encuentre debidamente sustentado,
pues ello determina su eficacia, delimitando, además, el alcance del poder
decisorio del juez de segunda instancia. En este sentido, de acuerdo con la
finalidad de la apelación, es menester que la sustentación se efectúe de la forma
adecuada, es decir, que no solamente deben manifestarse los aspectos que se
consideran lesivos al derecho o interés en discusión, sino, además, los motivos de
inconformidad en concreto respecto a la decisión del a quo, lo que en suma
determinará el objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso.12

En este sentido, se ha advertido que no le es dable al juez asumir cargas que
corresponden a las partes procesales, en tanto ello desvirtuaría su papel imparcial
en el juicio. Si una de las partes está inconforme con la sentencia, es su
responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de
la parte favorecida con la sentencia, las razones que, en su criterio, dejan sin
fundamento la providencia judicial.13

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2011.
Radicación 13001-23-31-000-2004-00202-02(0417-10).
13 Ibidem

18

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

Ahora, sobre las finalidades y requisitos del recurso de apelación, esta corporación
ha señalado que la institución procesal de la impugnación es el instrumento por
medio del cual las partes solicitan al superior jerárquico que realice un nuevo
examen del acto procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule o revoque,
total o parcialmente, por contener vicios o errores. De acuerdo con lo expuesto, a
través del recurso de apelación, una de las partes o ambas, solicitan al superior
que examine la decisión dictada en un proceso, expresando sus inconformidades,
con la finalidad de que este analice la decisión de primer grado, y de ser
procedente, la modifique o la revoque.

En este sentido, el apelante debe exponer los argumentos que sirven de soporte
para modificar total o parcialmente la decisión de primera instancia y que, a la vez,
constituyen el marco para cumplir con la función, que no es oficiosa, de decidir la
impugnación.14

Esta posición fue adoptada por esta Subsección en providencia del 30 de enero de
2020,15 en la que se dijo:

(…) en atención a que la parte demandada no controvirtió en absoluto la sentencia
de primera instancia, esta corporación no puede resolver a su favor el recurso, en
vista de que los argumentos de la decisión que emitió el fallador de primera
instancia ni siquiera fueron objeto de confrontación dentro del recurso de apelación
interpuesto. En consecuencia, un escrito de apelación que no contenga
argumentos tendientes a desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de
primera instancia, impide un reexamen de los mismos de carácter oficioso por
parte de la segunda instancia, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley, situación que no ocurre en el presente

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Providencia del 13

de septiembre de 2012. Radicación 25000-23-27-000-2006-00825-01(17343).
15 Reiterada por la misma Sala, en sentencia del 7 de mayo de 2020. Radicación

76001233100020100132502 (3723-18), con ponencia de quien redacta la presente.

19

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

caso, pues no se configura ningún vicio protuberante que afecte la legalidad de la
decisión objeto de apelación y que le imponga a la Sala el deber de pronunciarse
de oficio por cuanto, tal como ya se ha dicho, en el sub lite, la impugnante se
refiere en su recurso a unos fundamentos y consideraciones diferentes de los
adoptados por el a quo para proceder al reconocimiento pensional.
(…).16

De acuerdo con los anteriores razonamientos, cuando los argumentos expuestos
en el recurso de apelación no se dirigen contra el fondo de la decisión recurrida, al
no existir correspondencia con los presupuestos del asunto que se resuelve, se
presenta la apelación fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca
incólume lo resuelto en primera instancia.

Al respecto, la jurisprudencia de lo contencioso-administrativo ha sido constante
en precisar que «en la sustentación de la apelación frente a la providencia de
primer grado, al impugnante o recurrente le asiste el deber o carga procesal de
señalar las discrepancias que tiene frente a la sentencia que ataca por la vía del
recurso de alzada, pues dichas objeciones son las que realmente deben ser
analizadas y resueltas en la providencia de segunda instancia».17

En este orden, la debida sustentación del recurso materializa el debido proceso,
teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente
debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón
por la cual los argumentos que se presenten en el recurso de apelación son los

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Radicación 05001-23-33-000-2016-00693-01(1623-18). Consejero ponente: William Hernández
Gómez.
17 Véase la sentencia del 10 de octubre de 2019, expediente 4719-16, consejero Ponente: William

Hernández Gómez

20

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

que eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada, revocada o
modificada, según el caso.18

Ahora bien, en relación con la competencia del superior, el artículo 328 del CGP
dispone lo siguiente:

Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
(Subraya fuera de texto).

En los anteriores términos, la competencia del superior se encuentra limitada al
estudio de las razones de inconformidad alegadas por el apelante único, de ahí
que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de fondo que decidió el a
quo, no puede, en segunda instancia, efectuarse pronunciamiento alguno, lo que
trae como consecuencia que la apelación sea fallida.

Finalmente, cobra relevancia indicar que, aunque los límites decisorios del juez de
segunda instancia se amplían en caso de la interposición del recurso de apelación
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de marzo de

2021. Radicado 76001-23-33-000-2016-01266-01 (5266-2018).

21

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

por ambas partes, lo cierto es que es ineludible el deber del juez de conocimiento
de verificar que las alzadas cumplan con las exigencias legales, específicamente
el relativo a la discusión de aspectos que le hayan sido resueltos
desfavorablemente, tal como lo dispone el artículo 320 del Código General del
Proceso.

