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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00031-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00031-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Segundo: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, a reconocer, liquidar y pagar la pensión gracia a la señora MARIA VIDALIA TORO DE ANDRADE, identificada con la cédula de ciudadanía número 28.737.840 con el 75% del promedio de todos los factores devengados en el periodo 24 de enero de 2011 al 23 de enero de 2012, con efectividad a partir del 24 de enero de 2012, con efectos fiscales desde la misma fecha. SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte accionada según lo manifestado en las consideraciones de la sentencia. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 25000-23-42-000-2015-00031-01 (3611-2022) QUINTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina, portador de la tarjeta profesional 262.361 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado sustituto de la demandada, en los términos y para los efectos del poder de sustitución conferido por la apoderada principal la Dra. Marcela Patricia Ceballos Osorio, ello conforme al respectivo memorial obrante en el índice 24 de la plataforma SAMAI. SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-00031-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-00031-01 (3611-2022)
Demandante: María Vidalia Toro de Andrade
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial. Docente cofinanciada. Aplicación
de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de
agosto de 2022. MODIFICA Y CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por
medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora MARIA VIDALIA TORO DE ANDRADE instauró demanda en contra de
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 040164 del 30 de agosto de
2013, (ii) RDP 009672 del 21 de marzo de 2014, y (iii) RDP 011375 del 4 de abril de

1 Folios 29 a 30.

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2014, por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se
desató desfavorablemente el recurso de reposición y apelación en contra del primer
acto administrativo enunciado.

Que se condene a la UGPP a reconocer y pagar la mencionada prerrogativa a partir
de la adquisición del estatus, en cuantía del 75% del salario con la totalidad de
factores devengados durante el año anterior al cumplimiento de los requisitos, con
los ajustes de ley que correspondan, incluyendo los intereses moratorios.

Que se ordene a la parte pasiva dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo
192 del CPACA, y que esta asuma las costas y agencias en derecho a que haya
lugar.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la demandante nació el 25 de julio de 1949 y prestó sus servicios a favor del
magisterio en calidad de docente nacionalizada, iniciando sus labores en el
departamento del Tolima, desde el 16 de enero de 1969 al 16 de febrero de 1973;
luego trabajó a favor del departamento del Norte de Santander del 18 de mayo de
1978 al 7 de mayo de 1980, y finalmente desempeñó su cargo de docente en el
departamento de Cundinamarca, del 12 de agosto de 1982 al 23 de abril de 1984,
y del 7 abril de 1994 al 1° de abril de 2012.

Que, el 25 de julio de 2013 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, la cual fue negada por la entidad mediante la Resolución RDP
040164 del 30 de agosto de 2013, confirmando la negativa en las Resoluciones
RDP 009672 del 21 de marzo de 2014 y RDP 011375 del 4 de abril de 2014, en las
que resolvió el recurso de reposición y apelación.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

La parte activa asegura que con los actos administrativos demandados se
transgreden los artículos: 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la
Constitución Política, las Leyes 114 de 1993, 116 de 1928, 91 de 1989; los Decretos
081 de 1976 y 2277 de 1979.

Que la actora se encuentra en total cumplimiento de los requisitos para acceder a
la pensión gracia y que es obligación de la UGPP reconocerlo, pues respecto al

2 Folios 30 a 31.
3
Folios 31 a 36.

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vínculo manifiesta que fue nombrada y trasladada siempre por una autoridad
territorial, por lo que tiene un carácter nacionalizado, tal y como lo evidencian los
decretos de nombramiento.

Que para el periodo comprendido entre 1969 al 1973 laboró para el servicio del
magisterio de Tolima y así lo certificó el gobernador del departamento; respecto al
lapso ejercido desde 1978 a 1980, trabajó al servicio de Norte de Santander;
asimismo, para 1982, los certificados registran una vinculación nacionalizada, y para
el periodo desde 1995 hasta 2012, fue nombrada por el departamento de
Cundinamarca.

