Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02556-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02556-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-02556-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de agosto de 2025
Radicado: 52000-23-42-000-2014-02556-01 (3433-2021)
Demandante: Dora Marina Carrillo de Puentes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52000-23-42-000-2014-02556-01 (3433-2021)
Demandante: Dora Marina Carrillo de Puentes
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones
Tema: Régimen de transición de la Ley 100 de 1993- Acuerdo 049 de
1993- Decreto 758 de 1990.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección “A” que concedió
las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
2.1.1. Pretensiones
2. La señora Dora Marina Carrillo de Puentes, por intermedio de apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, solicitó declarar la nulidad de
las Resoluciones 10927 de 25 de marzo de 2011, 044864 de 28 de noviembre de 2011
y VPB 6637 de 1. ° de noviembre de 2013 por medio de las cuales la entidad
demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez.
1 Archivo “Cuaderno 01 Demanda” contenido en el índice 9 de Samai.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante
CPACA.
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3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó que se declare que la demandante tiene derecho a que
Colpensiones le reconozca y pague una pensión de vejez a partir del 24 de febrero de
2009, fecha en la cual adquirió el derecho.
4. Así mismo, pretende que se ordene a la demandada reconocer una pensión
vitalicia en los siguientes términos:
5. Por otra parte, pretende que se ordene a Colpensiones a reliquidar las mesadas
dejadas de percibir desde el mes de febrero de 2009, fecha en la que se adquirió el
derecho hasta que se dé cumplimiento a la sentencia, con la totalidad de los valores a
los que tiene derecho, teniendo en cuenta para la cuantía las primas de servicios, de
navidad, sumados a los valores salariales descritos anteriormente.
6. Finalmente solicitó que se ordene a la demandada a dar cumplimiento al fallo y
que se condene al pago de costas.
2.1.2. Hechos
7. Que la señora Dora Marina Carrillo de Puentes nació el 24 de febrero de 1954, por
lo que, para el 12 de mayo de 2009, fecha en la que solicitó su pensión de vejez,
contaba con 55 años de edad y un total de 1111 semanas de cotización al Instituto de
Seguro Social (en adelante ISS).
8. El ISS profirió la Resolución 010927 de 25 de marzo de 2011 por medio de la cual
negó el reconocimiento de la pensión de vejez de la demandante. Para el efecto
consideró que la solicitante perdió el régimen de transición por traslado del régimen
pensional al fondo de pensiones Horizonte.
9. Mediante Resoluciones 44864 de 28 de noviembre de 2011 y VPB 6637 de 1. ° de
noviembre de 2013, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos
contra la anterior decisión, confirmándola en su totalidad. En el último acto
Colpensiones precisó que pese a que la actora acreditaba su condición de beneficiaria
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no se demostró que cumpliera los
requisitos legales previstos en el Acuerdo 049 de 1990 y tampoco en la Ley 71 de
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1988; razón por la que estudió la prestación a la luz de la Ley 100 de 1993 y concluyó
que no había lugar a su reconocimiento.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
10. Como normas vulneradas citó los artículos 2. °, 6. ° y 25 de la Constitución
Política; 10 del Código Civil; 34 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de
2005.
11. En el concepto de violación señaló que los actos acusados vulneraron las
normas invocadas al negar el reconocimiento pensional a la demandante, pues se
estimó que había perdido el régimen de transición al trasladarse al régimen de ahorro
individual, sin tener en cuenta que a 1. ° de abril de 1994, la señora Carrillo de Puentes
tenía más de 15 años de servicios.
12. Además, desconocieron que al cambiarse nuevamente al régimen de prima media,
en cumplimiento de un fallo de tutela, se realizó el traslado de todo el ahorro que había
efectuado la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad.
13. Finalmente, sostuvo que cotizó 1.111 semanas al ISS por lo que era dable el
reconocimiento pensional de acuerdo con la norma más favorable.
2.2. Contestación de la demanda.
14. La Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones 3, a través de
apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma.
15. Señaló que tal como se indicó en la Resolución VPB 6637 de 1. ° de noviembre de
2013, la demandante es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
sin embargo, no era posible reconocer la pensión bajo los lineamientos del Acuerdo
049 de 1990, pues no acreditó haber cotizado un mínimo de 500 semanas de
cotización exclusivas al ISS dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la
edad o 1000 semanas cotizadas de forma exclusiva al ISS en cualquier tiempo.
