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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01811-01

Fecha
10 de julio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01811-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 29 de abril de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por AGUSTIN ANDRADE CORDOBA en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de acuerdo con las razones expuestas en esta sentencia. En su lugar, se dispone lo siguiente: SEGUNDO. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 032520 del 27 de octubre de 2014, RDP 036646 de 02 de diciembre del mismo año y RDP 002726 del 23 de enero de 2015, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia del actor. TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia del señor Agustín Andrade Córdoba, identificado con cédula de ciudadanía 11.787.438, en cuantía del 75% del promedio de todos los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 4 de julio de 2008 y 4 de julio de 2009. La prestación w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 19 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000 23 42 000 2015 01811 01 Demandante: Agustín Andrade Córdoba tendrá efectos fiscales a partir del 4 de junio de 2011 por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal. CUARTO. La UGPP actualizará las sumas adeudadas, según lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, considerando los índices de inflación certificados por el DANE y aplicando la fórmula matemática indicada en esta sentencia. QUINTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. SEXTO. Negar las demás pretensiones de la demanda. SEPTIMO. No se condenará en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-01811-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2015 01811 01 (3649–2019)
Demandante: Agustín Andrade Córdoba
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Revocar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 29 de abril de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “B”, que negó las súplicas de la
demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

El señor Agustín Andrade Córdoba, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 032520 del 27 de octubre de 2014,
RDP 036646 de 02 de diciembre del mismo año y RDP 002726 del 23 de enero de
2015, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, resolvió negativamente los recursos
de reposición y de apelación, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
el reconocimiento de la pensión gracia en cuantía del 75% del promedio de la
totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición
del estatus jurídico. Así como se condena a la entidad al pago de los ajustes de ley,
al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de
1993 y los regulados en el artículo 192 del CPACA. Y finalmente, que se condene

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
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Radicado: 25000 23 42 000 2015 01811 01
Demandante: Agustín Andrade Córdoba

en costas y en agencias en derecho a la UGPP.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El señor AGUSTIN ANDRADE CORDOBA nació el 05 de junio de 1951, y prestó
sus servicios al magisterio de la siguiente manera:

• En el departamento de Caquetá, a partir del 22 de julio de 1974 al 31 de enero
de 1976.
• En el departamento de Caquetá, a partir del 01 de febrero de 1976 al 31 de enero
de 1977, mediante acto administrativo 718 del 02 de febrero de 1975.
• En el departamento de Guainía, a partir del 02 de marzo de 1978 al 06 de mayo
de 1979, mediante Decreto 143 del 28 de febrero de 1978.
• En el departamento de Guainía, a partir del 07 de mayo de 1979 al 02 de
septiembre de 1979, mediante Resolución 555 del 07 de mayo de 1979.
• En el departamento de Guainía, a partir del 03 de septiembre de 1979 al 10 de
febrero de 1980.
• En el distrito de Bogotá, a partir del 19 de julio de 1993 en adelante.

Precisó que el 05 de junio de 2001 cumplió 50 años de edad, y acreditó los 20 años
de servicio como docente nacionalizado. Así, el 04 de junio de 2014 radicó solicitud
de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP –, la cual fue resuelta de manera negativa con los actos hoy demandados.

Para culminar, aduce que previa solicitud, el Ministerio de Educación Nacional con
oficio de 8 de julio de 2014, certificó que no tuvo ninguna vinculación con dicha
cartera.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Se indica que la entidad demandada infringió los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25,
46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política, así como las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, Decretos 081 de 1976, 2277 de 1979 y la Ley 91 de 1989.
Expuso que se cumplieron con todos los requisitos exigidos para el reconocimiento
de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el derecho
prestacional de la docente, en clara omisión de la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre el asunto.

1.4. Contestación de la demanda

Admitida la demanda el 23 de febrero de 20162, y notificada la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, esta presentó escrito con el que se opuso a las

2 Folio 46 Cdno principal

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pretensiones de la demanda, alegando que la demandante no acreditó los requisitos
exigidos por la ley para ser beneficiaria de la pensión gracia, principalmente el haber
estado vinculado como docente departamental, distrital, municipal o nacionalizado
por veinte años, por lo que considera que los actos administrativos demandados se
dictaron acorde a derecho. Así mismo, precisó que la demandante acreditó tiempos
de servicio de carácter nacional, pagados con recursos del situado fiscal, tiempos
que no pueden ser tenidos en cuenta para el cómputo de la pensión gracia.

