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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03993-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03993-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA CONFIRMAR la sentencia de 10 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Carlos Eduardo Duque Ríos contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-03993-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022).

Radicado No. 250012342000201403993 01.
No. interno: 3111-2020.
Actor: Carlos Eduardo Duque Ríos.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
Trámite: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si hay derecho al reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez por la incapacidad
adquirida cuando se desempeñó mientras prestaba el
servicio militar.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección
de 2 de agosto de 20211, después de surtidas a cabalidad las demás etapas
procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades
procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 10 de octubre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por el señor Carlos Eduardo Duque Ríos contra la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional.

I. ANTECEDENTES2

1.1 La demanda y sus fundamentos.

Carlos Eduardo Duque Ríos, por intermedio de apoderado judicial3, en ejercicio
del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho -Ley 1437 de
2011-, presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad del Oficio
20135320958471 MDN-CGFM-CE-DIPSO-CI-22.1 del 28 de octubre de 2013,
suscrito por el Subdirector de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional,
mediante el cual le fue negado el reconocimiento de pensión de invalidez y la
reliquidación de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó: (i) el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en los

1
Informe visible a folio 238 del expediente.
2
Demanda visible a folios 29 a 37 del expediente.
3
El abogado Luis Herneyder Arévalo.

2

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

términos establecidos del artículo 39 del Decreto 1796 de 20004 o, en su defecto,
en aplicación del principio de favorabilidad la Ley 100 de 1993 5; el reajuste de la
indemnización conforme a los parámetros que por incapacidad psicofísica
determine el Decreto 94 de 19896; el pago de 100 salarios mínimos mensuales
legales vigentes por concepto de los perjuicios causados; y, (ii) dar aplicación a la
sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la
situación fáctica, así:

El señor Carlos Eduardo Duque Ríos prestó su servicio militar en el Ejército
Nacional, desde el 6 de abril de 2010 al 20 de abril de 2011.

El 15 de junio de 2011 la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del
Ejército dictaminó que el señor Carlos Eduardo Duque Ríos ostentaba una pérdida
de la capacidad laboral equivalente al 12%; a su turno, el 14 de junio de 2013
también fue dictaminado, por parte de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Meta, con una disminución de la pérdida de la capacidad laboral
81.10% en virtud de un síndrome de epilepsia.

En virtud de lo anterior, el 20 de agosto de 2013 le solicitó al Ministro de Defensa
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, sin embargo, por medio del
acto acusado le fue negada tal pretensión al considerar que había cumplido con
los términos previstos en el artículo 28 del Decreto 1796 de 20007, esto es,
ostentar una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%.

4
“(…) ARTICULO 39. LIQUIDACION DE PENSION DE INVALIDEZ DEL PERSONAL VINCULADO PARA
LA PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PARA LOS SOLDADOS
PROFESIONALES. Cuando el personal de que trata el presente artículo adquiera una incapacidad durante
el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho
mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como a continuación se señala:
a. El setenta y cinco por ciento (75%), del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo,
cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no
alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo,
cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y
no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%), del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo,
cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
(…).
5
“(…) Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. (…)”.
6
“(…) Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional. (…)”.
7
“(…) Articulo 28. Clasificación de las incapacidades. Las incapacidades se clasifican en:
a. Incapacidad temporal: Es aquella que le impide a la persona desempeñar su profesión u oficio habitual
por un tiempo determinado.
b. Incapacidad permanente parcial: Es aquella que se presenta cuando la persona sufre una disminución
parcial pero definitiva, de alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual.
PARÁGRAFO. Se considerará inválida la persona cuando la incapacidad permanente parcial sea igual o
superior al 75% de disminución de la capacidad laboral.
(…)”.

3

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

1.2 Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 29, 53 y 228; Código Contencioso
Administrativo, artículos 2 y 3; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 9; Leyes 100
de 1993, artículo 40; 48 de 1993, artículo 40; y, Decreto 1496 de 2000, artículos
15, 37, 44 y 45.

Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que el acto
demandado está afectado por las razones que se pasan a exponer:

Para cuando ingresó al Ejército Nacional se encontraba en óptimas condiciones
de salud, en tal sentido, la alteración que sufrió sucedió en la prestación del
servicio y, por ello, no solo tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
invalidez sino también el reajuste de la indemnización por la pérdida de la
capacidad laboral.

En el Acta de la Junta Médico Laboral realizada no fueron consignadas todas las
lesiones que padece y que progresivamente han deteriorado, de manera
ostensible, su estado de salud.

Tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con
fundamento en la Ley 100 de 1993, ya que, si bien es cierto resulta inaplicable por
tratarse la fuerza pública de un régimen exceptuado, no es menos, que la
jurisprudencia ha permitido la regulación de situaciones pensionales a su luz,
atendiendo el principio de favorabilidad.

1.3 Contestación de la demanda8.

El Ministerio de Defensa Nacional, a través de su apoderada, solicitó negar las
súplicas de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

El señor Carlos Eduardo Duque Ríos no convocó al Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar, quien es la última instancia para conocer acerca de las
reclamaciones que surjan contra las decisiones de las juntas médico-laborales,
con lo cual se entiende que el lesionado quedó conforme con el porcentaje que le
fue concedido.

Pero en caso de que no se tenga en cuenta lo anterior, para que el actor pueda
tener derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez debe acreditar
una incapacidad “absoluta y permanente” igual o superior al 75% de conformidad
con el artículo 28 del Decreto 1796 de 2000, lo cual no se acreditó, como quiera
que a través del Acta de Junta Médica Laboral se estableció que solamente
ostentaba una disminución de la capacidad laboral del 12%.

8
Visibles a folio 60 a 75 del expediente.

4

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

Por último, el señor Carlos Eduardo Duque Ríos fue evaluado por personal idóneo
de conformidad con las normas legales vigentes, quien no ha incurrido en
desconocimiento alguno de las normas legales o constitucionales, así como
tampoco, en ninguna otra causal de nulidad de los actos administrativos.

Finalmente propuso las siguientes excepciones: (i) ineptitud por no haber
demandado el acto administrativo complejo, esto es, el Acta de Junta Médica
Laboral; (ii) presunción de legalidad del acto acusado, dado que es necesario
demostrar que se haya proferido desconociendo la Constitución y la ley, lo cual no
se evidencia; e, (iii) improcedencia de la pensión reclamada, puesto que la
disminución de la pérdida de la capacidad laboral que ostenta el demandante es
inferior a la señalada en el numeral 5º del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 9,
reglamentado por el artículo 32 del Decreto 4433 de 200410.

1.4 La sentencia apelada11.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia de 10 de octubre de 2019 negó las pretensiones de la
demanda. Lo anterior, por las razones que a continuación se pasan a exponer:

El dictamen rendido por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del
Ejército es diametralmente opuesto a lo señalado por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Meta, pues mientras que el primero dispuso que el
señor Carlos Eduardo Duque Ríos ostentaba una pérdida de la capacidad laboral
equivalente al 12%, el segundo señaló que correspondía a 80.1%.

Ante tal particularidad, en la audiencia de pruebas del 30 de mayo de 2018 se
ordenó la práctica de una prueba de oficio consistente en una nueva valoración
por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca; sin embargo, pese a los múltiples requerimientos que se le

9
“(…) El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta
el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por
los Organismos Médico Labórales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes,
teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de
la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una
disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en
ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de
retiro. (…)”.
10
“(…) ARTÍCULO 32. Reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en combate o
actos meritorios del servicio. El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas Militares, y
de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, que adquieran
una incapacidad permanente parcial igual o superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%) ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del
enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o
en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir de la fecha
del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio y mientras
subsista la incapacidad a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por
el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas dispuestas en el presente decreto, siempre y
cuando exista declaración médica de no aptitud para el servicio y no tenga derecho a la asignación de
retiro.(…)”.
11
Visible a folios 207 a 223 del expediente.

5

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

efectuaron al demandante para que asistiera a la valoración médica, lo cierto fue
que no asistió a ninguna de las citaciones que fueron programadas.

Por lo anterior concluyó, que la valoración efectuada por la calificación de invalidez
de Bogotá y Cundinamarca no expuso las razones de modo, tiempo y lugar en que
se desarrollaron los hechos que dieron lugar a las afecciones que incapacitan al
demandante. Aunado a lo anterior, el diagnóstico de epilepsia primaria
generalizada se presentó cuando éste tenía 13 años, por ende, no es una
patología imputable a la prestación del servicio, siendo este un factor
indispensable para poder acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez.

Así las cosas, no es posible el reconocimiento de la prestación reclamada, por
cuanto el demandante no acreditó los requisitos legales para el efecto,
concretamente, el índice de la capacidad laboral inferior al 50%.

