Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00187-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00187-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-00187-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-00187-02 (0698-2024)
Demandante: Jhenifer María Sindei Mojica Flórez
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Reconocimiento de perjuicios morales en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Jhenifer María Sindei Mojica Flórez instauró demanda en contra
de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 1 de
octubre de 2013 y el 22 de mayo de 2014 por la Procuraduría Primera para la
Vigilancia Administrativa y por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la
Nación, respectivamente, mediante las cuales fue sancionada con destitución e
inhabilidad general por el término de diez (10) años.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene la cancelación del
registro de la sanción del sistema SIRI de la entidad demandada y que se ordene el
pago de perjuicios materiales, a título de daño emergente actual y futuro, lucro
cesante actual y futuro; perjuicios morales representados en la angustia, congoja e
incertidumbre, en la cuantía de 100 SMMLV y daño en la vida de relación, por cuenta
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de la variación en el curso de sus ocupaciones, relaciones sociales y proyectos de
vida, en la suma de 100 SMMLV.
4. En el escrito de reforma a la demanda1, solicitó la nulidad de los actos durante
el tiempo en que estos produjeron efectos y el reconocimiento de las sumas a título
de perjuicios materiales, morales y daño a la vida de relación por el tiempo durante
el cual la medida sancionatoria produjo efectos.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que desempeñó el cargo de subgerente de tierras rurales del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) desde el 1 de diciembre de 2011 hasta
el 9 de septiembre de 2013, cuando fue aceptada su renuncia.
7. Expresó que el 6 de agosto de 2012 el representante legal de Aportes San
Isidro S.A. radicó una queja ante la Procuraduría General de la Nación, en la cual
señaló que la subgerente de tierras rurales habría incurrido en dos irregularidades:
(i) presunta falsedad e inconsistencia en las certificaciones de experiencia para
acceder al cargo; y (ii) presunta conducta ilegal, temeraria, pendenciera y de abuso
de autoridad en el marco de los procedimientos administrativos adelantados
respecto de los predios que comprendían el inmueble «Las pavas».
8. Que lo anterior llevó a que el 27 de diciembre de 2012 se abriera una
investigación disciplinaria en su contra, en la cual, por auto del 13 de junio de 2013
se ordenó la ruptura de la unidad procesal. La actuación por cuenta del presunto
abuso de autoridad concluyó con decisión de archivo; la tramitada con ocasión de
las supuestas irregularidades en la acreditación de su experiencia se tramitó de
conformidad con el procedimiento verbal.
9. En providencia del 13 de agosto de 2013 se le endilgó la presunta violación
de los artículos 48.56 y 34.9 de la Ley 734 de 2002, lo que implicó que se le
formularan dos cargos, cuyas faltas se calificaron como gravísima y grave
respectivamente.
10. Que en la decisión disciplinaria de primera instancia se declararon probados
ambos cargos y, en consecuencia, fue destituida e inhabilitada por el término de 10
años. Esta decisión se modificó por parte de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación, en el sentido de declarar desvirtuado el cargo relacionado
con la violación del artículo 34.9 de la Ley 734 de 2002; pero se mantuvo el
correctivo disciplinario.
11. En el escrito de la reforma a la demanda narró que por auto de 27 de junio
de 2017 el procurador general de la Nación revocó las decisiones, al considerar que
no se satisfizo la exigencia de tipicidad, pues la falta contemplada por el artículo
1 Véanse folios 2624 a 2692 del cuaderno 4.
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48.56 exige que el suministro de datos inexactos o documentación cuyo contenido
no corresponda a la realidad tenga por objeto «conseguir posesión, ascenso o
inclusión en carrera administrativa»; en tanto el cargo desempeñado en el
INCODER era de libre nombramiento y remoción y, por ello, no se podía hacer
extensivo el tipo disciplinario.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
12. Considera que en la expedición de los actos se incurrió en violación directa
de la ley o de las normas en que se debían fundar, porque se prescindió de los
lineamientos del artículo 163 de la Ley 734 de 2002 y, en consecuencia, no
permitieron establecer el marco temporal en el cual ocurrió la conducta que se le
reprochó en el primer cargo, pues se refirió al suministro de un documento del 18
de octubre de 2011 y luego incluyó expresiones como «seguidamente» y «con
posterioridad», que no tienen la aptitud para establecer claramente cuándo sucedió
lo reprochado.
13. Que esa falta de claridad se constató en las demás actuaciones; inclusive, la
Sala Disciplinaria señaló como fecha de los hechos octubre de 2011, sin precisar
cuándo, a pesar de tratarse de una conducta de ejecución instantánea. Sobre este
punto, en el trámite disciplinario se probó que la posesión en el cargo ocurrió el 1
de diciembre de 2011 y, por tanto, fue solo entonces cuando el acto de suministrar
información presuntamente inconsistente adquirió relevancia.
14. Agregó que las decisiones disciplinarias se expidieron con falta de
competencia, porque para octubre de 2011, fecha de los hechos según la autoridad,
no era funcionaria pública, de manera que no era destinataria de la ley disciplinaria
(artículo 25 de la Ley 734 de 2022) ni sujeto disciplinable (artículo 53 de la Ley 734
de 2002) y no se puede aceptar la tesis de la demandada, según la cual para ser
considerado servidor público basta con tener el ánimo de serlo, lo que llevó a que
en la segunda instancia se asimilaran el acto de postulación a un cargo vacante con
el acto de elección de un servidor elegido popularmente. Esto, sin dejar de lado que
se realizó una lectura equivocada de la falta del artículo 48.56, pues el objeto de la
presentación de los documentos era el nombramiento y no la posesión.
15. Que en la expedición de los actos también se incurrió en falsa motivación,
porque la pretendida «inexactitud» de la declaración extrajuicio del 18 de octubre
de 2011 no se demostró. Destacó que para la autoridad resultaba imposible la
realización de un trabajo más allá de la liquidación del convenio 090 de 2004, en el
marco del cual prestó sus servicios. No obstante, se dejó de lado que si bien ese
negocio se liquidó el 15 de diciembre de 2005, para el 10 de enero de 2006 se
acreditó que aun ejecutaba actividades relacionadas con dicho convenio, de lo cual
dieron cuenta las pruebas documentales y testimoniales.
16. Señaló que la integralidad de la actuación disciplinaria obligaba a la autoridad
a resolver cualquier duda que se generara en su favor, pese a la informalidad que
caracterizó la ejecución del convenio 090 de 2004. En ese orden, la valoración
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conjunta de los medios de prueba habría llevado a concluir que cumplía con más de
los 68 meses de experiencia que exigía el cargo.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
17. La demanda fue admitida el 27 de junio de 20182. La Procuraduría General
de la Nación se opuso a las pretensiones, por considerar que en la actuación se
obró conforme a la Constitución y la ley y que se garantizó a la disciplinada el
derecho de defensa y contradicción; sin dejar de lado que el juez de lo contencioso
administrativo no puede convertirse en una tercera instancia del trámite
sancionatorio, de tal forma que la divergencia interpretativa entre el juez y la
autoridad no basta para invalidar los actos.