1.5. Sentencia de primera instancia3

Con fallo de 29 de abril de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó
las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas a la parte
vencida.

Para el efecto, luego de referirse a la normativa y jurisprudencia que gobierna la
pensión gracia y el proceso de nacionalización de la educación, entre estas, las
Leyes 114 de 1913, 39 de 1903, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989,
analizó el material probatorio recaudado, considerando que el actor cumplió los 50
años de edad el 5 de junio de 2001; y en cuanto a la vinculación como docente
territorial o nacionalizado antes de 01 de enero de 1981, encontró probado dicho
requisito en razón a la labor prestada en el departamento de Caquetá desde el 01
de febrero de 1976 hasta el 01 de febrero de 1977 –docente nacionalizado.

Ahora, respecto a la exigencia de la prestación de servicio docente no menor a 20
años, destacó que el actor tuvo distintas vinculaciones laborales así: i) desde el 2
de marzo de 1978 hasta el 11 de febrero de 1980, ii) luego desde 19 de julio de
1993, cuando fue nombrado docente territorial al servicio de la Secretaría de
Educación de Bogotá; resaltando que no era procedente tener en cuenta la labor
prestada entre iii) el 22 de julio de 1974 al 30 de enero de 1976, dado que se
desempeñó como docente nacional.

A renglón seguido indicó que, los periodos laborados por el actor como docente en
el departamento de Guainía, dependiente del Fondo Educativo Regional, deben
tenerse en cuenta, dado que dichos fondos atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, y el pago de ellos,
respecto a los docentes territoriales eran compartidos con la Nación a través del
situado discal y por las entidades territoriales.

En ese orden de ideas, concluyó que el actor solo acreditó como docente
nacionalizado y/o territorial 18 años 11 meses y 19 días, por lo que no reúne los
requisitos para hacerse acreedor a la pensión gracia; y por tanto se negaron las
pretensiones.

3 folios 186 a 195 cdno principal

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1.6. Recurso de apelación4

La parte actora, por intermedio de apoderado, presentó recurso de apelación
contra la anterior decisión, con el fin de que se revoque y, en su lugar, se acceda a
las pretensiones de la demanda, en atención a que, a su juicio, su mandante
acredita todos los requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia, pues cumplió
con la edad mínima requerida, prestó servicio docente con una vinculación por unos
periodos, de naturaleza nacionalizada, y otros como territorial, por un término de 20
años y además tuvo una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980. De igual
manera, señaló que los dineros con los que fueron cancelados los salarios
provenían del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones, y de acuerdo
con ello la vinculación podría poseer naturaleza territorial o nacionalizada, más no
nacional.

Así entonces, concretamente frente al periodo laborado en el municipio de Doncello-
Caquetá, entre el 22 de julio de 1974 y el 30 de enero de 1976, aduce que fue como
docente territorial, en razón a que intervino el Fondo Educativo Regional. Explica
que, incluso sino se tuviera en cuenta dicho lapso, el señor Andrade Córdoba
acredita más de 20 años de servicios a la fecha de presentación de la petición
(04/junio/2014) y a la fecha de la presentación de la demanda (25/marzo/2015),
dado que aquél se retiró del servicio solo hasta el 01 de enero de 2016.

Finalmente expone que el estatus pensional lo adquirió el 29 de agosto de 2010,
cuando cumplió los 20 años de servicio docente.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Con auto de 23 de julio de 2019, se admitió el recurso de apelación 5, y luego con
proveído de 16 de septiembre de 20196, se dispuso correr traslado a las partes para
que presentaran alegatos de conclusión.

Así, el apoderado de la UGPP7 descorrió el termino para alegar y solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia, en tanto aduce que el sustento de lo pedido
carece de fundamentos fácticos y jurídicos al no cumplir con los requisitos legales
para acceder a tal pensión.

Por su parte, el apoderado del señor Agustín Andrade Córdoba y el agente del
Ministerio Público que actúa ante esta Corporación guardaron silencio.

