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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03675-01

Traslado del régimen de cesantías por manifestación expresa del servidor público

Fecha
16 de mayo de 2019
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03675-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor César Palomino Cortés, para conocer del presente proceso, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B de fecha el 7 de octubre de 2017, que negó las pretensiones de la demanda presentada por la señora Sandra Jazmín Torres Rojas. TERCERO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-03675-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

16 de mayo de 2019

TRASLADO DEL RÉGIMEN DE CESANTÍAS POR MANIFESTACIÓN EXPRESA DEL SERVIDOR PÚBLICO / RÉGIMEN DE CESANTÍAS ANUALIZADAS – Aplicación

Para la Sala no es de recibo que solo hasta el 22 de enero de 2014, esto es 17 años, 11 meses y 2 días después de expresar su voluntad de acogerse al sistema especial de la Ley 50 de 1990, pretenda controvertir a través de una solicitud presentada en interés particular, el sistema de cesantías que regula su situación jurídica, arguyendo que lo que pretendía era un cambio de administrador de la prestación aludida, pues en virtud de ello, el municipio de Anapoima desde 1996 a 2016 le ha consignado el valor liquidado por concepto del referido emolumento antes del 15 de febrero del año correspondiente en el fondo privado elegido por la actora, valor que le era informado año a año por disposición legal, sin que, como se expuso, la actora en ningún momento resaltara durante ese tiempo algún tipo de inconformidad con el sistema especial por el cual se rige. Al respecto, esta Sala considera oportuno precisar, que el hecho de optar de manera voluntaria por un régimen de liquidación de cesantías distinto al que le era beneficiario, no implica una renuncia al mencionado auxilio, por cuanto tal como lo adujo la parte actora, aquel al cumplir una función social importante relativa a solventar al empleado ante la eventualidad del desempleo o en su defecto para satisfacer otras necesidades vitales del servidor, relacionadas con la educación, compra o remodelación de viviendas, entre otras, es de carácter irrenunciable, y por lo tanto debe seguir siguiendo liquidado y pagado por el empleador, solo que ahora atendiendo los beneficios y las reglas que rigen el nuevo sistema acogido por el interesado.

FUENTE FORMAL: LEY 344 DE 1996 – ARTÍCULO 13 / DECRETO 1582 DE 1998 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1582 DE 1998 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 1582 DE 1998 – ARTÍCULO 3 / LEY 50 DE 1990 – ARTÍCULO 99 / LEY 50 DE 1990 – ARTÍCULO 102 / LEY 50 DE 1990 – ARTÍCULO 104

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 25000-23-42-000-2014-03675-01(1483-18)

Actor: SANDRA JAZMÍN TORRES ROJAS

Demandado: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

Asunto: Servidor público solicita liquidación de las cesantías parciales bajo el sistema retroactivo

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011
_____________________________________________________________

I. ASUNTO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 7 de octubre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, que le negó la reliquidación y pago de las cesantías parciales bajo el régimen de retroactividad.

II. ANTECEDENTES

La demanda.

2. La señora Sandra Jazmín Torres Rojas, presentó demanda el 29 de agosto de 2014 contra el municipio de Anapoima (Cundinamarca), en la cual solicita las siguientes:

Pretensiones.

a. Declarar la nulidad de los Oficios 100-016 D.A. y 100-033 D.A. de 7 de febrero y 12 de marzo de 2014, respectivamente, mediante los cuales el alcalde municipal de Anapoima (Cundinamarca), le negó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales bajo el régimen de retroactividad.

b. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene al representante legal del ente territorial demandado a reconocerle y pagarle a la actora las cesantías parciales bajo el régimen de retroactividad.

3. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos:

Fundamentos fácticos.

a. La demandante manifestó que mediante Resolución 173 de 17 de agosto de 1995 fue nombrada en periodo de prueba como secretaria, nivel 3, código 60, grado 06 en la dependencia de la alcaldía municipal de Anapoima, cargo del cual tomó posesión el 27 del mismo mes y año. Al efecto, sostuvo que «dicha vinculación se encuentra vigente y sin solución de continuidad.»

b. Indicó que el 22 de enero de 2014, elevó petición ante el representante legal del municipio de Anapoima solicitando el pago parcial de sus cesantías bajo el régimen de retroactividad, la cual fue resuelta negativamente por el alcalde del ente territorial demandado a través de Oficio 100-016 D.A. de 7 de febrero de 2014, al considerar que debido a que dentro la historia laboral de la señora Torres Rojas obra escrito de 20 de febrero de 1996, en el cual manifiesta su voluntad de acogerse al «régimen especial del auxilio de cesantías contemplado en la Ley 50 de 1990» y por el cual se autorizó que «sus cesantías liquidadas a 31 de diciembre de 1995 más los intereses le fueran consignados en el Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte» […] «no le asiste derecho de reclamar la retroactividad pretendida, dado que no le es posible a un servidor pertenecer a los dos regímenes simultáneamente […]»

c. En virtud de lo anterior, sostuvo que el 12 de febrero de 2014, interpuso recurso de reposición en contra de la anterior decisión, con la finalidad que aquella fuera revocada, la cual fue igualmente resuelta negativamente por el alcalde de Anapoima, mediante Oficio 100-033 D.A. de 10 de marzo de 2014.

