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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00215-01

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00215-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFI RMA R la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A del 6 de diciembre de 2018 , que accedió a las pretensiones, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Julio Andrés Chimbi A ntonio contra la Unidad Nacional de Protección -UNP – sucesora procesal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, de con formidad con lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO. Sin CO NDENA en costas. TERCERO: Efectúense las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SA MAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-00215-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D.C. , veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicación : 25000 2342 000 2015 00215 01 (2811-2019)
Demandante : JULIO ANDRÉS CHI MBI ANTONIO
Demandado: Unidad Nacional de Protección -UNP – sucesora
procesal del Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS.

Temas: Contrato realidad . Escolta contratista .

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA / LEY 1437 DE 2011

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 6 de diciembre de 2018 , proferida por la
Sección Segunda Subsección A d el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca , que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

El señor JULIO ANDRÉS CHI MBI ANTONIO , a través de apoderad o,
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
contra el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS (en
proceso de supresión) , hoy Unidad Nacional de Protección , para lo
cual formuló las siguientes pretensiones:

1
Fs. 72 a 92 del expediente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 2342 000 2015 00215 01
Número interno: 2811-2019
Demandante: Julio Andrés Chimbi Antonio

La declaración de nulidad del Oficio 82973 del 14 de mayo de 2014
por medio del cual el Departamento Administrativo de Seguridad -
DAS- en supresión, le negó la solicit ud de reconocimiento de una
relación laboral y el consecuente pago de los derechos laborales
generados en virtud de los servicios prestados .

A título de restablecimiento del derecho solicitó la declaración de
existencia de una relación laboral entre él y el DAS , sin solución de
continuidad, la nivelación al códig o y al g rado que en forma
equivalente exista en la planta de personal y el reconocimiento de
las prestaciones sociales .

1.2. Fundamentos fácticos

El demandante relató que (i) estuvo vinculado al Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS, de manera ininterrumpida ,
desde el 4 de marzo de 2010 hasta el 15 de noviembre de 2011 , (ii)
desempeñó el «cargo de escolta » y (iii) p restó sus servicios en el
horario y las fechas señaladas por sus inmedi atos superiores .

1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación.

El actor invocó como normas violadas los artículos 1°, 2°, 4°, 6°,
13, 25, 29, 53 y 122 de la Constitución Política y los Decreto s 1835
de 1994, 1047 de 1978 y 1933 de 1989 , con sus normas
concordantes.

Al exponer el concepto de violación , refirió que desempeñó las
mismas funciones y asumió iguales responsabilidades que l as
atribuidas a los servidores de planta , sin recibir una remuneración
en igualdad de condiciones.

Destacó que el precedente de la Corte Constitucional 2 ha sido
constante y uniforme al indicar los escenarios que se deben
demostrar para dar aplicación a l principio de la primacía de la
realidad sobre las formas en una relación laboral, de tal manera

2
Citó la sentencia T-500 de 2000, T-890 de 2000, T- 159 de 2000,

2
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Número interno: 2811-2019
Demandante: Julio Andrés Chimbi Antonio

que las entidades no pueden escudarse en contratos de prestación
de servicios para ocultar vínculos en donde se aprecia la
subordinación como un elemento constante .

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3

El Departamento Administra tivo de Seguridad - DAS 4 se opuso a
las pretensiones formuladas por el demandante , en los siguientes
términos:

Indicó que ser escolta de l íderes sindicales o def ensores de
derechos humanos no le correspond ía propiamente al DAS, ya que
solo ejecutaba esa función en virtud del apoyo que le deb ía ofrecer
al ente o la dependencia encargada de la misma , lo que se traduce
en dicha actividad (i) puede o no ser desarrollada, ya que depende
de la demanda de protección que propongan las personas
diferentes a los dirigentes señalados en el artículo 82 de la Ley 418
de 1997 y (ii) entraña una contingencia y , por consiguiente , no
puede ser catalogada como de carácter permanente.

Precisó que la insuficiencia de personal para desarrollar la labor
aludida condujo al DAS a suscribir contratos de prestación de
servicios para cumplir con el apoyo que debía prestar para la
protección de las personas enlistadas en el artículo 81 de la Ley
418 de 1997. De este modo se satisface la condición q ue exige el
numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Por otro lado, enfatizó que el hecho de que el demandante recibiera
órdenes, por sí solo no lleva a inferir que exist ía una relación
laboral ni un trabajo subordinado y dependiente.

3
Folios 151 a 165
4
Se pone de presente que el sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad
es la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con los Decretos 4057 de 20 11 “Por el
cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas
funciones y se dictan otras disposiciones» , el Decreto 4065 de 2011 “Por el cual se crea la
Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura».

3
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Demandante: Julio Andrés Chimbi Antonio

Por último , propuso como excepciones : la inexistencia de causa
jurídica, la falta de interés jurídico para obrar, la genérica o
innominada .

3. AUDIENCI A INI CIAL 5

El 18 de abril de 2018 , la Sección Segunda Subsección A d el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró audiencia inicia l 6
en la que (i) declar ó saneado el proceso (ii) encontró que no había
excepciones previas por resolver y (iii) fijó el lit igio , como se
transcribe a continuación:

«( …) si el señor JULI O ANDRÉS CHI M B I ANTO NI O t iene der echo a
que se le r econozca la exist enc ia de un a r elación labor a l sur gid a
ent r e él y e l DA S hoy UNI DAD N ACI O NAL DE PRO TEC CI Ó N a par t ir
del m om ent o de la vincul ación cont r act ual a esa ent idad, así com o
el r econocim ient o y pago de las sum as a que haya lugar conf or m e
la indem nizac ión por r et ir o sin j ust a causa, bonif icaci ó n por
ser vicios pr est ados, viát icos, vacaciones , pr im a de ser vicios, pr im a
de ant igüedad, pr im a de r iesgo, cesant í as, int er eses a la cesant í as,
dot aciones, pr im a especia les ( …. ) »

De igual forma , las partes no solicitaron el decreto y práctica de
pruebas y se corrió traslado a las pa rtes y al agente del Ministerio
Público.