2.2.2. Régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales

En primer lugar, el Decreto 3135 de 1968 «Por el cual se prevé la integración de
la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales» reglamentó en su
artículo 5 lo siguiente:

Artículo 5 Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que presten sus
servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la
construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los
estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del
Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas
precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por
personas que tengan la calidad de empleados públicos

Conforme con la norma citada y con los artículos 304 del Decreto 1222 de 1986;
292 del Decreto 1333 de 1986; y 125 del Decreto 1421 de 1993 por empleado
público se entiende, por regla general, a toda aquella persona que preste sus
servicios en entidades públicas como ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias y establecimientos públicos, sin importar el orden territorial al

22

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

que pertenezcan, es decir, si son entidades de carácter nacional, departamental,
municipal o distrital.

Por su parte, la norma dispone que son trabajadores oficiales i) aquellas personas
dedicadas a las actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas; y,
ii) por regla general, quienes trabajan en las empresas industriales y comerciales
del Estado o en sociedades de economía mixta, excepto aquellos que
desempeñen funciones de dirección, confianza o manejo señaladas en los
estatutos, que serán empleados públicos.

Por su parte, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968,
prevé en su capítulo primero la definición de empleados oficiales, empleados
públicos y trabajadores oficiales así:

Artículo 1. Empleados oficiales. Definiciones.

1. Se denominan genéricamente empleados oficiales las personas naturales que
trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales,
empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta,
definidos en los artículos 5, 6 y 8 del Decreto Legislativo 1050 de 1968.

2. (Derogado por el Decreto 1083 de 2015)

3. En todos los casos en que el empleado oficial se halle vinculado a la entidad
empleadora por una relación legal y reglamentaria, se denomina empleado público. En
caso contrario, tendrá la calidad de trabajador oficial, vinculado por una relación de
carácter contractual laboral.

Artículo 2. Empleados públicos. Las personas que prestan sus servicios en los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales, son empleados públicos.

Artículo 3. Trabajadores oficiales. Son trabajadores oficiales los siguientes:

23

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
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a. Los que prestan sus servicios a las entidades señaladas en el inciso 1 del artículo 1
de este decreto, en la construcción y sostenimiento de las obras públicas, con
excepción del personal directivo y de confianza que labore en dichas obras; y

b. Los que prestan sus servicios en establecimientos públicos organizados con
carácter comercial o industrial, en las empresas industriales o comerciales del Estado
y sociedades de economía mixta, con excepción del personal directivo y de confianza
que trabaje al servicio de dichas entidades»19

Según lo anterior, la legislación establecía el término genérico de empleado oficial
para referirse a las personas que prestaban sus servicios al Estado,
clasificándolos en empleados públicos y trabajadores oficiales. Respecto de las
definiciones de empleado público y trabajador oficial, la norma en cita reproduce
prácticamente en su integridad el artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968.

De modo tal que para diferenciar al empleado público del trabajador oficial se
debe recurrir a los criterios orgánico y funcional. Ello porque en el caso de que la
entidad empleadora sea un ministerio, departamento administrativo,
superintendencia y establecimiento público (criterio orgánico) se infiere que se
trata de empleado público, salvo, se reitera, si se dedica a actividades de
construcción y mantenimiento de obras públicas (criterio funcional), pues en esta
hipótesis se hablará de un trabajador oficial.

Dichos criterios también aplican en el caso de las empresas industriales y
comerciales del Estado en donde, por regla general, sus servidores son
trabajadores oficiales (criterio orgánico), salvo quienes desempeñan funciones de
dirección, confianza y manejo señaladas en los estatutos que serán empleados
públicos (criterio funcional).

19 Parte tachada declarada nula por sentencia del 16 de julio de 1971 de la Sala de Consulta y

Servicio Civil del Consejo de Estado.

24

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

De igual forma, se precisa que la forma de vinculación de uno y otro es diferente,
por cuanto el empleado público se une al Estado mediante una relación legal y
reglamentaria mientras que los trabajadores oficiales lo hacen a través de
contrato de trabajo.

2.2.3. La naturaleza jurídica de Puertos de Colombia

Para efectos de determinar en el sub examine cómo aplicar la regla citada para
establecer al calidad de un servidor público, es imperativo definir cuál es la
naturaleza de la entidad empleadora, en este caso, la extinta Puertos de
Colombia.

En primer término, la Ley 154 de 1959, «Por la cual se crea una Empresa de
Puertos de Colombia» no dispuso expresamente la naturaleza jurídica de la
entidad, aunque por el hecho de su denominación se puede inferir que se trataba
de una empresa comercial del Estado.

En ese sentido, se advierte del Decreto 2465 de 1981 «por el cual se aprueban
los estatutos de la Empresa Puertos de Colombia» reguló en su artículo 2.º que
«[…] La Empresa Puertos de Colombia […] vinculada al Ministerio de Obras
Públicas y Transporte, funciona como empresa comercial del Estado […]».

De acuerdo con lo anterior, es evidente que la empresa Puertos de Colombia
estaba constituida como una empresa industrial y comercial del Estado, razón por
la cual, se precisa que estaba compuesta principalmente por trabajadores
oficiales y los cargos de dirección y confianza por empleados públicos.

25

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

2.2.4. Los convenios o convenciones colectivas de trabajo y los empleados
públicos.

En sentencia de unificación de 29 de septiembre del 2011,20 la Sección Segunda
del Consejo de Estado concluyó que los empleados públicos no gozan de un
derecho pleno de negociación colectiva, pues están constitucionalmente
inhabilitados para presentar pliegos de peticiones o para celebrar convenciones
colectivas, circunstancia que, de acuerdo con las consideraciones de la Corte
Constitucional en sentencia C-1235 de 2005, no resulta contraria a los preceptos
de la Carta Superior de 1991.

Lo anterior es así, porque, a pesar de encontrarse limitados en cuanto a las
facultades de concertación, según los Convenios 151 y 154 de la OIT, adoptados
como legislación por las Leyes 411 de 1997, 524 de 1998 y el Decreto 160 de
1994 no existe prohibición que les impida participar en la toma de decisiones o
hallar nuevos mecanismos de acuerdo para resolver los conflictos de tipo laboral;
además, la calidad de empleado público es precisamente una de las excepciones
válidas al artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo y al artículo 55
constitucional.

