Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01582-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Nombramiento de supernumerarios: procedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01582-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-01582-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
26 de abril de 2018
NOMBRAMIENTO DE SUPERNUMERARIOS – Procedencia
Se concluye que se puede acudir a la figura del supernumerario en dos eventos: uno, para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, y dos, para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio. En el Decreto 1042 de 1978, además, se restringió el término para acudir a esta forma de vinculación a tres (3) meses, salvo autorización especial del Gobierno cuando quiera que la actividad transitoria así lo exigiera. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, rad.: 1940-13.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1042 DE 1978 – ARTÍCULO 83
SUPERNUMERARIOS EN LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – Procedencia
El personal supernumerario es aquel que se vincula con el fin de suplir o atender necesidades del servicio, para apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando, para el ejercicio de actividades transitorias y para adscribir personal a concursos abiertos bajo la modalidad de concurso-curso. Dicho personal ostenta el derecho a percibir prestaciones sociales por el tiempo de labores y puede ser desvinculado en cualquier momento por el nominador. Este tipo de relación, además, permite hacer prácticos los principios de eficacia y celeridad administrativa, impidiendo la paralización del servicio.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1647 DE 1991 – ARTÍCULO 14 / DECRETO 1648 DE 1991 – ARTÍCULO 14 / DECRETO 1693 DE 1997 – ARTÍCULO 154 / DECRETO 1072 DE 1999 – ARTÍCULO 22
FUERO DE MATERNIDAD PARA EL PERSONAL SUPERNUMERARIO / RETIRO DEL SERVICIO DE MUJER GESTANTE SUPERNUMERARIA POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO VÍNCULO LABORAL – Procedencia
Para determinar si una mujer en estado de embarazo en su calidad de supernumeraria no puede ser desvinculada en virtud del derecho fundamental a la protección de estabilidad laboral reforzada, es necesario estudiar si existe una verdadera relación laboral durante su vinculación con la entidad accionada. (…). En tales condiciones, no es posible proceder al amparo de estabilidad laboral reforzada para la señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez que ostentaba el cargo de Supernumeraria y que se encontraba en estado de embarazo, dado que se comprobó que la llegada al término para el cual fue vinculada fue lo que ocasionó su retiro del servicio, mas no, por su estado de gravidez.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 13 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 43 / LEY 53 DE 1938 – ARTÍCULO 3 / LEY 197 DE 1938 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 3135 DE 1968 – ARTÍCULO 21 / DECRETO 1848 DE 1969 – ARTÍCULO 39 / DECRETO 1848 DE 1969 – ARTÍCULO 40
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 25000-23-42-000-2015-01582-01(0756-17)
Actor: DIANA ELIZABETH SALINAS GUTIÉRREZ
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES – DIAN
Trámite: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si se le vulneró a la demandante, quien se desempeñaba como Supernumeraria en la DIAN, el amparo laboral de la mujer en estado de embarazo, por cuanto fue desvinculada a pesar de que el empleador conocía de esta condición.
Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección de 4 de agosto de 2017, después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 9 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.
ANTECEDENTES
Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho –Ley 1437 de 2011-, presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad del Oficio 100000202-00772 del 21 de mayo de 2014, por medio del cual el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le negó la prórroga del contrato como Supernumerario desde el 10 de enero de 2014; y, la Resolución 006717 de 12 de agosto de 2014 a través de la cual la misma autoridad administrativa, al conocer del recurso de reposición, resolvió confirmar en su integridad el anterior acto administrativo.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho solicitó, el reintegro, sin solución de continuidad, como Supernumerario o en la Planta de Personal en el cargo de Analista V código 205 grado 05 desde el 1º de enero de 2014; pagar todos los salarios, prestaciones primas cotizaciones a salud y pensión, incentivos y demás emolumentos dejados de recibir hasta cuando se produzca el reintegro; y, dar aplicación a la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado de la demandante, así:
Señaló que la señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez prestó sus servicios como Supernumeraria en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales inicialmente, desde el 27 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012; y luego, del 29 de enero de 2013 al 31 de diciembre del mismo año.
Destacó, de un lado, que el 22 de julio de 2013 le comunicó a la Subdirectora de Gestión de Representación Externa y la Subdirectora de Gestión de Personal que se encontraba en estado de embarazo, para lo cual aportó la correspondiente ecografía tomada el 17 de julio de 2013; y de otro, que su Jefe inmediata solicitó la prórroga del contrato en atención a tal condición, sin embargo, el 26 de diciembre de 2013, cuando tenía 6 meses de embarazo, le fue notificada de la resolución que le reconocía el pago de prestaciones sociales y se enteró que su vinculación terminaría el 31 de diciembre de 2013.
Expresó que el Juez de Tutela en segunda instancia amparó sus derechos fundamentales y en consecuencia ordenó el pago de la licencia de maternidad, pero no ordenó su reintegro porque la causa que originó la vinculación como Supernumerario desapareció.
1.2 Normas violadas y concepto de violación.
Como disposiciones violadas citó las siguientes:
Constitución Política, artículos 25, 43 y 53; Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo artículos 138, 153 y 155.
Como concepto de violación de las normas invocadas, la demandante consideró que los actos acusados están viciados de nulidad, porque:
La Constitución Política ha brindado una protección especial a la mujer durante el estado de embarazo y por tanto el estado a través de sus instituciones deben garantizar estos derechos, no solo los de la mujer sino también los del niño que está por nacer. Al respecto la Corte Constitucional ha señalado que la mujer durante el embarazo y la lactancia debe gozar de una protección especial.
Bajo ese contexto aseguró que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales utilizó la figura de Supernumerario para suplir las necesidades del servicio y para apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando, actividades que las realiza el personal de planta, pero que a pesar de ello, la demandante las realizaba, ya que atendía funciones de abogada de la Subdirección de Gestión de Representación Externa, y por ello, intervenía en procesos judiciales y administrativos, labor que no se acabó el 31 de diciembre de 2013 cuando no le renovaron su contrato.
