Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00115-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00115-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-00115-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-00115-01 (3284-2018)
Demandante: Carlos Barbosa Malaver
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Temas: Disciplinario
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Carlos Barbosa Malaver formuló demanda, en
orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Auto
000013 de 15 de enero de 2014, emitido, en primera instancia, por la Procuraduría
Provincial de Girardot, por medio de la cual fue declarado responsable
disciplinariamente el señor Carlos Barbosa Malaver y se le impuso sanción de
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www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00115-01 (3284-2018)
Demandante: Carlos Barbosa Malaver
destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término
de 12 años; y, ii) fallo de 6 de mayo de 2014, proferido por la Procuraduría Regional
de Cundinamarca, que confirmó la decisión inicial.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar los perjuicios morales a
los que se vio sometido; ii) ordenar el pago de los intereses moratorios, en atención
a lo consagrado en el artículo 192 ibidem; y, iii) condenar en costas a la entidad
demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado judicial del demandante señaló los
siguientes:
i) Fue elegido alcalde del municipio de Anapoima para el periodo constitucional
2008-2011.
ii) El 31 de octubre de 2012, la Contraloría de Cundinamarca practicó una visita de
auditoría gubernamental a la Alcaldía de Anapoima. En informe de 18 de enero de
2013, se señalaron las siguientes conclusiones: «falta de ampliación de la póliza por
la adición de los contratos (…) observaciones: falta el certificado de ampliación de
la póliza de adición de los contratos antes mencionado».
iii) El 25 de febrero de 2013, la Procuraduría Provincial de Girardot dio apertura de
indagación preliminar en contra del señor Barbosa Malaver. Posteriormente, luego
de que este rindiera su versión libre se resolvió abrir investigación disciplinaria.
iv) El 23 de mayo de 2013, dicha dependencia formuló pliego de cargos en su contra.
v) El 15 de enero de 2014, la Procuraduría Provincial de Girardot, en primera
instancia, declaró responsable disciplinariamente al señor Carlos Barbosa Malaver,
en su condición de alcalde de Anapoima, por haber incurrido en la falta gravísima
2
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00115-01 (3284-2018)
Demandante: Carlos Barbosa Malaver
consagrada en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002, a título de culpa
gravísima; sancionándolo con destitución e inhabilidad general para desempeñar
cargos públicos por el término de 12 años.
vi) Contra dicho acto el disciplinado interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto el 6 de mayo de 2014, por la Procuraduría Regional de Cundinamarca,
confirmando la decisión inicial.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 25, 29, 124 y 125 de la Constitución
Política; 128, 140, 142, 162 y 163 del Código Único Disciplinario.10 de la Ley 617
de 2000; 4 y 6 de la Ley 734 de 2002; y, 81 y 82 del Decreto 111 de 1995.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:
i) Se vulneró el derecho al debido proceso en tanto que se formuló pliego de cargos
en su contra pese a que se había superado el término legal para adelantar la
investigación disciplinaria.
ii) Las pruebas obrantes dentro del expediente no fueron suficientes para endilgarle
la falta endilgada y para afirmar que el investigado vulneró el principio de la
responsabilidad de la contratación estatal.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación, Procuraduría General de la Nación, por intermedio de apoderada, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación:1
1 Folios 308 a 324.
3
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00115-01 (3284-2018)
Demandante: Carlos Barbosa Malaver
i) La falta disciplinaria que le fue endilgada a la parte actora se hizo bajo el principio
de legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la
normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada
y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente valoradas.
ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que al disciplinad se le
brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su derecho a la
defensa, al presentar descargos, alegatos de conclusión y los recursos pertinentes.
iii) El periodo transcurrido entre la fecha de la apertura de la indagación preliminar
y la formulación del pliego de cargos no fue excesivo, fue proporcional y se ajustó a
la normativa aplicable.
iv) Aunque la asesoría en los asuntos contractuales estuviera asignada al jefe de la
Oficina Asesora Jurídica, la dirección y manejo de la actividad contractual era
responsabilidad del señor Carlos Barbosa Malaver quien, en su calidad de
representante legal de la entidad territorial, no podía trasladarla a otros funcionarios.
v) En el proceso disciplinario se acreditó que el señor Barbosa Malaver fue
negligente al momento de autorizar la adición de los contratos y ordenar el pago de
las obras, toda vez que era su deber exigir que el contratista hubiese ampliado las
garantías contractuales, debiendo verificar que toda la documentación estuviera en
regla, particularmente aquella referida a la ampliación de las pólizas, máxime
cuando aquellas se pactaron en los contratos que él suscribió.
vi) Finalmente, propuso la excepción de caducidad del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia proferida el 9 de marzo de 2017, negó las pretensiones de la
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Demandante: Carlos Barbosa Malaver
demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:2
i) El actor al suscribir varios contratos sin haber exigido el debido respaldo como
son las pólizas u otras garantías y al aceptar un pagaré personal como garantía en
uno de ellos, desconoció los principios que regulan la contratación estatal,
especialmente el de la responsabilidad.
ii) El señor Barbosa Malaver, en su calidad de alcalde del Municipio de Anapoima,
era el representante legal del ente territorial para la época de los hechos y en cabeza
suya estaba la responsabilidad del manejo de la actividad contractual, la cual,
además, no podía descargar en otros.