Se explicó que la capacidad de negociación de las partes no puede desconocer
las facultades de las autoridades constitucionales y legales para fijar
unilateralmente las condiciones laborales de los empleados públicos, pues, debe

20 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 29 de septiembre del 2011.

Radicado 08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-10).

26

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

recordarse, de conformidad con el literal e, numeral 19, del artículo 150 de la
Constitución Política de 1991, corresponde al Congreso de la República expedir la
ley marco a la cual debe someterse el Gobierno Nacional para fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos. En materia de pensiones está
facultad es de reserva legal.

Así las cosas, es la autoridad legislativa la llamada a fijar el régimen pensional, lo
que quiere decir que las disposiciones de carácter municipal, departamental o de
establecimientos públicos, entre otros, que se expidan en torno a esta materia,
devienen inconstitucionales, así como las convenciones colectivas de trabajo
suscritas por los sindicatos de empleados públicos en este sentido.

Dicho de otro modo, los reconocimientos y pagos de pensiones de jubilación
originados en convenciones colectivas, ordenanzas, acuerdos municipales o de
establecimientos públicos, etc. deben sujetarse a las normas que para el efecto
han fijado el constituyente y el legislador, pues, de lo contrario, estarían viciados
por falta de competencia y, por contera, de ilegalidad.

A pesar de las anteriores consideraciones, con la entrada en vigencia del nuevo
Sistema General de Seguridad Social, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dejó
incólumes las situaciones jurídicas individuales definidas a partir de disposiciones
municipales o departamentales, siempre y cuando ello hubiere ocurrido con
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, que, para el nivel territorial,
ocurrió el 30 de junio de 1995.

Ahora, solo pueden entenderse como protegidas 2 situaciones bajo el amparo del
artículo 146 de la Ley 100 y son la siguientes:

27

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

(i) la de quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
en el sector territorial, esto es el 30 de junio de 1995, tuvieran una situación
jurídica definida, esto es, (sic) que se les hubiera reconocido el derecho pensional;
y, ii) la de quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
en el sector territorial hubieran cumplido los requisitos exigidos por dichas normas,
esto es, que hayan adquirido el derecho así no se les haya reconocido.21

Finalmente, la sentencia de unificación, en virtud del principio de favorabilidad,
interpretó que, a pesar de que el artículo 146 ibidem solo se refirió a disposiciones
municipales y departamentales, dicha convalidación debe entenderse también
respecto de las convenciones colectivas de trabajo, debido a que son
equiparables, en tanto también se refieren a derechos laborales «extralegales»
que fueron avalados por el Congreso de la República sin reparo sobre su
irregularidad.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se establece lo
siguiente:

i) El señor José Arturo García Betancourt nació el 27 de diciembre de 1934.22

ii) De acuerdo con el reporte expedido por el Instituto del Seguro Social, el señor
José Arturo García Betancourt cuenta con las siguientes cotizaciones a esa

21 Estas 2 circunstancias fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-

410 de 1997.
22 Folio 105 y 183.

28

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

entidad:23

Razón Social Desde Hasta Salario Semanas
Aceites del Tolima 02/ 05/ 1969 31/ 01/ 1970 $ 5.790 39.29
Soc. Col. de Fabric. 01/ 02/ 1970 04/ 01/ 1973 $ 14.610 152.71
Me.
Terminal de 01/ 11/ 1973 30/ 09/ 1974 $5.790 47.71
transportes
Corporación 23/ 10/ 1978 30/ 04/ 1979 $21.420 27.14
Pesquera
Industrias Full 16/ 10/ 1981 31/ 12/ 1989 $ 165.180 424.43
Recambios 10/ 01/ 1990 07/ 02/1990 $ 590.010 4.14
Garantizados
Industrias el Dorado 24/ 04/ 1990 30/ 05/ 1994 $ 1.890.000 214.00
Recambios 01/ 06/ 1994 31/ 12/ 1994 $ 1.974.000 30.57
Garantizados
Recambios 01/ 01/ 1995 30/ 09/ 1995 $ 2.375.670 34.29
Garantizados
Fundación 01/ 09/ 1997 30/ 09/ 1997 $ 910.000 2.00
Educaciona.
Fundación 01/ 12/ 1998 31/ 12/ 1998 $ 420.000 0 [sic]
Educaciona.

iii) El 23 de septiembre de 1974, por medio del Decreto 1995 de 1974, el Gobierno
nacional nombró al señor José Arturo García Betancourt como gerente general de
la Empresa Puertos de Colombia, lo que quiere decir que desempeñó funciones
de dirección y manejo en esa entidad,24 cargo del que tomó posesión el día 24 de
septiembre de ese mismo año.25

iv) El 8 de marzo de 1977, la Junta Directiva de Puertos de Colombia celebró
reunión consignada en el acta número 100, en la que «el gerente general propuso
que se reconocieran los beneficios de la convención colectiva [1977 y 1978] a los
trabajadores oficiales no sindicalizados y a los empleados públicos que figuren en
la empresa» con exclusión, del personal de dirección, de los aumentos salariales
pactados, con la salvedad de que el cargo de dirección que al momento de la firma

23 Folio 197.
24 Nombramiento en folio 101.
25 Acta de posesión en folio 103.

29

Radicado: 25000 23 42 000 2014 02376 02 (4517-2021)
Demandante: UGPP

del acuerdo se encontrara sindicalizado sí tendría derecho a tal incremento.