Aseguró que la vinculación en el ente demandado a través de la figura de Supernumerario desapareció porque el Decreto 4951 de 2011 autorizó a crear empleos temporales, entre ellos 36 de analista V código 205 grado 05, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de 2013, razón por la que se puede concluir que podía prorrogarse su contrato como empleada temporal.
Indicó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales era conocedora de su estado de embarazo, puesto que se lo comunicó el 22 de julio de 2013.
Contestación de la demanda.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-, mediante apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda incoada por la parte actora con fundamento en los siguientes argumentos:
Manifestó que la terminación del vínculo laboral con la demandante obedeció a la expiración del término de vinculación el cual se pactó, adicionalmente su desvinculación finalizó de acuerdo con la normatividad que rige la materia, las cuales en ningún momento conceden al personal Supernumerario prorroga de su nombramiento.
Destacó que no es posible la prórroga del contrato como quiera que, de un lado, la fuente de financiación de los empleos de carácter temporal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se paga con cargo al presupuesto de inversión y de funcionamiento; y de otro, los nombramientos temporales se realizan con base en la lista de elegibles de la Convocatoria 128 de 2009, la cual, al verificarse se evidencia que la demandante no se encuentra inscrita en ésta.
Enunció, respecto del estado de embarazo de la demandante, que esta circunstancia fue discutida y decidida por el Juez Constitucional mediante fallos de primera y segunda instancia el 21 de enero de 2014 y el 4 de marzo de 2014, respectivamente; pero adicionalmente, el ente demandado no dio por terminada la vinculación al enterarse del estado de gravidez, sino que ello obedeció en razón a que el vencimiento se tenía establecido con anterioridad como resultado de la planeación de actividades de carácter transitorio.
Resaltó que en la demanda de tutela quedó constatado que el único sustento de la demandante no provenía únicamente del salario que devengaba en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, pues se evidenció que mantenía una sociedad conyugal vigente y, por lo mismo, se puede afirmar que no estaba afectado su mínimo vital y que el niño que estaba por nacer no se encontraba amenazado.
1.4 La sentencia apelada.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia de 8 de septiembre de 2016, denegó las pretensiones con fundamento en los siguientes argumentos:
Manifestó que la vinculación de los Supernumerarios a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales obedece a determinadas circunstancias que propenden por atender un plan contra la evasión, siendo esta medida restringida o condicionada al tiempo en que se hubiere presupuestado aquel enfrentamiento contra la evasión y/o contrabando.
Destacó que si bien el artículo 51 de la Ley 909 de 2004 estableció algunas prerrogativas tendientes a la protección de maternidad, las mismas refieren a empleadas de carrera administrativa, motivo por el cual dicha normativa no resulta aplicable a la situación laboral de las supernumerarias en estado de embarazo. En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-141 de 2008 tuvo la oportunidad de establecer en estos casos, a quienes se les hubiere vencido el término de su vinculación, que la estabilidad reforzada que contempla el ordenamiento jurídico les resulta también aplicable siempre que se acreditara que, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, su vínculo con la administración no fue de carácter temporal sino permanente, lo cual implica que de presentarse su retiro, aduciendo la administración el vencimiento del término para el cual fue nombrada como supernumeraria, dicha situación constituye prueba que su desvinculación obedeció a su estado de embarazo.
Bajo ese contexto, señaló que, para la demandante resultaba indispensable acreditar, de un lado, que el cargo de supernumeraria no se encontraba supeditado a la temporalidad, es decir, que su labor tenía el carácter de permanente; y de otro, que la razón por la cual fue desvinculada obedeció a su estado de gestación.
Afirmó que la vinculación de la demandante como Supernumeraria se produjo por motivo de circunstancias particulares que propendieron por el desarrollo de labores concretas y transitorias que consistían en el “análisis jurisprudencial de fallos definitivos proferidos por distintos despachos e incorporación en base de datos previamente diseñada”, funciones que, si bien se ejercían de manera continua y permanente, desaparecieron a partir del 1º de enero de 2014.
Agregó que la desvinculación de la demandante no obedeció a su estado de embarazo sino a la finalización del proceso de vinculación de los supernumerarios por razones de necesidad del servicio a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Concluyó que no se desconoce la existencia de la sentencia SU-070 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se buscó unificar los criterios adoptados por esta Corporación respecto de asuntos relacionados con la estabilidad laboral reforzada en la mujer embarazada y lactante, así como las medidas a adoptar frente a asuntos en que aquellas resultan desvinculadas en razón de esa condición, sin embargo esta providencia no resulta aplicable al presente asunto pues en su contenido no fue contemplada la situación laboral de las empleadas supernumerarias en embarazo, motivo por el cual no es posible que el análisis y conclusiones de esa sentencia se puedan aplicar al caso en concreto.
El recurso de apelación.
La parte demandante, por intermedio de su apoderado, interpuso recurso de apelación en contra del proveído anterior, bajo los siguientes argumentos.
Expresó que la estabilidad reforzada durante el embarazo y después de este no solo está plasmada en normas de rango constitucional, tales como los artículos 13, 43 y 53, sino que también ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En tal sentido, su retiro del servicio se efectuó por causa del embarazo, pues fue desvinculada el 31 de diciembre de 2013 cuando tenía 6 meses de embarazo.
Expresó que su labor desempeñada que consistía en “análisis jurisprudencial de fallos definitivos proferidos por los distintos despachos e incorporación en base de datos previamente diseñada” no era una labor transitoria o temporal, todo lo contrario, pues de acuerdo con el Oficio 100208222-247 de 20 de mayo de 2016, en el cual la Subdirectora de Gestión de Representación Externa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que existían 10 abogados que realizaban tal estudio jurisprudencial, ocho de ellos de planta y dos temporal, por tal motivo se evidencia que tales labores aún continúan.
