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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01948-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01948-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR con modificación la sentencia de 26 de abril de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda 42 Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez. 43 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.” 21 Radicado No. 250002342000201501948 01. No. interno: 2729-2020. Actor: Emiro Rojas Granados. Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-). interpuesta por el señor Emiro Rojas Granados contra la Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó en costas a la parte demandada. En su lugar, se dispone: NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación precedente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-01948-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio
autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad
– DAS-).
Trámite: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si tiene derecho a que sea reubicado en
alguna de las entidades receptoras de funcionarios
del Departamento Administrativo de Seguridad -
DAS- o, en su defecto, si tiene derecho al
reconocimiento de la indemnización por supresión
de cargo.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la
Sección de 12 de agosto de 20211, después de surtidas a cabalidad las demás
etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o
nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de
apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 26 de abril de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda interpuesta por el señor Emiro Rojas Granados contra la Fiduciaria la
Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa
jurídica del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

I. ANTECEDENTES2

1.1 La demanda y sus fundamentos.

Emiro Rojas Granados, por intermedio de apoderado judicial3, en ejercicio del
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho –Ley 1437 de
2011-presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad del Decreto 1179
de 27 de junio de 2014, por medio del cual el Presidente de la República
suprimió la planta de personal del Departamento Administrativo Seguridad DAS
en supresión; y, del Oficio DIR 92532 E-1000-27-201411662 del 11 de Julio de
2014, a través del cual el Director del Departamento Administrativo Seguridad
1
Informe visible a folio 273 del expediente.
2
Demanda visible a folios 30 a 52 del expediente.
3
El abogado Luis Arturo Victoria.

2
Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

DAS en supresión le comunicó que el cargo que venía ocupando -Director
Técnico código 100 grado 18-, dependiente de la academia superior de
inteligencia, había sido suprimido.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó; (i) la reubicación en un cargo
igual o de superior categoría4, sin solución de continuidad; (ii) el pago de salarios
y prestaciones dejados de recibir desde la fecha en que fue desvinculado y
hasta que sea reintegrado; (iii) dar aplicación a la sentencia en los términos de
los artículos 187 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; y, (iv) condenar en costas y agencias en derecho.

Como pretensión subsidiaria peticionó el pago de $400.000.000 por concepto
de indemnización por supresión de cargo.

Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de
la situación fáctica, así:

El señor Emiro Rojas Granados ingresó al Departamento Administrativo de
Seguridad DAS por medio de la Resolución 1695 de 8 de octubre de 1979 en el
cargo de Detective Urbano, código 4115, grado 03; posteriormente, ocupó
diversos cargos dentro de la misma institución, al punto, que alcanzó a que fuera
nombrado como Director Técnico código 100 grado 18, dependiente de la
academia superior de inteligencia, mediante Resolución 1049 de 1º de junio de
2005, empleo en el que estuvo hasta el 11 de julio 2014, fecha en que le fue
notificado que su cargo había sido suprimido, pues por medio del Decreto 1179
de 2014 se había adoptado la determinación de suprimir la planta de personal.

El Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas
por la Ley 1444 de 2011, expidió el Decreto Ley 4057 del 31 de octubre de 2011,
mediante el cual se dispuso la supresión del Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS- y, en consecuencia, ordenó el cese definitivo de las
actividades derivadas del desarrollo de las funciones misionales, permitiendo a
este Departamento conservar su capacidad jurídica únicamente para adelantar
las acciones y gestiones administrativas necesarias para su supresión; sin
embargo, para el efecto, dispuso que el proceso de supresión debería
adelantarse en un término de dos años, tiempo que podría ser adicionado por
un año más. En efecto, por medio del Decreto 2404 de 2013 se prorrogó hasta
el 27 de junio de 2014, el plazo previsto en el artículo 1 del Decreto Ley 4057
de 2011 para la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad DAS,
el cual fue prorrogado nuevamente por medio del Decreto 1180 del 27 de Junio
de 2014 hasta el 11 de Julio de 2014.

A juicio del demandante, en alguno de los actos acusados, se le debió indicar
la entidad a donde sería reubicado, pues de lo contrario, tendría derecho al pago
de la indemnización por la supresión del cargo.

4
En alguna de las siguientes entidades: Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado, Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, Unidad Nacional de Protección, Fiscalía General de la
Nación, Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Departamento Administrativo de la Función Pública,
Presidencia de la República- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

3
Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

1.2 Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política, artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 209, 228 y 229; Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículos 138,
134, 161; y, Ley 909 de 2004, artículos 1, 2, 3, 5, 41.

Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que el acto
demandado está afectado por los siguientes cargos:

Violación directa de la ley. Esto por cuanto, según el Decreto 4057 de 20115,
los servidores públicos serían incorporados sin solución de continuidad y en la
misma condición de carrera o provisionalidad que ostentaban en el
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, mientras que los de libre
nombramiento y remoción que fueran reincorporados en cargos de carrera,
adquirirían la calidad de empleados en provisionalidad. De manera entonces
que, al no haber sido reubicado en alguna de las entidades receptoras, se le
desconoció los 34 años que sirvió al Departamento Administrativo de Seguridad
DAS, por ende, se le debe reconocer el pago de la indemnización por supresión
de cargo.

Desviación de poder. Ya que si bien es cierto la supresión del cargo que
ostentaba el demandante se presenta en virtud de una actuación estatal,
también lo es que ésta desborda sus atribuciones, concretamente, porque al no
ser reubicado o pagada la indemnización por supresión del cargo, se le
desprotegieron sus derechos a la igualdad, trabajo y debido proceso.

1.3 Contestación de la demanda.

La Fiduciaria la Previsora vocera del patrimonio autónomo denominado PAP
Fiduciaria S. A. defensa jurídica del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad DAS, a través de su apoderada, solicitó negar las súplicas con
fundamento en los siguientes argumentos6:

No todos los servidores públicos que prestaron sus servicios al Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS- fueron incorporados en las entidades y
organismos receptores de la rama ejecutiva y de la Fiscalía General de la
Nación, motivo por el cual el Gobierno Nacional procedió a regular el
procedimiento aplicable en aquellos casos, como es el caso del demandante, a
quien no fue posible incorporar, concretamente, porque ostentaba una condición
especial, ya que se encontraba próximo a pensionarse.

De conformidad con la Resolución 1049 del 1 de julio de 2005 suscrita por el
Director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el cargo que
ostentaba el señor Emilio Rojas Granados se denominaba Director Técnico
código 100, grado 18, el cual correspondía a los denominados de libre

5
“(…) Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas
funciones y se dictan otras disposiciones (…)”.
6
Visible a folios 76 a 76 a 96 del expediente.

