Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-04153-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-04153-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2014-04153-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2014 04153 01 (0389-2018)
Demandante: María Nohora Fandiño González
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Vinculación antes de 1980. Naturaleza de la vinculación
docente. Carga de la prueba. Ley 1437 de 2011
Decisión: Revocar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia del 29 de junio de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución UGM 017880 del 21 de
noviembre de 2011 por medio de la cual la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-,
negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia en cuantía del 75% del IBL con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del
estatus, debidamente indexados y reajustados conforme al IPC; se condene a la
UGPP al pago de intereses moratorios y se dé cumplimiento a la sentencia teniendo
en cuenta las disposiciones del CPACA; y se condene en costas.
1 Folios 40 al 52 del expediente físico
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2014 04153 01 (0389-2018)
Demandante: María Nohora Fandiño González
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora María Nohora Fandiño González prestó sus servicios como docente, así:
i) Interina con vinculación territorial en el Distrito de Bogotá desde el 01 de enero de
1979 hasta el 30 de diciembre de 1979; ii) En propiedad como docente del orden
nacionalizado desde el 22 de marzo de 1983 hasta el 30 de diciembre de 2004.
Precisó que nació el 27 de octubre de 1953, por tanto, cumplió 50 años de edad el
27 de octubre de 2003; que además desempeñó el cargo con honradez y buena
conducta, por lo que estima cumple los requisitos para obtener la pensión gracia.
Finalmente afirma que el 24 de febrero de 2009 radicó solicitud de reconocimiento
y pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual
fue resuelta de manera negativa con el acto hoy demandado.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1°, 2°, 4°, 29, 48 y
53 de la Constitución; las Leyes 114 de 1913; 116 de 1928, 37 de 1933; 43 de 1975;
91 de 1989. Precisó que se cumplieron con todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el
derecho prestacional de la docente, en clara omisión de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre el asunto.
En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento
normativo de la pensión gracia, expone que la entidad demandada desconoce el
tiempo de servicio en el Distrito Capital de Bogotá con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980.
1.4. Contestación de la demanda2
Luego de admitida la demanda el 02 de octubre de 2014, a través de apoderado la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
indicando que la demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos
previstos en la ley para hacerse acreedora de la pensión gracia, pues no acreditó
que se haya vinculado antes del 31 de diciembre de 1980.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado; ii) inexistencia de la obligación; iii) prescripción; iv)
indebida pretensión de reconocimiento e inexistencia de la obligación de indexar; v)
cobro de lo no debido; vi) imposibilidad de condena en costas.
2
Folios 87 a 94 del expediente físico.
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 04153 01 (0389-2018)
Demandante: María Nohora Fandiño González
1.5. Sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”,
en sentencia de 29 de junio de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda. En
ese orden, i) declaró la nulidad de la Resolución No. UGM 017880 de 21 de
noviembre de 2011 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL
– hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección-UGPP que negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia a la señora María Nohora Fandiño González; ii) a título de
restablecimiento del derecho condenó a la UGPP a reconocer y pagar la pensión
gracia a la actora a partir del 28 de octubre de 2003 – por prescripción trienal-,
teniendo en cuenta los factores devengados en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional en cuantía del 75%; y iii) ordenó el reajuste de las sumas
adeudadas.
Lo anterior, teniendo en cuenta que encontró probado que la demandante se
desempeñó como docente del orden nacionalizado y/o territorial, en los periodos
señalados anteriormente, acreditando la totalidad de los requisitos exigidos por la
ley para obtener la prestación deprecada. No hubo condena en costas.
1.6. Recurso de apelación4
A modo de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante
apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la
sentencia de primera instancia, alegando que la parte actora no cumple con los
requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913, concretamente, haber prestado
servicios como docente departamental, distrital, municipal o nacionalizado antes del
31 de diciembre de 1980, pues, no logró acreditar el tipo de vinculación y los
extremos temporales de la labor docente que aduce ejecutó.
Para culminar, indicó que los requisitos para obtener el reconocimiento de la
pensión gracia, debían ser acreditados por la interesada antes de la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, lo cual no ocurrió en el presente caso, no estando
demostrado para dicha data la exigencia de 20 años de servicios ya mencionada.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto de 06 de julio de 2018, se admitió el recurso de apelación presentado
3
Folios 173 a 184 del expediente físico.