Aseguró que la figura del empleado Supernumerario desapareció, dado que el Decreto 4951 de 2011 estableció la figura de empleado temporal, habida cuenta que fueron creados 2618 empleos en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de garantizar el cumplimiento del plan anual de anti-evasión, la lucha contra el contrabando, el fortalecimiento de la gestión humana y de la gestión documental.
Enunció que la estabilidad del fuero de maternidad se predica de cualquier funcionaria, independientemente de la clase de vínculo que se tenga y no puede ser un fundamento para prescindir de los servicios, el hecho de que no estaba en la lista de elegibles o, incluso, que como no tenía derechos de carrera no podía estar dentro de la planta temporal.
A pesar de que el a quo hizo referencia a que no se estudió la sentencia SU-070 de 2013 en tanto que la figura de Supernumeraria no fue estudiada en esta sentencia, lo cierto es que, insistió, el fuero de mujer gestante no hace distinción del tipo de vinculación y en cualquier caso se le debe dar prevalencia.
CONSIDERACIONES
De acuerdo a lo señalado en la sentencia de primera instancia y atendiendo los motivos de oposición aducidos por la parte demandante en calidad de apelante único, se contrae a determinar si:
Problema jurídico
¿A la señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez, quien se desempeñaba como Supernumeraria en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se le vulneró el amparo laboral de la mujer en estado de embarazo, por cuanto fue desvinculada del servicio a sabiendas de esta condición?
Bajo ese contexto, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: i) el régimen legal de los Supernumerarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; y, ii) del caso en concreto.
Régimen legal de los supernumerarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
De acuerdo con el artículo 1° del Decreto 1071 de 1999, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se encuentra organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de carácter técnico y especializado; con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, y patrimonio propio; y, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que indica que su objeto debe cumplirse conforme a los lineamientos de política fiscal delineados por el Ministro del ramo. Igualmente, tiene sistemas especiales de administración de personal, nomenclatura y clasificación de planta, y carrera administrativa.
Ahora bien, la posibilidad con la que cuenta la Administración para vincular personal Supernumerario deviene directamente de la Constitución Política, cuando estableció en su artículo 125 que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, a excepción de los de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y demás que determine la Ley; categoría última dentro de la cual pueden ubicarse los supernumerarios.
Esta clase fue prevista ya por el Decreto Extraordinario 1042 de 1978, que estableció el sistema de nomenclatura y clasificación, y fijó las correspondientes escalas de remuneración de los empleos, entre otros, de las Unidades Administrativas Especiales.
Al respecto, en su artículo 83 previó que:
“(…) Para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, podrá vincularse personal supernumerario.
También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio.
En ningún caso la vinculación de un supernumerario excederá el término de tres meses, salvo autorización especial del gobierno cuanto se trate de actividades que por su naturaleza requieran personal transitorio por períodos superiores.
La remuneración de los supernumerarios se fijará de acuerdo con las escalas de remuneración establecidas en el presente Decreto, según las funciones que deban desarrollarse.
Cuando la vinculación de personal supernumerario no exceda el término de tres meses, no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. Sin embargo, las entidades deberán suministrar al personal supernumerario atención médica en caso de enfermedad o accidente de trabajo.
La vinculación de supernumerarios se hará mediante resolución administrativa, en la cual deberá constar expresamente el término durante el cual se prestarán los servicios y la asignación mensual que vaya a pagarse. (…)”.
La citada disposición fue objeto de análisis de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-401 de 1998, ocasión en la que consideró que no se ajustaba a la Carta de 1991 la posibilidad de que los supernumerarios vinculados por un término inferior a 3 meses no devengaran prestaciones sociales. Aunado a lo anterior, precisó que no se analizaría el enunciado relacionado con el deber de prestar servicios de salud en caso de enfermedad o accidente de trabajo, al estimar que ese aparte quedó derogado como consecuencia de la entrada en vigencia del artículo 161 de la Ley 100 de 1993 y con ello la obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Bajo el referido marco, aplicable en general para la Rama Ejecutiva del orden nacional, se concluye que se puede acudir a la figura del Supernumerario en dos eventos: uno, para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, y dos, para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio. En la referida disposición, además, se restringió el término para acudir a esta forma de vinculación a tres (3) meses, salvo autorización especial del Gobierno cuando quiera que la actividad transitoria así lo exigiera.
Ahora bien, en lo que respecta a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, el Decreto 1647 de 1991, “Por el cual se establece el régimen de personal, la carrera tributaria, el régimen prestacional de los funcionarios de la Dirección de Impuestos Nacionales, se crea el fondo de cuestión tributaria y se dictan otras disposiciones”; en su artículo 14, estipuló la posibilidad de vincular personal Supernumerario, de la siguiente manera:
“(…) Para suplir las necesidades del servicio podrá vincularse personal supernumerario que desarrolle actividades de carácter transitorio. En ningún caso, la vinculación excederá de seis (6) meses, salvo autorización especial del Ministro de Hacienda y Crédito Público, cuando se trate de actividades a ejecutarse en un período superior a dicho término.
Cuando la vinculación de este personal no exceda de seis (6) meses, no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales; sin embargo, la Dirección de Impuestos Nacionales deberá suministrar la atención médica en caso de enfermedad o accidente de trabajo.
Su vinculación se hará mediante resolución y allí se dejará constancia del término de duración de la prestación de los servicios y la asignación mensual (…)”.
Por su parte, el Decreto 1648 de 1991, en relación con los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, también se refirió a la figura del Supernumerario, en su artículo 14, así:
“(…) Sin perjuicio de las disposiciones vigentes, podrá vincularse personal supernumerario para suplir las vacantes temporales de los funcionarios aduaneros o para desarrollar actividades de carácter transitorio.
La vinculación de este personal no dará lugar al reconocimiento de prestaciones sociales, sin embargo, se deberá suministrar la atención médica requerida en caso de enfermedad o accidente de trabajo.