18. Que no es cierto que la formulación del primer cargo impidiera la delimitación
temporal de la conducta, pues el reproche se materializó en el hecho de haber
suministrado una declaración extrajuicio del 18 de octubre de 2011 para
posteriormente vincularse con el INCODER el 1 de diciembre del mismo año.
19. Que los actos tampoco se expidieron con falta de competencia, pues el tipo
disciplinario contiene los verbos «suministrar» y «conseguir», lo que implica que se
configura cuando se aportan documentos inexactos o contrarios a la realidad para
acceder a un cargo público y, en esa medida, cuando la señora Mojica Flórez tomó
posesión, valiéndose de un documento que faltaba a la verdad, pasó a ser sujeto
disciplinable.
20. Respecto del cargo de nulidad por falsa motivación destacó que la autoridad
valoró de manera integral las pruebas, sumado a que no se acreditó que la relación
contractual del convenio 090 de 2004 se hubiese extendido hasta enero de 2006 y,
en esa medida, se suministraron datos inexactos para acceder al cargo3.
21. La reforma a la demanda fue admitida el 25 de enero de 20194. Al respecto,
la demandada manifestó que, en efecto, el 27 de junio de 2017 fueron revocadas
las decisiones sancionatorias. Señaló que las modificaciones introducidas por la
demandante varían ostensiblemente el problema jurídico a resolver y se
contraponen a la cuestión discutida por el comité de conciliación de la entidad, lo
que representa una vulneración del derecho a la defensa y contradicción y un
incumplimiento de requisito de procedibilidad.
2 Véanse folios 2565 a 2567 del cuaderno 4. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, el cual por auto del 13 de abril de 2015 declaró la falta de competencia y dispuso su remisión
al Consejo de Estado (véanse folios 2498 a 2506 del cuaderno 4). Dicha Corporación, en providencia del 11 de
diciembre de 2013 señaló como competente al Tribunal Administrativo de Bolívar (véanse folios 2525 a 2528
del cuaderno 4) y, ante el recurso interpuesto por el demandante, por auto del 20 de octubre de 2017, la remitió
por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (véanse folios 2540-2541 del cuaderno 4). Una
vez allí, en auto del 25 de abril de 2018 se rechazó la demanda por caducidad, al encontrar que la demanda se
radicó el 16 de enero de 2014 y que se debió hacer entre el 13 y 14 de enero del mismo año (véanse folios
2555 a 2559). El demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, en el cual señaló que la
demanda se radicó el 13 de enero de 2013. Por ello, la decisión de rechazo se revocó y, en su lugar se admitió
la demanda.
3 Véanse folios 2580 a 2614 del cuaderno 4.
4 Véanse folios 2699-2700 del cuaderno 4.
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22. También propuso como excepción la ineptitud sustantiva de la demanda, por
considerar que los actos acusados ya no existen en el mundo jurídico y, por ello, no
se puede pretender el estudio de su legalidad mientras estuvieron vigentes5.
23. En audiencia del 18 de julio de 2019 se declaró probada la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda, porque la revocatoria directa de los actos por
ilegalidad tiene efectos ex tunc o retroactivos, lo que significaba su decaimiento por
desaparición de los fundamentos de hecho, situación que torna improcedente el
pronunciamiento del juez6.
24. Esa decisión fue apelada por el demandante y, en providencia del 30 de julio
de 20207 fue revocada por el Consejo de Estado, porque los efectos de un acto
administrativo revocatorio no son retroactivos, sino hacia el futuro y, por ello, el juez
de lo contencioso administrativo puede pronunciarse sobre su legalidad, pues las
decisiones revocadas produjeron efectos y pudieron consolidar situaciones jurídicas
particulares.
25. El 20 de mayo de 2021 se continuó con la audiencia inicial8. En esta
oportunidad se fijó el litigio y se decretaron pruebas documentales, testimoniales y
un dictamen pericial para determinar los perjuicios materiales causados. Una vez
practicadas9, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que presentara su concepto10, luego de lo cual se dictó
sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del treinta
y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)11, accedió parcialmente a las
pretensiones. Declaró la nulidad de los actos durante el tiempo en que produjeron
efectos jurídicos, ordenó la cancelación del registro de la sanción del certificado de
antecedentes disciplinarios, en caso de que no se hubiese hecho, y el pago de 30
SMMLV por concepto de daño moral.
27. Señaló que el examen de la legalidad de los actos revocados era posible,
porque dicha decisión, «por sí sola no desvirtúa la presunción de legalidad que sirvió
de sustento para producir los efectos jurídicos que se dieron cuando estuvieron
vigentes los actos sancionatorios».
28. A partir de esa consideración, señaló que coincidía con las razones que
llevaron a que el Procurador General de la Nación revocara los actos que
impusieron la sanción disciplinaria a la demandante y que se podían sintetizar en:
5 Véanse folios 2703 a 2715 del cuaderno 4.
6 Véanse folios 2733 a 2735 del cuaderno 4 y CD en el folio 2732 del mismo cuaderno.
7 Véase índice 00003 del radicado 25001-23-42-000-2015-00187-01 (4607-2019) y constancia en el folio 2791
del cuaderno 4.
8 Véanse folios 2764 a 2769 del cuaderno 4 y CD en el folio 2763 del mismo cuaderno.
9 La audiencia de pruebas se celebró el 16 de septiembre de 2021 (véanse folios 2786 a 2790 del cuaderno 4
y CD en el folio 2785bis del mismo cuaderno.
10 Por auto del 27 de febrero de 2023 se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión (véanse folios
2834 a 2836 del cuaderno 4).
11 Véanse folios 2862 a 2895 del cuaderno 4.
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(i) un error en la calificación jurídica de la conducta, porque se aplicó un tipo
disciplinario que no se acompasaba con los supuestos fácticos del caso; y (ii) la
verificación de que la demandante cumplió con los requisitos académicos y de
experiencia que le eran exigibles, pues el cargo requería 68 meses y acreditó 72.13.
29. Que, en efecto, según el artículo 48.56 de la Ley 734 de 2002, constituye
falta disciplinaria gravísima «suministrar datos inexactos o documentación con
contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o
inclusión en carrera administrativa» (subrayas del Tribunal); tipo que no era
aplicable porque la demandante no acudió al INCODER para obtener un cargo de
carrera sino uno de libre nombramiento y remoción, concretamente, el de
subgerente de tierras.
30. Sumado a ello, se aportó al INCODER la certificación del 14 de octubre de
2011, en la cual el director ejecutivo de Administración Judicial dio cuenta del
desarrollo de actividades entre el 13 de febrero y el 24 de diciembre de 2006, con
ocasión de la ejecución del contrato de prestación de servicios SER 0028 de 2006
y, sumado este con las demás certificaciones, permitía concluir que el requisito de
experiencia se encontraba satisfecho.
