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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01143-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01143-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 22 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, 15 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». 16 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020) Demandante: Isabel Andonoff Velosa en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Isabel Andonoff Velosa contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada y a favor de la demandante, las cuales se liquidarán por el a quo. Tercero: Reconocer personería adjetiva para actuar como apoderado judicial de la señora Isabel Andonoff Velosa, al abogado Gabriel Eduardo Herrera Vergara identificado con la cédula de ciudadanía n.° 19.327.031 y tarjeta profesional 83.521 del Consejo Superior de la Judicatura, esto para los fines y en los términos del poder que le fue conferido por parte la referida demandante, el cual se encuentra visible en el archivo en PDF remitido como mensaje de datos al correo electrónico de la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 3 de mayo de 2022, y registrado en el sistema de registro SAMAI bajo el índice 15. Cuarto: Reconocer personería adjetiva para actuar como apoderadas principal y sustituta respectivamente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a las abogadas Angélica Margoth Cohen Mendoza […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-01143-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

26 de mayo de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: ISABEL ANDONOFF VELOSA
Demandada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES1

Temas: Reliquidación pensión de jubilación. Pensionada
bajo los requisitos y monto del Acuerdo 049 de
1990 (Aprobado por el Decreto 758 del mismo
año). Aplicación de la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-105-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 22 de agosto de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Isabel Andonoff Velosa en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 78 a 80)

1. Declarar la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos: i)
Resolución GNR 115773 del 29 de mayo de 2013 mediante la cual la
entidad demandada reconoció a favor de la libelista una pensión de
jubilación conforme a los preceptos de las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, y ii) Resolución GNR 204482 del 6 de junio de 2014 a través de la
cual Colpensiones reliquidó aquella prestación en aplicación de la Ley 33

1 En adelante Colpensiones.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

de 1985 con una tasa de reemplazo equivalente al 75% del ingreso base
de liquidación.

2. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) GNR 402600
del 14 de noviembre de 2014 por medio de la cual la autoridad demandada
negó la solicitud de reliquidación pensional formulada por la señora
Andonoff Velosa; y ii) acto negativo presunto derivado de la configuración
del silencio administrativo ocurrido con ocasión de la ausencia de
respuesta al recurso de apelación presentado el 12 de diciembre de 2014
por la demandante contra la precitada decisión.

3. Como consecuencia de estas declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene a Colpensiones reliquidar y pagar a favor de la
libelista la pensión de jubilación reconocida en un monto equivalente al
90% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante las
últimas 100 semanas de servicio, en la forma señalada por los artículos 12
y 20 del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 del mismo
año), esto con inclusión de todos los factores prestacionales devengados
y previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. De manera
subsidiaria deprecó que se dé aplicación a la Ley 33 de 1985 con base en
los presupuestos referidos sobre el IBL.

4. Condenar a la entidad demandada a pagar de manera indexada la
diferencia existente entre el valor de las mesadas pensionales reliquidadas
y las reconocidas inicialmente desde la fecha del retiro oficial de la
demandante.

5. Conminar a la parte pasiva a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos señalados en el artículo 192 del CPACA, y pagar los intereses
moratorios sobre las sumas adeudadas, así como las costas y agencias en
derecho.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 80 a 91)

1. La demandante realizó cotizaciones para pensión por más de 31 años o
1.610 semanas, esto en razón de los tiempos laborados para los siguientes
empleadores:

«ENTIDAD DESDE HASTA TIEMPO
Departamento Administrativo de
23/07/1979 20/09/1982 3 años, 1 mes, 27 días
Planeación Social
Departamento Administrativo de
21/09/1982 16/07/1990 7 años, 9 meses, 25 días
Bienestar Social del Distrito
Secretaría Distrital de Hacienda 23/04/1991 03/06/1991 0 años, 1 mes, 10 días
Instituto Distrital de Cultura, Recreación
04/06/1991 01/10/1992 1 año, 3 meses, 27 días
y Deporte
Empresa de Telecomunicaciones de
02/10/1992 31/12/1993 1 año, 2 meses, 29 días
Bogotá
Contraloría de Bogotá D.C. 31/01/1994 10/01/1997 2 años, 11 meses, 21 días
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 13/03/1998 31/07/1998 0 años, 4 meses, 18 días
Isabel Andonoff Velosa 01/03/2000 31/03/2000 0 años, 1 mes, 0 días
Personería de Bogotá D.C. 20/10/1998 11/06/2013 14 años, 8 meses, 0 días
TOTAL 31 Años, 9 Meses, 7 Días»

2. La señora Andonoff Velosa nació el 29 de agosto de 1957 y su último cargo
desempeñado fue el de líder de programa 206-08 en la Personería Distrital
de Bogotá, el cual ocupó hasta el 8 de julio de 2013.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

3. Colpensiones reconoció pensión de jubilación a favor de la libelista por
medio de la Resolución GNR 115773 del 29 de mayo de 2013. En dicho
acto administrativo se planteó que la prestación otorgada se determinaba
conforme las previsiones de la Ley 100 de 1993, por lo que esta se calculó
en un 66,6% del promedio de salarios percibidos por aquella durante los
últimos 10 años de servicio. Posteriormente, la referida entidad profirió la
Resolución GNR 204482 del 6 de junio de 2014 en respuesta al recurso de
reposición formulado por la demandante contra el acto primigenio, según
la cual se reajustó la pensión en el sentido de dar aplicación a los preceptos
de la Ley 33 de 1985, por lo que se tuvo en cuenta en esta oportunidad un
75% del IBL para calcular el valor final del mentado derecho.

4. La libelista presentó petición ante la parte demandada el 6 de agosto de
2014 con el fin de que se reliquidara su prerrogativa de conformidad con el
Acuerdo 049 de 1990. Dicha autoridad resolvió la reclamación de manera
negativa a través de la Resolución GNR 402600 del 14 de noviembre de
2014 frente a la cual la señora Isabel Andonoff Velosa interpuso recurso de
apelación. Esta impugnación no había sido resuelta a la fecha de
interposición de la demanda (17 de febrero de 2015).

