Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02081-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02081-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-02081-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2015 02081 01 (1028-2021)
Demandante: Alcira Mejía Gómez
Interviniente
ad excludendum: Gilma Cartagena
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Sustitución de pensión gracia. Aplicación del artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, en armonía con lo previsto en la sentencia de
unificación SUJ-029-CE-S2-2022. Beneficiarios de la
sustitución pensional. Convivencia sucesiva entre cónyuge y
compañera permanente. Presunción de convivencia
derivada del matrimonio. Condena en costas.
Decisión: Se modifican los numerales segundo y tercero de la
providencia apelada en lo relativo al porcentaje reconocido
para la demandante y la interviniente excluyente, y a la fecha
de reconocimiento. Se confirma en todo lo demás.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
y la interviniente excluyente contra la sentencia de primera instancia del 22 de
octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones 59549 del 5 de diciembre
de 20082 —mediante la cual la extinta CAJANAL reconoció a la señora Gilma
Cartagena, en calidad de compañera permanente, la sustitución de la pensión
gracia que en vida devengó el señor Alberto Riveros Baquero (q. e. p. d.), en un
porcentaje del 100 %— y PAP 011449 del 31 de agosto de 2010, por la cual dicha
entidad le negó a la actora el reconocimiento de la sustitución pensional en su
condición de cónyuge supérstite, suspendiendo además el pago de la pensión de
sobrevivientes concedida en el anterior acto administrativo.
1 Folios 311 al 324.
2 Pretensión incluida en la subsanación de la demanda obrante en los folios 343 al 345.
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Demandante: Alcira Mejía Gómez
Interviniente excluyente: Gilma Cartagena
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle, en su calidad de cónyuge supérstite del
señor Alberto Riveros Baquero (q. e. p. d.), la sustitución de la pensión gracia que
percibía el causante, en cuantía del 100 %, a partir del 3 de febrero de 2007 —
fecha del fallecimiento del docente—, con sus respectivos reajustes anuales,
intereses moratorios y el pago de las costas y gastos del proceso.
3. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que el 8 de junio de 1972
contrajo matrimonio con el causante en San Antonio, Táchira (Venezuela), unión
que fue registrada ante el Consulado de Colombia de dicha ciudad el 13 de julio
de 2007. Precisó que fruto de ese vínculo nacieron Frank, Emerson y Yemmy
Riveros Mejía, quienes actualmente son mayores de edad.
4. Señaló que el señor Riveros Baquero falleció en Bogotá el 9 de febrero de
2007 y que el 23 de noviembre de 2009 solicitó ante CAJANAL el reconocimiento
y pago de la sustitución pensional. No obstante, la solicitud fue negada mediante
la Resolución PAP 011449 del 31 de agosto de 2010, en razón de la existencia
de una controversia entre la actora y la compañera permanente del causante.
Contestación de la demanda3
3. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
solicitando que el reconocimiento de la sustitución pensional, así como su
reajuste y las mesadas, se efectúe conforme a lo acreditado en el proceso.
4. A su turno, propuso las excepciones de «falta de jurisdicción y
competencia», «compensación» y «prescripción».
Intervención excluyente o ad excludendum4
5. La señora Gilma Cartagena instauró demanda ad excludendum con el
propósito de que se declare que la entidad es responsable del reconocimiento y
pago de la sustitución pensional a la cual tiene derecho en calidad de compañera
permanente del señor Alberto Riveros Baquero (q. e. p. d.).
6. En consecuencia, solicitó que se condene a esta al reconocimiento y pago
de la referida sustitución pensional a partir del 10 de febrero de 2007, en cuantía
del 100 %, tal como le fue otorgada mediante la Resolución 59549 del 5 de
diciembre de 2008, junto con los reajustes de las mesadas pensionales y su
debida indexación. Asimismo, pidió que se impongan las costas procesales a la
entidad demandada en caso de oposición.
7. Para sustentar sus pretensiones, expuso que convivió de manera pública,
singular y permanente con el causante desde el 30 de noviembre de 1996 hasta
el 9 de febrero de 2007.
3 Folios 384 y 388.
4 Folios 2 al 8.
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Demandante: Alcira Mejía Gómez
Interviniente excluyente: Gilma Cartagena
8. Indicó que el 30 de noviembre de 2012, el Juzgado 4.° de Familia de
Bogotá profirió sentencia mediante la cual declaró la existencia de su unión
marital de hecho con el causante, la cual estuvo vigente desde el 30 de
noviembre de 1996 hasta el 9 de febrero de 2007.
9. A su vez, adujo que el causante se encontraba pensionado por la extinta
CAJANAL, conforme al reconocimiento otorgado mediante la Resolución 014093
del 15 de mayo de 1998.
