Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02547-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02547-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-02547-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
26 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-17)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP-
Temas: Reliquidación pensional. Planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Topes pensionales.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 25 de agosto del 2016, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por
medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Eduardo Suescún Monroy, por medio de
apoderado judicial, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso –
administrativo, en orden a que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones 35
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
del 7 de enero de 1992; 20329 del 26 de julio del 2002; 3684 del 19 de junio del
2003; 40143 del 20 de agosto del 2008; 15087 del 6 de abril del 2009; y UGM
41748 del 3 de abril del 2012.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) condenar a la UGPP a pagar una pensión de vejez mensual en cuantía
de $ 7.630.000 entre el 4 de marzo y el 24 de julio del 2005, y en cuantía de
$ 9.537.500 a partir de 25 de julio del 2005 (en razón de los topes pensionales
vigentes para las fechas citadas), con los incrementos anuales correspondientes a
partir del 1 de enero del 2006; y (ii) indexar las diferencias insolutas de cada una
de las mesadas pensionales que se han pagado de forma incompleta desde la
fecha de su causación, hasta la fecha en que se efectúe el pago.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los
siguientes:
i) El señor Eduardo Suescun Monroy nació el 4 de abril de 1934 y laboró en el
servicio público por más de 20 años, comprendidos, de forma intermitente, del 28
de enero de 1957 al 10 de enero de 1991; se desempeñó, entre otros, como
Consejero de Estado entre el 1 de mayo de 1980 y el 13 de agosto de 1987, y
como embajador de Colombia en Suiza y Hungría desde el 1 de septiembre de
1987, hasta la fecha de su retiro.
ii) El 7 de enero de 1992, la Caja Nacional de Previsión Social profirió la
Resolución número 35, en la que le reconoció una pensión de vejez a partir del 1
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
de abril de 1991, en cuantía de $ 517.196. Debido al desempeño de las funciones
de consejero de Estado, en el año 2002, presentó una solicitud de reliquidación de
su mesada pensional, en el sentido de que se reajustara el monto de conformidad
con el régimen especial de pensiones de los congresistas.
iii) La anterior petición fue negada por medio de la Resolución 20329 del 26 de
julio del 2002, a partir del argumento según el cual el reajuste solicitado, previsto
en el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, no le era aplicable, decisión que fue
confirmada por medio de la Resolución 3684 del 19 de junio del 2003.
iv) En el año 2008, el demandante interpuso una nueva solicitud de reliquidación
pensional; esta vez, pidió que se recalculara el monto de su mesada teniendo en
cuenta la totalidad del salario percibido mientras se desempeñó como funcionario
de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fundamento en
las sentencias C-173 del 2004 y C-535 del 2005, proferidas por la Corte
Constitucional.
v) La anterior petición fue negada por conducto de la Resolución 40143 del 20 de
agosto del 2008 y confirmada a través de la Resolución 15087 del 6 de abril de
2009. El interesado insistió en la reliquidación de su pensión de vejez por medio
de solicitudes presentadas el 21 de diciembre del 2010, el 4 de marzo y 28 de abril
del 2011, y el 29 de febrero del 2012.
vi) Cajanal, en liquidación, atendió los anteriores requerimientos en la Resolución
UGM 41748 del 3 de abril del 2012, en donde accedió a lo pedido por el señor
Suescun Monroy, pues modificó el ingreso base de liquidación el cual fijó en
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
$ 1.962.116, es decir, superior a los $ 689.594 que había establecido en el acto
administrativo de reconocimiento.
vii) La entidad demandada reliquidó la mesada pensional, pero desconoció la
pérdida del poder adquisitivo que, entre la fecha en que concedió el derecho y la
de reliquidación final de la mesada, fue del 881,04 %. Además, se aplicó el tope
pensional a que se refería el artículo 2 de la Ley 71 de 1988, el cual fijaba un
máximo pensional de 15 s.m.l.m.v, pero que fue derogado por el artículo 35 de la
Ley 100 de 1993.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 48, 53
y 58 de la Constitución Política de 1991; el Acto Legislativo 01 del 2005; 1494,
1613 y 1614 del Código Civil; 8 y 17 de la Ley 153 de 1887; 16 del Código
Sustantivo del Trabajo; 4 de la Ley 4 de 1966; 1 y 2 de la Ley 33 de 1985; 1 y 2 de
la Ley 71 de 1988; 15, 16 y 17 de la Ley 4 de 1992; 14, 18, 33 y 35 de la Ley 100
de 1993; 5 de la Ley 797 del 2003; 14 y 27 del Decreto 3135 de 1968; 68 y 73 del
Decreto1848 de 1969; 57 del Decreto 10 de 1992; 5, 6, 7 y 17 del Decreto 1359 de
1993; 28 del Decreto 104 de 1994; y 25 del Decreto 65 de 1998.
En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso los
siguientes argumentos:
i) La Caja Nacional de Previsión Social, sucedida por la UGPP, excluyó del ingreso
base de liquidación de la pensión del señor Eduardo Suescun los factores de
gastos de representación, prima de localización, prima de vivienda y prima de
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
costo de vida. Es cierto que la mesada pensional fue liquidada a través de la
Resolución UGM 41748 del 3 de abril del 2012, en el sentido de concederla en un
75 % del salario devengado por el demandante durante el último año de servicio;
sin embargo, omitió reajustarla anualmente de conformidad con lo consignado en
los artículo 1 y 2 de la Ley 71 de 1988 y 14 de la Ley 100 de 1993.
ii) La pensión que fue reliquidada también debió ser ajustada por cada uno de los
21 años que transcurrieron entre la fecha del reconocimiento inicial y la fecha de
expedición del acto administrativo del año 2012. Además, al establecerse que la
pensión del accionante fue liquidada de forma incorrecta en el año 1991 es
necesario concluir que existen una serie de emolumentos adeudados al
interesado, los cuales deben ser actualizados hasta la fecha en la que se haga
efectivo el pago.
iii) En la Resolución UGM 41748 del 3 de abril del 2012, la Unidad aplicó, de forma
retroactiva, el tope pensional de 15 s.m.l.m.v. consagrado en el artículo 2 de la Ley
71 de 1988 que solo estuvo vigente hasta el 1 de abril de 1994, fecha en la que
entró en vigencia el Sistema General de Seguridad Social y que contempló un
máximo pensional de 20 s.m.l.m.v en el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, el cual,
a su vez, fue incrementado a 25 s.m.l.m.v. por medio de la Ley 797 del 2003.
iv) Con fundamento en la evolución normativa en materia de topes pensionales, la
pensión del señor Eduardo Suescun debe ir ajustándose, es decir, que el límite
pensional debe ser de 20 s.m.l.m.v. desde la fecha del reconocimiento del derecho
hasta la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 del 2005, momento a
partir del cual el tope debe ser elevado a 25 s.m.l.m.v. por las anteriores razones,
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«año a año, la pensión debió y debe elevarse al nuevo tope de los 25 salarios
mínimos si el 75 % del ingreso base de liquidación lo permite».