4
Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

nombramiento y remoción, por ende, el derecho de preferencia aplica solo
respecto de aquellas personas que han superado el concurso de méritos y que
son titulares de los derechos que les otorga la carrera administrativa.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha expresado con relación a la
supresión del empleo como causa legal para retirar a un empleado público del
servicio, que la administración pública no es intangible, sino que por el contrario,
atendiendo las razones de interés general, la misma puede ser modificada o
reformada mediante la fusión, escisión o supresión de la plata física de personal
o de la entidad; ello, con el fin de optimizar la eficiente prestación del servicio
público o por razones económicas, siempre y cuando se garantice el ejercicio
de los derechos de las personas. De manera entonces que no existe razón para
que se afirme que no fue analizado el desempeño laboral del demandante, ya
que de conformidad con el Decreto 2400 de 19687 y la Ley 909 de 20048, la
supresión del empleo por causa de la restructuración de una entidad es una
causa válida retirar del servicio del empleado público como quiera que con ella
lo que se busca es la modernización de las entidades estatales.

De otro lado, con relación al retiro de los empleados bajo la modalidad del libre
nombramiento y remoción, existe una línea jurisprudencial sólida construida a
partir de los innumerables estudios que sobre el tema ha realizado el Consejo
de Estado y la Corte Constitucional en las cuales ha sostenido que el funcionario
que ostenta esta condición, tiene una posición precaria y goza de una
estabilidad relativa, debido a que su nombramiento no se dio por haber
superado las etapas propias del concurso de méritos, sino en virtud de una
causal señalada en la Ley.

Precisó, en cuanto al presunto desconocimiento del derecho a la igualdad y al
trabajo por no haber sido incorporado en otra entidad, que ello es una posibilidad
que tienen los que ostentan derechos de carrera.

Finalmente propuso las siguientes excepciones: (i) indebida representación por
insuficiencia del poder otorgado, en la medida en que no se le facultó a
presentar la pretensión subsidiaria; (ii) ineptitud sustantiva de la demanda por
la indebida acumulación de las pretensiones; y, (iii) ausencia de elementos para
desvirtuar no solo la legalidad del acto acusado, sino también, la nulidad por
falta del aplicación del derecho de preferencia.

1.4 La sentencia apelada9.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección D,
mediante sentencia de 26 de abril de 2019 negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante. Lo anterior, por las
razones que a continuación se pasan a exponer:

7
“(…) Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan
otras disposiciones (…)”.
8
“(…) Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones (…)”.
9
Visible a folios 230 a 244 del expediente.

5
Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

A través del capítulo III del Decreto 4057 201110 fue regulado todo lo relacionado
con las disposiciones laborales de la supresión de empleo en el Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, en el cual se indicó, entre otras, que los
servidores que no fueran incorporados en la planta de empleos de las entidades
receptoras permanecerían en la planta de empleos hasta el cierre de ésta, tal y
como sucedió con el demandante.

Además, el derecho que dispuso la supresión, no estableció la obligación de
reincorporación o reubicación a los empleados que estuvieran ocupando un
cargo de libre nombramiento y remoción, concretamente, porque solo permitía
que fueran incorporadas aquellas personas que tenían derecho de carrera, dado
que la estabilidad en el empleo solo se predica para el personal de carrera
administrativa. Así las cosas, el empleado que ocupa un cargo de libre
nombramiento y remoción no queda amparado por las normas que arreglan el
retiro del personal inscrito y escalafonado en carrera administrativa, por lo que,
pretender lo contrario, significaría otorgarle unas garantías que no están
previstas en la ley.

El hecho de que el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- hubiese
mantenido al demandante en el cargo de Director Técnico, ésta sola
circunstancia por sí sola no da lugar a otorgarle la indemnización que reclama
pues, para ello, debe acreditarse el supuesto fáctico que estipula el artículo 44
de la ley 999 2004, esto es, que se trate de un funcionario de carrera
administrativa.

1.5 El recurso de apelación.

La parte demandante interpuso recurso de apelación con los argumentos que
se exponen a continuación11:

Resulta evidente que al demandante se le vulneraron sus derechos a la igualdad
y al trabajo al no haber sido incorporado en ninguna de las entidades receptoras,
pese a que no solo reunía los requisitos para tal fin, sino que también el inciso
3º del artículo 6º del Decreto 4057 de 2011 estableció que “(…) los servidores
públicos serán incorporados sin solución de continuidad y en la misma condición de
carrera o provisionalidad que ostentaban en el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS). Los empleados de libre nombramiento y remoción que se incorporen
en cargos de carrera, adquirirán la calidad de empleados en provisionalidad. (…)”.

En tal sentido, la normativa no estableció excepción alguna para que al
demandante no se le hubiese efectuado oferta alguna, luego no es cierto lo
expuesto por el a-quo en cuanto a que exista un derecho preferencial para la
incorporación de los empleos de carrera, pues es un hecho que todos los
empleados pasarían a las entidades receptoras en las mismas condiciones en
las que se encontraban en el ente suprimido. Pero si en gracia de discusión se
admitiera que ello no es posible, se debió reconocer la indemnización por
supresión del cargo.

10
“(…) Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas
funciones y se dictan otras disposiciones (…)”.
11
Visible a folios 254 a 259 del expediente.

6
Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

Finalmente solicitó que sea revocada la orden que hace referencia a la condena
en costas, como quiera que no considerase posible que, por el hecho de velar
por un derecho laboral, sea obligado a pagar una suma de dinero.

II. CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo señalado en la sentencia de primera instancia y atendiendo
los motivos de inconformidad aducidos por la parte demandante, se contrae a
determinar:

Problema jurídico

Si con la expedición del acto que suprimió la planta de personal en el
Departamento Administrativo de Seguridad DAS se incurrió en infracción
en las normas en que debían fundarse, porque debió ser reubicado en
alguna de las entidades receptoras o, en su defecto, reconocer la
indemnización por supresión de cargo.

Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: (i) de la
supresión de cargos en el régimen general; (ii) la supresión de cargos en el ente
demandado; (iii) derechos de los servidores en carrera administrativa a quienes
se les suprima el cargo; (iv) de los hechos probados; y, (v) del caso en concreto.

i. De la supresión de cargos

De conformidad con el inciso 1º del artículo 209 de la Constitución Política 12, la
función administrativa debe ejercerse con fundamento en el bien común y el
interés general, es decir, persiguiendo los fines propios de un Estado Social de
Derecho. Uno de los mecanismos idóneos en pro de la consecución de una
adecuada función administrativa es precisamente la consolidación de la carrera
como sistema técnico de administración de personal, que guía no sólo el ingreso
al servicio sino también su permanencia y retiro13; garantizándose, además, la
estabilidad laboral «artículos 25, 53 y concordantes de la Constitución Política»; la
mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a cargo del Estado;
y, la igualdad de oportunidades «artículos 13 y 40 numeral 7º ibidem».