1.4. El recurso de apelación
El señor Carlos Barbosa Malaver, por conducto de apoderada, interpuso recurso
de apelación3y lo sustentó así:
i) Respecto de los contratos 088 y 090 de 2011, si bien pudo haberse pactado en
ellos la constitución de garantías, ello no quiere decir que perdiera vigencia o no
fuera aplicable a ellos el artículo 8.º del Decreto 4328 de 2008, que establece la
excepción al otorgamiento del mecanismo de cobertura del riesgo.
ii) La entidad conservaba la potestad de exigir o no la constitución de garantías y el
hecho de haberlas exigido en el contrato original, no la obligaba a hacer lo mismo
en la adición del contrato, siendo esta una de las razones para determinar que no
se trasgredió el principio de responsabilidad en la contratación estatal.
iii) Se vulneró el derecho al debido proceso porque la entidad demandada le formuló
pliego de cargos pese a que nunca se allegó al proceso copia del contrato 033 de
2011, frente al cual el investigado se le hizo el reproche disciplinario.
2 Folios 367 a 382.
3 Folios 389 a 392.
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Demandante: Carlos Barbosa Malaver
iv) Los actos administrativos acusados carecen de sustento probatorio para haberlo
sancionado disciplinariamente.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante4
La parte interesada insistió en lo señalado en el escrito de la demanda y el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
1.5.2. La demandada
Pese a que el Despacho corrió traslado para alegar de conclusión, la Procuraduría
General de la Nación no expuso argumento alguno.
1.6. Concepto del ministerio público.
Guardó silencio.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos administrativos
acusados, la entidad demandada incurrió en vulneración del derecho al debido
proceso, toda vez que las pruebas obrantes dentro del expediente no eran
determinantes para declarar responsable disciplinariamente al señor Carlos
Barbosa Malaver.
Previo a ello, se deberá analizar su legalidad teniendo en consideración que
recayeron sobre un servidor público elegido por voto popular, de modo que, para
ese efecto, se verificará si se sujetan a la normativa que rige en materia de
4 Folios 409 a 411.
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Demandante: Carlos Barbosa Malaver
restricción de los derechos políticos y las garantías judiciales, a la luz de lo
establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Acerca de las competencias de la Procuraduría General en materia
disciplinaria
El régimen de responsabilidad de los servidores públicos está delimitado por lo
previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual «los particulares
solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.
Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones»5.
El artículo 125, inciso 4, constitucional establece que el retiro del servicio en los
órganos y entidades del Estado se produce por «calificación no satisfactoria en el
desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás
causales previstas en la Constitución o la ley»6.
Por su parte, los artículos 277 y 278, numerales 6 y 1, ibidem, respectivamente,
confieren en el procurador general de la Nación las funciones de «[e]jercer vigilancia
superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas,
inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario;
adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas
sanciones conforme a la ley» y «[d]esvincular del cargo, previa audiencia y
mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las
siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar
evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus
funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la
Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta
5 Negrilla de la Sala.
6 Negrilla fuera de texto.
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Demandante: Carlos Barbosa Malaver
negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los
empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que
tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo».
Entre tanto, para la época en que ocurrieron los hechos que se investigaron y dieron
origen a la sanción disciplinaria impuesta al demandante, regía la Ley 734 de 2002,
en cuyo artículo 3 otorgaba a la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del
poder preferente, la facultad de «iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación
o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las
entidades públicas»7 y según el libro I del título I ibidem, el ejercicio del poder
disciplinario se debe regir por los principios de legalidad, debido proceso,
presunción de inocencia, favorabilidad, proporcionalidad, motivación, entre otros;
además, la actuación procesal debe estar sujeta a los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción,
al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 ibidem.
Producto de una investigación de tal naturaleza, el ente de control podía imponer
las sanciones a que alude el artículo 44 de la ley citada, dentro de las cuales están:
i) destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas
con culpa gravísima; ii) la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial,
para las faltas graves dolosas y gravísimas culposas; iii) la suspensión, para las
faltas graves culposas; v) la multa, para faltas leves dolosas; y v) la amonestación
escrita, para las faltas leves culposas.