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 13 de febrero de 2019.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] Dentro del término para contestar la demanda la entidad pública se opuso a la
totalidad de las pretensiones, propuso como excepciones previas la falta de
jurisdicción y competencia y la falta de agotamiento de la vía gubernativa, las cuales
se declaran no probadas. […]» (Folio 200 y CD obrante a folio 1 bis del plenario).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

3 (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] el objeto de esta contención es determinar si la pensión de la demandante debe
o no, ser reliquidada teniendo en cuenta el promedio del 90% por ciento de las 100
últimas semanas cotizadas, según el Acuerdo No. 049 de 1.990 o en subsidio, que se
le aplique integralmente la Ley 33 de 1.985, esto es, incluyendo la totalidad de los
factores de salario devengados durante el último año de servicio, como lo ha
declarado la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 4 de agosto
de 2.010. […]» (Folios 200 y 203 y CD que reposa a folio 1 bis del expediente).

SENTENCIA APELADA
(Folios 202 a 213)

El a quo profirió sentencia escrita el 22 de agosto de 2019, por medio de la
cual accedió a las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

El tribunal de origen inicialmente resaltó que la Corte Constitucional en
sentencia SU-769 de 2014 expuso dos diferentes tesis respecto de la
aplicación del Acuerdo 049 de 1990. La primera de tipo restrictivo que imponía
la verificación de exclusividad en las cotizaciones, es decir, que únicamente
para efectos del reconocimiento de la pensión se podían tener en cuenta las
semanas cotizadas al extinto ISS, no así las realizadas a otros fondos o cajas
de previsión social.

Por otro lado, destacó que en dicha providencia se contempló una postura
amplia que habilita la acumulación de cotizaciones a diferentes entidades de
previsión, bajo el entendido de que de la lectura de la norma referida no se
advierte la exigencia literal de aportes únicos al ISS, y en todo caso, el régimen
de transición se circunscribe a tres aspectos como son la edad, el tiempo de
servicio y el monto de la pensión, ello sin incluir las reglas para el cómputo del
IBL, pues tal aspecto se somete a las previsiones del sistema general de
pensiones.

Indicó que la aludida corte en virtud del principio de favorabilidad laboral,
estimó que era necesario acoger la segunda tesis en comento, por lo que para
efectos del reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049
de 1990, en efecto es posible acumular las semanas de cotización aportadas
a diferentes cajas o fondos, tal como se verificó en el caso sub examine, en la
medida en que la libelista aportó un total de 1.562 semanas tanto al extinto
ISS (hoy Colpensiones), como a la Caja de Previsión Distrital (FONCEP) y a
algunos fondos privados.

Adicionalmente precisó que en el presente litigio debe darse aplicación a la
sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de
2018, ello en punto a la interpretación del monto previsto en la normativa
pensional aplicable a cada caso con motivo del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como en lo atinente a
los factores salariales computables para liquidar la prestación.

Al respecto aseguró que según la postura jurídica de la referida Alta Corte, en
el cálculo de las pensiones de jubilación solo deben incluirse aquellos
emolumentos sobre los cuales el servidor público haya realizado aportes al
sistema, esto con fundamento en el principio de solidaridad contenido en los

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

artículos 10 y 48 de la Constitución Política, el cual a su vez fue desarrollado
en el artículo 2.° de la Ley 100 de 1993.

Respecto de la situación particular de la señora Isabel Andonoff Velosa, afirmó
que aquella acreditó un total de 1.562 semanas cotizadas, por lo que de
conformidad con el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, a esta le corresponde
que su prestación sea reconocida en cuantía del 90% sobre lo cotizado
durante los últimos 10 años anteriores al retiro del servicio, efectiva a partir del
8 de julio de 2013, en el entendido de que no operó la prescripción de las
mesadas causadas, puesto que el reconocimiento pensional operó a partir del
1.° de junio de 2013 y la demandante reclamó el referido reajuste el 6 de
agosto de 2014 y radicó la demanda el día 17 de febrero de 2015.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que se resume en su parte resolutiva, así: i) declaró la nulidad de
los actos administrativos demandados; ii) a título de restablecimiento del
derecho condenó a Colpensiones a reliquidar y pagar a favor de la libelista la
pensión de jubilación en cuantía del 90% del IBL calculado sobre los factores
objeto de cotización durante los últimos 10 años de servicio, esto con
efectividad a partir del 8 de julio de 2013; iii) ordenó a la entidad demandada
abonar de forma actualizada los montos que resulten de la diferencia entre el
valor de la pensión pagada y la reajustada; y iv) negó las demás pretensiones.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 219 a 237)

La parte demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente para que en su lugar se denieguen las pretensiones
de la libelista.

Al respecto señaló que el monto de la pensión corresponde al porcentaje que
se debe aplicar al ingreso base de liquidación, el cual debe ser verificado en
la norma anterior a la Ley 100 de 1993 cuando el afiliado sea beneficiario del
régimen de transición como sucede con la demandante. Contrario a lo
expuesto, afirmó que el IBL propiamente dicho, es el promedio de lo cotizado
en el lapso que hiciera falta para adquirir el estatus jurídico si es menos de 10
años, o este propio número si faltara dicho término o incluso más. En este
sentido, sostuvo que la mentada transición contempla únicamente los
requisitos y el monto pensional, por lo que el IBL se rige por la referida ley.

Seguidamente indicó que esta postura fue desarrollada por la Corte
Constitucional en sentencia SU-230 de 2015 y posteriormente por la
providencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, las cuales
constituyen precedentes de obligatoria observancia, tal como lo prevé el propio
artículo 10 del CPACA, cuya exequibilidad en cuanto a la extensión y
unificación de la jurisprudencia fue condicionada a que se tuvieran en cuenta
de manera preferente los pronunciamientos de la mentada corporación, tal
como se previó en la Sentencia C-634 de 2011.