1.2. Contestación de la demanda
La parte demandada allegó memorial de contestación visible en los folios 102 al
108 del expediente, en donde propuso como excepciones: el cobro de lo no
debido, la legalidad de las actuaciones y buena fe, la indebida solicitud de
aplicación de norma especial, prescripción, imposibilidad de condena en costas,
indebida pretensión de reconocimiento e inexistencia de la obligación de indexar y
la denominada como «solicitud genérica de reconocimiento de excepciones». Para
sustentar lo anterior expuso los siguientes argumentos:
i) La pensión que le fue reconocida al señor Suescun no puede ser reajustada con
fundamento en el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, puesto que lo allí
consignado está dirigido a los servidores que hayan desempeñado funciones
como congresistas, requisito con el que no cumple el señor Suescun Monroy, lo
que quiere decir que el accionante pretende la aplicación de un régimen pensional
que no le corresponde.
ii) Los actos administrativos demandados gozan de la presunción de legalidad que
no puede ser desvirtuada a partir de los argumentos planteados por la parte
accionante, pues las decisiones adoptadas en sede administrativa se ajustan a las
normas vigentes al momento del reconocimiento, por cuanto se incluyeron en el
ingreso base de liquidación los factores devengados durante el último año de
servicio, tal como lo dispone la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 [sic].
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
iii) La figura de la indexación de que trataba el Decreto 01 de 1984 fue derogada
por el artículo 309 de la Ley 1437 del 2011, lo que quiere decir que lo pedido por el
accionante no es procedente. No obstante, en caso de determinar que sí hay lugar
a reliquidar la mesada pensional del demandante, deben declararse prescritas las
mesadas «que superen los tres años», en cumplimiento de lo ordenado en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.
1.3 Trámite de primera instancia
1.3.1. En audiencia inicial del 22 de junio del 2015, en aras de fijar el litigio, el juez
de primera instancia identificó 3 aspectos sujetos a pleito, los cuales corresponden
a la aplicación de topes pensionales, a la indexación del ingreso base de
liquidación y al reajuste pensional en aplicación del régimen especial de
congresistas consagrado en el Decreto 1359 de 1993; sin embargo, la apoderada
del demandante aclaró que este último punto, a pesar de haberse desarrollado en
el concepto de la violación, no era un aspecto incluido en las pretensiones, por lo
que no debía decidirse sobre ello.
Por la anterior intervención, el a quo terminó por fijar el litigio en el sentido de
estudiar, únicamente, la legalidad de la Resolución UGM 41748 del 3 de abril del
2012, toda vez que es ese el acto administrativo que contiene las decisiones de la
Unidad en materia de indexación y tope pensional, que resulta ser lo único
discutido por la parte demandante, decisión con la que estuvieron de acuerdo las
partes.1
1 Folios 127 al 137.
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
1.3.2. La sentencia apelada
En fallo del 25 de agosto del 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, declaró la nulidad parcial de la Resolución UGM
41748 del 3 de abril del 2012 y, en consecuencia, ordenó pagar a favor del
demandante la indexación de las diferencias pensionales que resulten entre lo
pagado y lo que debió recibir por concepto de mesadas pensionales, con efectos
fiscales a partir del 4 de marzo del 2005; negó lo pretendido en relación con el
tope pensional, es decir, que se mantuvo lo decidido en sede administrativa; y
condenó en costas a la UGPP.
Las razones de la anterior decisión son las que pasan a explicarse a continuación:
i) La ley sustancial tiene la virtud de regir situaciones jurídicas generadas a partir
de su entrada en vigencia, al paso que no tiene la potestad de gobernar
situaciones ya consolidadas, pues la norma solo puede regir de forma retroactiva
bajo el carácter de excepción, circunstancia que debe manifestarse de forma
expresa. En cuanto a topes pensionales, la Ley 71 de 1988 estableció un límite
máximo para el monto de las pensiones, equivalente a 15 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, que fue incrementado por conducto de la Ley 100 de 1993
hasta 20 s.m.l.m.v.
ii) Según lo explicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-155 del 19 de
marzo de 1997, el parágrafo de artículo 35 de la Ley 100 de 1993, extendió, de
forma expresa, el incremento del citado tope a aquellos derechos pensionales
causados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, esto es,
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
el 18 de mayo de ese mismo año, interpretación que fue reiterada en la sentencia
C-089 de 1997.
iii) Según la resolución 35 del 7 de enero de 1992, el demandante adquirió el
estatus de pensionado el 1 de abril de 1990, pero se condicionó el pago de la
mesada al retiro definitivo del servicio, lo cual ocurrió el 10 de enero de 1991. En
ese sentido, el derecho pensional del señor Eduardo Suescun se causó antes de
la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, lo que quiere decir que no tiene
derecho a que el tope de su mesada sea fijado de conformidad con el parágrafo
del artículo 35 de la Ley 100 de 1993.
iv) Los derechos pensionales deben liquidarse de conformidad con las normas
vigentes al momento de su causación, de lo contrario contravendría el principio de
la irretroactividad de la norma. Por tales razones, el tope pensional aplicable al
accionante debe ser aquel contemplado en las normas vigentes al momento de
configuración del derecho que resulta ser el consagrado en el artículo 2 de la Ley
71 de 1988, que contemplaba un límite de 15 s.m.l.m.v., razón por la que no es
posible acceder a lo pretendido en relación con el incremento continuo a 20
s.m.l.m.v en virtud de la Ley 100 de 1993 y a 25 s.m.l.m.v. en atención a la Ley
797 del 2003.
v) Respecto de la indexación del ingreso base de liquidación, el a quo señaló que
la jurisprudencia ha desarrollado una línea según la cual la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios que no
deben ser soportados por el beneficiario, quien termina recibiendo cifras
desvalorizadas que no se acompasan con el valor real de la pensión. Las
actualizaciones de la base de liquidación no hacen más onerosa la obligación de
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
la administradora de pensiones, dado que el fin de la indexación es mantener el
valor económico de la mesada.
vi) Si bien en la Resolución UGM 41748 del 3 de abril del 2012 dispuso «efectuar
los reajustes de ley», no hizo referencia expresa a indexar los valores adeudados,
además, de las certificaciones aportadas por la UGPP se advierte de forma clara
que a la reliquidación efectuada no se le aplicó ningún tipo de actualización
monetaria, pues el aparte denominado «indexación» aparece liquidado en «0.00».
1.4. El recurso de apelación
Por medio de memoriales visibles en los folios 216 al 221 y del 223 al 224, tanto la
parte demandante como la parte demandada, respectivamente, presentaron
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, de acuerdo con la
siguientes razones de disentimiento:
4.1.1. La parte demandante
i) La presente demanda no está encaminada a que se reliquide, año a año, la
pensión de jubilación del señor Eduardo Suescun desde el momento en que fue
reconocida, sino que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, el salario utilizado en la Resolución UGM
41748 del 3 de abril del 2012 sea indexado en su valor a la fecha en que se
produjo el acto administrativo.
ii) La pensión discutida en el presente proceso no quedó definida ni consolidada
en el año 1991, como aseguró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sino
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que ello ocurrió realmente en el año 2012, con la nueva fijación del ingreso base
de liquidación; entonces, a pesar de que el derecho se consolidó en el año 2012,
en el acto demandado se omitió tener en cuenta la devaluación monetaria de ese
IBL.
iii) El verdadero IBL aplicable al señor Suescun Monroy fue definido en el año
2012, razón por la que la Unidad estaba obligada a actualizar, a ese año, el valor
del salario devengado por el pensionado durante el último año de servicio. Si en el
año 1991 se hubiese establecido la correcta base liquidatoria, el valor de la
pensión hubiese superado el tope pensional, lo que quiere decir que cada vez que
el tope pensional fuera aumentado legalmente, el valor de la pensión del
demandante también debería haber sido ajustado a dicho límite.
iv) Debido a que los derechos pensionales son situaciones en curso, el Acto
Legislativo 01 del 2005 pudo desmejorar las condiciones de los topes pensionales
en el sentido de disminuir el máximo legal permitido, circunstancia que habría
afectado la mesada del demandante; entonces, si la norma tiene la potestad de
desmejorar los términos del reconocimiento de un derecho pensional, con mayor
razón tiene posibilidad de acrecentar dichas circunstancias. Por tales razones, el
tope pensional debe ser aplicado al ingreso base de liquidación de forma
progresiva, del mismo modo en que se ha desarrollado la norma en ese aspecto.
