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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01443-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01443-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Avocar conocimiento del presente asunto, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR el literal i) y ACLARAR el literal ii) del numeral segundo de la sentencia impugnada, el cual quedará así: «SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a Colpensiones, por conducto del gerente nacional o quien haga sus veces, a: i) reliquidar y pagar en favor del señor José Ignacio Cárdenas Montilla, la pensión de vejez por aportes en un monto equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los últimos diez (10) años de servicios de los factores salariales sobre los que cotizó el afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, que se encuentren enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y demás normas especiales, esto es sueldo, bonificación por gestión judicial, bonificación por compensación, y prima especial de servicios, con efectividad a partir del 11 de febrero de 2013. ii) indexar la primera mesada pensional, con fundamento en la variación de índices de precios al consumidor (IPC) señalados por el DANE, desde el 9 de septiembre de 2012 hasta el 11 de febrero de 2013. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2015-01443-01(6251-2018) Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de la sentencia del 19 de enero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO. SIN CONDENA en costas en esta instancia, según las consideraciones expresadas en este fallo. QUINTO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en esta providencia se decide el fondo del asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-01443-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de septiembre de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01443-01(6251-2018)
Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01443-01 (6251-2018)
Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-
Temas: Reliquidación pensional Ley 71 de 1988.
Decisión: Modifica y aclara numeral segundo frente al restablecimiento,
y confirma en lo demás. Sin condena en costas.

I. ASUNTO

1. Mediante auto del 13 de marzo de 20251, proferido por la conjuez de la
Sección Segunda Nubia González Cerón, se ordenó remitir el expediente de la
referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en razón a lo
dispuesto en el artículo 116 del CPACA2, el cual señala que cuando se modifica
la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces

2. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto3, se decide el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia del 19 de enero
de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección
Segunda, Subsección B4, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada
por el señor José Ignacio Cárdenas Montilla en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.

II. ANTECEDENTES
La demanda5.

1 Índice 64 de SAMAI.
2 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […]

Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la
integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de
aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de
estos […]» [Se resalta].
3 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta la inclusión de los factores de prima
especial de servicios, bonificación por compensación o de gestión judicial.
4 Magistrado ponente José Rodrigo Romero Romero.
5 Folios 43-60 del expediente físico.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01443-01(6251-2018)
Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla

3. El señor José Ignacio Cárdenas Montilla, por intermedio de apoderada judicial
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de las
Resoluciones GNR 187145 de 19 de julio de 2013, GNR 196523 de 30 de mayo
de 2014 y VPB 19187 de 30 de octubre de 2014, mediante las cuales la
Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante COLPENSIONES, le
reconoció una pensión de vejez por aportes, resolvió la solicitud de reliquidación
pensional y el recurso de apelación, respectivamente.

4. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó se condene a la entidad demandada a reliquidar la pensión de vejez
conforme los artículos 7 de la Ley 71 de 1988, 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994,
esto es, con el promedio de lo devengado en el último año de servicio, teniendo
en cuenta para el efecto, todos aquellos factores salariales que percibió durante
este tiempo, tales como, asignación básica, bonificación por gestión judicial (la
recibió desde el 2 de diciembre de 2011 al 27 de enero de 2012), prima especial
de servicios, bonificación por compensación (la percibió desde el 28 de enero al
9 de septiembre de 2012) y prima de vacaciones.

5. Igualmente, solicitó la indexación de su primera mesada pensional, en
consideración a que dejó de laborar desde el 9 de septiembre de 2012 y el estatus
pensional lo adquirió el 11 de febrero de 2013.

Hechos.

6. El señor José Ignacio Cárdenas Montilla nació el 11 de febrero de 1953, y
prestó sus servicios en las siguientes entidades:

-En la Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca, del 11
de diciembre de 1974 al 11 de enero de 1978, y del 8 de mayo de 1978 al
14 de marzo de 1983 como jefe de pases.

• En la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Cundinamarca
del 15 de marzo de 1983 al 30 de mayo de 1983, en el cargo de inspector
de carreteras.