Añadió que se debe tener en cuenta el hecho de que de conformidad con la
Circular 01 de 2012 emitida por Colpensiones, para efectos de dar aplicación
al Acuerdo 049 de 1990 en virtud del régimen de transición, el reclamante debe
asegurarse de haber efectuado cotizaciones exclusivamente al extinto Instituto
de los Seguros Sociales.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

En tal sentido, sostuvo que para liquidar la mentada prestación con una tasa
de reemplazo del 90% como lo estimó el a quo, era necesario verificar los
montos mínimos y máximos fijados en la normativa en cita, ello con base en el
número de semanas cotizadas, que para la adquisición del porcentaje referido
anteriormente, exige un total de 1.250 semanas o más, las cuales además
deben haber sido reportadas exclusivamente al ISS y no a otras cajas, tal como
lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia,
puntualmente en la sentencia SL4031-2017 del 15 de marzo de 2017.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante (Índice 9 del registro en SAMAI): instó que se confirme
la decisión de primera instancia. Como fundamento de ello aseveró en suma
que, la Corte Constitucional en sentencia SU-057 de 2018 concluyó
válidamente que para efectos del reconocimiento de pensión de vejez bajo el
régimen de transición y particularmente conforme a las previsiones del
Acuerdo 049 de 1990, no solo es posible, sino que es un deber de las
administradoras de fondos de pensiones acumular los tiempos de servicios
que el trabajador haya efectivamente cotizado sin que resulte viable
consideración alguna respecto de si estas fueron realizadas al Instituto de
Seguros Sociales (hoy Colpensiones), o algún otro fondo bien sea público o
privado.

Por lo expuesto planteó que la libelista es beneficiaria del acuerdo en cita
(aprobado por el Decreto 758 de 1990), esto en el sentido de que el monto de
su prerrogativa debe ser del 90%, lo anterior en concordancia con lo expuesto
en los artículos 13, 33 y 36 de la Ley 100 de 1993, así como en los artículos
48 y 53 de la Constitución Política de Colombia y en el aludido antecedente
jurisprudencial.

Parte demandada (Índice 12 del registro en SAMAI): solicitó nuevamente
que se revoque el fallo apelado y para tal efecto destacó que en la actualidad
no es dable liquidar una pensión de vejez reconocida de conformidad con el
artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, en concordancia con el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y calculada con base en lo devengado durante el último año de
servicio como lo depreca la parte activa, pues lo propio ha sido desarrollado
jurisprudencialmente en las sentencias T-078 de 2014, SU-230 de 2015, T-
060 de 2016, SU-427 de 2016, SU-210/2017, SU 395 de 2017, SU 023 de
2018, SU-068 de 2018 y la T-109 de 2019 de la Corte Constitucional, así como
en la Sentencia del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, providencias
en las que se ha dejado claro que el modo de promediar la base de liquidación
no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen
de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de
cotización y excluye el IBL.

Según lo anterior sostuvo que es improcedente acceder a la reliquidación de
la pensión en los términos solicitados por la libelista, toda vez que la misma
fue concedida en atención al principio de favorabilidad y acorde con el
precedente judicial aplicable, el cual es de obligatorio cumplimiento y prima
sobre cualquier pronunciamiento que se encuentre en contravía de lo
determinado por la Corte Constitucional.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según la
constancia secretarial visible a folio 278 del plenario.
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CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso únicamente fue formulada por
la parte demandada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:

¿La señora Isabel Andonoff Velosa al ser beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de jubilación conforme a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990
(aprobado por el Decreto 758 de 1990), esto es, calculada sobre el 90% del
promedio de todos los factores salariales devengados por aquella durante las
últimas 100 semanas de cotización?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con la postura
recientemente unificada por Sala Plena del Consejo de Estado, la
demandante solo tiene derecho a la reliquidación deprecada en lo referente a
la verificación de requisitos y monto (tasa de reemplazo), aplicables con base
en la normativa invocada en el libelo, no así en lo que respecta a la
determinación del IBL frente al período y a los factores salariales a incluir en
su cómputo, porque al ser beneficiaria del régimen de transición, su pensión
de jubilación se debe ceñir a los parámetros de liquidación del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, tal como se explica a continuación:

 Sentencia de unificación – criterio de interpretación sobre el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para los beneficiarios del régimen
de transición y su aplicación para los casos sometidos al régimen
del Acuerdo 049 de 1990 (Aprobado por el Decreto 758 de 1990).

En primer lugar, antes de abordar el fondo del asunto, resulta necesario
advertir que en la presente instancia no existe discusión acerca de la condición
de la demandante como beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, lo anterior en la medida en que Colpensiones como único apelante
delimitó la competencia del ad quem, la cual en este caso se centra en verificar
la aplicación al asunto concreto de las reglas jurisprudenciales de la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado en
materia de liquidación de pensiones de jubilación.

Es decir, la entidad demandada en ningún momento formuló reparo
impugnativo sobre la observancia de los postulados del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 a la situación específica de la señora Andonoff Velosa,
tanto así que incluso en la Resolución GNR 204482 del 6 de junio de 2014
(visible de folios 31 a 38) reconoció lo propio expresamente al haber
reliquidado la prestación de aquella con fundamento en la Ley 33 de 1985 en
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

punto a los requisitos para consolidar el derecho y en relación con el monto de
la tasa de reemplazo tenida en cuenta.

Por lo expuesto, la Subsección destaca que en esta oportunidad no será
necesario realizar algún análisis sobre la acreditación de las condiciones de la
libelista para acceder a los beneficios de la transición en comento, al punto de
tener que limitarse el estudio en concreto a determinar si en efecto es del caso
observar los postulados del Acuerdo 049 de 1990 y cuál sería la forma de
calcular la prerrogativa en litigio.

