Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00307-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00307-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-00307-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2015-00307-02 (6554-2023)
Demandante: Dora María Cuadrado Paternina
Demandado: Universidad de Cundinamarca
Tema: Régimen salarial y prestacional de los docentes de
universidades estatales. Puntos salariales por experiencia
calificada. Evaluación de desempeño. Puntos salariales por
productividad académica. Requisitos de las publicaciones.
Ausencia de prueba de los documentos.
Decisión: Confirmar decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, tras considerar que no se acreditó
el requisito de las evaluaciones de desempeño y no se aportaron
los documentos (producción académica) que se pretendía hacer
valer para la asignación de puntos salariales.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia de primera instancia del 30 de junio de 2023 proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Dora María Cuadrado Paternina por conducto de apoderada
judicial presentó demanda1 contra la Universidad de Cundinamarca con el fin de
obtener la nulidad de los actos administrativos de 4 de junio de 20132 y 14 de julio
de 20143.
2. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de los
puntos salariales por experiencia calificada de 2003 a 20124 y por productividad
1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 «REF. Respuesta derecho de petición Dora María Cuadrado Paternina».
3 «REF. Recurso de reposición profesora Dora María Cuadrado Paternina».
4 La información de la tabla se extrae de la demanda: - Reclamación 2003: 5 puntos salariales - Reclamación
2004: 7 puntos salariales - Reclamación 2005: 7 puntos salariales - Reclamación 2006: 7 puntos salariales -
Reclamación 2007: 7 puntos salariales - Reclamación 2008: 7 puntos salariales - Reclamación 2009: 7 puntos
salariales - Reclamación 2010: 2 puntos salariales - Reclamación 2011: 2 puntos salariales - Reclamación 2012:
2 puntos salariales.
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académica respecto de 2 publicaciones5. Subsidiariamente, solicitó que de
prosperar la nulidad del Acuerdo No. 2 de 2009 del Consejo Superior de la
Universidad de Cundinamarca se asignaran los puntos salariales de 2010 a 2014
con fundamento en el Acuerdo No. 5 de 1998 de la misma autoridad.
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que en 1985
ingresó como docente de tiempo completo al Instituto Universitario de
Cundinamarca (hoy Universidad de Cundinamarca) y desde 1996 ostenta la calidad
de profesora titular. Asimismo, que de conformidad con los Decretos 1444 de 1992
y 2912 de 2001 y el Acuerdo No. 5 de 1998, está inscrita en el sistema de puntos
salariales para la determinación de su remuneración mensual y para 2004 contaba
con un total de 468,16 puntos.
4. Mediante el Decreto 1279 de 2002, el Gobierno Nacional estableció el
régimen salarial y prestacional de las universidades estatales, el cual fue
reglamentado por la Universidad de Cundinamarca a través del Acuerdo No. 2 de
2009.
5. Indicó que el 25 de febrero de 2013, radicó petición para el reconocimiento
de puntos salariales por experiencia calificada y por productividad académica. El
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de la Universidad de
Cundinamarca a través de acto administrativo de 4 de junio de 2013, negó la
mencionada solicitud. Decisión que fue confirmada en reposición por acto
administrativo de 14 de julio de 2014.
6. Manifestó que la legalidad del Acuerdo No. 2 de 2009 estaba siendo
discutida, en segunda instancia, ante el Consejo de Estado.
7. Como fundamento de la vulneración, señaló que para el reconocimiento de
puntaje a los docentes de carrera la Universidad de Cundinamarca debía aplicar lo
señalado en el Decreto 1444 de 1992 entre el 1 de enero de 2003 y el 2 de abril de
2009 y lo establecido en el Decreto 1279 de 2002 del 3 de abril de 2009 al 31 de
diciembre de 2012. No obstante, desde 2003 la institución no ha cumplido con su
obligación de asignar el puntaje al que tiene derecho la demandante.
8. Adujo que el sistema de puntos salariales, por mandato legal define la
remuneración mensual de los docentes universitarios de conformidad con los
artículos 1 y 4 del Decreto 1444 de 1992, 6 y 18 del Decreto 1279 de 2002, el cual
está aparejado al concepto de salario justo, proporcional y oportuno a la luz de los
artículos 53 de la Constitución Política, 1 y 12 del Convenio No. 95 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)6 y las sentencias SU-995 de 1999 y T-
093 de 2010 de la Corte Constitucional.