De otro lado, en fecha del 10 de agosto de 20238, se dictó auto para mejor proveer
requiriendo a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, para que allegaran la

4 Folios 201 a 204 cdno principal
5 folio 211 del expediente
6 Folio 217 del expediente físico
7 Folios 153 a 158 del expediente físico.
8 Folios 160 a 161 del expediente físico .

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documentación relacionada con órdenes de prestación de servicios, contratos de
trabajo y/o actos administrativos mediante los cuales se haya designado al actor
como docente, desde el año 1974; al igual que certificados de tiempos de servicios,
con indicación de la naturaleza jurídica del vínculo, y de las plazas ocupadas por
aquél, así como se especificará de donde provenían los dineros con los que fueron
pagados los salarios y prestaciones durante la labor docente, entre otros.

En respuesta a los requerimientos realizados, la Secretaría de Educación Distrital
de Bogotá allegó certificado laboral actualizado9.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la
Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso11, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Del problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Agustín Andrade
Córdoba, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la prestación del servicio
docente de orden territorial o nacionalizado por más de 20 años; o si, por el
contrario, no acredita las exigencias para dicho reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

9 Actuación visible en los índices 35 de SAMAI.
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»

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En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se
reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[Negrillas fuera de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al
1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]

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A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y
cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber
estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos”. […].»12

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación
a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta
cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los
presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta
Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo
propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas
por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los
recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado
fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro
caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los
entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la
entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por
la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —
situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»

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Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».14

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Actuación administrativa

Da cuenta el plenario que el señor Agustín Andrade Córdoba radicó el 04 de junio
de 2014 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, lo cual fue negado a través de la Resolución RDP
032520 del 27 de octubre de 201415, con fundamento en que el actor había
prestado servicio docente del orden nacional durante algunos periodos, se destaca:

“Que teniendo en cuenta lo anterior, los tiempos de servicios
comprendidos entre el 22 de julio de 1974 al 30 de enero de 1976, del 01
de febrero de 1976 al 01 de febrero de 1977 y del 01 de agosto de 1978
al 01 de febrero de 1980 se desestiman, atendiendo a que los mismos
son con vinculación de orden nacional, es decir, que para obtener un
posible reconocimiento pensional, solamente se ha de tener en cuenta
los tiempos cotizados con vinculación municipal, distrital, departamental
o nacionalizada, los cuales resultan insuficientes para cumplir el requisito
legal de 20 años de servicios.”

14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

15 Folios 12 a 14 del expediente

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2015 01811 01
Demandante: Agustín Andrade Córdoba

Inconforme con la precitada decisión, el señor Andrade Córdoba interpuso recurso
de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron desatados de manera
negativa mediante las Resoluciones RDP 036646 02 de diciembre de 2014, y
RDP 002726 de 23 de enero de 201516, respectivamente.

2.5. Caso concreto

Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden a
determinar si el actor cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913,
demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Estado, para el
reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

A. Edad

Se encuentra demostrado que el señor Andrade Córdoba nació el 05 de junio de
1951, razón por la que, el 05 de junio de 200117, cumplió 50 años; requisito este
frente al cual no existe discusión.

B. Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.

C. Vinculación del demandante y tiempo de servicios
Pertinente resaltar que la controversia en este asunto gira en torno al cumplimiento
de esta exigencia legal. Pues bien, se observan las siguientes novedades laborales
del actor como docente oficial:

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980

i) Del 22 de julio de 1974 al 31 de enero de 1976

Reposa en el plenario acta de posesión del actor, en el cargo de profesor seccional
de la Concentración Rufino Quichoya de Doncello, de la cual se advierte que fue
nombrado mediante Resolución 108 de 30 de agosto de 1974, acto expedido por la
Inspección de Educación de Caquetá, tomando posesión del cargo el 24 de
septiembre de 1974 ante el despacho del Inspector Nacional de Educación del
Caquetá.

16 Folios 19 a 20 del expediente.

17 ver documento de identificación - folio 2 expediente

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2015 01811 01
Demandante: Agustín Andrade Córdoba

A su vez, milita en el plenario certificación expedida por el FOMAG – Secretaría de
Educación Departamental de Caquetá, en la que se indica que el vínculo en
mención es del orden nacional. Véase18:

Además obra certificado expedido por la Coordinación de Educación del Caquetá,
expedida el 18 de julio de 2008, en la que se señala que la vinculación por dicho
periodo fue del orden nacional19.

