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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-04341-01

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-04341-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 7 de junio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Patricia Martínez Hernández contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-04341-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

11 de agosto de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: PATRICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Temas: Reajuste de asignación básica de personal de la
Dirección General de Sanidad del Ministerio de
Defensa. Aplicación de la sentencia de unificación
del 12 de diciembre de 2019.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-144-2022

ASUNTO

La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 7 de junio de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Patricia Martínez Hernández en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar que el régimen salarial previsto para la señora Patricia Martínez
Hernández es el contenido en el artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062
de 1997, es decir, el contemplado para los empleados de la Rama Ejecutiva
del orden nacional.

2. Declarar la nulidad del Oficio 344064 CGFM-DGSM-SAF-GTH.1.10 del 24
de julio de 2013 proferido por la Dirección General de Sanidad Militar,
mediante el cual se denegó la petición de la demandante tendiente a
obtener el reconocimiento y pago de su asignación básica conforme a lo
previsto en la Ley 352 de 1997 y en el Decreto 3062 de 1997.

3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la demandada,
reliquidar y pagar la asignación básica de la señora Patricia Martínez
Hernández de conformidad con los preceptos del artículo 3.º, numeral 6.º
del Decreto 3062 de 1997, esto es, con el reconocimiento de las diferencias
resultantes entre lo devengado por aquella y las remuneraciones fijadas

1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
2
Folios 248 vuelto a 249.

2
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional desde su
ingreso a la entidad como personal civil no uniformado, según los decretos
expedidos para tal efecto anualmente, bajo el entendido de que se
encuentra en el nivel asesor.

4. Conminar a las autoridades demandadas a indexar y ajustar las
prestaciones sociales percibidas por la demandante con base en los
nuevos valores que se determinen para su asignación básica, así como
cualquier otro emolumento que dependa de dicho ingreso mensual
reliquidado.

5. Ordenar a la parte pasiva cumplir la sentencia conforme a los artículos 192
y siguientes del CPACA, así como al pago de gastos y costas procesales
a que haya lugar.

Supuestos fácticos relevantes3

1. La señora Patricia Martínez Hernández fue vinculada en el cargo de
servidor misional en Sanidad Militar del Ejército Nacional, código 2-2, grado
14, a partir del 27 de octubre de 2007, de conformidad con el acta de
posesión 1217.

2. La libelista percibe a la fecha de presentación de la demanda (6 de octubre
de 2014), una asignación básica determinada por los parámetros fijados
por el Gobierno Nacional en los decretos salariales aplicables al personal
civil del Ministerio de Defensa, en los cuales se precisan ciertos valores
que distan de los previstos para el personal de la Rama Ejecutiva del orden
nacional.

3. La demandante presentó petición ante el Ministerio de Defensa, Comando
General, Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares el 12 de
junio de 2013, con el fin de que se reliquidara su asignación básica en
atención del artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997, es decir,
según la remuneración mensual prevista para los empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional.

4. La entidad demandada dio respuesta negativa a la referida solicitud por
medio del Oficio 344064 CGFM-DGSM-SAF-GTH.1.10 del 24 de julio de
2013.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más
legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 11 de octubre de 2016.

3
Folios 245 a 248.
4
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

3
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

No se formularon excepciones con la contestación de la demanda y el a quo
no encontró ninguna probada de oficio.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] si la accionante tendría derecho al reconocimiento y pago de la asignación
básica que perciben los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional fijadas
por los decretos anuales del Gobierno Nacional». (Folio 298 y en cd que reposa
a folio 297).

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA5

El a quo profirió sentencia escrita el 7 de junio de 2018, por medio de la cual
negó las pretensiones de la demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:

El tribunal de primera instancia efectuó un recuento normativo acerca del
régimen salarial de los empleados públicos vinculados al sector salud de las
Fuerzas Militares, para precisar que conforme a la Ley 352 de 1997 y los
Decretos 3062 de 1997 y 133 de 1998, este personal se encontraba regulado
para ese entonces por los haberes normativos que gobernaban a los
empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional. No obstante, en
cumplimiento de la Ley 1033 de 2006, se unificó el régimen de administración
de personal civil del Ministerio de Defensa.

En línea con ello, expuso que fue precisamente a través del Decreto 092 de
2007, que se modificó y determinó el sistema de nomenclatura y clasificación
de los empleos públicos de las entidades que integran el sector defensa, de
acuerdo con las necesidades del servicio especial de defensa y seguridad; con
la indicación de la denominación, el código y el grado salarial.

En cuanto al caso objeto de estudio puntualizó que si bien se evidencia una
diferencia al efectuar un ejercicio de comparación entre la asignación básica
del nivel asesor, grado 14, de los empleados públicos pertenecientes a la
Rama Ejecutiva del orden nacional con aquella percibida por el personal del
sector defensa, lo cierto es que a partir del año 2006 el Congreso de la
República adoptó un sistema de carrera administrativa especial para el
personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa, tal como se indicó
líneas atrás.