10. Por tanto, con ocasión del fallecimiento de su compañero, solicitó ante la
entidad el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, la cual le fue
concedida en un 100 % mediante la Resolución 59549 del 5 de diciembre de
2008. Sin embargo, dicho reconocimiento fue suspendido mediante la Resolución
PAP 011449 del 31 de agosto de 2010, a raíz de la reclamación interpuesta por
la señora Alcira Mejía Gómez alegando su calidad de cónyuge supérstite.
11. Precisó que, si bien es cierto la demandante contrajo matrimonio con el
causante el 8 de junio de 1972 en Táchira (Venezuela), este se encuentra viciado
de nulidad de conformidad con el artículo 140 —numeral 12— del Código Civil
toda vez que para esa época el pensionado se encontraba casado con la señora
María del Carmen Sanabria desde el 7 de junio de 1967, cuyas nupcias se
llevaron a cabo en el municipio de Icononzo (Tolima).
12. Finalmente, señaló que al momento de interponer la demanda de la
referencia, se encontraba en curso, ante el Juzgado 4.° de Familia de Bogotá,
bajo el radicado 2013‑1101, un proceso de nulidad en contra el matrimonio
católico referido en el párrafo anterior.
Contestación de la demanda ad excludendum5
13. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
formuladas por la interviniente Gilma Cartagena alegando que, para acceder al
disfrute de la pensión de sobrevivientes, es imprescindible acreditar la
convivencia efectiva con el pensionado y/o afiliado.
14. Propuso las excepciones de mérito que denominó: «inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido», «buena fe», «prescripción», «imposibilidad
jurídica de cumplimiento», «ausencia de causa para demandar» y la «excepción
innominada».
Decisión de las excepciones previas
15. En la audiencia inicial celebrada el 21 de noviembre de 2018, el a quo
declaró no probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia propuesta
por la entidad demandada bajo el argumento de que esta no expuso las razones
que justificaran la configuración de dicha exceptiva.
5 Folios 407 a 412.
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16. No obstante, el Tribunal explicó que el causante se desempeñaba como
docente oficial, es decir, en virtud de una relación legal y reglamentaria, razón
por la cual la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para dirimir
la presente controversia.
Sentencia apelada6
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 22 de
octubre de 2020, declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados y
condenó a la entidad demandada a sustituir y pagar, debidamente indexada, la
pensión gracia que devengaba el causante en favor de la actora y la interviniente
excluyente, en proporción del 50 % para cada una.
18. Explicó que la demandante acreditó haber estado casada con el docente
fallecido, con una convivencia de 7 años comprendida entre el 8 de junio de 1972
—fecha en la que se celebró el matrimonio— y 1979 —año en que nació el último
hijo fruto de dicha unión—.
19. Asimismo, indicó que actualmente se adelanta un proceso de nulidad del
matrimonio celebrado entre la demandante y el causante. Lo anterior, por cuanto
este había contraído previamente nupcias el 7 de junio de 1967 con la señora
María del Carmen Sanabria; dicho vínculo permaneció vigente hasta el 10 de
febrero de 1997, fecha en la cual el Juzgado 17 de Familia de Bogotá decretó la
cesación de sus efectos civiles. No obstante, señaló que el proceso de nulidad
del segundo matrimonio aún no ha culminado, razón por la cual debe entenderse
que este continúa vigente, en tanto no obra prueba de su disolución.
20. Por su parte, precisó que de conformidad con las pruebas documentales
allegadas, los testimonios recaudados y el interrogatorio de parte rendido por la
interviniente excluyente, se estableció que entre esta última y el causante existió
una convivencia durante aproximadamente 10 años (del 30 de noviembre de
1996 al 9 de febrero de 2007), acreditándose, además, los 5 años de convivencia
previos al fallecimiento del compañero permanente.
21. Por consiguiente, estimó que se configuró la hipótesis prevista en el inciso
tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de que
existió convivencia sucesiva entre la cónyuge supérstite, la compañera
permanente y el de cujus, razón por la cual resultaba procedente reconocer a
cada una el derecho a la sustitución de la pensión gracia en un 50%.
22. En lo relativo a la prescripción, respecto de la demandante se declararon
prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 29 de agosto de 2010; en
cuanto a la interviniente, no se estimó procedente su declaratoria, por lo que se
ordenó el reconocimiento de su cuota parte a partir del día siguiente a aquel en
que se suspendió el pago de la mesada que le había sido reconocida inicialmente
mediante la Resolución 59549 del 5 de diciembre de 2008.