4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 7

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Subsección A, mediante sentencia del 6 de diciembre de 2018,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, bajo los
siguientes argumentos:

Encontró demostrada la existencia de los contratos suscritos entre
el DAS y el señor Julio Andrés Chim bi como escolta desde el 4 de
marzo de 2010 hasta noviembre de 2011 y la prestación del servicio

5
Folio 181
6
Folios 171 a 177
7
Fs. 292 a 304 del expediente

4
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Demandante: Julio Andrés Chimbi Antonio

de manera personal, así como la remuneración recibida por tal
servicio, y destacó la existencia del elemento de dependencia o
subordinación, pues el antes nombrado recibía instru cciones, de
manera precisa y p untual, para custodiar a las personas asignadas
para ello .

Advirtió que no puede prestarse un servicio de vig ilancia y custodia
sin que se recib an órdenes, es decir, sin que e xista una
subordinación o dependencia, por lo que no se puede aducir que el
escolta pueda actuar autónoma o independientemente, porque
entonces se desvirtuaría la función o el trabajo que se encuentra
prestando.

Destacó que como el demandante presentó reclamación con el fin
de obtener el reconocimiento de prestaciones sociales el 29 de abril
de 2014 y finalizó el último contrato el 15 de noviembre de 2011, es
claro que el reconocimiento prestacional que persigue no se
encuentra afectado por el fenómeno de la prescripción.

Precisó que, de acuerdo con lo expuesto por la sentencia de
unificación del Consejo de Estado, el accionante tiene derecho que
la entidad contratante gire a las entidades de previsión a las que
estaba afiliado el valor corresp ondiente a la suma faltante por
concepto de aportes a pensión y salud, en el porcentaje que como
empleador debió realizar, luego de hacer la liquida ción de lo
efectivamente cotizado y lo que se debió cotizar.

En orden a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cu ndinamarca
declaró la nulidad del oficio No 82973 del 14 de mayo de 2014 ,
proferido por el DAS y la existencia de la relación laboral entre e l
señor Julio Andrés Chimb i y la Un idad Nacional de Protección entre
el 4 de marzo de 2010 y el 15 de noviembre de 2011 . Como
consecuencia de lo anterior, ordenó a la Unidad Nacional de
Protección (i) re conocer a favor del antes nombrado , las
prestaciones socia les, tomando como base el monto de honorarios

5
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Demandante: Julio Andrés Chimbi Antonio

pactados en el período atrás referido , (ii) g irar a fa vor de las
entidades de previsión a las que estaba afiliado el accionante el
valor correspondiente a la suma faltante por concepto de aportes
en pensión y salud , en el porcentaje que como empleador debió
realizar y (iii) paga r las diferencias qu e surjan .

Por último, ne gó las demás pretensiones y no condenó en costas.

5. RECURSO DE APELACIÓN 8.

La Unidad Nacional de Protección solicitó que se revo que la
decisión anterior y nieguen las pretensiones de la demanda , con
base en los siguientes argumentos :

Manifestó que no es competente para intervenir como sucesora
procesal del DAS, ya que esta es una atribución de la Fiduprevisora ,
en su condición de vocera del patrimonio autónomo.

Que todo lo que figura a nombre o contra el DAS no fue trasladado
necesariamente a la UNP. Evidenció que la supresión del DAS y la
creación de la UNP se efectuaron en decretos separados, de ahí
que la extinción de una entidad y el nacimiento de la otra no
comporta subrogación total , sustitución o fu sión de estas.

En ese orden de ideas , no debe entrar a respond er por las
obligaciones dejadas de pagar por el DAS, por cuanto no recibió la
función de asumir cargas administrativas laborales.

En todo caso, mencionó que no hubo subordinación cómo lo
manifiesta el demandante , puesto que los escoltas contratistas del
DAS eran autónomos en la toma de decisiones ; por ejemplo , si
estaban dos o tres escoltas con un protegido eran ellos quienes
decidían libremente , quién asumía el rol de conductor, de
acompañante directo o de copiloto.

8
Folios. 223 a 229

6
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En ese orden , el DAS nunca les dio un manual de funciones o de
cómo ser escolta o de cómo debía n proteger una persona , ellos de
manera autónoma sin que mediara una orden jerárquica , asumían
la función contratada .

En lo referente a la actividad personal del trabajador y el
cumplimiento de órdenes, así como el acatamiento de ciertos
horarios, y la utilización de instalaciones y recursos de la entidad
contratante , enfatizó que son deberes de los contratistas , según lo
previsto en el numeral 2º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 y
hacen parte de la coordinación estip ulada dentro de las cláusulas
contractuales, de modo que no se puede predicar que , por esta s
circunstancia s, se configure una relación de trabajo subordinad a y
dependiente .

6. ALEGATOS DE CONCLUSI ÓN EN SEGUNDA I NSTANCIA

6.1 Tanto la parte demandante como demandada guardaron
silencio, como consta en el informe secretarial visible a folio 276.