31. Respecto de las medidas de restablecimiento solicitadas, negó los perjuicios
materiales, representados en el daño emergente actual y el lucro cesante actual y
futuro, por cuanto no fue acreditada su causación. En cuanto al daño moral, destacó
que de las pruebas testimoniales practicadas se podía advertir la angustia, congoja
e incertidumbre que la demandante sufrió, pues:
• Lilia María Rodríguez Albarracín dio cuenta de que la actuación disciplinaria fue
acelerada, lo que llevó a la demandante a renunciar a su cargo. Que por cuenta de la
inhabilidad general no pudo volver a ejercer en el área de tierras y que hubo un escarnio
público muy fuerte en relación con la sanción. También dijo que la señora Mojica Flórez
se sintió angustiada por los cuestionamientos a su dignidad, porque las personas no
leían las noticias completas que se publicaron en relación con la decisión sancionatoria;
y destacó que al visitarla en su casa la vio «totalmente decaída con ocasión de la
investigación disciplinaria y por la depresión postparto».
• Diana María Salinas Plaza, periodista de «Cuestión pública», dijo que la demandante
era experta en el tema de tierras y que, inclusive, adoptó decisiones que otros
funcionarios prefirieron no tomar. Que solía ser una persona muy alegre y, por eso,
cuando fue destituida se preocupó mucho por ella, pues estaba embarazada y la medida
disciplinaria le definió la vida por completo. Que sobre la señora Mojica Flórez se
desplegó toda una campaña de desprestigio e inclusive existía un blog con fotografías
y «chismes» y que su gran proyección de aporte al sector público se perdió, pues fue
lacerada su dignidad.
• Miguel Fernando Mejía Alfonso, cónyuge de la demandante, destacó que entró en un
estado de depresión y estrés, porque había una evidente intención de la persona que
llevaba el caso de hacerle daño y, por ello, no quiso insistir más en su defensa. Que en
el intervalo entre la sanción y la confirmación en segunda instancia, la señora Mojica
Flórez se encontraba en estado de embarazo y «se le subieron los niveles del virus del
toxoplasma y que su hijo menor perdió un ojo por las implicaciones del citado virus, a
causa del estrés que ella tenía». Agregó que no imaginaron que el asunto generaría
tantas frustraciones, porque ella frecuentemente era invitada a dar conferencias en
universidades y, de cuenta de la sanción, decidió no volver a hacerlo. Que la situación
la afectó en lo familiar y social, pues tuvo que suspender relaciones públicas,
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académicas y familiares, porque «la gente hace juicios de valor apresurados».
32. Condenó en costas a la demandada.
RECURSO DE APELACIÓN
33. La demandada12 interpuso recurso de apelación solicitó que se revoque la
decisión de condenar a perjuicios morales, porque si bien está acreditado que la
administración expidió unos actos que después se vio en la necesidad de revocar,
este hecho no se puede considerar, por sí solo, como causante de presuntos
perjuicios morales, pues para que proceda una compensación en ese sentido, la
parte tiene la carga de demostrar los elementos que configuran la obligación del
Estado, lo que obliga a analizar si con las pruebas obrantes en el proceso es posible
establecer el concepto del daño o la lesión ocasionado por la entidad demandada.
34. Que si bien los actos que se revocaron alcanzaron a producir efectos por un
lapso aproximado de 3 años, no logró demostrarse que esa sola circunstancia
hubiese ocasionado a la demandante o a su familia un perjuicio de índole moral que
se pueda atribuir a la Procuraduría General de la Nación. En este punto, destacó
que el reconocimiento ordenado en la sentencia parte únicamente de la valoración
de tres pruebas testimoniales, que, a grandes rasgos, coinciden en la afectación
que le produjo a la demandante la reproducción noticiosa en medios de
comunicación y redes y el impacto moral y profesional que le generó la sanción.
35. Sobre las reproducciones noticiosas, señaló que el derecho a la libertad de
prensa goza de protección constitucional y que en realidad no se faltó a la verdad
ni se publicó información errónea cuando se informó que a la demandante se le
había impuesto una sanción disciplinaria, porque el trámite existió, así como los
actos que lo culminaron; cosa distinta es que el lenguaje empleado hubiese sido
descontextualizado, pero la autoridad disciplinaria no tuvo injerencia en ello, en la
medida en que no fue la emisora del dato periodístico.
36. Que si en redes sociales se difundió el asunto, esto no es responsabilidad de
la entidad, pues como autoridad disciplinaria desplegó una actuación legítima,
fundada en sus atribuciones constitucionales y legales, sin realizar
cuestionamientos a la dignidad o profesionalidad de la demandante y, en ese orden,
lo que se publique en prensa es responsabilidad de los medios y no constituye plena
prueba de la causación de un perjuicio.
37. Respecto de las demás afectaciones, expresó que el dicho de los testigos no
basta para acreditar la frustración moral y profesional; de hecho, en la sentencia se
dijo que no se probó que con ocasión de la medida disciplinaria la demandante
debiera terminar contratos de forma anticipada o que hubiese dejado de percibir
alguna ganancia.
38. Que el Tribunal optó por dar pleno valor a las pruebas testimoniales, sin tener
en cuenta que el conocimiento de las situaciones narradas por los declarantes se
12 Véanse folios 2900 a 2906 del cuaderno 4.
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estructuró a partir de sus percepciones; en tanto que no obra en el expediente
ningún medio que dé cuenta de alguna complicación, enfermedad o patología
puerperal (del postparto) cuyo origen sea imputable a la autoridad. Por ello, la
reclamación de perjuicios morales no puede valorarse como si de hechos notorios
se tratara, ni estos son objeto de presunción13.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
39. El 11 de marzo de 202414 fue admitido el recurso. En dicha providencia se
dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la decisión el proceso
ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes presentaran solicitud
probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su concepto hasta antes
de que el proceso ingresara a Despacho.
40. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
41. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
42. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se debe revocar, porque de las pruebas
testimoniales practicadas no es posible deducir la causación de perjuicios morales
en favor de la demandante, en la medida en que (i) no se puede imputar a la
autoridad el contenido de las distintas publicaciones que se realizaron con ocasión
de la decisión sancionatoria y (ii) el dicho de los testigos es insuficiente para dar
cuenta de la congoja, aflicción y sufrimiento que, en términos de la providencia, se
encontraron acreditados.
43. Con este propósito, la providencia se referirá a los presupuestos
jurisprudenciales para el reconocimiento de perjuicios morales en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y abordará el caso
concreto.
Presupuestos para el reconocimiento de perjuicios morales en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho: la posibilidad de solicitar
que se repare el daño
44. El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, que se refiere al ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dispone:
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en
13 Por solicitud del Ministerio Público, entre el 18 de enero de 2023 y el 1 de febrero de 2024 se llevó a cabo
audiencia de conciliación, de conformidad con el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021 y a su vez por el numeral 2 del artículo 132 de la Ley 2220 de 2022. En esa
oportunidad, la demandada propuso como fórmula de arreglo el reconocimiento de 20 SMMLV, la cual fue
rechazada por al demandante (véanse folios 2967 a 2971, CD en el folio 1966 bis y folios 2988-2989 y CD en
el folio 2987 del cuaderno 4).