Normas violadas y concepto de violación.

4. Invocó como normas desconocidas las siguientes disposiciones: Constitución Política: Arts. 1, 2, 13, 48, 53 y 58. Legales: Literal a) Art. 17 Ley 6ª de 1945; Arts. 1 y 2 Ley 65 de 1946. Reglamentarias: Decretos 2767 de 1945; 2567 de 1946; 1160 de 1947.

5. Sostuvo que los actos acusados se expidieron con infracción de las normas en que debía fundarse, puesto que desconocieron el mandato legal que garantiza los derechos adquiridos, la primacía de la realidad sobre las formas y la irrenunciabilidad de los derechos mínimos laborales de los servidores del Estado, toda vez que conforme a lo previsto por el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, el régimen que le resulta aplicable a la actora, en virtud de la fecha de su vinculación al municipio de Anapoima (1995) es el retroactivo cuya aplicación se pretende, máxime si se tiene en cuenta que la Ley 50 de 1990 fue creada exclusivamente para los trabajadores particulares y que el hecho de haberse acogido un fondo privado de cesantías, no implica que renunció tácita ni expresamente al aludido sistema, tal como así lo ha considerado la jurisprudencia de esta Corporación.
Contestación de la demanda.

6. El municipio de Anapoima se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que si bien es cierto que debido a la fecha de la vinculación de la actora al servicio del Estado (1995), en principio le resultaba aplicable la liquidación retroactiva de las cesantías, también lo es, que el cambio de sistema al anualizado, obedeció a la manifestación expresa de la señora Torres Rojas de «acogerse al régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 y elige un fondo de Pensiones y Cesantías (Horizonte)», sin que de la lectura de dicho escrito se pueda desprender que aquella se refería únicamente a un cambio de fondo administrador de la prestación aludida, como lo pretende hacer ver con la presente acción.

7. Sostuvo, contrario a lo señalado por la parte actora, que no hubo un desconocimiento al «principio de irrenunciabilidad de los derechos mínimos laborales», pues la Corte Constitucional ha establecido que la posibilidad de un empleado de optar por el régimen jurídico que le resulte más favorable, no conlleva para el funcionario la renuncia a sus derechos mínimos laborales, máxime cuando en el sub lite la administración no actuó bajo una decisión unilateral en contra de los derechos de la actora, sino que el cambio de sistema del retroactivo al anualizado obedeció a una manifestación de voluntad clara y expresa de la señora Torres Rojas y por la cual el municipio de Anapoima en cumplimiento de la Ley 50 de 1990, liquidó de manera definitiva sus cesantías a 31 de diciembre de 1995 «aplicando para ello el régimen retroactivo al que tenía derecho y entregando el valor de la liquidación a la administradora seleccionada.» y por ende «a partir del año 1996, las cesantías de la funcionaria han sido liquidadas por el municipio en forma anualizada, y consignadas en el Fondo de Cesantías elegido por ella en la comunicación de febrero 1996, realizando conforme a la ley el pago de intereses sobre las cesantías liquidadas. »

III. AUDIENCIA INCIAL.

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, en audiencia inicial celebrada el 16 de febrero de 2016, fijó el litigo al reverso del folio 116 del expediente en los siguientes términos:

« […] le asiste derecho a la demandante como servidora del municipio de Anapoima, al reconocimiento y pago de las cesantías parciales por el régimen retroactivo. –eficacia de la renuncia que hizo la demandante el 20 de febrero de 1996, en caso afirmativo desde cuándo?»

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, mediante sentencia de 07 de octubre de 2017, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si bien es cierto que a la actora en un principio le resultaba aplicable el régimen retroactivo, en tanto ingresó al servicio del Estado como secretaria el 27 de diciembre de 1995, también lo es, que obra en el expediente manifestación por la cual expresa su deseo de acogerse al sistema anualizado de liquidación de cesantías, requisito que según la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, es necesario para que opere el aludido cambio, en tanto el mismo no procede de manera tácita por ser obligatoriamente una actuación voluntaria del servidor, y es por ello, que en el sub júdice no se logró acreditar que los actos acusados vulneraran normas de rango constitucional o legal, por lo que mantienen su legalidad.