6.2 El Ministerio Público guardó silencio según consta en el
informe secretarial obrante a folio 276.

II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia

Es competente esta Subsección para decidir dentro del proceso del
epígrafe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del
CPACA 9. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 10

9
CPACA, art. 150: «Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instanci a por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por
parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que cor responda, o no se
concedan los extraordinari os de revisión o de unificación de jurisprudencia […]».
10
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda i nstancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin pe rjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo,
cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

7
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Demandante: Julio Andrés Chimbi Antonio

del Código General del Proceso, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
el apelante.

2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, el problema jurídico se circunscribe a resolver si:

➢ ¿El Departamento Administrativo de Seguridad – DAS ahora
Unidad Nacional de Protección -UNP - es la entidad llamada a
responder por las consecuencias jurídicas del presente fallo?

➢ ¿Se configuraron los elementos que la ley y la jurisprudencia
exigen para que se declare la existencia de un contrato realidad
entre las partes?

Para resolver los p roblema s jurídico s planteado s, la Sala se referirá
(i) a la figura de la sucesión procesal del DAS a la Unida d Nacional
de Protección (ii) a l contrato realidad y (ii i) al caso concreto.

3. Marco normativ o y jurisprudenci al

3.1. Sucesión procesal

En el presente asunto se advierte que la Unidad Nacional de
Protección – UNP insiste que no debe asumir obligacio nes que la
ley no le otorgó.

Al respecto, se a dvierte que el De partamento Administrativo de
Seguridad se suprimió en virtud de lo establecido por el Decreto

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelaci ón no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

8
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Ley 4057 del 31 de octubre de 2011 11 y sus funciones las asumió la
Unidad Nacional de Protección, la Sala se pronunciará sobre el
fenómeno de la sucesión procesal entre entidades de derecho
público para establecer si en este caso se present a dicho instituto
y la UNP está legitimada por pasiva para acudir al presente
proceso.

La sucesión procesal es la figura juríd ica a través de la cual uno de
los sujetos procesales es reemplazado totalmente por un tercero
que toma el litigio en el estado en que se halle al momento de su
intervención 12. Al sucesor le es transmitido o transferido 13 el
derecho litigioso convirtiéndose en el nuevo legitimado para
obtener una decisión del caso, ocupando la posición procesal de su
antecesor. Así mismo, tal situación puede tener diferentes causas
dependiendo si se trata de una persona natural o juríd ica, o si la
sustitución proviene de un acto entre vivos o por la muerte de una
persona natural o extinción de una persona jurídica 14.

Por su parte e l art ículo 68 del Código General del Proceso reiteró
lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en lo pertinente,
dispuso: «(...) si e n el curso del proceso sobreviene la extinción,
fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte,
los sucesores en el derecho debatido podrá comparecer para que
se les reconozca t al carácter. En tod o cas o la sentencia producirá
efectos respecto de ellos aunque no concurran».

El Decreto 4057 del 31 de octubre d e 2011 15, dispuso la supresión
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y ordenó el

11
“por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan
unas funciones y se dictan otras disposiciones”.
12
Según el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil «Los intervinientes y sucesores de
que trata este Código, tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su
intervención».
13
Según la doctrina la palabra transmitir se encuentra reservada para actos mortis causa y el
vocablo transferir denota actos entre vivos. Al respecto ver: BONIVENTO FERNÁNDEZ, José
Alejandro, Los Principales Contratos Civiles y su Paralelo con los Comerciales, Librería
Ediciones del Profesional Ltda., Bogotá, 2004, pp. 5 a 6.
14
La Sección Segunda de esta Corporación en sentencia dictada el 15 de agosto de 2013 con
ponencia de la Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez precisó que en virtud de la sucesión
procesal «una de las partes [actor o demandado] en cualquier momento pueda ser
reemplazado por otro sujeto que pasa a ocupar su lugar en el litigio, que produce como efecto
inmediato el cambio de titularidad de los derechos subjetivos que conforman el objeto del
proceso».
15
«Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Segu ridad (DAS), se reasignan
unas funciones y se dictan otras disposiciones. »

9
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cese definitivo de sus actividades, por cuanto allí se dispuso
trasladar la función comprendida en el numeral 14 del artículo 2°
del Decreto 643 de 2004 y las demás que se desprendieran de la
misma que se encontraban en cabeza del DAS, a la Unidad Nacional
de Protección, lo cual se establecería en decreto separado:

«Ar t í culo 3°. Tr aslad o de f unciones. Las f unciones q ue cor r esponden
al Depar t am ent o Adm inist r at ivo de Segur i dad ( DAS) , cont empladas
en el Capí t ulo I, num er ales 10, 11, 12 y 14 del art í culo 2°, del
Decr et o 643 de 2004, y las dem ás que se despr endan de las mism as
se t r asladan a las si guient es ent ida des y or ganism os, así :

3. 1 Las f unciones d e cont r ol m igr at or io d e naciona les y ext r anj er os
y los r egist r os de ident if ica ción de ext r anj er os de que t rat a el
num er al 10 del ar t í culo 2° del D ecr et o 643 de 2004 y las dem ás
dispos icion es sobr e la m at er ia, se t r asladan a la Unida d
Adm inist r at iva Espe cial M igr aci ón Colo m bia, adscr it a al M inist er io
de Relac iones Ext er ior es, que se cr ear á en decr et o separ ado.

3. 2 La f unción com pr endida en el num er al 11 del ar t í culo 2° del
Decr et o 643 de 200 4 de Pol icí a Judic ia l par a invest igaci on es de
car áct er cr im inal, y las dem ás que se desp r endan de la m ism a, se
t r aslada a la Fiscalí a G ener al de la Nación en ar m oní a con lo
dispuest o en el ar t í culo 251 de la Co nst i t ución Polí t ica.