5 La información de la tabla se extrae de la demanda: Documento circular para estándares de calidad del
programa de enfermería: 8.57 puntos bonificación - Documento autoevaluación de la relación docente servicio:
8.57 puntos bonificación.
6 Aprobado en Colombia mediante la Ley 54 de 1962.
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9. Sostuvo que corresponde a la universidad establecer y realizar la
evaluación de desempeño docente, siendo este uno de los elementos para tener en
cuenta en los procesos de acreditación de programas.
10. Indicó que de acuerdo con el Decreto Ley 19 de 2012 y los principios de la
función administrativa, está prohibido exigir documentos que reposan en la entidad
siendo, para el caso concreto, el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento
de Puntaje la autoridad encargada de la elaboración, coordinación y custodia de las
evaluaciones de desempeño.
11. Manifestó que el Estatuto de Profesores7 prevé que la realización de la
evaluación docente es una obligación a cargo de la universidad a través del Consejo
de Facultad y los decanos, y que, por conducto de los directores o coordinadores
de programa, la Oficina de Talento Humano debe notificar personalmente el
resultado de dichas evaluaciones8.
12. Respecto del reconocimiento de puntaje por productividad académica
señaló que los escritos denominados «documento circular para estándares de
calidad del programa de enfermería» y «documento autoevaluación de la relación
docencia servicio» son publicaciones de carácter divulgado o de sistematización del
conocimiento relacionadas con las políticas de desarrollo académico adoptadas por
la universidad (Acuerdo No. 5 de 1998) y/o material de soporte a la docencia
(Acuerdo No. 2 de 2009), acordes a los criterios de acreditación.
13. Alegó que la respuesta a sus solicitudes no respetó los plazos (30 días para
convocar al comité y 45 días para resolver) y las formas (resolución motivada)
establecidos en el Acuerdo No. 1 de 2010.
Contestación de la demanda
14. La Universidad de Cundinamarca se opuso a las pretensiones de la
demanda y propuso las excepciones de caducidad, prescripción, falta de
cumplimiento de requisitos para la asignación de puntos por experiencia calificada
y por productividad académica, ilegalidad de la pretensión e ineptitud de la
demanda.
15. Señaló que en la demanda no se explicó en qué consistía el vicio de nulidad
que se le endilgaba a los actos demandado y que lo pretendido no era otra cosa
que la aplicación de normas expresamente derogadas.
16. Alegó que, de acuerdo con las normas vigentes a la fecha de reclamación,
entiéndase el Decreto 1279 de 2002 y el Acuerdo No. 2 de 2009, los puntos por
experiencia calificada no se asignan por el mero paso del tiempo, sino que están
supeditados a obtener una calificación como mínimo sobresaliente en la evaluación
7 Acuerdos Nos. 29 de 1997, 24 de 4 de julio de 2007 y 8 de 2009.
8 Acuerdo No. 1 de 2009.
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de desempeño del año anterior, aspecto que no fue demostrado en el proceso.
Sostuvo que los actos administrativos de reconocimiento de puntaje no fueron
recurridos ni demandados oportunamente y en ese orden, quedaron en firme.
17. Manifestó que, al ser los procesos de evaluación y autoevaluación
compartidos entre el docente, los estudiantes y la universidad, no puede trasladarse
la responsabilidad de su no realización exclusivamente a la entidad, pues ello
implicaría desconocer la prohibición de beneficiarse de la culpa propia.
18. Adujo que los documentos que pretendió hacer valer la demandante para
reclamar el puntaje por productividad académica no fueron publicados en una
revista con las características señaladas por el Decreto 1279 de 2002, por lo que su
pretensión sobre el particular no tiene vocación de prosperidad.
19. Indicó que, con la solicitud de 2013 la parte actora pretendió revivir términos
y en ese sentido, la demanda no fue oportunamente presentada de cara a las
resoluciones que resolvieron sobre los puntos salariales de 2003 (Resoluciones
Rectorales Nos. 165 de 18 de febrero de 2002 y 331 de 12 de noviembre de 2004).
Asimismo, manifestó que lo reclamado por la demandante había prescrito de 2012
hacia atrás.