14 Véase índice 00003 de SAMAI y constancia en el folio 2993 del cuaderno 4.
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una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
(…)» (subrayas de la Sala).
45. De acuerdo con lo anterior, una vez el juez encuentra acreditado que un acto
administrativo se expidió con infracción de las normas en que debió fundarse, de
forma irregular, con desconocimiento de los derechos de audiencia y de defensa,
con falsa motivación, sin motivación y/o con desviación del poder –causales que de
conformidad con el inciso segundo del artículo 137 de la ley citada, vician de nulidad
un acto administrativo– y, como consecuencia de ello, determina declarar su
nulidad, debe, a continuación, adoptar las medidas para restablecer el derecho
subjetivo lesionado.
46. Restablecer, en un sentido amplio significa «[v]olver a establecer algo o
ponerlo en el estado que antes tenía»15. De manera que, la primera forma de
resarcimiento a la que se refiere el citado artículo 138, implica llevar al afectado con
el acto declarado nulo a la situación en la que se encontraría si este no se hubiese
expedido.
47. Además, la norma contiene la posibilidad de reparar el daño, lo que faculta
al afectado con el acto –y, por esa vía, al juez de lo contencioso administrativo– a
acudir a otras formas de resarcimiento, cuando los efectos producidos por las
decisiones de la administración no se agotan en el supuesto del restablecimiento.
48. La reparación del daño, concepto directamente relacionado con lo dispuesto
por el artículo 16 de la Ley 446 de 199816, exige a las autoridades judiciales la
adopción de parámetros resarcitorios razonables y acordes con los perjuicios que
se acrediten, lo que amplía el horizonte hacia medidas como la restauración, la
indemnización pecuniaria, la indemnización por equivalente o la indemnización de
perjuicios17.
49. En ese escenario, los perjuicios morales corresponden a una categoría
especial de los denominados «perjuicios inmateriales» y tienen que ver con el
«dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja,
desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un
daño antijurídico, individual o colectivo»18.
15 Diccionario de la Lengua Española. Visto en: https://dle.rae.es/restablecer?m=form. Fecha de consulta:
10/02/2026.
16 Ley 446 de 1998. «Artículo 16. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia,
la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y
equidad y observará los criterios técnicos actuariales».
17 La doctrina se refiere a formas perfectas e imperfectas de reparar un daño: «más perfecta» consiste en dejar
al afectado en la situación previa a su producción; a partir de allí vienen otras, «menos perfectas», pero que
permiten cumplir con el presupuesto de la reparación integral que exige el artículo 16 de la Ley 446 de 1998: la
supresión del ilícito con la indemnización de perjuicios, la restauración del bien afectado y la reparación por
equivalente (Cfr. Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo II. Bogotá: Legis, 2007.
Segunda Edición Pp. 676 a 682).
18 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Exp. 66001-23-31-000-2001-
00731-01 (26251). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En esta providencia, se unificó jurisprudencia
respecto de los criterios generales a tener en cuenta para la liquidación por concepto de perjuicios morales.
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50. Su reconocimiento supone que se ha sufrido un daño de tipo moral, esto es,
aquel que se genera en el plano psíquico del individuo como consecuencia de la
lesión a un bien y que debe cumplir con los siguientes requisitos, definidos en la
jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación:
«(i) personal, esto es, que sólo puede ser reclamado por quien lo sufre, bien se
trate de la víctima o sus causahabientes, o de quien resulte damnificado con el
daño sufrido por un tercero; (ii) cierto, por oposición al eventual o hipotético, es
el perjuicio que aparece debidamente acreditado, a través de cualquier medio
probatorio, incluidos los medios indirectos, como el indicio, al margen de que
dicho perjuicio sea actual o futuro, porque la certeza del daño hace relación a
la evidencia y seguridad de su existencia, mientras que el eventual es el daño
que “hipotéticamente puede existir, pero depende de circunstancias de remota
realización que pueden suceder o no”, y (iii) determinado, característica que
dice relación a la cuantía del perjuicio, y que en los eventos en los cuales no
sea posible su demostración, podrá ser tasada por el juez, con fundamento en
criterios de equidad»19.
51. Adicionalmente, se ha enfatizado en la carga probatoria de la parte que
reclama perjuicios morales, con fundamento en la aplicación del artículo 167 del
Código General del Proceso, según el cual «[i]ncumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen», puesto que la causación de esta forma de perjuicios no se enmarca en
las excepciones del inciso final de dicha disposición, es decir, no se trata de hechos
notorios o de afirmaciones o negaciones indefinidas, que no requieren prueba.
52. Al respecto, se ha advertido que el reconocimiento de perjuicios morales se
encuentra condicionado a la prueba de su causación, que debe obrar dentro del
proceso, lo que obliga al juez de lo contencioso administrativo a hacer explícitos los
razonamientos que lo llevaron a encontrar que la administración generó una
afectación que el ciudadano no estaba en la obligación de soportar y que de allí se
derivaron sentimientos de congoja, aflicción, tristeza y, en general, aquellos que
caracterizan al perjuicio moral20.
53. Lo anterior, llevado al debate sobre actos administrativos que imponen
sanciones disciplinarias, implica que el juez debe encontrar acreditado que el acto
declarado nulo causó un daño a su destinatario y que, como consecuencia, padeció
afectaciones como las detalladas previamente.
54. En este punto, cabe destacar que la jurisprudencia de esta Sección, respecto
de la procedencia del reconocimiento de perjuicios de tipo moral en el marco del
También Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Exp. 05001-23-25-000-
1999-01063-01 (32988). C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, en la cual se unificó jurisprudencia respecto de
los topes indemnizatorios por concepto de perjuicio moral, cuando el daño antijurídico imputable al Estado se
origine en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
19 Cfr. Ibid.
20 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 4 de marzo de 2019. Exp. 68001-23-
31-000-2010-00597-01 (48110). C.P. Maria Adriana Marín (E). En esta providencia, se retoma la sentencia del
23 de agosto de 2010. M.P. Hernán Andrade Rincón. 24392, en la cual se recapitularon las consideraciones
acerca de cuándo es posible, en materia de reparación directa, presumir la causación de perjuicios morales.
También puede consultarse la sentencia de la Sección Tercera, Subsección B, del 30 de junio de 2011. Exp.
19001-23-31-000-1997-04001-01 (19836). C.P. Danilo Rojas Betancourth. En esta, se destaca que la
jurisprudencia ha admitido la prueba indiciaria cuando se debate el reconocimiento de perjuicios morales.