V. RECURSO DE APELACIÓN

10. El apoderado judicial de la parte demandante indicó que no comparte la sentencia enjuiciada, al considerar que el tribunal de instancia le dio efectos que no tienen al escrito suscrito por la actora el 20 de febrero de 1996, por cuanto en aquel en ningún momento se manifestó de manera expresa o tácita la renuncia al sistema retroactivo, máxime si se tiene en cuenta que para la época en que se radicó dicho documento (20 de febrero de 1996) no existía en el ordenamiento jurídico norma que le permitiera a los servidores públicos territoriales optar por cambiarse al sistema anualizado de cesantías, por cuanto tal posibilidad solo se dio 10 meses después con la expedición de la Ley 344 de 27 de diciembre de 1996.

11. Sostuvo que el desmonte del sistema de liquidación retroactivo de cesantías se originó con la expedición de la Ley 50 de 1990, la cual operó exclusivamente para los trabajadores particulares regidos por el código sustantivo del trabajo, y que fue solo hasta la creación de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, que el régimen anualizado se extendió a los servidores públicos territoriales que se vincularen a partir del 31 de diciembre de 1996, lo que permite concluir que a la actora le resulta aplicable el régimen retroactivo, por cuanto, su incorporación como empleada estatal (1995) ocurrió antes de haber nacido a la vida jurídica las mencionadas disposiciones y las cuales además no tienen los efectos retroactivos que les dio el tribunal de primera instancia «por el mero hecho de existir aquel documento suscrito el 20 de febrero de 1996, en el que se traslada de administrador de sus cesantías, documento que […] han tenido como renuncia expresa […] al régimen de retroactividad […]» sin tener en cuenta que la señora Torres Rojas «ni siquiera tuvo la intención de renunciar a ese derecho adquirido, menos lo fue en forma expresa pues de señalado documento no se establece que diga “RENUNCIO AL REGIMEN DE RETROACTIVAD”»

12. En apoyo a su tesis citó diversos pronunciamientos de esta Corporación en los cuales se determinó que la administración de manera desacertada consideró que el cambió de administradora de cesantías por parte de los interesados conllevaba de manera implícita la renuncia al beneficio de la retroactividad y por consiguiente que se había optado por el régimen de anualizado.

13. Finalmente, consideró oportuno solicitar, en virtud de que la señora Torres Rojas para la fecha de la presentación del presente medio de impugnación ya no labora para el municipio de Anapoima, que la sentencia que se profiera en sustitución de la recurrida, disponga que la liquidación que se le reconozca bajo el sistema de retroactividad «debe hacerse teniendo en cuenta el salario que este asignado al momento de realizar su liquidación y pago, para el cargo que ostentaba aquella cuando fue desvinculada del municipio».

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

14. El apoderado de la parte demandante insistió en que la voluntad de la actora al radicar el escrito de 20 de febrero de 1996, consistió únicamente en trasladarse de fondo administrador de cesantías y no por ello puede entenderse que renunció al régimen retroactivo del cual es beneficiaria, por cuanto dicha actuación no se señala de manera expresa en el referido documento, máxime si se tienen en cuenta «que no podía renunciar a dicho derecho, porque el AUXILIO A LAS CESANTIAS es un derecho laboral y de seguridad social IRRENUNCIABLE», tal como así lo estableció la Corte Constitucional en Sentencia T 008 de 2015.

15. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, relativos que el cambio del régimen retroactivo al anualizado obedeció a la manifestación de voluntad de la actora mediante escrito a través del cual la señora Torres Rojas sin dejar lugar a interpretación, indicó su deseo de acogerse al sistema contemplado en la Ley 50 de 1990 y eligió como fondo de pensión y cesantías «Horizonte», razón por la cual no era necesario que de manera estricta señalara que «renunciaba al régimen de retroactividad.» Aunado a ello, trajo a colación una providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde al estudiar un caso similar se accedió a las pretensiones de la demanda, pero bajo el entendido de que la funcionaria interesada no manifestó en ningún momento de forma expresa su voluntad de cambiarse de sistema, como sí ocurrió en el sub júdice.

16. El Ministerio Público no rindió concepto en esta etapa del proceso.

VII. CONSIDERACIONES

Análisis del asunto.

17. En principio, considera esta Sala pertinente señalar, que si bien es cierto el parágrafo 1 del artículo 63A de la Ley 270 de 1996, el cual a su vez remite de manera expresa al artículo 18 de la Ley 446 de 1998, dispone que las sentencias se deben dictar en el orden en el que los expedientes hayan ingresado al despacho, se le dará prelación al presente asunto, en atención a la facultad otorgada a las Altas Cortes del Estado por el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, relativa a que «cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4o de la Ley 169 de 1896» se puedan decidir sobre casos similares que se encuentren en la etapa de dictar fallo, sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, ello, atendiendo a la jurisprudencia pacífica de esta Corporación en relación con la aplicación del régimen de liquidación de cesantías retroactivas a los servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 reglamentada por el Decreto 1582 de 1998.