-En la empresa Editorial de Cundinamarca, del 10 de agosto de 1992 al 31
de enero de 1996, como secretario general.

-En la Secretaría de Ambiente del Departamento de Cundinamarca, del 6
de noviembre de 1996 al 30 de noviembre de 1997, como subsecretario.

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Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla

-En la Gerencia de Desarrollo Económico del Departamento de
Cundinamarca, del 1 de diciembre de 1997 al 12 de abril de 1998, en el
cargo de director de oficina.

-En la Corporación Universidad Libre del 1 de julio de 2000 al 13 de agosto
de 2012.

-En la Rama Judicial desde el 2 de diciembre de 2011 hasta el 9 de
septiembre de 2012, como director de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia.

7. El actor solicitó el reconocimiento de pensión de vejez6, conforme a la Ley 71
de 1988, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el último año de
servicios, comprendido entre el 10 de septiembre de 2011 y el 9 de septiembre
de 2012.

8. Su petición fue resuelta por COLPENSIONES a través de la Resolución GNR
187145 del 19 de julio de 2013, mediante la cual reconoció la pensión de vejez
por aportes, efectiva a partir del 1 de agosto de 2013, atendiendo a lo establecido
en la Ley 71 de 1988 en cuanto a tiempo y edad, pero el ingreso base de
liquidación lo calculó conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

9. Posteriormente, pidió el reajuste de la pensión7, para que fuera liquidada con
base en el promedio de lo percibido durante el último año de servicios, incluyendo
la totalidad de los factores salariales devengados. Asimismo, que la prestación
fuera reconocida con efectos a partir del 11 de febrero de 2013.

10. Mediante Resolución GNR 196523 de 30 de mayo de 2014, se dispuso a
reliquidar la pensión de vejez, a partir del 11 de febrero de 2013 y negó las demás
solicitudes. Dicha decisión fue confirmada en sede de apelación, a través de la
Resolución VPB 19187 de 30 de octubre de 2014.

Normas violadas y concepto de la violación.

11. Como normas vulneradas citó los artículos 1, 2, 13, 29, 48, 53 y 58 de la
Constitución Política; Ley 71 de 1988 y artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994.

12. En el concepto de violación la parte demandante sostuvo que la entidad
demandada debió liquidar la pensión con el 75% de lo devengado en el último
año de servicios, y no con fundamento en lo establecido en el inciso 3 del artículo

6 En los hechos de la demanda no se refiere la fecha de la petición.
7 En los hechos el demandante relaciona que fue mediante recurso de reposición y apelación en contra de

la Resolución GNR 187145 del 19 de julio de 2013, que solicitó el reajuste de la pensión. No obstante, la
entidad lo tomó como una nueva petición.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01443-01(6251-2018)
Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla

36 de la Ley 100 de 1993, ya que no puede tomar una parte de la norma anterior
y aplicar aspectos relacionados con la nueva legislación, pues quebranta la
esencia del régimen de transición y el principio de inescindibilidad de la ley
laboral.

13. Así mismo, indicó que se deben incluir todos los factores devengados durante
el último año de servicios, teniendo en cuenta que constituye salario todas las
sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como contraprestación
por sus servicios.

14. Finalmente, señaló que procede la indexación de la primera mesada
pensional, pues el actor se retiró del servicio en septiembre de 2012 y el estatus
de pensionado lo adquirió el 11 de febrero de 2013, por lo que el ingreso base de
liquidación sufrió una pérdida adquisitiva con el transcurso del tiempo.

Contestación de la demanda8

15. La entidad demandada se opuso a las súplicas de la demanda al considerar
que conforme a la SU 230 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, no es
viable acceder a las pretensiones del demandante, toda vez que el ingreso base
de liquidación no forma parte del régimen de transición, ya que el legislador solo
contempló la edad, tiempo y monto.

16. Así mismo, consideró que los factores a incluir en la liquidación de la pensión
son aquellos contemplados en el Decreto 1158 de 1994.