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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ha precisado:
«En ese orden, la Sala precisa que el daño moral implica una situación de
agresión (fáctico-jurídico) a las condiciones de normalidad de la esfera espiritual
o psíquica de una persona natural (núcleo de afectación compuesto por distintos
derechos subjetivos), lo cual se refleja en la angustia o el dolor expresado por
ésta, detectable por los demás miembros del conglomerado social al cual
aquella pertenece (reflejo externo).
Por otra parte, la jurisprudencia y la doctrina autorizada sobre la materia en
cuanto a la prueba del daño –en su expresión moral- establece dos elementos
que deben ser acreditados por quien se dice perjudicado y pretende la
indemnización, esto es la existencia y la extensión21.
En cuanto a la existencia, como lo ha establecido esta Subsección en
oportunidades anteriores22 y siguiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera
de esa Corporación23, si bien debe probarse también bajo ciertas circunstancias
opera una presunción legal –admite prueba en contrario- esto es ante la
verificación de la agresión factico-jurídica a los derechos subjetivos del
disciplinado verificable en la ilegalidad sustancial del acto administrativo
disciplinario declarada por el juez contencioso administrativo; sin embargo al
tratarse de una pretensión de naturaleza subjetiva ésta presunción solo es
aplicable bajo el presupuesto de que: i) tal indemnización haya sido solicitada
en la demanda y ii) en el expediente debe estar acreditada la existencia de un
nexo causal entre la supuesta afectación a los derechos morales y a la salud de
la demandante y la sanción disciplinaria.
Adicionalmente la Sala debe señalar que la existencia del daño –
extrapatrimonial-, también está condicionada –observando cada caso en
concreto- a la existencia o no del hecho y la conducta por la cual se inició la
investigación disciplinaria así como al motivo o razón por el cual el acto
disciplinario fue anulado, tal y como lo expuso esta corporación en oportunidad
anterior (…)24»25 (subrayado en el texto original).
Caso concreto
55. El objeto de la apelación se ciñe al reconocimiento de los perjuicios morales,
en dos aristas: la injerencia de la demandada en las publicaciones que se realizaron
en la prensa y las redes sociales, que dieron cuenta de la medida disciplinaria; y la
insuficiencia de las pruebas testimoniales para acreditar la aflicción, congoja e
21 HENAO, Juan Carlos. «El daño». ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO EN DERECHO COLOMBIANO Y FRANCÉS.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección «B». CONSEJERA
PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Sentencia de 17 de noviembre de 2016. Referencia: ACCIÓN
DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Radicación: 110010325000201000077-00 (0714-
2010). Actor: LUZ HELENA GUTIÉRREZ URIBE.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. 26 de enero de
2011. CP: Gladis Agudelo Ordóñez. Rad. 76001-23-31-000-1996-2874-01. “La jurisprudencia ha trazado las
pautas para efectos de reparar el daño por el equivalente pecuniario producido en 'perjuicios morales, señalando
que el mecanismo más adecuado para tal fin es el arbitrio judicial (arbitrium iudicis), siendo el funcionario de
conocimiento quien, por esa misma condición, puede inferir las circunstancias que inciden en el ámbito más
intrínseco de quien depreca la indemnización, pudiendo definir qué retribución se aviene como adecuada
con base en los criterios de equidad, justicia y reparación integral para menguar el trauma derivado del suceso”.
24 CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”. CONSEJERA PONENTE: DRA.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Radicado No.: 11001-03-25-000-
2011-00590-00. Actor: Fabio Zarate Rueda
25 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de enero de 2019. Exp. 19001-23-33-
000-2014-00372-01 (0103-2017). C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez. Estas consideraciones se retomaron en:
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de septiembre de 2023. Exp. 25000-23-
42-000-2018-02360-02 (2771-2022). C.P. Rafael Frfancisco Suárez Vargas.
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incertidumbre, propias de la causación de este tipo de perjuicios.
56. Lo anterior, porque, para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, «en
cuanto a los perjuicios morales que se reclaman por angustia, congoja e
incertidumbre, la Sala considera que tales aspectos se encuentran probados con
los testimonios de las señoras Lilia María Rodríguez Albarracín, Diana María Salinas
Plaza y el señor Miguel Fernando Mejía Alfonso»26 (negrillas en el texto original).
57. Para el Tribunal, los referidos declarantes dieron cuenta de las condiciones
en que la decisión sancionatoria afectó a la demandante en su esfera moral, su
imagen e, inclusive, reflejaron la frustración profesional en el ámbito en el cual se
desempeñaba.
58. En relación con el primer punto de la apelación, cabe destacar que ningún
juicio se realizó respecto de las publicaciones en medios de comunicación y la
eventual injerencia de la autoridad disciplinaria en ellas. Este punto se destacó
únicamente como parte de las manifestaciones de los testigos, pero no fue objeto
de valoración en la sentencia apelada y, por tanto, no es necesario ahondar en ese
argumento; más allá de advertir que, en todo caso, la decisión sancionatoria no tiene
carácter reservado, en tanto que su divulgación hace parte de esa suerte de control
ciudadano que se ejerce sobre quienes desempeñan cargos públicos.
59. Ahora bien, para resolver el segundo punto de la apelación, a la Sala le
corresponde determinar si, en efecto, del dicho de los testigos relacionados en la
sentencia apelada puede extraerse que la angustia, congoja e incertidumbre a las
que se refirieron los declarantes son atribuibles a la demandada por la expedición
de los actos anulados; y si dicha afectación desborda los parámetros que la
jurisprudencia ha considerado como normales en este tipo de procesos,
circunstancia que llevaría a la procedencia del reconocimiento de perjuicios
morales.
60. En la audiencia de pruebas del 16 de septiembre de 2021 fueron escuchados
las señoras Lilia María Rodríguez Albarracín, Diana María Salinas Plaza y el señor
Miguel Fernando Mejía Alfonso, de cuyos relatos se extrae lo siguiente:
• Miguel Fernando Mejía Alfonso27, cónyuge de la demandante, a quien conoció en el
INCODER en el año 2011, dijo que ella se encargaba de los procesos por usurpación
de tierras a la Nación y despojo a campesinos, en casos emblemáticos que llevaron a
que obtuviera reconocimiento público.
Narró que la actuación disciplinaria se adelantó por cuenta del proceso de «Las pavas»
y que para la señora Mojica Flórez «fue muy frustrante», porque la Procuraduría lo
tramitó de una manera muy ágil y exprés. Que no tuvo respaldo institucional y al ver lo
que estaba ocurriendo, ella no aguantó más y renunció para defenderse, cosa que
tampoco pudo hacer porque «entró en un estado de depresión, de frustración, de estrés,
en un momento cuando vio que las pruebas que había conseguido no eran suficientes
26 Véase folio 2892 del cuaderno 4.
27Minuto 05:50 a 1:19:40 del archivo «AUDIENCIA DE PRACTICA DE PRUEBAS-20210919_090330-
Grabación de la reunión 1», visible en el CD que reposa en el folio 2785 bis del cuaderno 4.