Que la demandada no puede calificar como nacional la relación sostenida por la
docente sin hacer una lectura íntegra de los documentos obrantes en el expediente
administrativo, por lo que carecen de coherencia sus consideraciones al desvirtuar
la naturaleza de la vinculación de la demandante.

Que, por lo tanto, no existe fundamento válido para negar la pensión gracia.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 28 de enero de 20154 y notificada a la
UGPP5, quien radicó memorial de contestación6 en el que expuso que, la docente
no cuenta con 20 años al servicio de la docencia territorial o nacionalizada, ni con
una vinculación anterior al año 1980.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado, (ii) inexistencia de la obligación de conceder una
pensión gracia (iii) prescripción, (iv) indebida pretensión de reconocimiento e
inexistencia de la obligación de indexar, (v) cobro de lo no debido, (vi) sobre los
intereses, (vii) imposibilidad de condena en costas y (viii) solicitud de reconocimiento
oficioso de excepciones.

En la audiencia inicial7 se indicó que todas las excepciones serían resueltas al
momento de proferirse el fallo, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se
efectuó el decreto de pruebas. Se constituyó el tribunal en audiencia de alegaciones
y juzgamiento y se informó a las partes que el fallo sería proferido por escrito a los
30 días siguientes a la audiencia.

4 Folios 41 a 42.
5 Folios 43 a 44.
6 Folios 83 a 89.
7 Folio 128.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia escrita el 9 de diciembre
de 2021, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para ello argumentó que, la demandante contó con una vinculación anterior a 1980
en calidad de docente nacionalizada (desde el 1 de febrero de 1969 al 15 de febrero
de 1973 y desde el 18 de mayo de 1978 al 7 de mayo de 1980), y que, sumando los
tiempos que laboró de manera posterior, en los periodos comprendidos entre el 12
de agosto de 1982 al 24 de abril de 1984 y del 7 de abril de 1994 al 20 de noviembre
de 2006, laborados bajo una vinculación de carácter territorial, prestó sus servicios
por más de 20 años.

Manifestó que los docentes cofinanciados por la nación bien pueden ser
departamentales, distritales o municipales, pues esto depende de la plaza a la que
se vinculara inicialmente, ello en consonancia con la jurisprudencia del Consejo de
Estado en la que expone que los recursos nacionales con los que se financie la
plaza no implican que el docente pierda la calidad territorial.

Consideró que la actora adquirió el estatus pensional a partir del 20 de noviembre
de 2006 y declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 25 de julio
de 2010.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia a fin de que se nieguen las pretensiones de la
demanda. Para ello adujo que, la actora no cumplió con los 20 años de servicio
como docente territorial y/o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, pues
todos los periodos acreditados fueron del orden nacional.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes guardaron silencio.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Segunda delegada ante esta Corporación, guardó silencio.

8 Folios 216 a 230.
9 Folio 233.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio, en particular una con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos

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pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»10. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(..)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

10 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201812
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
12 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

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Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar

13 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la señora María Vidalia Toro de Andrade nació el 25 de julio
de 194914, de modo que cumplió los 50 años el 25 de julio de 1999.

El segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial.

• Periodo I: del 16 de enero de 1969 al 16 de febrero de 1973

Refiere la actora que laboró para el periodo enunciado al servicio del departamento
del Tolima, como docente nacionalizada. Para demostrar el lapso solicitado, aportó
un certificado emitido por el coordinador del grupo de personal de la Secretaría de
Educación del Tolima15, en el cual se relacionan los actos administrativos con los
cuales se nombró a la docente, sin embargo, no establecen con claridad los
extremos temporales laborados en cada nominación ni el tipo de plaza ocupada.

En el mismo sentido, se encuentra en el expediente administrativo el certificado de
tiempo de servicio No. 53.69416, en el cual, si bien se relaciona la fecha de inicio de
la actividad (1° de febrero de 1969) así como la de terminación (15 de febrero de
1973), y señala a su vez que la vinculación de la maestra fue nacionalizada, es
fundamental dar a conocer en esta instancia que existe una clara contradicción entre
la relación legal y reglamentaria certificada en dicho documento y la realidad
normativa y jurisprudencial que sobre el tema se encuentra, pues, para la fecha en
la que fue nombrada la maestra, e incluso, en la que terminó su ejercicio docente,
no registraba en nuestro ordenamiento jurídico la plaza nacionalizada, ya que, solo
hasta el 11 de diciembre de 1975 entró en vigencia la Ley 43 de 1975, por medio de
la cual se nacionalizó la educación primaria y secundaria.