4.1.2. La parte demandada
i) No es jurídicamente viable acoger la modificación introducida por la Ley 100 de
1993 respecto del tope pensional que fue fijado en 20 s.m.l.m.v, debido a que para
el momento de consolidación del derecho pensional del demandante la norma
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vigente era la Ley 71 de 1988, que disponía un límite pensional de 15 s.m.l.m.v., el
cual fue correctamente aplicado a la mesada del señor Suescun Monroy.
ii) Al ser el demandante beneficiario del régimen de transición, su situación
pensional debe ser definida a la luz de la norma vigente antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, la ya citada Ley 71 de 1988. Finalmente,
el parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993 solo es aplicable para aquellas
pensiones configuradas después de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992,
requisito con el que no cumple el demandante.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Tanto la parte demandante como la demandada alegaron de conclusión a través
de memoriales visibles en los folios 258 a 261 y 263 al 264, respectivamente, en
donde reiteraron los argumentos expuestos en los recurso de apelación.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.2
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
2 Constancia secretarial visible en el folio 265
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
Revisados los argumentos propuestos por las partes, el problema jurídico se
circunscribe a establecer 3 aspectos a saber: en primer lugar, se determinará si el
recurso de apelación elevado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social presenta reales
razones de disentimiento frente a la sentencia de primera instancia o si, por el
contrario, se configura una apelación fallida.
En segundo lugar, se establecerá si el señor Eduardo Suescun tiene derecho a que
el salario utilizado por la UGPP en la Resolución UGM 41748 del 3 de abril del 2012
para reliquidar su mesada pensional sea indexado hasta la fecha en que se emitió el
acto administrativo.
Finalmente, deberá definirse si la pensión de jubilación objeto de estudio debe
someterse a los topes pensionales progresivos que ha establecido la norma, es
decir, de 20 s.m.l.m.v entre el 4 de marzo del 2004 y el 24 de julio del 2005, y de 25
s.m.l.m.v a partir del 25 de julio del 2005.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la apelación fallida
Sobre la apelación fallida esta Sala ha sostenido que si bien esta figura no se
encuentra regulada en ninguna norma procesal, sí se ha utilizado
jurisprudencialmente cuando los argumentos de reparo que presenta el apelante
con respecto a la decisión recurrida no guardan congruencia con lo esbozado por
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
el juez, es decir, las razones que se exponen como reproche frente a la
providencia proferida no tienen relación con el tema debatido.3
En efecto, sobre la carga procesal de manifestar los motivos de inconformidad
frente a la decisión de primera instancia, la jurisprudencia de esta Corporación ha
precisado que la finalidad del recurso de apelación es que la providencia de primer
grado sea revisada por el superior jerárquico del funcionario judicial que la profirió,
para que, en el análisis de su legalidad, la confirme, revoque o modifique. De ahí
la necesidad de que el recurso de apelación se sustente, por cuanto es la
oportunidad en que la recurrente manifiesta los motivos de inconformidad con la
decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como demandante
o demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo emitió, o no, un
pronunciamiento.4
Lo anterior, porque el marco conformado por la sentencia y el recurso de
apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia y, en
esa medida, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que a su
juicio debieron ser invocados en contra de la decisión.5
Al respecto debe recordarse que el recurso de apelación es el medio procesal
previsto por el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para que el recurrente manifieste los motivos de
inconformidad con la sentencia, y que la sustentación del recurso delimita el
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de marzo de
2021. Radicado 76001-23-33-000-2016-01266-01 (5266-2018).
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010, Radicación 25000-23-
27-000-1999-00875-01(15328).
5 Ibidem
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
pronunciamiento de la segunda instancia, como lo dispone el artículo 328 del
Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues
si no existe discrepancia con la sentencia de primera instancia, el recurso carece
de objeto.
En lo que hace referencia a la exigencia procesal de congruencia del recurso de
apelación con la sentencia dictada en primera instancia, esta subsección ha
indicado que si bien el principio de la doble instancia constituye una garantía
constitucional, a la luz del artículo 31 de la Carta Política, el acceso a dicha
garantía procesal y la efectividad de su ejercicio no opera deliberadamente, por
cuanto resulta necesario el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el
legislador relacionados con su oportunidad y procedencia, los cuales deben ser
satisfechos a cabalidad so pena del fracaso del recurso de apelación.
Pero no sólo resulta necesario que el recurso de apelación se ejerza dentro de la
oportunidad procesal pertinente, sino que se encuentre debidamente sustentado,
pues ello determina su eficacia, delimitando, además, el alcance del poder
decisorio del juez de segunda instancia, que se circunscribe a los puntos allí
contenidos. En este sentido, de acuerdo con la finalidad de la apelación, es
menester que la sustentación se efectúe de la forma adecuada, es decir, que no
solamente deben manifestarse los aspectos que se consideran lesivos al derecho
o interés en discusión, sino, además, los motivos de inconformidad en concreto
respecto a la decisión del a quo, lo que en suma determinará el objeto de análisis
del ad quem y su competencia frente al caso.6
6Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2011.
Radicación 13001-23-31-000-2004-00202-02(0417-10).
15
Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
En este sentido, se ha advertido que no le es dable al juez asumir cargas que
corresponden a las partes procesales, en tanto ello desvirtuaría su papel imparcial
en el juicio. Si una de las partes está inconforme con la sentencia, es su
responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de
la parte favorecida con la sentencia, las razones que, en su criterio, dejan sin
fundamento la providencia judicial.7
Ahora, sobre las finalidades y requisitos del recurso de apelación, esta corporación
ha señalado que la institución procesal de la impugnación es el instrumento por
medio del cual las partes solicitan al superior jerárquico que realice un nuevo
examen del acto procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule o revoque,
total o parcialmente, por contener vicios o errores. De acuerdo con la norma en
cita, a través del recurso de apelación, una de las partes o ambas, solicitan al
superior que examine la decisión dictada en un proceso, expresando sus
inconformidades, con la finalidad de que este analice la decisión de primer grado,
y de ser procedente, la modifique o la revoque.
En este sentido, el apelante debe exponer los argumentos que sirven de soporte
para modificar total o parcialmente la decisión de primera instancia y que, a la vez,
constituyen el marco para cumplir con la función, que no es oficiosa, de decidir la
impugnación.8
7 Ibidem
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Providencia del 13 de
septiembre de 2012. Radicación 25000-23-27-000-2006-00825-01(17343).