Bajo dicha intelección, arguyó que no existió una desmejora en la asignación
básica que devengaba la libelista mientras ocupó el cargo de profesional
especializado, grado 16. Por el contrario, señaló que aquella se vio favorecida
con la incorporación a un nivel jerárquico superior con la reestructuración de
la Dirección General de Sanidad Militar, cuando pasó al nivel asesor.

5
Folios 401 a 416.

4
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante presentó recurso de alzada contra la decisión reseñada
anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a sus
pretensiones. Al respecto, manifestó inicialmente que el régimen salarial
contenido en la Ley 352 de 1997 y en el Decreto 3062 del mismo año continúan
vigentes para ser aplicados al caso de la señora Patricia Martínez Hernández,
toda vez que el a quo pasó por alto que la Ley 1033 de 2006 nunca concibió
facultades para reformar la legislación sobre la remuneración del personal
sometido a condiciones especiales, sino que únicamente otorgó facultades
para regular aspectos relacionados con la nomenclatura y clasificación de los
empleos que integran el sector defensa.

Planteó que lo anterior se evidencia en la medida en que el mismo artículo 72
del Decreto 091 de 2007 mantiene vigentes los regímenes salariales como el
de los servidores que laboran en la Dirección General de Sanidad Militar, lo
cual fue ratificado por la Corte Constitucional en sentencias C-211 de 2007 y
C-753 de 2008.

Frente al asunto en particular indicó que la creación de un nuevo sistema de
nomenclatura y clasificación de cargos no puede ser óbice para que la
administración modifique un régimen salarial, puesto que es diferente la
estructura organizacional de una dependencia respecto de la determinación
remunerativa que rige a los funcionarios que la integran.

Seguidamente recalcó que el cargo que actualmente ocupa la libelista tiene su
fundamento en una incorporación en el sistema de la planta global del
Ministerio de Defensa de conformidad con lo previsto en la Ley 909 de 2004 y
la Ley 1033 de 2006, por ende, su situación jurídica como integrante del
personal de salud de la mentada entidad no podría haber sufrido modificación
alguna y mucho menos en su régimen salarial aplicable, esto es, el previsto
para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional
de conformidad con el Decreto 3062 de 1997.

Adujo además que, la interpretación asumida por el tribunal de primera
instancia respecto de la Ley 1033 de 2006 y el Decreto 092 de 2007, desbordó
los criterios racional y sistemático, en la medida en que no fue tenido en cuenta
el objeto con el que se concibieron dichas normas, puesto que a pesar de que
el legislador y el Ejecutivo fijaron su contenido y alcance, el a quo le atribuyó
lo propio bajo aspectos no contemplados, habida cuenta de que ajustó el
contenido literal de dicha regulación desde un contexto no previsto, al punto
de concluir erradamente que el aludido decreto consagra una unificación de
escalas salariales, lo cual termina por desaparecer el régimen remunerativo
del que gozaba el demandante y que había mantenido su vigencia según el
artículo 72 de la norma ejusdem.

Por último, añadió que los destinatarios de la Ley 352 de 1997 y del Decreto
3062 de 1997, tal como asegura que es el caso de la libelista, consolidaron el
derecho a la remuneración prevista en tal normativa desde el momento de su
ingreso a la Dirección General de Sanidad Militar, de manera que no se podía
afectar dicha prerrogativa con una norma posterior, al encontrarse cobijados
por el derecho fundamental al trabajo, así como por los principios a la
irrenunciabilidad de las garantías laborales, la favorabilidad, la no regresividad
y la regla del indubio pro operario relacionado con la condición más beneficiosa
que le debe ser aplicada al trabajador, la cual en este asunto, corresponde al
régimen salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional.

6
Folios 421 a 443.

5
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante7: manifestó que para la resolución de la presente causa
judicial debe observarse la sentencia del 22 de octubre de 2018, con radicado
interno 4650-2017, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en cuanto en aquella oportunidad se previó la procedencia del régimen salarial
de la Rama Ejecutiva del orden nacional para las personas que tuvieron su
ingreso antes del 1.º de enero de 2009 a la Dirección General de Sanidad
Militar. Lo anterior, con el ánimo de que no existan decisiones contradictorias
al interior de la jurisdicción, por lo que esta posición asumida en un caso similar
debe servir como criterio auxiliar y unificador, teniendo en cuenta que la
libelista ingresó a laborar a partir del 1.º de marzo de 1996.

Ministerio Público8: la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de
Estado profirió concepto en el que solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, al
considerar que la demandante tenía derecho a que su régimen salarial fuera
el previsto para los servidores públicos del orden nacional, pues su vinculación
a la Dirección General de Sanidad Militar ocurrió a partir del 17 de enero de
2011, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993.