Aclarado lo anterior y en lo que respecta al asunto sub examine, se recuerda
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 20184 en la que fijó las
reglas y subreglas respecto al Ingreso Base de Liquidación para computar la
pensión de jubilación de quienes gozan del régimen de transición.

En efecto, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos
en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables. […]», supuesto que se advierte propio para el
presente litigio, puesto que este aún se encuentra vigente en vía judicial.

Al respecto debe añadirse que, el lineamiento jurisprudencial actual tiene
carácter preponderante en clave de precedente de obligatoria observancia.
Ello se afirma, toda vez que aquel analiza la situación de reliquidación
pensional de los empleados públicos de manera general, coherente y
cohesionada con los pronunciamientos de la Corte Constitucional a diferencia
de la providencia del 4 de agosto de 2010, al punto de definir los asuntos en
litigio y pendientes de resolución efectiva bajo la égida de la seguridad jurídica.
Lo referido justifica entonces la aplicación preferente del primer proveído en
comento, habida cuenta de que impide la contrariedad de pronunciamientos
emitidos por los distintos órganos de cierre.

Ahora, sobre el fondo de la controversia es necesario recordar que la sentencia
en comento fijó como regla de unificación general la siguiente: «El Ingreso
Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985». (Negrita del texto
original).

Pues bien, se aclara que si bien en la precitada providencia la Sala Plena hizo
alusión a los parámetros de aplicación del régimen pensional previsto por la
Ley 33 de 1985, no es menos cierto que dicho marco normativo no era el único
reglamentado para los servidores públicos o trabajadores oficiales que fueran
beneficiarios de la transición. Sobre el punto debe tenerse en cuenta que antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, también se encontraban
contempladas la Ley 71 de 1988 y particularmente para quienes realizaron
aportes y se encontraban afiliados al extinto ISS, el Acuerdo 049 de 1990
(aprobado por el Decreto 758 del mismo año), normas que fueron previstas
para quienes acumularan tiempo de servicio al sector oficial y al sector privado.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.

Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

Puntualmente en lo que respecta a la aplicación del referido acuerdo para
eventos como el descrito, resulta imperioso acudir a la sentencia SU 769 del
16 de octubre de 20145 proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Si bien con antelación se asumía una posición de exclusividad en cuanto a los
aportes al ISS a fin de que la norma en comento fuera aplicable a determinado
afiliado, lo cierto es que en la aludida providencia se aclaró que la acreditación
de requisitos sobre semanas cotizadas, sí permitía la acumulación de tiempos
de servicios indistintamente a la caja de previsión a la cual se hubiese cotizado
y a la naturaleza del empleador bien sea como entidad del Estado o sociedad
comercial privada. Frente al particular, señaló lo siguiente:

«Bajo esta interpretación, para obtener la pensión de vejez en virtud del artículo
12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de servicios tanto
del sector público cotizados a cajas o fondos de previsión social, como del
sector privado cotizados al Instituto de Seguros Sociales. Esto, por cuanto
dicha disposición no exige que las cotizaciones hayan sido efectuadas
exclusivamente al seguro social y porque la aplicación del régimen de transición
solamente se limita a los tres ítems previamente señalados, donde no se
encuentra aquel referente al cómputo de las semanas, requisito que debe ser
determinado según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. […]

Específicamente sobre el régimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990, la
aplicación de este principio implica que, la entidad o autoridad responsable
deberá acumular los tiempos cotizados a entidades públicas para contabilizar
las semanas requeridas, atendiendo dos razones: (i) la falta de aplicación de
las normas previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 harían nugatorios
los beneficios que se derivan del régimen de transición y, en consecuencia, del
régimen anterior al cual se encuentra afiliado el peticionario; y (ii) el artículo 12
del mencionado acuerdo no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de
manera exclusiva al Instituto de Seguros Sociales.»

De este modo, se estima que en el caso sub examine, tal como lo depreca la
parte activa, sí resultaba viable analizar la configuración de su situación
jurídica pensional a la luz del Acuerdo 049 de 1990.

Ello por cuanto al verificar las certificaciones de información laboral expedidas
por los diferentes empleadores de la demandante (folios 6 a 12), al igual que
la relación de tiempos de servicio efectuada por la entidad demandada en la
Resolución GNR 115773 del 29 de mayo de 2013 (Folios 29 a 33), por medio
de la cual se reconoció la pensión de jubilación a favor de aquella, se avizora
que esta realizó cotizaciones tanto al ISS como a otras cajas de previsión de
la siguiente forma:

Entidad de
Entidad Semanas previsión
Inicio Fin
Empleadora cotizadas donde se
cotizó
Secretaría Distrital
23/07/1979 20/09/1982 163
de Planeación
Caja de
Secretaría Distrital
Previsión
de Integración 21/09/1982 16/07/1990 402
Distrital
Social
(Foncep)
Secretaría Distrital
23/04/1991 03/06/1991 6
de Hacienda

5 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU 769 del 16 de octubre de 2014. Expediente: T-4128630.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

Empresa de
Telecomunicaciones 20/10/1992 13/01/1994 63 No reporta
de Bogotá
Contraloría Distrital
31/01/1994 10/01/1997 152
de Bogotá
Instituto de
ISS
Desarrollo Urbano 13/03/1998 31/07/1998 20
(IDU)
20/10/1998 28/02/1999 18
01/03/1999 31/01/2000 47 Porvenir
Personería de
01/02/2000 31/07/2000 26 Colpatria
Bogotá
01/08/2000 31/12/2000 22 Santander
01/01/2001 07/07/2013 644 ISS
TOTAL SEMANAS 1.562

Como se observa, es válido asentir en la aplicación en concreto del régimen
del Acuerdo 049 de 1990, ello en razón de la acumulación de tiempos de
servicio cotizados por la libelista a diferentes entidades de previsión, incluido
el extinto Instituto de Seguros Sociales, tal como lo permite la normativa en
comento y su interpretación constitucional según lo transcrito ut supra.