17. Propuso las excepciones de: «cobro de lo no debido», «prescripción»,
«buena fe», «compensación» y genérica.

La sentencia apelada9.

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 19 de
enero de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda.

19. Consideró que el actor se encuentra cobijado por el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1 de abril de 1994
contaba con 41 años, por lo que su pensión debe ser reconocida de conformidad
con lo previsto en la Ley 71 de 1988, aplicando dicha norma en su integridad.
Además, señaló que el salario base para la liquidación de la pensión, es el
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.

8 Folios 77-86 del expediente físico.
9 Folios 143-157 del expediente físico.

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Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla

20. Además, indicó que el hecho de que la administración no haya descontado
los aportes correspondientes sobre algunos factores no impide su reconocimiento
para efectos pensionales, pues ellos pueden ser deducidos por la entidad cuando
se haga el reconocimiento prestacional, por lo que consideró que se deben incluir
los factores de: sueldo básico, bonificación por gestión judicial, prima especial de
servicios, bonificación por compensación y prima de vacaciones, percibidos en el
año inmediatamente anterior a la fecha de retiro del servicio, esto es, del 2 de
diciembre de 2011 al 9 de septiembre de 2012, efectiva a partir del 11 de febrero
de 2013.

21. Además, señaló que no operó el fenómeno de la prescripción, pues entre la
solicitud de reliquidación (5 de junio de 2014- interpuso recurso de reposición
contra la Resolución de reconocimiento pensional) y la presentación de la
demanda (3 de marzo de 2015) no pasaron más de tres años.

22. Igualmente, ordenó la indexación de la primera mesada con fundamento en
el IPC10, desde el 2012 hasta el 11 de febrero de 2013.

23. Como consecuencia de lo anterior declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho ordenó a
COLPENSIONES «(i) […] reliquidar la pensión […], con efectividad a partir del 11 de
agosto de 2013, de tal manera que su monto sea igual al 75% del promedio mensual de
los siguientes factores devengados en el último año de servicio: sueldo básico,
bonificación por gestión judicial, prima especial de servicios, bonificación por
compensación y prima de vacaciones […]. Se autoriza a la demandada realizar los
descuentos que por aportes a pensión se deban hacer sobre los nuevos factores que se
ordena incluir. (ii) Se ordenará la indexación de la primera mesada, con fundamento en
[…] (IPC) […], desde 2012 hasta el 11 de febrero de 2013 […]».

Recurso de apelación11

24. La demandada presentó escrito de disenso en el que solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y denegar las pretensiones de la demanda.

25. Señaló que ninguno de los apartes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
establece que, para determinar el monto de la pensión, deba conservarse la
forma de cálculo del ingreso base de liquidación prevista en el régimen pensional
anterior, pues los únicos elementos amparados por la transición contemplada en
el precepto en mención son la edad, el tiempo de servicios y el monto. Agregó
que, cuando el derecho pensional se adquiere bajo la vigencia de dicha ley, la
prestación debe liquidarse con fundamento en los factores salariales
efectivamente devengados y previstos en el Decreto 1158 de 1994.

10
Índice de precios al consumidor.
11 Folios 165-170 del expediente físico.

5
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Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla

26. Agregó, que conforme al artículo 2 de la Ley 100 de 1993 determina que para
cuantificar el ingreso base de liquidación se tomará el promedio de lo devengado
y sobre el cual hubiere cotizado el afiliado, durante los 10 años que anteceden al
reconocimiento de la pensión, los cuales se actualizan a la fecha de la pensión y
se promedian, siendo improcedente la orden de indexación, cuando ya se ha
garantizado en los actos administrativos demandados de reconocimiento la
actualización de la mesada, conforme a las reglas de liquidación contempladas
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Alegatos de segunda instancia

27. Mediante auto del 26 de marzo de 201912 se admitió el recurso de apelación,
y en providencia del 21 de mayo de 201913 se corrió traslado para presentar
alegatos de conclusión a las partes.