1.5 El recurso de apelación.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia con
fundamento en los siguientes argumentos12:

Expresó estar en desacuerdo con la decisión del a-quo, por cuanto el demandante
ingresó a la entidad demandada como conscripto en inmejorables condiciones de
salud, al punto, que fue declarado apto para la prestación del servicio militar
obligatorio; sin embargo, durante esta la prestación, su condición se desmejoró
ostensiblemente y ha cobrado mayor gravedad durante el tiempo, tanto es así, que
la Junta Regional de Invalidez del Meta Antioquia lo dictaminó con el 81.1% de la
pérdida de la capacidad laboral; así las cosas, no es posible desconocer la citada
valoración, como quiera que tuvieron en cuenta los mismos conceptos que habían
sido analizados por Sanidad Militar en la Junta Médico Laboral del 15 de junio de
2011.

Insistió en que se le debe reajustar la indemnización por concepto de la pérdida
de la capacidad laboral en la medida en que esta pretensión de ajusta a la situación
fáctica y jurídica que rodea al demandante.

II.CONSIDERACIONES

Cuestión previa.

Antes de formular el problema jurídico resulta necesario examinar si es posible
estudiar la pretensión relacionada con el reajuste de la indemnización por la
pérdida de la capacidad laboral, dado que, según el recurrente, es viable su
reajuste.

Sobre el particular debe precisarse que la indemnización por disminución de la
capacidad sicofísica no es una prestación de aquellas que se califican con el
carácter de periódica puesto que se agota en un único pago, de manera que la

12
Visible a folios 226 a 239 del expediente.

6

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

acción que le pretenda se encuentra sujeta al término de caducidad de cuatro
meses que fija el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo
«actualmente el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo», distinto de lo que sucede respecto de la pretensión
pensional en tanto es claro que el derecho a ella comporta una obligación de tracto
sucesivo. Sobre el particular, esta Corporación ha señalado lo siguiente13:

“(…) Si de los actos administrativos se derivan dos prestaciones diferentes, como en el
presente caso, pero sobre una ha operado la caducidad, se debe estudiar el fondo del
asunto respecto de aquella pretensión que no se encuentre inmersa dentro de este
fenómeno. Es decir, si el interesado desea que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo estudie tanto la indemnización como la pensión de invalidez, previamente
agotada la vía gubernativa ante la Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, debe realizarlo dentro del término estipulado por la Ley,
pues de lo contrario, solo se podrá estudiar aquel beneficio laboral que cumpla con los
requisitos de prestación periódica. En el presente caso, el Acta del Tribunal Médico de
Revisión Militar y de Policía No. 1700 de 19 de mayo de 2000 fue notificada
personalmente el 22 de febrero de 2001, y como la demanda se presentó sólo hasta el
9 de julio de 2004, ha caducado la acción en lo concerniente a la indemnización, ya que
no es posible que ahora a través de la acción incoada se pretendan revivir términos de
los cuales no hicieron uso de manera oportuna; situación muy distinta ocurre en cuanto
a la pensión de invalidez, ya que al ser una prestación periódica, permite demandarse
en cualquier tiempo (…)”.

Establecido lo anterior, se advierte que en el presente asunto mediante la
Resolución 127811 de 13 de diciembre de 2011 el Jefe de Desarrollo Humano14
reconoció y ordenó el pago de la indemnización al demandante, por lo que la
acción para controvertirse se encontraba caducada desde el 13 de abril de 2012,
sin que una nueva petición tenga la capacidad de revivir el término ya vencido.

Así las cosas es claro que, si el actor quería controvertir la indemnización por
disminución de la capacidad sicofísica tenía que haber demandado el acto
administrativo que definió su situación jurídica particular y concreta respecto de
dicha prestación económica, esto es, la Resolución 127811 de 13 de diciembre de
2011, por ende, es inviable emitir un pronunciamiento sustancial sobre la materia,
dado que se ha configurado el fenómeno de caducidad de que trata el artículo 164
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15.

Problema jurídico

13
CONSEJO DE ESTADO, sentencia del 30 de enero de 2014, radicación: 50001-23-31-000-2005-10203-
01(1860-13), actor: Hugo Osorio González, C. P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
14 Visible en cuaderno de antecedentes administrativos.
15
“(…) ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser
presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro
del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales;
(…)”.

7

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

Si el señor Carlos Eduardo Duque Ríos tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez en los términos establecidos en el numeral
5º del artículo 3 de la Ley 923 de 200416, reglamentado por el artículo 32 del
Decreto 4433 de 200417, aun cuando en el plenario existen divergencias en
los dictámenes que calificaron la pérdida de la capacidad laboral

Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i) normas
que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de las Fuerzas
Militares; y, ii) del caso en concreto.

i) Normas que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de
las Fuerzas Militares.

El Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales
por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”,
estableció en el artículo 2° que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las
aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnización los Soldados y Grumetes
quedaban sometidos al “(r)reglamento General de Incapacidades, Invalideces e
Indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional”.