En particular, las faltas gravísimas que daban lugar a imponer la sanción de
destitución e inhabilidad general, están expresamente señaladas en el artículo 48
de la ley en comento, entre ellas, la del numeral 31, que consiste en «[p] articipar en
la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal
y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.», que le fue
7 Tal previsión también estaba contemplada en el artículo 3 de la Ley 200 de 1995.
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atribuida, finalmente, al demandante y que dio lugar a la imposición de la sanción
que se cuestiona en este proceso.
2.2.1. Acerca de los derechos políticos y sus restricciones
El artículo 40 de la Constitución Política establece el derecho de los ciudadanos a
«participar en la conformación, ejercicio y control del poder político» y, para hacer
efectivo este derecho pueden, entre otras cosas, «elegir y ser elegido[s]»; sin
embargo, tal derecho no es ilimitado, toda vez que encuentra restricciones, entre
ellas, las señaladas en los artículos 98, 122, 172, 177 y 171 ibidem relacionados
con la pérdida o suspensión del ejercicio de la ciudadanía, la comisión de delitos, la
nacionalidad y la edad, respectivamente.
Por su parte, en la Ley 734 de 2002, concretamente en su artículo 44, se estableció
como sanción disciplinaria, entre otras, la destitución, que tiene como destinatarios
a aquellos que hubieren cometido las faltas gravísimas de que trata el artículo 48
ibidem, cometidas a título de dolo o culpa gravísima. En ese sentido y como el
artículo 277 constitucional confirió al procurador general de la Nación la función de
ejercer la potestad disciplinaria y, en ese marco, sancionar a los infractores, entre
ellos, a quienes desempeñen funciones públicas, incluso, si fueren elegidos por voto
popular, se infiere que ese marco normativo le daba la competencia para imponer
la aludida sanción a este tipo de servidores.
No obstante lo anterior, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
aprobada por Colombia a través de la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, en
materia de derechos políticos se estableció lo siguiente:
Artículo 23. Derechos Políticos.
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
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b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que
se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez
competente, en proceso penal. (Se resalta)
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.3.1. Acerca de las decisiones disciplinarias censuradas
(i) El 15 de enero de 2014, por Auto 000013, la Procuraduría Provincial de Girardot
emitió decisión disciplinaria de primera instancia, en contra del señor Carlos
Barbosa Malaver, por conductas disciplinariamente reprochables cometidas durante
el periodo en que se desempeñó como alcalde del municipio de Anapoima
(Cundinamarca).8
En particular, el ente de control consideró que el alcalde del ente territorial participó
en la actividad pre contractual y contractual con claro desconocimiento del principio
de responsabilidad de la contratación estatal, al omitir exigir la ampliación de las
pólizas de los contratos 058, 088 y 090 de 3 y 17 de febrero de 2011,
respectivamente, que fueron adicionados en valor, sin tener en cuenta lo
establecido en el artículo 12 del Decreto 4828 de 2008.
Aunado a ello, además de no exigir póliza en el contrato 033 de 8 de enero de 2011,
la reemplazó con un pagare otorgado al contratista, desconociendo lo consagrado
en el artículo 24 del Decreto 4828 de 2008.
8 Folios 189 a 215.
10
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Demandante: Carlos Barbosa Malaver
Lo anterior conllevó la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad general
para ejercer cargos públicos por el término de 12 años.
(ii) El 6 de mayo de 2014, la Procuraduría Regional de Cundinamarca resolvió el
recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmando la decisión
inicial.9
2.3.2. En relación con las pruebas solicitadas en este proceso judicial
(i) En el escrito de demanda, el actor solicitó tener como pruebas las siguientes:
DOCUMENTALES:
Copia auténtica y completa del expediente radicado bajo el número… En la
Procuraduría Provincial de Girardot, que incluye copia de los actos acusados, auto
número 000013 de 15 de enero de 2013, proferido por el Procurador Provincial de
Girardot y del fallo de 6 de mayo de 2014, proferido por el procurador regional de
Cundinamarca que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto anterior.
(ii) El 25 de enero de 2017, se llevó a cabo la audiencia inicial, dentro de la cual se
sostuvo:10
6. Decreto de pruebas.
Parte demandante. Téngase como prueba los documentos aportados con la
demanda.
Parte demandada. Téngase como prueba los documentos que reposan en el
expediente disciplinario, especialmente las decisiones acusadas.
Esta decisión queda notificada en estrados. Las partes no interpusieron recursos.
7. Etapa probatoria.
Como no existe pruebas por practicar, se prescinde del periodo probatorio. Esta
decisión queda notificada en estrados. Las partes manifestaron estar de acuerdo con
la decisión.
3. El caso concreto. Análisis de la Sala
9 Folios 232 a 241.
10
Folios 343 a 349.