16. Propuso la excepción de falta de jurisdicción y competencia, pues los conflictos
que tienen origen en el vínculo laboral de un trabajador oficial son competencia de la
jurisdicción laboral.
17. Indicó que la demandante no solicitó el reconocimiento pensional de acuerdo con
las directrices aplicables para los empleados públicos, sino la aplicación del Acuerdo
3 Archivo “13ContestaciónDemanda” contenido en el índice 9 de Samai.
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049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que es la normatividad
prevista para los trabajadores oficiales.
2.3. La sentencia apelada.
18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”
a través de la sentencia de 6 de agosto de 20204, concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda.
19. Como fundamento de su decisión señaló en primer lugar, que de conformidad con
el fallo de tutela proferido por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá
se ordenó AFP Horizonte autorizar el traslado de la señora Carrillo de Puentes a
Colpensiones, pues a 1. ° de abril de 1994, contaba con más de 15 años de servicio y
el traslado al régimen de ahorro individual se realizó cuando le faltaban menos de 10
años para adquirir la pensión. Dicho traslado se aprobó a partir de 13 de diciembre del
mismo año.
20. Sostuvo que, de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional el
afiliado que pretenda recuperar el régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 debe cumplir con los siguientes requisitos: a) en cualquier tiempo
los afiliados con 15 años o más de servicios prestados o semanas cotizadas a 1. ° de
abril de 1994 o 30 de junio de 1995 y para las personas que tuvieran 15 años más si
son mujeres o 40 si son hombres solo pueden trasladarse de régimen una vez cada
cinco (5) años a partir de la selección inicial, salvo que les faltare 10 años o menos
para cumplir la edad para tener derecho a la pensión, caso en cual no podrán
trasladarse y si el traslado se efectuó ello no da lugar a recuperar el régimen de
transición y b) trasladar el saldo de la cuenta de ahorro individual al régimen de prima
media el cual no puede ser inferior al monto total del aporte legal en caso de que
hubiere permanecido en el régimen de prima media.
21. De acuerdo con lo anterior, estimó que la demandante conservó el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, pues a 1. ° de abril de 1994, tenía 15 años de
servicios y 35 años de edad, y se encontraba cotizando al ISS, por lo que era
procedente la aplicación del Decreto 758 de 1990, lo anterior, teniendo en cuenta que
dicho régimen admite la acumulación de cotizaciones realizadas al ISS con las
realizadas a otros fondos.
22. Señaló que en el presente asunto, a pesar que la demandante se refirió al
reconocimiento bajo los parámetros previstos en la Ley 100 de 1993 modificada por la
Ley 797 de 2002, en uno de los actos acusados, esto es, la resolución VPB 6637 de
1.° de noviembre de 2013, la demandada estudió el derecho pensional conforme el
4 Archivo “42fALLO” contenido en el índice 9 de Samai.
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Decreto 758 de 1990, lo que habilita al juez para pronunciarse sobre esa norma y en
ese sentido, no se vulnera el principio de congruencia de la sentencia.
23. Precisó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para obtener la
pensión en virtud del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos
de servicios tanto del sector público cotizados a cajas o fondos de previsión social
como del sector privado cotizados al ISS.
24. Así las cosas, sostuvo que de conformidad con el Acuerdo 049 y el Decreto 758
de 1990, la demandante tenía derecho al reconocimiento de su pensión en tanto
acreditó cumplir con los requisitos establecidos para ello, esto es, contar con 55 años
de edad (en el caso de las mujeres) y un mínimo de 500 semanas de cotización
pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades
mínimas, esto es, entre los 35 y los 55 años, o haber acreditado 1000 semanas de
cotización en cualquier tiempo.
25. Adujo que la demandante nació el 26 de febrero de 1954, es decir que, a 24 de
febrero de 2009, tenía 55 años y que durante toda su vida laboral cotizó más de 1000
semanas, por lo que su pensión sería reconocida en cuantía del 81% del salario
promedio de los últimos 10 años de servicios cotizados, teniendo en cuenta el
promedio de los aportes a pensión a partir de febrero de 2009, pero con pago a partir
del 18 de junio de 2011 por haber operado la prescripción.