Su vinculación se hará mediante resolución, proferida por la autoridad competente y allí se dejará constancia del término de duración de la prestación de los servicios y la asignación mensual, la cual se fijará de acuerdo con la escala de remuneración establecida para los funcionarios aduaneros, según las funciones que deban desarrollarse.
Los supernumerarios al tomar posesión del cargo, quedan investidos de las facultades, obligaciones, prohibiciones e inhabilidades que corresponden a los funcionarios aduaneros, para desempeñar las actividades para las cuales han sido nombrados y sujetos al régimen disciplinario establecido en la Dirección General de Aduanas (…)”.
Ahora bien, mediante el Decreto 2117 de 1992 se fusionó en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y a la Unidad Administrativa Especial de Aduanas. En su artículo 112 dispuso que el régimen de personal, la carrera administrativa especial, el sistema de planta y el régimen prestacional de sus funcionarios sería el establecido en el Decreto Ley 1647 de 1991 y el artículo 106 de la Ley 6ª de 1992. Así mismo, se precisó que la vinculación, permanencia y retiro de los supernumerarios se regiría por los mandatos del artículo 14 del Decreto 1648 de 1991.
Posteriormente, el Decreto 1693 de 1997, “Por el cual se separa funcionalmente la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, advirtió en su artículo 29 que la vinculación, permanencia y retiro del personal Supernumerario se sujetaría a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 1648 de 1991, en concordancia con la Ley 223 de 1995.
Esta última normativa, por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones, estableció en su artículo 154 la posibilidad de vincular personal Supernumerario en el Plan de Choque contra la Evasión Fiscal, en los siguientes términos:
“(…)
El Gobierno propondrá al Congreso de la República en el proyecto de ley de presupuesto, una apropiación específica denominada "Financiación Plan Anual Antievasión" por una cuantía equivalente a no menos del 10% del monto del recaudo esperado por dicho plan. Estos recursos adicionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, serán clasificados como inversión.
Con estos recursos, la administración tributaria podrá contratar supernumerarios, ampliar la planta y reclasificar internamente sus funcionarios. Igualmente se podrán destinar los recursos adicionales a la capacitación, compra de equipo, sistematización, programas de cómputo y en general todos los gastos necesarios para poder cumplir cabalmente con lo estatuido en el presente capítulo.
Para 1996 el gobierno propondrá la modificación presupuestal, según fuera del caso, para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley.” (Negrilla fuera de texto).
De otro lado, el Decreto 1072 de 1999, “Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera de los servidores públicos de la contribución y se crea el programa de promoción e incentivos al desempeño de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”; en su artículo 22, en relación con la vinculación del personal Supernumerario, estableció:
“(…)
El personal supernumerario es aquel que se vincula con el fin de suplir o atender necesidades del servicio, para apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando, para el ejercicio de actividades transitorias, y para vincular personas a procesos de selección dentro de los concursos abiertos cuando estos se realicen bajo la modalidad de concurso - curso.
La resolución por medio de la cual se produzca esta modalidad de vinculación deberá establecer el término de duración. La asignación mensual se fijará de acuerdo a lo establecido en la nomenclatura y escala salarial vigente para la Entidad. Durante este tiempo, la persona así nombrada tendrá derecho a percibir las prestaciones sociales existentes para los servidores de la contribución.
…
No obstante la existencia del término de vinculación, el nominador por necesidades del servicio, podrá desvincular en cualquier momento el personal supernumerario a que se refiere el presente artículo
(…)”.
De acuerdo con el precitado artículo, el personal Supernumerario es aquel que se vincula con el fin de suplir o atender necesidades del servicio, para apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando, para el ejercicio de actividades transitorias y para adscribir personal a concursos abiertos bajo la modalidad de concurso-curso. Dicho personal ostenta el derecho a percibir prestaciones sociales por el tiempo de labores y puede ser desvinculado en cualquier momento por el nominador. Este tipo de relación, además, permite hacer prácticos los principios de eficacia y celeridad administrativa, impidiendo la paralización del servicio.
Este enunciado fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-725 de 21 de junio de 2000, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, bajo el entendido de que cuando se trate de personal supernumerario, su vinculación requiere “(…) una previa delimitación de esta planta de personal, el señalamiento de las actividades que siempre deben corresponder a necesidades extraordinarias, el tiempo de la vinculación transitoria, y la previa apropiación y disponibilidad presupuestal de sus salarios y prestaciones sociales (…)”.
Caso en concreto.
En el sub – lite la señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez pretende que sea reintegrada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- con el correspondiente pago de prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir por cuanto se le desconoció su condición de mujer en estado de embarazo.
La Sala sostendrá la siguiente tesis: La señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez, quien ostentaba la condición de Supernumeraria en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no tiene derecho al reintegro y al pago de salarios y prestaciones por cuanto en ningún momento le fue desconocida su condición de madre gestante, por las razones que pasan a explicarse.
En el presente caso se tiene probado lo siguiente:
De acuerdo con la Certificación suscrita por la Subdirectora de Gestión de Personal de la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales, se evidencia que la que la señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez se desempeñó como Supernumeraria, inicialmente, desde el 27 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre del mismo año y, posteriormente, desde el 30 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013:
El 22 de julio de 2013 la señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez le comunicó a la Subdirectora de Gestión de Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que se encontraba en estado de embarazo, de conformidad con la ecografía que se había practicado el 17 de julio de 2013.
Por medio del Oficio 00772 de 21 de mayo de 2014, el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, le negó el reintegro a la señora Diana Elizabeth Salinas, dada su condición de madre gestante, por considerar que este aspecto fue tratado en sede de tutela “(…) en cuyo fallo se absolvió a la UAE DIAN de dicha obligación por cuanto, en palabras del mismo Juez de Tutela “No es posible ordenar el reintegro porque las causas que originaron la vinculación del personal supernumerario ya desaparecieron y por tanto no existió renovación (…)”.