3. 3 La f unción com pr endida en el num er al 12 del ar t í culo 2° del
Decr et o 643 de 2004 y las dem ás que se despr end an de la m ism a,
se t r aslada al M inist er io de Def ensa Nac iona l Pol icí a Nacio n al.
Una vez culm in ado el pr oceso de i ncor por ación de los ser vidor es
del DA S necesar ios par a la pr est ación del ser vic io a la pla nt a de
per sonal de l M inist er io de Def ensa Po l icí a Na cion al, así com o el
t r aslado de los e l em ent os, bienes y equipos, las a ut or idades
j udicia les cont inuar án r em it iendo los in f or m es y avisos necesar ios
par a que el M inist er io de Def ensa Naciona l - Policí a Naciona l
m ant enga act ualizad os los r egist r os delict ivos y de ident if icac ión de
naciona les y exp ida los cer t if icados j ud icia les. Par a el ef e ct o, se
suscr ibir á un act a de inicio por par t e del Depar t am ent o
Adm inist r at ivo de S egur idad ( DA S) en supr esión y el M in ist er io de
Def ensa Nac iona l - Pol icí a Nacio nal, e l t r aslado se com unic ar á a la
com unidad en gener al y a las aut or idade s cor r espondient es. ».

Acorde con lo anterior, se profirió el Decreto 4065 de 2011, por el
cual se creó la Un idad Nacional de Protección, como una entidad
del «orden nacional, […] con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al
Ministerio del Interior, hará parte d el Sector Administrativo del
10
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Interior y tendrá el carácter de organismo nacional de seguridad».
Allí, en su artí culo 23 se dispuso qu e «Los archivos de los cuales
sea el titular el P ro grama de Protección de la Dirección d e Derechos
Humanos del Ministerio del Interior y el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión, a la entrada en
vigencia del presente decreto y que tengan relación con las
competencias de la Unidad Nacional de Protección, deberán ser
transferidos a esta entidad, en los términos que señalen los
representantes legales a través de las Secretarías Generales.»

Por su parte el Decreto 1303 de 2014 «Por el cual se reglamenta el
Decreto 4057 de 2011» estableció en su artículo 7.°:

«A rt í cul o 7°. Pr ocesos j udicia les y conci liac iones pr ej udic ia l es. Los
pr ocesos j udicia les y concil iac iones pr e j udicia les en cur so en lo s
que sea par t e el DAS y/ o el Fondo Rot at or io del DAS que aún no
han si do reci bi dos por l as ent i dades que asumi eron l as
f unciones, M igr ació n Colom bi a, Dir ecci ón Nacio nal de Pr ot ección,
M inist er io de Def en sa Naciona l - Polic í a Nacional y la F i scalí a
G ener al de la Nació n de conf or m idad con lo señalado en el n um er al
3. 2. , del art í culo 3° del Decr et o - ley 4057 de 2011, ser án en t regados
a est as ent idades por el Dir ect or del DAS en pr oceso de supr esión
debidam ent e invent a r iados y m ediant e act a, par a lo cual debe t ener
en cuent a la nat ur al eza, obj et o o suj et o pr ocesal ».

Ahora bien, según lo explicado previamente se concluye que e l
sucesor procesal d el Departamento Administrativo de Seguridad es
la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con los Decretos
4057 de 2011 16, 4065 de 2011 17 y 1303 de 2014 18.

Se resalta que este último Decreto, e n su artículo 9°, estableció lo
siguiente:

«A rt í cul o 9°. At enci ón de procesos judi ci al es post eri ores al
ci erre . Los pr ocesos j udicia les, r eclam aciones de c ar áct er
adm inist r at ivo, labo r al y cont r act ual, en los que sea p ar t e el
DAS y/ o su Fondo R ot at or io al cier r e de l a supr esión de l DAS , ser án

16
«Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan
unas funciones y se dictan otras disposiciones».
17
«Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y
estructura».
18
«Por el cual se reglamenta el Decreto 4057 de 2011».

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Demandante: Julio Andrés Chimbi Antonio

not if icados a las ent idades que hayan asum ido las f uncion es, de
acuer do con la nat ur aleza, obj et o o sujet o pr ocesal. Si la f unción
no f ue asum ida p o r una ent idad de l a Ram a Ej ecut iva, ser án
not if icados y asum idos por la Agencia de Def ensa Jur í dica del
Est ado.
[ …] ».

Así las cosas, la Unidad Nacional de Protección (UNP) en los
términos del artículo 68 del Código General del Proceso es la
llamada a responder por las súplicas de la presente demanda.

3.2. Del contrato realidad

En primer lugar, debe señalarse que existe una clara línea
jurisprudencial de esta Corporación 19 en la que ha considerado que
el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que
surge el derec ho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalid ades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Co nstitución Política, con el que
se propende hacia la garantía de los derechos mínimos de las
personas, preceptuados en normas respecto de la materia.

De acuerdo con lo anterior, para a creditar la existen cia de una
relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos,
especialm ente que el contratista desempeñó una actividad de la
entidad en condiciones de subordinación y dependencia
continuada.

Contrario sensu , se constituye una relación contractual, que se rige
por la Ley 80 de 1993, cuando se pacta la prestación de servicios
relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
25 de agosto de 2016, expediente 0088-2015, magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.

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pública, caso en el cual el contratista es autónomo en el
cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios
por los servicios p restados por una labor convenida que no puede
realizarse con personal de planta o requiere conocimientos
especializados.