11
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00115-01 (3284-2018)
Demandante: Carlos Barbosa Malaver
En el asunto sub examine, se somete a consideración de la Sala el estudio de la
legalidad de las decisiones disciplinarias emitidas por la Procuraduría General de la
Nación, a través de las cuales se impusieron, en contra del señor Carlos Barbosa
Malaver, las sanciones de destitución e inhabilidad general por el término de 12
años, para desempeñar cargos públicos, producto de conductas que se reprocharon
en su condición de alcalde del municipio de Anapoima (Cundinamarca).
Pues bien, según se anunció en el acápite marco normativo de esta providencia, la
Constitución Política de Colombia revistió al procurador general de la Nación, por sí
o por medio de sus delegados y agentes, de la función de investigar y sancionar a
los infractores de la ley disciplinaria, incluso de aquellos de elección popular, y, para
tal efecto, imponer los correctivos que se establecen en la ley, entre ellos, la
destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, en estudio reciente, realizado por la Sala de la Sección Segunda de
esta Corporación11 se llegó a la conclusión de que si bien es cierto la Constitución
y la ley colombianas confirieron tales facultades en el aludido funcionario, la
normativa al respecto riñe con la garantía de derechos políticos de los servidores
elegidos por voto popular, en los términos previstos en el artículo 23.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y conforme a la interpretación
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado a tal normativa, toda
vez que la limitación de tales derechos tan solo procede por parte de un juez
competente. Así se discurrió:12
74. Por ello, en virtud de esta competencia constitucional y legal, el Procurador
General de la Nación se encuentra facultado para investigar y sancionar a los
servidores públicos, incluso los de elección popular, “conforme a la Ley”. (Negrilla
y cursiva propia del texto transcrito)
[…]
11 Providencia respecto de la cual, el ponente de la presente aclaró el voto.
12 Sentencia del 11 de octubre de 2023, radicado: 15001 23 33 000 2014 00564 01 (5828-2018),
M.P. César Palomino Cortés.
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Demandante: Carlos Barbosa Malaver
86. En este sentido, para la Sección Segunda del Consejo de Estado es importante
puntualizar que la interpretación que debe darse al concepto de “condena, por juez
competente, en proceso penal”, contenido en el artículo 23.2 de la Convención, está
referido no solo al proceso regulado en el Código de Procedimiento Penal, sino a
cualquier tipo de proceso desarrollado en ejercicio del poder punitivo del
Estado, que sea de carácter judicial, como lo es la pérdida de investidura, por
ejemplo, en el que su fin, además de ser una medida sancionadora, correctiva y
restablecedora de la ética en las corporaciones públicas de elección popular, es
connaturalmente ejemplarizante. [Resalta esta Sala]
Como consecuencia de lo anterior, en la providencia citada, la sala de la Sección
Segunda realizó un estudio armónico entre las previsiones de la Constitución
Política con las de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno a
la restricción de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto
popular, en el siguiente sentido:
88. La Sección Segunda del Consejo de Estado en su deber de aplicar
preferentemente las normas constitucionales y a la vez cumplir con los instrumentos
internacionales, máxime cuando hacen parte del bloque de constitucionalidad por el
carácter vinculante que le otorga la misma Constitución Política, considera que, con
el fin de consolidar la efectividad de los derechos humanos, los artículos 277.6 de la
Constitución Política y el 23 de la CADH deben armonizarse, mediante una
interpretación integradora, finalista y sistemática.
[…]
90. Efectivamente, en este proceso de armonización debe quedar claro que no se
puede privar de contenido ni la CADH ni la Constitución Política; corresponde al
interprete conciliar, hacer efectivas las dos normas en el sentido de reconocer que, si
bien es cierto, conforme con el artículo 9 Superior, las relaciones exteriores del Estado
se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de
los pueblos; también lo es que, conforme a la misma disposición y a los artículos 26
y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados de 1969, esta relación se fundamenta en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia, entre ellos, el deber de
cumplir los tratados de buena fe, principio pacta sunt servanda. 91. Pues bien, sobre
el principio de jurisdiccionalidad que se encuentra ínsito en el artículo 23.2 de la CADH,
de cara a las facultades de la Procuraduría para destituir a funcionarios públicos de
elección popular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro
Urrego Vs. Colombia, reconoció que el inciso 6º del artículo 277 y el numeral primero
del artículo 278 de la Constitución Política de Colombia no eran incompatibles con el
artículo 23 de la Convención Americana, pero su interpretación debía darse de
manera que no quebrantara dicha disposición. […]
92. La interpretación del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que ha efectuado la CIDH, como quedó explicado en el acápite anterior,
tiene fuerza vinculante, comoquiera que es el intérprete auténtico de la Convención,
por lo tanto, en esta labor armonizadora, se debe tener en cuenta no solo las normas
convencionales sino la interpretación que de ella ha hecho la Corte Interamericana.