A través de la Resolución 006717 de 12 de agosto 2014, la misma autoridad administrativa, al resolver el recurso de reposición, confirmó en todas y cada una de sus partes el anterior acto administrativo, por considerar que el 31 de diciembre de 2013 venció el término de vinculación de 433 Supernumerarios.
Señaladas las anteriores pruebas, se debe ahora determinar si las mismas acreditan elementos necesarios para atribuirle alguna responsabilidad a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- por haber desconocido a la demandante su condición de madre gestante.
Cierto es que conforme el marco jurídico relacionado en el anterior acápite, -por regla general- los empleos de la planta de personal de la DIAN tienen el carácter de empleos del sistema específico de carrera, lo que no obsta para que existan empleos de libre nombramiento y remoción, al igual que personal supernumerario que se halla vinculado a través de una relación legal y reglamentaria.
Igualmente queda despejado que el personal supernumerario de la entidad demandada, según se deriva del artículo 22 del Decreto 1072 de 1999, puede ser vinculado para: i) suplir o atender las necesidades del servicio, ii) apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando, iii) el ejercicio de actividades transitorias, o iv) para vincular personas a procesos de selección dentro de los concursos abiertos cuando estos se realicen bajo la modalidad del concurso-curso.
La existencia de las condiciones necesarias y suficientes para el ejercicio de su profesión en el marco de una relación legal y reglamentaria, pero ajena a la de la carrera administrativa, determina que el mero transcurso del tiempo no permite la mutación de la naturaleza de la relación laboral del interesado, dado que mientras persistieron las necesidades del servicio y bajo la regulación legal hasta ese momento vigente fue imperioso para la Entidad contar con personal de apoyo para el ejercicio de las funciones ya referidas.
Ahora bien, sin perder de vida lo anterior, es importante precisar que el Legislador, desde antes de la expedición de la Constitución de 1991, ha considerado que la mujer embarazada o en lactancia requiere de una especial protección del Estado, y por eso ha consagrado una serie de medidas de riguroso obedecimiento orientadas a asegurar y garantizar esa protección, prueba de ello, fue con la expedición de la Ley 53 de 1938 “por la cual se protege la maternidad”, dado que estableció que:
“Art. 3º. La mujer que sea despedida sin causa que se justifique ampliamente, dentro de los tres meses anteriores o posteriores al parto, comprobada esta circunstancia mediante certificado de facultativo, sin perjuicio de las indemnizaciones a que pudiere dar lugar con forme a los contratos de trabajo o a las disposiciones legales que rijan la materia, tiene derecho a los salarios correspondientes a noventa días.”
Posteriormente, la Ley 197 de 1938 modificó el anterior precepto, y a propósito dispuso:
“(…) Art. 2. El artículo 3° de la Ley 53 de 1938 quedará así: La mujer que sea despedida sin causa que justifique ampliamente dentro del período del embarazo y los tres meses posteriores al parto, comprobada esta circunstancia mediante certificado de facultativo, sin perjuicio de las indemnizaciones a que pudiera dar lugar, conforme a los contratos de trabajo o a las disposiciones legales que rigen la materia, tiene derecho a los salarios correspondientes a noventa días. (…)”.
Por su parte, el Decreto 3135 de 1968 previó:
“(…) Art. 21. Prohibición de despido. Durante el embarazo y los tres meses posteriores al parto o aborto, sólo podrá efectuarse el retiro por justa causa comprobada, y mediante autorización del Inspector del Trabajo si se trata de trabajadora, o por resolución motivada del Jefe del respectivo organismo se tata de empleada”.
Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo cuando ha tenido lugar dentro de los periodos señalados en el inciso anterior sin las formalidades que el mismo establece. En este caso, la empleada o trabajadora tiene derecho a que la entidad donde trabaja le pague una indemnización equivalente a los salarios o sueldos se sesenta días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiera lugar de acuerdo con su situación legal o contractual y, además, al pago de las ocho (8) semanas de descanso remunerado, si no lo ha tomado. ".
A su vez el Decreto No. 1848 de 1969 estableció que:
“Artículo 39. Prohibición de despido.
1. Ninguna empleada oficial podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.
2. Durante el embarazo y los tres (3) meses subsiguientes a la fecha del parto o aborto, solamente podrá efectuarse el retiro de la empleada, por justa causa comprobada y mediante la autorización expresa que al efecto deberá solicitarse del respectivo Inspector del Trabajo, cuando se trate de trabajadoras oficiales vinculadas por contrato de trabajo.
Si la empleada oficial estuviere vinculada por una relación de derecho público, se requerirá para tal efecto resolución motivada de la correspondiente entidad nominadora. "
Art. 40. Presunción de despido por embarazo. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando tiene lugar dentro de los periodos señalados en el artículo anterior sin la observancia de los requisitos exigidos en dicha norma legal".
Ya con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se pretendió a través del artículo 13, que el Estado protegiera “especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta” y debe sancionar “los abusos o maltratos que contra ellos se cometan”; fue por ello que, entre otros, el artículo 43 ibídem, estableció una protección especial de la mujer embarazada y en estado de lactancia al señalar que ella “gozará de especial asistencia y protección del Estado” y además el artículo 53 superior, consagró los principios mínimos fundamentales que deben observarse en el estatuto del trabajo, dentro de los cuales se encuentra el principio de estabilidad en el empleo.
Así las cosas, uno de las formas de protección es el derecho al trabajo que le asiste a la mujer embarazada y a no ser despedida en razón de ello. Por lo tanto, el máximo tribunal constitucional en sentencia T-092 de 2016 reiteró que para garantizar este derecho deben tenerse presentes dos aspectos: el conocimiento por parte del trabajador del estado de gravidez y el vínculo laboral que tenía la mujer embarazada.