El artículo 2º de la Ley 443 de 1998 siguiendo con estos lineamientos expresó
que la carrera administrativa debe desarrollarse fundamentalmente con base en
los principios de igualdad y del mérito, entendiendo por el segundo de ellos que
“(...) el acceso a los cargos de carrera, la permanencia en los mismos y el ascenso
estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas y
la experiencia, el buen desempeño laboral y la observancia de buena conducta de los
empleados que pertenezcan a la carrera y de los aspirantes a ingresar a ella.”.

Dentro de esta concepción, la supresión de empleos se debe entender como
una causa admisible de retiro del servicio de los empleados del sector público,
12
“(…) Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (...)”.
13
Artículo 125 de la Constitución Política.

7
Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

que encuentra su sustento en la necesidad de adecuar las plantas de personal
de las entidades públicas a los requerimientos del servicio. En efecto, la
supresión de cargos de carrera en la administración suele presentarse por
varias circunstancias, bien por fusión o liquidación de la entidad pública
respectiva, por reestructuración de la misma, por modificación de la planta de
personal, por reclasificación de los empleos o bien por políticas de
modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la prestación del
servicio público para el control del gasto público.

Así, cuando se retira a un empleado de la planta de cargos, como consecuencia
de una supresión, se hace porque el empleo específico fue suprimido por un
acto administrativo, lo que sucede cuando la cantidad de cargos desaparece o
disminuye, o en la nueva planta de personal no subsisten cargos con funciones
iguales o equivalentes a los cuales pueda incorporarse el funcionario 14.

La Administración, en síntesis, por motivos de interés general ligados a la
eficacia y eficiencia de la función pública puede acudir a la supresión de cargos
en una entidad pública, sin que puedan oponérsele los derechos de carrera de
los funcionarios, ya que, éstos deberán ceder ante el interés general, como lo
dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 27 de mayo de 1999, M.P.
doctor Carlos Gaviria Díaz:

“(…) No hay duda de que la pertenencia a la carrera administrativa implica para los
empleados escalafonados en ella la estabilidad en el empleo, sin embargo, esa sola
circunstancia no obliga al Estado a mantener los cargos que éstos ocupan, por
siempre y para siempre, pues pueden existir razones y situaciones que justifiquen la
supresión de los mismos. La estabilidad, como tantas veces se ha dicho, “no significa
que el empleado sea inamovible, como si la Administración estuviese atada de
manera irreversible a sostenerlo en el puesto que ocupa aún en los casos de
ineficiencia, inmoralidad, indisciplina o paquidermia en el ejercicio de las funciones
que le corresponden, pues ello conduciría al desvertebramiento de la función pública
y a la corrupción de la carrera administrativa. (...)”

En otras palabras, el derecho a la estabilidad no impide que la administración
por razones de interés general ligadas a la propia eficacia y eficiencia de la
función pública pueda suprimir determinados cargos, por cuanto ello puede ser
necesario para que el Estado cumpla sus cometidos. Por consiguiente, cuando
existan motivos de interés general que justifiquen la supresión de cargos en una
entidad pública, es legítimo que el Estado lo haga, sin que pueda oponérsele
los derechos de carrera de los funcionarios ya que éstos deben ceder ante el
interés general.

Ahora bien, el proceso de reestructuración de las plantas de personal en la rama
administrativa se encuentra compuesto por una serie de etapas que son

14
Así lo ha indicado la Sección Segunda de esta Corporación en Sentencia de 6 de julio de 2006,
Consejera Ponente Dra. Ana Margarita Olaya Forero, Actor Omar Benito Páez Jaimes:
“(…) Por ello la planta de personal de una entidad puede estipular cargos de igual denominación que
no obstante serán diferentes empleos cuando el manual específico les asigne funciones, requisitos y/o
responsabilidades distintas; y la supresión del empleo no ocurrirá cuando subsistan en la planta de la
entidad igual o superior número de cargos de la misma o distinta denominación, cuando las funciones
asignadas, los requisitos y la responsabilidad inherente a dichas funciones sea idéntica. Por el contrario,
si el número de cargos se reduce en las mismas condiciones, habrá ocurrido una real supresión de
empleos. (…)”.

8
Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

necesarias para su prosperidad y que comienzan con la elaboración del estudio
técnico, luego, la propuesta de modificación de la planta de personal, el
concepto técnico favorable y el concepto de viabilidad presupuestal.

En relación con los estudios técnicos, tanto el artículo 41 de la Ley 443 de 199815
como el artículo 148 del Decreto 1572 de 199816 y los artículos 7° y 9° del
Decreto 2504 de 199817, establecen que cuando de la modificación de cualquier
planta de personal se trate, la misma debe estar precedida por estudio técnico
que la justifique, que debe fundamentarse en las necesidades del servicio o en
razones que propendan por la modernización de la administración, dentro de
claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés
general, con el análisis de aspectos tales como los procesos técnico - misionales
y de apoyo, la evaluación de la prestación de los servicios y, la evaluación de
las funciones asignadas, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleados.

Por su parte, en lo que se refiere a la reincorporación a un cargo equivalente, el
artículo 39 de la Ley 443 de 1998 ha señalado que ello ocurre una vez se ha
expedido el acto de contenido particular y concreto del cual se deduce la
supresión de los cargos de los que no fueron incorporados, quedando personas
de carrera administrativa cuyos cargos resultaron suprimidos retiradas del
servicio, pero conservando sus derechos de carrera, que se traducen en el

15
Ley 443 de 1998 “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras
disposiciones”, publicada en Diario oficial No. 43.320 de 11 de junio de 1998.Artículo 41. “Reforma de
plantas de personal. Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de
carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional
y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera, deberán motivarse expresamente; fundarse
en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en estudios
técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de
Administración Pública, firmas especializadas en la materia o profesionales en Administración Pública
u otras profesiones idóneas, debidamente acreditadas, de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional.(…)”.
16
Decreto 1572 de 1998.
“(…) Artículo 148 Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la
Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse expresamente y fundarse en las
necesidades del servicio o en razones que propendan por la modernización de la institución, las cuales
estarán soportadas en estudios técnicos que así lo demuestren”.
17
Decreto 2504 de 1998.
“(…) Artículo 7°Modificase el artículo 149 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará
así: Artículo 149. Se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones
del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otros,
de:1. Fusión o supresión de entidades.2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones
generales de la entidad. 3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro. 4. Supresión,
fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones. 5. Mejoramiento o introducción de
procesos, producción de bienes o prestación de servicios. 6. Redistribución de funciones y cargas de
trabajo. 7. Introducción de cambios tecnológicos. 8. Culminación o cumplimiento de planes, programas
o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al
desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad. 9. Racionalización
del gasto público. 10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las
entidades públicas. PARÁGRAFO. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo
deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés
general (…)”.
Artículo 9°. Modificase el artículo 154 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará así:
Artículo 154.- Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal deberán estar
basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la
causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos: 1. Análisis de los procesos
técnico-misionales y de apoyo. 2. Evaluación de la prestación de los servicios. 3. Evaluación de las
funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleados (…)".