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
Esta posición fue adoptada por esta Subsección en providencia del 30 de enero de
2020,9 en la que se dijo:
(…) en atención a que la parte demandada no controvirtió en absoluto la sentencia
de primera instancia, esta corporación no puede resolver a su favor el recurso, en
vista de que los argumentos de la decisión que emitió el fallador de primera
instancia ni siquiera fueron objeto de confrontación dentro del recurso de apelación
interpuesto. En consecuencia, un escrito de apelación que no contenga
argumentos tendientes a desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de
primera instancia, impide un reexamen de los mismos de carácter oficioso por
parte de la segunda instancia, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley, situación que no ocurre en el presente
caso, pues no se configura ningún vicio protuberante que afecte la legalidad de la
decisión objeto de apelación y que le imponga a la Sala el deber de pronunciarse
de oficio por cuanto, tal como ya se ha dicho, en el sub lite, la impugnante se
refiere en su recurso a unos fundamentos y consideraciones diferentes de los
adoptados por el a quo para proceder al reconocimiento pensional.
(…).10
De acuerdo con los anteriores razonamientos, cuando los argumentos expuestos
en el recurso de apelación no se dirigen contra el fondo de la decisión recurrida, al
no existir correspondencia con los presupuestos del asunto que se resuelve, se
presenta la apelación fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca
incólume lo resuelto en primera instancia.
Al respecto, la jurisprudencia de lo contencioso-administrativo ha sido constante
en precisar que «en la sustentación de la apelación frente a la providencia de
primer grado, al impugnante o recurrente le asiste el deber o carga procesal de
señalar las discrepancias que tiene frente a la sentencia que ataca por la vía del
9 Reiterada por la misma Sala, en sentencia del 7 de mayo de 2020. Radicación
76001233100020100132502 (3723-18), con ponencia de quien redacta la presente.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Radicación 05001-23-33-000-2016-00693-01(1623-18). Consejero ponente: William Hernández
Gómez.
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
recurso de alzada, pues dichas objeciones son las que realmente deben ser
analizadas y resueltas en la providencia de segunda instancia».11
En este orden, la debida sustentación del recurso materializa el debido proceso,
teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente
debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón
por la cual los argumentos que se presenten en el recurso de apelación son los
que eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada, revocada o
modificada, según el caso.12
Ahora bien, en relación con la competencia del superior, el artículo 328 del CGP
dispone lo siguiente:
Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
(Subraya fuera de texto).
11 Véase la sentencia del 10 de octubre de 2019, expediente 4719-16, consejero Ponente: William
Hernández Gómez
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de marzo de
2021. Radicado 76001-23-33-000-2016-01266-01 (5266-2018).
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
En los anteriores términos, la competencia del superior se encuentra limitada al
estudio de las razones de inconformidad alegadas por el apelante, de ahí que, si
esos planteamientos no hacen referencia al tema de fondo que decidió el a quo,
no puede en segunda instancia efectuarse pronunciamiento alguno, lo que trae
como consecuencia que la apelación sea fallida.
2.2.2. Sobre la indexación en materia pensional
Esta Sala ha advertido, en reiteradas ocasiones, que si bien no existe norma
expresa que consagre la actualización de las sumas derivadas de una pensión,
diferente al reajuste anual de las mesadas, la jurisprudencia ha desarrollado con
base en principios constitucionales, en especial, los previstos en los artículos 48,
53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad determina que
la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son
hechos notorios y, por tanto, el trabajador no tiene porqué soportar las
consecuencias negativas de dicha situación, al recibir sumas de dinero
desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario o de la
pensión.
En este sentido, la Corte Constitucional13 estableció el derecho a indexar la
primera mesada pensional respecto de las prestaciones causadas con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Así discurrió la Corte:
2.4.2. La indexación de la primera mesada pensional y su regulación antes de
la Constitución de 1991
Del recuento anterior se observa que el legislador ha previsto la manera de
13 Sentencia SU-1073/12
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
actualizar la mesada de quien ha adquirido el derecho a la pensión al momento de
encontrarse laborando. Sin embargo, el problema de la indexación de la
primera mesada pensional surge en razón de la inexistencia de una norma
que establezca con precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de
quien se retire o sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida, pero
cuyo reconocimiento pensional es hecho en forma posterior. (Destaca la Sala)
(…)
2.4.2.1. En efecto, la Sección Primera de la Corte Suprema de Justicia, desde
1982 hasta el 18 de abril de 1999, acogió la fórmula de la indexación de la primera
mesada pensional como mecanismo para garantizar el poder adquisitivo de estas
pensiones ante el fenómeno de la inflación. En estos términos, en la decisión del 8
de agosto de 1982, la Sección Primera de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia consideró:
{ii) La indexación laboral
El derecho laboral es sin duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales
adquiere primordial importancia la consideración de los problemas de equidad,
humanos y sociales, que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse que
del trabajo depende la subsistencia y la realización de los seres humanos, y que el
derecho laboral tiene un contenido específicamente económico, en cuanto regula
jurídicamente las relaciones de los principales factores de producción –el trabajo,
el capital y la empresa-, afectados directamente por la inflación. Sin embargo, justo
es confesar que la estimulación de este grave problema, por la ley por la doctrina y
por la jurisprudencia de Colombia ha sido mínima por no decir inexistente o nula.
Se reduciría al hecho de que, en la práctica el salario mínimo se reajusta
periódicamente, como es de elemental justicia, teniendo en cuenta el alza en el
costo de la vida, aunque no de manera obligatoria, proporcionada o automática. Y
a que, como es sabido, las pensiones de jubilación o de vejez, de invalidez y de
sobrevivientes, se reajustan por mandato de la ley teniendo en cuenta esos
aumentos en el salario mínimo (Leyes 10 de 1972 y 4° de 1976).
(…)
Por su parte, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia14 consideró sobre el
asunto lo siguiente:
(…) toda pensión, ya sea legal, convencional, voluntaria o extralegal, es
susceptible de ser indexada en su base salarial con el fin de establecer el monto
de la primera mesada, causada antes o después de la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991, no está basado exclusivamente en la sentencia de
constitucionalidad C-862 de 2006 que refiere el recurrente, pues en esencia se
14 Sentencia SL2515-2017 del 15 de febrero de 2017
20
Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
fundamenta, en los mandatos de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política,
que imponen mantener el poder adquisitivo constante de las pensiones.
En efecto, esta Sala de Casación mediante la sentencia CSJ SL736-2013, luego
de efectuar un recuento jurisprudencial acerca de la figura de la indexación,
concluyó: (i) que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno
que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; (ii) que al no existir
prohibición expresa alguna por parte del legislador, de indexar la primera mesada
causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de
1991, no hay cabida para hacer discriminaciones fundadas en la naturaleza de la
prestación o en la fecha de su reconocimiento y (iii) que cualquier diferenciación al
respecto, resulta injusta y contraria al principio de igualdad.
De suerte que, para los fines de hallar el verdadero poder adquisitivo de la
primigenia mesada pensional, la vigencia de la disposición legal con que se liquidó
y calculó la pensión de jubilación del demandante, para el caso el Decreto 2701 de
1988, no tiene la transcendencia que le imprime el censor, si se tiene en cuenta
que lo que persigue -la indexación-, no es aumentar o incrementar el ingreso base
de liquidación de la prestación pensional, sino mantener su valor real.