Decisión de excepciones
20. El 16 de mayo de 2018, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró probada parcialmente la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda frente a las pretensiones hasta el 2004, toda vez
que los actos administrativos a través de los cuales se resolvió sobre la asignación
de puntos salariales por experiencia calificada de 2003 y 2004 no fueron
controvertidos ante la Administración ni demandados a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. Consideró igualmente que la oportunidad
para demandarlos se encontraba caducada9.
Sentencia apelada
21. Mediante sentencia de 30 de junio de 2023, la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda. Lo anterior, como quiera que se estableció que la señora Cuadrado
Paternina era beneficiaria del régimen salarial y prestacional del personal docente
vinculado a universidades estatales, igualmente que no se aportaron las
evaluaciones de desempeño de los periodos 2004 a 2014 siendo estas un requisito
necesario para el reconocimiento de los puntos salariales por experiencia calificada.
9 Mediante auto de 9 de marzo de 2020, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado estimó
que no se configuraron las excepciones de caducidad e inepta demanda porque (i) lo reclamado (aspectos
salariales) dada la permanencia y continuidad del vínculo laboral de la demandante y la Universidad de
Cundinamarca, tenía el carácter de prestación periódica pudiéndose presentar la demanda en cualquier tiempo;
y (ii) tratándose de prestaciones periódicas era válido que la demandante provocara un nuevo pronunciamiento
de la Administración sobre el particular y demandar este último, sin que ello exima al juez de estudiar la eventual
incidencia del fenómeno de la prescripción. Sin embargo, al ser la entidad demandada la apelante única, se
decidió por no desmejorar su situación y confirmar la decisión del tribunal.
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22. Sostuvo que de conformidad con el Acuerdo No. 29 de 1997 de la
Universidad de Cundinamarca, la docente tenía la carga de solicitar la realización
de aquellas evaluaciones, lo cual no quedó acreditado en el proceso.
23. En lo que respecta a los puntos por productividad académica adujo que no
se probó el cumplimiento de los requisitos que sobre el particular prevé el Decreto
1279 de 2002 y en consecuencia, no fue posible catalogar las producciones
académicas en las que participó la demandante como publicación impresa
universitaria ni como cualquier otra modalidad que asignara el puntaje pretendido,
dado que las mismas no fueron aportadas al proceso.
24. Finalmente, no condenó en costas a la parte demandante, pues no advirtió
que su conducta fuera de mala fe o de aquellas que involucra un abuso del derecho.
Recurso de apelación
25. La demandante solicitó que se revocara la decisión de primer grado y en su
lugar, se concedan las pretensiones de la demanda. Señaló que la sentencia de
primera instancia desconoció (i) que el sistema de puntos salariales es el
mecanismo legal establecido para determinar la remuneración mensual de los
docentes universitarios y (ii) el alcance que constitucional10 y convencionalmente11
se le ha dado concepto de salario.
26. Indicó que el tribunal dio una lectura errada del Acuerdo No. 29 de 1997
pues esta norma no se refiere a la evaluación de desempeño sino a aquella que se
debe realizar en el periodo de estabilidad según la calidad que ostente el docente
(auxiliar, asistente, asociado, titular).
27. Alegó que de conformidad con el Acuerdo No. 5 de 1998 y el Decreto 1444
de 1992, para la categoría de profesor titular12 se asignan 5 puntos de experiencia
calificada por cada año de carrera al servicio de la universidad. Además, que no
pueden trasladarse obligaciones del ente universitario a sus docentes, pues pese a
que estos últimos participan en el proceso de evaluación, es la universidad a través
de sus autoridades administrativas la que debe establecer los instrumentos de
evaluación, tramitar sus etapas y consolidar los resultados.
28. Manifestó que en el proceso quedó demostrado que la demandante
presentó varias solicitudes para que se le asignaran los respectivos puntos
salariales y se llevaran los trámites pertinentes para ello, las cuales no fueron
atendidas por la universidad.