Es de resaltar que en la sentencia C – 154 de 1997 20, la Corte
Constitucional declaró la const itucio nalidad pura y simple y no
condicionada de la expresión «cuando no puedan realizarse con
personal de planta» del artículo 32.3 de la Ley 80 de 199 3, motivo
por el cual la diferencia entre una y otra forma de vinculación se
encontrará en la continuada dependencia del servidor p úblico, en
los términos del literal b del artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, pero lo anterior no quiere decir que las actividades
«relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad» no se puedan adelantar a través de contratistas puesto
que precisamente la suprema guardiana de la Constitución Política
declaró ajustada al ordenamiento la mencionada exp resión.

En ese orden de ideas, cuando se logra desvirtuar el contrato de
prestación de servicios, inexorablemente se impone el
reconocimiento de las prestaciones so ciales generadas, atendiendo
a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho
restable cimiento, que no es otra que la relación laboral que se
ocultó bajo el ropaje de un contrato administrativo estatal.

Ello en aplicación de los principios de igualdad y de
irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados
respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental.
De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la
figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales
conculcados 21.

20
Corte Constitucional, sentencia C – 154 de 19 de marzo de 1997, magistrado ponente:
Hernando Herrera Vergara.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
17 de abril de 2008, expediente 2776 -05, magistrado ponente: Jaime Moreno García.

13
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Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 25 de agosto de 2016, unificó su jurisprudencia y
señaló que el pago de las prestacio nes que se reconocen como
consecuencia de la nulidad del acto administrativo que negó la
existencia de la relación laboral, procede a título de
restablecimiento del derecho y no como reparación integral del
daño. Al efecto, expresó lo siguiente:

«Fr ent e al ant er ior panor am a j ur ispr udencia l, r esult a imper ios o
unif icar e l pr ecedent e con el f i n últ im o d e acoger el cr it er i o qu e sea
m ás f avor able a los ciudadanos que acuden ant e la just icia
cont encioso - adm in is t r at iva en busca de obt ener el r econoci m ient o
de los der echos qu e er an inher ent es a una r elación labor al per o
que la Adm inist r aci ón disf r azó con la suscr ipción de un cont r at o
est at al, par a lo cual ha de adver t ir s e que el r est ablecim ien t o del
der echo es una consecuencia lóg ica de la nulidad que se decr et a,
ya que una vez ej ecut or iada la sent enc i a que así lo declar a, el act o
adm inist r at ivo desa par ece del m undo j ur í dico, por lo que los
der echos y sit uacion es af ect ado s deben volver a su est ado inicia l,
es decir , que en las cont r over sias de cont r at o r ealidad hay l ugar a
r econocer las pr est aciones que e l cont r a t ist a dej ó de deveng ar y el
t iem po de ser vicio s con f ines pens io nales, pues su s it uació n
j ur í dica f ue m ediant e u n cont r at o est at al, per o que en su ej ecució n
se dier on l os elem e nt os const it ut ivos d e una r elac ión la bor al, que
en caso de hab er si do vincu lado com o em pleado púb l ico h ubiese
t enido der echo a las m ism as pr est acione s que deveng an l os dem ás
ser vidor es de plan t a de la r espect iva ent idad.

Por consigu ient e, no resul t a proceden t e condenar a l a agenci a
est at al demandada al pago de l as pre st aci ones a l as qu e t ení a
derecho el cont rat ist a - t rabaj ador a tí tul o de reparaci ón int egral
de perj ui ci os, dado que est as se rec onocen como ef ect o de l a
anul aci ón del act o que l as negó , pese a su der echo a ser tr at ado
en igua ldad de con dicio nes que a los dem ás em pleados p úblic os
vincul ados a t r avés de una r elación lega l y r eglam ent ar ia, est o es,
a pesar de t ener un a r em uner ación con st it uida por los hon or ar ios
pact ados, le f ue cer cenado su der echo a r ecibir las pr est acione s
que le hubier e cor r espondido si la Adm in ist r ación no hubiese usado
la m odalid ad de cont r at ación est at al para esconder en la pr áct ica
una r elación d e t r ab aj o» 22.

En cuanto a los derechos prestacionales derivados del contrato
realidad, otrora esta Sección concluyó que no prescriben, debido a

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación de 25 de agosto de 2016, expediente 0088 -2015, magistrado ponente: Carmelo
Perdomo Cuéter.

14
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que su exigibilida d es imposible antes de que se produzca la
sentencia, porque la decisión judicial al declarar la existencia de la
relación laboral t ie ne carácter constit utivo; es decir, que es a partir
del fallo que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y
por tanto no podía operar en estos casos el fenómeno procesal
extintivo 23.

Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó que, aunque es
cierto que es desde la sentencia que se hacen exigibles las
prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es que el
particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral
dentro de un término prudenc ial que no exceda el de la prescripción
de los derechos qu e pretende; lo que significa que debe solicita r la
declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor
a tres años 24.

De igual manera, sobre este punto referido a la prescripción del
derecho reclamado en el marco de un contrato realidad, la Sección
Segunda de esta Corporación, en la referida sentencia de
unificación de 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo t ant o, si qu ien pr et ende e l r econocim ient o de la r elaci ón
labor al con e l Es t ad o, se excede de los t r es años, cont ados a par t ir
de la t er m inación de su ví nculo cont r act ual, par a r eclam ar los
der echos en apl icac i ón del pr inc ip io de l a “ …pr im ací a de la r ealid ad
sobr e las f or m alid ades est ableci das por los sujet os de las
r elacion es la bor ales ” ( art í culo 53 constit uciona l) , se ext ingue el
der echo a solicit ar la s pr est aciones que se der iven de aquella, pues
dicha sit uació n se t r aducir í a en su desint er és, que no puede
sopor t ar el Est ado, en su condició n de em pleador .