Además, se autorizó el aumento para los empleados públicos de la empresa,
distribuido entre el sueldo y los gastos de representación. Las medidas aprobadas
tendrían efectos fiscales de forma retroactiva desde el 1 de marzo de 1978.26

v) El 18 de marzo de 1977, la Junta Directiva de la Empresa Puertos de Colombia
profirió el Acuerdo 738 de ese año, en el que fijó las remuneraciones mensuales
de los trabajadores oficiales de la entidad en los términos de la convención
colectiva de trabajo 1977 y 1978, beneficios que fueron extendidos a los
empleados públicos con denominación de: subgerentes, jefes de oficina ii, gerente
de Buenaventura, Gerentes de terminales costa atl., gerente Tumaco, secretario
general, jefe oficina i, subgerente de Buenaventura, subgerente de Buenaventura,
subgerente de Barranquilla y director financiero Bogotá.27

En los mismos términos se fijaron las remuneraciones mensuales para el año
1978, según Acuerdo número 767 del 15 de marzo de esa anualidad. 28

El 21 de septiembre de 1978, el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de
Obras Públicas y Transporte, aceptó la renuncia al cargo de gerente general que
venía desempeñando el señor José Arturo García en la Empresa Puertos de
Colombia29 y se expidió la Resolución número 2315730 en donde se ordenó el
pago de cesantías definitivas y primas proporcionales de antigüedad, vacaciones y

26 Folio 344.
27 Folios 345 al 349.
28 Folios 350 al 356
29 Folio 30.
30 Sin fecha legible, en folios 24 y 25.

30

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servicios.

vi) El 11 de agosto de 1988, por medio de Oficio número 164877, la Empresa
Puertos de Colombia se pronunció sobre una solicitud de reconocimiento de
pensión proporcional de jubilación presentada por el señor José Arturo García
Betancourt, de acuerdo con lo siguiente:31

me permito adicionar la comunicación del 5 de octubre de 1987, en el sentido de
que si bien es cierto que a la luz de la Convención Colectiva de Trabajo
vigente para la época de su retiro (1977 y 1978), y que no es aplicable a su
caso, por las razones que ya le expuse en la comunicación antes citada, no es
menos cierto que a la luz de la Ley, concretamente el Decreto 1848 de 1969, art.
74, numeral 3, que a la letra dice: “si el trabajador oficial se retirare
voluntariamente después de 15 años de los supradichos servicios, tendrá derecho
a la pensión cuando cumpla 60 años de edad”.
[negrilla fuera de texto]

La cuantía de la pensión de jubilación que le reconocerá la empresa cuando usted
acredite el requisito de la edad, será directamente proporcional al tiempo de
servicios, con relación a la que le habría correspondido en el evento de haber
reunido los requisitos exigidos para gozar de la pensión plena y se le liquidará con
base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

vii) El 12 de febrero de 1991, la Oficina Jurídica de Puertos de Colombia profirió
concepto favorable para el reconocimiento de la pensión convencional
proporcional de jubilación solicitada por el señor José Arturo García, en los
siguientes términos:32

[E]l derecho prestacional del reclamante está amparado por la convención
colectiva con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1978, que corresponde a la
época de su retiro, en cuyo artículo 57, parágrafo 1, se lee: “si el retiro se
produjere por despido sin justa causa después de quince años de servicio

31 Folio 531 y 532.
32 Folios 31 y 32.

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prestados en la misma forma que para el caso anterior, la pensión principiará a
pagarse desde la fecha del despido, si hubiere cumplido para esa fecha cincuenta
años de edad o cuando los cumpla. Si después del mismo tiempo el trabajador se
retirara voluntariamente tendrá derecho a pensión, pero solo cuando cumpla
cincuenta y cinco años de edad”.

En tales condiciones, el derecho impetrado por el doctor José Arturo García
Betancourt solamente se encontraba pendiente de cumplir el requisito de llegar a
la edad de cincuenta y cinco años, condición que cumplió el 27 de diciembre de
1989 […].

Además de lo anterior, en [el expediente contentivo de la solicitud de
reconocimiento pensional] aparece fotocopia del Acuerdo No. 767 de fecha 15 de
marzo de 1978 de la Junta Directiva de la Empresa Puertos de Colombia,
mediante el cual se reconoce a los trabajadores oficiales no sindicalizados y a los
empleados públicos los beneficios de las Convenciones Colectivas de trabajo
vigentes para esa empresa.

viii) El 12 de febrero de 1991, a través de la Resolución 097, la Empresa Puertos
de Colombia le reconoció una pensión convencional proporcional de jubilación al
señor José Arturo García Betancourt de acuerdo con las siguientes condiciones:33

[Q]ue el Dr. José Arturo García Betancourt ha acreditado haber prestado por más
de quince años sus servicios a diferentes entidades públicas y no recibe
recompensa alguna del Estado.
[…]

Que se acreditan los siguientes tiempos de servicio:

Años Meses Días
Ferrocarriles Nacionales de Colombia 09 03 26
Terminal de Transportes de Ibagué S.A. 01 09 12
Puertos de Colombia 03 11 25
Total para pensión proporcional 15 01 03

Que de conformidad con la documentación aportada es procedente hacer el
reconocimiento de la pensión proporcional de jubilación establecida en el artículo
57, parágrafo 1, de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1977 y

33 Folios 33 al 35.

32

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1978.