26. Para fundamentar lo anterior, señaló que la demandante adquirió el estatus de
pensionada el 24 de febrero de 2009, solicitó el reconocimiento de la pensión el 12 de
mayo de 2009 y radicó la demanda el 18 de junio de 2014, es decir, que transcurrió un
periodo superior a los 3 años entre la solicitud de reconocimiento y la presentación de
la demanda.
2.4. Recurso de apelación.5
27. La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia en el que solicitó a la Sala que revocara dicha decisión y en su lugar,
se negaran las pretensiones de la demanda.
28. Señaló que los actos acusados se encuentran ajustados a la normativa aplicable,
pues a la demandante no le asiste derecho a la pensión reconocida. Indicó que lo
solicitado por la señora Dora Marina Carrillo de Puentes debe revisarse bajo los
parámetros previstos en la Ley 100 de 1993, pues a la fecha en la adquirió el estatus
de pensionada, esto es, el 24 de febrero de 2009, se encontraba con plena vigencia la
Ley 797 de 2003 que modificó la Ley 100 de 1993.
5 Folio 249 del expediente.
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29. Indicó que, de acuerdo con dichas disposiciones, para adquirir la pensión de vejez
el afiliado debe cumplir con dos requisitos (i) haber cumplido 55 años de edad (si es
mujer y a partir del 1. ° de enero de 2014 la edad incrementaría a 57 para las mujeres
y (ii) haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo y a partir del 1.
° de enero 2006 se incrementaría en 25 cada año hasta llegar a 1300 en semanas en
2015.
30. Precisó que, la demandante cuenta con 64 años de edad, que cotizó 576.14
semanas al ISS al 30 de noviembre de 1999 y que registra cotizaciones Cajanal entre
el 30 de abril 1984 y 12 de agosto de 1985 que equivale a 66 semanas y entre el 13
de agosto de 1986 y el 8 de marzo de 1992, que equivalen a 287 semanas , por lo
que aunque demostró cumplir con el requisito de la edad contemplado en la norma, no
acreditó el número de semanas cotizadas, pues solo certificó un total de 929 semanas,
por lo cual no es posible acceder a lo solicitado.
2.5. Trámite en segunda instancia
31. A través de auto de 12 de noviembre de 20216, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y se ordenó correr traslado al agente del Ministerio
Público para conceptuar en segunda instancia.
32. Las partes demandante, demandada y el agente del Ministerio Público y
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
33. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia
34. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas partes
apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
6 Índice 3 de Samai.
7 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el
de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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35. En el asunto objeto de estudio, la parte demandada apeló la decisión de primera
instancia, por lo que la Sala competencia de la Sala se encuentra limitada a los
aspectos expuestos en el recurso.
3.3. Problema Jurídico
36. Corresponde a la Sala determinar si la demandante tiene derecho a que su pensión
sea liquidada de conformidad con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, esto
es, ateniendo a las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de 1990
ó si dicha pensión debe ser reconocida de conformidad con la Ley 100 de 1993 y la
Ley 797 de 2003.
3.3.1. Aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
a las personas que presentan traslado de régimen.
59. La Ley 100 de 19938 dispuso en su artículo 36 un régimen de transición a favor
de las personas que se encontraban vinculadas al sistema pensional anterior, por esta
razón el inciso 2º de la norma en cita, determinó que sus beneficiarios serían quienes
al momento de entrar en vigencia la ley tuvieran 35 años de edad en el caso de las
mujeres y 40 años de edad en el caso de los hombres y 15 o más años de servicios
cotizados. Las personas amparadas por el régimen de transición, conservarían la
edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de
vejez determinados conforme lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.
60. Así mismo, el inciso 4º del artículo en cita, determinó que el régimen de
transición no era aplicable “para las personas que al momento de entrar en vigencia el
régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40)
o más años de edad si son hombres, cuando estas personas voluntariamente se
acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se
sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.” (Negrillas
Extratexto)
61. En igual sentido el inciso 5º ibidem, estableció que tampoco sería aplicable “para
quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan
cambiarse al de prima media con prestación definida.”