9
Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

derecho de optar por ser indemnizados, o ser incorporados a empleos
equivalentes que estén vacantes o que se creen en las plantas de personal.

Esta incorporación, se expide a solicitud del interesado, con posterioridad a la
supresión de los cargos y retiro de los empleados y procede siempre que se
acrediten los requisitos mínimos para el desempeño del respectivo empleo; y en
consecuencia esta decisión se considera reglada.

Pero este derecho de preferencia es una garantía instituida sólo a favor de
quienes se encuentran inscritos en carrera administrativa y cuando sus empleos
han sido suprimidos de la planta de personal. Es una opción que el legislador
les da para ser incorporados a un cargo equivalente en la nueva estructura de
la entidad oficial y conforme a las reglas allí previstas. Debe tenerse en cuenta
que el empleado que pertenece a la carrera administrativa es quien superó
satisfactoriamente todas las etapas de un concurso, cumpliendo las demás
formalidades que la misma Ley 443 de 1998, exige, como la inscripción en el
escalafón.

Debe tenerse en cuenta que con posterioridad a esta normativa fue expedida la
Ley 909 de 2004 la cual, al igual que su antecesora, enlistó las causales de
retiro del servicio y, entre ellas, citó la “supresión del empleo”18. Es evidente que
esta causal es una consecuencia directa de la reforma o modificación de la
estructura funcional de la entidad, de manera que la selección de la nueva planta
exige criterios objetivos y funcionales, por lo que es necesario un estudio técnico
que defina los nuevos perfiles y cargas de trabajo de acuerdo a la misión,
objetivos y fines, para de esta manera seleccionar que funcionarios debe o no
incorporar.

El artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y su reglamentario Decreto 1227 de 2005,
en el artículo 87 delinea los efectos jurídicos de la supresión de los empleos de
carrera al señalar que, el empleado puede optar entre la incorporación a un
empleo equivalente de la nueva planta y de no ser posible, debe escoger la

18
“(…) ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en
los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y
remoción;
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no
satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa;
c) INEXEQUIBLE. Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa,
mediante resolución motivada; Sentencia C-501 de 2005.
d) Por renuncia regularmente aceptada;
e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez;
f) Por invalidez absoluta;
g) Por edad de retiro forzoso;
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;
i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo;
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de
conformidad con el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen;
k) Por orden o decisión judicial;
l) Por supresión del empleo;
m) Por muerte;
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
(…)”.

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Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
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extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

reincorporación o el pago de una indemnización conforme a una tabla para tal
fin diseñada.

ii. De la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS.

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), creado mediante Decreto
Ley 1717 del 18 de julio de 196019, tenía por objeto producir y dirigir las
actividades de inteligencia para garantizar la seguridad nacional interna y
externa del Estado colombiano, así como brindar seguridad a personas y
dignatarios20, el cual fue suprimido a través del Decreto Ley 4057 de 201121.

De acuerdo con el artículo 3° del referido Decreto Ley 4057 de 201122 algunas
de sus funciones y funcionarios fueron trasladados, desde el 1° de enero de
201223, a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Fiscalía
General de la Nación o al Ministerio de Defensa -Policía Nacional-. Además, el
artículo 7° ibidem dispuso que el régimen de personal que le sería aplicable a
los servidores del DAS que fueran trasladados a otras instituciones «será el que
rija en la entidad u organismo receptor», exceptuando al que «se incorpore al
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional».

Cada entidad receptora (Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de
Protección, Unidad Administrativa Especial de Migración, Policía Nacional y
Defensa Civil Colombiana), adelantó su respectivo estudio técnico en el cual
incluyó el análisis de planta propuesta, carga de trabajo, funciones y requisitos
y determinación de perfiles y, con fundamento en ello, seleccionó al personal
que sería incorporado. Como resultado de lo anterior, de la totalidad de los
funcionarios existentes, esto es, 5737, fueron incorporados 518824.

Ahora bien, el artículo 6° del referido decreto, con el objeto de regular el proceso
de supresión en cuestión, señaló la forma en que los servidores públicos
pertenecientes a la planta de personal del DAS fueron redistribuidos o
incorporados entre las cuatro entidades referenciadas, así:

(…) Artículo 6°. Supresión de empleos y proceso de incorporación. El Gobierno
nacional suprimirá los empleos de la planta de personal del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), que tenían asignadas las funciones trasladadas
y ordenará la incorporación de los servidores que las cumplían en las plantas de
personal de las entidades y organismos receptores de la rama ejecutiva. La Fiscalía
General de la Nación hará la correspondiente incorporación en los empleos que para
el efecto se creen en desarrollo de las facultades extraordinarias otorgadas en la Ley
1444 de 2011.
Los demás empleos se suprimirán de acuerdo con el plan de supresión que presente
el Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión, al
Gobierno nacional dentro de los (2) dos meses siguientes a la expedición del presente
decreto.

19
Por el cual se organiza el Departamento Administrativo de Seguridad.
20
Artículo 2º del Decreto 643 de 2004 «Por el cual se modifica la estructura del Departamento
Administrativo de Seguridad y se dictan otras disposiciones.»
21
Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas
funciones y se dictan otras disposiciones.
22
Ibidem.
23
Artículo 26 del Decreto 4057 de 2011.
24
Información tomada del estudio técnico de supresión de cargos del Departamento Administrativo de
Seguridad DAS.

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Los servidores públicos serán incorporados sin solución de continuidad y en la misma
condición de carrera o provisionalidad que ostentaban en el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS). Los empleados de libre nombramiento y remoción
que se incorporen en cargos de carrera, adquirirán la calidad de empleados en
provisionalidad.
Los servidores que no sean incorporados a los empleos de las entidades receptoras
permanecerán en la planta de empleos del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) en supresión hasta el cierre de la misma si acreditan las condición
de padre o madre cabeza de familia, discapacitado o próximos a pensionarse
señaladas en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002.
Los beneficios consagrados en el Capítulo II de la Ley 790 de 2002 se aplicarán a los
servidores públicos retirados del servicio en desarrollo del proceso de supresión del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Parágrafo. Para efectos de la desvinculación del personal que goza de la garantía del
fuero sindical, el Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en
supresión, adelantará el proceso de levantamiento de dicho fuero, dentro de los
términos y condiciones establecidos en las normas que rigen la materia. Los procesos
tendientes a obtener permiso para retirar al empleado amparado con el fuero sindical,
deberán adelantarse dentro de los términos establecidos en la ley y los jueces
laborales con prelación a cualquier asunto de naturaleza diferente, con excepción de
la acción de tutela. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala
conducta.
(…)”.