ix) El 7 de septiembre de 1995, por conducto de la Resolución 1906, el Fondo
Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia [en adelante Foncolpuertos]
reconoció el pago de unas mesadas atrasadas y ordenó la actualización de las
pensiones, por lo que al señor García Betancourt se le pagó la suma de $ 24.08
por concepto de mesadas atrasadas y $ 152.007 en razón de la actualización
pensional.34

x) El 25 de junio de 1996, por medio de Resolución 12520, el Instituto del Seguro
Social reconoció una pensión mensual vitalicia de vejez en favor del señor José
Arturo García Betancourt como beneficiario del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, y en aplicación del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, cuya
liquidación se basó en un total de 983 semanas cotizadas [relacionadas en el
hecho probado número ii], para una cuantía inicial de $ 1.696.989.35

xi) El 21 de noviembre de 1996, mediante Resolución 2236, Foncolpuertos ordenó
la indexación de la primera mesada pensional del señor José García Betancourt,
lo que dio como resultado el pago de $ 30.666.410, por mesadas atrasadas.36

xii) El 6 de agosto de 1998, el demandado presentó ante Foncolpuertos una
solicitud de reconocimiento de intereses moratorios y reajuste de vacaciones
sobre la pensión convencional proporcional de jubilación, dado el reajuste
prestacional que tuvo lugar en el año 1996, descrito en el numeral anterior.37

34 Folios 48 al 54.
35 Folio 501.
36 Folios 83 al 84.
37 Folio 95.

33

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xiii) El 17 de diciembre del 2007, el Ministerio de la Protección Social, Grupo
Interno de Trabajo de Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, negó el
reconocimiento pedido por el pensionado en el año 1998, en el entendido de que
«los derechos fueron reconocidos en debida forma y no hay lugar a reconocer
intereses moratorios que hayan tenido su fundamento en obligaciones dejadas de
cancelar o en liquidaciones mal elaboradas».38

xiv) El 9 de septiembre del 2008, mediante Auto número 3086, Grupo Interno de
Trabajo de Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la
Protección Social, ordenó adelantar una actuación administrativa de revisión
integral de la pensión de jubilación del señor José García, dada la aplicación de
beneficios convencionales cuando el cargo desempeñado por el interesado era un
empleo público de confianza y manejo, de modo que se pudiera establecer si tal
reconocimiento se adecúa al Decreto 1848 de 1969.39

xv) El 22 de mayo del 2009, el Ministerio de la Protección Social le informó al
demandado que el pago de la pensión convencional proporcional de jubilación
concedida por Puertos de Colombia sería suspendido transitoriamente, hasta tanto
se adoptaran las medidas a que hubiere lugar.40

xvi) El 5 de octubre del 2009, el Ministerio de la Protección Social, en
cumplimiento de un fallo de tutela, reactivó el pago de la mesada pensional del
señor José Arturo García y ordenó el pago de las mesadas dejadas de pagar entre

38 Folio 135.
39 Folio 141.
40 Folio 180

34

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el mes de mayo y septiembre del 2009, en cuantía de $ 19.870.896.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Para efectos de decidir el presente proceso, se seguirá el orden lógico fijado en el
acápite del problema jurídico, es decir, que primero se estudiará la posible
configuración de una apelación fallida frente al recurso interpuesto por la UGPP, y,
posteriormente, se analizará lo relativo a la nulidad de los actos administrativos
demandados. El análisis será el siguiente:

2.4.1. Sobre la apelación de la UGPP.

Tal como se ha declarado en acápites anteriores, la parte demandante interpuso el
presente medio de control con el propósito de que se declare la nulidad de las
Resoluciones 097 del 12 de febrero de 1991 y 2236 del 21 de noviembre de 1996,
por medio de la cuales se reconoció y reliquidó, respectivamente, una pensión
convencional proporcional de jubilación en favor del señor José Arturo García
Betancourt; como consecuencia de lo anterior, que se revoque dicha mesada
prestacional y se ordene la devolución de las sumas pagadas por ese concepto.

En sentencia de primera instancia del 7 de febrero del 2020, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, accedió a
todas las pretensiones de la demanda, toda vez que declaró nulos los actos
citados, revocó la pensión cuestionada y ordenó el reembolso de los dineros
cancelados al demandado en razón de esa prestación, al encontrar desvirtuada la
presunción de buena fe.

35

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A pesar de lo anterior, por medio de memorial visible en los folios 646 al 653, la
Unidad presentó recurso de apelación en contra del fallo de primer nivel, en donde
reiteró los argumentos propuestos en la demanda relacionados con la devolución
de sumas pagadas de más, a pesar de que dicho aspecto le fue resuelto
favorablemente por parte del tribunal. En ese sentido la Sala advierte que no
existen disentimientos reales por parte de la Unidad, toda vez que la sentencia
que recurre le fue favorable en todos los aspectos.

En este punto vale la pena traer a colación el artículo 320 del Código General del
Proceso, extensible por remisión normativa del artículo 306 de la Ley 1437 del
2011, que señala que el recurso de apelación podrá ser interpuesto por la parte a
quien le haya sido resuelta desfavorablemente una providencia. De acuerdo con
lo anterior, lo relacionado con la mala fe el reintegro de los dineros pagados por
concepto de pensión al demandado no es un aspecto que le haya sido resuelto
desfavorablemente a la parte accionante, lo que quiere decir que carece de toda
lógica jurídica que presente argumentos en contra de esa decisión.

Visto lo anterior, la Sala concluye que se encuentran configurados los
presupuestos necesarios para declarar fallida la apelación propuesta por la UGPP,
pues su alzada versa sobre una pretensión que le fue concedida por el juez de
primera instancia, lo que quiere decir que no existen razones reales para efectuar
un estudio de fondo sobre lo planteado por la demandante.

2.4.2. Sobre la legalidad de los actos demandados.

El señor José Arturo García nació el 27 de diciembre de 1934 y durante su vida
laboral prestó sus servicios tanto a entidades del orden público como privado. El

36

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23 de septiembre de 1974 fue nombrado, por el Gobierno nacional, en un cargo de
dirección y confianza, como gerente general de la Empresa Puertos de Colombia,
cargo que desempeñó hasta el 21 de septiembre del año 1978.