Al margen de lo expuesto, en todo caso será necesario efectuar un estudio
del cumplimiento de requisitos y demás presupuestos en el presente caso
para asentir sobre la procedencia de la pretensión reliquidatoria basada en las
previsiones aludidas.

Sin perjuicio del referido contexto, la Subsección resalta que, de cualquier
forma, pese al análisis que se efectúe sobre la acreditación de las exigencias
propias del Acuerdo 049 de 1990 tal como se adujo previamente, lo atinente
a la forma de calcular el IBL no estaría regulado por dicha norma y por lo tanto
deberá someterse a la regla de unificación de la sentencia del 28 de agosto
de 2018.

Sobre el particular es preciso indicar que la falta de pronunciamiento expreso
en la providencia en mención acerca de la aplicación del acuerdo en cita, no
implica que este no pueda integrarse con los postulados jurisprudenciales
formulados de manera general y con efectos vinculantes en lo que se refiere
a su obligatoria observancia.

En este aspecto se destaca que el marco de definición jurídica del fallo en
comento, contempla postulados de aplicación común y general para los
asuntos relacionados con beneficiarios del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de manera que se hace imperiosa su
verificación cada vez que se advierta la consolidación de tal supuesto fáctico
y jurídico.

Debe tenerse en cuenta entonces que la afirmación planteada, lo que conlleva
es el planteamiento de un ejercicio hermenéutico sistemático y teleológico que
concite tanto el marco normativo que consagra un régimen pensional, como
los lineamientos jurisprudenciales existentes sobre la materia, especialmente
en lo que tiene que ver con la manera de calcular la prestación.

En este orden de ideas, lo que se procura es articular de manera coherente
posturas jurídicas que permitan resolver en derecho el problema jurídico
planteado.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

El presupuesto interpretativo en comento ya ha sido utilizado por esta
Subsección, precisamente para resolver, verbigracia, procesos de
reliquidación pensional con base en la Ley 71 de 1988, pero con sujeción de
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 que desarrollaba
fundamentos sobre la base de la Ley 33 de 19856.

Lo propio podría asegurarse para solventar este tipo de casos en los que el
sustento normativo es el Acuerdo 049 de 1990 y su decreto aprobatorio 758
del mismo año.

Conforme a lo expuesto hasta este punto, se procede a aplicar a la situación
jurídica de la demandante las reglas de unificación relativas al IBL pensional,
aunque con la aclaración de que ello se hace sobre la base de la verificación
de requisitos y monto consagrados en el acuerdo pluricitado:

REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL ACUERDO 049 DE 1990 (APROBADO DECRETO 758 DE 1990)
«Artículo 12. Requisitos de la pensión por Edad: Cumplió 55 años el 29 de agosto de 2012, Acreditó los
vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez pues nació el 29 de agosto de 19577. requisitos de la
las personas que reúnan los siguientes Semanas de cotización: la demandante laboró en pensión de
requisitos: los siguientes tiempos y realizó aportes por las jubilación prevista
siguientes semanas: en el Acuerdo 049
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es de 1990
varón o cincuenta y cinco (55) o más años de (aprobado por el
edad, si se es mujer y, Decreto 758 de
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de 1990), pues
cotización pagadas durante los últimos veinte demostró tener
(20) años anteriores al cumplimiento de las más de 55 años
edades mínimas, o haber acreditado un de edad y haber
número de un mil (1.000) semanas de cotizado más de
cotización, sufragadas en cualquier tiempo.» 1.000 semanas
acumuladas con
afiliación y
aportes parciales
al extinto ISS y a
otras cajas de
previsión8.
PERÍODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Se aplica la regla de unificación de la Consolidación del estatus pensional: 29 de La pensión de
sentencia del 28 de agosto de 2018: agosto de 2012 por edad (las 1.000 semanas de jubilación se debe
cotización las consolidó alrededor del año 2002) liquidar con el

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencias del 27 de agosto de 2020 (Rad.: 25000-23-42-000-2015-01757-01 (2315-2018)) y del 30 de
enero de 2020 (Rad.: 08001233300020140119901 (2751-2017)). En estas providencias se planteó que:
«[…] Por otro lado, es pertinente aclarar que si bien en la precitada sentencia de unificación la Sala Plena hizo alusión
a los parámetros de aplicación del régimen pensional previsto por la Ley 33 de 1985, no es menos cierto que dicho
régimen no era el único reglamentado para los servidores públicos o trabajadores oficiales que fueran beneficiarios
de la transición, pues antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, también se encontraban contempladas,
verbi gracia, los postulados consagrados en la Ley 71 de 1988, los cuales fueron previstos por el legislador para
quienes acumularon tiempo de servicio al sector oficial y al sector privado, y en ese sentido, precisó que tenían
derecho a la pensión quienes acreditaran 20 años de aportes en cualquier tiempo y acumulados en una o varias
entidades de previsión social, siempre que cumplieran 60 años en el caso de los hombres y 55 años si son mujeres.
Aunado a ello, se tiene que el Decreto 2709 de 1994, reglamentario del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, indicó en su
artículo 6.º que: «[…] El salario base para la liquidación de las pensiones por aportes, será el salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios. […]». En consecuencia, la Subsección considera
que las reglas de unificación también deben aplicarse a los beneficiarios de la pensión por aportes que a su vez están
inmersos en el régimen transición […]» (Líneas de la Sala).
7 Ver registro civil de nacimiento obrante a folio 5 del plenario.
8 Conforme a las certificaciones de información laboral emitidas por los diferentes empleadores visibles

de folios 6 a 12 del expediente.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