4
Folios 189 a 190 del expediente físico.
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Demandante: María Nohora Fandiño González
por la parte demandada. Luego, con auto de fecha 19 de octubre de 2018 se dispuso
correr traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.
Así, la parte demandante intervino en esta instancia, allegando memorial con el
que solicitó confirmar la decisión.
A su turno, el apoderado de la UGPP reiteró su petición de revocar la sentencia de
primera instancia, en tanto aduce que el sustento de lo pedido carece de
fundamentos fácticos y jurídicos al no cumplir con los requisitos legales para
acceder a tal prestación.
Por su parte, el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación,
guardó silencio.
De otro lado, el 20 de junio de 20245 se dictó auto para mejor proveer requiriendo
a la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá, para que allegara
prueba documental relacionada con contratos de trabajo, órdenes de prestación de
servicios y actos de nombramiento y posesión que den cuenta del servicio docente
de la actora, certificados de tiempos de servicio, de la naturaleza del vínculo, de la
institución educativa y de la plaza ocupada; así como se certificara de donde
provenían los dineros con que se efectuaron a aquélla los pagos de salarios y
prestaciones.
En respuesta a los requerimientos realizados, la Secretaría de Educación del Distrito
Capital de Bogotá allegó lo requerido6.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
5 Folios 254 y 255 del expediente físico
6Índice 85 y 89 del expediente digital de SAMAI
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2014 04153 01 (0389-2018)
Demandante: María Nohora Fandiño González
apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, solo una de las partes
presentó recurso de alzada –entidad demandada-, el análisis se limita a los
argumentos del respectivo recurso.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Nohora
Fandiño González, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; o si, por el contrario, no acredita las
exigencias para dicho reconocimiento.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se
reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial
con antelación al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2014 04153 01 (0389-2018)
Demandante: María Nohora Fandiño González
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera
de texto).
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar
ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»8
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26
de agosto de 1997.
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Demandante: María Nohora Fandiño González
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20189
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a
las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban
a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados
para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las
entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -
2014).
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Demandante: María Nohora Fandiño González
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».10
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Demandante: María Nohora Fandiño González
2.4 Actuación administrativa
La demandante, actuando por intermedio de apoderado, el 24 de febrero de 200911
solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP el reconocimiento y
pago de una pensión gracia, la cual fue negada a través de la Resolución UGM
017880 del 21 de noviembre de 201112, sustentada en que la actora no cumple el
requisito de haber ejercido la docencia con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Contra el acto en mención no se presentaron recursos de ley.
2.5 Caso concreto
Pasa la Sala a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, especialmente, si acredita la prestación del servicio docente
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
Revisado el expediente, se encuentra acreditado que la señora María Nohora
Fandiño González nació el 27 de octubre de 195313, razón por la que, el 27 de
octubre de 2003, cumplió 50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.
• Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
Previo a la verificación de este requisito, y en vista de las inconformidades
planteadas con el recurso de apelación, resulta necesario indicar que, teniendo en
cuenta lo señalado en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 proferida por esta Sección del Consejo de Estado, la interpretación
que debe darse al artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es que los docentes pueden
acceder a la misma antes y después del 29 de diciembre de 1989, en la medida que
cumplan con el requisito de demostrar una vinculación territorial o nacionalizada
11 Conforme se indicó en el acto administrativo demandado
12 F o l i o s 25-26 expediente físico
13 Folio 08
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antes del 31 de diciembre de 1980, y claro está, acrediten los demás requisitos de
ley, esto último, incluso con posterioridad a dicha data.
En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte recurrente,
relacionado con que debía la docente acreditar la totalidad de los requisitos para la
pensión gracia, antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989.
Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales de la actora como
docente oficial:
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980
Revisado el expediente, se observa que mediante la Resolución 0112 de 27 de
enero de 1981 el Secretario de Educación del Distrito Especial de Bogotá en
ejercicio de sus facultades legales reconoció el servicio docente en interinidad
durante el año 1979 de la señora María Nohora Fandiño González, véase:
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Posteriormente, el Grupo de Certificaciones Laborales de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, el 6 de enero de 2010 emitió constancia de la prestación del servicio de la
señora Fandiño González pero también con fundamento en la anterior Resolución
0112 de 27 de enero de 1981; y además se cita la Resolución 3028 de 1983,
indicando que laboró del 22 de marzo al 21 de abril de 1983. Lo anterior fue reiterado
en certificación emitida el 3 de noviembre de 2016. Obsérvese:
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Pues bien, para la Sala el material probatorio recaudado no resulta suficiente para
establecer la prestación del servicio docente, asistiéndole razón a la entidad
recurrente.