La conclusión sobre el carácter de empleado público que ostentó el demandado
mientras se desempeñó como gerente de Colpuertos se respalda en el artículo 1
del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1998, en donde se
señala que esta calidad es propia de aquellas personas que prestan sus servicios,
de un lado, en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos, unidades administrativas (salvo quienes desempeñan
funciones de construcción y sostenimiento de obras públicas) y, de otro lado, de
quienes desempeñan funciones de dirección, confianza y manejo, precisadas en
los estatutos, de empresas industriales y comerciales del Estado.

Así, según la Ley 154 de 1959 y el Decreto 2465 de 1981, la Empresa Puertos de
Colombia era una empresa comercial del Estado, lo que quiere decir que, con
excepción de las personas que desempeñan cargos de dirección confianza y
manejo, precisadas en los estatutos, sus servidores tenían la calidad de
trabajadores oficiales.

De suerte que, conforme a los criterios orgánico y funcional que ha implementado
la legislación, la jurisprudencia y la doctrina para distinguir quién es empleado
público y quién es trabajador oficial, y dado que se halla acreditado que el
demandado era gerente general de la empresa, designado de forma directa por el
Gobierno nacional, aquel ostentaba funciones de manejo y estricta confianza y,
por ende, tuvo la calidad de empleado público con funciones directivas,
circunstancia que, por demás, no ha sido discutida por el demandado.

37

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Ahora, el 11 de agosto de 1988 la empresa portuaria se negó a reconocer una
pensión convencional en favor del demandado, al considerar que tales beneficios
colectivos no le eran aplicables; sin embargo, tal posición fue reconsiderada a
través del concepto rendido por la Oficina Jurídica el 12 de febrero de 1991, en
donde se aseguró que el demandado sí era beneficiario de tales prerrogativas, de
acuerdo con la propuesta por él formulada ante la Junta Directiva de la empresa y
aprobada en Acta del 8 de marzo de 1977.

Además, en ese concepto se indicó que su derecho pensional convencional
estaba respaldado por el Acuerdo 767 de fecha 15 de marzo de 1978. Sobre las
anteriores afirmaciones, debe decir la Sala que le asiste razón al a quo en sus
conclusiones sobre este punto, toda vez que es cierto que el señor García
Betancourt no podía ser beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo de
1977 y 1978, por las siguientes consideraciones:

De acuerdo con los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del
Trabajo, OIT, los derechos sindicales deben ser garantizados, incluso, para los
empleados públicos a quienes se les debe ofrecer respaldo en materia de
procedimientos y solución de conflictos relacionados con los términos del empleo;
sin embargo, la anterior disposición internacional, ratificada por medio de las
Leyes 411 de 1997 y 524 de 1998, encuentra una limitación interna en el artículo
416 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual, los sindicatos de empleados
públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones
colectivas.

38

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Las anteriores apreciaciones han sido validadas por la Corte Constitucional que en
sentencia C-377 de 1998, al estudiar la exequibilidad de la Ley 411 de 1997,
declaró ajustada a la Constitución la distinción del ejercicio sindical entre
trabajadores oficiales y empleados públicos, con el ánimo de no menoscabar o
restringir las facultades gubernamentales para definir las condiciones del empleo
oficial.

Bajo esas consideraciones, los empleados públicos no son beneficiarios de las
convenciones colectivas previstas para los trabajadores oficiales, toda vez que
para esa clase de servidores públicos existen otros mecanismos de concertación
que, en todo caso, no culminan con la suscripción de una convención, sino con,
por ejemplo, un acuerdo con el empleador. En ese sentido, el señor José Arturo
García no podía ser beneficiario de la Convención Colectiva de trabajo de los años
1977 y 1978 suscrita entre las organizaciones sindicales portuarias y la Empresa
Puertos de Colombia.

Además, debe tenerse en cuenta que el propósito de las convenciones colectivas
de trabajo es el de mejorar, de algún modo, las condiciones contractuales de la
relación laboral, es decir, que dicha necesidad no puede predicarse, precisamente,
de los empleos públicos de dirección y confianza que, valga la pena decir,
ostentan mayores y considerables beneficios salariales y prestacionales en
relación con los trabajadores oficiales, dadas las exigencias y compromisos
propios del cargo.

En ese sentido, respecto del aludido concepto debe indicarse, en primer lugar, que
la extensión de los beneficios convencionales consignada en el acta del 8 de
marzo de 1977 carece de sustento jurídico, en el entendido de que los empleados

39

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públicos no podían ser beneficiarios de la Convención Colectiva de 1977 y 1978,
lo que quiere decir que tal decisión es contraria a derecho y, por lo tanto, carece
de completa validez, pues ni el gerente general ni la junta directiva gozaban de la
facultad legal para extender tales prerrogativas convencionales a los empleados
públicos, ni estos últimos podían ser objeto de tales beneficios.

En segundo lugar, tal concepto legal se sustenta en el Acuerdo 767 de 1978 para
dar el visto bueno al reconocimiento pensional discutido; a pesar ello, el
profesional del derecho que suscribió tal oficio obvió el hecho de que el citado
acuerdo no contiene beneficios de índole pensional; por el contrario, se refiere
estrictamente a los incrementos salariales de empleados públicos y trabajadores
oficiales. En ese sentido, se utilizó como respaldo para esa decisión un acuerdo
que no contenía ni se refería, de ningún modo, a prebendas de carácter
prestacional.

Entonces, el derecho pensional del demandado fue concedido con base en un
acta de junta directiva, según propuesta del gerente general de la empresa, quien
resulta ser el mismo demandado en esta oportunidad, con absoluto
desconocimiento de los términos legales en materia de convenciones colectivas
de trabajo y con fundamento en un acuerdo que no se refiere, en ninguno de sus
apartes, a temas prestacionales, pues se limitó a fijar los incrementos salariales de
los beneficiarios de la convención.