62. De otra parte, el artículo 13 de la Ley 100 de 19939 permitió a los afiliados al
Sistema General de Pensiones escoger el régimen pensional que prefieran, no
8 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
9
Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá las
siguientes características:
(…)
e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez
efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 3 años, contados a
partir de la selección inicial, en la forma que señale el gobierno nacional;
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obstante, una vez efectuada la selección inicial, solo podrán trasladarse de régimen
por una sola vez cada 3 años, contados desde la selección inicial.
63. Disposición que fue retirada en el artículo 310 del Decreto 692 de 1994 “Por el
cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993”. Además, el artículo 11 de la
disposición en cita señaló: “La selección del régimen implica la aceptación de las
condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.”
64. Se concluye entonces que el legislador no estableció un término para realizar la
selección inicial de régimen pensional una vez entró a regir la Ley 100 de 1993, así
como tampoco obligó a permanecer vitaliciamente en el régimen escogido, orientación
que se acompasa con el derecho del afiliado a la libre escogencia de fondo.
65. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-789 de 200211
declaró exequibles condicionalmente los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, teniendo en cuenta que “no se aplican a quienes habían cumplido quince (15)
años o más de servicios cotizados, al momento de entrar en vigencia el sistema de
seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993”, para quienes el monto de la
pensión debía calcularse con fundamento en las disposiciones anteriores.”
66. De otra parte la aludida sentencia, declaró la exequibilidad del inciso 5 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que “el régimen de transición se
aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, se
trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el
requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en
vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen
de prima media prestación definida, siempre y cuando: a) trasladen a este todo el
ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y b) dicho ahorro
no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren
permanecido en el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo trabajado les será
computado en el régimen de prima media,”
67. Con posterioridad el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 modificó el artículo 13 de
la Ley 100 de 1993 y estableció en su literal e) que una vez efectuada la selección
inicial de régimen pensional, solo podría trasladarse de régimen por una sola vez cada
cinco años, contados desde la selección inicial, y que “Después de un (1) año de la
vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le
faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión
de vejez.”13
10 Artículo 3o. Selección de Régimen pensional. A partir del 1° de abril de 1994, los afiliados al Sistema General de
Pensiones previsto en la ley 100 de 1993, podrán seleccionar cualquiera de los dos regímenes que lo componen.
En consecuencia, deberán seleccionar uno de los siguientes regímenes:
a) Régimen solidario de prima media con prestación definida;
b) Régimen de ahorro individual con solidaridad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 100 de 1993, ninguna persona podrá estar
simultáneamente afiliado a los dos regímenes del Sistema.
11
Sentencia del 24 de septiembre de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil.
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68. Disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C- 1024 de 2004, bajo el entendido de que “las personas que reúnen las
condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se
hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar
a este -en cualquier tiempo-, conforme a los términos señalados en la sentencia C-
789 de 2002”.
69. Mas adelante el Decreto 3800 de 200312 dispuso que “el evento en que una
persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados
o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que
estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para tener
derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los siguientes
requisitos:
“a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro
individual con Solidaridad, y
b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riego de vejez,
correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima
Media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último
(…)
Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no
se tendrá en cuenta el valor del bono pensional.”
70. No obstante, este Corporación15 declaró la nulidad de las expresiones “cumplan
con los siguientes requisitos: “, “a) y “b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del
aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en caso que hubieren
permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimiento que se
hubieran obtenido en este último”, así como del inciso final que dispone que “Para
efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no se tendrá
en cuenta el valor del bono pensional”.
71. Sobre el particular en sentencia T- 818 de 200713 la Corte Constitucional orientó
que la exigencia de condiciones imposibles para ejercer el derecho de las personas a
cambiar de régimen aun faltándoles menos de diez años para obtener el derecho a la
pensión, es inconstitucional, puesto que no se puede condicionar la realización del
derecho a la libre escogencia de régimen pensional mediante elementos que hagan
imposible su ejercicio, por esta razón en esa oportunidad ordenó a la AFP efectuar el
traslado del actor, por el hecho de estar dentro del régimen de transición, sin el
cumplimiento de la equivalencia de ahorro establecido en la sentencia C- 789 de
2002.
12
Por el cual se reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la
Ley 797 de 2003.
13
Referencia: expediente T-1635513. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería.