Posteriormente, el Decreto 1836 de 1979 se encargó en el título noveno de regular
la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio
de Defensa, para lo cual estableció una regulación diferenciada según los diversos
cargos desempeñados en dichas instituciones, tal y como se observa en sus
artículos 60, 61, 62 y 63. No obstante lo anterior, la prestación establecida respecto
de los miembros de cada entidad tenía en común la exigencia de una disminución
en la capacidad sicofísica de por lo menos el 75%.

La anterior norma fue derogada por el Decreto 094 de 1989, mediante el cual se
reformó el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares

16
“(…) El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en
cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública,
determinado por los Organismos Médico Labórales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales
hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la
disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al
derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la
pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la
asignación de retiro. (…)”.
17
“(…) ARTÍCULO 32. Reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en combate o
actos meritorios del servicio. El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas Militares, y
de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, que adquieran
una incapacidad permanente parcial igual o superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%) ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del
enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o
en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir de la fecha
del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio y mientras
subsista la incapacidad a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por
el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas dispuestas en el presente decreto, siempre y
cuando exista declaración médica de no aptitud para el servicio y no tenga derecho a la asignación de
retiro.(…)”.

8

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas
de Formación y Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y se
establecieron los distintos procedimientos a seguir para determinar el grado de
invalidez, el reconocimiento de la pensión y las autoridades que participarían del
procedimiento.

Con respecto de las condiciones para hacerse acreedor del derecho a la pensión
de invalidez por parte de los Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares, el
artículo 90 del Decreto 094 de 1989 señaló que:

“(…) A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Soldados y
Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que
implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho
mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público
y liquidada así:
a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de
lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance
al 95%.
b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice
de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al
95% (…)”.

Posteriormente, el Decreto 1796 del 2000 18, determinó una pensión de invalidez
para los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación
y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio
de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y no uniformado de la Policía
Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, en función
de la pérdida de la capacidad sicofísica, así:

“(…) ARTICULO 38. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA EL
PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, AGENTES, Y PERSONAL DEL NIVEL
EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL. Cuando mediante Junta Médico-Laboral o
Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una
disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio,
el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la
incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la
reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en
las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan:
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance
el ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance
el noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

18
“Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral,
y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por
lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes
en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993.”

9

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

PARÁGRAFO 1º. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual
o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.
PARÁGRAFO 2º. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las
Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente
a las pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del decreto 094 de 1989 19
(…) ARTICULO 39. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL
VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y
PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES. Cuando el personal de que trata el presente
artículo adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o
superior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho mientras subsista la
incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como a
continuación se señala:
(…)
PARÁGRAFO 3o. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual
o superior al 75% no se generará derecho a pensión de invalidez. (…)”. (Lo subrayado
es de la Sala).

Esta normativa, expedida por el Presidente de la República en virtud de las
facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 del 2000, entró en vigencia el
14 de septiembre del 2000, y mantuvo la pensión de invalidez a partir de un
porcentaje de pérdida de la capacidad sicofísica del 75%, en cuya función se
determina el monto pensional, que pasó del 50% al 75% de las partidas
computables que establezcan las disposiciones que rigen la materia.

Dado que esta norma confió al Gobierno Nacional la reglamentación
correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el decreto,
dispuso un artículo transitorio para indicar que el procedimiento y criterios de
disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el
Decreto 94 de 1989 hasta que aquella fuera expedida. De esta forma lo previó el
artículo 48 del Decreto 1796 del 2000, así:

“(…) ARTICULO 48. ARTICULO TRANSITORIO. Hasta tanto el Gobierno Nacional
determine lo correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el
presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad psicofísica, de disminución
de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y
afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del decreto 094 de 1989, excepto
el artículo 70 de la misma norma (…)”.

Posteriormente, el legislador expidió la Ley 923 del 2004, mediante la cual se
señalaron las normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública. En el artículo 3º numeral 3.5 se dispuso lo
siguiente:

“(…) Artículo 3. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
(…)

19
Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-970-03
del 21 de octubre del 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

10

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado
teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro
de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de
Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios
diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la
capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al
derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%)
y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de
las partidas computables para la asignación de retiro. (…)”

Igualmente, en el artículo 6º se estableció los efectos temporales de dicha norma
en lo que tiene que ver con las pensiones de sobrevivencia y de invalidez; al
respecto manifestó que, dichas prestaciones serían reconocidas para los hechos
ocurridos desde el 7 de agosto del 2002, es decir que dispuso efectos retroactivos
para la aplicación de la ley. Este artículo fue objeto de pronunciamiento de la Corte
Constitucional en sentencia C – 924 del 2005, providencia en la cual se estudió
una acción pública de inconstitucionalidad propuesta con fundamento en la
vulneración del derecho a la igualdad.