En relación con el primer punto, la Corte Constitucional señaló que aun cuando el empleador no tenga conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora debe darse el amparo. Sin embargo, el hecho de que aquel lo conociera permite brindar una protección integral.
En cuanto a la clase de vínculo laboral, es importante diferenciar entre el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo, el contrato de prestación de servicios y los supernumerarios. Respecto a los supernumerarios, de relevancia para el caso bajo estudio, se advierte que en la sentencia C-041/98, el máximo tribunal constitucional se pronunció sobre las mujeres embarazadas que sean despedidas al encontrarse vinculadas como supernumerarios y sostuvo que si se demuestra que el vínculo con la administración no es transitorio sino permanente, se debe reconocer a la mujer el derecho a la estabilidad reforzada derivada de su estado de embarazo y, por ello, no puede ser desvinculada. Para el efecto dispuso:
“(…) Para la Corte en este caso se configura una utilización indebida de la figura de la vinculación de personal temporal, que conlleva el desconocimiento de los principios que gobiernan la función pública, así como de los derechos del personal así vinculado, personal que puede estar en el supuesto que denuncia la impugnante, es decir ser femenino y estar o llegar a estar en estado de embarazo. Significa, sin más, que para funciones que por su naturaleza no son temporales, se está vinculando personal supernumerario, acordando para ello una serie de vinculaciones sucesivas con una duración fija que en ningún caso excede de tres meses cada uno, lo cual ubica a la Administración en el supuesto en el cual no estaría obligada a reconocer prestaciones sociales, toda vez que éstas, por mandato de la norma sub examine, no se reconocen sino en los eventos en los cuales la vinculación temporal excede de este tiempo.
Sin embargo, como arriba se expresó, esta utilización desnaturalizada de la norma no conlleva de suyo su inconstitucionalidad. No es la disposición legal la que propicia este estado de cosas, sino su utilización indebida.
Ahora bien, tal como se expresó anteriormente, la relación laboral a la que se refiere la norma impugnada, esto es la que celebra la Administración con las personas que vincula como supernumerarias, difiere de la relación que se establece con los demás servidores públicos por cuanto la primera reviste un carácter eminentemente temporal. Esta temporalidad es, como ya se ha dicho, la que justifica la excepcional manera de vinculación. Por ello, si dicho elemento no está presente de hecho, es decir si la realidad demostrable indica que la relación establecida entre el servidor supernumerario y la Administración no es temporal sino permanente, el juez competente que juzgue el caso particular tendrá facultad para derivar las consecuencias que en materia prestacional deben reconocerse. Al hacerlo, dará aplicación al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, principio de rango constitucional. Por ello, estima esta Corporación, aquellas personas que se encuentren en la situación que describe la demanda, podrán hacer valer las garantías prestacionales que les corresponden, habida cuenta de que su vinculación con la Administración Pública es permanente y no temporal.
13. Sin embargo, la Corte debe aclarar que la demostración de la permanencia de la relación no permitiría, en ningún caso, el acceso directo a la carrera administrativa. Esta demostración tendría efectos tan solo frente al reconocimiento de las prestaciones sociales desconocidas, pues es sabido que, para el acceso a dicha carrera, es necesario el cumplimiento de los requisitos de rango constitucional y legal exigidos para ello.
14. Así las cosas, la mujer embarazada que demuestre una relación laboral permanente con la Administración, tendrá la protección que las leyes laborales determinan. En especial, tendrá derecho a que el juez de la causa le garantice, si no el acceso a la carrera administrativa, si el reconocimiento de las prestaciones laborales relativas a la protección especial a la maternidad, habida cuenta de la realidad de su vinculación permanente con el Estado.
(…)”.
Posteriormente, en la sentencia T-141/ de 2008 la Corte Constitucional reiteró la anterior tesis, en el sentido de que al acreditarse la existencia de una verdadera relación laboral oculta bajo la figura de los supernumerarios, el vencimiento del plazo fijado no sería el motivo real por el cual se terminaría la relación laboral, sino el estado de gravidez, lo cual implicaría la vulneración de la protección de estabilidad reforzada.
Con fundamento en lo anterior se puede concluir que, para el caso de la terminación de la relación laboral de una supernumeraria que se encuentre embarazada, aduciendo el cumplimiento del término para el cual fue vinculada, debe determinarse si el vínculo de aquella con la Administración fue transitorio o permanente, puesto que en el caso de que el mismo hubiere sido permanente, en el sentido de que la Administración le conceda una utilización indebida de la vinculación como temporal o supernumeraria, al ser nombrada por períodos fijos pero sucesivos, conllevará a que prime dicha permanencia y se le reconozca, la protección a la estabilidad laboral reforzada derivada de su embarazo.
En otras palabras, para determinar si una mujer en estado de embarazo en su calidad de supernumeraria no puede ser desvinculada en virtud del derecho fundamental a la protección de estabilidad laboral reforzada, es necesario estudiar si existe una verdadera relación laboral durante su vinculación con la entidad accionada.
Pues bien, revisadas las pruebas obrantes en el expediente, lo primero que se advierte es que la señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez informó a su empleador sobre su estado de embarazo el 22 de julio de 201. Igualmente, se observa que la demandante fue vinculada como Supernumeraria durante los siguientes periodos así:
Cargo
Acto Administrativo
Duración
Fecha de Posesión
Analista V
Resolución No. 0142 de 23 de noviembre de 2012
Desde la fecha de posesión y hasta el 31 de diciembre de 2012
27 de noviembre de 2012
Analista V
Resolución No. 0056 00014 de 29 de enero de 2013.
Desde la fecha de posesión y hasta por seis meses
30 de enero de 2013
Analista V
Resolución No. 000131 de 8 de julio de 2013.