A su turno, el Consejo de Estado15 sobre la materia dijo:
Como lo ha sostenido la Sala, el ajuste de valor obedece al hecho notorio de la
constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que disminuye
en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la
indexación de la base salarial de liquidación pensional en casos como éste, aun
cuando dicho aspecto no hubiese sido objeto directo del recurso de apelación
constituye un punto íntimamente relacionado con el mismo, además una decisión
ajustada a la Ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del Juez
encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como expresamente
lo consagra el artículo 230 de la Carta, razón por lo que se adicionará el fallo del a
quo en sentido de ordenar la actualización del promedio devengado por el actor en
el último año de servicios laborado con anterioridad a la consolidación de su status
jurídico de pensionado hasta la fecha en que se hizo efectiva la pensión.
En el mismo sentido se pronunció la Subsección B16, en los siguientes términos:
15 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 15 de junio de 2000. Consejero ponente:
Alejandro Ordóñez Maldonado.
16 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 10 de julio de 2014. Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve.
21
Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
(…)
La Sala considera que ante el vacío normativo existente en relación con la
indexación del ingreso base de liquidación de una prestación pensional y, las
consecuencias negativas derivadas de tal circunstancia, concretadas en el hecho
de que un servidor tenga que percibir al momento de pensionarse, por concepto de
mesada, una suma de dinero devaluada que no guarde una equivalencia o
correspondencia con el valor real del salario que devengada cuando prestaba sus
servicios, resulta pertinente y necesario ordenar el reajuste del ingreso base de
liquidación en atención al carácter especialísimo de que goza una prestación
pensional y al principio de equidad que gobierna el Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones.
Siguiendo el derrotero expuesto, se observa que ante el vacío normativo existente
en relación con la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión, la
jurisprudencia de las altas cortes ha sido pacífica en determinar que la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario, son hechos notorios
que el servidor no está obligado a soportar y que, por tal razón, tiene derecho a
que su prestación sea indexada con el fin de no ver transgredidos sus derechos
fundamentales y, en tal virtud, debe darse aplicación a la fórmula adoptada por
cada una de ellas para que la pensión garantice su poder adquisitivo.
2.2.3. Sobre los topes pensionales
El artículo 2 de la Ley 4 de 197617 dispuso que las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en
todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario
mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».
17 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y
privado y se dictan otras disposiciones
22
Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que ninguna pensión
podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual.18A su vez, el artículo
18 de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM. Esta disposición
fue modificada por la Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM.
Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que
«a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a
recursos de naturaleza pública».
En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha
concluido lo siguiente:19
[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los
límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero
destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado,
no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan
los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte
considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar
el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos,
en un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley
conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende
administrar recursos limitados […].
[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege
los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos
preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala económica inferior.
[…].
18 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.
19 Sentencia C-155 de 1997.
23
Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para
establecer la figura de los topes pensionales como una medida idónea,
proporcional y razonable en aras de garantizar la cobertura universal del sistema
de seguridad social en pensiones.
En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional20 ha precisado que
también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial.
Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de
leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de
pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto
para el reconocimiento y valor de las pensiones».21
El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C-258 de 2013, en los siguientes
términos:
Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de
las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además
desde antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con
anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes
anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y
máximos el valor que una persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa
normativa estableció un valor máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de
1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18,
a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más recientemente, el
artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo criterio fue
luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.
20 Sentencia C-089 de 1997.
21 Sentencia C-089 de 1997.
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los
regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de
1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas
especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las
mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales,
específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.
Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla
de la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo,
como en el caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio
de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a
un grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o
debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector
privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio
desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. (Resalta la
Sala).
Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones,
ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En
efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos
han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la
distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa
los principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad
fiscal.
2.3. Hechos probados
i) El señor Eduardo Suescun Monroy nació el 4 de abril de 1934.22
ii) El demandante cuenta con los siguientes tiempos de servicio:23
22 Según información consignada en la Resolución número 35 del 7 de enero de 1992 en los folios
6 al 7 reverso.
23 Resolución 35 del 7 de enero de 1992. Folios 6 al 7 reverso.
25
Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
• Ministerio de Justicia: del 28 de enero de 1957 al 25 de marzo de 1958.
• Ministerio de Justicia: del 10 de agosto de 1962 al 15 de julio de 1965.
• Sena: 16 de julio de 1971 al 15 de agosto de 1973.
• Ministerio de Obras: del 25 de noviembre de 1974 al 14 de febrero de 1978.
• Ministerio de Relaciones Exteriores: del 6 de marzo de 1978 al 8 de junio de 1979.
• Consejo de Estado: del 1 de mayo de 1980 al 13 de agosto de 1986.
• Ministerio de Justicia: del 14 de agosto de 1986 al 17 de mayo de 1987.
• Ministerio de Relaciones Exteriores: del 6 de julio de 1987 al 28 de septiembre de
1988; y del 1 de octubre de 1988 al 30 de mayo de 1990.
iii) El 7 de enero de 1992, la entonces Caja Nacional de Previsión Social emitió la
Resolución número 35, por medio de la cual le reconoció una pensión de jubilación
al señor Eduardo Suescun Monroy en cuantía de $ 517.196, efectiva a partir del 1
de abril de 1990, pero con efectos fiscales solo a partir del retiro del servicio. Para
obtener el anterior monto, la entidad aplicó una tasa de reemplazo del 75 % sobre
el promedio mensual de los sueldos devengados durante el último año de servicio,
con inclusión de los factores de asignación básica, prima de navidad, prima de
servicios, prima de vacaciones y gastos de representación.24
iv) El 11 de marzo del 2002, el señor Eduardo Suescun presentó una solicitud de
reliquidación de su pensión de jubilación; el demandante solicitó que su mesada
se reajustara en cuantía no inferior al 75 % del ingreso mensual promedio que
durante el último año devengaran los congresistas.
El 26 de julio del 2002, Cajanal profirió la Resolución número 20329, en la que
negó la reliquidación pedida por el accionante a partir del argumento de que el
régimen especial de congresistas no le era aplicable, pues no se desempeñó
como tal durante el último año de servicio.25
24 Folios 6 al 7 reverso.
25 Folios 8 al 9 reverso.
26
Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
v) El 27 de agosto del 2002, el señor Suescun Monroy presentó recurso de
apelación26 en el que insistió en la reliquidación de su mesada pensional en los
términos expuestos en la solicitud inicial. La alzada fue resuelta de forma
desfavorable por medio de la Resolución 3684 del 19 de junio del 2003, en donde
Cajanal reiteró que el accionante no es beneficiario del régimen especial de
congresistas cuya aplicación pretende.27
vi) El 4 de marzo del 2008, el accionante interpuso solicitud de reliquidación ante
Cajanal, con el propósito de que su mesada fuera recalculada en el sentido de
tener en cuenta los salarios realmente devengados mientras se desempeñó como
funcionario de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.28
El 20 de agosto del 2008, Cajanal profirió la Resolución AMB 40143, en la que
negó lo pedido por el señor Suescun Monroy, pues aseguró que la mesada
pensional se liquidó en cuantía del 75 % de lo devengado durante el último año de
servicio con base en las asignaciones del cargo equivalente a la planta interna del
Ministerio de Relaciones Exteriores.29
vii) El 17 de septiembre del 2008, el accionante, por medio de apoderado,
interpuso recurso de reposición contra la Resolución AMB 40143 del 20 de agosto
de ese año, acto que fue confirmado por conducto de la Resolución 15087 del 6
de abril del 2009, en donde señaló que la pensión de jubilación del peticionario fue
26 No se aportó copia del recurso de apelación, pero se efectuó un resumen en la Resolución 3684
del 19 de junio del 2003.