18. En consecuencia, al agotarse el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:

Problema jurídico.

19. De acuerdo con los cargos formulados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala:

Establecer si la señora Sandra Jazmín Torres Rojas al radicar el escrito de 20 de febrero de 1996, manifestó su voluntad de acogerse al régimen anualizado previsto por la Ley 50 de 1990 y por lo tanto, es aquel el que le resulta aplicable para efectos de la liquidación parcial de la prestación aludida, o si por el contrario, en dicho documento simplemente se indicó el deseo de trasladarse de fondo administrador de cesantías, y por consiguiente, al haber sido vinculada como servidora pública del municipio de Anapoima el 27 de agosto de 1995, se rige bajo el sistema retroactivo previsto en la Ley 6ª de 1945.

Análisis del asunto.

Del sistema de liquidación de servidores públicos del nivel territorial.

20. La Ley 344 de 1996 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» en el artículo 13 estableció la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado (Ramas Legislativa y Ejecutiva), a partir de su entrada en rigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996. Dice la norma:

«[…] Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.»

21. El artículo 13 de la Ley 344 de 1996, fue reglamentado por el Decreto 1582 de 1998, en el que de manera expresa extendió la aplicación de los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afiliaran a los fondos privados de cesantías creados por esta última ley. Al efecto, se dispuso:

«Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998.» (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

22. El sistema contemplado en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, señalados expresamente por el Decreto reglamentario 1582 de 1998, previó la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente al año anterior y la consignación del valor correspondiente antes del 15 de febrero de cada año en el fondo privado seleccionado por el empleado, tal como al tenor literal se transcribe:

«Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.”
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.

[…]
Artículo 102º.- El trabajador afiliado a un Fondo de Cesantía sólo podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos:
Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora entregará al trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud.
En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía durante la vigencia del contrato de trabajo. El valor de la liquidación respectiva se descontará del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva.
Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva.

[…]
Artículo 104º.- De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía.
La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá presentar al trabajador en las acciones que se adelanten con motivo del incumplimiento del empleador en la liquidación o pago del auxilio de cesantía.
En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar a préstamos o pignoraciones el pago de auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la retención correspondiente y la realización del procedimiento que señalen las disposiciones laborales sobre el particular.
Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la pignoración del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin que el valor de la garantía exceda al del préstamo. […]».

23. Ahora bien, para el caso de aquellos servidores públicos que se vincularon con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad y que decidieran acogerse al previsto en esta Ley, el Decreto reglamentario 1582 de 1998 estableció el siguiente procedimiento:

« ARTÍCULO 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición.»

24. En ese orden, se considera oportuno precisar que el sólo hecho de afiliarse a un fondo de cesantías privado no conlleva el cambio de régimen del retroactivo al anualizado, pues el mismo Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998 en el artículo 2º, prevé la posibilidad de que las entidades administradoras de cesantías depositen en cuentas individuales, los recursos destinados al pago de cesantías de los servidores públicos del orden territorial cobijados por el régimen de retroactividad, así lo señala la norma en cita:

“Artículo  2º.- Las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, es decir, de los vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996.

La afiliación de los servidores públicos territoriales a un fondo de cesantías en el evento previsto en el inciso anterior, se realizará en virtud de convenios suscritos entre los empleadores y los mencionados fondos, en los cuales se precisen claramente las obligaciones de las partes, incluyendo la periodicidad con que se harán los aportes por la entidad pública, y la responsabilidad de la misma por el mayor valor resultante de la retroactividad de las cesantías. […]”. (Subrayas de la Subsección).

25. Así las cosas, de las normas trascritas se establecen las siguientes conclusiones:

25.1. El Decreto 1582 de 1998 prevé el régimen contemplado en la Ley 344 de 1996 , esto es, el anualizado, para los servidores públicos territoriales que iniciaron su relación a partir del 31 de diciembre de 1996, de manera que aquellos funcionarios estatales que se vincularon con anterioridad a dicha fecha, le resulta aplicable el sistema de liquidación retroactivo.

25.2. Dicha disposición previó también la aplicación del sistema anualizado, para aquellos servidores públicos territoriales que se vincularon con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, siempre que estos decidan acogerse a aquel de manera expresa, criterio igualmente acogido por la jurisprudencia de esta Corporación, pues de no ser así, su afiliación a un fondo creado en virtud de la Ley 50 de 1990 tan sólo implica el cambio de administrador de dichos recursos.

Análisis del caso concreto.