En virtud de lo anterior es dable concluir que aquellos funcionarios a quienes se
les suprimió el empleo serían incorporados a los organismos a donde fueron
trasladadas las funciones, sin solución de continuidad y en la misma condición
de carrera o provisionalidad que ostentaban en el Departamento Administrativo
de Seguridad -DAS- y aquellos que no lo fueran permanecerían en la planta de
empleos del ente en supresión hasta su cierre definitivo, si acreditaban la
condición de padre o madre cabeza de familia, discapacitado o próximos a
pensionarse, conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002; lo
anterior en aras a garantizar la protección de estabilidad laboral para mantener
una vinculación laboral.

iii. De los derechos de los servidores en carrera administrativa a quienes
se les suprima el cargo.

De conformidad con el inciso 1º del artículo 209 de la Constitución Política25, la
función administrativa debe ejercerse con fundamento en el bien común y el
interés general, es decir, persiguiendo los fines propios de un Estado Social de
Derecho. Uno de los mecanismos idóneos en pro de la consecución de una
adecuada función administrativa es precisamente la consolidación de la carrera
como sistema técnico de administración de personal, que guía no sólo el ingreso
al servicio sino también su permanencia y retiro26; garantizándose, además, la
estabilidad laboral «artículos 25, 53 y concordantes de la Constitución Política»; la
mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a cargo del Estado;
y, la igualdad de oportunidades «artículos 13 y 40 numeral 7º ibidem».

El artículo 2º de la Ley 443 de 1998 siguiendo con estos lineamientos expresó
25
“(…) Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (...)”.
26
Artículo 125 de la Constitución Política.

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que la carrera administrativa debe desarrollarse fundamentalmente con base en
los principios de igualdad y del mérito, entendiendo por el segundo de ellos que
“(...) el acceso a los cargos de carrera, la permanencia en los mismos y el ascenso
estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas y
la experiencia, el buen desempeño laboral y la observancia de buena conducta de los
empleados que pertenezcan a la carrera y de los aspirantes a ingresar a ella.”.

Dentro de esta concepción, la supresión de empleos se debe entender como
una causa admisible de retiro del servicio de los empleados del sector público,
que encuentra su sustento en la necesidad de adecuar las plantas de personal
de las entidades públicas a los requerimientos del servicio. En efecto, la
supresión de cargos de carrera en la administración suele presentarse por
varias circunstancias, bien por fusión o liquidación de la entidad pública
respectiva, por reestructuración de ésta, por modificación de la planta de
personal, por reclasificación de los empleos o bien por políticas de
modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la prestación del
servicio público para el control del gasto público.

Por su parte, en lo que se refiere a la reincorporación a un cargo equivalente, el
artículo 39 de la Ley 443 de 1998 ha señalado que ello ocurre una vez se ha
expedido el acto de contenido particular y concreto del cual se deduce la
supresión de los cargos de los que no fueron incorporados, quedando personas
de carrera administrativa cuyos cargos resultaron suprimidos retiradas del
servicio, pero conservando sus derechos de carrera, que se traducen en el
derecho de optar por ser indemnizados, o ser incorporados a empleos
equivalentes que estén vacantes o que se creen en las plantas de personal.

Esta incorporación, se expide a solicitud del interesado, con posterioridad a la
supresión de los cargos y retiro de los empleados y procede siempre que se
acrediten los requisitos mínimos para el desempeño del respectivo empleo; y en
consecuencia esta decisión se considera reglada. Sobre el particular, la Corte
Constitucional al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 5 parcial, 39 parcial, 41, 48-2 y 56 de la Ley 443 de 1998, señaló27:

“(…) Dado que la supresión de cargos así sea con los fines anotados implica
necesariamente un daño, surge con claridad meridiana el deber de reparación por
parte del Estado, porque «si bien es cierto que el daño puede catalogarse como
legítimo porque el Estado puede en función de la protección del interés general
determinar la cantidad de sus funcionarios (arts. 150-7 y 189-14 C.P.), esto no implica
que el trabajador retirado del servicio tenga que soportar íntegramente la carga
específica de la adecuación del Estado, que debe ser asumida por toda la sociedad
en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas (C.P. art. 13). Los
derechos laborales entran a formar parte del patrimonio y no pueden ser
desconocidos por leyes posteriores (art. 58-1 C.P.). Además, las autoridades de la
República están obligadas a protegerlos (art. 2 C.P.). Esto armoniza con una de las
finalidades del Estado social de derecho: la vigencia de un orden social justo
(Preámbulo de la Carta). Por ello se trata de una indemnización reparatoria
fundamentada en el reconocimiento que se hace a los derechos adquiridos en materia
laboral.28

27
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia de C-370 de 27 de mayo de 1999, M. P. Dr. Carlos Gaviria
Díaz.
28
Citó: sentencia C-613 de 1994.

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El deber de indemnizar encuentra fundamento constitucional en el hecho de que el
empleado público de carrera administrativa «es titular de unos derechos subjetivos
adquiridos que gozan de protección constitucional, al igual que ocurre con la
propiedad privada., según el artículo 58 de la Carta. Por lo tanto, esos derechos no
son inmunes al interés público pues el trabajador, como el resto del tríptico económico
-del cual forma parte también la propiedad y la empresa- está afectado por una
función social, lo cual no implica que la privación de tales derechos pueda llevarse a
efecto sin resarcir el perjuicio que sufre su titular en aras del interés público. De allí
que, si fuese necesario que el Estado, por razones de esa índole, elimine el empleo
que ejercía el trabajador inscrito en carrera, como podría acontecer con la aplicación
del artículo 20 transitorio de la Carta, sería también indispensable indemnizarlo para
no romper el principio de igualdad en relación con las cargas públicas (art. 13 C.N.),
en cuanto aquél no tendría obligación de soportar el perjuicio, tal como sucede
también con el dueño del bien expropiado por razones de utilidad pública. En ninguno
de los casos la licitud de la acción estatal es óbice para el resarcimiento del daño
causado. (…)”.

Pero este derecho de preferencia es una garantía instituida sólo a favor de
quienes se encuentran inscritos en carrera administrativa y cuando sus empleos
han sido suprimidos de la planta de personal. Es una opción que el legislador
les da para ser incorporados a un cargo equivalente en la nueva estructura de
la entidad oficial y conforme a las reglas allí previstas. Debe tenerse en cuenta
que el empleado que pertenece a la carrera administrativa es quien superó
satisfactoriamente todas las etapas de un concurso, cumpliendo las demás
formalidades que la misma Ley 443 de 1998 exige, como, la inscripción en el
escalafón.