En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el
artículo 6º de la Ley 923 del 2004 y, por lo tanto, consideró que la citada norma no
vulneraba el derecho a la igualdad en tanto “la retroactividad prevista por el legislador,
no se orienta a brindar protección a unas personas que hubiesen estado desprovistas de
ella, sino que busca permitir que, dentro de las limitaciones que impone la situación de
las finanzas públicas, algunas de tales personas, en razón de la proximidad de sus
circunstancias con el momento del tránsito legislativo, pudiesen beneficiarse de las
condiciones previstas en el nuevo régimen”.

Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la Ley 923 del 2004, se
expidió el Decreto Reglamentario 4433 del 200420, el cual en su artículo 30
consignó los requisitos específicos que deben cumplir los miembros de las
Fuerzas Militares y de Policía para acceder a la pensión de invalidez así:

“(…) Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional se les determine una
disminución de la capacidad laboral igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)
ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del
vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio,
mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables
que correspondan según lo previsto en el presente decreto (…)”

El Decreto 4433 del 2004 contempló, en sus artículos 30 y 33, dos hipótesis
respecto de este tipo de pensión, en las que se exige un 75% de pérdida de la
capacidad laboral siempre que la afectación haya ocurrido durante el servicio, sin
20
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública.”

11

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

especificar que debiera ser por causa y razón de este. La principal diferencia entre
el uno y el otro, además de la liquidación del monto en algunos casos, es el
personal al que se encuentran dirigidas, puesto que el artículo 30 cobija a
Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y a Oficiales,
Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional; mientras que la del
artículo 33 ampara a los Alumnos de las Escuelas de Formación de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares, y de Oficiales y miembros del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional.

Así las cosas, a efectos de lograr el reconocimiento pensional aludido no solo era
menester que el afectado presentara una pérdida de la capacidad superior al
porcentaje mencionado en párrafos anteriores sino que además, las lesiones o la
incapacidad debió ser causada en servicio activo y con ocasión del mismo; si bien
el artículo 6º de la Ley 923 del 2004 consagró el reconocimiento prestacional
referido originado en misión del servicio en simple actividad, solo aplicaba a
situaciones consolidadas a partir del 7 de agosto del 2002.

El referido artículo 30 fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación
en sentencia del 28 de febrero del 201321 a través de la cual lo declaró nulo al
considerar que el Gobierno Nacional excedió la facultad de regulación que le
otorgó el legislador en la Ley 923 del 2004. Al respecto:

“(…) Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho al
reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu, cuando tal disminución sea
igual o superior a este porcentaje, surge el derecho a la obtención y reconocimiento de
la misma. De tal manera que, si esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser
variada sino por la propia ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en
tal virtud, no puede predicarse la validez de una norma que, en desarrollo de los
dispuesto en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos
superiores a los establecidos por esa ley.
(…)
Por tanto, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 adolece de un vicio insubsanable de
nulidad, pues fue expedido por el Presidente de la República fuera de la órbita
competencial que expresamente le señaló el Congreso de la República en la Ley 923
de 2004, artículo 3° numeral 3.5 y, por consiguiente, resulta contrario a derecho y
carente de validez (…)”

Finalmente, se expidió el Decreto Reglamentario 1157 del 201422, a través del cual
se consignaron nuevamente los requisitos para que los miembros de las Fuerzas
Militares y de Policía accedan a la pensión de invalidez. En esta oportunidad se
estableció que con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior
al 50%, los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía podrán ser acreedores
del derecho a la pensión de invalidez, así:

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-25-000-2007-00061-00
(1238-07), Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
22
“Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión
de invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública.”

12

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

“(…) ARTÍCULO 2. RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE
INVALIDEZ. Cuando mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos
médico laborales militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del
servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales,
miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación
del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la
capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en
servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento
de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras
subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión
mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la
Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de
conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento
en las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos
4433 de 2004 y 1858 de 2012; así:
(…)”.

Esta nueva normativa, que rige a partir del 24 de junio de 2014, estableció la
pensión de invalidez para los miembros de la fuerza pública, y entre ellos, a los
miembros que prestaran el servicio militar, cuando por las autoridades médico-
laborales propias se les determine una pérdida de su capacidad laboral igual o
superior al 50%.