29. Frente a la negativa de reconocer puntos por productividad académica,
adujo que el tribunal debió decretar las pruebas de oficio que estimara necesarias y
10 Artículo 53 de la Constitución Política y sentencia SU-519 de 1997 de la Corte Constitucional.
11 Artículos 1 y 12 del Convenio No. 95 de la OIT.
12 A la que pertenece la señora Cuadrado Paternina.
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en todo caso, los escritos presentados ante la universidad cumplieron los requisitos
de la norma, así como los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
30. Mediante auto de 29 de febrero de 2024, se admitió el recurso de apelación
contra la sentencia de 30 de junio de 2023.
31. La Universidad de Cundinamarca solicitó que se confirmara la decisión de
primera instancia y para ello insistió en los argumentos planteados en la
contestación de la demanda y sus alegatos de conclusión de primera instancia.
Agregó que la demandante no puede pretender que se aplique el Acuerdo No. 5 de
1998 bajo la presunta ilegalidad del Acuerdo No. 2 de 2009, pues este último superó
el respectivo control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo13, siendo
así una norma vigente y de obligatorio cumplimiento. Asimismo, al haber sido
derogado el Decreto 1444 de 1992 a través del Decreto 2912 de 2001 el
mencionado Acuerdo No. 5 de 1998 quedó sin fundamento jurídico y, en
consecuencia, no es procedente reconocer puntos salariales apoyándose en
disposiciones que ya no hacen parte del ordenamiento jurídico.
32. Finalmente, reiteró que habían trascurrido más de 4 meses entre la
demanda y los pronunciamientos iniciales de la universidad y las nuevas solicitudes
no pueden revivir los términos para demandar, así como toda reclamación que
tuviere más de 3 años de llegar a ser procedente debe ser analizada de cara a la
figura de la prescripción.
33. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
34. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala determinar si la demandante acreditó los requisitos
legales para el reconocimiento de puntos salariales por experiencia calificada y
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 22 de febrero de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2012-
01947-02 (1390-2014)
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productividad académica en los periodos reclamados. De ser afirmativa la respuesta
a este interrogante deberá estudiarse si operó o no el fenómeno de prescripción.
Análisis del problema jurídico
36. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 30 de junio de 2023
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, luego de corroborar que, en efecto, no se acreditaron las
evaluaciones de desempeño para los periodos reclamados, ni fueron aportados los
documentos invocados como producción académica.
37. Para resolver, se hace necesario hacer un breve recuento normativo sobre
el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades públicas,
concretamente, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de puntos salariales
por experiencia calificada y por productividad académica en la Universidad de
Cundinamarca.
38. El Decreto 1444 de 199214, expresamente señaló que la remuneración
mensual de los docentes tiempo completo15 de las universidades estatales se
establece sumando todos los puntos que a cada cual corresponda de acuerdo con
factores como estudios, escalafón, experiencia calificada, productividad académica
y actividades de dirección, multiplicado por el valor del punto. Frente a los puntos
salariales por experiencia calificada, estableció una tabla fija acorde a la categoría
del docente y determinó que el puntaje se reconocería anualmente, con base en la
evaluación del año inmediatamente anterior. Por su parte, en relación con la
productividad académica, determinó los puntajes dependiendo de ciertas categorías
que enlista la norma, entre ellas, «publicaciones impresas a nivel universitario de
carácter divulgativo o de sistematización del conocimiento que estén relacionadas
directamente con las políticas de desarrollo académico adoptadas por la respectiva
universidad»16.
39. Mediante Acuerdo No. 29 de 1997, el Consejo Superior de la Universidad
de Cundinamarca expidió el estatuto de profesores de la institución. En él17 se indicó
que la evaluación de desempeño es uno de los fundamentos del sistema de carrera
y hace parte del proceso integral, permanente y sistemático de evaluación docente,
el cual está coordinado por el respectivo consejo de facultad al que este adscrito el
empleado. Asimismo, señala que dicha evaluación se realizaría por solicitud del
docente o por decisión de la institución, así como la periodicidad de la misma.
40. Luego, la misma autoridad profirió el Acuerdo No. 5 de 199818 por medio del
cual se fijaron los criterios para asignar puntajes entre otros la productividad
académica y la experiencia calificada. En lo que respecta a la experiencia calificada
14 Aplicable a los docentes de universidades públicas del orden departamental, municipal y distrital, en virtud de
los Decretos 55 de 1994, 55 de 1995, 44 de 1996 y 66 de 1997.