28. La parte demandada14: reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
alzada.

29. Las demás partes guardaron silencio.

30. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES
Competencia

31. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia,
según con lo dispuesto en el artículo 15015 de la Ley 1437 de 2011.

32. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante.

Problema jurídico

33. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,

12 Folio 196 del expediente físico.
13 Folio 202 del expediente físico.
14 Folios 207-210 del expediente físico.
15 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla

le corresponde a la Sala establecer si el señor José Ignacio Cárdenas Montilla
tiene derecho a que se reajuste su pensión de vejez en aplicación integral a la
Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta lo devengado en el último año de servicios,
esto es, asignación básica, bonificación por gestión judicial, prima especial de
servicios, bonificación por compensación y prima de vacaciones, o si por el
contrario el ingreso base de liquidación se debe calcular con el promedio de los
últimos 10 años y con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

34. Así mismo, si procede la indexación de la primera mesada pensional.

35. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. reconocimiento pensional de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y criterio jurisprudencial; y 2. caso en concreto.

Postura unificada frente al reconocimiento pensional de los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

36. En sentencia de unificación de 28 de agosto de 201816, la Sala Plena de la
Corporación unificó su criterio sobre el IBL de las pensiones reconocidas bajo el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas
referentes (i) al periodo que se debe tener en cuenta para liquidar el IBL de las
mismas y (ii) los factores salariales que se deben observar para esos efectos.

37. Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho
prestacional, el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de
la pensión, de lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL será (i) el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.
38. De igual forma, precisó que los factores salariales a considerar son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones y que se encuentren consagrados expresamente en la
Ley.

39. En cuanto a las subreglas se tiene:

40. La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de
1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.

Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro.
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• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

41. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en
el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones».

42. Acorde con lo expuesto, el IBL para las personas que se encuentran en el
régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se
pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

43. Debe indicarse que, el parágrafo transitorio 4.° del artículo 1.° del Acto
Legislativo 01 de 2005 dispone que el régimen de transición establecido en la
Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá
extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que
estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o
su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del acto legislativo
(25 de julio de 2005), a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año
2014.

44. Finalmente, es de indicar que de conformidad con el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ha de considerarse como
referente normativo aplicable a quienes se encuentren amparados por el mismo,
no sólo la Ley 33 de 1985, reguladora del régimen pensional general para el
sector público, para quienes reclamen la pensión jubilatoria como empleados de
dicho sector, sino también la Ley 71 de 198817, que consagró la pensión de
jubilación por acumulación de aportes, la cual, concede la posibilidad de
computar el tiempo servido en el sector público y en el privado.

17 Ley 71 de 1988 «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla

45. Esta Ley fue reglamentada en principio por el Decreto 1160 de 1989 y
después por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, que en su artículo 1°,
determinó que la pensión a la que la mencionada Ley 71 de 1988 se refería, es
la pensión de jubilación por aportes y a la misma tenían derecho «[…] quienes al
cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer,
acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos
o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público».

46. Dicha norma en sus artículos 6 y 8 estableció el salario base para la
liquidación de la pensión y el monto; empero el primero de los mencionados fue
derogado por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997; sin embargo, esa
determinación fue anulada por esta Sección a través de sentencia del 15 de mayo
de 201418.

47. Es destacar que, frente a los términos para su liquidación, esta Subsección19,
ha señalado que el IBL de las personas beneficiarias de la transición consagrada
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique Ley 71 de 1988,
será el determinado por la regla y subreglas dispuestas en la sentencia de
unificación referida del 28 de agosto de 2018.

Caso concreto.

48. Conforme a las pruebas allegadas al proceso se encuentra que según copia
de la cédula de ciudadanía,20 el actor nació el 11 de febrero de 1953.

49. De acuerdo con las certificaciones laborales obrantes en el proceso21 se
tiene que el señor José Ignacio Cárdenas Montilla registró los siguientes periodos
de vinculación y cotización:

Departamento de Cundinamarca- con cotizaciones a pensión realizadas a
Caprecundi22:

• Secretaría de Gobierno del 11 de diciembre de 1974 al 11 de enero de
1978, y del 8 de mayo de 1978 al 14 de marzo de 1983 como jefe de pases.