Ahora, en el recurso de apelación se hace referencia a la validación constitucional
de las prestaciones reconocidas con base en decisiones convencionales,
contenida en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993. Sobre el particular, el apelante

40

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asegura que la pensión discutida se encuentra amparada por esa disposición; sin
embargo, la Sala considera que tal afirmación no es del todo cierta, veamos:

El artículo 146 de la Ley 100 de 1993 dice lo siguiente:

Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones
municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación
extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas
vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos
descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones,
quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o
cumplan dentro de los dos años siguientes41 los requisitos exigidos en dichas
normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las
personas a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la
presente Ley

De acuerdo con lo anterior, y con la sentencia C-410 de 1997, merecen protección
a la luz del artículo 146: (i) quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 en el sector territorial, esto es el 30 de junio de 1995, tuvieran
una situación jurídica definida, es decir, que se les hubiera reconocido el derecho
pensional; y, ii) quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 en el sector territorial hubieran cumplido los requisitos exigidos por dichas
normas, esto es, que hayan adquirido el derecho así no se les haya reconocido.

41 Expresión declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 1997.

41

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Sobre el saneamiento de prestaciones reconocidas con base en Convenciones
Colectivas de trabajo, el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente:42

Conforme a una interpretación exegética, podría señalarse que la norma objeto de
análisis validó toda clase de reconocimientos pensionales, pero esta clase de
interpretación no sólo está soportada en la literalidad de la norma sino que se
observa desde una hermenéutica originaria, sistemática e histórica, pues el
legislador quiso validar esta clase de situaciones, la cual, al ser revisada en su
Constitucionalidad por la Corte Constitucional fue declarada exequible43; en ese
sentido, no se puede dejar de lado, que en el sector territorial, han existido
múltiples regulaciones de carácter territorial que, aún sin competencia, han reglado
y creado beneficios de índole pensional, y, por supuesto, se permitió la suscripción
y el amparo de convenciones colectivas que han beneficiado y aplicado de manera
general no sólo a los trabajadores oficiales, sino que también, a los empleados
públicos.

En principio podría pensarse, como en efecto lo hizo la Sala en múltiples fallos,
que las disposiciones del orden territorial, como Decretos y Ordenanzas,
regulaban, sin competencia, el régimen pensional de los empleados públicos,
mientras que en lo que se refiere a las convenciones colectivas, regulaban la
aplicación sólo para los trabajadores oficiales y no para empleados públicos; pero
en últimas, uno y otro eran extralegales, y en ambos casos, los saneó el legislador.

En virtud de lo anterior, es claro que las prestaciones sociales reconocidas a partir
de los beneficios concedidos por convenciones colectivas de trabajo fueron
saneadas por el legislador a través de la Ley 100 de 1993; sin embargo, esa
norma es clara al indicar que ello solo procedía en situaciones de derechos
adquiridos, en aras de garantizar las expectativas legítimas de los trabajadores
beneficiarios.

Sobre ello, debe decirse que la consecución irregular de una prestación no puede
ser entendida como un derecho adquirido, ni mucho menos como una expectativa

42 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 29 de septiembre del 2011. Radicado
08001 23 31 000 2005 02866 03 (2434-10).
43 Salvo la expresión “o cumplan dentro de los dos años siguientes”.

42

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legítima, toda vez que la titularidad de un derecho solo se adquiere a partir de la
plena satisfacción de los requisitos legales para ello, circunstancia que no se
encuentra demostrada dentro del particular, toda vez que el demandado nunca fue
beneficiario de la convención colectiva que otorgaba el derecho pensional
proporcional discutido, pues ello obedeció a una interpretación y aplicación
anormal de sus disposiciones.

Así las cosas, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 se refiere a la legitimación de
prestaciones que si bien fueron concedidas a partir de preceptos extralegales, se
concedieron bajo disposiciones que, en su momento, eran aplicables al trabajador
y con el cumplimiento de los requisitos dispuestos para ello, evento que no
acontece en esta oportunidad, en tanto el demandado no era beneficiario de la
convención aplicada. De ese modo, es cierto que el legislador legitimó
prestaciones sociales que resultaron ser irregulares a la luz de la Constitución y la
ley, pero admitir la legalidad de la prestación discutida en esta oportunidad, sería
convalidar no solo la pensión extralegal, sino el reconocimiento ilegal de ella.

Ahora, respecto de la devolución de la sumas pagadas por concepto de la pensión
proporcional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo por desvirtuada la
presunción de buena fe al considerar que el señor García Betancourt facilitó, en su
propio provecho, la extensión de los beneficios convencionales a los empleados
públicos de la Empresa Puertos de Colombia, al paso que el apelante aseguró que
en el momento del reconocimiento de la mesada pensional no se preveía la
ilegalidad de las pensiones extralegales.

Sobre ese aspecto, la Sala dirá que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
sostenido que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones periódicas

43

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pagadas a los particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal
que el demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es
decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía
derecho».44

En virtud de lo anterior, esta Subsección estima que el señor José Arturo García
procedió de forma irregular al extender, en su calidad de gerente general de la
Empresa Puertos de Colombia, los beneficios convencionales pactados con los
sindicatos de trabajadores a los empleados públicos de esa entidad, no solo sin un
sustento normativo que lo amparara, sino con la consecución de un beneficio
prestacional al cual no tenía derecho.