Prorroga de un mes
Analista V
Resolución No. 007848 de 16 de septiembre de 2013
Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013
Visto lo anterior, es dable afirmar que en principio la labor que venía desarrollando la demandante, relacionada en los actos de nombramiento, el cual es, “(…) apoyar las labores de análisis jurisprudencial de fallos definitivos proferidos por los diferentes despachos e incorporación en base de datos previamente diseñada (…)” tenía el carácter y vocación de permanencia, tan es así que tan solo hubo una interrupción de un mes de enero del año 2013.
No obstante, al examinar la continuidad de la labor en sí, se evidencia de conformidad con el Oficio 100208222-247 de 20 de mayo de 2016, que dicha función fue asumida a partir del 1º de diciembre de 2014 por personas que se encontraban vinculadas en la planta de personal de la entidad y en la planta temporal, es decir que, la entidad demandada no hizo uso de los Supernumerarios para efectos de continuar con la labor de “(…) apoyar las labores de análisis jurisprudencial de fallos definitivos proferidos por los diferentes despachos e incorporación en base de datos previamente diseñada (…)”, veamos:
“(…) me permito informarle que a los abogados de esta Subdirección que desde el 1 de diciembre de 2014, en desarrollo de sus funciones, han elaborado análisis jurisprudencial, son los siguientes:
Funcionario
Cargo
Vinculación
Maritza Díaz Granados
Gestor III
Planta
Martha Lucía Rincón Benítez
Gestor III
Temporal
Juan Carlos Díaz García
Gestor II
Planta
Sandra Patricia Moreno Serrano
Gestor II
Planta
Jacqueline Gómez Cuervo
Inspector I
Planta
Patricia del Pilar Romero Angulo
Gestor II
Planta
Augusto Rodríguez Rincón
Inspector I
Planta
Tatiana Orozco Cuervo
Gestor II
Temporal
Sandra Duarte Doncel
Gestor II
Planta
Miryam Rojas Corredor
Inspector II
Planta
(…)”.
Siendo así las cosas, se puede afirmar, de un lado, que las funciones que la demandante venía realizando no continuaron, por lo menos no de manera inmediata, pues como se vio, esta función se reanudó por empleados de la planta de personal y la planta temporal pero solo hasta el 1º de diciembre de 2014, es más, las personas citadas en el anterior cuadro no fueron las mismas que acompañaron a la demandante a cumplir con tal función cuando se desempeñaba como Supernumerarios, lo cual indica que también para ellas también finalizó su continuidad; y de otro, que la desvinculación de la demandante no obedeció a su estado de embarazo sino a la finalización del proceso de vinculación de este tipo de empleados.
Nótese que incluso para el momento en que la señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez comunicó su estado de embarazo a la entidad demandada, esto es, 22 de julio de 2013, la vinculación inicial no había terminado, pero aun así, le fue prorrogada dada la necesidad en la continuidad de la labor encomendada, primero por un mes más y luego hasta el 31 de diciembre del mismo año, además no se puede desconocer que existía una imposibilidad para el ente demandado en la prórroga de ésta, ya que en esta última fecha “(…) venció el término de vinculación de cuatrocientos treinta y tres (433) supernumerarios que se encontraban vinculados a la DIAN, sin que haya lugar a prorrogar o realizar una nueva vinculación, en razón a que no existe necesidad del servicio en las áreas que habían motivado su incorporación a la Entidad (…)”.
Aunado a lo anterior, se debe señalar que si bien la en la sentencia SU-070 del 13 de febrero de 2013, la Corte Constitucional unificó su criterio en lo que se refiere a la protección laboral reforzada de la mujer embarazada frente la forma de vinculación existente tanto en el sector público como privado, lo cierto es que ésta no realizó mención alguna en relación con la vinculación de los supernumerarios, razón por la que, al igual que lo expresó el a quo, no resulta aplicable al caso en concreto.
En tales condiciones, no es posible proceder al amparo de estabilidad laboral reforzada para la señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez que ostentaba el cargo de Supernumeraria y que se encontraba en estado de embarazo, dado que se comprobó que la llegada al término para el cual fue vinculada fue lo que ocasionó su retiro del servicio, mas no, por su estado de gravidez.
Finalmente, al examinar el aplicativo que tiene dispuesto la Rama Judicial para la consulta de procesos se observa que el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal - mediante decisión del 4 de marzo de 2014 fue revocado el fallo emitido por el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y, en su lugar, concedió y ordenó al ente demandado que le fuera reconocida a la citada señora el pago de la licencia de maternidad, con lo cual se puede afirmar que quedó amparada su condición de mujer en estado de gravidez, motivo por el cual se confirmará la sentencia del a quo que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
CONFIRMAR la sentencia de 9 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Diana Elizabeth Salinas Gutiérrez en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Informe visible a folio 235. Demanda visible a folios 71 a 81. El abogado Orlando Hurtado Rincón. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia de 1º de febrero de 2013, expediente T-2.361.117, M. P. Dr. Alexei Julio Estrada.
“(…) Por el cual se crean unos empleos temporales en la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN – Colombia (…)”. Visible a folios 300 a 308. Folios 172 a 183.
“(…) Artículo 51. Protección a la maternidad. 1. No procederá el retiro de una funcionaria con nombramiento provisional, ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta ley, mientras se encuentre en estado de embarazo o en licencia de maternidad. 2. Cuando un cargo de carrera administrativa se encuentre provisto mediante nombramiento en período de prueba con una empleada en estado de embarazo, dicho periodo se interrumpirá y se reiniciará una vez culminé el término de la licencia de maternidad. 3. Cuando una empleada de carrera en estado de embarazo obtenga evaluación de servicios no satisfactoria, la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento se producirá dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al vencimiento de la licencia de maternidad. 4. Cuando por razones del buen servicio deba suprimirse un cargo de carrera administrativa ocupado por una empleada en estado de embarazo y no fuere posible su incorporación en otro igual o equivalente, deberá pagársele, a título de indemnización por maternidad, el valor de la remuneración que dejare de percibir entre la fecha de la supresión efectiva del cargo y la fecha probable del parto, y el pago mensual a la correspondiente entidad promotora de salud de la parte de la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud que corresponde a la entidad pública en los términos de la ley, durante toda la etapa de gestación y los tres (3) meses posteriores al parto, más las doce (12) semanas de descanso remunerado a que se tiene derecho como licencia de maternidad. A la anterior indemnización tendrán derecho las empleadas de libre nombramiento y remoción y las nombradas provisionalmente con anterioridad a la vigencia de esta ley.