6 Folios 509 al 526.
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23. Finalmente, condenó en costas y agencias en derecho —equivalentes al
1% de las pretensiones— a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo señalado en el
artículo 361 del Código General del Proceso (CGP) y en el numeral 3.1.2 del
Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
Recursos de apelación
24. La entidad demandada7 presentó recurso de apelación en el que solicitó
la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se nieguen
las pretensiones formuladas, reiterando los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda y del escrito de intervención ad excludendum.
25. Además, sostuvo que en el presente asunto ni la parte actora ni la
interviniente acreditaron la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a la
pensión de sobrevivientes; en particular, la convivencia efectiva y demostrada por
un período mínimo de 5 años previos al fallecimiento del causante, máxime si se
consideran las inconsistencias entre los testimonios recabados en la audiencia
de pruebas.
26. Por su parte, la interviniente excluyente8 apeló la sentencia pidiendo
revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, reconocerla —en su calidad
de compañera permanente del señor Alberto Riveros Baquero (q. e. p. d.)—
como única beneficiaria de la sustitución de la pensión gracia que este percibía
en vida, tal como le fue concedida inicialmente por la entidad.
27. Sobre el particular, argumentó que la demandante no allegó prueba alguna
que permita establecer con claridad el período durante el cual convivió con el
causante, omisión que se suma a la falta de precisión en el escrito introductorio
respecto de tal circunstancia.
28. Finalmente, adujo que el tribunal no valoró adecuadamente que uno de los
fundamentos que tuvo en cuenta el juez de familia para declarar la existencia de
la unión marital de hecho entre ella y el pensionado fue la nulidad del matrimonio
celebrado entre este y la demandante, hecho que —según manifestó— se
encuentra debidamente probado en el expediente, añadiendo que el a quo tenía
la facultad legal para declarar de oficio dicha nulidad.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
29. Mediante auto del 21 de junio de 20219, se admitieron los recursos de
apelación. Luego, el 30 de septiembre de 202110, se corrió traslado por 10 días a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y se ordenó poner el
expediente a disposición del Ministerio Público, de conformidad con lo
establecido en el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 623 del CGP.
7 Folios 537 y 538.
8 Folios 541 y 542.
9 Folio 557.
10 Folio 554.
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30. La entidad accionada11 y la interviniente ad excludendum12 reiteraron
los argumentos expuestos en el curso de la primera instancia y en sus recursos
de apelación.
31. El Ministerio Público13 rindió concepto solicitando modificar el numeral
segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia en relación al
porcentaje de la pensión sustitutiva a que tienen derecho las demandantes, así:
en suma equivalente al 41% del total de la pensión a favor del Alcira Mejía
Gómez, el 59% a favor Gilma Cartagena y confirmar todo lo demás.
32. La parte demandante guardó silencio en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
33. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
34. Con fundamento en los argumentos expuestos en los recursos de
apelación, corresponde a esta Subsección determinar si las señoras Alcira Mejía
Gómez —en calidad de cónyuge supérstite y demandante— y Gilma Cartagena
—como compañera permanente e interviniente ad excludendum— cumplen los
requisitos legales para acceder a la sustitución de la pensión gracia del causante
Alberto Riveros Baquero (q. e. p. d.) y, de ser así, establecer la forma y proporción
en que debe reconocerse dicha prestación.
Análisis del problema jurídico
35. La Sala modificará el numeral segundo de la sentencia del 22 de octubre
de 2020 y la confirmará en todo lo demás, por los motivos que se expondrán a
continuación.
36. Como bien lo ha establecido esta Corporación14, la muerte constituye una
contingencia amparada por el sistema de seguridad social pues al desaparecer
en forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar se
corre el riesgo de que sus integrantes queden desamparados y en peligro para
poder subsistir. Por ello, se concibieron la sustitución pensional y la pensión de
11 Folio 14.
12 Folio 17.
13 Folio 18.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2014, expediente
08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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sobrevivientes con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones
mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación.
37. La primera de ellas, concedida con ocasión del fallecimiento de un
pensionado o de una persona que ya había adquirido legalmente el estatus, pero
que no se le había reconocido formalmente y, la segunda, otorgada en virtud de
un afiliado no pensionado cuyo deceso se presenta antes de cumplir las
condiciones para acceder a la pensión.