26. La Sala resalta que en el sub júdice, no es un hecho en discusión el supuesto fáctico de la vinculación de la demandante mediante Resolución 173 de 17 de agosto de 1995, como secretaria, nivel 3, código 60, grado 06 de la Alcaldía municipal de Arapaima, cargo del cual tomó posesión el 27 del mismo mes y año, según consta en acta 0016.

27. Ahora bien, si es objeto de discusión por la parte demandante, el hecho de que el tribunal de instancia aplicándole la Ley 344 de 1996 le negará la liquidación de sus cesantías parciales bajo el régimen de retroactividad, por cuanto en su sentir, en virtud de su vinculación el 27 de agosto de 1995 al municipio de Anapoima dicho sistema es el que le resulta aplicable, máxime si se tiene en cuenta que: i) dentro del expediente no obra prueba que acredite que aquella renunció al beneficio de la retroactividad; y ii) que el escrito de 20 de febrero de 1996, fue radicado con anterioridad a la expedición de la referida disposición y en la finalidad de cambiarse a un fondo privado administrador de las cesantías.

28. Frente a ello, el acervo probatorio allegado al proceso es el siguiente:

28.1. Escrito de 20 de febrero de 1996, radicado por la señora Torres Rojas, en el cual de manera literal se expresa lo siguiente:

«Yo, Sandra Jazmín Torres Rojas […], me acojo al régimen especial del auxilio de cesantías contemplado en la Ley 50 de 1990 por tanto autorizó que mis cesantías liquidadas a 31 de diciembre de 1995 más los intereses, me sean consignadas en el Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte.»

28.2. Petición elevada por la actora el 22 de enero de 2014, solicitando el pago de las cesantías parciales por todo el tiempo laborado al servicio del municipio de Anapoima, con base en el sistema retroactivo.

28.3. Oficio 100-016 D.A. de 07 de febrero de 2014, por el cual el Alcalde municipal de Anapoima, le negó la anterior petición bajo el argumento de que mediante escrito de 20 de febrero de 1996, la actora manifestó su voluntad de acogerse al régimen anualizado de la Ley 50 de 1990, y además autorizó que sus cesantías liquidadas a 31 de diciembre de 1995 le fueran depositadas en el fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte, por lo que, no tiene derecho a reclamar la retroactividad en tanto no le es posible pertenecer simultáneamente a ambos sistemas; máxime cuando en virtud de ello, la administración «realizó la liquidación definitiva de sus cesantías a 31 de diciembre de 1995 aplicando para ello el régimen retroactivo al que tenía derecho y entregó el valor de la liquidación a la administradora por usted seleccionada.» y por ende «a partir del año 1996, sus cesantías han sido liquidadas en forma anualizada, y consignadas en el Fondo de Cesantías […] privilegiándola, además, del pago de intereses sobre las cesantías liquidadas »

28.3.1. Por otro lado, adujo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1582 de 1998, que debido a que no mediaba convenio previo entre el fondo privado elegido por la actora y el empleador, al trasladarse perdió el régimen de retroactividad.

28.4. Contra la anterior decisión la actora interpuso recurso de reposición de 12 de febrero de 2014, el cual fue resuelto por el Alcalde del municipio de Anapoima mediante Oficio 100-033 D.A. 12 de marzo de 2014 confirmando el acto administrativo que le negó el pago de las cesantías parciales bajo el sistema retroactivo.

28.5. En virtud de las pruebas decretadas en la audiencia inicial, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., allegó certificación de 29 de abril de 2016, en la cual informa que la señora Rojas Torres se encontraba afiliada al Fondo de Cesantías Horizonte (actualmente Porvenir) y presentó el siguiente movimiento:

FECHA
MOVIMIENTO
VALOR
13/09/1996
Aporte Empleador Cesantías
$64.779.00
13/01/1997
Aporte Empleador Cesantías
$237.223.00
23/01/1998
Aporte Empleador Cesantías
$353.601.00
19/11/1998
Traslado Egreso Empleador
($881.073.00)

28.6. El secretario de despacho del municipio de Anapoima, mediante Oficio 100-198 SAAG de 16 de mayo de 2016, allegó los siguientes documentos probatorios:

28.6.1. En atención a las diversas solicitudes elevadas por la actora con la finalidad de que le sean reconocidas sus cesantías parciales, el municipio de Anapoima, procedió a autorizar el retiro de las sumas reconocidas, así:

SOLICITUD
ACTO
SUSCRITO
VALOR
PAGO
16/06/2000
Resolución 1005 de 16/06/2000
Alcalde Municipal de Anapoima
$887.750
21/06/2000
13/12/2000
Resolución 2564 de 14/12/2000
Alcalde Municipal de Anapoima
$502.500
N/P
15/05/2002
Resolución 889 de 17/05/2002
Alcalde (E) Municipal de Anapoima
$2.000.000
N/P
17/08/2004
Oficio 066-SGL-04 de 19/08/2004
Secretario general de Anapoima
$1.400.000
24/08/2004
9/05/2006
Oficio 221-SADG de 9/05/2006
Secretario para asuntos administrativos y de gobierno
$2.100.000
12/05/2006
5/09/2011
Oficio 110-142-SAAG de 6/09/2011
Secretaria para asuntos administrativos y de gobierno
$5.000.000
N/P
04/05/2012
Oficio 110-0100-SAAG de 07/05/2012
Asesor de despacho de la Secretaria para asuntos administrativos y de gobierno (Anapoima)
$9.000.000
N/P
24/07/2013
Oficio 110-0137-SAAG de 25/07/2013
Asesor de despacho de la Secretaria para asuntos administrativos y de gobierno (Anapoima)
$4.200.000
N/P

28.7. Estado de cuentas de las cesantías de la señora Torres Roja, allegado por Colfondos el 12 de julio de 2016, del cual se observa lo siguiente:

DESCRIPCIÓN
FECHA
VALOR
EMPLEADOR
Consignación Traslado
19/11/1998
$881.073
Municipio de Anapoima
Consignación
16/02/1999
$383.264
Municipio de Anapoima
Consignación
16/02/2000
$452.252
Municipio de Anapoima
Retiro parcial educación
21/06/2000
$887.750
Municipio de Anapoima
Retiro parcial educación
18/12/2000
$502.500
Municipio de Anapoima
Consignación
15/02/2001
$493.994
Municipio de Anapoima
Consignación
14/02/2002
$553.326
Municipio de Anapoima
Retiro parcial vivienda
05//06/2002
$2.000.000
Municipio de Anapoima
Consignación
14/02/2003
$599.533
Municipio de Anapoima
Consignación
12/02/2004
$667.742
Municipio de Anapoima

28.8. «DETALLE DE LOS MOVIMIENTO SUBCUENTA DE CORTO PLAZO» de la señora Torre Rojas proferido el 22 de julio de 2016, por el fondo Protección «Pensiones y Cesantías» en atención a la afiliación de la actora en dicho fondo desde el 11 de agosto de 2011 al 26 de abril de 2016, del cual se discrimina a favor de la demandante lo siguiente:

CONCEPTO
FECHA DE CONSIGNACIÓN AL FONDO O RETIRO DE APORTES
PERIODO
VALOR
Saldo Inicial
12/02/2010

0
Consignación
10/02/2011
2009
$2.675.033
Consignación
10/02/2011
2010
$2.892.264
Retiro Remodelación Vivienda
08/05/2012

$2.903.421
Consignación
07/02/2013
2012
$3.007.936
Retiro Remodelación Vivienda
25/07/2013

$3.026.302
Consignación
17/01/2014
2013
$3.158.333
Consignación
29/01/2015
2014
$3.347.833
Consignación
05/02/2016
2015
$4.008.396
Retiro terminación del contrato
24/04/2016

$4.063.068

28.8.1. «DETALLE DE LOS MOVIMIENTO SUBCUENTA DE CORTO PLAZO»:

CONCEPTO
FECHA DE CONSIGNACIÓN AL FONDO O RETIRO DE APORTES
VALOR
Saldo Inicial
18/02/2010
$5.713.601
Retiro Remodelación Vivienda
06/09/2011
$5.000.000
Retiro Remodelación Vivienda
08/05/2010
$6.096.579
Retiro Remodelación Vivienda
25/07/2013
$1.162.864
Retiro terminación del contrato
26/04/2016
$6.867.418

29. Del material probatorio, se encuentra acreditado, contrario a lo señalado por la parte actora, que la señora Torres Rojas mediante escrito radicado el 20 de febrero de 1996, no solo optó por trasladarse a un fondo administrador privado de cesantías si no que también manifestó su voluntad de acogerse «al régimen especial del auxilio de cesantías contemplado en la Ley 50 de 1990», por lo que no se encuentra de recibo que pretenda a través del recurso de apelación alegar que no existe tal renuncia al régimen de liquidación retroactivo del cual era beneficiaria, pues como se expuso en el acápite precedente, para ello simplemente se requiere una declaración expresa de su deseo de cambiarse de sistema, lo que ocurrió en el sub júdice.