En ese sentido, el señor José García, en su calidad de gerente general,
desconoció las exclusiones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo sobre
la no sujeción de los empleados públicos a las convenciones colectivas de trabajo
y obtuvo un provecho personal de ello. Adicionalmente debe tenerse en cuenta
que no es posible alegar el desconocimiento de las disposiciones normativas
sobre el particular y que el demandado no expuso razones tendientes a justificar
su actuación.

Es decir, no se alegó dentro del proceso algún antecedente normativo o judicial
que amparara el actuar del pensionado o con el que procurara exponer razones de
peso que permitieran establecer, por lo menos, la existencia de un error, que
pudiera, de algún modo, exonerarlo de las responsabilidades que acarrean las

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 27 de agosto de 2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14), M.P.,
César Palomino Cortés.

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actuaciones que desplegó en materia convencional mientras estuvo en la dirección
de la Empresa Puertos de Colombia. Así, al ser el gerente general de la entidad
tuvo a su disposición la asesoría de la oficina jurídica, que años después, en 1988,
le diría, en un primer momento, que la convención colectiva de trabajo no le era
aplicable.

De ese modo, en el acta del 8 de marzo de 1977 no existe un apoyo normativo
que respaldara la extensión de las prerrogativas de esa convención a los
empleados públicos, es decir que lo allí decidido careció, por completo, de
sustento legal, es decir, que no se guardó la debida diligencia en la adopción de
una medida tan trascendental como la concesión de prebendas prestacionales y
salariales a un grupo de servidores que se encontraban legalmente excluidos de
tales beneficios.

El cargo de dirección y confianza que ostentaba el demandado le otorgaba un
mayor nivel de responsabilidad en el manejo de los intereses de la empresa,
aunado al hecho de que, por su calidad de empleado público en un cargo de
dirección, le era aún más exigible el cumplimiento de las normas. Sobre este
particular, la Corte Constitucional en sentencia C-840 del 2001 ha dicho lo
siguiente:

[B]ajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones de
los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el
caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en
contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los
particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es
que se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen
de la presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los
funcionarios públicos deben atenerse al principio de constitucionalidad que
informa la ley y al principio de legalidad que nutre la producción de los actos
administrativos.

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(negrilla fuera de texto)

De acuerdo con lo expresado, la Sala considera que la omisión de las normas en
materia de convenciones colectivas de trabajo, la adopción de decisiones sin
sustento ni consideraciones legales, y la modificación de una convención colectiva
de trabajo de forma unilateral que, posteriormente, llevó a la obtención de
beneficios pensionales propios a partir de una convención que, por la calidad de
empleado público de dirección y manejo no le era aplicable, es suficiente para dar
por desvirtuada la presunción constitucional de buena fe y, en consecuencia,
confirmar la decisión del a quo de devolución de las sumas pagadas por concepto
de pensión de jubilación.

Finalmente, debe decirse que esta Subsección no es ajena a las consideraciones
personales expuestas por el demandado, en donde asegura padecer un cuadro
clínico complejo y depender de su mesada pensional; sin embargo, las decisiones
judiciales deben sostenerse en la ley, la jurisprudencia y el material probatorio
aportado al proceso, a partir de los principios de eficiencia y justicia. Por tales
razones, sería contrario a derecho admitir el pago de una pensión de jubilación
que no cumple con los requisitos legales para ello. Además, no se encuentran
desamparados los derechos a la seguridad social y al mínimo vital y móvil, pues
debe recordarse que el señor García Betancourt actualmente devenga otra
pensión por los tiempos laborados en el sector privado.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se confirmará la sentencia
apelada del 7 de febrero del 2020 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, al considerar que, tal como se
definió en la primera instancia, el demandado no tiene derecho a percibir una

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pensión de jubilación proporcional en los términos de la Convención Colectiva de
Trabajo de los años 1977 y 1978 suscrita entre las organizaciones sindicales
portuarias y la Empresa Puertos de Colombia.

2.5 De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201645, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de

45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-

01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.

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Demandante: UGPP

costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Ahora bien, en el proceso obra un documento suscrito por el señor José Arturo
García donde alega padecer una serie de complicaciones de salud, por las que
solicita que el recurso de apelación sea decidido a su favor; no obstante, no se
allegaron pruebas que den cuenta fehaciente de circunstancias graves por
enfermedad o de la configuración de un estado de vulnerabilidad manifiesta que
pudiera, eventualmente, eximirle del pago de la condena en costas dada la
resolución desfavorable de la alzada.

De conformidad con lo explicado, con las reglas citadas y atendiendo lo dispuesto
en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso46, la Sala
condenará en costas de segunda instancia a la parte demandada como quiera que
resultaron probadas a partir de la intervención en esta instancia de la parte
accionante y que el recurso de apelación le será resuelto de forma negativa.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que el señor José Arturo García Betancourt, en su

46 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Demandante: UGPP

calidad de empleado público con funciones de dirección y manejo en la Empresa
Puertos de Colombia, no es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo de
los años 1977 y 1978, razón por la que los actos administrativos que le
reconocieron una pensión de jubilación en esos términos devienen nulos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Reconocer personería adjetiva a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón,
como apoderada judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, según poder
adjunto al memorial visible en los índices 22 y 23 y del portal Samai.

Segundo. Declarar fallida la apelación presentada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, UGPP, de acuerdo con las razones explicadas en la parte considerativa de
esta decisión.

Tercero. Confirmar la sentencia apelada del 7 de febrero del 2020, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP, en contra del señor José Arturo García Betancourt, de
acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta decisión.

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Demandante: UGPP

Cuarto. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las
cuales serán liquidadas por el Tribunal.

Quinto. En firme esta decisión, efectuar las respectivas anotaciones en el
aplicativo Samai y devolver el expediente al Tribunal de origen

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente47
LBC

47 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

50

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