38. Ahora bien, aunque la normativa atinente a la pensión gracia no regula lo
relacionado con la sustitución pensional, esta Sección, en sentencia de
unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de 202215, al analizar los requisitos
que debe cumplir el compañero o compañera permanente o cónyuge supérstite
que pretende que se sustituya en él o ella la pensión gracia de su pareja, fijó la
siguiente regla:
«La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge supérstite
o el compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es
la vigente para la fecha del deceso del causante, en armonía con lo dispuesto
en el Acto Legislativo 01 de 2005, que remite a las leyes del Sistema General de
Pensiones, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores. En
el caso de estar vigente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge o al compañero acreditar
no menos de 5 años de convivencia con el docente o el pensionado.» (Negritas
fuera del texto original)
39. Lo anotado, al precisar, entre otros aspectos, que «[…] al ocurrir la muerte
del docente o del pensionado se habilita a los beneficiarios para reclamar la
sustitución de la pensión gracia, pues como ya se dijo, la pensión gracia es
sustituible conforme las normas generales en materia pensional, lo que obliga a
remitirse a los preceptos vigentes para la fecha del fallecimiento. Razonamiento
que excluye la aplicación de la Ley 71 de 1988 y el artículo 7 del Decreto 1160
de 1989, si el deceso acontece en vigencia de la Ley 100 de 1993.
40. Máxime cuando en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005 los
requisitos para adquirir la pensión de sobrevivencia serán los establecidos por el
Sistema General de Pensiones, normativa orientada a proteger a «[…] la pareja
que decide conformar con ánimo de permanencia un proyecto de vida en común
en términos económicos y afectivos para afrontar las dificultades de vida. Y, que
el requisito de convivencia pretende una finalidad legítima consistente en evitar
uniones de último minuto para defraudar al sistema. De igual manera es un
mecanismo de protección del núcleo familiar del fallecido para así evitar las
reclamaciones ilegítimas de personas ajenas, dadas las dificultades económicas
a las que puede verse avocado debido a su muerte».
41. Así pues, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la
Ley 797 de 2003, preceptuó como beneficiarios de primer orden de la pensión de
15 Expediente 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017), actora: Roby Rosy Ramos Reyes, accionada:
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sobrevivientes al cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite y
los requerimientos que se deben acreditar para tener derecho al beneficio
prestacional:
«Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con
el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre
y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos
de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En
este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión,
con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo,
dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la
esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente
la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o
compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
[…].» (Resalta la Sala)
42. De la citada norma se concluye que la cónyuge supérstite interesada en la
pensión de sobrevivientes o sustitución pensional deberá acreditar que a la fecha
del fallecimiento del causante tenía 30 o más años e hizo vida marital hasta su
muerte, cuya convivencia no podrá ser inferior a 5 años continuos con
anterioridad al deceso.
43. Por lo demás, si el causante no tuvo convivencia simultánea con su
compañera permanente y su cónyuge y se mantiene vigente la unión conyugal,
pero con separación de hecho, la compañera permanente tendrá derecho a una
cuota parte de la pensión de sobreviviente en un porcentaje proporcional al
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tiempo convivido, con la condición de que la coexistencia haya sido superior a los
últimos cinco años anteriores a la muerte del causante.
44. Con base en lo expuesto, sea lo primero indicar que al presente litigio le
son aplicables las disposiciones previstas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, pues era la norma aplicable al
momento del fallecimiento del causante, ocurrido el 9 de febrero de 2007 16, en
atención a la precitada regla de unificación establecida en la Sentencia SUJ-029-
CE-S2-2022.
45. Definido el marco normativo aplicable a la sustitución de la pensión gracia
y al requisito de convivencia, procede la Sala a examinar su cumplimiento en el
caso concreto.
Convivencia de la señora Gilma Cartagena (compañera permanente e
interviniente excluyente) y el causante
46. Al plenario se allegó copia de la sentencia del 30 de abril de 201217 emitida
por el Juzgado Cuarto de Familia de Bogotá bajo el radicado 11001 31 10 004
2007 000 00375 00, mediante la cual se declaró que entre Gilma Cartagena y el
señor Alberto Riveros Baquero (q. e. p. d.) se conformó una unión marital de
hecho desde el 30 de noviembre de 1996 hasta el 9 de febrero de 2007.
47. En la mencionada providencia se estableció que se encontraba probado
—mediante testimonios y documentos— que, a partir del 30 de noviembre de
1996, Gilma Cartagena y el causante iniciaron una convivencia marital
compartiendo techo, lecho y mesa sin interrupción alguna hasta el 9 de febrero
de 2007 en el barrio Fátima de Bogotá. Además, se precisó que el trato que se
prodigaron fue el propio de compañeros permanentes comportándose como
marido y mujer en una relación que fue de público conocimiento entre familiares,
amigos y vecinos.
48. Ahora bien, pese a que la providencia referida en los párrafos precedentes
da cuenta de la convivencia en calidad de compañeros permanentes entre la
interviniente y el pensionado fallecido, es oportuno precisar que en el presente
asunto se recibieron los siguientes testimonios, los cuales reafirman dentro de
este juicio contencioso-administrativo lo decidido por el Juzgado 4.° de Familia
de Bogotá.