En relación con los parámetros de la indemnización, el Decreto 1572 del 5 de
agosto de 199829, reglamentario de la Ley 443 de 1998, reprodujo el contenido
de esta garantía en el artículo 135 y en el 137, previó las tablas para efectos de
liquidar la indemnización por supresión del cargo en función del tiempo de
servicio que tuviera el empleado público, así:

Tiempo de servicio Indemnización
Menos de un año continuo 45 días calendario
Un año o más de servicio continuo y menos 45 días por el primer año y 15 por cada uno
de cinco de los años subsiguientes al primero y
proporcionalmente por meses cumplidos
Por cinco años o más de servicios continuos 45 días de salario por el primer año, 20 días
y menos de diez por cada uno de los años subsiguientes al
primero y proporcionalmente por meses
cumplidos
Por diez años o más de servicios continuos 45 días de salario por el primer año y 40 días
por cada uno de los años subsiguientes al
primero proporcionalmente por meses
cumplidos.

Sobre los valores reconocidos, el artículo 139 dispone que no constituyen factor
de salario para ningún efecto y que son compatibles con el reconocimiento de
las prestaciones sociales a que tenga derecho el empleado retirado, y el artículo
140 señala los emolumentos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la
indemnización, ellos son: (i) asignación básica mensual devengada a la fecha
de supresión del cargo; (ii) prima técnica; (iii) dominicales y festivos; (iv) auxilios

29
Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto – Ley 1567 de 1998.

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de alimentación y de transporte; (v) prima de navidad; (vi) bonificación por
servicios prestados; (vii) prima de servicios; (viii) prima de vacaciones; (ix) prima
de antigüedad; (x) horas extras; y, (xi) los demás que constituyan factor de
salario.

Debe tenerse en cuenta que con posterioridad a esta normativa fue expedida la
Ley 909 de 2004 la cual, al igual que su antecesora, enlistó las causales de
retiro del servicio y, entre ellas, citó la “ supresión del empleo”30. Es evidente que
esta causal es una consecuencia directa de la reforma o modificación de la
estructura funcional de la entidad, de manera que la selección de la nueva planta
exige criterios objetivos y funcionales, por lo que es necesario un estudio técnico
que defina los nuevos perfiles y cargas de trabajo de acuerdo con la misión,
objetivos y fines, para de esta manera seleccionar que funcionarios debe o no
incorporar.

El artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y su reglamentario Decreto 1227 de 2005,
en el artículo 87 delineó los efectos jurídicos de la supresión de los empleos de
carrera al señalar que, el empleado puede optar entre la incorporación a un
empleo equivalente de la nueva planta y de no ser posible, debe escoger la
reincorporación o el pago de una indemnización conforme a una tabla para tal
fin diseñada.

iv. Los hechos probados.

De los actos administrativos demandados

Por medio del Decreto 1179 de 2014 el Presidente de la República suprimió de
la planta de personal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, los
siguientes cargos31:

“(…) Artículo 1°. Suprímanse de la planta de personal del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) en Supresión, los siguientes cargos:

30
“(…) ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en
los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y
remoción;
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no
satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa;
c) INEXEQUIBLE. Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa,
mediante resolución motivada; Sentencia C-501 de 2005.
d) Por renuncia regularmente aceptada;
e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez;
f) Por invalidez absoluta;
g) Por edad de retiro forzoso;
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;
i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo;
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de
conformidad con el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen;
k) Por orden o decisión judicial;
l) Por supresión del empleo;
m) Por muerte;
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
(…)”.
31
Visible a folios 21 a 27 del expediente.

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DESPACHO DEL DIRECTOR

No de Cargos Denominación del cargo Código Grado
Director del Departamento
Uno (1) 0010 00
Administrativo
Uno (1) Secretario Privado 112 20
Dos (2) Asesor 1020 14
ÁREA DE DIRECCIÓN SUPERIOR (CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN)
No de Cargos Denominación del cargo Código Grado
Secretario General del Departamento
Uno (1) 0035 21
Administrativo
Dos (2) Director General 104 25
Uno (1) Director Técnico 100 18
Cinco (5) Subdirector 118 23
Dos (2) Jefe de Oficina Asesora 125 23
Cuatro (4) Jefe de Oficina 114 23
Veintisiete (27) Director Seccional 108 22
Nueve (9) Subdirector Seccional 119 20
(…)
Artículo 2°.Derechos del empleado de carrera administrativa. Los empleados
públicos con derechos de Carrera Administrativa, que administra la Comisión
Nacional del Servicio Civil, a quienes se les suprime el cargo como consecuencia de
lo dispuesto en el presente decreto, podrán optar por ser reincorporados a empleo de
carrera igual o equivalente al suprimido o a percibir la indemnización de que trata el
parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, conforme a lo consagrado en el
artículo 28 del Decreto 760 de 2005 y demás disposiciones que la reglamenten,
modifiquen o sustituyan.
Artículo 3°.Reconocimiento económico. Los empleados públicos de libre
nombramiento y remoción de los niveles jerárquicos diferentes al directivo y las
personas vinculadas por nombramiento provisional, que sean retirados del servicio
como consecuencia de la supresión de sus empleos, podrán solicitar el
reconocimiento económico destinado a su rehabilitación laboral, profesional y técnica,
de que trata el artículo 8° de la Ley 790 de 2002, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Capítulo II del Decreto 190 de 2003, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 19 de la Ley 1444 de 2011 y el inciso quinto del artículo 6° del Decreto
4057 de 2011.
Artículo 4°.Protección especial - Prepensionados. Los empleados públicos del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Supresión, cuyos empleos se
suprimen en el presente decreto, que ostenten la calidad de Prepensionados, gozarán
de la protección especial reforzada de que trata la Sentencia de Unificación 897 de
2012, expedida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1444 de 2011 y el inciso quinto del artículo 6° del
Decreto 4057 de 2011.
Artículo 5°.Retiro y protección especial. El retiro efectivo del Director del
Departamento, del Secretario General, del ordenador del gasto y de los empleados
públicos que tengan la condición de prepensionados, madre o padre cabeza de familia
o discapacitados, se hará al cierre definitivo del proceso de supresión.
Artículo 6°. El Gobierno Nacional mediante decreto, hará los ajustes
correspondientes en el presupuesto del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) en Supresión para cumplir con el pago de las indemnizaciones y demás
acreencias laborales a que tengan derecho los empleados retirados del servicio por
la supresión efectiva de sus empleos, conforme a lo dispuesto en el artículo 8° de
Decreto-ley 4057 de 2011, en concordancia con el Decreto 2404 de 2013.
(…)”.