Por su parte, en cuanto a la jurisprudencia sobre el asunto en cuestión, la Corte
Constitucional en sentencia C-084 de 1999, por medio de la cual se estudió la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, precisó
que:

«[…] antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es
decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes
oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa
al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados

14 Según copia de la cédula de ciudadanía, obrante a folio 2.
15
Folio 3.
16
Visible en expediente administrativo, archivo 52.

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10

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laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces
en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que
trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes
116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos
en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la
diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta,
establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de
devengar dos asignaciones del Tesoro Público […]» (Negrilla de la Sala)

Igualmente, esta Corporación en diferentes oportunidades ha retirado lo concluido
por la Corte Constitucional, al señalar que los periodos laborados de manera previa
a la Ley 43 de 1975, solo pueden categorizarse en 2 tipos de plazas, territorial o
nacional.

Ahora, aun cuando la regla jurisprudencial contenida en la sentencia de unificación
del 201817 permite que los certificados que den cuenta de manera inequívoca del
tipo de vinculación sean valorados para probar la calidad docente, en este caso
dicha regla no puede ser aplicada, pues el certificado de tiempo de servicio aportado
está lejos de ser irrefutable, y en oposición a ello, es completamente dudoso, al
adjudicarle a la docente una categoría que no estaba contemplada para el tiempo
avalado, y tampoco da luces de alguna de las vinculaciones que podía ostentar la
demandante en ese momento, a saber, territorial o nacional.

En virtud de lo expuesto, el periodo pretendido no podrá ser tenido en cuenta para
efectos de la pensión gracia, en tanto no fue probado que se desempeñara en el
orden territorial, única calidad que podía aplicarse en esa época y que es compatible
con la prerrogativa solicitada, esto considerando que la plaza no fue objeto de
nacionalización de manera posterior.

• Periodo II: del 16 de mayo de 1978 al 7 de mayo de 1980

En lo referente a este período, se encuentra en el expediente administrativo el
certificado de información laboral para emisión de bonos pensionales18, el cual
indica que la docente laboró desde el 16 de mayo de 1978 al 7 de mayo de 1980;
tiempo que en la misma línea certifica el jefe de la división pedagógica de la
Secretaría de Educación del Norte de Santander, en documento de No. 233186719,
al señalar que la actora fue vinculada por el Decreto No. 430 del 24 de abril de 1978,

17
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual
se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
18
Visible en expediente administrativo, archivo 50.
19
Visible en expediente administrativo, archivo 24.

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11

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posesionada para el efecto el día 16 de mayo de 197820, y que mediante Decreto
416 del 12 de mayo de 1980, se aceptó su renuncia a partir del 8 de mayo de 1980,
es decir, que a partir de este último día ya no prestaba sus servicios. Mencionó
también la referida certificación que a la docente se le concedió una licencia sin
remuneración por 30 días, a partir del 8 de abril de 1980.

Respecto a plaza ocupada, se observa que no se allegó el decreto nombramiento
de la actora relacionado con el periodo a analizar, en tal medida, es necesario
analizar en conjunto todos los documentos aportados a la actuación, y no focalizarse
solamente en el acto a través del cual se nombró a la demandante porque a la luz
de las disposiciones que gobiernan la pensión gracia, la naturaleza de la relación
legal y reglamentaria de un docente es posible extraerla a partir de otros medios
probatorios como las certificaciones, acompañadas de la respectiva valoración bajo
elementos propios de la sana crítica, pues tal posibilidad incluso fue contemplada
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
cuando señaló:

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]»