49. En primer lugar, la señora Adela Nieto Robles18 manifestó que conoció al
causante desde 1994 cuando era el rector del colegio donde estudiaron sus hijos
y a la señora Gilma Cartagena desde su niñez, por ser ambas oriundas de Coello
(Tolima). Relató que, al iniciar la relación sentimental con el causante, Gilma
residía en su vivienda, hasta que se fue a vivir con Alberto en 1996. Afirmó que
fue testigo constante de dicha relación hasta el fallecimiento del docente, la cual
16 Cfr. Registro Civil de Defunción 06374044, obrante en el folio 99.
17 Folios 59 al 70.
18 Cfr. Folio 64.
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Demandante: Alcira Mejía Gómez
Interviniente excluyente: Gilma Cartagena
calificó como estable y afectuosa, similar a un matrimonio, en la que ambos
vivieron junto a las hijas de la interviniente en el Barrio Fátima de Bogotá, donde
ella los visitaba frecuentemente.
50. Señaló tener certeza de que la pareja convivió aproximadamente durante
10 años —entre 1996 y 2007— y que fue Gilma quien lo acompañó hasta su
fallecimiento. Aclaró que no tuvo conocimiento de una relación sentimental
paralela durante ese período, aunque mencionó que, tras la muerte del causante,
conoció al señor Emmerson Riveros Mejía, hijo de la señora Alcira Mejía Gómez.
51. En segundo lugar, el señor Alfredo Piraquive Pineda19 declaró que
conoció al causante en 1995 cuando este adquirió algunas propiedades rurales
en Icononzo (Tolima) y le propuso trabajar para él en actividades agrícolas.
Afirmó haber conocido a la señora Gilma Cartagena y a sus hijas cuando el
docente se las presentó en una de sus fincas.
52. Entre tanto, aclaró que entre 1996 y 2007 la pareja convivió de manera
continua y que tal información le consta porque en algunas ocasiones, y por
cuestiones de orden público en el municipio solía visitar al docente en su
residencia en el barrio Fátima de Bogotá, donde habitualmente era recibido por
la señora Gilma. Sostuvo que siempre los reconoció como un núcleo familiar
conformado por esposo, esposa e hijas, destacando la actitud afectuosa del
causante hacia su compañera.
53. Por último, afirmó que fue Gilma quien asistió al docente en sus últimos
momentos y quien le notificó a él y a otros trabajadores sobre su fallecimiento.
Indicó que ella fue quien estuvo presente durante todo el proceso funerario, y que
no le consta la existencia de una relación sentimental paralela.
54. En tercer lugar, la señora María Elba Menjura de Castro20 manifestó
haber conocido al señor Alberto Riveros Baquero (q. e. p. d.) en el año 2000,
cuando fueron compañeros de trabajo en el Colegio Técnico Industrial Piloto
forjando una amistad que les permitió compartir ocasionalmente después de la
jornada laboral, tanto en una cafetería como en la vivienda del docente, ubicada
en el barrio Fátima, donde residía con la señora Gilma y sus dos hijas. Precisó
que, aunque no eran hijas biológicas del causante, este las trataba con afecto y
se hacía cargo de sus necesidades económicas.
55. Afirmó que durante los 7 años en que los conoció como pareja nunca
escuchó referencias frente a la existencia de otra relación sentimental. Relató
que en 2007 cuando el causante enfermó de cáncer gástrico, fue Gilma quien lo
cuidó hasta su fallecimiento y quien permaneció junto a él durante el sepelio.
Añadió que solo conoció a los demás hijos del causante tras su muerte cuando
dos de ellos acudieron al colegio a recoger sus pertenencias y que nunca conoció
a la madre de estos ni supo su nombre.
19 Minutos 22:14 al 44:10, ibidem.
20 Minutos 45:01 al 58:47, ibidem.
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Interviniente excluyente: Gilma Cartagena
56. Finalmente, la señora Gilma Cartagena21 en su calidad de interviniente
ad excludendum, rindió interrogatorio de parte en el que afirmó considerarse
como la esposa del causante. Relató que lo conoció en 1994 en el Colegio
Granjas de San Pablo, donde inició una amistad que posteriormente se
transformó en una relación sentimental. Tras dos años de noviazgo, comenzaron
a convivir en el Barrio Fátima, cerca del Colegio El Piloto, donde él ejercía como
docente y coordinador. Describió su vida en pareja como estable y cercana, con
rutinas compartidas y un trato afectuoso. Indicó que el señor Riveros la llamaba
«mamita» o «mamá» y que pasaban las mañanas juntos, antes de que él se
dirigiera al trabajo.
