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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03282-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03282-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2019, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó el señor Cristian Andrés Valencia Muñoz en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-03282-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03282-01 (0687-2021)
Demandante: Cristian Andrés Valencia Muñoz
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Tema: Sanción disciplinaria
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandada contra la sentencia del 7 de marzo de 2019, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. El demandante solicitó la nulidad del fallo de primera instancia
del 3 de mayo del 2013 y el de segunda instancia del 12 de diciembre de 2013, que
lo sancionaron con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años;
así mismo se exigió la anulación de la Resolución nro. 00368 del 287 de enero de
2014.

3. A título de restablecimiento del derecho se peticionó la reincorporación a la
institución policial en el mismo cargo o al grado que le corresponda según su
antigüedad, el pago de los salarios y demás beneficios económicos dejados de
percibir, debidamente indexados y la indemnización de los perjuicios materiales y
morales. Se retire y cancele el antecedente disciplinario de su hoja de vida y se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 189 del CPACA.

4. Hechos. El señor Cristian Andrés Valencia Muñoz ingresó a la Policía Nacional
en el cargo de patrullero desde el 8 de mayo de 2005. Posteriormente, por hechos
ocurridos el 27 de abril de 2012, se le adelantó investigación disciplinaria dentro del
proceso con radicado COPE1-2013-6. Mediante auto del 31 de julio de 2012 se
inició indagación preliminar y el 4 de marzo de 2013 se dio apertura a la
investigación, en la que se dispuso su citación a audiencia.

1 Folios 1A, que contiene CD.

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Demandante: Cristian Andrés Valencia Muñoz

5. Como único cargo se le endilgó el vertido en el numeral 10 del artículo 34 de la
Ley 1015 de 20062, calificada como falta gravísima a título de dolo, lo que llevó
finalmente a la imposición de la sanción el 3 de mayo de 2013, decisión ante la que
interpuso recurso de apelación. Posteriormente solicitó que se corriera traslado para
presentar alegatos, lo cual no ocurrió; sin embargo, el 30 de mayo de 2013, la
entidad profirió fallo de segunda instancia en el que confirmó la sanción.

6. Por lo anterior, el actor interpuso acción de tutela por vulneración del derecho
al debido proceso y defensa, la cual fue decidida en segunda instancia por la Corte
Suprema de Justicia, que amparó sus prerrogativas fundamentales y declaró la
nulidad de todo lo actuado dentro del proceso disciplinario a partir de la notificación
del auto que concedió el recurso de apelación, para que se rehiciera dicha
actuación.

7. Luego, por Resolución 04409 del 8 de noviembre de 2013, la entidad
demandada declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución nro. 03358 de
2013, mediante la cual se ejecutó la sanción impuesta al actor y, consecuentemente,
ordenó su reintegro.

8. El 4 de diciembre de 2013, la Policía Nacional corrió traslado para alegar de
conclusión, escrito que la parte actora presentó el día 9 siguiente. El 12 de diciembre
de 2013 se dictó fallo de segunda instancia en el que se confirmó la sanción
impuesta y, finalmente, mediante Resolución 00368 del 28 de enero de 2014, se
hizo efectiva la misma.

9. Paralelamente, ante el juzgado 143 de Instrucción Penal Militar se adelantó
indagación preliminar contra el demandante por peculado culposo y, en providencia
del 16 de abril de 2013, se profirió auto inhibitorio.

10. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, la decisión cuestionada
infringió los siguientes artículos: 2, 25, y 29 de la Constitución Política; 137, 138,
152,162, 166, 179 y ss. de la Ley 1437 de 2011; 9 y 42 de la Ley 734 de 2002. Al
exponer el concepto de violación adujo que:

11. Los actos demandados se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación.
Lo anterior, por cuanto enmarcan un error de derecho en su motivación, al calificar
los hechos que le sirvieron de fundamento, ya que existe discordancia entre las
razones de hecho y de derecho.

12. Al accionante le fue imputada la falta contenida en el numeral 10 del artículo 34
de la ley 1015 de 2006, en concordancia con el delito contemplado en el artículo
397 de la ley 599 de 2000 —peculado por apropiación—, y se le indicó que la
conducta por la que fue sancionado contemplaba como verbo rector “incurrir”, lo que

2 Consistente en «[i]ncurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito, que empañe o afecte el

decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el respeto o el prestigio de la Institución, cuando se encuentre en
situaciones administrativas tales como: Franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado,
excusado de servicio, o en hospitalización.» Aparte tachado declarado inexequible por sentencia C-819 de 2006.

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lo convierte en un comportamiento de resultado que requería que el tipo penal se
hubiera consumado, lo cual no se demostró dentro del proceso.

13. Teniendo en cuenta que la falta atribuida al actor remite al ordenamiento penal
y que la conducta reprochada contiene unos elementos objetivos y subjetivos, estos
debieron ser analizados por el operador disciplinario con el fin de establecer si se
logró estructurar, lo cual no ocurrió, pues se desconoció el artículo 13 de la ley 734
de 2002, que proscribe cualquier forma de responsabilidad objetiva.

14. Por lo que, no habiéndose demostrado la intención del demandante de
apropiarse del objeto material para su provecho o el de un tercero, debió ser
absuelto.

15. Además, también existió vulneración del debido proceso y legítima defensa, ya
que no existe investigación penal en la que se haya demostrado que el accionante
incurrió en el tipo penal de peculado por apropiación y, por el contrario, por los
mismos hechos el juzgado 143 de Instrucción Penal Militar, en auto del 16 de abril
de 2013, dictó auto inhibitorio, por cuanto no se logró determinar si se presentó o
no la conducta punible.

16. Contestación de la demanda3. Dentro del término legal, la Policía Nacional
ejerció su derecho de contradicción y defensa en los siguientes términos:

17. Se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que el
proceso sancionatorio se basó en el respeto de las formas propias de cada juicio.
Refirió que el derecho penal y el disciplinado cuenta con tópicos diferenciadores
que protegen intereses jurídicos distintos, por lo que cuentan con principios rectores
y procedimientos diferentes que pueden dar lugar a decisiones similares o
divergentes.

18. Teniendo en cuenta la naturaleza de los procedimientos disciplinarios que
procuran por el cumplimiento de los deberes en el ámbito de la administración
pública, las garantías del debido proceso no tienen el mismo alcance que las que
se desarrollan en el proceso penal. Por tanto, es claro que el principio de legalidad
y la tipicidad son más rigurosos en el derecho penal, mientras en el procedimiento
disciplinario tiene cierta flexibilidad, como lo ha indicado la jurisprudencia.