En cuanto al monto, estableció la norma que:

Rango % pérdida cap. Monto - partidas
Laboral computables
50 - 75 50
75 - 85 75
85 - 95 85
más de 95 95

Es pertinente señalar, que una de las características notorias de la regulación de
la pensión de invalidez de la Fuerza Pública, es la de instituirse a partir de los
conceptos científicos de las autoridades médico-laborales propias que tiene por
ministerio de la ley, lo cual tiene pleno sustento en que dicho sector está excluido
del régimen general de seguridad social previsto en la Ley 100 de 199323.

Así las cosas, nota la Sala que la nueva regulación en cuanto al porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral requerido para la pensión de invalidez en la fuerza
pública está a tono con la dispuesta en el régimen general de pensiones, al que
se ha acudido en aplicación del derecho a la igualdad y al principio de
favorabilidad.

ii) Del caso en concreto

23
Artículo 279.

13

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

En el sub-lite, el señor Carlos Eduardo Duque Ríos pretende el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez por considerar que cuenta con el porcentaje
requerido para el reconocimiento de esta prestación «artículo 32 del Decreto 4433
de 200424», sin embargo, en el expediente obran dos dictámenes en los cuales se
calificó la pérdida de la capacidad laboral que, en cuanto a su calificación, son
diferentes entre sí.

Para efectos de resolver el punto objeto de controversia, la Sala cuenta con los
siguientes elementos probatorios:

a) El 20 de abril de 2011 el Jefe de Atención al Usuario de la Dirección de
Personal del Ejército Nacional certificó que el señor Carlos Eduardo Duque Ríos
había prestado sus servicios como Soldado Regular desde el 6 de abril de 2010 al
20 de abril de 2011, para un total de 1 año y 14 días de servicios25.

b) El 21 de junio de 2011 la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del
Ejército calificó al señor Carlos Eduardo Duque Ríos con una pérdida de la
capacidad laboral equivalente al 12% dada la epilepsia primaria de origen
congénito26.

c) El 14 de junio de 2013 la Junta de Invalidez del Meta valoró al señor Carlos
Eduardo Duque Ríos con una pérdida de la capacidad laboral equivalente al
81.10% en razón a una “(…) EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO (…)”27.

d) El 20 de agosto de 2013 el señor Carlos Eduardo Duque Ríos solicitó el
reconocimiento de la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización por la
pérdida de la capacidad laboral28; sin embargo, por medio del Oficio
20135320958471 MDN-CGFM-CE-DIPSO-CI-22.1 del 28 de octubre de 2013 el
Subdirector de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional le negó tal pretensión
al considerar que solo había acreditado el 12% de la citada disminución29.

e) Por medio de la Resolución 127811 de 13 de diciembre de 2011 el Jefe de
Desarrollo Humano de la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional
le reconoció al señor Carlos Eduardo Duque Ríos la suma de $3.059.615 por

24
“(…) ARTÍCULO 32. Reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en combate o
actos meritorios del servicio. El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas Militares, y
de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, que adquieran
una incapacidad permanente parcial igual o superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%) ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del
enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o
en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir de la fecha
del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio y mientras
subsista la incapacidad a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por
el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas dispuestas en el presente decreto, siempre y
cuando exista declaración médica de no aptitud para el servicio y no tenga derecho a la asignación de
retiro.(…)”.
25 Visible a folios 6 y 7 del expediente.
26 Visible a folio 8 del expediente.
27 Visible a folios 10 y 11 del expediente.
28 Visible a folios 2 a 4 del expediente.
29 Visible a folio 5 del expediente

14

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

concepto de indemnización por disminución de la pérdida de la capacidad
laboral30.

Con fundamento en lo anterior es dable concluir que el señor Carlos Eduardo
Duque Ríos (i) prestó sus servicios como Soldado Regular del 6 de abril de 2010
al 20 de abril de 2011; (ii) el 21 de junio de 2011 la Junta Médica Laboral de
Sanidad Militar lo valoró y dictaminó que tenía una disminución de la capacidad
laboral equivalente al 12%;(iii) el 24 de junio de 2015 también fue valorado por la
Junta Médica Laboral del Meta, quien consideró que ostentaba una pérdida de la
capacidad laboral del 81.1%; y (iv) finalmente, el 13 de diciembre de 2011 le fue
reconocida la indemnización por la citada disminución, con fundamento en el
dictamen que había realizado Sanidad Militar.