57. Relató que el causante padeció cáncer gástrico y que lo acompañó en la
clínica día y noche durante su hospitalización en enero de 2007 hasta su
fallecimiento. Por otro lado, aclaró que nunca quiso afiliarse al FOMAG por temor
a que sus hijas perdieran el SISBEN.
58. Analizados los testimonios y el interrogatorio rendido por la interviniente
ad excludendum, la Sala advierte que todos coinciden en afirmar que, desde 1996
hasta 2007 —año del fallecimiento del pensionado—, Gilma Cartagena y el
causante convivieron por más de 10 años bajo el mismo techo en el barrio Fátima
de Bogotá, junto con las dos hijas de la compañera permanente, a quienes el
señor Alberto Riveros (q. e. p. d.) consideraba como propias. Se trataban como
esposos, con un vínculo caracterizado por el afecto y el respeto mutuo. Asimismo,
los declarantes señalaron que no tenían conocimiento de la existencia de una
relación sentimental paralela en ese periodo.
59. Además, las declaraciones resultan coherentes al indicar que fue Gilma
quien acompañó al causante durante su enfermedad y en el sepelio, lo cual
demuestra y reafirma —tal como lo había declarado el Juzgado Cuarto de Familia
de Bogotá en la sentencia mencionada en el párrafo 45 ut supra— que ambos
convivieron durante los cinco años anteriores al fallecimiento del pensionado,
concretamente desde el 30 de noviembre de 1996 hasta el 9 de febrero de 2007
(10 años, 2 meses y 10 días).
60. Por consiguiente, se concluye que la compañera permanente cumple los
requisitos para ser beneficiaria de la sustitución de la pensión gracia que percibía
Convivencia de la señora Alcira Mejía Gómez (cónyuge y demandante) y el
causante
61. Obra en el expediente el Registro Civil de Matrimonio 04743768 del 13 de
junio de 2007, en el que consta que la demandante y el señor Alberto Riveros
Baquero (q. e. p. d.) contrajeron matrimonio civil el 8 de junio de 1972, en el
municipio de San Antonio (Táchira, Venezuela)22.
21 Minutos 59:12 al 1:12:11, ibidem.
22 Folio 100.
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62. De igual modo, se aportaron copias de los registros civiles de nacimiento
de los señores Frank Giovanni (21 de agosto de 1973)23, Emmerson (1.° de junio
de 1978)24 y Yemmy Riveros Mejía (28 de julio de 1979)25, quienes fueron fruto
del matrimonio referido en el párrafo anterior.
63. No obstante lo anterior, la interviniente excluyente, en su recurso de
apelación, sostuvo que la demandante no allegó prueba alguna que acreditara
con exactitud el tiempo de convivencia con el causante, ni hizo referencia a dicho
elemento en el libelo introductorio.
64. Pues bien, para esta Sala no prospera ese reparo dado que dicho requisito
no fue objeto de controversia durante el trámite en primera instancia. Además,
conforme lo consideró el a quo en la sentencia recurrida, las pruebas obrantes
en el plenario permiten deducir que, en efecto, existió convivencia entre el de
cujus y la actora, la cual se entiende desarrollada desde el día en que contrajeron
matrimonio —8 de junio de 1972— hasta el año 1979, fecha en la cual nació el
menor de los 3 hijos.
65. Adicionalmente, al proceso se allegó una solicitud de conciliación26
suscrita por la actora y la interviniente ad excludendum, mediante la cual ambas
manifestaron su acuerdo en compartir la sustitución de la pensión gracia
reclamada, en razón a que «en vida compartieron y dependieron, en parte,
económicamente del causante y pensionado».
66. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el matrimonio constituye un
contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de convivir, procrear
y prestarse auxilio mutuo (art. 113 del Código Civil). Dicho vínculo se perfecciona
mediante el consentimiento de los contrayentes, el cual produce efectos
jurídicos27.
67. En otros términos, la propia ley establece una presunción iuris tantum de
convivencia a partir de la celebración del matrimonio —que admite prueba en
contrario— por cuanto integra los efectos personales que dicho vínculo genera
hasta que el mismo sea declarado nulo o disuelto por alguna de las causales
previstas en los artículos 140, 152 o 154 ejusdem.