19. Por ejemplo, la admisibilidad de que las faltas se consagren en tipos abiertos
que remiten a un complemento normativo integrado por las disposiciones en las que
se consagran los deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores
públicos, porque la responsabilidad en este procedimiento se establece con la
lectura sistemática de las normas que establecen las funciones.
20. Sentencia de primera instancia4. Es la dictada el 7 de marzo de 2019, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda. Con tales fines se concluyó que:
3 Folios 386-389, ibidem.
4 Folios 391-409, Ib.

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21. Al demandante se le imputó la conducta tipificada en el numeral 10 del artículo
34 de la Ley 1015 de 2006, de ahí que el supuesto de hecho se encontraba regulado
en el código penal, por lo que la conducta descrita como delito fue la contenida en
el artículo 397 de la Ley 599 de 2000, denominada peculado por apropiación.

22. El comportamiento enrostrado al disciplinado devino del hecho de que fue
encontrado por un superior sacando gasolina de la motocicleta que tenía asignada
en su condición de patrullero, por lo que se le trató como sorprendido en flagrancia
y se le siguió el proceso verbal.

23. Que analizado el acervo probatorio se logró determinar que se presentó una
duda razonable en torno a la responsabilidad del disciplinado, ya que uno de los
testigos, en su condición de miembro de la policía, declaró que la motocicleta se
dañaba en algunas ocasiones y que para arreglarla era necesario extraerle la
gasolina, lo que concuerda con la explicación del investigado. Señaló la sentencia
que la duda debía resolverse en favor del implicado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 de la ley 734 de 2002.

24. También refirió que con dicha falencia se incurrió en una indebida valoración de
las pruebas, pues era necesaria la evaluación de todos los testimonios de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, de manera imparcial, y teniendo en cuenta tanto lo
favorable como lo desfavorable para el demandante. Además, debió atenderse el
principio de presunción de inocencia, lo que no se hizo, por lo que con dicha omisión
se vulneró el debido proceso.

25. Por los mismos hechos, el Juzgado 143 de Instrucción Penal Militar dictó auto
inhibitorio y decidió no abrir investigación contra el demandante. En dicha decisión
se indicó que no se logró determinar si hubo punible, toda vez que no se demostró
que la gasolina fue hurtada por aquel, no hubo testigos presenciales del hecho, solo
el denunciante y el investigado, por lo que el a quo indicó que, a pesar de que ya la
jurisprudencia ha indicado que el derecho disciplinario es autónomo del derecho
penal, resultó significativo el análisis y la motivación del operador judicial, por ser
especialista en la materia y experto en la evaluación de las pruebas, por lo que para
este caso es importante la decisión penal que favoreció al actor.

26. La entidad demandada incumplió lo establecido en el artículo 13 de la ley 734
de 2002, que expulsó del procedimiento disciplinario toda forma de responsabilidad
objetiva, ya que en la imputación hecha al señor Valencia Muñoz nada se dijo
respecto de si la conducta se cometió a título de dolo o culpa, por lo que no se
analizó correctamente este elemento, en el sentido de indicar si el actor botó la
gasolina o se lucró de ella, hecho con el cual se vulnero el debido proceso.

27. En virtud de ello, el tribunal anuló los actos demandados, ordenó reintegrar al
demandante y reconocerle los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la
desvinculación y hasta la fecha en que fuera incorporado a la institución, junto con
la respectiva indexación. Así mismo, ordenó la eliminación de las anotaciones

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correspondientes a la sanción impuesta y negó la indemnización de los perjuicios
reclamados, por cuanto no fueron probados. Finalmente, se abstuvo de condenar
en costas.

28. Recurso de apelación5. Inconforme con esa decisión, la apoderada de la
demandada presentó el siguiente reproche:

29. Dentro del procedimiento disciplinario quedó demostrada la extracción de
combustible de la motocicleta que tenía asignada el investigado, ya que fue
sorprendido en el momento en que se encontraba con una manguera y un tarro de
plástico conectado al taque de gasolina, lo cual quedó plasmado en el informe
rendido por el CT. John Alexander Becerra y fue confirmado por el SI Julio Cesar
Pulido. Por tanto, cuando el demandante sustrajo el combustible se configuró la
ilicitud sustancial, independientemente de si este fue vendido o se le dio otra utilidad,
pues la trasgresión se configuró cuando se produjo su retiro del tanque.

30. Al demandante, como miembro activo de la institución para el momento de los
hechos, le era aplicable el régimen de la Ley 1015 de 2006, pero el procedimiento
para comprobar los hechos determinados en cada caso concreto es el establecido
en la Ley 734 de 2002, en virtud del principio de integración normativa.

31. El actor indicó que no se encontraba extrayendo el combustible sino reparando
el vehículo porque no encendía, sin embargo, se configuró la ilicitud sustancial, por
cuanto actuó al margen de sus deberes y orientó su comportamiento en sentido
contrario a la preservación de los bienes estatales.

32. Insistió en que la falta disciplinaria no exige para su configuración la producción
de un resultado consistente en la lesión o interferencia de bienes jurídicos, ya que
basta con obrar en contravía de los deberes funcionales exigibles al disciplinado,
por lo que sí existió la falta y esta tiene un reproche jurídico, de manera que la
inexistencia de un fallo penal no implica que no existiera transgresión de la norma.

33. Finalmente, señaló que la actuación disciplinaria goza de plena legalidad, pues
se sustentó en el material probatorio que fue recaudado según los lineamientos
normativos, se adelantó y fue decidido por las autoridades competentes, que
cumplieron con los términos procesales y las notificaciones se surtieron en debida
forma, permitiendo el ejercido del derecho de defensa y contradicción.

34. Trámite correspondiente a la segunda instancia.

35. La admisión del recurso6. Mediante auto del 14 de marzo de 2022 se admitió
la alzada. Posteriormente, en providencia del 1 de junio de 2022 se corrió traslado
para que las partes y el Agente del Ministerio Público presentaran sus alegatos de

5 Folios 416-432, Ib. Aunque en la alzada se propuso un incidente de nulidad por falta de notificación de la

sentencia, tal petición fue resuelta por el tribunal mediante auto del 14 de noviembre de 2019 (fls. 448-451).
6 Folio 473 y 475, Ib.

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conclusión. Dentro del término legal, la parte demandada reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación7.