15 Para los demás se calcularía de forma proporcional la dedicación.
16 Decreto 1444 de 1992, artículos 1, 4 y 5.
17 Acuerdo No. 29 de 1997, artículos 22, 60 y 62.
18 Acuerdo No. 5 de 1998, artículo 3, 7, 9, 10, 11 y 18.
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dispuso que para la evaluación de desempeño debía remitirse a lo previsto en el
estatuto de profesores. Sobre productividad académica, definió sus formas, entre
ellas, las publicaciones impresas a nivel universitario, sus modalidades y requisitos
para ser avaladas, así como los criterios de evaluación y procedimiento.
41. El Decreto 2912 de 200119 mantuvo la experiencia calificada y la
productividad académica como factores de puntaje y fijó nuevas tablas para la
asignación de puntos para cada uno. Asimismo, diferenció el puntaje (salarial) por
productividad académica de las bonificaciones por productividad académica, pues
estas últimas no tiene carácter salarial.
42. Por su parte, el Decreto 1279 de 200220 conservó la experiencia calificada
y la productividad académica como factores para la asignación de puntos salariales
de la remuneración inicial y su modificación. Sobre la asignación de puntaje por
experiencia calificada, indicó que estarían supeditada a la evaluación del
desempeño del año inmediatamente anterior. Frente a la productividad académica,
señaló sobre cuáles productos se podría reconocer puntaje. Finalmente, reprodujo
la diferenciación entre puntos salariales por productividad académica y
bonificaciones por productividad académica.
43. A través del Acuerdo No. 24 de 2007, el Consejo Superior de la Universidad
de Cundinamarca expidió un nuevo estatuto profesoral. En este se determinó que
la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es valorar el desempeño de
los profesores en todas sus funciones y se lleva a cabo anualmente por el decano
a partir de la reglamentación que haga el Consejo Académico de la institución21.
44. En virtud de lo anterior, dicha instancia académica dictó el Acuerdo No. 1
de 2009, por medio del cual se reglamentó el sistema de evaluación de desempeño
de los profesores de la universidad. Allí se determinó, entre otros, que (i) el proceso
de evaluación de desempeño es obligatorio para los evaluadores y el evaluado; (ii)
las evaluaciones semestrales se llevarían a cabo entre la semana 12 y 13 de cada
periodo académico; (iii) en dicha evaluación intervienen el director o coordinador del
programa, el docente y los estudiantes; y (iv) la conformación del portafolio de
evidencias es responsabilidad de los 2 primeros22.
45. Finalmente, el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca profirió
el Acuerdo No. 2 de 2009. En este se dispuso23 que (i) los docentes se remuneran
con el sistema de puntos salariales que toma en consideración, entre otros, la
experiencia calificada y la productividad académica; (ii) para el puntaje por
experiencia calificada se fijó una tabla que tomó en consideración la actividad de
investigación, la docencia universitaria, la dirección académica y experiencia disímil
de la docencia, así como el escalafón docente y se supeditó su asignación a la
19 Decreto 2912 de 2001, artículos 3, 6, 7 y 13.
20 Decreto 1279 de 2002, artículos 6, 9, 10, 12, 18, 19 y 24.
21 Acuerdo No. 24 de 2007, artículo 33.
22 Acuerdo No. 1 de 2009, artículos 9, 11, 12, 13, 14 y 16.
23 Acuerdo No. 2 de 2009, artículo 4, 13, 14, 15 a 23, 27, 38 y 40.
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calificación mínima de sobresaliente24 en la evaluación de desempeño; (iii) el
puntaje por producción académica atendería las modalidades, criterios y topes
previstos en el Decreto 1279 de 2002; y (iv) las bonificaciones por productividad
académica son reconocimientos monetarios no salariales que se conceden por una
sola vez a actividades o productos académicos específicos.
46. Aunado a lo anterior, se pone de presente que la vinculación de la señora
Cuadrado Paternina a la Universidad de Cundinamarca y la calidad de profesora
titular no están en discusión.
47. Bajo ese contexto y dados los reparos relacionados con la aplicación de la
ley en el tiempo, la Sala estima necesario determinar qué norma (reglamentos
internos) era aplicable para cada periodo reclamado.