En ese orden de ideas, como sustento del tipo de relación legal y reglamentaria
sostenida por la demandante, del certificado de información laboral ya mencionado
se desprende que la docente laboró como docente territorial durante el lapso de
tiempo analizado, ya que, en este se señala que la gobernación del Norte de
Santander fungió como el empleador de la docente, además, la constancia suscrita
por el jefe de la división administrativa docente de la Secretaría de Educación del
departamento 21 extrae el contenido del Decreto 430 del 24 de abril de 1978 e indica
que, el gobernador de Norte de Santander, en uso de sus facultades legales,
nombró a la actora como seccional de la Escuela Rural La Frontera, acto que, fue
firmado por el Gobernador y por el Secretario de Educación, sin advertir ninguna
otra intervención o consideración.

Así las cosas, se considera que la calidad de la docente fue de carácter territorial y
no nacional como lo sostiene la demandada, pues es evidente la autonomía del ente
nominador, tanto así, que figura directamente como el empleador de la docente sin
que se observe una intervención directa del Ministerio de Educación Nacional en la
vinculación ni el ejercicio de la autoridad territorial en calidad de representante de la
mencionada cartera.

20
Información que coincide con el acta de posesión visible a folio 76.
21
Folio 75.

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12

Radicado: 25000-23-42-000-2015-00031-01 (3611-2022)

En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como educadora
territorial entre el 16 de mayo de 1978 al 7 de mayo de 1980, descontando el
tiempo de licencia no remunerada (1 año, 10 meses y 22 días), efectivamente
puede ser tenido en cuenta para colmar la exigencia de 20 años de servicio
necesarios para acceder a la prestación solicitada.

• Periodo III: del 12 de agosto de 1982 al 23 de abril de 1984

Obra en el plenario el Decreto No. 1912 del 21 de julio de 1982, por el cual el
gobernador de Cundinamarca nombró a la señora María Vidalia Toro como maestra
en el distrito educativo No. 6 de Guaduas, quien tomó posesión del cargo el día 12
de agosto de 198222 y laboró de manera continua, (salvo durante el lapso en el que
se le concedió una licencia no remunerada desde el 23 de enero de 1984 al 23 de
abril de 1984), hasta el 23 de abril de 1984, fecha en la que se retiró del servicio,
renuncia que fue aceptada por el Decreto No. 1521 de 1984, según consta en el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral No.
201407731123.

Sobre el tipo de relación legal y reglamentaria, pese a que en el expediente
administrativo se encuentra un Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral con consecutivo No. 603524, expedido por la Secretaría de
Educación de Cundinamarca el 26 de diciembre de 2006 que le endilga una
categoría nacional al tiempo prestado por la demandante en el mencionado
departamento, se tiene que, en el acto administrativo de nombramiento no se
advierte que el cargo ejercido por la reclamante haya sido de aquellos propios de la
planta de personal de la Nación, o que hubiese sido vinculada por la autoridad
territorial como representante de aquella cartera en virtud de una autorización legal,
por lo que se descarta que la relación legal y reglamentaria haya sido del orden
nacional.

De igual manera, tampoco se señala en el acto en mención que esta plaza se
hubiese ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los
postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para
atender el proceso de nacionalización serian administrados por los Fondos
Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer el Ministerio de Educación Nacional, intervención que tampoco se
encuentra en el decreto.

22
Folio 78.
23
Folio 7.
24
Visible en expediente administrativo, archivo 49.

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13

Radicado: 25000-23-42-000-2015-00031-01 (3611-2022)

Contrario a lo expuesto, se concluye que el nombramiento de la actora se dio por
decisión autónoma y directa de la autoridad nominadora, lo que acredita una calidad
territorial de la actividad docente.

La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 en
el que dispuso «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

Por tanto, aunque en un certificado laboral se establezca la calidad de docente
nacional de la demandante, el acto administrativo de nombramiento da cuenta de
una situación diferente, ya que allí consta la independencia de la autoridad territorial
al hacer el nombramiento.