18 Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Expediente 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-

2011).
19 Sección Segunda. Subsección “A”. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 2 de mayo de

2019. Radicación: 250002342000201503216 01 (2240-17. Actor: Olga Polanco Patiño. Demandado:
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.
20 Folio 2 del expediente físico.
21 Folios 8-11 del expediente físico.
22 Fondo de pensiones de Cundinamarca.

9
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Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla

• Secretaría de Obras Públicas del 15 de marzo de 1983 al 30 de mayo de
1983, en el cargo de inspector de carreteras.

• Empresa Editorial -EDICUNDI, del 10 de agosto de 1992 al 31 de enero
de 1996, como secretario general.

• Secretaría de Ambiente, del 6 de noviembre de 1996 al 30 de noviembre
de 1997, como subsecretario.

-Gerencia de Desarrollo Económico, del 1 de diciembre de 1997 al 12 de
abril de 1998, en el cargo de director de oficina.

Corporación Universidad Libre del 1 de julio de 2000 al 13 de agosto de
2012, con cotizaciones a pensión al ISS23.

Rama Judicial desde el 2 de diciembre de 2011 hasta el 9 de septiembre
de 2012, como director de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección
Ejecutiva de Administración de Justicia, con cotizaciones a pensión al ISS.
Durante dicho periodo, se encuentra probado que devengó los factores de
asignación básica, bonificación por gestión judicial (del 2 de diciembre de
2011 al 27 de enero de 2012), prima especial de servicios, bonificación por
compensación (del 28 de enero al 9 de septiembre de 2012) y prima de
vacaciones.

50. La parte actora presentó solicitud de reconocimiento de pensión ante
COLPENSIONES el 26 de abril de 201324, la cual fue resuelta mediante la
Resolución GNR 187145 del 19 de julio de 201325. A través de dicho acto
administrativo, la entidad demandada reconoció al actor la pensión de vejez con
fundamento en la Ley 71 de 198826, al acreditar 20 años de servicio y 60 años,
consolidando su estatus pensional el 11 de febrero de 2013. La prestación fue
liquidada en una cuantía equivalente al 75 % del ingreso base de liquidación,
calculado con el promedio de lo devengado durante los últimos diez años de
servicios y teniendo en cuenta los factores salariales previstos en el Decreto 1158
de 1994. Asimismo, se dispuso que el disfrute de la pensión tendría lugar a partir
del 1.º de agosto de 2013.

51. El demandante solicitó el reajuste de su pensión, el 28 de octubre de 201327,
teniendo en cuenta para calcular el IBL el último año de servicios y con todos los

23
Instituto de Seguros Sociales.
24
Folios 24-28 del expediente físico.
25 Folios 13-15 del expediente físico.
26
Por encontrarse amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y lo contemplado en el
Acto Legislativo 1 de 2005- situación que no es objeto de controversia.
27
Folios 29-35 del expediente físico.
10
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Demandante: José Ignacio Cárdenas Montilla

factores salariales devengados en dicho periodo. Asimismo, pidió que la pensión
se reconociera a partir del 11 de febrero de 2013.

52. Mediante la Resolución GNR 196523 de 30 de mayo de 201428 la entidad
demandada reliquidó la pensión de vejez, a partir del 11 de febrero de 2013, en
cuantía del $3.512.669, teniendo en cuenta la Ley 71 de 1988, y con el promedio
de lo devengado en el último año de servicios, y con los factores enlistados en el
Decreto 1158 de 1994. El anterior acto administrativo fue confirmado mediante la
Resolución VPB 19187 de 30 de octubre de 201429, que resolvió el recurso de
apelación.

Análisis de la Sala.

53. En el caso objeto de estudio no existe controversia alguna respecto a si el
demandante es beneficiario del régimen de transición contemplado en el inciso
2° del artículo 36 de la Ley 100 de 199330, comoquiera que, a la entrada en vigor
de dicha norma, esto es, el 1 de abril de 1994, contaba con 41 años de edad31,
asunto que no fue el objeto de debate dentro del proceso.