La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal según constancia
secretarial visible a folio 496 del cartulario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso solo fue interpuesta por la parte
demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:

¿La señora Patricia Martínez Hernández tiene derecho a la reliquidación de su
asignación básica de acuerdo con el el artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto
3062 de 1997, es decir, bajo el régimen salarial previsto por el Gobierno
Nacional para la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, bajo el
planteamiento de que el cargo que ocupa en la entidad demandada como
servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 14, es del nivel
jerárquico asesor para efectos de determinar el monto de la remuneración a
ajustar?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la demandante no tiene
derecho al ajuste de su asignación salarial con base en el artículo 3.°, numeral
6.° del Decreto 3062 de 1997, toda vez que conforme a la sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado para casos como el particular, el pago de su remuneración
por parte de la entidad demandada se ajusta a las reglas jurisprudenciales

7
Folios 481 a 484.
8
Folios 485 a 495.

6
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

desarrolladas en dicha providencia, esto es, teniendo en cuenta el régimen
salarial fijado el personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa. Sobre
este planteamiento se expone lo siguiente:

Acerca de la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12 de
diciembre de 2019 y su aplicabilidad al presente caso.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado, así como en el sustento argumentativo de la demanda, la contestación
y el recurso de apelación, se infiere que la señora Patricia Martínez Hernández
pretende la reliquidación de la asignación básica mensual que devenga desde
el año 2007, a fin de que sea igualada a la prevista para los empleados de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional conforme al artículo 3.°,
numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997.

Por su parte, la entidad demandada sostiene que no ha existido detrimento
salarial de la libelista, habida cuenta de que le ha pagado la remuneración de
acuerdo con la normativa aplicable desde 2007 cuando ya el marco regulatorio
de su situación se había concretado en el desarrollado para el personal civil
del Ministerio de Defensa, sin que se reporte afectación alguna a las
condiciones de la demandante.

Lo expuesto denota que el objeto de la controversia en el sub lite es la
determinación del régimen salarial que gobierna las condiciones
remunerativas del servicio prestado por la libelista al Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar, en calidad de empleada perteneciente
al personal civil no uniformado de la salud adscrito a la referida autoridad de
conformidad con la Ley 352 de 1997 y posteriores.

Pues bien, bajo dicho entendido se resalta que la Sección Segunda del
Consejo de Estado expidió sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del
12 de diciembre de 20199, por medio de la cual se fijaron las reglas
jurisprudenciales de interpretación para la resolución judicial de asuntos como
el analizado en dicha providencia y el que es objeto de examen en esta
oportunidad.

En punto a los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
su parte resolutiva10, ello a fin de que estos se extendieran a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de
consolidación del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente su estudio
y sometimiento para resolver el asunto sub lite es pertinente y necesario,
puesto que el proceso de la referencia se encuentra pendiente de definición
judicial en segunda instancia y se ajusta a los criterios temáticos de dicha
providencia.

Ahora, la sentencia unificadora aludida abordó el estudio sobre la situación
jurídica laboral, salarial y prestacional del personal civil vinculado al Ministerio
de Defensa en vigencia de la Ley 100 de 1993, así como en virtud de la
organización del sistema de salud de las Fuerzas Militares conforme al Decreto
Ley 1301 de 1994, al igual que ante la supresión del Instituto de Salud de las

9
Ídem.
10
El cual reza lo siguiente: «[…] Segundo: Adviértase a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio en
los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]». (Negrilla del texto original).

7
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

Fuerzas Militares y la posterior creación de la Dirección General de Sanidad
de acuerdo con la Ley 352 de 1997.

Igualmente, en la referida providencia se verificaron las consecuencias de la
unificación del régimen de administración del personal civil adscrito a los
organismos y dependencias del sector defensa con base en la Ley 1033 de
2006, al igual que los efectos del Decreto Ley 92 de 2007 que modificó el
sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos del sector en comento,
el cual contempló particularmente en materia salarial, que los sueldos de los
empleados civiles no uniformados del sector defensa continuarían regidos por
la normativa anterior a este último precepto, pero condicionado hasta que se
materializara el ajuste de las plantas de personal.

Al respecto, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el
proveído en comento frente al marco normativo aplicable a los casos como el
particular, se señaló lo siguiente:

«[…] 53. En resumen, se tiene entonces que el Presidente de la República organizó
el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por
el Decreto Ley 1214 de 1990, en virtud de las facultades extraordinarias que le
fueron conferidas por el artículo 248.6 de la Ley 100 de 1993.

54. El primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad
extraordinaria fue el Decreto Ley 1301 de 1994 (derogado por la Ley 352 de 1997)
que creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un establecimiento
público, entidad descentralizada.

55. El régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno Nacional para
los servidores vinculados a establecimientos públicos del orden nacional, quienes,
por hacer parte de un órgano descentralizado, NO se regían, en materia salarial,
por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional.

56. Así pues, los empleados públicos, que al entrar en vigencia el Decreto Ley
1301 de 1994, se encontraran prestando sus servicios en el nivel central de la
estructura organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa, y que ingresaron
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, quedaron cobijados por el régimen
salarial contemplado para dicho establecimiento público.