93. De acuerdo con lo anterior, y en la perspectiva de una interpretación integradora
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00115-01 (3284-2018)
Demandante: Carlos Barbosa Malaver
de la Constitución Política con la CADH, y dado el alcance fijado por la CIDH en el caso
Petro Urrego Vs. Colombia, la Sección Segunda de la Corporación considera que el
artículo 277.6 de la Carta es una norma que goza de todo su rigor y que la
Procuraduría General de la Nación, como autoridad autónoma, tiene intacta sus
atribuciones para investigar y sancionar disciplinariamente a servidores públicos de
elección popular, cuando dicha sanción no implique la restricción de sus derechos
políticos, por lo tanto, una lectura armónica y sistemática del bloque de
constitucionalidad significa que frente a tales servidores el órgano de control puede
aplicar otro tipo de sanciones, pero que no lleve a suspender o inhabilitar el ejercicio
de derechos políticos. 94. En ese orden la norma constitucional es compatible con
la Convención, pues el artículo 277.6 no enuncia el tipo de sanción que puede
imponer la PGN en ejercicio de la potestad disciplinaria; este artículo claramente remite
a la Ley, que es la que contiene el catálogo de sanciones. En este contexto, la
Procuraduría goza de la potestad disciplinaria frente funcionarios elegidos
democráticamente, siempre que las sanciones a imponer no restrinjan sus derechos
políticos.
95. No sucede lo mismo con los artículos 4413 y 4514 del Código General Disciplinario,
sobre los cuales, la CIDH, en el fallo del 8 de julio de 2020, consideró que sí eran
incompatibles con la Convención, por violación del principio de jurisdiccionalidad, en
los siguientes términos: [se cita lo pertinente]
96. Este pronunciamiento de la CIDH en el caso Petro Urrego Vs. Colombia es claro
en señalar que la vigencia de las normas que facultan a la Procuraduría a imponer
sanciones de inhabilitación o destitución a funcionarios democráticamente electos,
previstas en el Código Disciplinario Único constituyen un incumplimiento al deber de
adoptar disposiciones de derecho interno; por ello, el Estado es responsable por la
violación al artículo 23 de la Convención Americana.
[…]
98. Ante este panorama, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al
Estado colombiano que efectuara los ajustes al ordenamiento interno, a través de
medidas legislativas, como también así lo había exhortado la Sala Plena de lo
13 Cita propia del texto transcrito «ARTÍCULO 44. Clases de sanciones. El servidor público está
sometido a las siguientes sanciones: 1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas
dolosas o realizadas con culpa gravísima. 2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad
especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas. 3. Suspensión, para las faltas graves
culposas. 4. Multa, para las faltas leves dolosas. 5. Amonestación escrita, para las faltas leves
culposas.»
14 Cita propia del texto transcrito «ARTÍCULO 45. Definición de las sanciones. 1. La destitución e
inhabilidad general implica: a) La terminación de la relación del servidor público con la administración,
sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o b) La
desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la
Constitución Política, o c) La terminación del contrato de trabajo, y d) En todos los casos anteriores,
la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado
en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. 2. La suspensión implica la separación del ejercicio
del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad
de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.
3. La multa es una sanción de carácter pecuniario. 4. La amonestación escrita implica un llamado de
atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida. Si al momento del fallo el
servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la
misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción
al representante legal o a quién corresponda, para que proceda a hacerla efectiva.»
14
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Demandante: Carlos Barbosa Malaver
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el fallo del 15 de noviembre de
201741, al que hace referencia la CIDH en su sentencia del 8 de julio de 2020.
[…]
102. De acuerdo con lo anterior, pese a la intención de la Ley 2094 de 2021 de ajustar
la competencia de la Procuraduría General de la Nación al sistema interamericano de
derechos humanos que consagra la reserva judicial para los casos de sanciones de
destitución, suspensión e inhabilidad de servidores de elección popular, lo cierto es
que, conforme al pronunciamiento de la Corte Constitucional, este ente de control en
tanto es una autoridad que ejerce función disciplinaria de orden administrativo, la
naturaleza de sus actos sancionatorios siguen siendo administrativos.
Y, a partir del anterior análisis, la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó:
103. La Sección Segunda del Consejo de Estado considera que es imperioso para el
juez contencioso administrativo, en sede del control de legalidad de los actos
sancionatorios disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación que restringen
los derechos políticos de servidores públicos elegidos popularmente, tener en cuenta
los postulados trazados por el derecho convencional, aun de forma oficiosa, por el
deber de respeto como Estado parte de la CADH.