18 Índice 39 de SAMAI
19 Folio 134 del expediente

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Radicado: 25000 23 42 000 2015 01811 01
Demandante: Agustín Andrade Córdoba

Pues bien, aun cuando no se cuenta con el acto administrativo de nombramiento, a
saber, la Resolución 108 de 30 de agosto de 1974, lo cierto es que, para la Sala la
vinculación durante el periodo objeto de análisis fue del orden nacional, teniendo
en cuenta que aun cuando el acto lo expidió la Inspección de Educación del
Caquetá, aquél tomo posesión del cargo ante la Inspección Nacional del Caquetá;
sin que se mencione en los documentos en cita, que los recursos con que se pagó
salarios y prestaciones al actor, sean recursos propios.

Cabe destacar que, si bien la Secretaría de Educación Departamental de Caquetá,
certificó que la institución en la que laboró el actor, es del orden departamental, lo
cierto es que precisa que la Concentración Rufino Quichoya del municipio de
Doncello, fue creada mediante Resolución 1311 de 19 de noviembre de 1996, esto
es, en una fecha posterior al tiempo durante el cual el señor Andrade Córdoba prestó
sus servicios, por lo que tal documento no ofrece certeza al respecto.

En ese orden, no es posible computar el periodo en cita para efectos de obtener el
reconocimiento de la pensión gracia.

-Del 01 de febrero de 1976 al 01 de febrero de 1977 - Nombramiento por
Intendencia Nacional

De otro lado, existe prueba documental que da cuenta de la prestación de servicio
docente durante el lapso temporal de la referencia. Así, se observa que con Decreto
0718 de 2 de febrero de 1976, se nombró al demandante durante el año lectivo de
1976, en la Concentración Kennedy de Paujil, a partir del 01 de febrero de 1976;
acto que fue suscrito por el Intendente Nacional del Caquetá. Igualmente reposa el
acta de posesión.

Ahora, se recaudó Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, que certifica que el vínculo del actor fue nacionalizado, que la fuente de
recursos era del Sistema General de Participación, y que el servicio fue prestado
desde el 02 de febrero de 1976 hasta el 01 de febrero de 1977.

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Resulta pertinente destacar que, las intendencias, al tenor de lo dispuesto en la Ley
22 de 1985, y según lo analizado en la jurisprudencia de esta Corporación, se
asimilaban a los departamentos y la administración de aquéllas era ejercida por el
Gobierno nacional. Al respecto la Sección Segunda ha señalado:

«[…], a través de la Ley 22 del 18 de enero de 1985 se establece que la
administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los
Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios,
confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley 2ª
de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias
correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos,
pudiendo establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas
rentas que aquellos».20

En razón de lo antes expuesto, esta Colegiatura estima válido para pensión gracia
el tiempo prestado entre el 01 de febrero de 1976 al 01 de febrero de 1977 (1 año),
como docente territorial más no nacionalizado como se deja sentado en el
certificado de tiempo de servicios. Lo anterior, en tanto, el acto fue expedido por
autoridad territorial, y si bien se profirió con posterioridad al 1° de enero de 1976, es
decir, en el marco del proceso de nacionalización contenido en la Ley 43 de 1975,
no se advierte la participación directa o por autorización del delegado del Ministerio
de Educación, y menos aún se dejó indicación de que la designación se efectuara
en atención al proceso de nacionalización en cita.

La naturaleza del vinculo como docente territorial en este caso, también tiene
respaldo en lo reseñado en el artículo 1° de la ley 91 de 1989, que dispone que son
territoriales aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

-Del 02 de marzo de 1978 al 11 de febrero de 1980 (1 año 11 meses 9 días)

Conforme Decreto 0143 de 28 de febrero de 1978, el señor Agustín Andrade
Córdoba, fue nombrado como profesor de segunda categoría, dependiente del
Fondo Educativo Regional del Guainía, acto suscrito por el Comisario Especial del
Guainía, el presidente de la Junta Administrativa del FER del Guainía; reposando a
su vez acta de posesión 089 de 2 de marzo de 197821.