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y que habría una evidente intención de la persona que llevaba el caso de hacerle daño
y deslegitimar las acciones que había hecho no quiso hacer más por su defensa».
Destacó que para ese momento ya tenían una relación conyugal, por lo que la estuvo
acompañando en el proceso, inclusive en el recaudo probatorio. «Jennifer estaba
embarazada y ella por su grado de estrés, frustración y depresión se le subieron los
niveles del virus del toxoplasma en el embarazo; mi hijo menor perdió un ojo por las
implicaciones que este virus del toxoplasma hizo sobre el ojo de él».
Que luego de la sanción vivieron un proceso de frustración colectiva, porque no se
imaginaron que un caso de estos generara la estigmatización que ella recibió y que la
defensa del mismo Estado trajera esas implicaciones. Cuando salió del INCODER, y a
pesar de la situación de desprestigio, se presentó a una convocatoria de la Unión
Europea, donde recibió la tacha de un funcionario del Ministerio de Agricultura, quien
vetó que la pudieran contratar. También tuvo que dejar su trabajo en la alcaldía de
Bogotá y en el Centro de Memoria Histórica cuando quedó en firme la medida
disciplinaria.
También relató que era constantemente invitada a dar conferencias en materia de
tierras y, en una de ellas, en la Universidad Nacional- Sede Medellín recibió
interpelaciones relacionadas, no con su trabajo, sino con la sanción disciplinaria.
También ocurrió en la Universidad Externado de Colombia, por lo que decidió no volver
a participar en ese tipo de eventos. Y agregó:
«Entre esa frustración de ver que no se podía hacer nada, porque nosotros
indagamos en la misma Procuraduría sobre ese caso y ya era como algo
irreversible, que iba a ser o iba a ser, por lo que fuera, pues, tenían que demostrarle
(sic) a los empresarios quiénes estaban protegiéndolos a ellos y quiénes estaban
entorpeciendo los intereses que ellos tenían en estas tierras, porque finalmente su
proceso fue a partir de los procedimientos que ella llevaba».
Agregó que la demandante tuvo depresión post parto diagnosticada y que si bien eso
no se puede atribuir al hecho de la sanción, sí ocurrió en ese contexto, porque la
decisión de segunda instancia coincidió con los últimos meses de su embarazo. Luego,
con ocasión de las preguntas realizadas por el agente del Ministerio Público se aclaró
la siguiente línea temporal:
• El declarante y la demandante tenían una relación de hecho desde el año 2013 y se
casaron el 11 de octubre de 2014.
• La señora Mojica Flórez renunció al INCODER el 9 de septiembre de 2013.
• El hijo de la demandante y nació el 11 de mayo de 2014. Para entonces, la señora
Mojica Flórez laboraba para la Comisión Colombiana de Juristas y disfrutó de su
licencia de maternidad28.
• La decisión disciplinaria de segunda instancia fue notificada el 16 de junio de 2014.
28 En este punto, el agente del Ministerio Público preguntó al testigo por la aparente contradicción entre el hecho
de que hubiese narrado que había sido estigmatizada, enfrentado a que para cuando tuvo a su hijo se
encontrara laborando, ante lo cual el declarante manifestó: «La situación específica no es tanto en el ejercicio
propio y continuo de su ejercicio profesional, no necesariamente uno tiene que estar desempleado y verse con
afugias económicas para sentirse agredido o frustrado en ese entorno. (…) el comité de entrevista de la
Comisión tuvo que analizar el caso de la sanción de Jennifer, y fue un análisis especial. (…) uno no solo tiene
bienestar si tiene trabajo. La condición de los ingresos es esencial para la vida, pero el bienestar, la comodidad,
el desempeño profesional tiene que ver también con su reconocimiento».
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• Lilia María Rodríguez Albarracín29, quien dijo conocer a la demandante desde el año
2000, porque hicieron el pregrado juntas, narró que era abogada de una subgerencia
cuando llegó la queja en contra de la señora Mojica Flórez respecto de inconformidades
con sus gestiones en el predio «Las pavas».
Que de una forma muy acelerada se llevó a cabo el proceso y que en el marco de este
la demandante se sintió muy agobiada y presionada y decidió renunciar, pese a que su
gestión era muy alabada y a que se encontraba en estado de embarazo.
Agregó que en el 2013, cuando salió el INCODER, no era muy cercana a ella en temas
laborales, pero supo que se vinculó con el Centro de Memoria Histórica, pero tuvo que
renunciar y que la sanción la apartó de los temas en tierras rurales. Que hubo un
escarnio público muy fuerte, en especial un titular de Semana que era muy incisivo y
detonante y que involucró una cantidad de ideas erróneas en relación con la sanción.
Que en cada proceso en el que participó se debió explicar todo lo relacionado con el
trámite disciplinario.
Que esto emocionalmente representó un quiebre, porque la demandante era
apasionada por lo que hacía, por lo que apartarla de ello implicó una enorme frustración.
Que se afectó su dignidad, porque las personas no leen la noticia completa ni tienen el
contexto, de manera que la percepción que se tenía era que tuvo que engañar al Estado
para acceder al cargo. Luego, ante la pregunta del apoderado de la demandante por las
afectaciones en el entorno familiar, señaló:
«Durante su embarazo –yo creo que todo lo que uno sufre durante la gestación
afecta a su bebé– yo la recuerdo en un postparto con depresión, en un proceso
emocional complejo que seguramente determinó muchos inconvenientes. Qué
tanta afectación haya tenido en su padres debo decir que no es una cosa que me
conste, pero que supondría, porque fueron personas muy clásicas, muy de
educación “a la antigua” y por más que seguramente tuvo el respaldo de sus padres,
debió ser muy duro para ellos y que terminó haciendo que ella incluso se recogiera
y se introvirtiera más en su familia, imagino yo que tratando de resguardarlos».
Que en los primeros momentos de la sanción se aisló del entorno social, porque todo
ese despliegue de noticias implicaba que cada vez que se enfrentara a una
conversación tuviera que dar explicaciones, pues las personas suelen juzgar a alguien
cuando está siendo investigado y con mayor razón cuando es sancionado.
Ante la intervención del agente del Ministerio Público, aclaró que no le constaba que la
demandante hubiese sido rechazada de convocatorias o procedimientos de selección;
que supo, por conversaciones con ella, que en cada oportunidad le tocaba rendir un
informe relacionado con la sanción30. Destacó que fue a visitar a la señora Mojica Flórez
cuando tuvo a su bebé y, por ello, supo que sufrió de depresión postparto.
29
Minuto 1:21:26 a 2:11:00: del archivo «AUDIENCIA DE PRACTICA DE PRUEBAS-20210919_090330-
Grabación de la reunión 1», visible en el CD que reposa en el folio 2785 bis del cuaderno 4.