36. Por su parte, el Agente del Ministerio Público solicitó dictar auto de mejor
proveer, por cuanto la sentencia de primera instancia no fue notificada a la entidad
demandada.

37. Pese a lo dicho por el Ministerio Público, se observa que la demandada formuló
incidente de nulidad al respecto, el cual fue resuelto por el tribunal, sin que contra
dicha decisión se hubiere pronunciado la accionada, motivo por el que no hay lugar
a dictar el referido proveído.

38. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

39. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.

40. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por la
entidad recurrente, se debe establecer si:

41. ¿Se encuentra probado que la conducta atribuida al demandante encuadra en
el supuesto normativo del numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, de
manera que pueda considerarse típicamente constitutiva de la falta disciplinaria, o
por el contrario, la prueba recaudada resulta insuficiente para demostrar la conducta
imputada?

42. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

43. Los elementos que estructuran la responsabilidad disciplinaria.

44. La tipicidad. Según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1015 de 2006, el
derecho disciplinario detenta una doble funcionalidad, pues no solo busca prevenir
sino también corregir todas aquellas conductas que afectan la buena marcha de la
administración pública y, de contera, garantizar la efectividad de los fines y
principios previstos en la Constitución Política, la ley y demás instrumentos que
conforman el ordenamiento jurídico10.

7 Actuación visible en el índice 13 y 14 de la plataforma SAMAI.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho disciplinario,

la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño de los

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45. Para alcanzar esos objetivos, en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002 se concibió
la falta disciplinaria como «[…] la incursión en cualquiera de las conductas o
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes,
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de
intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de
responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento».

46. Por consiguiente, la configuración de la falla disciplinaria demanda la existencia
previa de un catálogo de derechos, deberes y funciones, así como de los regímenes
de prohibición, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de
intereses.

47. A esta preexistencia, fruto del debido proceso y del principio de legalidad se
le denomina «tipicidad»11 e implica la determinación completa, clara e inequívoca
por parte del legislador, de las conductas a sancionar, de modo que se les permita
a sus destinatarios conocer con anterioridad las acciones y omisiones prohibidas y,
además, las sanciones que ameritan su realización. En sentencia C-030 de 2012,12
la Corte Constitucional expresó:

«En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que
hace parte esencial del principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, de manera
que se exige que “la abstracta descripción que tipifica el legislador con su
correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario
conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la
indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”. Así mismo, ha
expresado que con base en este principio “el legislador no solo esta obligado a
describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones
disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de
manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los
comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta donde llega la
protección jurídica de sus propios actos o actuaciones».

48. Corolario, la «tipicidad», además de exigir del legislador su determinación
completa, clara y concreta, también demanda del respetivo operador disciplinario
un juicio lógico – jurídico riguroso, en orden a precisar si la conducta investigada se
subsume íntegramente en la descripción legal concebida como falta.

49. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el que las
conductas delictivas están taxativamente fijadas por el legislador, en el campo del
derecho disciplinario ha sido imposible catalogar todos los comportamientos
constitutivos de fallas. Por tanto, se ha autorizado y validado el uso de tipos abiertos

servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su comportamiento en lo
referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran,
limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser
desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes
sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)
11 En el artículo 3 de la Ley 1015 de 2006 se establece «[e]l personal destinatario de esta ley, será investigado

y sancionado por conductas que estén descritas como faltas disciplinarias en la ley vigente al momento de su
realización.»
12 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

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y/o en blanco en orden a garantizar la precisión típica frente al proceder del servidor
público, mediante la remisión a un conjunto sistemático de normas que regulan la
respectiva función pública y, además, establecen los deberes y prohibiciones que
deben ser respetados durante su ejercicio, so pena de las sanciones dimanadas de
su incumplimiento.

50. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la providencia que se viene
citando, expresó:

«[…] 5.5 En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta
Corporación ha admitido la validez, desde el punto de vista constitucional, de que
las normas que fijen deberes o faltas disciplinarias constituyan “tipos abiertos” o
“conceptos jurídicos indeterminados”.

(i) El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace referencia a “aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de
contar con un listado detallado de comportamientos que se
subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo,
integrado por todas las disposiciones en las que se consagren
deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los
servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias
se determina por la lectura sistemática de la norma que establece la
función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera
genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes
o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria”13 […]

51. En consecuencia, el concepto jurídico de tipos abiertos en materia disciplinaria
hace referencia a una regulación genérica con una textura normativa abierta que,
por tanto, requiere de un complemento normativo para su interpretación y
aplicación, y en consecuencia remite para su determinación en concreto a aquellas
normas que consagren los deberes, obligaciones, mandatos o prohibiciones para
los diferentes servidores públicos.

52. Por su parte, frente a los llamados “tipos en blanco”, ha considerado la Corte
que se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles constitucionalmente, en los
casos en que el correspondiente reenvío normativo permita al operador jurídico
establecer y determinar inequívocamente el alcance de la conducta reprochable y
de la sanción correspondiente14. Así, en principio es válido el establecimiento de
tipos disciplinarios que ostentan un grado de determinación menor que los tipos
penales, sin que ello signifique que la imprecisión definitiva en la descripción de la
conducta sancionable conduzca a la violación del principio de tipicidad15.

53. Así mismo, ha sostenido la jurisprudencia de esa Corte que las razones
constitucionales que justifican la validez de los tipos en blanco o abiertos en el
derecho disciplinario, se encuentra en la necesidad de salvaguardar el principio de
eficiencia de la función pública, consagrado en el artículo 209 Superior.

13 Sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y; C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14 Ver Sentencias C-127 de 1993 y C-599 de 1999., M.P Alejandro Martínez Caballero.
15 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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54. En este sentido, esa corporación ha reconocido que:

«se justifica este menor requerimiento de precisión en la definición del tipo
disciplinario por el hecho que de asumir una posición estricta frente a la aplicación
del principio de tipicidad en este campo llevaría simplemente a transcribir, dentro de
la descripción del tipo disciplinario, las normas que consagran los deberes,
mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos”,16 y que “exigir una
descripción detallada en la ley disciplinaria de todos los comportamientos
susceptibles de sanción, conduciría en la práctica a tener que transcribir todo el
catálogo de deberes, mandatos y prohibiciones que se imponen a los servidores
públicos en las distintas normas jurídicas, traduciéndose dicha exigencia en un
obstáculo para la realización coherente, ordenada y sistemática de la función
disciplinaria y de las finalidades que mediante ella se pretenden, cuales son, “la
prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del
cumplimiento de los fines y funciones del Estado” […]»17.