27 Folios 10 al 13.
28 Resumen efectuado en la Resolución AMB 40143. Folios 14 al 15.
29 Folios 14 al 15.
27
Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
liquidada con inclusión exclusiva de los factores salariales sobre los cuales se
efectuaron aportes al sistema pensional, específicamente los señalados en la Ley
33 de 1985 y certificados en el Ministerio de Relaciones Exteriores.30
viii) El 21 de diciembre del 2010, el señor Eduardo Suescun interpuso una nueva
solicitud de reliquidación de su pensión, con el propósito de que la mesada se
basara en lo realmente percibido por el demandante mientras fungió como
servidor de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. La
anterior solicitud fue reiterada por medio de los oficios del 4 de marzo y 28 de abril
del 2011 y 29 de febrero del 2012.31
ix) El 3 de abril del 2012, la UGPP resolvió la solicitud de reliquidación a través de la
Resolución UGM 41748 del 3 de abril del 2012, en donde accedió a lo pedido por el
demandante. La Unidad argumentó que, de acuerdo con la sentencia C-173 del
2004, el señor Suescun Monroy sí tenía derecho a que su pensión fuera
reliquidada de acuerdo con lo realmente devengado mientras se desempeñó como
servidor de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En virtud de lo anterior, la Unidad tuvo en cuenta que el pensionado cumplió la
totalidad de requisitos para adquirir el derecho pensional el 8 de noviembre de
1989 y se retiró del servicio el 10 de enero de 1991, al paso que es beneficiario de
la Ley 33 de 1985.
La reliquidación consistió en aplicar una tasa de reemplazo del 75 % sobre el
promedio de lo devengado, en pesos colombianos, durante el último año de
30 Folios 16 al 17.
31 Información contenida en la Resolución UGM 41748 del 3 de abril del 2012.
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02547 01 (3011-2017)
Demandante: Eduardo Suescun Monroy
servicio, es decir, el periodo comprendido entre el 11 de enero de 1990 y el 10 de
enero de 1991. El IBL se conformó solo a partir de la asignación básica y se
estableció en una cuantía de $ 1.962.116, que al aplicarle la tasa de reemplazo dio
como resultado una mesada equivalente a $ 1.471.587, efectiva a partir del 11 de
enero de 1991, pero con efectos fiscales a partir del 4 de marzo del 2005, por
prescripción trienal, cifra ajustada al tope pensional consignado en el artículo 2 de
la Ley 71 de 1988, correspondiente a 15 s.m.l.m.v., para una mesada definitiva de
$ 775.800.
x) Según certificación expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social para el año 2016,
el pensionado devengaba una mesada de $ 9.454.545. De igual modo, se aportó
una constancia de la liquidación pensional en donde consta el periodo liquidado,
que corresponde al comprendido entre el 11 de enero de 1991 y el 31 de mayo del
2012, en donde se especifica, entre otros y por anualidades, el salario mínimo
para cada fecha, la mesada anterior, la mesada actual (según la reliquidación), la
diferencia de mesadas, descuentos por salud e indexación. Vale la pena señalar
que el apartado de indexación fue liquidado en 0.32
También se aportó una constancia del mes de junio del 2012, en donde se
observa un pago de $ 224.445.325 en favor del señor Eduardo Suescun.33
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
32 Folios 187 al 190 reverso.
33 Folio186.
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
Para efectos de decidir el presente proceso, se seguirá el orden lógico fijado en el
acápite del problema jurídico, es decir, que primero se estudiará la posible
configuración de una apelación fallida frente al recurso interpuesto por la UGPP;
posteriormente se analizará lo relativo a la indexación del ingreso base de
liquidación de la pensión del señor Eduardo Suescun; y, finalmente, se examinará
lo relativo al tope pensional.
2.4.1. Sobre la apelación de la UGPP
Tal como se ha indicado en acápites anteriores, la parte demandante interpuso el
presente medio de control con el propósito de que se declarara la nulidad de la
Resolución UGM 41748 del 3 de abril del 2012, para que, como consecuencia de
ello, se ordenara la indexación del ingreso base de liquidación utilizado para fijar
la mesada pensional del señor Eduardo Suescun y se aplicaran, de forma
progresiva, los topes pensionales de que tratan las Leyes 100 de 1993 y 797 del
2003.
En virtud de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia
del 25 de agosto del 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, pues ordenó la indexación aludida, pero negó lo relativo al tope
pensional el cual quedó fijado en los términos establecidos por la Unidad en el
acto administrativo demandado, es decir, en 15 s.m.l.m.v., tal como lo consagraba
la Ley 71 de 1988, mientras que nada dijo sobre la aplicación del régimen
especial de congresistas, por cuanto dicho tema no hizo parte de la fijación del
litigio.
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
En ese sentido, el fallo de primer nivel decidió en contra de la UGPP lo relacionado
con la indexación del IBL y en su favor lo relativo a la aplicación del tope
pensional; sin embargo, los argumentos expuestos en el recurso de apelación
fueron exclusivamente 2: (i) sobre la imposibilidad de aplicar al demandante el
tope pensional de 20 s.m.l.m.v. en virtud del parágrafo del artículo 35 de la Ley
100 de 1993, porque, a su juicio, debe atenerse a lo consignado en la Ley 71 de
1988, esto es, un máximo pensional de 15 s.m.l.m.v; y (ii) sobre el régimen
pensional del señor Suescun Monroy que, según la Unidad, debe ser el
consagrado en la mencionada Ley 71, por cuanto el demandante es beneficiario,
según indica, del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Pues bien, al contrastar las razones de apelación de la UGPP con la parte
considerativa de la sentencia de primera instancia, la Sala advierte que no existen
disentimientos reales, en atención a que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca estableció que el parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993
no le es aplicable al accionante, al paso que lo relacionado con el tope pensional,
en su caso, debe ser establecido de conformidad con lo ordenado en la Ley 71 de
1988.
En ese sentido, resulta claro que la primera razón de apelación de la Unidad no
es un argumento en contra de lo decidido por el Tribunal, sino que, por el
contrario, es un punto de acuerdo porque tanto el fallador como la ahora apelante
coinciden en su posición sobre el tope pensional. En este punto vale la pena traer
a colación el artículo 320 del Código General del Proceso, extensible por remisión
normativa del artículo 306 de la Ley 1437 del 2011, que señala que el recurso de
apelación podrá ser interpuesto por la parte a quien le haya sido resuelta
desfavorablemente una providencia.
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
De acuerdo con lo anterior, el tema de la aplicación del tope pensional no es un
aspecto que le haya sido resuelto desfavorablemente a la parte accionada, lo que
quiere decir que no es admisible que exponga argumentos en contra de una
decisión que le fue favorable, pues ello carece de lógica jurídica.
Por otro lado, advierte la Sala que el segundo de los argumentos, es decir, el
referente al régimen pensional aplicable al señor Suescun Monroy, tampoco
guarda relación con las reglas de la apelación, toda vez que ese tema no fue
abordado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Así, en la sentencia de
primera instancia no se estudió lo relativo al régimen pensional del demandante,
en atención a que eso no fue discutido por las partes y, por el contrario, es un
aspecto que quedó establecido en sede administrativa.