54. En ese orden, la discusión planteada en el presente asunto estriba en
determinar cómo debe calcularse el IBL de la mesada pensional, puesto que de
una parte el demandante alega que debe hacerse con fundamento en la Ley 71
de 1988 reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, esto es con el 75% de todos
los emolumentos devengados en el último año de servicios, y de otra parte la
entidad alega que el cálculo del IBL debe hacerse con fundamento en la Ley 100
de 1993, toda vez que este aspecto no fue objeto de transición.

55. Ahora bien, en atención a la postura adoptada por esta Corporación en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 respecto al IBL, al señor José
Ignacio Cárdenas Montilla no le asiste derecho a la reliquidación de su pensión
en los términos invocados en la demanda, dado que, el régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 le permite conservar las
prerrogativas del régimen anterior, en cuanto la edad para consolidar el derecho
pensional32; el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas33 y el

28
Folios 17-19 del expediente físico.
29 Folios 21- 23 del expediente físico.
30 «[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas,

y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres,
o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. […]». Además, cumplió
con los requisitos dispuestos en el acto legislativo 01 de 2005.
31 Así se desprende del contenido de la cedula de ciudadanía vista a folio 2 del expediente
32 60 años.
33 20 años.

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monto34, pero en lo que atañe al IBL deberá aplicarse la primera subregla, que
establece que, el periodo para liquidar la pensión cuando faltare más de diez (10)
años para adquirir el derecho a la pensión, será el promedio de lo devengado
durante los 10 años anteriores al reconocimiento.

56. La Sala advierte que Colpensiones para efectos del reconocimiento y
reliquidación de la mesada pensional, tomó los requisitos exigidos en la Ley 71
de 1988 en cuanto a edad, tiempo de servicio y monto de la mesada; no obstante
el IBL lo calculó con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la
inclusión de los emolumentos determinados en el Decreto 1158 de 1994, tal como
lo orienta la sentencia de unificación, tesis que es acogida por esta Sala para el
análisis del alcance del régimen de transición.

57. Ahora bien, el Tribunal de instancia aplicó por favorabilidad, que para calcular
el IBL de la pensión debía realizarse con fundamento en el Decreto 2709 de 1994
reglamentario de la Ley 71 de 1988; sin embargo, conforme a la sentencia de
unificación antes referida, se fijó una regla de interpretación clara, según la cual
el IBL no fue un tema sometido a transición, razón por la cual se debe computar
con fundamento en la Ley 100 de 1993, que para el caso del demandante
corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó en los
10 años anteriores al reconocimiento de la pensión. En consecuencia, le asiste
razón al apelante frente a dicho aspecto.

58. En torno a los factores que deben considerarse para efectos de liquidar la
mesada pensional, la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 precisó
que serían los enlistados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, a saber:
asignación básica; gastos de representación; prima técnica (cuando sea factor
de salario); prima de antigüedad; ascensorial de capacitación (cuando sean factor
de salario); la remuneración por trabajo dominical y festivo; la remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y la
bonificación por servicios prestados.

59. Ahora bien, se encuentra probado que el actor percibió asignación básica,
bonificación por gestión judicial (del 2 de diciembre de 2011 al 27 de enero de
2012), prima especial de servicios, bonificación por compensación (del 28 de
enero al 9 de septiembre de 2012) y prima de vacaciones.

60. Se encuentra acreditado en el expediente que, de los factores salariales
previstos en el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994, el demandante únicamente
percibió la asignación básica, la cual fue tenida en cuenta para la liquidación de
su pensión. En consecuencia, no resulta procedente incluir la prima de
vacaciones en el ingreso base de liquidación, por cuanto dicho emolumento no

34 Correspondiente al 75 %.

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hace parte de los factores expresamente contemplados en la citada disposición,
por lo que en ese sentido le asiste razón a la entidad apelante.