23 Folio 110.
24 Folio 111.
25 Folio 112.
26 Folios 415 al 420.
27 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-448 de 2015, con ponencia del magistrado Mauricio González
Cuervo. Al respecto, en dicha providencia al estudiar la constitucionalidad del artículo 136 el Código Civil,
indicó lo siguiente: «[…] 3.1.4. De acuerdo con el artículo 113 del Código, el matrimonio tiene como fin la
convivencia, la procreación y el auxilio mutuos. Cabe puntualizar en este punto que, si bien el Legislador
consideró la procreación como una finalidad del matrimonio, esta no es una obligación o imposición sino una
posibilidad de la pareja. […] 3.1.6. Todo matrimonio produce dos tipos de efectos, que se caracterizan por
ser de orden público: (1) efectos personales, relacionados con los derechos y obligaciones que se originan
para los cónyuges entre sí y respecto de sus hijos; incluyen la obligación de fidelidad, socorro y ayuda mutua
y convivencia; (2) efectos patrimoniales se refieren a la creación de la sociedad conyugal o sociedad de
bienes]. Respecto de las obligaciones que se concretan para los cónyuges están las de la fidelidad, la
convivencia, la asistencia y el auxilio mutuo, la solidaridad y la tolerancia. Algunos de estos deberes
subsisten incluso en caso de divorcio, como las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del
cónyuge inocente.
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68. Por ende, no puede desconocerse en el sub examine que el matrimonio
celebrado entre la demandante y el causante el 8 de junio de 1972 conlleva
implícitamente una convivencia, procreación y asistencia mutua, máxime cuando
se encuentra acreditado que de dicha unión nacieron 3 hijos entre los años 1973
y 1979. En consecuencia, se tiene por demostrado, al menos, un periodo de
convivencia de 7 años, sin que la interviniente excluyente haya aportado prueba
alguna que permita desvirtuar dicha circunstancia.
69. Por su parte, tampoco le asiste razón a la apelante al manifestar que el a
quo no tuvo en cuenta que el matrimonio aludido estaría viciado de nulidad con
fundamento en la causal prevista en el numeral 12 del artículo 140 del Código
Civil, debido a que, para el 8 de junio de 1972, el causante se encontraba casado
con la señora María del Carmen Sanabria, vínculo que subsistió entre el 7 de
junio de 1967 —fecha de celebración del matrimonio— y el 10 de febrero de 1997,
día en que el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá declaró la cesación de los
efectos civiles del mismo y disuelta, en estado de liquidación, la sociedad
conyugal28.
70. En relación con este aspecto, conviene señalar que el numeral 12 del
artículo 140 del Código Civil establece que el matrimonio es nulo «cuando
respecto del hombre o de la mujer, o de ambos, estuviere subsistente el vínculo
de un matrimonio anterior». Empero, para que tal nulidad produzca efectos se
requiere de la correspondiente declaración judicial emitida por autoridad
competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 ibidem, en concordancia
con el artículo 387 del CGP.
71. Pues bien, aunque se encuentra acreditada la existencia de un matrimonio
anterior vigente al momento en que la actora y el causante contrajeron nupcias,
lo cierto es que dicha unión aún conserva validez, en la medida en que no ha sido
declarada nula por autoridad judicial o eclesiástica competente. Así se desprende
de la sentencia proferida el 8 de marzo de 2010 por el Juzgado Tercero de Familia
de Bogotá29, mediante la cual se negaron las pretensiones de anulación del
citado matrimonio, promovidas por la señora Gilma Cartagena contra la hoy
demandante, toda vez que aquella no acreditó legitimación en la causa por activa
para incoar dicha acción.
72. Adicionalmente, al consultar la plataforma de procesos de la Rama
Judicial, la Sala advierte que el expediente identificado con el número 11001 31
10 015 2015 00578 00, tramitado ante el Juzgado 15 de Familia de Bogotá —en
el que se promovía otro proceso de nulidad del matrimonio tantas veces
referido— finalizó por desistimiento de las pretensiones, conforme al auto
proferido el 25 de abril de 202530.
28 Cfr. Folio 28.
29 Folios 103 al 109.
30 Cfr. https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial
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73. En consecuencia, solo para efectos del presente proceso con pretensión
de nulidad y restablecimiento del derecho y dado que no existe prueba de
declaración judicial en contrario, el matrimonio celebrado entre la demandante y
el causante produce plenos efectos jurídicos.
74. Así las cosas, se encuentra demostrado que, para la fecha del
fallecimiento del causante, la demandante mantenía vigente la sociedad conyugal
derivada del matrimonio celebrado con este el 8 de junio de 1972. Asimismo, se
acreditó que convivieron por un periodo superior a 5 años, cumpliendo así con el
requisito previsto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
Sustitución de la pensión gracia reclamada
75. De acuerdo con lo expuesto, y en atención a que no existió convivencia
simultánea entre la cónyuge supérstite, la compañera permanente y el docente
fallecido —pero sin disolución de sociedad conyugal con la primera—, tanto la
demandante como la interviniente ad excludendum tienen derecho a la
sustitución de la pensión gracia en una cuota parte proporcional al tiempo de
convivencia con el causante.