De ese modo, si bien en el acápite del concepto de la violación del escrito inicial
de la demanda se hizo alusión al régimen especial de congresistas, lo cierto es
que ese tema fue excluido del análisis jurídico, debido a que la apoderada del
accionante aclaró que ello no hacía parte de las pretensiones, apreciación que fue
acogida por el a quo, quien finalmente no incluyó ese aspecto en la fijación del
litigio, razón por la que no se emitió ningún tipo de pronunciamiento de fondo al
respecto, evento que permite establecer que no es posible proponer un recurso
de apelación sobre un tema que no fue objeto de estudio en la primera instancia.
Visto lo anterior, la Sala concluye que se encuentran configurados los
presupuestos necesarios para declarar fallida la apelación propuesta por la UGPP
porque, en primer lugar, apeló sobre un aspecto que le fue resuelto
favorablemente; en segundo lugar, discutió un asunto que no fue decidió en el
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
fallo acusado; y, por último, el único punto que le fue resuelto negativamente en la
providencia del 25 de agosto del 2016, es decir, el de la indexación, no fue
incluido en el recurso de apelación, lo que quiere decir que no existen razones
reales para efectuar un estudio de fondo sobre lo planteado por la accionada.
2.4.2. La apelación de la parte demandante
2.4.2.1. Sobre la indexación del IBL
Para resolver lo atinente a la indexación, debe explicarse que en la Resolución
UGM 41748 del 3 de abril del 2012, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social reliquidó la
pensión de jubilación del señor Eduardo Suescun Monroy en el sentido de utilizar
como ingreso base de liquidación el salario realmente percibido por el
demandante, en pesos colombianos, durante el último año de servicio en el que
se desempeñó como funcionario de la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
La anterior reliquidación dio como resultado el incremento de la mesada que
había sido fijada en $ 517.196, por medio de la Resolución número 35 del 7 de
enero de 1992, a $ 775.800, es decir, una diferencia inicial de $ 258.603. En
razón de lo anterior, la Unidad recalculó anualmente la pensión del demandante y
efectuó un pago por concepto de sumas adeudadas34 en cuantía de
$ 224.445.325, según consta en la certificación visible en el folio 186 del
expediente.
34 Entre el 4 de marzo del 2005, fecha desde la que se concedió la reliquidación y el 31 de mayo
del 2012, fecha final de la reliquidación
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró, a partir de las pruebas
aportadas, que las sumas resultantes de la reliquidación pensional no fueron
indexadas, debido a que en la constancia que se observa en los folios 190 y
reverso, se evidencia que la actualización de la mesada fue calculada en 0, lo que
quiere decir que el señor Eduardo Suescun recibió un dinero desvalorizado por
efecto de la inflación acumulada desde el año 1992, cuando se efectuó el
reconocimiento del derecho.
En virtud de lo anterior, el a quo ordenó la indexación de las sumas que ya fueron
reconocidas como diferencias pensionales en favor del señor Suescun Monroy,
para lo cual dispuso la aplicación de la fórmula matemática que para esos efectos
estableció el Consejo de Estado, en la que el valor presente se determina al
multiplicar el valor histórico por el guarismo que resuelte de dividir el índice final
de precios al consumidor certificado por el Dane, vigente al momento de
ejecutoria de la sentencia, entre el índice vigente en la fecha en que se causaron
las sumas adeudadas.
A pesar de que la decisión fue favorable para la parte demandante, en el recurso
de apelación se mostró un inconformismo debido a que se considera que la
indexación no debe aplicarse sobre las sumas adeudadas sino sobre el salario, es
decir que, a juicio del accionante, el ingreso base de liquidación debe ser
indexado hasta la fecha en la que se profirió la resolución demandada, esto es el
3 de abril del 2012, y a partir de esa actualización efectuar la reliquidación de la
mesada.
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
Pues bien, a continuación, se explicarán las razones por las cuales dicha
pretensión no tiene vocación de prosperidad:
La indexación en las condiciones descritas por la apoderada del demandante
tiene lugar en aquellos casos en los que el beneficiario se ha retirado del servicio
mucho tiempo antes de cumplir el requisito de la edad, razón por la que en la
fecha en la que se efectúa el reconocimiento del derecho los valores de los
factores salariales que conforman el ingreso base de liquidación se encuentran
desactualizados, razón por la que una vez se obtiene el monto del IBL, se hace
obligatorio traerlo a valor presente en aras de evitar que la mesada pensional se
halle disminuida en su poder adquisitivo.
En otras palabras, la indexación del ingreso base de liquidación es procedente en
aquellos eventos en los que el reconocimiento del derecho tiene lugar tiempo
después del retiro del servicio y cuenta con el propósito de salvaguardar al
pensionado de recibir una mesada carente de poder adquisitivo, es decir, de
percibir una pensión que no tenga una relación razonable con lo percibido
mientras se encontraba en servicio y descontextualizada del panorama
económico.
En ese sentido, la indexación del ingreso base de liquidación del demandante solo
cabría si, por ejemplo, se hubiese retirado del servicio en el año 1990, como en
efecto ocurrió, pero el derecho pensional solo se hubiese reconocido y empezado
a pagar años más tarde, circunstancia que no ocurre en el particular, en donde,
según consta en los documentos aportados, los efectos fiscales de la pensión en
comento ocurrieron desde el momento mismo del retiro definitivo del servicio, tal
como se consignó en el acto de reconocimiento.
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
Entonces, la actualización del ingreso base de liquidación hasta el 3 de abril del
2012 tendría lugar solo si a partir de esa fecha se hubiese efectuado el
reconocimiento y pago de la mesada, pero con valores desactualizados del año
1990. Así, como las sumas reconocidas a través de la Resolución UGM 41748 del
3 de abril del 2012 corresponden a la reliquidación de la mesada y no al
reconocimiento inicial del derecho, la obligación de la Unidad recae sobre la
indexación de esas diferencias y no del ingreso base de liquidación como tal.
Ahora, si en gracia de discusión se admitiera la indexación del IBL hasta la fecha
de emisión del acto acusado, no habría lugar al pago que la UGPP ya efectuó al
demandante en el mes de junio del año 2012, pues, como ya se ha explicado, la
indexación de la base liquidatoria tiene como propósito el pago actualizado de una
mesada causada solo con posterioridad a la fecha a partir de la cual se efectúa el
reajuste monetario.
Explicado lo anterior, la Sala encuentra que el modo en que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ordenó la indexación es el correcto, por cuanto
que dicha actualización debe efectuarse sobre las diferencias pensionales
adeudadas por la UGPP y no sobre el ingreso base de liquidación del demandante,
en atención a que en el presente proceso no se está frente a un reconocimiento
tardío del derecho, sino frente a una reliquidación de este.
2.4.2.2. Sobre el tope pensional
En la Resolución UGM 41748 del 3 de abril del 2012, la UGPP limitó el valor de la
cuantía al máximo legal vigente para la fecha de adquisición del derecho, que
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
resulta ser el contenido en el artículo 2 de la Ley 71 de 1988, correspondiente a
15 s.m.l.m.v., decisión que fue avalada por el juez de primera instancia.
La parte demandante se muestra inconforme con la anterior determinación;
estima que la Unidad aplicó una norma que ya no tiene vigencia y que la pensión,
si bien sí debe estar sujeta a máximos legales, debe atender, de forma
progresiva, los límites que han establecido la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 del
2003, que son de 20 s.m.l.m.v y 25 s.m.l.m.v., respectivamente.