57. En materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional, fueron sometidos
a la Ley 100 de 1993, y en lo relativo a las demás prestaciones sociales, se les
aplicaría el Decreto ley 2701 de 1988 y normas que lo modificaran o adicionaran.
Por otra parte, quienes se hubieran vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o
a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarían bajo
las disposiciones del Decreto 1214 de 1990.

58. La Ley 352 de 1997 (derogó el Decreto Ley 1301 de 1994) creó la Dirección
General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las
Fuerzas Militares y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares,
creado mediante el Decreto 1301 de 1994.

59. El Decreto reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes garantías para
los servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que
fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa; en
materia prestacional se dispuso que los vinculados “antes de la vigencia de la
Ley 100 de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el título VI del
Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen sobre el
Régimen Prestacional y al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la
Ley 100 de 1993, se le aplicará esta disposición” (art. 3, num.4). Y, en materia
salarial señaló que a “los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de
Salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el

8
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del Orden Nacional” (art. 3, núm.. 6) (Resaltado fuera de texto).

60. Sin embargo, a partir de la Ley 1033 de 2006, los Decretos Ley 91 y 92 de
2007, y el Decreto 4783 de 2008 se unificó el régimen de administración del
personal civil del sector, se ajustó y modificó la planta de personal de Empleados
Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
mediante la realización de las equivalencias de lo empleos preexistentes frente la
nueva planta que fue ajustada con la tabla de organización “TO”, fijada en la
Resolución 1453 de 2008. Así pues, el Decreto 4783 de 2008 ordenó la
incorporación de los funcionarios de la Planta de Personal del Ministerio de
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes
de la planta ajustada, frente a quienes se dispuso que continuarían “percibiendo la
remuneración correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente
mientras ocupen el cargo en el que serán incorporados”. […]». (Negrilla y cursiva
del texto original).

En concreto, con base en los referidos postulados, la Sección Segunda del
Consejo de Estado fijó una serie de reglas jurisprudenciales de obligatoria
observancia en casos como el sub iudice, las cuales se sintetizan de la
siguiente manera:

SUPUESTO
REGLAS DE UNIFICACIÓN
NORMATIVO

(i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas reguladas
por el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos
del orden nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un
órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas reguladas para
el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto
1. Entre la vigencia en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al
del Decreto 1301 Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad
de 1994 y de la Ley Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás
352 de 1997 prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo
modificaron o adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se
incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por
el Decreto 1214 de 1990.

2. A partir de la (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las
vigencia de la Ley Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
352 de 1997, los Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para
empleados los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional
públicos que antes (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
prestaban sus
servicios en el (ii). En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de
Instituto de Salud las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del
de las Fuerzas Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la
Militares y que vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto
fueron 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
incorporados a la
planta de salud del Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993
Ministerio de se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional
Defensa Nacional, en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990
dejaron de (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
pertenecer al
sector
descentralizado

3. A partir de la
Ley 1033 de 2006 (i). A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron
se unificó el las plantas de personal, se determinaron las equivalencias y se fijaron los
régimen de sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello,
administración de los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa se
personal que se empezaron a pagar con base en la nueva nomenclatura.
aplica al personal
civil vinculado a

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

los organismos y Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a la
dependencias del Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sector Defensa. Sanidad Militar, debieron continuar percibiendo la remuneración
Por ello, los correspondiente a los empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia
empleos públicos del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que fueron
del personal civil incorporados.
no uniformado
asignados a la (ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue
Dirección General incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la
de Sanidad Militar nomenclatura y clasificación especial para los empleados civiles no
pertenecen a la uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
planta de personal fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del
del Ministerio de Ministerio de Defensa Nacional.
Defensa Nacional
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo
equivalente en la planta global del sector defensa, de acuerdo con el sistema
de nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió continuar
percibiendo la remuneración correspondiente al empleo que antes
desempeñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por el Gobierno para
los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global del
Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.

(iii). En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna
modificación, por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley
352 de 1997.

Determinación del régimen salarial aplicable a la demandante en atención
a las reglas de la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019 y
la verificación de su situación particular

De conformidad con el marco jurisprudencial de unificación descrito, la Sala
advierte que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo
largo del proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

• La señora Patricia Martínez Hernández fue vinculada al servicio del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares mediante acta de posesión 1854
del 1.º de marzo de 1996, para ocupar el cargo de profesional universitario,
código 3020, grado 13 (folio 263 del anexo 2).

• Luego, a través de acta de posesión 005 del 5 de marzo de 2002 fue
nombrada en el empleo de profesional especializado, código 3010, grado
16, de la planta de personal del Ministerio de Defensa, al servicio de la
Fuerza Aérea colombiana (folio 279 ibidem).

• De manera posterior, fue incorporada en la planta de personal de la
Dirección General de Sanidad Militar, en la plaza de servidor misional en
sanidad militar, código 2-2, grado 14, según acta de posesión 1217 del 27
de octubre de 2009 (folio 2 del cuaderno principal).