30 En este punto, ante la pregunta del agente del Ministerio Público por la forma como podía dar cuenta de las
afectaciones de la demandante, aun cuando relató que sus conversaciones eran ocasionales, dijo: «lo que pasa
es que no todas las personas establecen las mismas dinámicas de amistad. Si usted me pregunta o me dice
“en la universidad”, pues andábamos para arriba y para abajo juntas. (…) fuimos amigas durante todo el
pregrado. Cuando emprendimos carrera profesional cada una se desarrolló en principio en ambientes
diferentes, luego por cosas de la vida nos topamos en los mismos ambientes laborales. Durante el tiempo en
que estuvimos en este ambiente laboral fuimos más cercanas en términos de la frecuencia de los momentos en
que nos encontramos. Y posteriormente cuando volvimos a separarnos (…) otra vez volvimos a distanciarnos.
Eso no quiere decir que haya una amistad menor o que por el hecho de no conversar todos los días no viva
enterada de su vida personal, familiar (…)».
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• Diana María Salinas Plaza31 dijo conocer a la demandante desde el año 2011, porque
entró a trabajar a Noticias Uno en 2010 con el tema de tierras, lo que la llevó a tenerla
en calidad de fuente periodística. Que en especial se trató el procedimiento de «Las
pavas» que fue noticia nacional y un caso emblemático, por lo que la comunicación con
ella fue constante.
Narró que desde el noticiero para el cual ella trabajaba se cubrió el caso de la señora
Mojica Flórez, porque se denunciaban presuntas irregularidades de la Procuraduría
General de la Nación, en cabeza del señor Alejandro Ordóñez Maldonado y las
persecuciones a actores que tenían que ver con los asuntos de tierras.
Que la demandante era una persona experta en el tema y con mucha autoridad jurídica
sobre los asuntos que tramitaba, que tomó decisiones que otros gerentes y subgerentes
habían evitado. Que era una persona con muchos anhelos, enérgica y le ilusionaban
mucho los asuntos que conocía. De manera posterior a la sanción disciplinaria,
manifestó que se llegó a preocupar por la vida de la señora Mojica Flórez, porque estaba
en embarazo y sufría mucho, «(…) y siento que ella se apagó. Es decir, esto le definió
la vida por completo. De estar hablando de una mujer con liderazgo en el tema rural, es
una mujer que se pierde en el horizonte».
Agregó que, como periodista, sintió que perdió a la demandante en lo que tenía que ver
con el tema de tierras, pues lo cierto es que le costó conseguir trabajo, más con un bebé
recién nacido. «Una parte de ella murió con ese proceso y la ilusión de hacer mucho
por el país». Señaló que no es amiga de la señora Mojica Flórez, pero que en 2014, que
la empezó a buscar por otros asuntos de restitución, notó que es una mujer más
reservada.
Que hubo hacia la demandante una campaña de desprestigio, «(…) había un blog, que
no sabemos quién lo hizo, pero en ese blog aparecían fotos de ella, chismes de ella,
que no eran ciertos, en los que por ser mujer, buscaban bajar su trabajo y su
profesionalismo diciendo que ella tenía algo con el ministro de agricultura de la época,
que ella era mala persona. Era muy desobligante ese blog (…)»; se refirió a la situación
como una campaña misógina que terminó dañando su imagen.
Que entre 2013 y 2017 continuó en contacto con la demandante en su condición de
periodista y la consultaba con regularidad porque tiene autoridad en tierras y, en esas
consultas, se enteró de dónde estaba trabajando, porque quedó preocupada como
periodista y como mujer. Destacó que su proyección laboral se vio disminuida, porque
se laceró su dignidad. Dijo que inclusive una fuente que laboraba en otra entidad de
restitución de tierras le habló muy mal de la demandante, en los términos de su buen
nombre y denigró su imagen cuando aún no la conocía y desde mucho antes y con la
destitución le generaron un perjuicio muy grande, porque si la señora Mojica Muñóz
quisiera volver a lo público, sería complejo.
El agente del Ministerio Público la indagó por la periodicidad en el contacto con la
demandante entre junio de 2014 (fecha de notificación de la decisión disciplinaria de
segunda instancia) y junio de 2017 (cuando se revocan los actos), ante lo cual manifestó
que la llamaba más de 6 veces al año y, durante 2014-2015, fue aproximadamente dos
veces a su casa y que cada que conversó de este asunto con la señora Mojica Flórez
ella lloraba, porque había un sentimiento de injusticia.
31Minuto 2:12:29 a 2:58:38 del archivo «AUDIENCIA DE PRACTICA DE PRUEBAS-20210919_090330-
Grabación de la reunión 1», visible en el CD que reposa en el folio 2785 bis del cuaderno 4.
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61. En la sentencia apelada se realizó un recuento de los distintos aspectos
destacados por los testigos; no obstante, de ello no se siguió la valoración de su
peso, en términos probatorios, para acreditar la ocurrencia de un daño moral que
debiera indemnizarse, presupuesto indispensable porque, como se explicó, no se
trata de situaciones que el juez de lo contencioso administrativo pueda presumir;
menos en un escenario que surge con ocasión del control de legalidad de actos
administrativos.
62. De allí que para la Sala resulte necesario detenerse en el contenido de los
relatos, en el concepto de perjuicio moral previamente analizado y en los aspectos
fácticos que rodearon la expedición y posterior revocatoria de los actos que
sancionaron disciplinariamente a la señora Mojica Flórez, pues solo su valoración
integral permitirá definir si asiste razón o no a la apelante.
63. Pues bien, la existencia de un daño, en los términos expuestos previamente,
implica que en el caso concreto se lograse acreditar que con la expedición de los
actos administrativos demandados se impuso a la señora Mojica Flórez una carga
superior a aquella que se deriva de la imposición de una sanción disciplinaria.
64. No se trata entonces de realizar un juicio de legalidad sobre las notas de
prensa que al respecto se generaron, ni sobre el blog relacionado por la señora
Salinas Plaza en su intervención, pues, como también se indicó en párrafos
anteriores, hay en el ejercicio de la función pública un componente que es propio
del control ciudadano y que puede materializarse en tales manifestaciones.
65. La sanción de destitución e inhabilidad general, contenida en los actos
demandados, es la carga que el servidor público sancionado disciplinariamente por
la ejecución de una falta disciplinaria gravísima a título de dolo o de culpa gravísima
está en el deber jurídico de soportar. Que de la existencia de los actos
sancionatorios se hubiesen derivado notas de prensa, tanto en medios tradicionales
de comunicación como en redes sociales, no transforma a la sanción disciplinaria
en causa para la producción de perjuicios morales.
66. En ese orden, un correctivo disciplinario constituye una restricción y genera
un impacto a nivel emocional en los servidores públicos; pero, en términos
generales, no siempre tiene la entidad suficiente para considerar que de él se derive
una afectación que produzca, en la psique del funcionario, los sentimientos de
tristeza, aflicción y congoja que exigen los estándares jurisprudenciales ya
referenciados para que se reconozcan medidas indemnizatorias como la que es
objeto de estudio.