30. Ahora, si bien es cierto, tal como lo alega la parte actora, que para la fecha en que se radicó dicho documento aún no había entrado en rigor la Ley 344 de 1996, también lo es, que de los distintos reportes de «movimientos de cuenta» de cesantías allegados al proceso, se logra evidenciar que a partir de la anualidad de 1996, a la señora Torres Rojas le fue consignada la prestación aludida bajo el sistema anualizado, el cual prevé en el artículo 104 de la Ley 50 de 1990, la obligación a cargo del empleador de entregarle año a año al empleado un certificado correspondiente al valor de la liquidación la aludida prestación social, lo que le permite a la Sala concluir que aquella conocía del sistema del cual era beneficiara y que por tanto se acogió a las reglas que lo rigen, sin que durante ese tiempo manifestara su inconformidad frente al régimen que le era aplicado, como de ello dan cuenta los varios retiros por conceptos de cesantías parciales que le fueron autorizados por el municipio de Anapoima en las anualidades de 2000, 2002, 2004, 2006, 2011 y 2012; actos contra los cuales no se interpuso recurso alguno.

31. Conforme a lo expuesto, para la Sala no es de recibo que solo hasta el 22 de enero de 2014, esto es 17 años, 11 meses y 2 días después de expresar su voluntad de acogerse al sistema especial de la Ley 50 de 1990, pretenda controvertir a través de una solicitud presentada en interés particular, el sistema de cesantías que regula su situación jurídica, arguyendo que lo que pretendía era un cambio de administrador de la prestación aludida, pues en virtud de ello, el municipio de Anapoima desde 1996 a 2016 le ha consignado el valor liquidado por concepto del referido emolumento antes del 15 de febrero del año correspondiente en el fondo privado elegido por la actora, valor que le era informado año a año por disposición legal, sin que, como se expuso, la actora en ningún momento resaltara durante ese tiempo algún tipo de inconformidad con el sistema especial por el cual se rige.

32. Al respecto, esta Sala considera oportuno precisar, que el hecho de optar de manera voluntaria por un régimen de liquidación de cesantías distinto al que le era beneficiario, no implica una renuncia al mencionado auxilio, por cuanto tal como lo adujo la parte actora, aquel al cumplir una función social importante relativa a solventar al empleado ante la eventualidad del desempleo o en su defecto para satisfacer otras necesidades vitales del servidor, relacionadas con la educación, compra o remodelación de viviendas, entre otras, es de carácter irrenunciable, y por lo tanto debe seguir siguiendo liquidado y pagado por el empleador, solo que ahora atendiendo los beneficios y las reglas que rigen el nuevo sistema acogido por el interesado.

33. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia C-859 de 2008 al estudiar sobre una presunta vulneración al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales frente a la posibilidad de renunciar a derechos adquiridos en materia de cesantías «al exigir que la comunicación sobre traslado de régimen sea rendida por el trabajador ante notario público o, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar», sostuvo lo siguiente:

«Según esta Corte se trata de una previsión del legislador en cuya virtud modifica el sistema que venía rigiendo, pero sin afectar a los trabajadores que ya tenían establecidas sus relaciones contractuales con anterioridad, a menos que ellos mismos resuelvan, por manifestación expresa, acogerse al nuevo régimen.  HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-859-08.htm" \l "_ftn2" \o "" [2] Así mismo ha señalado que la disposición en comento concede al trabajador que se halla en tal hipótesis la posibilidad de optar por el régimen jurídico que le resulte más conveniente, sin obligarlo a renunciar a uno de sus derechos laborales mínimos ni imponerle un cambio legislativo que le sea perjudicial.  HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-859-08.htm" \l "_ftn3" \o "" [3]

Además la facultad de optar entre uno y otro régimen, no puede ser coartada por los empleadores ni puede convertirse en condición o requisito para acceder a prerrogativa laboral alguna o ser objeto de transacción en el curso de negociaciones colectivas.  HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-859-08.htm" \l "_ftn4" \o "" [4]

Bajo estas premisas resulta claro entonces que, contrariamente a la opinión del actor, el inciso segundo del artículo 114 de la Ley 100 de 1993 no vulnera el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales consagrado en el artículo 53 superior, toda vez que  su contenido normativo nada dispone en relación con los efectos del tránsito legislativo en materia de cesantías operado en virtud de la Ley 50 de 1990, sino simplemente consagra un formalismo para efectos de hacer efectivo el derecho de optar por el nuevo régimen allí regulado, facultad que según se explicó fue hallada conforme con el actual ordenamiento superior por la Corte Suprema de Justicia cuando fungía como juez de la Carta.

Ese requisito para hacer efectivo el traslado de régimen de cesantías de los trabajadores que gozan de esa prerrogativa, consiste en la comunicación escrita que el inciso primero de la referida norma exige a quienes se trasladan, por primera vez, del régimen pensional de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, siempre que sea rendida ante notario público o, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar.»