«[…] 94. La primera subregla es que para los Tiempo que faltaba para consolidarlo a la promedio de los
servidores públicos que se pensionen entrada en vigencia de la Ley 100: más de 10 años salarios o rentas
conforme a las condiciones de la Ley 33 de (del 30 de junio de 199510 al 29 de agosto de 2012) sobre los cuales
19859, el periodo para liquidar la pensión es: cotizó la afiliada
 Si faltare menos de diez (10) años durante los diez
para adquirir el derecho a la pensión, el (10) años
ingreso base de liquidación será (i) el anteriores al
promedio de lo devengado en el tiempo que reconocimiento de
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado la pensión,
durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizados
actualizado anualmente con base en la anualmente con
variación del Índice de Precios al consumidor, base en la
según certificación que expida el DANE. variación del índice
 Si faltare más de diez (10) años, el de precios al
ingreso base de liquidación será el promedio consumidor, según
de los salarios o rentas sobre los cuales ha certificación que
cotizado el afiliado durante los diez (10) años expida el DANE.
anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. […]»
FACTORES SALARIALES A INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Se aplica la regla de unificación de la Factores devengados y Los factores a incluir en el IBL son
sentencia del 28 de agosto de 2018: cotizados11 asignación básica exclusivamente aquellos sobre los
mensual, gastos de cuales se hubiesen realizado
«[…] 96. La segunda subregla es que los representación, prima técnica, descuentos para aportes a pensión,
factores salariales que se deben incluir en el bonificación de servicios, prima de particularmente: la asignación básica
IBL para la pensión de vejez de los antigüedad, prima de vacaciones, mensual, los gastos de
servidores públicos beneficiarios de la bonificación recreación, prima representación, la prima técnica, la
transición son únicamente aquellos sobre semestral y prima de navidad. prima de antigüedad y la bonificación
los que se hayan efectuado los aportes o por servicios.
cotizaciones al Sistema de Pensiones. […]»

Factores Decreto 1158 de 1994: a)
asignación básica mensual, b) gastos de
representación, c) prima técnica, cuando
sea factor de salario, d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación
cuando sean factor de salario, e)
remuneración por trabajo dominical o
festivo, f) remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado
en jornada nocturna, g) bonificación por
servicios prestados
MONTO O TASA DE REEMPLAZO APLICABLE
Se aplican las previsiones del artículo 20 del Tasa de reemplazo: Conforme a la Debido a que la demandante acreditó
Acuerdo 049 de 1990: tabla reseñada en la norma en cita, 1.562 semanas de cotización, el
de 1.250 semanas o más monto aplicable para su pensión es
«Artículo 20. Integración de las pensiones de cotizadas, el porcentaje a aplicar del 90%
invalidez por riesgo común y de vejez. Las para determinar la pensión
pensiones de invalidez por riesgo común y por corresponde al 90% del IBL.
vejez, se integrarán así: […]

II. Pensión de Vejez:

a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y
cinco por ciento (45%) del salario mensual de
base y,

9 Entiéndase como Acuerdo 049 de 1990.
10 Se tiene en cuenta que la libelista se encontraba vinculada en calidad de empleada pública del orden

territorial para la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, de suerte que la data en la que entró en
vigencia para su caso es desde el 30 de junio de 1995.
11 Conforme a la certificación de valores devengados por la señora Andonoff Velosa en la Personería de

Bogotá (folio 13).

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b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento
(3%) del mismo salario mensual de base por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el
asegurado tuviere acreditadas con posterioridad
a las primeras quinientas (500) semanas de
cotización. El valor total de la pensión no podrá
superar el 90% del salario mensual de base ni ser
inferior al salario mínimo legal mensual ni
superior a quince veces este mismo salario.

Parágrafo 1° El salario mensual de base se
obtiene multiplicando por el factor 4.33, la
centésima parte de la suma de los salarios
semanales sobre los cuales cotizó el trabajador
en las últimas cien (100) semanas. El factor 4.33
resulta de dividir el número de semanas de un
año por el número de meses.

Parágrafo 2° La integración de la pensión de
vejez o de invalidez de que trata este artículo, se
sujetará a la siguiente tabla:

PORCENTAJE DE PENSION SOBRE SALARIO
MENSUAL DE BASE

Número de semanas: Número de semanas
cotizadas.

% Inv. P. Total: Porcentaje Invalidez Permanente
Total.

% Inv. P. Absoluta: Porcentaje Invalidez
Permanente Absoluta.

% Gran Inv.: Porcentaje Gran Invalidez.»

En suma, la pensión de jubilación de la señora Isabel Andonoff Velosa bajo el
régimen de transición, debía ceñirse a los postulados del Acuerdo 049 de 1990
en cuanto a requisitos de edad y tiempo cotizado, así como en lo referente a
la tasa de reemplazo aplicable para determinar la cuantía de la prestación. No
obstante, el período de liquidación y los factores a incluir para calcular el IBL,
tiene que someterse a lo previsto en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.

En el caso sub lite se observa que Colpensiones reconoció la pensión de
jubilación de la libelista mediante Resolución GNR 115773 del 29 de mayo de
2013 (visible de folios 14 a 18), en la cual indicó: «[…] Que la asegurada cumple
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con los requisitos para acceder a la pensión de vejez de conformidad con lo señalado
por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797
de 2003. Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la
liquidación de la prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:

IBL: 9,378,029 x 66.60 = $6,245,767 […]».

Ahora, la demandante interpuso recurso de reposición contra el referido acto
administrativo el 17 de junio de 2013, ello con el fin de solicitar que su pensión
fuera reconocida con base en los postulados propios del Acuerdo 049 de 1990
y no de la Ley 100 de 1993, toda vez que era beneficiaria del régimen de
transición de dicha norma (folios 21 a 30). Sobre el punto la entidad
demandada emitió pronunciamiento a través de la Resolución GNR 204482
del 6 de junio de 2014 (folios 31 a 38), en la que precisó lo siguiente:

«[…] Que la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones
y Beneficios, mediante Circular 01 de 2012, establecieron que para el cálculo del
ingreso base de liquidación de las personas beneficiarlas del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se aplicarán las siguientes reglas:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas que les faltare
menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, será el promedio de
lo devengado o cotizado entre el tiempo que le hiciere falta desde la entrada en
vigencia del. Sistema General del Pensiones y la fecha de adquisición del derecho a
la pensión, o el de todo el tiempo si este fuere superior.