61. No obstante, en cuanto a los demás factores se advierte que conforme a la
Sentencia SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 2020, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-
2017), se determinó que:

«Además, en lo que hace referencia a los factores salariales que se deben incluir
en ese ingreso base de liquidación para la pensión de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público beneficiarios de la
transición, hay que decir que son únicamente aquellos sobre los que hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, y que
correspondan a los fijados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual
que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332
de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del
Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de
2013, normativa que se encuentra vigente».

62. En consecuencia, el actor al haber sido funcionario de la Rama Judicial en
su último año de servicio, y el IBL de su pensión calcularse con el promedio de
los últimos 10 años, procede la inclusión de la bonificación por compensación35
y la bonificación por gestión judicial36, pues por mandato expreso de los Decretos
610 de 1998, 4040 de 2004 (cuando estuvo vigente) y el actual 1102 de 2012,
constituyen factor salarial como parte del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones. Ahora, vale la pena señalar que si bien dichas
bonificaciones son excluyentes, se advierte que fueron devengadas en periodos
distintos, por lo que es dable su inclusión frente a los periodos en que cada una
fue percibida.

63. De igual forma, se debe incluir la prima especial de servicios en la base de
liquidación de la prestación, habida cuenta de que el artículo 1437 de la Ley 4 de

35 El Decreto 610 de 1998 y en su artículo 1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 80% de

lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes. Dicho decreto fue derogado por el
Decreto 2668 de 1999, el cual fue posteriormente anulado por esta Corporación en sentencia del 25 de
septiembre de 2001, recobrando la vigencia el Decreto de 1998.
36 El Decreto 4040 de 2004 creó una bonificación de gestión judicial, que sumada a la asignación básica y
demás ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los
magistrados de las Altas Cortes. Así mismo previo que solo podrían acceder a esta quienes hubieren
adelantado acciones judiciales y desistieran de las demandas, o hubiere efectuado reclamación y firmaran
contratos de transacción. Además, estableció su incompatibilidad con la bonificación por compensación.
Esta Corporación mediante la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2011 declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004, dejando únicamente vigente el Decreto 610 de 1998, el cual fue posteriormente modificado
por el Decreto 1102 de 2012 que creó la bonificación por compensación de carácter permanente en un 80%
de lo que devenga por todo concepto un magistrado de Alta Corte.
37
ARTÍCULO 14. La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4a. de 1992, para
los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción
allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de jubilación aún se
encuentren vinculados al servicio, harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación
de la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley.
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1992 le atribuye expresamente el carácter de factor salarial para efectos
pensionales. Por tal razón, este concepto debe ser considerado al efectuar el
reajuste solicitado por el demandante.

64. Conforme a lo expuesto, le asiste razón de manera parcial a la entidad
apelante. En consecuencia, se modificará el literal i) del numeral segundo de la
sentencia impugnada, en el sentido de ordenar la reliquidación de la pensión de
vejez por aportes, calculando el ingreso base de liquidación con el promedio de
los últimos diez (10) años de servicios de los factores salariales sobre los que
cotizó el afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, entre los
cuales se acreditó salario, bonificación por gestión judicial38, bonificación por
compensación39 y prima especial de servicios, de acuerdo con las
consideraciones precedentes.

65. Por otro lado, frente a la indexación de la primera mesada pensional, la
demandada señala que no procede la misma, ya que aduce que ha garantizado
en los actos administrativos demandados la actualización de la mesada,
conforme a las reglas de liquidación contempladas en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993.

66. Al respecto, se advierte que la indexación de la primera mesada pensional es
la actualización monetaria del valor reconocido con el propósito de preservar su
poder adquisitivo frente a la depreciación ocurrida entre la fecha de retiro y la de
reconocimiento de la pensión, pues media un lapso durante el cual el trabajador
no percibe ingresos, lo que conlleva una pérdida real del poder adquisitivo del
salario base de liquidación.