Lo anterior, por cuanto, por un lado, si bien la Resolución 0112 de 27 de enero de
1981, dispone reconocer el pago por el servicio prestado en interinidad por unos
docentes en el año 1979, entre los que figura la actora, lo cierto es que no se
precisan los extremos temporales por los cuales particularmente aquélla laboró,
incluso, tampoco se hace referencia o se identifica el acto administrativo mediante
el cual se realizó la designación.
Cabe destacar que, si bien en el artículo segundo del acto citado, se dispone que el
pago se realice con cargo al presupuesto de rentas y gastos del FER – programa
educación primaria- vigencia 1980, lo que podría llevar a entender que se trató de
una designación como nacionalizada; no puede pasarse por alto que se desconoce
el tiempo por el cual la docente ejecutó las labores, y en todo caso, no reposa en el
plenario ninguna otra prueba documental que nos permita contrastar dicha
información.
Y es que, aun cuando milita constancia emitida por el Grupo de Certificaciones
Laborales, de la cual se trajo la imagen al texto de esta providencia, esta tampoco
aporta información relevante respecto a la naturaleza de la plaza ocupada, y en
torno a los períodos servidos; por el contrario, se limita a citar el acto administrativo
0112 de 1981, ya mencionado.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2014 04153 01 (0389-2018)
Demandante: María Nohora Fandiño González
Nótese que si bien se aportó un Formato Único para Expedición de Certificado de
Historia Laboral, que data de 22 de febrero de 2012, este solo da cuenta de la
ejecución de la labor docente a partir del año 198314; y el expedido el 10 de octubre
de 2016, relaciona un ascenso en el escalafón, pero desde el 7 de octubre de 1982,
sin que se informe labor alguna antes de 198015.
Luego, en cumplimiento al decreto probatorio efectuado por el tribunal de instancia,
i) el profesional especializado de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría de
Educación, informó que revisada la hoja de vida de la señora Fandiño González, no
se encontró documentación alguna que evidenciara que hubiera prestado sus
servicios como docente interina en el año 1979.16 Y ii) el director de Servicios
Administrativos de la citada administración aportó tarjeta de control a interinos,
encontrándose en los archivos únicamente la correspondiente a un periodo en el
año 1982.
Ahora, en primera instancia se decretó y practicó interrogatorio de parte a la señora
María Nohora Fandiño González, oportunidad en la que mencionó que estuvo
vinculada desde 1979 hasta 1981 entre otros, en la Concentración San José,
Concentración Ismael Perdomo, y Concentración Patio Bonito, generalmente en los
grados 3°, 4° y 5° de primaria. Que en donde más tiempo permaneció fue en la
Concentración San José, en remplazo de una docente por enfermedad, mientras
que en las otras instituciones cubrió licencias por embarazo; que esos colegios
pertenecían al distrito capital. Puntualizó que en la Concentración San José prestó
sus servicios en los meses de febrero, marzo y abril de 1979, mencionando quienes
fungían como supervisor y coordinador de la época.
Al respecto, estima la Sala que si bien la parte actora puede hacer uso de cualquiera
de los medios probatorios dispuestos en la ley, lo cierto es que no existe suficiente
claridad en el plenario sobre la naturaleza de dicho vínculo, máxime cuando según
certificaciones antes relacionadas, allegadas por la Secretaría de Educación de la
Alcaldía Mayor de Bogotá en cumplimiento del decreto probatorio, se informó que
no se encontraron reportes sobre la ejecución de la labor docente de la señora
Fandiño González en el año 1979, por lo que resultaba relevante que aquélla
aportará las pruebas conducentes para demostrar el hecho alegado.