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Ahora bien, por medio del Oficio DIR 92532 E-1000-27-201411662 del 11 de
Julio de 2014 el Director del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-
le informó al señor Emiro Rojas Granados que el cargo que venía ejerciendo,
Director Técnico código 100 grado 18 había sido suprimido por disposición del
Decreto 1179 de 2014, para el efecto indicó32:
“(…) Me permito comunicarle que el Decreto 1179 del 27 de julio de 2014, suprimió
la planta de personal del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. en
supresión; acto administrativo que en su artículo primero dispuso la supresión del
empleo del director técnico 100-18 de naturaleza de Libre Nombramiento y Remoción,
que usted ostentaba en esta entidad, situación que produce su retiro del servicio en
virtud de lo consagrado en el literal L) del artículo 41 de la ley 909 de 2004.
Que el Decreto 1180 del 27 de julio de 2014, prorrogó hasta el 11 de julio de 2014 el
plazo dispuesto para la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad DAS
indicado inicialmente en el inciso sugerido del artículo 1º del Decreto Ley 4057 de
2011, prorrogado por el artículo 1º del Decreto 2404 de 2013.
Que mediante Resolución 1049 del 1 de junio de 2005, usted fue nombrado con
carácter ordinario en el cargo de DIRECTOR TÉCNICO 100-18 dependiente de la
ACADEMIA SUPERIOR DE INTELIGENCIA, cargo con responsabilidades y
funciones que se hacen necesarios para la fecha de cierre definitivo de la Entidad.
Por lo anterior, me permito comunicarle que su retiro del cargo por supresión del
empleo en la planta de personal del departamento administrativo de seguridad das en
proceso de supresión, se produce a partir del 12 de julio de 2014.
Le recuerdo que es su deber entregar a la Subdirección de Talento Humano, el carné
que le identifica como funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad
D.A.S., al igual que los archivos físicos y magnéticos, inventarios, documentos, tareas
asignadas y el estado de las mismas, así como las prendas de uso restrictivo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Resolución 2852 del 29 de diciembre
de 1998, Resolución 959 del 10 de septiembre de 2008, artículo 15 de la Ley 594 del
14 de julio de 2000 y Resolución 419 del 3 de marzo de 2003.
(…)”.

La vinculación del señor Emiro Rojas Granados.

De conformidad con el extracto de certificación que suscribió el Subdirector de
Talento Humano (e) del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, el
señor Emiro Rojas Granados ingresó a la entidad como Detective el 8 de octubre
de 1979, del 11 de octubre de 1989 como Oficial de Inteligencia; del el 3 de
agosto de 1993 como Director Seccional y, a partir del 1º de junio de 2005 como
Director Técnico código 100 grado 1833.

Otros documentos de relevancia en el presente proceso

A folio 149 del expediente reposa disco compacto en el que se encuentra los
antecedentes administrativos del señor Emiro Rojas Granados y el estudio
técnico de supresión de empleos de la planta de personal del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS.

v. Del caso en concreto.

En el sub lite el demandante pretende que se declare la nulidad del acto
administrativo que suprimió la planta de personal del Departamento

32
Visible a folio 28 del expediente.
33
Visible a folios 7 a 11 del expediente.

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Administrativo de Seguridad DAS en supresión y del oficio a través del cual se
le informó al señor Emiro Rojas Granados que su cargo había sido suprimido,
en virtud de ello solicitó que fuese reubicado en alguna de las entidades
receptoras, el consecuente pago de salarios y demás emolumentos dejados de
percibir y/o el pago de la indemnización por supresión del cargo, pues en su
sentir, se incurrió infracción en las normas en que debería fundarse.

Al respecto, es necesario precisar que esta causal ha sido vista por parte de la
doctrina como «genérica»34, en la medida en que las demás causales
específicas pueden comprenderse dentro de la violación de las normas
superiores en las que debería fundarse el acto administrativo, ya que aspectos
como la competencia, el procedimiento, los motivos y las finalidades del acto
están señaladas en preceptos de mayor jerarquía35 que deben ser observados
en su expedición.

No obstante, también se ha dicho que, por razones de técnica y respeto a la
tradición doctrinaria y jurisprudencial36, además de la necesidad de darle una
lectura racional y eficaz de la norma37, esta causal debe diferenciarse de las
demás y, en ese sentido, su aplicación es residual, lo que quiere decir que podrá
invocarse si los hechos no encuadran en una causal distinta38.

En todo caso, el significado estricto de esta causal ha sido comprendido por la
jurisprudencia de esta Corporación39 como la contravención legal directa de la
norma superior en que debía fundarse el acto administrativo, y ocurre cuando
se presenta una de las siguientes situaciones: Falta de aplicación, aplicación
indebida o, interpretación errónea.

En primer lugar, la falta de aplicación de una norma se configura cuando la
autoridad administrativa ignora su existencia o, a pesar de que la conoce ─pues
la analiza o valora─ no la aplica a la solución del caso. También sucede cuando
se acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, toda vez
que esta no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos
supuestos, la autoridad puede examinar la norma, pero cree, equivocadamente,
que no es la aplicable al asunto que resuelve. En estos eventos se está ante un
caso de violación de la ley por falta de aplicación, no de su interpretación
errónea, en razón de que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al
caso decidido.

En segundo lugar, la aplicación indebida tiene lugar cuando el precepto o
preceptos jurídicos que se hacen valer se usan a pesar de no ser los pertinentes
para resolver el asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación
indebida puede originarse por dos circunstancias, la primera, porque la
34
SARRIA OLCOS, Consuelo. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 1437 de 2011 comentado y concordado. 2ª Edición. BENAVIDES, Jose Luis (Editor). Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 373-374.
35
O en ciertos casos de la misma jerarquía.
36
BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho procesal administrativo. Octava edición. Medellín: Señal
Editora, 2013, p. 290.
37
Berrocal Guerrero, óp.. cit., p. 548.
38
Lamprea Rodríguez, Pedro Antonio. Anulación de los actos de la administración pública. Segunda
edición. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2004, p. 213.
39
C.E. Sec. Cuarta. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660), mar. 15/2012.

18
Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

autoridad administrativa se equivoca al escoger la norma por la inadecuada
valoración del supuesto de hecho que esta consagra y, la segunda, porque no
establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la
hipótesis legal y la tesis del caso concreto.

Finalmente, se quebranta la regla de derecho de fondo o norma sustancial de
manera directa al dársele una interpretación errónea. Esto sucede cuando las
disposiciones que se aplican son las que regulan el tema que se debe decidir,
pero la autoridad las entiende equivocadamente, y así, erróneamente
comprendidas, las aplica. Es decir, ocurre cuando la autoridad administrativa le
asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde40.

Ahora bien, no solo basta identificar la norma que regula la materia o debió ser
aplicada, sino que se requiere demostrar que se trasgredió lo preceptuado en
ella, ya sea por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea
de la norma.

En el presente caso el recurrente considera que se incurre en esta causal por
dos razones en particular, de un lado, porque tenía todas las condiciones para
que fuese reintegrado en alguna de las entidades receptoras, dado que el
artículo 6º del Decreto 4057 de 2011 así lo estableció; y de otro, que en caso de
que ello no fuera posible, debía haberse reconocido la indemnización por
supresión de cargo.