55. Todo lo anterior demanda por parte del operador disciplinario el despliegue de
un juicio de adecuación típica enmarcado dentro del principio de razonabilidad, en
el que se empleen criterios lógico-jurídicos que le permita determinar con claridad y
certeza y a partir de las remisiones normativas pertinentes, la existencia de la falta
censurada.

56. La ilicitud sustancial. Se afirmó en el acápite anterior que el carácter
preventivo y correctivo del derecho disciplinario persigue la buena marcha de la
administración y la concreción de los fines y principios que inspiran a la organización
estatal.

57. De ahí que, para el cumplimiento de esos propósitos surja como deber de todos
los servidores públicos y particulares en ejercicio de funciones oficiales, el
avenimiento a las obligaciones que sus empleos demandan y el respeto de los
pilares que irrigan la función administrativa.

58. No en vano la Constitución Política prescribe que «[n]o habrá empleo público
que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento» y que «[n]ingún servidor
público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben»18.

59. Así entonces, cuando se evidencia el incumplimiento de esas obligaciones y/o
la realización de una conducta u omisión que interfiere con el ejercicio adecuado de
la función pública, nace la infracción del deber funcional que reprocha la ley
disciplinaria. Por eso, en el artículo 4.° de la Ley 1015 de 2006 se establece que
«[l]a conducta de la persona destinataria de esta ley será contraria a derecho
cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna».

60. En este escenario, resulta oportuno precisar que la ilicitud sustancial no
requiere para su configuración la vulneración de un bien jurídico tutelado —como

16 Sentencia T-1093 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
17 Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis y Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil,

reiterado en la Sentencia C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
18 Artículo 122.

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sucede en el derecho penal— o, lo que es lo mismo, que la conducta reprochada
produzca en el plano material un resultado nocivo o dañino frente a ese bien, por
cuanto, en palabras de la Corte Constitucional:

«Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta
disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la
infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen
funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen
de la antijuricidad de la conducta»19.

61. Es decir, a diferencia de lo que sucede en el campo del derecho penal, en el
derecho disciplinario solo basta acreditar que con la conducta reprochada se afectó
injustificadamente el ejercicio de la función que constitucional y legalmente le fue
asignada al servidor público y, junto con ella, la buena marcha de la administración.
En sentencia C-452 de 2016, la Corte concluyó:

«En términos del fallo citado “[e]n el derecho disciplinario, el contenido de injusticia
de la falta se agota en la infracción de los deberes funcionales que le asisten al
sujeto disciplinable, es decir, en el desenvolvimiento de actos funcionales sin estricto
apego al principio de legalidad que regula sus actos. Entonces, como la imputación
disciplinaria no precisa de la vulneración de un bien jurídico, entendida tal
vulneración como causación de un daño concreto o como la producción de un
resultado materialmente antijurídico, no es posible afirmar la concurrencia de una
persona afectada con la comisión de la falta. De allí que, en estricto sentido, en el
proceso disciplinario no exista una persona afectada con la comisión de la ilicitud
disciplinaria y que no sea posible legitimar a una persona para que intervenga en el
proceso planteando un interés directo y alentando unas pretensiones específicas.
Es decir, en el proceso disciplinario no hay víctimas y ello es consecuente con la
índole de la imputación que en él se formula.»

62. En consecuencia, la ilicitud sustancial se erige como límite a este derecho
sancionador y, a la vez, como justificante de la falta. Por ejemplo, si la conducta
reprochada no guarda relación con el deber funcional propio del servidor público,
habrá que pregonarse la inexistencia del ilícito disciplinario. En cambio, si se prueba
la infracción de los deberes y obligaciones que funcionalmente se encuentran a
cargo del funcionario, contrariando el buen funcionamiento de la administración
pública, se configurará la ilicitud sustancial.

63. La culpabilidad. En cuanto a este elemento de la responsabilidad disciplinaria,
el artículo 11 de la Ley 1015 de 2006 estableció que «[e]n materia disciplinaria
queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas son sancionables
a título de dolo o culpa».

64. Ello significa que el operador disciplinario debe examinar la conducta
reprochada, en orden a establecer si la misma fue ejecutada con dolo, esto es,
«cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción… y quiere su
realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción
[…] ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar»20; o

19 Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
20 Artículo 22 de la Ley 599 de 2000.

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con culpa gravísima o grave, frente a las que el parágrafo del artículo 39 ib.
instituyó «[h]abrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por
ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de
obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria
por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime
a sus actuaciones».

65. En sentencia de 6 de febrero de 2020, esta Subsección21, en cuanto a la
estructura general de la responsabilidad disciplinaria, expresó:

«La responsabilidad disciplinaria surge cuando se comprueba la concurrencia de
ciertos elementos sistemáticamente organizados entre sí. Esto, se expresa en una
estructura que ha sido construida dogmáticamente desde la doctrina a partir de
cinco categorías a saber: (i) la capacidad, (ii) la conducta, (iii) la tipicidad, (iv) la
ilicitud sustancial y (v) la culpabilidad.

A su vez, las cinco categorías que se acaban de enunciar pueden subdividirse a
partir de tres juicios diferentes: (i) el juicio de adecuación para determinar la tipicidad;
(ii) el juicio de valoración para definir la ilicitud sustancial; y (iii) el juicio de reproche
para analizar la culpabilidad.

Respecto del primer juicio, es necesario que previamente se determinen: la
capacidad del sujeto disciplinable desde su condición como servidor público o
particular en ejercicio de funciones públicas (capacidad formal), y su imputabilidad
(capacidad material); además de las circunstancias de hecho relativas a la conducta,
las cuales deben demostrarse con las pruebas practicadas en el procedimiento
sancionatorio. De allí, la adecuación típica debe realizarse con la confrontación del
comportamiento probado y el texto legal que consagre la falta disciplinaria.

Si el primer juicio arroja que un sujeto disciplinable e imputable, con su conducta
cometió una falta disciplinaria tipificada en la ley, debe pasarse al segundo, relativo
a la valoración sobre la ilicitud sustancial. Esta, de acuerdo con lo consagrado en
los artículos 4 de la Ley 1015 de 2006 y 5 del Código Disciplinario Único, se
configura cuando la conducta tipificada como falta afecte el deber funcional sin
justificación alguna.