104. Lo anterior, por varias razones; la primera, porque, conforme al artículo 9 de la
Constitución Política y los artículos 26 y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, el Estado colombiano
reconoce los principios de derecho internacional y debe cumplir los tratados de buena
fe, principio pacta sunt servanda; sin que sea permitido invocar disposiciones de
derecho interno para incumplir los tratados internacionales15.
[…]
109. Así las cosas, el Estado colombiano, al haber suscrito el documento
internacional, tiene la obligación de cumplir los derechos reconocidos en el texto, así
como el deber de efectuar el control de convencionalidad de manera obligatoria, tarea
en cabeza de toda autoridad administrativa y judicial. Este control difuso de
convencionalidad a un caso concreto constituye la aplicación de la excepción de
inconvencionalidad.
110. Adicionalmente, porque el control de legalidad que efectúa la jurisdicción de lo
contencioso administrativa, sobre las decisiones adoptadas por los titulares de la
acción disciplinaria, es pleno, comoquiera que no está supeditado a limitaciones ni
restricciones, sin que por ello se constituya en una tercera instancia16; e integral, pues
incluye un juicio sustancial del acto sancionador a la luz del respeto por la garantía de
los derechos fundamentales del disciplinado17. […]
15 Cita propia del texto transcrito «Artículo 26. Pacta Sunt Servanda. Todo tratado en vigor obliga a
las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Artículo 27. El derecho interno y la observancia
de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento de un tratado.»
16 Cita propia del texto transcrito «Sentencia del 11 de julio de 2013 radicación interna (1982-09)
M.P. Gerardo Arenas Monsalve.»
17 Cita propia del texto transcrito «Este control integral comprende, por supuesto, el tema de la ilicitud
sustancial, al considerar que el juez está autorizado para realizar el análisis de racionalidad,
15
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112. Bajo el anterior contexto, el juez del control de legalidad debe considerar, y tener
en cuenta al momento de emitir sentencia, el entorno de la realidad en virtud del
derecho viviente que obliga a todas las autoridades, sin excepción alguna -cuanto
más a quienes administran justicia-, a realizar una interpretación de la normativa
interna de cara a los postulados y mandatos trazados por órganos judiciales
internacionales, frente a los cuales no se puede oponer.
[…]
119. Por ello, sin duda alguna, la sentencia proferida el 8 de julio de 2020 por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro Urrego Vs. Colombia, marca
un precedente en relación con la manera como deben interpretarse y acatarse en
nuestro ordenamiento jurídico, las disposiciones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por cuanto el instrumento jurídico internacional y las sentencias
proferidas por la CIDH constituyen, en conjunto, la convencionalidad como fuente
normativa en la teoría del derecho viviente18.
[…]
121. El juicio de convencionalidad efectuado por la CIDH al sistema normativo interno
para condenar al Estado colombiano como responsable por la violación del derecho
político del demandante, protegido por el artículo 23 del tratado internacional, sentó
como ratio decidendi que el Código Disciplinario Único le otorgó a la Procuraduría
General de la Nación la facultad de imponer sanciones como la destitución a
funcionarios públicos elegidos democráticamente, contraviniendo la norma
convencional que excluye dicha competencia por vía de autoridad administrativa.
[…]
128. Ahora bien, el control de convencionalidad efectuado por la CIDH en el caso Petro
Urrego Vs. Colombia no se agotó con el principio de jurisdiccionalidad; su estudio
abarcó también el examen al cumplimiento de los derechos a las garantías judiciales
previstas en el artículo 8 Convencional, lo que a juicio de la Sala significa,
adicionalmente, la aplicación del principio de favorabilidad, in dubio pro disciplinado o
pro homine, que, tratándose del ius puniendi tiene una importancia superlativa, como
pasa a explicarse.
[…]
136. Entonces, de acuerdo con lo anterior, la resolución de los casos en que se
analice la conformidad de sanciones disciplinarias impuestas por la PGN a servidores
de elección popular, debe atender al principio de favorabilidad, el cual se encuentra
reforzado por el hecho de estar involucrados sus derechos políticos que son
protegidos por la CADH y sus derechos laborales, que, como se señaló al principio de
este acápite, deben garantizarse en virtud del principio pro homine, conforme con el
artículo 53 Superior.
razonabilidad y/o proporcionalidad respecto de esta, al punto que, si el asunto lo exige, puede valorar
los argumentos que sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones
expuestas por el disciplinado.»
18 Cita propia del texto transcrito «A pesar de que la Ley 16 del 20 de diciembre de 1972 mediante
la cual se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en nuestro sistema normativo,
fue expedida con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, lo cierto
es que sus preceptivas tienen total aplicación en virtud del artículo 93 superior que le reconocen
prevalencia en el ordenamiento interno, por tratarse de un tratado internacional ratificado por el
Congreso de la República que reconoce derechos humanos.»