En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como educadora
territorial entre el 12 de agosto de 1982 al 23 de abril de 1984, descontando el
tiempo de licencia no remunerada, (1 año, 5 meses y 11 días), debe ser incluidos
a efectos de acumular el tiempo de servicio para satisfacer el requisito de 20 años
contemplado en la Ley 114 de 1913 en orden de consolidar el derecho a la pensión
gracia.

• Periodo IV: del 7 de abril de 1994 al 1° de abril de 2012

Sobre este lapso se encuentra que, mediante el Decreto No. 236 del 17 de marzo
de 199425 la actora fue nombrada por el alcalde de Anapoima como maestra de una
plaza cofinanciada creada en virtud del convenio celebrado entre la Fiduciaria del
Estado S.A., y el municipio de Anapoima, para lo cual inició el ejercicio de sus
labores desde el día 7 de abril de 1994 hasta el 1° de abril de 2012, tal y como se
observa en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
No. 201407731126, esto con la aclaración que durante el servicio continuo se le
concedieron a la docente las siguientes licencias:

Desde Hasta Total días
19 de enero de 2004 18 de marzo de 2004 60 días (2 meses)
11 de septiembre de 2006 10 de diciembre de 2006 90 días (3 meses)
24 de octubre de 2007 7 de diciembre de 2007 49 días (1 mes y 19 días)
7 de octubre de 2008 21 de octubre de 2008 15 días
12 de mayo de 2009 26 de mayo de 2009 15 días
1° de septiembre de 2009 30 de septiembre de 2009 30 días (1 mes)
1° de noviembre de 2009 3 de diciembre de 2009 33 días (1 mes y 3 días)
1° de agosto de 2011 30 de octubre de 2011 90 días (3 meses)
TOTAL 1 año y 22 días

25 Folio 6.
26
Folio 9.

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14

Radicado: 25000-23-42-000-2015-00031-01 (3611-2022)

En cuanto a la calidad docente, contrario al vínculo nacional que asegura la
demandada que ostentó la actora, el acto administrativo en mención, no refleja la
referida categoría, pues, no evidencia manifestación alguna de la voluntad del
Ministerio de Educación para adoptar la decisión como propia, ni fundamento alguno
que mencione autorización o facultad con ocasión a la delegación o
desconcentración administrativa, para que dicho ente profiriera esa manifestación
en nombre y representación de aquella cartera gubernamental.

Ahora bien, aunque se ve también en el mentado decreto que la nominación
realizada por el alcalde fue en uso de las facultades conferidas en la Ley 29 de
1989, se resalta que si bien el alcance de la disposición normativa señalada es
relativo a la desconcentración administrativa al asignar como función a cargo de los
alcaldes y gobernadores la de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general,
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos nacionales
y nacionalizados, no se puede concluir automáticamente que un nombramiento
efectuado con sustento en aquel postulado tiene alguna de esas dos connotaciones,
al menos hasta tanto no se verifiquen las demás causas y contextos de la
vinculación para determinar la naturaleza de la plaza ocupada.

Del análisis del acto de nombramiento, se aprecia que el mismo se emitió con el
propósito de incluir a la accionante en una plaza cofinanciada de la planta de
personal de una autoridad departamental, la cual, según el Decreto No. 227 del 25
de febrero de 199427, fue creada previo acuerdo municipal en donde el Concejo de
Anapoima autorizó suscribir con el Ministerio de Educación Nacional los convenios
o contratos de plazas docentes, y en la cual, los recursos para la erogación de su
gasto provenían del rubro presupuestal del municipio destinado a la contratación de
docentes y a la celebración de convenios con el Ministerio, siendo parte del
presupuesto general de rentas y gastos.

Al respecto, las plazas cofinanciadas deben analizarse a la luz de las siguientes
normas con el fin de determinar la naturaleza de vinculación del docente.

El artículo 110 de la Ley 21 de 199228 consagró que:

«Los recursos para la cofinanciación de maestros cuyo objeto es facilitar
nombramientos por parte de los entes locales procederán previo convenio entre la
Nación, Ministerio de Educación Nacional y el respectivo distrito, departamento o
municipio.