Per o en aquell os cont r at os de pr est ación de ser vicios, pact ados por
un int er r egno det er m inado y que la ej ecución ent r e uno y ot ro t iene
un lapso de int er r upción, f r ent e a cada uno de el los hab r á de
anal izar se la pr escr ipció n a par t ir de sus f echas de f inaliz ación,
puest o que u no de los f undam ent os de la exist encia de l c ont r at o
r ealida d es pr ecis am ent e la vocació n de per m anencia en el

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec ción Segunda, sentencia de
6 de abril de 2008, expediente 2152-06, magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia
de 9 de abril de 2014, expediente 131 -13, magistrado ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.

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ser vicio. Por consi guient e, le cor r esponder á al j uez ver if icar si
exist ió o no la cit ada int er r upción cont r act ual, que ser á exclui da de
r econocim i ent o y exam inada en det alle en cada caso part icular , en
ar as de pr ot eger los der echos de los t r abaj ador es, que han sido
bur lados por las aut or idades adm i ni st r at ivas al encubr ir una
r elación labor al baj o cont r at os de pr est ación de ser vici os. »

Asimismo, di cha providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no
opera respecto de los aportes para pensión, teniendo en cuenta la
condición periódica del derecho pensional que lo hace
imprescriptible.

Finalmente, es de señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia SUJ-025-CE -S2-2021 de 9 de septiembre
de 2021 25 estableció las siguientes pautas de unificación frente a
varios aspectos del contrato realida d como son: i) el sentido y
alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de
continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios
que ocultaron la e xistencia de una re lación laboral que se declara,
a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii)
improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista.

Al efecto señaló la Sección Segunda:

«[ …]
( i ) La pri mera regl a def ine que el concept o de «t ér m ino
est r ict am ent e indis pensable » , al que alude e l num er al 3 . º del
ar t í culo 32 de la Le y 80 de 1993, es el señalado en los es t udios
pr evios y en el obj et o del cont r at o, el cual, de acuer do con el
pr incip io de planeac ión, t iene que est ar just if icado en la necesida d
de la pr est ación del ser vicio a f avor de l a Adm inist r ación, de f orm a
esencia lm ent e t em por al y, de ningu na m aner a, con ánim o de
per m anencia.

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
9 de septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.

16
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( i i ) La segunda regl a est ablece un per iodo de t r eint a ( 30) dí as
hábi les, ent r e la f i naliz ación de un c ont r at o y la ej ecuc ión de l
sigui ent e, com o t érm ino de l a no so luc i ón de cont inu idad, el cual,
en los casos que se exceda, podr á f lexibil izar se en at enció n a las
especia les cir cunst ancias que el j uez encuent r e pr obadas dent r o
del exped ient e.

( i i i) La t ercera regl a det erm ina que frent e a la no af iliación a l
sist em a de la Se gur idad Soc ial e n salud, por par t e de la
Adm inist r ació n, es im pr ocedent e la devoluci ón de los valor es que
el cont r at ist a hubie se asum ido de m ás, en t ant o se r ecaudar on
com o r ecur sos de nat ur aleza par af iscal ».

En esta misma providencia expresamente se puso de presente que
«aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato
de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del p rincipio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, por lo que, en ningún caso,
será posible darle la categoría de empleado público a quien prest ó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

4. Análisis del caso concreto.

4.1. Hechos demostrados .

a). Los contratos celebrados: El señor Julio Andrés Chimbi
Antonio celebró los siguientes contratos de prestación de servicios
de escolta con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS:

Numero Vigencia Objeto
Contrato 002 de 2010 (folio 04/03/2010 a «El contratista se
59 a 64) 31/03/2010 compromete para con el
Das a prestar sus
servicios de protección;
con sede principal en la
ciudad de Bogotá D.C. y
eventualmente en la
ciudad donde se asigne
el esquema protectivo
dentro del componente
seguridad a personas,
del Programa de
Protección a Dirigentes
Sindicales,
Organizaciones Sociales
y Defensores de
Derechos Humanos […]»

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Contrato No 140 de 2010 (fl 01/04/2010 a «El contratista se
46 a 70) 31/07/2010 compromete para con el
Das a prestar sus
servicios de protección;
con sede principal en la
ciudad de Bogotá D.C. y
eventualmente en la
ciudad donde se asigne
el esquema protectivo
dentro del componente
seguridad a personas,
del Programa de
Protección a Dirigentes
Sindicales,
Organizaciones Sociales
y Defensores de
Derechos Humanos […]»
Contrato No 248 de 2010 (fl 41 01/08/2010 a «El contratista se
a 47) 27/12/2010 compromete para con el
Das a prestar sus
servicios de protección;
con sede principal en la
ciudad de Bogotá D.C. y
eventualmente en la
ciudad donde se asigne
el esquema protectivo
dentro del componente
seguridad a personas,
del Programa de
Protección a Dirigentes
Sindicales,
Organizaciones Sociales
y Defensores de
Derechos Humanos […]»
Contrato No 433 de 2010 (fl 28/12/2010 a «El contratista se
27) 30/04/2011 compromete para con el
Das a prestar sus
servicios de protección;
con sede principal en la
ciudad de Bogotá D.C. y
eventualmente en la
ciudad donde se asigne
el esquema protectivo
dentro del componente
seguridad a personas,
del Programa de
Protección a Dirigentes
Sindicales,
Organizaciones Sociales
y Defensores de
Derechos Humanos […]»
Contrato No 66 de 2011 (fl 90 01/05/2011 a El contratista se
a 96) 31/05/2011 compromete para con el
Das a prestar sus
servicios de protección;
con sede principal en la
ciudad de Bogotá D.C. y
eventualmente en la
ciudad donde se asigne
el esquema protectivo
dentro del componente
seguridad a personas,
del Programa de
Protección a Dirigentes
Sindicales,
Organizaciones Sociales
y Defensores de
Derechos Humanos […]»
Contrato No 147 de 2011 (fl 01/06/2011 a El contratista se
83 a 89) 30/06/2011 compromete para con el