[…]

Ahora bien, a diferencia del derecho penal, para que se configure una infracción
disciplinaria no es necesario un resultado lesivo o dañino a un bien jurídico o al
Estado, sino que se exige el quebrantamiento sustancial injustificado de los deberes
funcionales encargados al servidor público, que afecten los valores o principios de
la función pública, y la consecución de los fines de la organización política.

[…]

Finalmente, el juicio de reproche en sede de culpabilidad, debe realizarse a partir
de la verificación del nexo psicológico entre el autor de la falta y la conducta
desplegada para su consumación, esto es, si el sujeto disciplinable actuó con dolo
o culpa y, además, si le era exigible un comportamiento diverso al que efectivamente
materializó en la realidad […]»

21 Expediente radicado interno 3003-2017, C.P. William Hernández Gómez.

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66. El caso concreto.

67. Interrogante único: ¿se encuentra probado que la conducta atribuida al
demandante encuadra en el supuesto normativo del numeral 10 del artículo 34 de
la Ley 1015 de 2006, de manera que pueda considerarse típicamente constitutiva
de la falta disciplinaria, o por el contrario, la prueba recaudada resulta insuficiente
para demostrar la conducta imputada?

68. Analizado el expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca que:

69. Mediante Oficio nro. 1239/COSEC1-ESTPO12-29 del 27 de abril de 2012, el
capitán John Alexander Becerra Zabala remitió informe al teniente coronel,
comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos, en el que reportó que
siendo las 7:05 horas, mientras caminaba por el costado de la estación de policía
sobre la bahía de parqueo de los vehículos de la estación, sorprendió al patrullero
Cristian Andrés Valencia Muñoz, integrante del cuadrante nro. 12, jurisdicción del
CAI Modelo, sacando la gasolina de la motocicleta de siglas 17-4667, con una
manguera y recipiente de color blanco que contenía una gran cantidad de gasolina
de la motocicleta y que este no supo responder por su conducta. Que llamó al
comandante de la guardia y al comandante del CAI, quienes llegaron al lugar y
pudieron observar los elementos con que aquel sustraía la gasolina22.

70. El 8 de mayo de 2012, el patrullero Cristian Andrés Valencia Muñoz remitió un
informe aclaratorio al subintendente Cesar Alexandres Araujo Cortes, en el que le
indicó que el día 27 de abril de 2012, cuando estaba terminando su turno, la
motocicleta 17-4667 que tenía en servicio se apagó. Que por ello se estacionó en
la referida bahía y comenzó a manipular el automotor, pues pensó que se había
inundado. Que abrió el tornillo del carburador y permitió que saliera el combustible
y justo en ese momento apareció el capitán John Alexander Becerra y en un tono
agresivo y altanero le dijo que por qué le sacaba la gasolina a la motocicleta, sin
que le haya dado la oportunidad de explicar lo sucedido. Que luego apareció con un
galón y una manguera manifestando que lo había sorprendido sacando el
combustible de la motocicleta, lo que es totalmente falso23.

71. Que por auto del 31 de julio de 2012 se dio apertura a la indagación preliminar
con fundamento en el informe presentado por el capitán John Alexander Becerra
Zabala, a quien se citó para ratificación y ampliación de la queja. Así mismo se
ordenó citar también a los intendentes Carlos Alberto Avendaño, William Hernán
Jiménez Pedraza y Julio César Pulido Restrepo24.

72. El capitán John Alexander Becerra Zabala25 indicó que el informe presentado
el 27 de abril de 2012 sí fue elaborado por él y se ratificó en su contenido. Frente a
la pregunta de si observó que el patrullero se encontraba sacando gasolina de la

22 Folio 281, Ib.
23 Folios 287-288, Ib.
24 Folios 14-15, Ib.
25 Folios 19-20, Ib

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motocicleta, indicó que en el momento en que llegó al lugar este sostenía la
manguera que salía del tanque del automotor y que cuando se sintió sorprendido
inmediatamente soltó la manguera, regándose un poco de gasolina en el piso. Que
llamó a los comandantes de guardia y del CAI, quienes no tardaron más de un
minuto en llegar, ya que los hechos acontecieron sobre la bahía donde se
estacionan las patrullas.

73. Indicó que el vehículo no se encontraba con ninguna novedad, ya que estaba
apagado y estacionado y había terminado el primer turno, sin que se hubiera
reportado algún problema con el mismo. Manifestó que los elementos (manguera y
recipiente) quedaron en el lugar, indicando que ni estos ni el funcionario fueron
puestos a disposición de autoridad competente, ya que no podía determinar si se
trataba de una conducta penal, ya que desconocía el uso que le fue dado al
combustible y, además, era una cantidad pequeña.

74. El subintendente Julio Cesar Pulido Restrepo26 manifestó que el 27 de abril
de 2012 se desempeñaba como comandante de guardia y estaba recibiendo
segundo turno de vigilancia, ya que el titular no se encontraba. Que le fue indicado
por uno de los auxiliares que el señor capitán Becerra, subcomandante de estación,
lo necesitaba en la parte lateral de la misma, motivo por el que acudió a su llamado
inmediatamente.

75. Cuando llegó a la zona de parqueadero con que cuenta la estación encontró
junto al CAI Móvil al capitán Becerra y al lado de él al patrullero Valencia Muñoz y,
a su lado, la motocicleta de la policía que estaba con el tanque abierto saliendo del
mismo una manguera y en el piso un galón con gasolina. Por lo que le fue ordenado
por el capitán hacer la respetiva anotación, ya que según lo manifestado había
encontrado al patrullero en flagrancia extrayendo la gasolina. Indicó que él no vio al
patrullero sacando gasolina, lo vio al lado de la motocicleta que tenía una manguera
que salía del tanque y abajo en la misma dirección el galón de gasolina.

76. En auto del 4 de marzo de 2013 se indicó que la actuación se tramitaría por el
procedimiento verbal y se dispuso citar a audiencia a Cristian Andrés Valencia
Muñoz27.

77. El demandante28 manifestó en versión libre que, para el 27 de abril de 2012,
mientras terminaba su turno de vigilancia y se desplazaba en la motocicleta
institucional nro. 17-4667, esta se apagó sobre la carrera 63 con avenida 68. Al no
encontrar una falla evidente, procedió a revisarla y manipuló el carburador, dejando
salir combustible, pues consideró que podía estar inundado o contener suciedad
que impedía su funcionamiento. Señaló que la motocicleta, de modelo antiguo y con
más de cuatro años de uso, presentaba frecuentes fallas mecánicas y estaba bajo
su responsabilidad.