Por otro lado, el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
obrante a folios 126 y 127 del plenario, da cuenta del citado nombramiento como
docente nacionalizado desde el 02 de marzo de 1976 y hasta el 11 de febrero de
1980, con una interrupción de cinco (5) días, en razón a una suspensión mediante

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, radicación

05001- 23-33-000-2014-00638-01 (2753-16).
21 Folios 41-42, 121 y reverso del expediente

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Decreto 308 de 15 de marzo de 1978. Y además se hizo constar por parte de la
Secretaría de Educación Departamental de Guainía:

De conformidad con el material probatorio referenciado, se advierte que el acto que
realiza la nominación fue expedido por el Comisario Especial de Guainía – autoridad
territorial-, en uso de sus facultades legales, sin que en las consideraciones que lo
soportan se haya hecho mención a que medió orden del Ministerio de Educación
Nacional para disponer el nombramiento y menos aún se refiere a que la plaza fuera
de naturaleza nacional.

Ahora, lo que si se dispuso es que el nombramiento era dependiente del Fondo
Educativo Regional del Guanía. Pues bien, tal intervención no implica per se que la
naturaleza del vínculo sea nacional; ello, en tanto a la luz de lo señalado en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20185, los gastos
financiados con los fondos educativos en cita, provenían tanto de recursos que
giraba la Nación por concepto de situado fiscal, como del presupuesto de los entes
locales; sumado a que con tales fondos se cubrían los gastos de servicios
educativos de docentes del orden nacional al igual que nacionalizados,
entendiéndose que ello también ocurría con respecto a algunas erogaciones
salariales de docente territoriales, aunado a que en cualquier caso, dichos recursos
pertenecían a los entes locales de manera exclusiva, puesto que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas endógenas y exógenas.

En esa línea de consideraciones, a partir del contenido del acto administrativo de
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nombramiento por este periodo, para la Sala resulta claro que se trató de una
vinculación como docente nacionalizado, en tanto, el acto fue expedido con
posterioridad al 1° de enero de 1976, es decir, en el marco del proceso de
nacionalización contenido en la Ley 43 de 1975, y bajo los postulados del artículo
6.° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atender el proceso de
nacionalización serían administrados por el FER con sujeción a los planes que en
su momento debía establecer el Ministerio de Educación. Por este motivo, también
se contabiliza como tiempo para el reconocimiento de la prestación deprecada, en
un total de 1 año 11 meses y 4 días, descontándose 5 días de suspensión
certificadas.

Se destaca que en razón de los periodos hasta aquí relacionados, y que se han
considerado válidos para pensión gracia, el actor acredita la vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

• Desde el 09 de julio de 1993 al 01 de enero de 2015 (21 años 5 meses y
23 días)

Se observa que mediante Resolución 1495 de 9 de julio de 1993, el alcalde mayor
de Santa Fe de Bogotá, distrito capital, nombró en la planta de personal docente de
dicho distrito al señor Andrade Córdoba, luego de haber superado concurso, acto
que le fue comunicado el 12 de julio de dicha anualidad22. Además con Resolución
1683 de 9 de julio de 1993, se ubicó al actor en la localidad 19 Comunitaria de la
División de Educación de Adultos y Comunitaria.23

Por su parte la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá en formatos únicos
para la expedición de historia laboral de fecha 20 de noviembre de 202324 certificó
que el tipo de vinculación del señor Agustín Andrade Córdoba en este periodo fue
de carácter territorial, y que el pago se realizó con recursos propios:

22 Folios 135 a 139 del expediente.
23 Folio 156 a 159
24 Actuación visible en el índice 35 de SAMAI.

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Ha de señalarse entonces, que este último periodo laborado también resulta válido
para obtener la pensión gracia, pues, además de que la entidad demandada no
cuestionó el mismo, y tampoco el a quo encontró algún reparo para su valoración,
se observa que el acto de nombramiento fue expedido por una autoridad territorial -
alcalde municipal-, además, la plaza es de creación territorial, y el pago de los
salarios y demás prestaciones se realizó con recursos propios. Aunado a que, en
las consideraciones del acto no se hace mención alguna a que haya mediado
intervención del Ministerio de Educación, como tampoco del FER, de manera que
no hay fundamento alguno para considerar que pudiera tratarse de un
nombramiento nacional.