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Das a prestar sus
servicios de protección;
con sede principal en la
ciudad de Bogotá D.C. y
eventualmente en la
ciudad donde se asigne
el esquema protectivo
dentro del componente
seguridad a personas,
del Programa de
Protección a Dirigentes
Sindicales,
Organizaciones Sociales
y Defensores de
Derechos Humanos […]»
Contrato No 223 de 2011 (fl 01/07/2011 a El contratista se
74 a 80) 30/09/2011 compromete para con el
Das a prestar sus
servicios de protección;
con sede principal en la
ciudad de Bogotá D.C. y
eventualmente en la
ciudad donde se asigne
el esquema protectivo
dentro del componente
seguridad a personas,
del Programa de
Protección a Dirigentes
Sindicales,
Organizaciones Sociales
y Defensores de
Derechos Humanos […]»
Contrato No 293 de 2011 (fl 65 01/10/2011 a El contratista se
a 73) 15/11/2011 compromete para con el
Das a prestar sus
servicios de protección;
con sede principal en la
ciudad de Bogotá D.C. y
eventualmente en la
ciudad donde se asigne
el esquema protectivo
dentro del componente
seguridad a personas,
del Programa de
Protección a Dirigentes
Sindicales,
Organizaciones Sociales
y Defensores de
Derechos Humanos […]»

b) Certificaciones: Se observa n cert ificaciones expedidas por el
Coordinador de Seguridad Instalaciones y Avanzadas del
Departamento Administrativo de Se guridad DAS, en la s que se
indica que el señor Julio Andrés Chimbi prestó sus servicios como
escolta dentro del programa Especial de P rotección del Gobierno
Nacional, visibles a folio 18 a 27.

c) Órdenes de trabajo: Fueron allegad as ordenes de trabajo
dirigidas al señor Julio Andrés Ch imb i Antonio para que prestara
los servicios de e scolta, así como las instrucciones dadas por la
Coordinadora Grupo Seguridad a Personas del Departamento
19
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Administrativo de Seguridad DAS . (fls 97 a 98).

d) Memorando : A folio 99 se observa memorando por parte del
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en que solicita al
responsable de Área logística y armamento, «que se le asigne arma
de dotación en calidad de préstamo al señor escolta contratista
Julio Andrés Chimb i Antonio, teniendo en cuenta que el arma pistola
con el seria l F98 348 Z, la cual tenía asignada presenta fallas
técnicas».

e) Órdenes de a signación : A folios 100 y 101 se encuentran
visibles ó rdenes de asignación y autorización de desplazamiento
por parte de la Unidad Nacional de Protección, consistente en el
desplazamiento del señor Julio Andrés Chimbi a la ciudad de Tunja,
para prestar el servicio de seguridad al beneficiario del programa
de Protección del Ministerio del Interior.

f) I nformes : Se e ncuentra visible a folio 108 informe dirigido a la
Oficina de Protección Especial – Área programas especiales –
Certificación de permanencia, por parte del demandante que da
cuenta de la actividad realizada .

g) Acto admi nistrativo demandado: El día 29 de abril de 2014 26,
el señor Julio Andrés Chimbí , entre otros, radicó petición ante el
DAS con el fin de solicitar el reconocimiento de una relación laboral
y, el consecuente, pago de todas las prestaciones sociales y
cotizaciones con destino a la seguridad social integral.

El jefe de la Of icina Asesora Juríd ica del DAS en proceso de
supresión, mediante del Oficio 829 73 del 14 de mayo de 2014
negó la solicitud 27, esto con ba se en que los contratos suscritos con
el demandante «no generaron ningún tipo de relación laboral ni el
derecho al pago de las prestaciones sociales».

26
Folios 9 a 17.
27
Folios 6 a 8

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4.2. Análisis sustancial

De acuerdo con el anterior contexto normativo y probatorio, se
colige que el señor Julio Andrés Chimb i Antonio prestó sus servicios
de escolta para el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS
mediante contratos de prestación de servicios, desde el 4 de marzo
de 2010 hasta el 15 de noviembre de 2011 , de forma continua . De
Análisis de los ele mentos de la relación laboral:

✓ La prestación personal del servicio:

En tal sentido, se observa que el objeto común de los contratos
consistió en que el contratista, en virtud de sus condiciones
personales, se comprometió para con el DAS a prestar los servicios
de protección, escolta con sede principal en la ciudad de Bogotá y
eventualmente en la ciudad donde se asignara el esquema
protectivo, dentro del c omponente seguridad a personas del
Programa de Protección a Dirigentes Sindicales, O rganizaciones
Sociales y Defensores de Derechos Humanos, conforme con las
medidas de seguridad aprobadas por el Comité de Reglamentación
y Evaluación de Riesgos del Ministe rio del Interior y de Justicia ,
probándose de esta manera uno de los requisitos de la relación
laboral, como lo es la prestación personal en su calidad de escolta.