26 Folios 21-22, Ib.
27 Folios 24-28, Ib.
28 Folios 35-39, Ib.

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78. Mientras realizaba esta revisión, el capitán, subcomandante de la Estación de
Policía Barrios Unidos, lo increpó, acusándolo de extraer combustible de la
motocicleta. El uniformado manifestó que intentó explicar la situación, pero no fue
escuchado, y que el capitán encontró un galón y un trozo de manguera en las
inmediaciones y afirmó que eran de su propiedad, acusación que negó.

79. Posteriormente, el capitán informó de lo ocurrido al líder del CAI Modelo, al
intendente jefe Avendaño y al comandante de guardia. Cuestionó la ausencia en el
expediente de las notificaciones realizadas al capitán Becerra Zabala John
Alexander y al subintendente Julio César Pulido Restrepo para rendir declaración,
y solicitó que dichas diligencias no fueran tenidas en cuenta.

80. Señaló que, si efectivamente había sido sorprendido en flagrancia y se trataba
de elementos relacionados con una conducta irregular, estos debieron ser
embalados, rotulados y puestos a disposición de la respectiva autoridad, lo que no
ocurrió. En su lugar, el oficial se limitó a informar de lo sucedido al líder del CAI
Modelo y al comandante de guardia, dejando los elementos en el lugar de los
hechos. Indicó desconocer porque el subintendente Pulido manifestó en su
declaración que había observado la manguera del tanque de la moto y el galón al
lado, cuando esos elementos se encontraban era cerca del capitán y de él, aun así,
dejó claro que en ningún momento vio al patrullero sacando la gasolina.

81. El intendente jefe Carlos Alberto Avendaño Lozano29 indicó que el día de los
hechos, pasadas las 07:00 o algo más de la mañana, se encontraba cambiándose
para comenzar sus labores y en ese momento fue requerido por el por el capitán
Becerra, subcomandante de la unidad, para que se acercara al sitio donde se
encuentra el parqueadero de la décima segunda estación. A los pocos minutos llegó
al sitio indicando que a escasos dos o tres metros del capitán Becerra se encontraba
el patrullero Valencia Muñoz, al lado del bus del CAI móvil y cerca una motocicleta
de la institución. Afirmó que el oficial señaló un sitio donde se encontraba un galón
de plástico y una manguera, a unos 50 centímetros del elemento antes citado,
indicándole que mirara lo que estaba haciendo el patrullero. Refirió que los
elementos se encontraban en el piso, que no los vio en las manos del patrullero.
Manifestó que este último le indicó que acababa de terminar el primer turno de
vigilancia y que antes de guardar la moto estaba verificando una falencia que esta
presentaba.

82. El intendente jefe William Hernán Jiménez Pedraza30 indicó que frente a los
hechos ocurridos con el patrullero Valencia Muñoz no recuerda la fecha exacta ni la
sigla de la motocicleta, solo recuerda que cierta mañana, aproximadamente a las
7:30 am, el capitán Becerra, subcomandante de la estación Barrios Unidos le
manifestó que debía dirigirse a la bomba Terpel a obtener información sobre el
suministro de combustible de la motocicleta DR200, lo cual realizó, obteniendo copia
del tiquete de tanqueo del cual hizo entrega al capitán. Frente a los hechos

29 Folios 40-43, Ib.
30 Folios 44-46, Ib.

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puntuales indicó desconocer quien era el patrullero, indicó no haber observado los
elementos (recipiente y manguera).

83. En ampliación de su declaración, el capitán John Alexander Becerra Zabala
31 indicó que en el momento en que sorprendió al patrullero no recuerda si este le

indicó que la motocicleta se encontraba dañada, que los elementos quedaron en el
lugar y que no fueron embalados ni rotulados por él, ya que al tratarse de una
pequeña cantidad de gasolina y al encontrarse la motocicleta en las instalaciones
policiales, él no podía determinar en ese momento la flagrancia de un delito, pues
desconocía la intención del patrullero al sacar la gasolina de la motocicleta, ya que
no alcanzó a ser transportada a otro lugar, ni utilizarse para otro fin.

84. En su declaración, el intendente René Valencia Vásquez manifestó32, frente a
la pregunta de si era normal que la motocicleta sufriera estas fallas mecánicas y se
tuviera que manipular la misma para hacerla funcionar, que si era frecuente, ya que
esta se apagaba constantemente y tocaba empujarla y revisarle el carburador para
que no tuviera ningún sucio. Indicó que se le quitaba el carburador y después se
empujaba para que prendiera, porque pareciera que no le bajara combustible.

85. En fallo de primera instancia del 3 de mayo de 201333, la entidad indicó que,
conforme con la queja, la ratificación de la mismas y las demás declaraciones, fue
claro que el patrullero tenía la moto asignada para el servicio en el cuadrante, que
la aprovisionó de combustible y que hizo unos actos ejecutivos de extracción del
mismo y que no hay prueba de que otro funcionario estuviese ejecutando la acción
en el momento; que cuando se le indagó por sus acciones no supo dar explicación
al respecto. Además, el documento aclaratorio presentado por el patrullero no tiene
la fuerza suficiente para desvirtuar el cargo imputado, pues para el momento en que
ejecutó la acción se encontraba en situación administrativa de franquicia, porque ya
había entregado el turno, y el combustible ya había sido extraído y salido de la
esfera de la administración, pues se encontraba en un recipiente, ya en su poder, lo
que demuestra su intención de lucro, así no se haya producido efectivamente al ser
sorprendido antes.

86. También se argumentó que se probó que el funcionario investigado se apropió
de la gasolina, y que los tipos por regla general en materia disciplinaria son de mera
conducta y no de resultado, demostrándose que obró en contra de sus deberes
funcionales.

87. El fallo indicó que la conducta es objetiva porque hubo actos idóneos para la
extracción del combustible, los que son coherentes con la tipicidad endilgada y,
subjetivo, porque el comportamiento es contrario a la Ley 1015 de 2006. Que el
investigado lo sabía, lo que equivale a querer su realización, por lo que calificó la
falta como gravísima a título de dolo y ejecutada por acción. Además, refirió que las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se materializó la conducta no

31 Folios 58-60, Ib.
32 Folios 61-63, Ib.
33 Folios 75-89, Ib.

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permiten inferir que la misma se haya dado en la modalidad de culpa. Luego,
entonces, declaró al actor disciplinariamente responsable de la falta contenida en el
numeral 10 artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.