Para efectos de dar solución a cada uno de los argumentos planteados por el
recurrente, es necesario tener en cuenta que una vez fue expedido el Decreto
Ley 4057 de 2011, el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- en
supresión, solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil la certificación de
inscripción de todos los funcionarios que se encontraban en carrera
administrativa en aras a que fueran incorporados en las diferentes entidades
receptoras. Sin embargo, aun cuando fue incorporado al 90,43% del personal
que laboraba para la entidad y un 6.46% se había sido retirado por diversos
factores, quedaba pendiente para el 30 de abril de 2014 un 3.10% «178
empleados que se encargaron de todo el proceso de supresión de la entidad», como
se puede evidenciar a continuación:

TOTAL PROCESO No. %
Total Personal durante el proceso 5737 100,00%
Incorporaciones 5188 90,43%
Incorporaciones en proyecto (Migración Colombia) 62 1,08%
Renuncias 146 2,54%
Retiros por Pensión - Vejez 119 2,07%
Retiros por Pensión -Invalidez 2 0,03%
Retiros por supresión del cargo 17 0,30%
Otros Retiros 17 0,30%
Revocatoria de fallos (Devueltos a Entidades 8 0,14%
Receptoras)
Planta Activos a Suprimir 166 2,89%
Reintegros pendientes a Suprimir 12 0,21%

40
Ibidem.

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Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

Dentro de los diversos motivos por los cuales no se logró efectuar la
incorporación de estos 178 funcionarios, de acuerdo con el estudio técnico de
supresión de la planta de personal, fue porque no fueron seleccionados para
incorporación por ninguna entidad receptora; sus cargos no se encontraron
equivalentes en ninguna entidad receptora; al momento de la incorporación
masiva tenían fuero sindical; existían funcionarios que se encontraban
detenidos, secuestrados, suspendidos, desaparecidos, con proceso de
abandono de cargo o con incapacidad superior a 180 días; o en su defecto,
correspondían a funcionarios que ostentaban cargos de libre nombramiento y
remoción, entre otros.

Concretamente, el señor Emiro Rojas Granados, quien hacía parte de los
personas que ocupaban un cargo de libre nombramiento y remoción dado que
ejercía el cargo de Director Técnico código 100 grado 18, no fue incluido dentro
de la incorporación masiva por tres razones en particular, la primera, porque
hacía parte de los funcionarios que ostentaban la condición de prepensionados,
prueba de ello es que para el 31 de octubre de 2011 «fecha de expedición del
Decreto Ley 4057 de 2011» acreditaba 53 años de edad41; segundo, porque hacía
parte de los directivos que se encargarían de llevar a cabo el proceso de
supresión de la entidad; y por último, en atención a que, al tratarse de un cargo
directivo, no se encontró equivalencia en la entidad receptora.

Por ende, pese a que el inciso 3º del artículo 6 del Decreto Ley 4057 de 2011
dispuso que los servidores públicos serían incorporados sin solución de
continuidad, no se puede desconocer que la normativa señaló que se podrían
mantener en la entidad siempre y cuando acreditara la condición de padre o
madre cabeza de familia, discapacitado o próximos a pensionarse, como ocurrió
con el demandante. Ante esta situación, el Departamento Administrativo de
Seguridad DAS- en supresión, para dar por terminada la relación laboral de los
empleados públicos que hacían parte de ésta y que no fueron posible incorporar
en las entidades receptoras, era necesario que se suscribiera el acto de
supresión de la planta de cargos, previo estudio técnico que avalara tal
situación, como en efecto ocurrió en el presente caso a través del Decreto 1179
de 2014.

En este sentido, no era posible que el señor Emiro Rojas Granados fuese
reincorporado o indemnizado, dado que, respectivamente, ostentó una
condición especial de la cual fue protegido hasta cuando se suprimió toda la
planta de personal del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y,
además, porque este era un derecho propio de los que hacían parte de carrera
administrativa. Admitir una explicación diferente, sería tanto como reconocer
que quienes ostentan una condición precaria de estabilidad, como lo son los
empleados de libre nombramiento y remoción, tengan las mismas prerrogativas
de aquellos que fueron nombrados en propiedad.

Así las cosas, además de que el demandante no tiene derecho a una posible
incorporación en virtud a que ésta fue imposible de efectuar, entre otras, dada
su condición de prepensionado quien para el momento de su retiro ya contaba

41
El señor Emiro Rojas Granados nació el 5 de diciembre de 1958.

20
Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

con los requisitos para el reconocimiento de su prestación; no tiene derecho a
la indemnización por supresión del cargo, toda vez que al no ostentar derechos
de carrera administrativa, no era dable que se le ofreciera, adicionalmente,
porque la administración le garantizó la estabilidad en el empleo al asegurarle
la continuidad en el servicio sin solución de continuidad, se insiste, hasta cuando
fue suprimida en su integridad la planta de personal del mencionado
departamento administrativo.

Es necesario resaltar, a la altura de lo enunciado, que no puede invocar el
demandante una especie de derechos adquiridos o de fuero especial de
estabilidad por razón de su trayectoria, capacitación, experiencia o conducta, ya
que estos factores constituyen una base eventual para su vinculación a
cualquier cargo, más no para su desvinculación, máxime cuando se trata de
nombramientos que no están cobijados por el fuero de carrera.

Condena en Costas.

En el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo controvertido, se condenó
en costas a la parte demandante. Al respecto, la Sala reitera lo expuesto por
ambas subsecciones de la Sección Segunda42 de esta Corporación sobre el
particular, en la medida que el artículo 188 del CPACA 43, impone al juez la
facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos
aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes,
y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes
con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación
que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.

En el caso, la Sala observa que el a-quo no hizo un análisis sobre la necesidad
de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios
ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos, además, alguna
evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la
demandante, quien formuló sus pretensiones de manera seria desde el punto
de vista jurídico. Por consiguiente, se revocará el numeral segundo que
condena en costas a la parte vencida dentro del proceso, por las
consideraciones expuestas en precedencia y se confirmará en lo demás.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia, en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR con modificación la sentencia de 26 de abril de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda
42
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e)
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
43
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”

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Radicado No. 250002342000201501948 01.
No. interno: 2729-2020.
Actor: Emiro Rojas Granados.
Demandado: Fiduciaria la Previsora (en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-).

interpuesta por el señor Emiro Rojas Granados contra la Fiduciaria la Previsora
(en calidad del patrimonio autónomo PAP Fiduciaria S.A. defensa jurídica del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS-), por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca condenó en costas a la parte demandada.

En su lugar, se dispone:

NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación
precedente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL
DE ORIGEN. CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión44.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

44
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en
el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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