34. Al analizar lo expuesto, esta Sala establece que la facultad de optar entre permanecer en el régimen retroactivo de cesantías o de cambiarse al anualizado, no puede convertirse en condición o requisito para que el servidor acceda al auxilio de cesantías, pues como se expuso aquel es carácter irrenunciable y debe liquidarse y pagarse independientemente del sistema en el que se encuentre el beneficiario.

35. Por lo todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el 7 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, en tanto negó la reliquidación de las cesantías parciales con base el régimen de retroactividad, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

36. Finalmente, y atendiendo el criterio de especialización laboral, se le atribuye la competencia a la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Subsección que le corresponda de acuerdo al reparto, en virtud de lo dispuesto en  el numeral 2° del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1° del Acuerdo N° 55 de 2003, no obstante, como uno de los integrantes de la Subsección B, Doctor, César Palomino Cortés se encuentra impedido como consta en acta, la Sala que discutió y aprobó esta sentencia fue integrada por la ponente y el Doctor, Carmelo Perdomo Cueter.

37. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor César Palomino Cortés, para conocer del presente proceso, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B de fecha el 7 de octubre de 2017, que negó las pretensiones de la demanda presentada por la señora Sandra Jazmín Torres Rojas.

TERCERO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(CON IMPEDIMENTO)
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. Según se observa a folio 33 del expediente. Folio 25 y 26 del expediente. Ver folio 25. Ver folio 25. Folios 26 a 30 del expediente.
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo. PARÁGRAFO. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Sentencia de 24 de julio de 2008, Rad. 2001-00798-01, C.P.: Jesús María Lemus Bustamante; Sección Segunda – Subsección A, Sentencia de 19 de julio de 2007, Rad. 2000-02033-01, C.P. Jaime Moreno García. Folios 43 a 51. Ver folio 46. C-859 de 2008, M.P. Nilson Pinilla; C-428 de 1997, C.P. José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa.
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Ver folios 45 y 46. FF. 116 y 117 del expediente. F.F. 148 a 254.
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
F.F. 267 a 271.
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo. PARÁGRAFO.

El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
Según se afirma a foli 269 del expediente. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Sentencia de 24 de julio de 2008, Rad. 2001-00798-01, C.P.: Jesús María Lemus Bustamante; Sección Segunda – Subsección A, Sentencia de 19 de julio de 2007, Rad. 2000-02033-01, C.P. Jaime Moreno García. Ver folio 271. Folios 315 a 318. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Ver folios 323 a 326.
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D, Sentencia de 8 de febrero de 2017, Rad- 2014-03741, M.P.: Israel Soler Pedroza.
«ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
[…]
ARTÍCULO 63A. DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación. Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. [….].»
«Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
[….]
ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden.»
«Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.
[…]
ARTÍCULO 115. Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4o de la Ley 169 de 1896, puedan fallar o decidir casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.»
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.»
Publicada en el Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996. Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
“Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.”
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”
Ibídem.

Ibídem.
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 8 de junio de 2006, Radicación número: 15001-23-31-000-2000-02249-01(8593-05), C.P.: Alejandro Ordoñez Maldonado; Sección Segunda, Sentencia de 5 de mayo de 2016, Rad. 2011-00729-01, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández.
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Ver folio 3 del Tomo II. Ver folios 16 y 17 del Tomo II.
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
Ver folio 8 del expediente. Folio 2 del expediente
Folios 3 a 7.
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Ver folio 6.
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
[…]
Artículo  2º.- Las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, es decir, de los vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996. La afiliación de los servidores públicos territoriales a un fondo de cesantías en el evento previsto en el inciso anterior, se realizará en virtud de convenios suscritos entre los empleadores y los mencionados fondos, en los cuales se precisen claramente las obligaciones de las partes, incluyendo la periodicidad con que se harán los aportes por la entidad pública, y la responsabilidad de la misma por el mayor valor resultante de la retroactividad de las cesantías. […]»
»
Folios 9 a 13. Folios 14 a 19. Ver folio 117 del expediente. Folio 133. Folios 145 y 146. Folio 149
Folios 150 a 151. Folio 152. Folio 155. Folios 157 a 158. Folio 160. Folios 164 y 165
Folio 167. Folio 168. Según comprobante de pago que obra a folio 169. Folio170. Folio 173. Según comprobante de pago que obra a folio 174. Folio 175. Folio 178
Folio 179. Folio 181. Folio 182. Folio 185. Folio 189. Folio 188. Folios 191 y 192.
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
«Artículo 104º.- De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía. La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá presentar al trabajador en las acciones que se adelanten con motivo del incumplimiento del empleador en la liquidación o pago del auxilio de cesantía. En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar a préstamos o pignoraciones el pago de auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la retención correspondiente y la realización del procedimiento que señalen las disposiciones laborales sobre el particular.

Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la pignoración del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin que el valor de la garantía exceda al del préstamo.»
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
M.P.: Nilson Pinilla.

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