Para los que les faltare más de 10 años, el ingreso base de liquidación será calculado
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993; es decir,
el promedio de lo devengado o cotizado durante los últimos 10 años o el de toda la
vida laboral si tuviera 1250 o más semanas, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor (IPC), según certificación que expida el
DANE.

Que para obtener el ingreso base de liquidación de la presente prestación, se toman
los factores salariales establecidos en el artículo 19 del decreto 1158 del 3 de junio
de 1994, de conformidad con lo establecido por la Circular 01 de 2012, anteriormente
mencionada.

[…] Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación
de la prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:

IBL: 9,399,998 x 75.00 = $7,049,999

[…] Respecto a su expectativa de que su pensión le fuera reconocida en los términos
del Decreto 758 de 1990, es pertinente precisar que de conformidad con lo
establecido en el artículo 12 del Decreto 758 del 11 de abril de 1990, "Tendrán
derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a)
Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización
pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las
edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de
cotización, sufragadas en cualquier tiempo".

[…] Bajo las anteriores condiciones, si bien la asegurada cumple con los requisitos
de edad y tiempos de servicios, la pensión que esta norma permite, es menos
favorable en el sentido económico, pues las reglas para calcular la tasa de reemplazo
se establecen así:

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

Que la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y
Beneficios, mediante Circular 01 de 2012, establecieron que para el cálculo del
ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se aplicarán las siguientes reglas:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas que les faltare
menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, será el promedio de
lo devengado o cotizado entre el tiempo que le hiciere falta desde la entrada en
vigencia del Sistema General del Pensiones y la fecha de adquisición del derecho a
la pensión, o el de todo el tiempo si este fuere superior.

[…] Conforme a lo anterior la liquidación de la pensión conforme al Decreto 758 de
1990, solo se calcularía sobre la base de las semanas efectivamente cotizadas al
Instituto de Seguros Sociales, situación que para el caso concreto iría en detrimento
de los intereses del pensionado dado que solo se tendrían en cuenta una base de
857 semanas de cotización, que como se pudo observar solo le reconocería un 66%
del IBL. […]». (Cursiva del texto original).

Conforme con lo expuesto, la Sala advierte que Colpensiones reconoció la
pensión de jubilación de la señora Andonoff Velosa en un principio con base
en la Ley 100 de 1993, y posteriormente, al encontrar que aquella era
beneficiaria del régimen de transición de dicha norma, calculó esta prestación
bajo los preceptos de la Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad, tiempo de
servicios y monto, pero de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
en punto a la determinación del IBL aplicable. De este modo, la prestación fue
concedida en un 75% del promedio de salarios devengados por la
demandante sobre los cuales se efectuaron cotizaciones conforme al Decreto
1158 de 1994, esto durante los últimos 10 años de servicio.

Adicionalmente, la autoridad demandada manifestó que resultaba
improcedente la observancia del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo
049 del mismo año, toda vez que al no verificarse cotizaciones exclusivas a la
entidad, sino a diferentes cajas de previsión, solo podían tenerse en cuenta
857 semanas que generaban como monto de la pensión un 66%, el cual
resultaría desfavorable a los intereses de la libelista.

Pues bien, tal como se aseguró al comienzo de las consideraciones, el
elemento de la exclusividad aducido por la parte pasiva para denegar la
observancia del Acuerdo 049 de 1990, no halla sustento jurídico para su
estimación en el caso sub examine. Aquello se fundamenta en que, en virtud
del principio de favorabilidad, los montos de dicha norma resultaban ser más
beneficiosos para quienes eran afiliados al ISS o habían efectuado aportes a
tal entidad como la reclamante. Lo anterior en la medida en que
constitucionalmente era inviable desestimar dicha regulación por el solo hecho
de existir aportes variados a diferentes cajas de previsión, pues estos podían
acumularse para efectos del reconocimiento pensional más garantista.

La postura jurídica aludida se desarrolló en la sentencia SU 769 del 16 de
octubre de 2014 proferida por la Corte Constitucional. No obstante lo anterior,
la Sección Segunda del Consejo de Estado también ha asumido lo propio
mediante su jurisprudencia, tal como se advierte en sendas sentencias del 7
de noviembre de 201912, en las que se anunció que:

12Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencias del 7 de noviembre de 2019. Radicados: 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17) y
25000-23-42-000-2015-03699-01(3798-17).

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

«[…] Por otra parte, como se dejó anotado en precedencia, el Decreto 758 de
1990, en su artículo 1°, establece su ámbito de aplicación para los trabajadores
del sector privado, los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros
Sociales (ISS), «Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser
compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros
Sociales o asumidas totalmente por él», los trabajadores independientes, los
sacerdotes diocesanos, miembros de las comunidades religiosas y los
servidores de entidades oficiales que al 17 de julio de 1977 se encontraban
registradas como empleadores ante el ISS.

De lo anterior se infiere, prima facie, que tal Decreto no era aplicable a los
empleados públicos, al poseer un régimen pensional propio contenido en las
Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 (en caso de acumulación con tiempos privados
o cotizados al ISS), máxime cuando la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia ha estimado que el Decreto 758 de 1990 solo prevé la
posibilidad de computar tiempos cotizados exclusivamente al ISS, pero no
públicos con privados o a otras cajas, como sí lo preceptúan las Leyes 71 de
1988 y 100 de 1993.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado que su «[…] jurisprudencia
[…] establece la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o
fondos de previsión social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector
público y debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de
Seguros Sociales, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez bajo
el régimen del Acuerdo 049 de 1990. Tal posibilidad opera tanto para acreditar
las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento
de la edad como las 1000 semanas de tiempo cotizadas en cualquier tiempo.
Adicionalmente, las solicitudes de reconocimiento pensional que se realicen
con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 deben resolverse computando los
tiempos cotizados tanto en el sector público como en el privado, con
indiferencia de si la fecha de causación o adquisición del derecho a la pensión
de vejez operó con anterioridad a la fecha de la Sentencia SU-769 de 2014»,
con la que unificó su criterio al respecto; interpretación que a todas luces resulta
más favorable para los pensionados, como el accionante, quien solo alcanzó
568 semanas a la edad de 60 años, pues resulta claro que el régimen previsto
en el Decreto 758 de 1990 es más generoso que el consagrado en las Leyes
33 de 1985 y 71 de 1988, puesto que establece tasas de reemplazo más altas,
según las semanas de cotización.”» (Negrilla del texto original).