• Mediante petición cuya fecha no se evidencia (folios 3 a 9 ibidem), la
demandante solicitó ante el Comando General, Dirección de Sanidad
Militar, lo siguiente:

«[…] SEGUNDA: Se efectúe el reconocimiento, pago y liquidación de la
asignación básica de mis clientes, de conformidad con lo previsto en el
numeral 6 del artículo 3 del decreto 3062 de 1997, esto es, aplicando las
asignaciones básicas previstas para los empleados de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional, fijado según los decretos anualmente expedidos y cuyo
detalle se efectúa a continuación, recalcando particularmente que se ubican
en el NIVEL ASESOR de conformidad con lo previsto en MANUAL
GENERAL DE FUNCIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE 2010
contenido en la resolución 0598 de 14 de mayo de 2010.

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

TERCERA: Se efectúe la reliquidación, reajuste y pago de la asignación
básica que viene percibiendo mi cliente, dada su condición de personal civil,
perteneciente a la planta de personal de las entidades que integran el sector
defensa, aplicando debidamente lo previsto en el equivalente al previsto para
los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, según los parámetros fijados
por el gobierno desde 2007 y hasta que el pago se haga efectivo, con los
efectos económicos solicitados en las demás peticiones. […]». (Negrilla y
mayúscula conforme a la transcripción).

• La entidad demandada dio respuesta de forma negativa a la referida
petición, mediante Oficio 344064 CGFM-DGSM-SAF-GTH.1.10 del 24 de
julio de 2013 (folios 10 a 12 ibidem), expedido por el director general de
Sanidad Militar, ello conforme a los siguientes argumentos:

«[…] De conformidad con los decretos salariales expedidos anualmente por el
Gobierno Nacional y las escalas salariales de cada cargo y grado, (decreto
enunciados (sic) en la respuesta No. 1), se realiza el reajuste salarial de la
asignación básica mensual del personal de la Planta de Salud del Ministerio
de Defensa Nacional, motivo por el cual no hay lugar a reconocimiento, pago
y liquidación de la asignación básica mensual de sus clientes.
[…]

No hay lugar a reliquidación, reajuste y pago de la asignación básica de sus
prohijados, toda vez que de acuerdo con los decretos salariales aludidos
inicialmente se les ha reconocido la asignación básica.
[…]

Por último, se destaca que los empleados públicos del Ministerio de Defensa
Nacional, devengan los elementos salariales que les vienen aplicando en los
mismos términos y condiciones señaladas en el Decreto general de la Rama
Ejecutiva Nacional. […]».

• Conforme a la certificación del 20 de diciembre de 2015 suscrita por el
grupo de talento humano de la Dirección General de Sanidad Militar (folios
310 a 313), la señora Patricia Martínez Hernández devengó desde 2007
hasta 2016 los siguientes valores:

«[…]
AÑO 2007
SUELDO BÁSICO $1.983.727.00
AÑO 2008
SUELDO BÁSICO $2.096.602.00
AÑO 2009
SUELDO BÁSICO $2.257.412.00
AÑO 2010
SUELDO BÁSICO $2.302.561.00
AÑO 2011
SUELDO BÁSICO $2.375.556.00
AÑO 2012
SUELDO BÁSICO $2.494.331.00
AÑO 2013
SUELDO BÁSICO $2.580.136.00
AÑO 2014
SUELDO BÁSICO $2.655.992.00
AÑO 2015
SUELDO BÁSICO $2.779.762.00
AÑO 2016
SUELDO BÁSICO $2.995.750.00

Pues bien, al realizar el análisis comparativo de las asignaciones básicas
previstas desde 2007 a 2016: i) los decretos salariales de la Rama Ejecutiva
del Poder Público del orden nacional, ii) los decretos salariales del personal
civil del Ministerio de Defensa y iii) la remuneración efectivamente pagada a la
libelista por ese mismo lapso, se advierte lo siguiente:

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
ASIGNACIÓN
BÁSICA SEGÚN BÁSICA SEGÚN
BÁSICA
AÑO CARGO DECRETOS DECRETOS DIFERENCIA
PAGADA A LA
RAMA PERSONAL
DEMANDANTE
EJECUTIVA CIVIL
Profesional
DECRETO 600 DECRETO 093
2007 especializado, código $1.983.727 $85.424 (A FAVOR)
$2.530.453 $1.898.303
3010, grado 16
Profesional
DECRETO 643 DECRETO 674
2008 especializado, código $2.096.602 $0
$2.674.436 $2.096.602
3010, grado 16
2009 (hasta el Profesional especializado DECRETO 708 DECRETO 738
$2.257.412 $0
26 de octubre) código 3010, grado 16 $2.879.566 $2.257.412
Servidor misional en
sanidad militar, código 2- N/A11
DECRETO 708
2, grado 14 (NIVEL - N/A
$5.250.971
ASESOR - RAMA
2009 (desde el
EJECUTIVA)
27 de octubre
Servidor misional en
al 31 de
sanidad militar, código 2-
diciembre)
2, grado 14 (NIVEL DECRETO 738
• N/A N/A
ASESOR - PERSONAL $2.257.412
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1374 $3.053.430 (EN
2, grado 14 (NIVEL - $2.302.561
$5.355.991 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2010 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 14 (NIVEL DECRETO 1529
• $2.302.561 $0
ASESOR - PERSONAL $2.302.561
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1031 $3.150.223 (EN
2, grado 14 (NIVEL - $2.375.556
$5.525.776 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2011 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 14 (NIVEL DECRETO 1049
• $2.375.556 $0
ASESOR - PERSONAL $2.375.553
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 853 $3.307.734 (EN
2, grado 14 (NIVEL - $2.494.331
$5.802.065 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2012 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 14 (NIVEL DECRETO 0843
• $2.494.331 $0
ASESOR - PERSONAL $2.494.331
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1029 $3.421.521 (EN
2, grado 14 (NIVEL - $2.580.136
$6.001.657 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2013 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 14 (NIVEL DECRETO 1020
• $2.580.136 $0
ASESOR – PERSONAL $2.580.136
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 199 $3.522.114 (EN
2, grado 14 (NIVEL - $2.655.992
$6.178.106 CONTRA)
ASESOR – RAMA
EJECUTIVA)
2014 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 14 (NIVEL DECRETO 190
• $2.655.992 $0
ASESOR – PERSONAL $2.655.992
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)

11
Si bien en el certificado de salarios expedido por la autoridad demandada no se indicó la asignación
básica devengada por la libelista a partir del 27 de octubre de 2009 cuando aquella fue nombrada en el
cargo de servidor misional en sanidad militar, lo cierto es que no se controvierte que la entidad se
encontraba sometida al imperio de la Ley y que atendió la correspondencia de los decretos expedidos
por el Gobierno Nacional para el personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional.

12
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1101 $3.686.244 (EN
2, grado 14 (NIVEL - $2.779.762
$6.466.006 CONTRA)
ASESOR – RAMA
EJECUTIVA)
2015 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 14 (NIVEL DECRETO 1120
• $2.779.762 $0
ASESOR – PERSONAL $2.779.762
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 229 $3.972.665 (EN
2, grado 14 (NIVEL - $2.995.750
$6.968.415 CONTRA)
ASESOR – RAMA
2016 EJECUTIVA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 14 (NIVEL DECRETO 238
• $2.995.750 $0
ASESOR – PERSONAL $2.995.750
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)

Acorde con lo evidenciado previamente, se colige en primer lugar que la
demandante fue vinculada en un principio en el Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares para ocupar el cargo de profesional especializado, código
3020, grado 13, empleo que ha desempeñado desde el 1.º de marzo de 1996.

De manera posterior, el 5 de marzo de 2002 pasó a ocupar la plaza de
profesional especializado, código 3010, grado 16, de la planta de personal del
Ministerio de Defensa, al servicio de la Fuerza Aérea colombiana.

Luego, fue incorporada en la planta de personal de la Dirección General de
Sanidad Militar, en la plaza de servidor misional en sanidad militar, código 2-
2, grado 14, mediante acta de posesión 1217 del 27 de octubre de 2009.

Según el cuadro elaborado anteriormente, para este último período aludido
que corresponde a una parte del que es objeto de demanda y sobre el cual
existen pruebas relacionadas con los pagos efectuados por concepto de
salario a la libelista (2007 a 27 de octubre de 2009), se evidencia que esta
percibió efectivamente como asignación básica mensual, la prevista para el
referido nivel y grado del cargo en los diferentes decretos anuales expedidos
por el Gobierno Nacional destinados al personal de la Rama Ejecutiva del
orden nacional.

Toda vez que, como se aprecia, los valores en comparación son idénticos, e
incluso, el monto abonado durante la vigencia 2007 resulta ser más favorable
que el fijado normativamente para el personal civil no uniformado del Ministerio
de Defensa en dicho lapso.

Bajo dicho entendido, se infiere que la demandante devengó la remuneración
correspondiente al empleo que desempeñaba desde 2007 hasta un período
del año 2009 (profesional especializado, código 3010, grado 16), la cual, en
efecto estaba prevista en el régimen salarial fijado para los cargos de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional12.

Lo que a su vez implica que la entidad demandada respetó la garantía
contenida en el artículo 3°, numeral 6.° del Decreto 3062 de 1997, tal como se
deprecó en la demanda y como se planteó en la sentencia de unificación del
12 de diciembre de 2019 en clave de regla jurisprudencial respecto del
segundo supuesto normativo enunciado en la tabla de referencia elaborada
anteriormente13.

12
Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
13
(i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron
incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen
salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo
3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).