48. En ese sentido, se evidencia que para aquellas reclamaciones sobre los
puntos salariales de 2003 a 2009 (año de expedición del Acuerdo No. 2 de 2009)
estaban vigentes los Acuerdos No. 29 de 1997 y 5 de 1998; mientras que, para lo
correspondiente al 2009 en adelante, la normativa vigente era los Acuerdos No. 1 y
2 de 2009. Aunado a ello, respecto del Acuerdo No. 24 de 2007 debe precisarse si
bien dicho acto fue expedido durante el primer periodo (2003-2009) lo cierto es que
en él se determinó que la evaluación docente se haría a partir de la reglamentación
que hiciera el Consejo Académico de la institución, la cual solo se produjo hasta
2009 (Acuerdo No. 1 de 2009).
49. Asimismo, es preciso señalar que con independencia del régimen interno
de la universidad que estuviere vigente, el reconocimiento de puntos salariales por
experiencia calificada nunca ha sido automático ni deriva del simple paso del
tiempo, pues ha estado supeditado al resultado de la evaluación de desempeño,
tanto en el Decreto 1444 de 1992 como en el Decreto 1279 de 2002. Sin embargo,
en el presente caso, la realización de las mismas no fue acreditada por la parte
demandante.
50. De acuerdo con las normas citadas, la responsabilidad sobre las
evaluaciones no recae exclusivamente en la universidad. El Acuerdo No. 29 de 1997
preveía que estas se hacían por solicitud del docente o decisión de la institución.
Luego, los Acuerdos Nos. 24 de 2007 y 1 de 2009 determinaron que se trataba de
un proceso de obligaciones compartidas debido a la intervención del director o
coordinador del programa, el docente (a través de las autoevaluaciones y su
obligación sobre el portafolio de evidencias) y los estudiantes de carácter obligatorio
tanto para el evaluado (entiéndase el docente) como para los evaluadores.
51. En ese orden, no resultan de recibo los argumentos relativos a que la
demandada trasladó su responsabilidad a la señora Cuadrado Paternina como una
carga que no estaba llamada a soportar, toda vez que el ordenamiento jurídico le
24 Acuerdo No. 1 de 2009, artículo 19.2.
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Demandante: Dora María Cuadrado Paternina
asignó como docente cargas puntuales frente al proceso de evaluación de
profesores, dándole así una participación activa en la misma.
52. En otras palabras, aunque la evaluación de desempeño es una función
institucional, el régimen interno aplicable también impone al docente cargas de
participación y gestión dentro del proceso evaluativo. En este caso, la demandante
no aportó dichas evaluaciones ni acreditó haber desplegado las gestiones
encaminadas a la realización de estas por parte de la demandante, no resulta
procedente el reconocimiento de los puntos salariales por experiencia calificada.
53. Ahora bien, sobre los puntos por producción académica, debe señalarse
que no todo documento académico o institucional elaborado por un docente da lugar
al reconocimiento de puntaje para efectos salariales. Para ello, debe encuadrarse
en una de las modalidades previstas en el régimen aplicable y cumplir las
condiciones formales y sustanciales exigidas para su reconocimiento.
54. No obstante, en el asunto bajo estudio, la Sala comparte las
consideraciones del tribunal, pues la demandante no aportó los escritos colectivos
que pretendía hacer valer para que le fuera modificado su puntaje salarial y sin la
acreditación de dichos productos, el juez carece de elementos para verificar su
naturaleza y adecuación a las categorías previstas en el régimen aplicable, así como
los criterios de evaluación que le era aplicable.
55. En el asunto bajo estudio, la parte no allegó dichas pruebas y tampoco
demostró estar en una situación que justificara invertir la carga probatoria sobre el
particular. Además, si bien es cierto en virtud de los artículos 213 del CPACA y 42
del CGP, a facultad judicial de decretar pruebas de oficio no releva a las partes de
su carga probatoria ni suple su inactividad.
56. En consecuencia, la ausencia de prueba de las evaluaciones de desempeño
como de los productos académicos impide tener por acreditados los supuestos
normativos para el reconocimiento del puntaje reclamado, lo que conduce a
confirmar la decisión apelada.
Condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
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creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
59. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
60. En consecuencia, se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 30 de junio de
2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la señora Dora María
Cuadrado Paternina, a favor de la Universidad de Cundinamarca. Para tal efecto,
las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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