Publicada la presente Ley todos los municipios del país elaborarán en un plazo de
tres meses el plan de desarrollo educativo con base en el cual se procederá a la
creación de plazas de maestros.

27
Folio 133.
28 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la

vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993.

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Los maestros deben ser nombrados por los alcaldes donde se haya municipalizado
la educación.»

A su vez, los artículos 4 y 5 del Decreto 206 de 199329 señalaron:

«Artículo 4. Cofinanciación para el pago de maestros. Con los recursos asignados en
el Presupuesto Nacional para efectos de cofinanciar el pago de maestros de primaria
y secundaria, se financiarán, en promedio, hasta el 70% del costo de cada educador
que sea contratado por las entidades territoriales.

Para el año 1993 estos recursos serán ejecutados por el Ministerio de Educación al
igual que los recursos para cofinanciar infraestructura educativa.

Artículo 5. Reglamentación de convenios, Ley 21 de 1992. El Ministerio de Educación
Nacional, antes del 31 de marzo de 1993, reglamentará los convenios a que hace
referencia el artículo 110 de la Ley 21 de 1992.»

El artículo 2 del Decreto 196 de 199530 definió como docentes territoriales aquellos
educadores financiados o cofinanciados por la Nación - Ministerio de Educación
Nacional, mediante convenios y que se encuentren vinculados a plazas
departamentales o municipales.

Por su parte, el artículo 4º. del mencionado Decreto 196 de 1995 estableció lo
siguiente:

«Docentes departamentales y municipales financiados o cofinanciados por la Nación
-Ministerio de Educación Nacional. Los docentes departamentales y municipales
financiados o cofinanciados por la Nación-Ministerio de Educación Nacional mediante
convenios, serán afiliados o Incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, bajo el régimen de la Ley 91 de 1989 y sus Decretos
reglamentarios 1775 y 2563 de 1990 o de las disposiciones que modifiquen el régimen
indicado, previo el cumplimiento de los requisitos económicos y formales establecidos
para el efecto. Los docentes así vinculados que previamente se encuentren afiliados
a una caja de previsión o entidad que haga sus veces, quedarán eximidos de los
requisitos económicos de afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de
Magisterio.

Las prestaciones sociales de los docentes financiados y cofinanciados serán de cargo
de la respectiva entidad territorial y los recursos para su cancelación se regirán por lo
que disponga el correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación. Las
entidades territoriales, las cajas de previsión o las entidades que hagan sus veces,
girarán directamente los recursos al Fondo Nacional de prestaciones Sociales del
Magisterio.

29 Por medio del cual se reglamentan los artículos 31 y 32 de la Ley 38 de 1989.
30 Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley

115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.

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Parágrafo. - Una vez se venzan los términos de los convenios de plazas financiadas
cofinanciadas, los derechos salariales y prestacionales se pagarán con cargo al
situado fiscal.»

Del anterior análisis normativo, se concluye que los maestros cofinanciados por la
Nación son docentes territoriales, por lo tanto, sus prestaciones estarían a cargo de
la entidad territorial respectiva.

Sobre la naturaleza de la vinculación de los docentes cofinanciados, esta
corporación en sentencia del 11 de abril de 2018,31 luego de analizar las normas
citadas, precisó lo siguiente:

«De conformidad con lo anterior y en virtud a que las normas definen a los docentes
cofinanciados como docentes departamentales, distritales o municipales
dependiendo de ente que los hubiera vinculado, la Sala considera que como el
demandante fue vinculado como docente cofinanciado por el Municipio (sic) de San
Sebastián de Mariquita desde 1994, se debe entender que dicha vinculación se dio
como municipal y por consiguiente tiene derecho a que dichos tiempos sean tenidos
en cuenta para el reconocimiento de la pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia.32 »

En definitiva, el asunto bajo examen se ajusta al anterior análisis normativo y
jurisprudencial considerando que la señora Toro de Andrade fue nombrada por el
alcalde de Anapoima como docente en virtud de la creación de plazas
cofinanciadas, por lo tanto, la vinculación de la docente fue de carácter territorial
durante el lapso transcurrido entre el 7 de abril de 1994 al 1° de abril de 2012,
descontando los días de licencia, (16 años, 11 meses y 3 días). Por lo que la actora
demuestra que sí satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al servicio
educativo como maestra con vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión
gracia, pues sumados todos los periodos reconocidos, da un resultado total de
servicio de 20 años, 2 meses y 6 días.

Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin
dificultad del hecho de que la actora efectivamente se desempeñó como tal al
servicio del departamento del Norte de Santander bajo relaciones legales y
reglamentarias del orden territorial desde 16 de mayo de 1978 al 7 de mayo de 1980,
es decir, en períodos anteriores a la primera fecha en comento, por lo que se
encuentra colmada la exigencia objeto de análisis.

En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la

31 Radicado 190012333000201500392 01 (2235-2017).
32 Criterio reiterado por esta Sección en sentencias del 17 de julio de 2020, 13 de abril de 2023, 20 de abril de

2023 y 11 de mayo de 2023 y en sentencia SU-559 de 1997 de la Corte Constitucional en donde señaló que
aquellos docentes cofinanciados también eran considerados como de orden territorial.

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buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia fue acertado
en el fallo apelado para acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada por
la demandante. Sin embargo, la contabilización de los períodos de servicio no se
encuentra ajustado a los tiempos efectivamente reconocidos, por lo tanto, tendrá
que modificarse el ordinal segundo respecto de la fecha de consolidación del estatus
pensional, pues esta es posterior a la determinada inicialmente, lo cual beneficia a
la parte apelante y no vulnera el principio de la non reformatio in pejus.

Acerca de este punto es de precisar que, con base en el cálculo válido del servicio
prestado por la docente para adquirir la pensión gracia, la señora María Vidalia Toro
de Andrade acreditó la totalidad de requisitos previstos para el efecto solo cuando
cumplió 20 años de servicio, lo cual ocurrió hasta el 24 de enero de 2012 (después
de los 50 años cumplidos el 25 de julio de 1999), diferente a lo estimado el juez de
origen, tal como aprecia del siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
16/05/1978 7/05/1980 1 10 22
12/08/1982 23/04/1984 1 5 11
7/04/1994 24/01/2012 16 7 27
TOTAL 18+2=20 AÑOS 22+2 (2 AÑOS) 60 DIAS (2 MESES)

Es decir, la prerrogativa objeto de condena debe ser reconocida desde el 24 de
enero de 2012, lo cual será materia de modificación en el fallo impugnado,
incluyendo el análisis de la prescripción, pero confirmando en todo lo demás dicha
providencia, ya que, este fenómeno no ocurrió si se tiene en cuenta que, partiendo
de la referida fecha de exigibilidad del derecho, se observa que la demandante
presentó petición de reconocimiento de pensión dentro del término (25 de julio de
2012) y de la misma manera radicó la demanda (15 de octubre de 2014), por lo que
no se configura el fenómeno, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
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2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentados por la parte demandada no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada, el cual
quedará de la siguiente forma:

«[…] Segundo: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, a reconocer, liquidar y pagar la pensión gracia a la
señora MARIA VIDALIA TORO DE ANDRADE, identificada con la cédula de
ciudadanía número 28.737.840 con el 75% del promedio de todos los factores
devengados en el periodo 24 de enero de 2011 al 23 de enero de 2012, con
efectividad a partir del 24 de enero de 2012, con efectos fiscales desde la misma
fecha.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
accionada según lo manifestado en las consideraciones de la sentencia.

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19

Radicado: 25000-23-42-000-2015-00031-01 (3611-2022)

QUINTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Carlos Arturo Sánchez
Medina, portador de la tarjeta profesional 262.361 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado sustituto de la demandada, en los términos y para los
efectos del poder de sustitución conferido por la apoderada principal la Dra. Marcela
Patricia Ceballos Osorio, ello conforme al respectivo memorial obrante en el índice
24 de la plataforma SAMAI.

SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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20

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