(…)”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-141/08, acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, en nombre y representación de la señora Eyiselly Claros Herrera contra el Hospital Departamental de Villavicencio, M. P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-070-13, acciones de tutela interpuestas individualmente por treinta y tres (33) mujeres contra distintas personas jurídicas y naturales, M. P. Dr. Alexei Julio Estrada. Visible a folios 186 a 191. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia de 1º de febrero de 2013, expediente T-2.361.117, M. P. Dr. Alexei Julio Estrada. Radicado 25000-23-25-000-2000-05437-01. Este marco normativo ha sido objeto de reiteración en múltiples ocasiones por esta Corporación, evidenciándose que no hay diferencias sustanciales relevantes en su entendimiento. Al respecto ver, entre otras, las sentencias: (i) Sección Segunda – Subsección A, de 12 de mayo de 2014, radicado interno No. 1940-2013, actor: Wilfrido Martínez Terán, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; (ii) Sección Segunda – Subsección B, de 15 de agosto de 2013, radicado interno No. 1693-2012, actor: Jesús Alberto Herrera Prieto, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; (iii) Sección Segunda – Subsección A, de 17 de abril de 2013, radicado interno No. 2155-2012, actora: María Lida Bustos Basabe, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón; y, (iv) Sección Segunda- Subsección B, de 7 de febrero de 2013, radicado interno No. 1692-2012, actor: Mauricio Alexander Parada Contreras, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
“Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como una entidad con personería Jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y se dictan otras disposiciones”.
Además de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos. En este sentido el Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, en Concepto de 11 de septiembre de 1980, Radicado 1441, C.P. Dr. Osvaldo Abello Noguera, manifestó lo siguiente: “(…) 2º. Como se vio en el punto primero de estas conclusiones, los supernumerarios se vinculan para suplir dos clases de necesidades, como son llenar vacancias temporales de empleados públicos en licencia o vacaciones o desarrollar actividades de carácter netamente transitorio. (…)”. Decreto 1648 de 1991 “Por el cual se establece el régimen de personal, la carrera aduanera, el régimen prestacional de los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, se crea el fondo de gestión aduanera y se dictan otras disposiciones”. Visible a folio 19. Visible a folios 37 a 39. Visible a folios 2 y 3. Visible a folios 4 a 7. Sentencia C-531 de 2000 que estudió la constitucionalidad de la ley 361 de 1997, mediante la cual se consagró la figura de la protección laboral reforzada a favor de los discapacitados. Sobre la definición de los principios mínimos fundamentales, se puede consultar la sentencia T-434 de 2008, en la que se afirmó que: “El principio de estabilidad en el empleo hace parte del conjunto de mandatos constitucionales que informan el desarrollo de las relaciones laborales, y que fueron agrupados por el constituyente bajo la categoría de principios mínimos fundamentales (artículo 53 CP), normas que determinan la solución constitucionalmente adecuada a la tensión que se presenta entre la libertad de empresa y la autonomía privada –fundamento legítimo del actuar del empresario-, y la efectividad del derecho fundamental al trabajo (artículo 25 CP) en condiciones dignas y justas, así como en la construcción de un orden social justo”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-401 de 1998, expediente D-1938, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-141 de 2008, Expediente T-1712344, acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, en nombre y representación de la señora Eyiselly Claros Herrera contra el Hospital Departamental de Villavicencio, M. P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
“(…) Ahora bien, ponderando esta línea jurisprudencial con la sentencia C-401 de 1998, la Sala considera que debe entenderse que la protección a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en razón de su embarazo cobija aquellas funcionarias que ostenten la calidad de servidoras públicas o de trabajadoras oficiales, en el que se entiende incluidas a aquellas mujeres cuya vinculación se ocasionó en calidad de supernumerarias cuando quiera que éstas no hubieren prestado sus servicios de manera transitoria, teniendo en cuenta que lo primordial es el respeto a la protección especial reconocida durante el embarazo y aún después del parto, lo que acarrea que el vínculo con la Administración no puede ser suspendido o anulado por causa o con ocasión del estado de gravidez en el que se encontrare la respectiva funcionaria, independientemente del vínculo que se hubiere configurado con la Administración. Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que en el evento en que la administración otorgue permanencia a un nombramiento de supernumeraria de una mujer embarazada, y posteriormente proceda a desvincularla, conlleva a presumir que ha sido por su estado de gestación.
(…)”. Visible a folio 20. Visible a folio 21. Visible a folio 22. Visible a folio 23. Visible a folios 24 y 25. Visible a folios 26 y 27. Visible a folio 158. Información tomada de la Resolución 006717 de 12 de agosto de 2014, suscrita por el Director de Gestión Organizacional encargada de las funciones del Cargo de Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-.
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU070/13, sentencia 13 de febrero de 2013, Acciones de tutela interpuestas individualmente por treinta y tres (33) mujeres contra distintas personas jurídicas y naturales {El ANEXO # 1 contiene un índice con el detalle de las demandantes y los demandados, C. P. Dr. Alexei Julio Estrada. Unificación de jurisprudencia en materia de despido de mujer embarazada en contrato a término indefinido, en contrato a término fijo, en contrato de obra o labor, en cooperativa de trabajo asociado, en contrato de prestación de servicios, en provisionalidad que ocupa cargo de carrera, en cargo de libre nombramiento y remoción, en carrera administrativa de entidad en liquidación. Número de proceso consultado: 11001318700320140071501.
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