16
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Demandante: Carlos Barbosa Malaver
[…]
150. Ciertamente, a juicio de la Sala, dentro de la actuación disciplinaria debe
garantizarse una independencia e imparcialidad de parte de quien investiga como de
quien sanciona y no que se constituya al mismo tiempo en juez y parte, como sucede
en el proceso disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002. 151. De acuerdo con lo
anterior, adicional a la vulneración al principio de jurisdiccionalidad, como quedó
analizado en el acápite anterior, se evidencia, a partir de la interpretación de las
normas convencionales, en especial del artículo 8, que en el proceso sancionatorio
disciplinario adelantado por la PGN, conforme a las disposiciones de la Ley 734 de
2002, no se cumplen con las garantías judiciales para el disciplinado de (i) ser oído
por un juez imparcial; (ii) presumirse su inocencia y (iii) ejercer realmente su derecho
de defensa.
152. Ahora bien, la excepción de inconvencionalidad aplicada con base en las
consideraciones efectuadas en los acápites anteriores sobre los principios de
jurisdiccionalidad y de las garantías judiciales, de conformidad con las normas
convencionales y con el fallo del 8 de julio de 2020, proferido por la CIDH en el caso
Petro Urrego Vs. Colombia, debe ser adoptada por los jueces y por la administración
en los asuntos de supuestos jurídicos similares, no solo por virtud de la obligatoriedad
de su aplicación por el hecho que el país hace parte del Pacto de San José de Costa
Rica, y por el principio de favorabilidad, como quedó explicado sino por derecho a la
igualdad y a la protección judicial […]
En ese sentido, a partir de la decisión judicial en comento, es criterio de la Sección
Segunda que «en los casos en que se controvierten sanciones disciplinarias que
restringen los derechos políticos de los funcionarios de elección popular debe
aplicarse el control de convencionalidad, no solo como expresión del derecho
viviente sino porque dichos disciplinados tienen derecho a la misma protección
judicial.».
Así las cosas, en aplicación de la excepción de inconvencionalidad respecto de las
normas que radican en el procurador general de la Nación, en su condición de
autoridad administrativa, la competencia para imponer sanciones como la
destitución a empleados elegidos por voto popular, y en procura de garantizar los
principios de jurisdiccionalidad, que exige que ese tipo de sanción solo provenga de
una autoridad judicial, y favorabilidad en materia laboral, según el cual se debe
preferir la interpretación más favorable al trabajador, en caso de que una norma
permita dos o más interpretaciones, así como en garantía de los derechos a la
igualdad y a la protección judicial, la Sala declarará la nulidad de los actos
administrativos cuestionados en este proceso, comoquiera que, a través de ellos,
se impuso en un servidor público elegido popularmente, la sanción de destitución,
17
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lo que conlleva una restricción de derechos políticos, facultad que, según el criterio
antes expuesto, está reservada a las autoridades judiciales competentes.
4. Del restablecimiento del derecho
El artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo permite estatuir disposiciones nuevas a cambio de las acusadas y
modificar o reformar estas. Dispone la norma:
La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda
y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales
que se apliquen.
En ese contexto, el legislador facultó al juez para reformar las decisiones acusadas
o estatuir nuevas en su reemplazo y, en consecuencia, en el caso bajo estudio,
nada impide a la Sala anular la sanción impuesta en sede administrativa.
Ahora bien, de la actuación disciplinaria desarrollada se observa que el señor Carlos
Barbosa Malaver fue elegido popularmente para ocupar el cargo de alcalde del
municipio de Anapoima, para el periodo comprendido entre el 1.º de enero de 2008
y el 31 de diciembre de 2011, es decir que para la fecha en que se emitieron y
notificaron las decisiones disciplinarias tanto de primera como de segunda instancia,
había finalizado su periodo constitucional, lo que quiere decir que la decisión
censurada no fue la que dio origen a su desvinculación del servicio.
Por tal motivo, el demandante, como pretensión de restablecimiento del derecho
reclamó «el reconocimiento de perjuicios morales causados con razón o con
ocasión de las expedición de los actos acusados».
A juicio del actor las decisiones disciplinarias cuestionadas le causaron una
afectación moral por haberle vulnerado, además, el derecho al trabajo.
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Respecto a la potestad disciplinaria, esta Subsección ha manifestado que
«constituye una de las modalidades de los poderes sancionatorios del Estado; en la
misma medida, el derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador,
cuya concepción misma, a más de su ejercicio, deben estar orientados a garantizar
la materialización de los principios propios del Estado Social de Derecho, el respeto
por los derechos y garantías fundamentales, y el logro de los fines esenciales del
Estado que establece la Carta Política y justifica la existencia misma de las
autoridades»19.
Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado en cuanto a la potestad
disciplinaria, que «permite asegurar la realización de los fines del Estado, al
otorgarle a las autoridades administrativas la facultad de imponer una sanción o
castigo ante el incumplimiento de las normas jurídicas que exige un determinado
comportamiento a los particulares o a los servidores públicos, a fin de preservar el
mantenimiento del orden jurídico como principio fundante de la organización
estatal».20
Ahora bien, el legislador consagró un régimen disciplinario el cual se encuentra
dispuesto en la Ley 734 de 2002 que es aplicable a los servidores públicos, que en
caso de ser incumplido, el Estado, en virtud de la potestad disciplinaria, tiene la
facultad de iniciar las actuaciones administrativas que considere pertinentes
tendientes a establecer las faltas cometidas en ejercicio de sus funciones, así como
su responsabilidad.
Así las cosas, la sanción disciplinaria que se le imputa a un servidor público es el
resultado de una decisión administrativa luego de haber dado trámite a un
procedimiento dentro del cual el investigado tuvo la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa y contradicción.
Dicha sanción, si bien, en principio, impide el acceso a cargos públicos y a devengar
un salario, también lo es que no vulnera el derecho al trabajo, en tanto que dicha
19 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de 21 de noviembre de 2013,
No. Interno. 0649-2011, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
20 Sentencia C-818 de 2005, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
19
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limitación se presenta solamente en la esfera del empleo público, razón por la cual
no podría decirse que toda decisión disciplinaria conlleva a la materialización de
perjuicios materiales y morales.
En este asunto, los perjuicios morales solicitados no es dable reconocerlos en tanto
que no se acreditaron de manera alguna, en relación con haber sufrido algún tipo
de dolor, congoja, angustia, tristeza o aflicción, teniendo en cuenta que la parte no
allegó ni solicitó ninguna prueba con base en la cual pudiera analizarse su
causación.
En ese sentido, la Sala concluye que si bien es cierto la sanción que le fue impuesta,
en principio, constituyó una restricción para que el actor accediera a empleos
públicos durante el lapso en que permaneció la inhabilidad y siempre que en ese
interregno no se hubiera configurado otra causal que limitara el ejercicio de ese
derecho, también lo es que, se insiste, tal circunstancia no vulneró su derecho al
trabajo, en tanto que dicha limitación se presenta solamente en la esfera del empleo
público, razón por la cual no podría decirse que toda decisión disciplinaria conlleva
la materialización de perjuicios materiales y morales.
En ese orden de ideas, para que procediera el reconocimiento de los perjuicios
reclamados, era indispensable que el actor los demostrara, pues se trata de una
carga probatoria que, al tenor de lo establecido en artículo 17721 del entonces
vigente Código de Procedimiento Civil le eran exigibles.
En todo caso, como la sanción impuesta al actor fue registrada en División de
Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación,22 se ordenará oficiar a
dicha dependencia para que incorpore esta decisión en el Sistema de Información
de Registro de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia, proceda a
efectuar la desanotación de la respectiva sanción.
21 «Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]»
22 Por virtud de lo ordenado en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la decisión disciplinaria de
segunda instancia emitida el 16 de enero de 2008.
20
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4. La condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,23
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00115-01 (3284-2018)
Demandante: Carlos Barbosa Malaver
5. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala revocara la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, pues considera que (i) se logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos acusados, lo que da lugar a su anulación; (ii)
se dispondrá oficiar a la División de Registro y Control de la Procuraduría General
de la Nación para que, en sus sistemas de información, registre esta decisión y
efectúe la desanotación de la sanción impuesta al demandante; (iii) no hay lugar a
reconocer los perjuicios reclamados, por las razones antes descritas; y (iv) no hay
lugar a imponer condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar la sentencia proferida el nueve (9) de marzo de dos mil
diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido
por el señor Carlos Barbosa Malaver contra la Nación, Procuraduría General de la
Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En
su lugar:
Segundo. ANULAR las decisiones disciplinarias emitidas el 15 de enero y 6 de mayo
de 2014, por la Procuraduría Provincial de Girardot y la Procuraduría Regional de
Cundinamarca, respectivamente, a través de las cuales se declaró responsable al
señor Carlos Barbosa Malaver y se le impuso sanción de destitución e inhabilidad
22
Radicado: 25000-23-42-000-2015-00115-01 (3284-2018)
Demandante: Carlos Barbosa Malaver
general por el término de 12 años para ejercer la función pública, según lo expuesto
en las consideraciones que anteceden.
Tercero. OFICIAR a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de
la Nación para que registre esta decisión en el Sistema de Información de Registro
de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia, proceda a efectuar la
correspondiente desanotación de las anteriores sanciones.
Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda, según lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.
Quinto.- No condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Sexto. - Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 186 del CPACA.
GMSM
23
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