Bajo el referido contexto, en efecto las decisiones administrativas
cuestionadas adolecen de nulidad al no haber dado aplicación al Acuerdo 049
de 1990 en el caso de la parte activa. La interpretación sobre la necesidad de
acreditar exclusividad en los aportes a fin de conceder la pensión de jubilación,
resulta inadecuada en tanto se aparta de los lineamientos jurisprudenciales
que han clarificado el ámbito de cobertura de la norma ejusdem.

Ahora bien, de acuerdo a lo precisado con anterioridad, la observancia del
precepto en mención se justifica pero solo en lo relativo a la verificación de
requisitos como la edad y el tiempo de servicio cotizado, al igual que la tasa
de reemplazo aplicable, no así frente al período y factores computables para
calcular el IBL sobre el cual se reconocerá la prestación. Esto se asevera en
la medida en que de conformidad con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, los beneficiarios del régimen de transición se someten a las
previsiones regulatorias anteriores a la Ley 100 de 1993, con excepción de lo
previsto en el artículo 36, inciso 3.° ibídem.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

Por lo expuesto, efectivamente como lo consideró el a quo en el fallo
impugnado y según el lineamiento que esta misma Subsección ha
desarrollado en sentencia del 23 de abril de 202013, la pensión de jubilación
en casos como el de la demandante que acredita más de 1.250 semanas
cotizadas con independencia del sector del que se hayan derivado, o de las
cajas de previsión a las cuales se hubiesen efectuado los aportes, pero que
en todo caso se verifiquen en parte realizadas al extinto ISS en vigencia del
Acuerdo 049 de 1990 por aplicación del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, debe liquidarse en un 90% del promedio de factores salariales
devengados, sobre los cuales se realizaron aportes en atención al listado
previsto en el Decreto 1158 de 1994, ello durante los últimos 10 años
anteriores a la consolidación del estatus jurídico respectivo o del retiro
definitivo del servicio.

En conclusión: es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación de
la demandante en cuanto a la verificación de los requisitos de edad y tiempo
de servicio cotizado, y puntualmente respecto a la aplicación del monto
aplicable al IBL según el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758
del mismo año). Empero, es necesario tener en cuenta que el período y
factores salariales computables, deben calcularse conforme a las previsiones
del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, porque según la sentencia de unificación de la Sala Plena del
Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, que es aplicable por
interpretación analógica y teleológica a casos como el presente, la prestación
en litigio debía determinarse con base en el 90% del promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales la libelista cotizó durante los 10 años anteriores al
retiro definitivo del servicio, esto es, con el cómputo de la asignación básica
mensual, los gastos de representación, la prima técnica, la prima de
antigüedad y la doceava parte de la bonificación por servicios prestados como
únicos factores remunerativos devengados y sobre los cuales se realizaron
aportes.

Por lo tanto, se desvirtuó parcialmente la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados, tal como lo estimó el a quo.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
el 22 de agosto de 2019, ello en la medida en que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y habida cuenta de que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por la entidad demandada.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201614, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 23 de abril de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018).
14 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP15, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público16.

Por tanto, bajo este hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en
costas a la entidad demandada y a favor de la demandante, en la medida que
conforme el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, la primera resultó vencida
en segunda instancia al confirmarse en su totalidad la sentencia recurrida, y
además la parte activa intervino en esta oportunidad al presentar escrito de
alegatos de conclusión obrante en el índice 9 del registro en SAMAI, tal como
se indica en la constancia secretarial visible a folio 278 del plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 22 de agosto de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,

15 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
16 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01143-01 (0333-2020)
Demandante: Isabel Andonoff Velosa

en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió la señora Isabel Andonoff Velosa
contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada y
a favor de la demandante, las cuales se liquidarán por el a quo.

Tercero: Reconocer personería adjetiva para actuar como apoderado judicial
de la señora Isabel Andonoff Velosa, al abogado Gabriel Eduardo Herrera
Vergara identificado con la cédula de ciudadanía n.° 19.327.031 y tarjeta
profesional 83.521 del Consejo Superior de la Judicatura, esto para los fines y
en los términos del poder que le fue conferido por parte la referida
demandante, el cual se encuentra visible en el archivo en PDF remitido como
mensaje de datos al correo electrónico de la Secretaría de la Sección Segunda
del Consejo de Estado el 3 de mayo de 2022, y registrado en el sistema de
registro SAMAI bajo el índice 15.

Cuarto: Reconocer personería adjetiva para actuar como apoderadas
principal y sustituta respectivamente de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), a las abogadas Angélica Margoth Cohen Mendoza
identificada con la cédula de ciudadanía n.° 32.709.957 y tarjeta profesional
102.786 del Consejo Superior de la Judicatura, y Diana Marcela Manzano
Bojorge identificada con la cédula de ciudadanía n.° 1.130.598.216 y tarjeta
profesional 232.810 del Consejo Superior de la Judicatura; lo anterior para los
fines y en los términos de los poderes que les fueron conferidos por parte la
referida entidad demandada, los cuales se encuentran visibles en el archivo
en PDF remitido como mensaje de datos al correo electrónico de la Secretaría
de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 16 de mayo de 2022, y
registrado en el sistema de registro SAMAI bajo el índice 17.

Quinto: Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de registro
SAMAI, y una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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