76. En efecto, lo anterior resulta procedente debido a que aunque la sociedad
conyugal permaneció jurídicamente vigente, no se acreditó convivencia material
simultánea entre la cónyuge y el causante durante el periodo en que este
conformó una unión marital de hecho con la compañera permanente, razón por
la cual se configura el supuesto de convivencia sucesiva previsto en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993.
77. No obstante, como lo advirtió el Ministerio Público en el concepto rendido
en el curso de la segunda instancia, se hace necesario modificar los porcentajes
determinados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto de lo que
le correspondería a cada una, en la medida en que, si bien se estimó que debía
asignarse un 50 % del total de la prestación periódica a cada parte, tal proporción
no se ajusta a lo dispuesto en la norma aplicable, por cuanto las convivencias no
fueron de igual duración.
78. En efecto, se tiene que la cónyuge supérstite convivió con el de cujus
durante 7 años, mientras que la compañera permanente lo hizo durante 10 años,
lo que arroja un total de 17 años de convivencia (100%). En consecuencia, a la
primera le corresponde el 41 % de la prestación y a la segunda el 59 %, razón
por la cual se modificará el numeral segundo de la sentencia apelada en lo
relativo a la distribución porcentual, la cual se ajusta al criterio de
proporcionalidad previsto en el inciso tercero del artículo 47 de la Ley 100 de
1993.
79. Finalmente, la Sala comparte el razonamiento del a quo en cuanto a la
improcedencia de declarar la prescripción en el caso particular de la interviniente
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ad excludendum, habida cuenta de que el porcentaje correspondiente de la
mesada pensional sustituida deberá reconocérsele desde el día siguiente a aquel
en que surtió efectos la suspensión de su pago en virtud de la Resolución PAP
011449 del 31 de agosto de 2010, hasta tanto se resolviera la presente
controversia.
80. No obstante, se modificará la sentencia en lo referente a la fecha a partir
de la cual se reconocerá el porcentaje pensional de la demandante Alcira Mejía
Gómez, pues, si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estimó que la
prestación debía pagarse desde el 29 de agosto de 2010, lo cierto es que, aunque
las mesadas pensionales causadas están sometidas a prescripción trienal, en
este caso a la interviniente ad excludendum se le continuó pagando la prestación
con posterioridad a esa fecha, hasta cuando surtió efectos su suspensión. Por
tanto, el reconocimiento a favor de la demandante deberá efectuarse, igualmente,
a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la suspensión del pago de
la pensión de sobrevivientes de la interviniente, con el fin de evitar un doble pago
de la prestación.
Condena en costas
81. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
82. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
83. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
84. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
85. En este contexto, en el caso concreto se condenará en costas a la entidad
demandada, toda vez que las peticiones de su recurso de apelación no
prosperaron. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
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instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
86. En lo que respecta a la parte demandante, la Sala considera que no hay
lugar a imponerle condena en costas, toda vez que, si bien se modificará el
porcentaje que le corresponde por concepto de sustitución de la pensión gracia
del causante, lo cierto es que sus pretensiones fueron parcialmente acogidas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la
sentencia del 22 de octubre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento que
interpuso la señora Alcira Mejía Gómez contra la UGPP y en la que intervino
como ad excludendum la señora Gilma Cartagena, el cual quedará así:
«SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) a SUSTITUIR Y PAGAR, de manera indexada,
la pensión gracia que tenía reconocida el causante a favor de las señoras
ALCIRA MEJÍA GÓMEZ —cónyuge supérstite— en una proporción
equivalente al cuarenta y un por ciento (41%) de la prestación, y de GILMA
CARTAGENA —compañera permanente— en una proporción equivalente
al cincuenta y nueve por ciento (59%).
SEGUNDO. MODIFICAR el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la
sentencia del 22 de octubre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento que
interpuso la señora Alcira Mejía Gómez contra la UGPP y en la que intervino
como ad excludendum la señora Gilma Cartagena, el cual quedará así:
«TERCERO: CONDENAR a la entidad accionada a PAGAR la sustitución
pensional reconocida a las señoras ALCIRA MEJÍA GÓMEZ y GILMA
CARTAGENA, en los porcentajes previamente señalados, a partir del día
siguiente a aquel en que surtió efectos la suspensión del pago de la
mesada, dispuesta mediante la Resolución PAP 011449 del 31 de agosto
de 2010.».
TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.
CUARTO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
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Demandante: Alcira Mejía Gómez
Interviniente excluyente: Gilma Cartagena
Protección Social. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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