13
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

Ahora bien, del material probatorio enunciado, también se desprende que a
partir del 27 de octubre de 2009, la señora Patricia Martínez Hernández fue
incorporada en la planta del personal reestructurada de la Dirección General
de Sanidad Militar en calidad de servidor misional en sanidad militar, código 2-
2, grado 14, ello con ocasión de la expedición del Decreto 4738 de 2008 que
aprobó el ajuste y la modificación de la aludida estructura de servidores del
Ministerio de Defensa, de conformidad con el Sistema de Nomenclatura y
Clasificación de empleos especial de dicho sector, contemplado en los
Decretos 092, 3034, 4803 de 2007 y 2127 de 2008.

Por consiguiente, según la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación
del 12 de diciembre de 2019 prevista para el tercer supuesto normativo14 y
anunciada en la tabla referida, la cual se cumple en el presente caso con base
en lo relatado anteriormente, es dable asegurar que, a partir del 27 de octubre
de 2009, la asignación básica de la demandante, en efecto correspondía a la
fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional15.

Lo expuesto, dado que desde esa fecha la libelista se posesionó en el empleo
al que fue incorporada de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial
para los mencionados servidores.

De acuerdo con este análisis, es posible asegurar que el 26 de octubre de
2009 fue el último día en el que la señora Martínez Hernández desempeñó el
cargo de profesional especializado, código 3010, grado 16 de la Dirección
General de Sanidad Militar. Por ello, hasta esa data la demandante tuvo
derecho a la aplicación de los decretos salariales de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, sin que tal situación sea prorrogable o de aplicación extensiva
para anualidades posteriores como se insta en la demanda, debido al cambio
de su situación jurídica con el nuevo nombramiento en un empleo regulado por
su propia normativa expresa, lo cual se encuentra avalado
jurisprudencialmente.

Lo anterior, en la medida en que desde el 27 de octubre de 2009, aquella fue
incorporada a la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, en el cargo de
servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 14, que corresponde al
nivel asesor (artículo 11 del Decreto Ley 92 de 2007), plaza con base en la
cual, según se aprecia del cuadro comparativo desarrollado anteriormente,
percibió la remuneración fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional conforme al
precitado nivel y grado correspondientes, sin que se reporte ningún tipo de
diferencia entre el monto de la asignación fijada y la pagada efectivamente, lo
cual se ajusta a la señalada regla de unificación interpretativa, y por lo tanto
convalida la legalidad del acto administrativo cuestionado al negar la
reliquidación reclamada.

Sobre el punto, basta con reiterar que, en razón de la incorporación de la
libelista en el referido cargo derivado de la reestructuración de la planta de
personal del Ministerio de Defensa, para aquella se generó una nueva
situación laboral que enervó la posibilidad de continuar sometida al régimen
salarial de los funcionarios de la Rama Ejecutiva, tal como se precisó en la
sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019. Por tal motivo, lo

14
(ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por disposición del
Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los empleados
civiles no uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica fijada por el Gobierno
Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
15
Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120
de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019

14
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

atinente a su remuneración pasó a regirse conforme a la normativa que se
expidiera específicamente para los servidores civiles no uniformados de la
aludida entidad.

Lo propio aconteció y se demostró en el cuadro comparativo elaborado
previamente, en el que se vislumbra que desde el 27 de octubre de 2009 en
adelante, el salario que la demandante percibió era exactamente igual al que
se fijó en los decretos realmente aplicables para el nivel asesor del sector
defensa y para el grado del empleo en el cual esta fue nombrada.

De otro lado, si bien de acuerdo con el ejercicio de comparación aludido,
efectivamente se advierte una diferencia sustancial entre los valores de la
asignación básica de un empleo del nivel asesor en grado 14 de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, contrastados con los montos pagados por ese
mismo concepto a la señora Patricia Martínez Hernández, ello se justifica en
la razón previamente esgrimida.

No obstante, si en todo caso el fundamento de la parte activa para solicitar el
reajuste de su remuneración recayera sobre el hecho que ejerció un cargo con
funciones de asesora y que por lo tanto deben ser equiparadas sus
condiciones económicas a las de su par en la aludida planta de personal, se
arribaría igualmente a la negativa de tal pedimento para el período de 2007 al
26 de octubre de 2009, puesto que, en esencia, lo que se buscaría es una
nivelación salarial y no una reliquidación por mandato expreso legal o
reglamentario.

Este mismo postulado fue advertido en la referida sentencia de unificación del
12 de diciembre de 2019, puesto que en el análisis concreto del caso analizado
en dicha oportunidad (el cual comparte supuestos fácticos similares y jurídicos
a los del asunto de marras), se aseguró lo siguiente: «Contrario a lo afirmado en
la demanda, no es viable el pago de la asignación básica de la actora con la
remuneración fijada en los decretos salariales de la Rama Ejecutiva del nivel nacional
para el empleo de asesor grado 14, porque tal como se indicó en el acto acusado, si
bien, cambiaron la denominación, el código y el grado del cargo de la accionante, lo
cierto es que mantuvo su sueldo, “por lo tanto, no se puede aplicar el código y el grado
del sector defensa para equipararlo con el código y el grado del Decreto de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, porque se estaría frente a una nivelación salarial no
establecida legalmente”.». (Cursiva del texto original).