67. Este mecanismo de corrección monetaria (indexación de la primera mesada)
es disímil del reajuste que alude la entidad, ya que el artículo 2140 de la Ley 100
de 1993, se refiere al cálculo del IBL con el promedio de lo que ha cotizado el
afiliado durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento pensional, lo
cuales son actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, certificado por el DANE.

68. Relacionado con lo anterior, esta Corporación ha indicado lo siguiente:

38 Percibida del 2 de diciembre de 2011 al 27 de enero de 2012, es decir dentro del periodo de los últimos

10 años de servicio.
39 Devengada del 28 de enero al 9 de septiembre de 2012, es decir, dentro del periodo de los últimos 10
años de servicio.
40 ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las

pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere
inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
14
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“5.12. Así las cosas, resulta importante no confundir, como lo hace la tutelante,
la situación fáctica en virtud de la cual es necesario indexar la primera mesada
pensional, como lo han indicado tanto la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, con aquella circunstancia en la que el acto administrativo que declara
la reliquidación pensional es posterior a la adquisición del correspondiente
estatus.

5.13. En efecto, en el primero de los casos se trata de aquellas circunstancias
en las que el funcionario se retira del servicio, sin que hubiera completado los
requisitos pensionales y posteriormente, ante el lleno de los mismos, solicita
el reconocimiento pensional que se hace efectivo únicamente en ese
momento, lo que amerita que la primera mesada pensional sea indexada, para
evitar la pérdida de poder adquisitivo del salario que devengaba al momento
del retiro del servicio.

5.14. Por otro lado, estamos frente al caso en el cual el retiro del servicio se
da posteriormente a que se cumpla con el estatus pensional, situación que por
ende no requiere que la primera mesada sea indexada, independientemente
de que el acto administrativo sea posterior, pues en dicha circunstancia se
ordenarán los reajustes correspondientes, como en efecto se dispuso en el
acto administrativo que ordenó la reliquidación.”41

69. En consecuencia, en aplicación a los principios de equidad y justicia, en el
presente caso procede la indexación de la primera mesada, en razón a que el
demandante se retiró del servicio antes de adquirir el estatus pensional, como
acertadamente lo determinó el a quo, por lo que no le asiste razón a la entidad
demandada en dicho aspecto. No obstante, se aclarará la orden dada en el literal
ii) del numeral segundo para precisar los extremos en que procede dicha
actualización, esto es, desde el 9 de septiembre de 2012 (fecha de retiro) hasta
el 11 de febrero de 2013 (fecha de estatus), ya que el a quo lo había ordenado
desde el 2012.

70. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) modificar el numeral
segundo de la sentencia impugnada con el fin de adecuar el restablecimiento del
derecho en los términos indicados, y ii) confirmar en lo demás la sentencia
apelada.

3.5. De la condena en costas en segunda instancia

71. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia 4 de abril de

2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-04130-01. CP. Rocío Araújo Oñate.
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72. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

73. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

74. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que la petición del recurso de apelación está siendo concedido de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en esta instancia.

75. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. Avocar conocimiento del presente asunto, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR el literal i) y ACLARAR el literal ii) del numeral segundo
de la sentencia impugnada, el cual quedará así:

«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a
Colpensiones, por conducto del gerente nacional o quien haga sus veces, a: i)
reliquidar y pagar en favor del señor José Ignacio Cárdenas Montilla, la pensión
de vejez por aportes en un monto equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del promedio de los últimos diez (10) años de servicios de los factores salariales
sobre los que cotizó el afiliado al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, que se encuentren enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y demás
normas especiales, esto es sueldo, bonificación por gestión judicial, bonificación
por compensación, y prima especial de servicios, con efectividad a partir del 11
de febrero de 2013. ii) indexar la primera mesada pensional, con fundamento en
la variación de índices de precios al consumidor (IPC) señalados por el DANE,
desde el 9 de septiembre de 2012 hasta el 11 de febrero de 2013.

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TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de la sentencia del 19 de
enero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero
por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO. SIN CONDENA en costas en esta instancia, según las
consideraciones expresadas en este fallo.

QUINTO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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