Así, las consideraciones del apelante sobre este particular tampoco tienen
vocación de prosperidad por los siguientes motivos:
El legislador fijó límites máximos pensionales con el propósito de reducir los
subsidios del Estado a las pensiones más altas, garantizar que los pensionados
de menores ingresos también tuvieran acceso al pago oportuno de sus
prestaciones y el derecho a la igualdad. Estas razones son las que impiden
concebir un régimen pensional sin topes en las mesadas y las que han inspirado
al legislador para establecerlos desde la Ley 4 de 1976.
Para poder establecer cuál es el tope aplicable a la mesada del señor Eduardo
Suescun es necesario definir cuál es la norma que rige, en ese aspecto, su
situación pensional. De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el
demandante cumplió la totalidad de requisitos para adquirir el derecho a una
pensión vitalicia de jubilación el 8 de noviembre de 1989, como se consignó en la
Resolución número 35 del 7 de enero de 1992 y se reiteró en la Resolución UGM
41748 del 3 de abril del 2012, afirmación que no ha sido discutida por ninguna de
las partes.
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Demandante: Eduardo Suescun Monroy
En ese sentido, actualmente es pacífica la posición del Consejo de Estado según
la cual la ley que gobierna las condiciones de un reconocimiento prestacional es
aquella que se encuentre vigente al momento de la causación del derecho. En
ese sentido, debe decirse que la causación del derecho pensional ocurre en el
momento en el que el beneficiario cumple la totalidad de exigencias legales para
ello, que para el presente caso resultan ser los requisitos de edad y tiempo de
servicio.
Entonces, teniendo en cuenta que el demandante satisfizo los mencionados
requisitos el día 8 de noviembre de 1989, es esa la fecha de consolidación de su
derecho pensional, evento que implica que son las normas vigentes en ese
momento las que deben gobernar las condiciones del reconocimiento. Así, para la
época se encontraba aun en vigencia la Ley 71 de 1988, la cual consignaba un
tope pensional de 15 s.m.l.m.v.
Por lo anterior, la Sala estima que es ese el tope pensional que le debe ser
aplicado al demandante. Ahora, es cierto que la Ley 100 de 1993 aumentó el
aludido tope a 20 s.m.l.m.v., pero también lo es que esa norma entró en vigencia
el 4 de abril de año 1994, lo que quiere decir que ese límite solo puede ser
aplicado a los derechos pensionales causados con posterioridad a ese momento,
a menos que exista una excepción expresa, tal como sucede con el parágrafo del
artículo 35 de esa norma.
Así, el citado parágrafo señala que el nuevo tope pensional también será aplicado
a aquellas pensiones reconocidas con posterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992, lo cual ocurrió el 18 de mayo de ese año. En
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consecuencia, como la pensión del señor Suescun Monroy no se causó ni se
reconoció con posterioridad a la mencionada data, no es posible aplicar
retroactivamente el régimen general de pensiones.
En ese sentido, no es admisible la solicitud de la parte apelante con la que
pretende que se apliquen progresivamente los topes pensionales y que se dé por
configurado el derecho en el año 2012, con la expedición de la resolución
demandada, pues la consolidación del derecho no depende de la fecha de su
reconocimiento, sino de la fecha en la que se cumpla la totalidad de requisitos
legalmente establecidos, lo que en el caso particular ocurrió en el año 1989, en
vigencia de la Ley 71 de 1988 y antes de la entrada en rigor de las Leyes 4 de
1992, 100 de 1993, 797 del 2003 y del Acto Legislativo 01 del 2005.
Tampoco es acertada aquella apreciación según la cual el Acto Legislativo 01 del
2005 pudo desmejorar las condiciones de los topes pensionales, por lo que, si la
norma tiene la potestad de aminorar las condiciones de una mesada pensional,
también tiene la facultad de mejorarlas. La anterior afirmación no es más que una
mera conjetura en la que no pueden sustentarse decisiones judiciales; además,
contraría, por ejemplo, principios fundamentales del derecho como el de
progresividad, no regresividad y derechos adquiridos.
En ese sentido, la mera posibilidad de que una norma pudiera llegar a afectar
derechos pensionales adquiridos no es óbice para acceder a la aplicación
inmediata de beneficios consignados en normas que no le son aplicables al
peticionario. Bajo tales circunstancias, la Sala considera que la aplicación del tope
pensional vigente para el momento de la consolidación y reconocimiento del
derecho es una decisión acertada.
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Ahora, es oportuno señalar que en otras ocasiones35 se ha accedido a aplicar, por
favorabilidad, el tope pensional de 20 s.m.l.m.v. a beneficiarios de la Ley 71 de
1988; sin embargo, en tales circunstancias se tiene que los derechos pensionales
se causaron o reconocieron con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4 de
1992, es decir, en cumplimiento del requisito estipulado en el parágrafo del
artículo 35 de la Ley 100 de 1993, el cual no se encuentra configurado en esta
oportunidad, en donde tanto la configuración del derecho como su reconocimiento
tuvo lugar antes de la vigencia de las citadas normas.
Finalmente, vale la pena aclarar que el principio de favorabilidad requiere la
existencia de un conflicto o una duda en la aplicación o interpretación de una
norma, de modo que debe acogerse la que más beneficios aporte al interesado,
circunstancia a la que no se enfrenta el presente proceso, toda vez que no se está
ante dos interpretaciones de una norma o la posibilidad de aplicar dos leyes, una
más favorable que la otra, sino que, por el contrario, se pretende la omisión de
una disposición legal vigente para el momento de configuración del derecho y la
aplicación de otra que no había entrado en vigor para tal momento.
Por las anteriores apreciaciones, se confirmará la sentencia apelada del 25 de
agosto del 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, en atención a que no se encontraron razones jurídicas
válidas para acceder a lo pedido por la parte demandante en el recurso de
apelación.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 20001 23 33 000 2013 00093 01
(0962-15), M.P. Dr. William Hernández Gómez; y Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, radicado 20001 23 33 000 2013 00091 01 (1245-15) M.P. Dr. Gabriel Valbuena
Hernández.
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2.5 De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201636, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
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Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. del
artículo 365 del Código General del Proceso37, la Sala condenará en costas de
segunda instancia a ambas partes porque ambos recursos de apelación serán
resueltos desfavorablemente y ambas partes intervinieron el en trámite de la
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala concluye que, de un lado, debe declarase fallida la apelación
presentada por la UGPP y, de otro, declarar que no hay lugar a acceder a la
indexación del IBL de la pensión del señor Eduardo Suescun, ni a la aplicación
progresiva de los topes pensionales de que tratan las Leyes 100 de 1993 y 797 del
2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F ALLA:
Primero. Declarar fallida la apelación presentada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, UGPP, contra la sentencia del primera instancia del 25 de agosto del 2016,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
37 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Subsección D, de conformidad con lo señalado en el acápite de consideraciones
de esta providencia.
Segundo. Confirmar la sentencia apelada del 25 de agosto del 2016, dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor
Eduardo Suescun Monroy en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en
virtud de los argumentos expuestos en la parte considerativa de este fallo.
Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a ambas partes, de acuerdo
con lo explicado previamente, las cuales serán liquidadas por el juez de primera
instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
portal Samai
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente38
LBC
38 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
43
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