Cabe destacar que, en esta instancia se dictó un auto para mejor proveer,
precisamente para esclarecer lo relacionado con la labor ejecutada por la
demandante, sin embargo, no se obtuvo ninguna documental que diera cuenta del
tiempo de servicio en el año 1979, más allá de la misma Resolución 0112 de 27 de
enero de 1981 que reconoció un pago de prestaciones a docentes interinos en el
14 Folio 37 del expediente físico
15 Folio 143 expediente físico
16 Folio 162 expediente físico
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año 1979, entre estos, a la demandante, acto respecto del cual se ha dejado sentado
que no ofrece la información suficiente sobre la naturaleza de la plaza ocupada.
Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, para la Sala no existe certeza frente al
cumplimiento del requisito de una vinculación docente territorial o nacionalizado
antes de 1980, pues, como se ha dicho, no existe prueba alguna que permita
establecer los extremos temporales, la naturaleza de la designación,
desconociéndose incluso el acto administrativo que efectuó el respectivo
nombramiento.
Así, las pruebas recaudadas resultan insuficientes para acreditar la exigencia en
mención, siendo carga de la parte demandante ofrecer con claridad, certeza a la
judicatura frente al cumplimiento de los requisitos para obtener la prestación que
reclama, como así lo dispone el artículo 167 del CGP en los siguientes términos
«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen».
Así entonces, valga resaltar que la parte demandante tenía pleno conocimiento que
este requisito de la vinculación como docente territorial o nacionalizado antes de
1980, fue objeto de discrepancia con la entidad demandada, motivo por el cual le
fue negada en sede administrativa la prestación, por lo que era de su carga
demostrar el cumplimiento del mismo aportando el material probatorio
correspondiente que llevará al convencimiento del ejercicio docente en los términos
mencionados, bien fuera aportando los actos administrativos de designación,
certificado de información laboral emitida por la entidad nominadora, entre otros; o
incluso, de ser necesario, solicitar la reconstrucción de documentos o expediente
laboral ante la respectiva entidad nominadora.
En similar sentido, la Corte Constitucional se pronunció respecto de la carga de la
prueba en materia pensional cuando existan inconsistencias en la historia laboral
del solicitante, al respecto, la sentencia SU-182 de 2019 señaló:
«En este punto es importante precisar que la carga de la prueba sobre las
posibles inconsistencias o irregularidades recae, en principio, sobre la
administradora de pensiones, pues “el trabajador sigue siendo el sujeto
jurídico más débil del sistema, por lo cual merece una especial protección del
Estado”21. Además, la administradora cuenta con “mejores y mayores
elementos de juicio que le permitan adoptar una decisión más fiel a la realidad
de los hechos que se le plantean”17. Pero cuando la administradora de
pensiones presenta una “justificación bien razonada”, soportada en medios
probatorios que advierten razonablemente sobre una inconsistencia o una
irregularidad en la historia laboral, le corresponde al afiliado desvirtuar tal
17 «Sentencia T-482 de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas.»
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hecho. En términos similares, la Sala Plena del Consejo de Estado ha
sostenido que, frente a una “censura fundada” de la administración, la carga
de la prueba se traslada al afiliado, quien podrá hacer uso de los distintos
medios probatorios a su alcance18.» (Negrilla de la Sala)
Como resultado del análisis realizado, se advierte que no se encuentra acreditado
el requisito de la prestación del servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980 lo que imposibilita continuar con el estudio de los demás periodos de labor;
lo cual conlleva a revocar la sentencia de primera instancia que accedió las
pretensiones.
2.6. Conclusión
En relación con el caso que nos ocupa, la señora María Nohora Fandiño González
no cumplió con el requisito mínimo de acreditar su vinculación como docente
territorial y/o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, razón por
la que esta Sala revocará la decisión dictada en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” el 29 de junio
de 2017, que accedió a las pretensiones de la demanda, y en su lugar, se negarán
las mismas, de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia.
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, comoquiera que si bien en anteriores oportunidades
esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había,
o no, lugar a condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica,
interpretación que se hace extensiva al caso bajo estudio.
Así entonces, revisado el presente asunto, se advierte que la demanda se presentó
sustentada en la disposiciones normativas y jurisprudenciales correspondientes, de
manera que no carece de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana Margarita Olaya Forero
Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029).»
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III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 29 de junio de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, que accedió
a las pretensiones de la demanda; de conformidad con las consideraciones
expuestas.
En su lugar, se NIEGAN las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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