Pues bien, como se puede evidenciar, existen dos dictámenes que fueron
realizados, de un lado, por la Junta Médica Laboral de Sanidad Militar; y de otro,
por Junta Médica Laboral del Meta, que determinaron que el señor Carlos Eduardo
Duque Ríos ostentaba una disminución de la capacidad laboral del 12% y 81.10%,
respectivamente. En virtud de lo anterior, resulta necesario establecer cuál es la
razón por la que, con fundamento en la misma causa, esto es, secuelas por trauma
ocurrido durante la prestación del servicio militar, existen dos puntos de vista casi
tan diametralmente opuestos; por ende, la Sala relacionará los diversos conceptos
que fueron tenidos en cuenta por los especialistas para luego determinar en donde
se generó la diferencia, veamos:

Dictamen de la Junta Médica Laboral de la Dictamen Junta Médica Laboral del Meta.
Dirección de Sanidad del Ejército.
13 de junio de 2011 – Neurología: “(…) A los No fueron solicitados, solo fue tenida en
13 años inicia convulsiones generalizadas, cuenta la epicrisis y los exámenes o prueba
actual frecuencia cada tres meses-signo más paraclínicas.
y síntomas. Hay amnesia en todos los
eventos, mioclonías frecuentes-diagnóstico
epilepsia primaria generalizada-etiología
genética-estado actual bueno. Sin
complicaciones médicas no hay buen control
de las convulsiones pronóstico bueno
mientras se controlen las convulsiones (…)”.
20 de abril de 2011 – TAC CEREBRAL: “(…)
Tac cerebral dentro de los límites
normales(…)”.
8 de febrero de 2011 –
Electroencefalograma: “(…) Estudio de
encefalograma digital realizado vigilancia y
somnolencia normal (…)”.

Con fundamento en los citados conceptos, las Juntas Médico-laborales
concluyeron que:

Dictamen de la Junta Médica Laboral de la Dictamen Junta Médica Laboral de
Dirección de Sanidad del Ejército. Antioquia.
“(…) Epilepsia primaria de origen congénito. “(…) Neurología del 13-06-2011: “ a los 13
Valorado y tratado por tac cerebral simple, años inicia convulsiones generalizadas actual

30 Visible en el folio 32 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

electroencefalograma y neurología (…) frecuencia cada tres meses, signos y
enfermedad común (…)”. síntomas, hay amnesia en todos los eventos,
mioclonías frecuentes. DX epilepsia primaria
generalizada. Etiología-genética. Hay buen
control de qué las convulsiones. Estudios para
clínicos, normales. En tratamiento con ácido
valproico (…)”.

Nótese que, en principio, ambos dictámenes contaron con los mismos elementos
de juicio para establecer la pérdida de la capacidad laboral del señor Carlos
Eduardo Duque Ríos; sin embargo, llama la atención de la Sala porqué la Junta
Médico Laboral del Meta clasificó tal disminución con un porcentaje muy superior
a la dispuesta por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad Militar,
además porque, en todo caso, el origen de la enfermedad fue congénito.

Pero si en gracia de discusión no se admitiera lo anterior, es necesario afirmar que
solo es posible tener en cuenta los dictámenes emitidos por las Juntas Regionales
de Calificación de Invalidez cuando se practica atendiendo una orden judicial, pues
así lo dispuso el artículo 1º del Decreto 1352 de 2013, veamos:

“(…) ARTÍCULO 1°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplicará a las
siguientes personas y entidades:
1. De conformidad con los dictámenes que se requieran producto de las calificaciones
realizadas en la primera oportunidad:
a) Afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales o sus beneficiarios;
b) Trabajadores y servidores públicos del territorio nacional de los sectores público y
privado;
c) Trabajadores independientes afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral;
d) Empleadores;
e) Pensionados por invalidez;
f) Personal civil del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares;
g) Personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con posterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993;
(…)
2. De conformidad con los dictámenes que se requieran como segunda instancia de los
regímenes de excepción de la Ley 100 de 1993, caso en el cual las Juntas Regionales
de Calificación de Invalidez actuarán como segunda instancia, razón por la cual no
procede la apelación a la Junta Nacional:
a) Educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio;
b) Trabajadores y pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos.
3. De conformidad con las personas que requieran dictamen de pérdida de capacidad
laboral para reclamar un derecho o para aportarlo como prueba en procesos judiciales o
administrativos, deben demostrar el interés jurídico e indicar puntualmente la finalidad
del dictamen, manifestando de igual forma cuáles son las demás partes interesadas,
caso en el cual, las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez actuarán como
peritos, y contra dichos conceptos no procederán recursos, en los siguientes casos:
a) Personas que requieren el dictamen para los fines establecidos en este numeral;
b) Entidades bancarias o compañía de seguros;
c) Personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en la Ley 418 de
1997.
PARÁGRAFO. Se exceptúan de su aplicación el régimen especial de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación que soliciten a las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez como peritos. (…)”. (Lo resaltado en negrilla
y subrayado es de la Sala).