67. Pero en el marco de la actuación seguida en contra de la demandante son
varios los elementos los que llevan a la Sala a concluir de manera razonable que
más allá del legítimo ejercicio de la potestad disciplinaria, se desplegó una actuación
con visos de arbitrariedad, que sí pudieron generar una aflicción por encima de esos
estándares a los que nos hemos referido.
68. Ese contexto arbitrario en el ejercicio de la potestad sancionadora se refleja
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en los motivos que llevaron al procurador general de la Nación a revocar los actos
que impusieron la sanción a la demandante, pues cabe recordar que se encontró
un deficiente juicio de tipicidad, sumado a la inexistencia de una conducta
reprochable, esto es, no solo el presunto comportamiento no se adecuó en debida
forma a una falta disciplinaria, sino que en las actuaciones de la señora Mojica
Flórez, encaminadas a acreditar los requisitos para ocupar el cargo de subgerente
de tierras rurales del INCODER no se presentó irregularidad alguna32.
69. Esos elementos son relevantes porque, si se repara en el contenido de las
pruebas testimoniales, los declarantes insistieron en que la entonces investigada
trató, empleando todos los medios posibles, de probar su inocencia, pese a lo cual
dos instancias disciplinarias la declararon responsable por la ejecución de una falta
disciplinaria gravísima a título de dolo y fue con la decisión de revocatoria directa
que se pudo advertir que los argumentos de defensa de la señora Mojica Flórez
debieron prosperar.
70. Es necesario precisar: ni la revocatoria de los actos, ni su declaratoria de
nulidad, ni la ausencia de una conducta reprochable y de tipicidad, individualmente
considerados, constituyen la causa eficiente33 de los episodios de angustia, congoja
e incertidumbre que el Tribunal estimó acreditados. Es su apreciación conjunta lo
que permite a la Sala encontrar, en lo que en principio corresponde a un ejercicio
legítimo de una potestad legal y constitucional, una actuación con el alcance de
producir en la demandante un daño personal, cierto y determinado, representado
en los sentimientos que produce el hecho de saberse investigado y sancionado sin
haber incurrido en un comportamiento reprochable disciplinariamente y que, pese a
un oportuno ejercicio del derecho a la defensa, fuera en sede de revocatoria directa
que se encontrara la ausencia de mérito para la imposición del correctivo.
71. En otras palabras: el trámite de la actuación sancionatoria y la expedición de
los actos que comprometieron la responsabilidad, pese a la evidente ausencia de
una conducta disciplinable, produjeron en la señora Mojica Flórez una sensación de
injusticia tal que derivó en padecimientos superiores a los que resultan razonables
32 Véanse folios 2716 a 2726 del cuaderno 4.
33 Respecto de la «causa eficiente», Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 19
de marzo de 2021. Exp. 68001-23-31-000-2011-00391-01 (50791) C.P. Maria Adriana Marín: «Para la Sala es
importante resaltar que no todas las circunstancias que anteceden a la producción del daño son causas directas
del mismo, como se plantea en la teoría de la equivalencia de las condiciones; es un sinsentido otorgarle igual
importancia a cada hecho previo a la producción del daño, pues lo relevante es identificar cuál acción u omisión
fue la causa determinante, principal y eficiente del hecho dañoso. De lo contrario, se llegaría al absurdo de que
la consecuencia o menoscabo, sería la sumatoria de todos los antecedentes, lo que generaría un retorno al
infinito.
Sobre el particular, la Sección en otrora oportunidad razonó acerca de la importancia de la causalidad adecuada,
como criterio jurídico para la identificación de la acción u omisión a la que se le atribuye la producción de un
daño: “Tampoco puede considerarse que todos los antecedentes del daño son jurídicamente causas del mismo,
como se propone en la teoría de la equivalencia de condiciones, o de la causalidad ocasional expuesta por la
Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de septiembre de 1.935 (…) Enneccerus, citado en la misma
obra, expresa: ‘En el problema jurídico de la causa, no se trata para nada de causa y efecto en el sentido de las
ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico
suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas... Prácticamente importa excluir la responsabilidad por
circunstancias que, según su naturaleza general y las reglas de la vida corriente, son totalmente indiferentes
para que surja un daño de esa índole y que, sólo como consecuencia de un encadenamiento totalmente
extraordinario de las circunstancias, se convierte en condición del daño. Así, pues, se labora con un cálculo y
probabilidades y sólo se reconoce como causa, aquella condición que se halla en conexión adecuada con un
resultado semejante’”» (en la providencia se cita: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 11 de
septiembre de 1997. Exp. 11.764. C.P. Carlos Betancur Jaramillo).
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ante la imposición de un correctivo; máxime que, al analizar el contenido del acto
de revocatoria directa, se advierte que ni siquiera existieron dudas respecto de la
ocurrencia del hecho y que la decisión de declarar la ausencia de tipicidad no
requirió de mayores elucubraciones34.
72. Las actitudes descritas por los declarantes, consistentes en el alejamiento de
los círculos sociales y académicos, el estrés, la frustración, la tristeza, resultan
razonables en quien se sabe injustamente sancionado, pese al despliegue de sus
esfuerzos probatorios por demostrar su inocencia y, si bien no bastan para encontrar
un nexo entre el trámite disciplinario y los quebrantos de salud que los testigos
destacaron, sí permiten concluir que en la esfera moral (en los términos expuestos
previamente en esta providencia) se produjo una afectación de tal entidad que
resulta procedente la adopción de una medida indemnizatoria bajo la forma de
perjuicios morales.
73. Finalmente, para la Sala el monto reconocido en la sentencia, en cuantía de
30SMMLV, resulta adecuado y ajustado a lo acreditado en el proceso y al marco
valorativo al que acude el juez para su fijación razonada y proporcional.
74. En suma, se confirmará la sentencia apelada, que declaró la nulidad de los
actos durante el tiempo en que produjeron efectos y condenó a la demandada al
pago de perjuicios morales, pero porque la valoración de los medios de prueba
testimoniales, en conjunto con las circunstancias que rodearon la expedición de las
decisiones sancionatorias y su posterior revocatoria, en efecto dan cuenta de la
producción de perjuicios de esta naturaleza.
De la condena en costas en esta instancia
75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
34 Recuérdese que, sobre este punto, se dijo que la falta imputada reprochaba el suministro de información
contraria a la realidad para el acceso, ascenso o permanencia en la carrea administrativa y que el cargo en el
cual fue nombrada la demandante era de libre nombramiento y remoción.
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liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
78. En consecuencia, se impondrán costas, en esta instancia, a la parte
demandada, por cuanto no prosperaron las pretensiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos
mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las
razones expuestas en esta providencia.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandada. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Tercero. RECONOCER personería a la abogada Linda Jairiny Peñaranda Mantilla,
identificada con cédula de ciudadanía nro. 1.091.653.591 y portadora de la tarjeta
profesional nro. 185.850 del C.S. de la J. para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 0008
de SAMAI.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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