Hasta lo aquí expuesto, estima la Sala que el demandante acreditó los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, lo que impone revocar la
sentencia de primerea instancia. Esta conclusión se funda en los siguientes
razonamientos:

i) El señor Agustín Andrade Córdoba demostró que laboró en el magisterio oficial

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durante más de 20 años como docente de primaria, en plazas clasificadas como
nacionalizadas y territoriales. Igualmente, tuvo una experiencia como educador
anterior al 31 de diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de
servicio, cumple con los presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de
1989 para ser acreedor del beneficio pensional pretendido.

ii) El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al
siguiente:

Carácter de plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada
Territorial 01 de febrero de 01 de febrero de 1 año
1976 1977
Nacionalizada 02 de marzo de 11 de febrero de 1 año; 11 meses; 5
1978 1980 (suspensión días*25
de 5 días)
Territorial 09 de julio de 1993 01 de enero de 21 años; 5 meses;
2015 y 23 días
Total: 24 años, 4 meses
y 28 días

En ese sentido, se itera que se cumplen todas las exigencias legales para obtener
la pensión gracia, especialmente el requisito cuestionado de los 20 años de
servicios como docente territorial o nacionalizado, inclusive tomándose como fecha
de corte, el día en que se presentó el primer requerimiento pensional ante la entidad
demandada -esto es, 04 de junio de 2014-.

Cabe destacar que, para el momento en que el actor cumplió los 50 años de edad -
el 05 de junio de 2001-, aún no había cumplido con los 20 años de servicios, lo cual
solo ocurrió hasta el 4 de julio de 2009.

Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los factores
devengados por el demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 4 de julio de 2008 y 4 de julio de 2009.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».

25 Se excluyen 5 días en razón a la suspensión de la que fue objeto el docente

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En punto a la prescripción, es necesario resaltar que, siendo exigible el derecho a
partir del 4 de julio de 2009, cuando adquirió el estatus, el actor tenía hasta el 4 de
julio de 2012 para presentar la reclamación administrativa, no obstante ello solo
ocurrió hasta el 04 de junio de 2014, y la demanda la radicó el 25 de marzo de 2015,
por lo que se configuró la prescripción de las mesadas dejadas de percibir antes del
4 de junio de 2011.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

De otro lado, no se reconocerán los intereses moratorios solicitados por el
accionante, pues esta corporación ha precisado que conforme al artículo 141 de la
Ley 100 de 1993, aquellos solo proceden «en los casos en los que el pago de las
mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la
prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una
negativa de la entidad a efectuar el pago».26

Bajo el anterior lineamiento, los intereses de mora no pueden decretarse cuando la
pensión aún no ha sido reconocida, como ocurre en el sub-lite, pues hasta el
momento de proferirse el fallo el derecho reclamado se encuentra en discusión, por
ende, no existe un acto administrativo que radique la prestación en cabeza de la
demandante y le permita exigir su pago oportuno.27

2.6. Conclusión

En relación con el caso que nos ocupa, Agustín Andrade Córdoba cumplió con el
requisito mínimo de haber servido en el magisterio por un término no menor de 20
años, con una vinculación como docente del orden territorial o nacionalizado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, por tanto, esta Sala revocará la decisión
dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2016-01824-01 (2923-2019)
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 23 de julio de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2014-00581-01 (2162-2019).
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sentido de acceder a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones
expuestas en esta providencia.

2.7. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 29 de abril de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se negaron las pretensiones
de la demanda presentada por AGUSTIN ANDRADE CORDOBA en contra de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, de acuerdo con las razones expuestas en esta
sentencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:

SEGUNDO. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 032520 del 27 de octubre
de 2014, RDP 036646 de 02 de diciembre del mismo año y RDP 002726 del 23 de
enero de 2015, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión
gracia del actor.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia del señor Agustín Andrade Córdoba,
identificado con cédula de ciudadanía 11.787.438, en cuantía del 75% del promedio
de todos los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 4 de julio de 2008 y 4 de julio de 2009. La prestación

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Demandante: Agustín Andrade Córdoba

tendrá efectos fiscales a partir del 4 de junio de 2011 por haber operado el fenómeno
de la prescripción trienal.

CUARTO. La UGPP actualizará las sumas adeudadas, según lo establecido en el
artículo 187 (inciso final) del CPACA, considerando los índices de inflación
certificados por el DANE y aplicando la fórmula matemática indicada en esta
sentencia.

QUINTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

SEXTO. Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEPTIMO. No se condenará en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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