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72. Mas adelante el Decreto 3995 de 2008, dispuso en su artículo 7 que “Para
todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje
correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.”, mientras que en
el artículo 12 estableció que “Las personas vinculadas al RAIS a las que les falten
menos de 10 años para cumplir la edad para la pensión de vejez del Régimen de Prima
Medía, podrán trasladarse a este únicamente si teniendo en cuenta lo establecido por
las Sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 de 2004, recuperan el régimen de
transición”; para ello la AFP a la cual se encuentre vinculado el afiliado que presenta
la solicitud de traslado, “deberá remitir toda la información necesaria para que el ISS
realice el cálculo respectivo conforme a lo señalado en el artículo 7° del presente
decreto.”
73. Con fundamento en lo anterior la Corte Constitucional a través de la sentencia
SU-062 de 201017, ajustó la jurisprudencia constitucional a la normatividad vigente y
reiteró los planteamientos de la sentencia C- 789 de 2002 y C- 1024 de 2004, cuando
manifestó que “algunas de las personas amparadas por el régimen de transición
pueden regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando previamente
hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan traslado a él, con el fin de
pensionarse de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 1993. Estas personas
son las que cumplan los siguientes requisitos:
“(i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años cotizados.
(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el
régimen de ahorro individual
(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto
total del aporte legal correspondiente en caso de que se hubieren permanecido en el
régimen de prima media.” (Negrillas Extratexto)
74. En igual sentido, en la citada sentencia de unificación, advirtió que : “es factible
que la imposibilidad de satisfacer la exigencia de la equivalencia del ahorro no
provenga, hoy en día, de las reglas sobre la distribución del aporte contenidas en la
ley 797 de 2003, sino que se derive de la diferencia en la rentabilidad que producen
los dos regímenes pensionales sobre los dineros aportados”, aspecto al que se dio
solución acudiendo a los argumentos de la sentencia C-030 de 2009 y concluyó que
“no se puede negar el traspaso a los beneficiarios del régimen de transición del
régimen de ahorro individual al régimen de prima media por el incumplimiento del
requisito de equivalencia del ahorro sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten,
en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en
el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en
caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.”
75. En ese orden de ideas y en una interpretación armónica de las sentencias C-
789 de 2002, C- 1024 de 2004 y SU 062 de 2010 de la Corte Constitucional y 1095 de
2007 de esta Corporación, así como de los Decretos 3800 de 2003 y 3995 de 2008,
se concluye que las personas que se afiliaron al régimen de ahorro individual con
solidaridad, o que se trasladaron de este, pueden retornar el régimen de prima media
con prestación definida, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para pensionarse con el
cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas anteriores al SGSS, siempre
que acrediten los siguientes requisitos:
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1. Acreditar 15 o más años de servicios o semanas cotizadas a la fecha
de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
2. Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan
efectuado en el régimen de ahorro individual.
3. Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior
al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren
permanecido en el régimen de prima media, y de ser inferior, pagar el valor
correspondiente a la diferencia negativa que se presente.
76. Posición reiterada por la Corte Constitucional en sentencia SU – 130 de 2013,
en la que orientó:
“(…)
10.5. En cuanto a la oportunidad para realizar el traslado del régimen de ahorro individual con
solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, a partir de la Sentencia C-1024
de 2004, se entendió que la prohibición contenida en el literal e) del artículo 13 de la Ley
100/93, en el sentido que no podrán trasladarse quienes les falte diez (10) años o menos para
cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, no aplica para los sujetos del régimen
de transición por tiempo de servicios cotizados, quienes podrán hacerlo “en cualquier tiempo”,
conforme a los términos señalados en la Sentencia C-789 de 2002. La referencia hecha a este
último fallo, por parte de la Sentencia C-1024 de 2004, no significa cosa distinta a que solo
quienes cumplen con el requisito de tiempo se servicios cotizados (15 años o más) pueden
retornar sin límite temporal alguno al régimen de prima media, pues son los únicos afiliados
que no pierden el derecho al régimen de transición por efecto del traslado.
10.6. No sucede lo mismo, en cambio, con quienes son beneficiarios del régimen de transición
por edad, pues como quiera que el traslado genera en esta categoría de afiliados la pérdida
automática del régimen de transición, en el evento de querer retornar nuevamente al régimen
de prima media, por considerar que les resulta más favorable a sus expectativas de pensión,
no podrán hacerlo si les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener
derecho a la pensión de vejez, dada la exequibilidad condicionada del artículo 13 de la Ley
100/93, declarada en la Sentencia C-1024 de 2004.