Según la referida intelección, la Sala itera que en el sub examine no es posible
verificar una eventual equiparación salarial como la reclamada, habida cuenta
de que en la demanda no se formularon postulados fácticos y jurídicos ni se
aportaron medios de prueba en clave de parangón, para evidenciar una
alegada desigualdad remunerativa en detrimento de los intereses de la
libelista, bajo el presupuesto esgrimido por esta, atinente a que desempeñó el
cargo como asesora en iguales condiciones a las de su equivalente nominal
en la Rama Ejecutiva según el Manual General de Funciones de Empleados
Públicos de 2010.

Por esta razón y sin perjuicio de lo planteado con anterioridad, sería inviable
sostener que se configura en el presente asunto una discriminación salarial
injustificada en razón del nivel jerárquico ocupado por la demandante que
eventualmente permitiera acceder a sus pretensiones. Lo propio ya ha sido
analizado por esta Subsección en sentencia del 25 de febrero de 202116 donde
se precisó la improcedencia de aquella situación al resolver un proceso similar
al sub iudice, en el cual se indicó lo siguiente:

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 25 de febrero de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2016-05941-01(5623-18).

15
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

«[…] Por último, la parte apelante manifiesta que los cargos del nivel asesor del
Ministerio de Defensa y del nivel asesor de la rama ejecutiva del orden nacional
son equivalentes, toda vez que cumplen similares funciones de aconsejar y
asesorar a la entidad. Adujo que ello es evidente al comparar el contenido de los
Decretos 770 de 2005 y 092 de 2007 y la Resolución 0598 de 2010 que fijan sus
funciones. Con este argumento solicita aplicación del régimen salarial de los
empleados de la rama ejecutiva del orden nacional.

Al respecto, la Sala debe precisar que el análisis que solicita la demandante en
nada varía su situación laboral, dado que su vinculación a la Dirección General de
Sanidad Militar como «servidor misional» se produjo con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 1033 de 2006 y los Decretos 91 y 92 de 2007 y 4783 de
2008, y, en tal medida, su situación salarial se reguló desde un principio por la
escala de asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.

De igual manera, comparadas las funciones de los cargos se puede concluir que
son distintas. Así, el artículo 4.° del Decreto 770 de 2005 indica que el nivel asesor
de la rama ejecutiva nacional «agrupa los empleos cuyas funciones consisten en
asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta
dirección de la rama ejecutiva del orden nacional».

Entretanto, la Resolución 0598 de 14 de mayo de 2010,17 respecto del empleo de
servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 14, señaló que las funciones
específicas relacionadas con el cargo están encaminadas a la prestación del
servicio de salud. […]».

Con base en lo desarrollado hasta este punto, se hace palmaria la sujeción de
legalidad del acto administrativo demandado que negó la reliquidación de la
asignación básica devengada por la señora Martínez Hernández, quien
solicitaba la aplicación del régimen salarial de los empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional conforme al artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto
3062 de 1997. Por ello, es necesario confirmar el fallo apelado en punto a la
denegación de las pretensiones de la parte activa.

En conclusión: la demandante no tiene derecho a la reliquidación de su
asignación básica desde 2009 de acuerdo con el artículo 3.°, numeral 6.° del
Decreto 3062 de 1997, es decir, bajo el régimen salarial previsto por el
Gobierno Nacional para la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional, habida cuenta de que según la sentencia de unificación del 12 de
diciembre de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
para el desarrollo interpretativo de casos como el particular, la normativa
referida solo aplicaba hasta el 26 de octubre de 2009, tal como se evidencia
que ocurrió al haberse pagado el salario correspondiente a tal precepto
durante dicho lapso.

Ahora, desde el 27 de octubre de la mentada anualidad, aquella fue
incorporada en la nueva planta de personal civil de la entidad demandada, por
lo que se encontraba sometida al régimen salarial que se expidiera para tales
servidores en particular, sin que se reporte un detrimento en la remuneración
que devenga desde su vinculación y sin que por el nivel asesor del cargo que
ocupa como servidora misional de sanidad militar, código 2-2, grado 14, esta
pueda asimilarse salarialmente a un empleo de igual jerarquía en la Rama
Ejecutiva del orden nacional, al no preverse ni configurarse una nivelación en
tal sentido.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia impugnada que
denegó las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no prosperan

17
Citada y transcrita por la demandante en su escrito de apelación.

16
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

los argumentos del recurso de apelación formulado por la apelante.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201618, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP19, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público20.

No obstante, aún bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la parte demandante, ello al no observarse su
causación de acuerdo con el numeral 8.° del artículo 365 del CGP, en
razón del cambio jurisprudencial ocurrido en el transcurso del proceso con
ocasión de la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

18 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
19
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
20
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

17
Radicado: 25000-23-42-000-2014-04341-01 (5247-2018)
Demandante: Patricia Martínez Hernández

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 7 de junio de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Patricia Martínez Hernández contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección General de Sanidad Militar.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Impedido

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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