88. Frente a la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto el 30 de mayo de 201334. La sanción se ejecutó a través de la Resolución
nro. 03358 de agosto de 2013. Sin embargo, el demandante interpuso acción de
tutela en la que invocó la vulneración de su derecho al debido proceso, toda vez
que, previa emisión del fallo de segundo grado, no se le corrió traslado para alegar.

89. La acción constitucional fue negada en primera instancia, pero concedida por la
Corte Suprema de Justica en sentencia del 22 de octubre de 201335, en la que se
declaró la nulidad parcial del proceso disciplinario, a partir de la notificación del auto
que concedió el recurso de apelación, para que se rehiciera la actuación.

90. Por lo anterior, la entidad corrió el respectivo traslado y, posteriormente, dictó la
decisión de segunda instancia el 12 de diciembre de 201336, en la que confirmó la
sanción impuesta. Por tanto, el demandante fue retirado del servicio mediante
Resolución nro. 00368 del 28 de enero de 2014.

91. Por otro lado, en proveído del 16 de abril de 201337, el Juzgado 143 de
Instrucción Penal Militar profirió decisión inhibitoria en contra del demandante por el
punible de peculado culposo, que tuvo origen en los hechos antes descritos. Como
fundamento de esa decisión, la autoridad indicó que del material probatorio se
estableció que el PT. Valencia Muñoz Cristian Andrés fue señalado por
presuntamente extraer gasolina de la motocicleta policial SL1250 DR 200, siglas 17-
4667, placa BWP-66, utilizando una manguera y un recipiente. El uniformado explicó
que la motocicleta se había apagado al llegar a la estación y que retiraba el
combustible para solucionar una posible inundación del carburador, negando que
pretendiera apropiarse de la gasolina y cuestionando la actuación del CT. Becerra
Zabala John Alexander, quien lo sorprendió en el lugar.

92. Por ende, se verificó el tanqueo de la motocicleta y se aportó una factura por
$10.728, correspondiente a poco más de un galón de gasolina. El despacho
consideró que, si el CT. Becerra Zabala realmente hubiera presenciado la comisión
de un delito en flagrancia, estaba facultado para proceder a la captura del patrullero
y aplicar las reglas de cadena de custodia respecto de la manguera y el recipiente
utilizados.

93. No obstante, el despacho concluyó que no se logró demostrar la existencia del
delito ni que la gasolina hubiera sido hurtada. No existían testigos presenciales
distintos del denunciante y del investigado, cuyas versiones eran contradictorias. La
declaración del funcionario encargado de logística tampoco aportó elementos

34 Folios 98-1107, Ib.
35 Folio 204, Ib.
36 Folios 249-264, Ib.
37 Folios 304-309, Ib.

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relevantes, pues únicamente cumplió una orden de su superior y no presenció los
hechos.

94. En consecuencia, ante la insuficiencia probatoria para establecer la comisión
del punible, resolvió proferir auto inhibitorio a favor del PT. Valencia Muñoz Cristian
Andrés y ordenar el archivo de las diligencias, una vez quedara en firme la decisión.

95. En el proceso disciplinario se citó a audiencia del 4 de marzo de 201338,
respecto de la norma presuntamente violada y el concepto de violación se indicó:

96. El apoderado recurrente en la alzada refirió:

«[…] El operador disciplinario preciso en su fallo de primera instancia que el
investigado respecto de las pruebas obrantes dentro del proceso, demuestran que
de la extracción de combustible de la motocicleta de placa BWP-66 Y SIGLA 17-
4667, el mismo fue sorprendido en el momento en que se encontraba con una
manguera y un tarro de plástico conectado al tanque de la gasolina y así quedo en
el informe que suscribió el señor CT. JOHN ALEXANDER BECERRA. Que la misma
situación se confirma con la declaración del señor SI JULIO CESAR PULIDO, quien
afirmo al lado del patrullero estaba la motocicleta la cual tenía abierto el tanque del
mismo salía una manguera y del piso un galón con gasolina.

En tal sentido la trasgresión o ilicitud sustancial en materia disciplinaria estuvo
precisamente configurada cuando efectivamente el hoy demandante se encontraba
con una manguera dentro del tanque de la gasolina, sustrayendo combustible, lo
cual para los fines que persigue el proceso disciplinario le es indistinto si este mismo
vendió el combustible, o le dio una utilidad distinta a la de la administración, pues la
trasgresión se configuro con retirar el mismo del tanque sin ofrecer explicación
alguna que pudiera desvirtuar la ilicitud sustancial que estaba cometiendo.

[…]

En esencia, es posible afirmar que la falta disciplinaria no exige para su
configuración la producción de un resultado consistente en la lesión o interferencia
de bienes jurídicos, ya que basta obrar en contravía de los deberes funcionales
exigibles al disciplinado - procuraduría general de la nación de tal manera que la
producción de un resultado se constituya en factor objetivo para dosificar la sanción
disciplinaria y no de la estructuración de la falta.

38 Folios 24-147, Ib.

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Finalmente y una vez analizados los elementos categóricos para denotar la
existencia de afectación al deber funcional, se precisa que si existió falta cometida
por el hoy demandante y que esta misma tiene un reproche jurídico el cual es
sancionado de forma coherente, que al no haber existencia de un fallo penal no
significa que no existiera trasgresión de la norma disciplinaria como en este caso
fue evidente […]».

97. Conforme a lo expuesto, observa la Sala que la conducta atribuida al
demandante fue subsumida por la autoridad disciplinaria en la falta gravísima
prevista en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, disposición que
sanciona al servidor que incurra en una conducta descrita en la ley penal como
delito. Se trata de un tipo disciplinario en blanco cuya integración exige acudir al
correspondiente precepto penal, razón por la cual la administración edificó el juicio
de responsabilidad sobre la presunta comisión de una conducta equiparable al delito
de peculado por apropiación previsto en el artículo 397 del Código Penal.

98. Bajo esa perspectiva, aunque la autonomía entre los ámbitos penal y
disciplinario implica que la inexistencia de una condena penal no impide, por sí sola,
la configuración de responsabilidad disciplinaria, ello no releva a la autoridad de
acreditar los elementos fácticos que permitan concluir, con el grado de certeza
exigible, que el comportamiento investigado se corresponde materialmente con una
conducta descrita por el legislador penal.