10.7. Así las cosas, más allá de la tesis jurisprudencial adoptada en algunas decisiones de
tutela, que consideran la posibilidad de trasladado “en cualquier tiempo”, del régimen de ahorro
individual al régimen de prima media, con beneficio del régimen de transición para todos los
beneficiarios de régimen, por edad y por tiempo de servicios, la Corte se aparta de dichos
pronunciamientos y se reafirma en el alcance fijado en las sentencias de constitucionalidad, en
el sentido de que solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima
media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen de transición, los afiliados
con 15 años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994.
(…)
10.11. En el caso de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema General
de Pensiones, tuvieren treinta y cinco (35) años o más si son mujeres, o cuarenta (40) años o
más si son hombres, éstas pueden trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5)
años contados a partir de la selección inicial, salvo que les falte diez (10) años o menos para
cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, evento en el cual no podrán ya
trasladarse. En todo caso, de ser viable dicho traslado o haberse efectuado el mismo al
momento de proferirse la presente providencia, ello no da lugar, bajo ninguna circunstancia, a
recuperar el régimen de transición.
10.12. Finalmente, no está por demás precisar que, respecto de los demás afiliados al SGP,
es decir, quienes no son beneficiarios del régimen de transición, para efectos del traslado de
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régimen pensional, también se les aplica la regla anteriormente expuesta, contenida en el
literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, conforme fue modificado por el artículo 2° de la Ley
797 de 2003, ambas normas interpretadas por la Corte, con efectos de cosa juzgada
constitucional, en las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004.
10.13. Así las cosas, con el fin de reconocerle efectos vinculantes a la presente decisión, en
la parte resolutiva de este fallo, se incluirá el criterio de unificación adoptado en torno al tema
del traslado de regímenes pensionales, en el sentido de que únicamente los afiliados con
quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en
vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del
régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación
definida, conservando los beneficios del régimen de transición.
(…)”
77. Conforme a lo expuesto, la Corte Constitucional unificó jurisprudencia respecto
a la pérdida del derecho de transición por traslado de régimen, orientación de la que
se extraen las siguientes conclusiones:
1. Conservan los beneficios del régimen de transición contenido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y pueden trasladarse en cualquier tiempo del RAIS AL
RPM, las personas que, al 1 de abril de 1994 o 30 de junio de 1995, según sea
el caso, acumulen 15 o más años de servicios.
2. Las personas beneficiarias del régimen de transición, por edad, lo
conservarán si habiendo elegido el régimen de prima media con prestación
definida, se mantienen en dicho régimen una vez expedida la Ley 100 de 1993;
o si ocurrió un traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad que no era
jurídicamente viable o voluntario.
3. Las personas que inicialmente son beneficiaria del régimen de transición por
edad pero no cumplen el requisito de los 15 años de servicios a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo pierden al trasladarse
voluntariamente al RAIS, aunque pueden trasladarse de régimen por una sola
vez cada 5 años contados a partir de la selección inicial, salvo que les falte 10
años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, y
en todo caso, precisó la Corte, de haberse efectuado el traslado al momento de
proferirse la sentencia SU-130 de 2013, esta circunstancia no da lugar a
recuperar el régimen de transición.14
3.3.2. Del reconocimiento pensional establecido en el Acuerdo 049 de 1990.
78. Uno de los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993 es el
consignado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo
año, en cuyo artículo 12 establece que tienen derecho a la pensión de vejez las
personas que cumplieran conjuntamente el requisito de edad (55 años o más de edad
para las mujeres y 60 años o más de edad si se es hombre) y alguno de los siguientes
supuestos: (i) un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos
14
Ver párrafo 10.11 de las consideraciones de la sentencia SU-130 de 2013.
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20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima; o (ii) 1000 semanas de
cotización sufragadas en cualquier tiempo. Esto con el siguiente tenor:
ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de
edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en
cualquier tiempo.
ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. La pensión de
vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos
establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para
que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta
la última semana efectivamente cotizada por este riesgo. “
79. Dicho acuerdo fue aprobado por el Decreto 758/9015.
80. El IBL del régimen aplicable a los afiliados del ISS era el siguiente:
“ARTÍCULO 20. INTEGRACION DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO
COMUN Y DE VEJEZ. Las pensiones de invalidez por riesgo común y por vejez, se
integrarán así:
I. PENSIONES DE INVALIDEZ. (…)
II. PENSION DE VEJEZ.
a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual
de base y,
b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base
por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con
posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización. El valor total de la
pensión no podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser inferior al salario
mínimo legal mensual ni superior a quince veces este mismo salario.
PARÁGRAFO 1o. El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33,
la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el
trabajador en las últimas cien (100) semanas.
El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de meses.
15 ARTICULO 1o. Apruébase el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990, emanado del Consejo Nacional de
Seguros Sociales Obligatorios.
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PARÁGRAFO 2o. La integración de la pensión de vejez o de invalidez de que trata este
artículo, se sujetará a la siguiente tabla:
NUMERO % INV. % INV.P. % GRAN VEJEZ
SEMANAS P.TOTAL ABSOLUTA INV.
500 45 51 57 45
550 48 54 60 48
600 51 57 63 51
650 54 60 66 54
700 57 63 69 57
750 60 66 72 60
800 63 69 75 63
850 66 72 78 66
900 69 75 81 63
950 72 78 84 72
1.000 75 81 87 75
1.050 78 84 90 78
1.100 81 87 90 81
1.150 84 90 90 84
1.200 87 90 90 87
1.250 o más 90 90 90 90
Número de semanas: Número de semanas cotizadas.
%,Inv. P. Total: Porcentaje Invalidez Permanente Total.
% Inv. P. Absoluta: Porcentaje Invalidez Permanente Absoluta.
% Gran Inv.: Porcentaje Gran Invalidez.
81. Mediante Sentencia SU-769/14, la Corte Constitucional señaló que para efectos del
reconocimiento de esta prestación es posible acumular los tiempos de servicios
cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización
efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes
a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990. Así
mismo señaló que tal acumulación es válida no solo para los casos en que fueron
acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo, sino también para los eventos en los
que se demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
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82. Finalmente, también advirtió que es posible acumular el tiempo laborado en
entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a
alguna caja o fondo de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de
Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede
limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no
haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que
deba soportar el trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía
dicha carga prestacional.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De las pruebas
83. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte como
relevantes las siguientes pruebas:
• La señora Dora Marina Carrillo de Puentes nació el 24 de febrero de 1954.
• En la Resolución 010927 de 25 de marzo de 2011 Colpensiones negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación de la demandante, por estimar que
esta no era beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de
la ley 100 de 1993, ni cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 33 de
la misma disposición para adquirir el derecho.16
• Mediante Resoluciones 44864 de 28 de noviembre de 2011 y VPB 6637 de 1. °
de noviembre de 2013, se resolvieron los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra la anterior decisión, confirmándola en su totalidad. 17
• En la Resoluciones 44864 de 28 de noviembre de 2011 se indicó que la
demandante solicitó el reconocimiento de su pensión en los términos previstos
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1190.18
• De acuerdo con las certificaciones de información laboral, la señora Dora Marina
Carrillo de Puentes prestó sus servicios durante los siguientes periodos:
15 de julio de 3 de octubre de AFP Horizonte- 11 años, 2
1972 1983 trasladadas a meses y 16
Colpensiones 19 días o 577
semanas
Inurbe 20 30 de abril de 15 agosto de Cajanal 1 año, 3
1984 1985 meses y 14
16 Folio 1 del archivo “anexos” contenido en el índice 9 de SAMAI
17 Folio 6 y siguientes del archivo “anexos” contenido en el índice 9 de SAMAI
18 Folio 6 y siguientes del archivo “anexos” contenido en el índice 9 de SAMAI
19 Folio 18 y siguientes del archivo “anexos” contenido en el índice 9 de SAMAI
20 Folio 13 del archivo “anexos” contenido en el índice 9 de SAMAI
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días o 67
semanas
Inurbe 21 13 de agosto de 8 de agosto de Cajanal 5 años 11
1986 1992 meses y 24
días o 287
semanas
16 de junio de 7 de marzo de AFP Horizonte- 8 meses y 20
1993 1994 trasladadas a días o 37
Colpensiones 22 semanas
Instituto 22 de enero Colpensiones 1 mes y 27
Colombiano de 24 de 1995 días o 8
Bienestar noviembre de semanas
familiar23 1994
Instituto 17 de marzo de 19 de agosto de Colpensiones 2 años, 5
Colombiano de 1995 1997 meses y 2
Bienestar días. o 125
familiar24 semanas
1101
semanas
En cumplimiento del fallo de tutela de 30 de noviembre de 2010 proferido por el
Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, se aprobó el traslado de BBVA
Horizonte Pensiones y Cesantías al Instituto de Seguro Social a partir del 13 de
noviembre de 2010.25
3.5.2. Análisis de la Sala
84. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición para
quienes a la fecha de la entrada en vigencia de dicha ley hubieran cumplido 35 años
de edad, si fueran mujeres, y 40 si fueran hombres; o 15 años de servicios.