✓ Remuneración por el servicio prestado

En lo que se refiere a este elemento de la relación la boral no ha
sido objeto debate, toda vez que las partes coincid en en que
durante el tiempo en que el señor Julio Andrés Chimbi prestó sus
servicios como escolta en el DAS, hoy Unidad Nacional de
Protección, percibió las sumas pactadas en los contratos por
concepto de honorarios. Igualmente, se encuentran las actas de
liquidación de los contratos que acreditan la remuneración .

✓ Subordinación y dependencia

En este punto, se advierte que el seño r Julio A ndrés Chimb i ejerció
funciones establecidas por la entidad demandada , pues se aprecia
que en el desarrollo de las actividades prestadas por el

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demandante, debía sujetarse a las precisas instrucciones dictadas
por el DAS; hoy Unidad Nacional de Protección , las cuales eran
exactas frente a los sitios de prestación de servicio, los elementos
que debía usar , los cuales eran suministrados por esta, el continuo
reporte de sus actividades al supervisor y la coordinación con las
autoridades locales. En suma, debía someterse al acatamiento de
las directrices de la institución , a efectos de garantizar la integridad
de las persona s en situación de riesgo especial.

En tal sentido, se tiene que el señor Julio Andrés Chimb i debía
proporcionar sus servicios de seguridad a determinadas personas,
utilizando los medios de defensa, transporte y comunicación
suministrados por la entidad; también debía comunicar
permanentemente al supervisor del contrato o al inspector de turno,
cualquier novedad en el de sarrollo d e sus actividades e informar
los desplazamientos que por la naturaleza del contrato le
correspondía hacer a otras ciudades y cualquier acontecimiento que
se prestaran en el servicio.

En ese orden, advierte la Sala que en este caso se demostró por
las pruebas allegadas, que el desarrollo del contrato implicaba una
relación que iba mucho más allá de la coordinación, ya que el
escolta contratista debía desplegar una actividad minuciosamente
estructurada y vigilada, para evitar riesgos de seguridad s obre los
protegidos, sin que gozara de autonomía frente a las condiciones
de tiempo, lugar y modo en la prestación del servicio ,
configurándose el segundo de los requisitos, como lo es, la
subordinación y dependencia.

En esa línea argumentativa y de acuerdo con el objeto de los
contratos arriba re lacionados, se colige que el señor Julio Andrés
Chimbi como escolta, cumplía las mismas funciones que aquellos
que estaban vinculados en planta, bajo un marco de subordinación
específico y con una retribución mensual por su labor, de manera
que la vinculación por contrato de prestación de servicio s envolvía
una verdadera relación laboral con la entidad. Además, es de
22
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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 2342 000 2015 00215 01
Número interno: 2811-2019
Demandante: Julio Andrés Chimbi Antonio

indicarse que esta Subsección en casos de perfiles análogos de
escoltas del DAS 28, previo análisis d e las pruebas aportadas, ha
accedido a las pret ensiones de la demanda, cuando como en el sub-
lite, se demuestran cada uno de los elementos que dan cuenta de
la configuración de los elementos del contrato realidad , como
ocurre en el sub examine.

De acuerdo con la pauta de unificación proferida por esta
Corporación el 25 de agosto de 2016 , deben reconocerse las
prestaciones sociales que el contratista dejó de devengar con
ocasión de la modalidad de vinculac ión a través de contratos de
prestación de servicios, y tener ese tiempo como efectivamente
laborado para efectos pensionales. La liquidación de las
prestaciones sociales se hará con base en los honorarios pactados
en los contratos suscritos entre la entid ad y el demandante 29.

En ese orden, esta Sala advierte que le asistió razón al Tribunal
cuando declaró la nulidad del acto administrativo qu e negó la
existencia del contrato realidad entre el señor Julio Andrés Chimb i
Antonio y el Departamento Administrativo de Seguridad, en
supresión, por lo que resulta procedente confirmar la sentencia de
primera instancia.

5. De la condena en costas

En lo que se refie re a las costas, esta Subsección e n sentencia del
7 de abril de 2016 30, concluyó que en vigencia del CPACA l a
legislación avanzó de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

En el presente caso, no hay lugar a imponer condena en costas a
la parte demandada conforme al numeral 5 del artículo 365 del
Código General del Proceso, toda vez que si bien la provid encia
recurrida fue confirmada la parte demandante no presentó alegatos
de conclusión.

28
Sentencia de 10 de septiembre de 2020, proferida dentro del proceso 76001-23-31-000-
2012-00257-01 (3166-2017), con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
29
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 6 de octubr e de 2016.
Radicación: 66001 -23-33-000-2013-00091-01(0237-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
30
Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291 -2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi,
Consejero ponente: William Hernández Gómez.

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Radicado: 25000 2342 000 2015 00215 01
Número interno: 2811-2019
Demandante: Julio Andrés Chimbi Antonio

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO. CONFI RMA R la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
del 6 de diciembre de 2018 , que accedió a las pretensiones, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por el señor Julio Andrés Chimbi A ntonio contra la
Unidad Nacional de Protección -UNP – sucesora procesal del
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, de con formidad
con lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO. Sin CO NDENA en costas.

TERCERO: Efectúense las anotaciones correspondientes en el
sistema de gestión judicial SA MAI y una vez en firme esta
providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.

G A BRI EL VA LBUEN A HERNÁ NDEZ
Fir m ado elect r ónica m ent e

WI LLI AM HERNÁ NDEZ G Ó M EZ RAFA EL FRA NCI SCO SUÁ REZ VA RG A S
Fir m ado elect r ónicam ent e Fir m ado elect r ónicam ent e

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