16

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

Entonces, si bien la citada normativa dispuso que se aplicaría a todos los
trabajadores y servidores públicos del territorio nacional de los sectores público y
privado, trabajadores independientes afiliados al Sistema de Seguridad Social y
pensionados por invalidez, lo cierto es que entre las funciones que le asignó a
estas Juntas Calificadoras está la de evaluar las solicitudes de calificación de
pérdida de la capacidad laboral requeridas por las autoridades judiciales o
administrativas, evento en el cual, su actuación será como peritos asignados en el
proceso31, situación que no ocurrió en el presente caso.

Se debe indicar respecto de las valoraciones efectuadas por las Juntas Regionales
de Calificación de Invalidez por orden judicial, que la Corte Constitucional precisó
dos aspectos a saber, el primero señala que las autoridades judiciales o
administrativas pueden designar como peritos a las juntas de calificación de
invalidez y, el segundo de ellos referido a, la obligatoriedad y perentoriedad en el
cumplimiento de las órdenes judiciales a través de las cuales se disponga este tipo
de valoraciones. En efecto, sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia T-033
de 2004, que:

“(…) Las órdenes judiciales no pueden ser ignoradas ni desobedecidas pues su
cumplimiento no es facultativo. El derecho a acceder a la justicia comprende no sólo la
presentación de una demanda sino también el cumplimiento de lo ordenado por los
jueces. De lo contrario, este derecho sería intrascendente y se agotaría en una mera
formalidad. Adicionalmente, es del caso tener en cuenta que la junta calificadora
accionada gozaba, en virtud del derecho al debido proceso, de la posibilidad de
controvertir la orden judicial que le había sido impartida (…)”.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta, tal como lo ha dicho esta Corporación,
que cuando existen conceptos médicos que discrepan en cuanto a la disminución
de la capacidad laboral del funcionario (el emitido en el trámite administrativo y el
de los peritos designados en el proceso), debe darse prelación al dictamen que
emitan los expertos dentro del proceso, dado que puede ser controvertido como
medio de prueba, lo que no acontece con las evaluaciones médicas realizadas en
los trámites administrativos de reconocimiento de pensión de invalidez 32.

Bajo ese contexto, no cabe duda que los dictámenes o valoraciones que efectúan
las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez además de que se pueden tener
en cuenta, tienen los mismos efectos a las expedidas por las autoridades médico
laborales de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, siempre y cuando los
ordene la autoridad judicial competente y sean sometidos a la correspondiente

31 “(…) ARTÍCULO 3o. CALIFICACIÓN DEL GRADO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD
LABORAL. Corresponderá a las siguientes entidades calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral
en caso de accidente o enfermedad:
1. Las juntas regionales de calificación de invalidez decidirán sobre las solicitudes de calificación de pérdida
de la capacidad laboral requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, evento en el cual, su
actuación será como peritos asignados en el proceso. Las juntas de calificación de invalidez también
actuarán como peritos en los casos de solicitudes dirigidas por compañías de seguros cuando se requiera
calificar la pérdida de capacidad laboral.
(…)”.
32 CONSEJO DE ESTADO, Sentencia del 6 de julio de 2011, Expediente No. 68001-23-15-000-1998-01035-01(0839-

08), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.

17

Radicado No. 050012333000201801112 01.
No. interno: 0948-2020.
Actor: Mauricio Morales Padilla.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.

contradicción de que trata el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil 33, lo
cual, se insiste, no ocurrió en el sub-lite.

Así las cosas, no es posible tener en cuenta el dictamen que emitió la Junta Médico
Laboral del Meta, por varias razones: primero, porque es notorio que la
enfermedad que motivó la pérdida de la capacidad laboral fue de origen congénito;
y segundo, porque la autoridad competente para emitir este tipo de dictámenes en
miembros de las Fuerzas Militares es la Dirección de Sanidad Militar a través de
sus Juntas Médicas Laborales.

Por lo anterior, al haberse comprobado que el demandante no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, como quiera que no se
encuentra acreditado el porcentaje requerido de la pérdida de la capacidad laboral
para el reconocimiento, la Sala, confirmará la sentencia del a-quo que negó las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

CONFIRMAR la sentencia de 10 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de
la cual negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Carlos
Eduardo Duque Ríos contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión34.

(Ausente en comisión) (firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

33 Actualmente el artículo 228 del Código General del Proceso.
34 Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera

que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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