85. De las pruebas allegadas se advierte que al 1. ° de abril de 1994 fecha de entrada
en vigencia de la Ley 100 del 1993, la demandante tenía más de 35 años de edad,
toda vez que nació el 24 de febrero de 1954, por lo cual en principio se encuentra
amparada por el régimen de transición.
86. No obstante, el Acto Legislativo 01 de 2005 en su artículo 1º, Parágrafo transitorio
4°, señaló que el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás
normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio
de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada
21 Folio 13 del archivo “anexos” contenido en el índice 9 de SAMAI
22 Folio 18 y siguientes del archivo “anexos” contenido en el índice 9 de SAMAI
23 Folio 43 del archivo “anexos” contenido en el índice 9 de SAMAI
24 Folio 43 del archivo “anexos” contenido en el índice 9 de SAMAI
25 Folio 46 del archivo “anexos” contenido en el índice 9 de SAMAI
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en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen
hasta el año 2014.
87. De acuerdo con los informes de tiempos laborados, y el fallo de tutela allegado al
proceso, y la demandante registró un total de 1101 semanas cotizadas, sin embargo,
solo 747 semanas de esas semanas fueron cotizadas en el Instituto de Seguros
Sociales.
88. A pesar de lo anterior, resulta necesario señalar que de acuerdo con los
pronunciamientos de la Corte Constitucional señalados en acápites anteriores, es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por
cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
89. Así mismo, se encuentra demostrado que al momento de entrar en vigencia el
Acto Legislativo 01 de 2005 contaba con más de las 750 semanas cotizadas, exigidas
para seguir cobijada con el régimen de transición.
90. De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que la accionante, en efecto, es
beneficiaria del régimen de transición de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y, con ello le son aplicables las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 26, esto
por cuanto se afilió al ISS, desde el 17 de julio de 1972 y realizó cotizaciones hasta el
20 de agosto de 1997.
91. No es objeto de discusión que sumado el tiempo laborado por la asegurada a
entidades de previsión del sector público y el cotizado al ISS, acredita un total de 7.780
días, que equivalen a 1.111 semanas, equivalentes a 21 años, 7 meses y 10 días.27
92. Como ya se expuso, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 exige como requisitos
para el reconocimiento pensional 55 años o más de edad para las mujeres y 60 años
o más de edad si es hombre y alguno de los siguientes supuestos: (i) un mínimo de
500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima; o (ii) 1000 semanas de cotización sufragadas en
cualquier tiempo.
93. En efecto la demandante, cumplió los 55 años de edad requeridos por el Acuerdo
mencionado el 24 de febrero de 2009 y acreditó 1.111 semanas de las exigidas en la
norma.
94. Por lo anterior, es claro que a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento
pensional conforme el régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990 como lo realizó el
A quo y no en los términos de la Ley 100 de 1993, como lo alega el recurrente.
26
«por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.»
27
Así se consignó en la Resolución 010927 de 25 de marzo de 2011 y en sus actos confirmatorios.
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95. Así las cosas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que concedió
parcialmente las pretensiones de la demanda.
3.6. Decisión de segunda instancia
96. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda, pues estima que la demandante tenía derecho a que su
pensión se reliquidara bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, esto es,
atendiendo a lo dispuesto en Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de 1990.
3.6. De la condena en costas en segunda instancia
97. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
98. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
99. En consecuencia, en este caso se impondrán costas a Colpensiones, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de radicado 2014-02556-00
adelantado por la señora Dora Marina Carrillo de Puentes contra Colpensiones por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: Se condena en costas de segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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