99. En consecuencia, el juicio de tipicidad no podía agotarse en la sola constatación
de que el demandante manipuló la motocicleta institucional o de que en el lugar de
los hechos existían una manguera y un recipiente con combustible, sino que exigía
demostrar que tales circunstancias revelaban efectivamente una actuación
orientada a la apropiación indebida de un bien estatal.

100. No obstante, el material probatorio recaudado no permite arribar a esa
conclusión. La versión del entonces capitán John Alexander Becerra Zabala, sobre
la cual se fundamentó sustancialmente la imputación disciplinaria, presenta
inconsistencias relevantes que impiden darle el alcance demostrativo que le
atribuyeron los fallos sancionatorios.

101. Así, en el informe inicial afirmó haber sorprendido al patrullero extrayendo
combustible y que este no había suministrado explicación alguna sobre lo sucedido;
sin embargo, posteriormente manifestó no recordar si el investigado le había
indicado que la motocicleta presentaba fallas mecánicas. Asimismo, pese a
sostener que presenció una conducta presuntamente irregular, también reconoció
que no tenía certeza acerca de la finalidad de la extracción de combustible y que,
precisamente por ello, no consideró procedente adelantar actuaciones propias de
un procedimiento por flagrancia, ni asegurar los elementos que supuestamente
habían sido utilizados.

102. Estas circunstancias resultan relevantes, si se tiene en cuenta que ninguno
de los demás declarantes presenció directamente los hechos en la forma relatada
por el denunciante. El subintendente Julio César Pulido Restrepo llegó al lugar

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Demandante: Cristian Andrés Valencia Muñoz

después de ser requerido y únicamente observó una motocicleta con el tanque
abierto, una manguera y un recipiente con combustible, sin presenciar la supuesta
extracción. En similar sentido, el intendente jefe Carlos Alberto Avendaño Lozano
manifestó que cuando arribó al sitio, los elementos ya se encontraban en el piso y
que nunca los observó en poder del demandante. Por su parte, el intendente jefe
William Hernán Jiménez Pedraza no tuvo conocimiento directo de los hechos y su
declaración se limitó a aspectos relacionados con el suministro de combustible del
vehículo.

103. En contraposición, el demandante sostuvo desde el inicio una versión
coherente, según la cual manipuló el carburador de la motocicleta debido a una falla
mecánica que impedía su funcionamiento, circunstancia que había provocado la
salida de combustible. Dicha explicación no solamente fue expuesta mediante
informe escrito rendido pocos días después de los hechos, sino que además fue
respaldada en la declaración del intendente René Valencia Vásquez, quien afirmó
que el vehículo presentaba reiteradas fallas mecánicas y que era habitual
intervenirlo para restablecer su funcionamiento. Esta circunstancia introducía una
hipótesis razonable y compatible con los hechos observados, la cual no fue
desvirtuada por la administración mediante prueba objetiva alguna.

104. A ello se suma que no fue recaudado ningún elemento adicional que
permitiera inferir un propósito de apropiación del combustible. No se estableció la
cantidad supuestamente sustraída, no se determinó un faltante cierto en el
inventario institucional, no se acreditó que el combustible hubiera sido retirado de la
esfera de la administración estatal para incorporarlo al patrimonio particular del
investigado, ni se conservó evidencia material que permitiera reconstruir
adecuadamente lo ocurrido. Incluso, el propio denunciante reconoció que
desconocía cual era la finalidad de la conducta observada y que no podía establecer
si el combustible iba a ser utilizado para un propósito diferente.

105. Lo anterior es de suma importancia, si se considera que la adecuación típica
realizada por la autoridad disciplinaria descansó en inferencias y suposiciones antes
que en hechos demostrados. En efecto, en los fallos disciplinarios se afirmó que el
combustible ya había salido de la esfera de la administración y que ello evidenciaba
un propósito de lucro por parte del demandante; sin embargo, ninguna de estas
circunstancias fue acreditada dentro del expediente. Por el contrario, se trató de
conclusiones construidas a partir de un hecho aislado, esto es, la presencia de una
manguera y un recipiente junto a la motocicleta, sin que existieran elementos
objetivos que permitieran descartar la explicación ofrecida por el investigado acerca
de la revisión mecánica del vehículo.

106. En el mismo sentido, no puede pasarse por alto que la investigación penal
militar con ocasión de los mismos hechos concluyó con decisión inhibitoria, incluso,
antes de su inicio, ante la imposibilidad de demostrar la existencia de una conduta
punible. Y si bien tal determinación no vincula al operador disciplinario, si constituía
un elemento de juicio relevante en cuanto evidenciaba las debilidades probatorias
existentes respecto de la supuesta apropiación del combustible y la ausencia de

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medios de convicción que permitieran reconstruir con certeza la ocurrencia de los
hechos en la forma planteada por el denunciante.

107. En consecuencia, la Sala concluye que la administración no logró acreditar
los presupuestos mínimos requeridos para afirmar que el comportamiento
investigado encuadraba en la falta gravísima prevista en el numeral 10 del artículo
34 de la Ley 1015 de 2006. Las pruebas recaudadas únicamente permiten
establecer que el demandante se encontraba manipulando una motocicleta
institucional y que en las inmediaciones existían una manguera y un recipiente con
combustible, lo que resulta insuficiente para demostrar una conduta constitutiva de
apropiación indebida de bienes estatales o, en general, una conducta susceptible
de subsumirse en el supuesto normativo empleado por la autoridad disciplinaria.

108. Así las cosas, al no encontrarse demostrado el elemento de tipicidad,
presupuesto indispensable para la estructuración de la falta disciplinaria, carece de
objeto abordar el estudio de las demás categorías de la responsabilidad
disciplinaria, particularmente la ilicitud sustancial y la culpabilidad, pues la ausencia
de adecuación típica impide, por sí sola, la imposición válida de cualquier sanción.

109. Por lo anterior, para la Sala, los actos acusados fueron expedidos con
desconocimiento de los principios de legalidad y tipicidad que rigen el derecho
disciplinario sancionador, razón por la cual se configuró la causal de nulidad
invocada en la demanda, por lo que no prosperan los reparos del recurso de
apelación, lo que impone confirmar la sentencia de primera instancia.

110. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A.,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

111. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo
188 del C.P.A.C.A., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá
imponer costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se
regirá por las normas del C.G.P.39

112. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

39 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

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Demandante: Cristian Andrés Valencia Muñoz

113. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandada, por cuanto en la presente decisión no se acogieron los argumentos
planteados en el recurso de apelación por ella presentado. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2019, a través de la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó el señor Cristian Andrés Valencia Muñoz en
contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.

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