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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02400-02

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02400-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FALLIDO el recurso de apelación presentado por la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con las consideraciones de este proveído. 12 Número Interno: 1134-2020 Demandante: Pedro Octavio Munar Cadena Demandados: Nación – Rama Judicial - DEAJ SEGUNDO: MANTENER INCÓLUME la sentencia del treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-02400-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02400-02 (1134-2020)1
Demandante: Pedro Octavio Munar Cadena
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación (Decreto 610 de
1998)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala
Transitoria, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La demanda2.

Pretensiones.

1. El señor Pedro Octavio Munar Cadena, por intermedio de apoderada judicial, acudió a

la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA, a fin de obtener la nulidad de la Resolución No. 5273
del doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014), expedida por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, mediante la cual, le resolvió negativamente la solicitud de
pago adeudado por concepto de las diferencias mensuales de la bonificación por
compensación.

1
Expediente híbrido.
2
Folios 129 a 158 del expediente físico.

2

Número Interno: 1134-2020
Demandante: Pedro Octavio Munar Cadena
Demandados: Nación – Rama Judicial - DEAJ

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar a su favor, «las diferencias que resulten sobre las
prestaciones económicas tales como: cesantías, prima de servicios, prima de navidad y
bonificación por servicios, que se vieron afectadas al pagarse salarios inferiores al 80%
mencionado, a partir del primero (1°) de enero de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de
dos mil tres (2003), en los términos previstos en el Decreto 610 de 1998.»

3. Adicionalmente, solicitó se condene a la entidad demandada, a dar cumplimiento a la

sentencia, actualice las sumas antes relacionadas mes a mes, junto con sus intereses
moratorios hasta cuando se haga efectivo su pago y se condene en costas.

Hechos

4. El señor Pedro Octavio Munar Cadena indicó que se desempeñó como Magistrado

Auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, desde el primero
(1) de enero de 2001 hasta el treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003).

5. Señaló que, frente a la declaratoria de nulidad del Decreto No. 4040 de 2004, presentó

ante la entidad demandada3 la solicitud de pago de las diferencias salariales de la
bonificación por compensación, la cual fue resuelta de manera negativa mediante la
Resolución No. 5273 del doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014), notificada el
trece (13) de enero de dos mil quince (2015), argumentando entre otros aspectos, falta
de disponibilidad presupuestal.

Concepto de violación.

6. La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: De la Constitución

Nacional el Preámbulo y los artículos 1, 13, 25 y 53; de la Ley 4a de 1992, el artículo 2,
del Decreto 610 de 1998 el artículo 1 y del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 15.
Asimismo, refirió vulnerado el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales
aprobado mediante la Ley 74 de 1968 y, el Convenio Internacional del Trabajo No. 111
aprobado por la Ley 22 de 1967.

3
Solicitud presentada ante la entidad demandada el 4 de diciembre de 2014, conforme se desprende de la Resolución No. 5273 de
2014, que reposa de folio 2 a 6 del expediente físico.

3

Número Interno: 1134-2020
Demandante: Pedro Octavio Munar Cadena
Demandados: Nación – Rama Judicial - DEAJ

7. Afirma que recibió un trato desigual, reflejado en la falta de reconocimiento por parte

de la entidad demandada, pues, el acto demandado desconoce la prohibición de la Ley
4 de 1992, respecto a desmejorar los salarios y prestaciones de los servidores públicos,
desconociendo sin fundamento jurídico, lo previsto en el Decreto 610 de 1998.

8. Agrega que adquirió un derecho irrenunciable y cierto, a la aplicación de los efectos del

Decreto 610 de 1998, a partir de la vigencia de la norma, en los porcentajes allí
establecidos, por lo cual se debe legalmente reconocerle y pagarle las consecuentes
diferencias de salario, entre el 70% que se le pagó (también incorrectamente liquidado y
pagado) y su derecho adquirido a devengar el 80% de la remuneración de un Magistrado
de Alta Corte.

2. Contestación de la demanda.

9. La parte demandada,4 por medio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones y

expuso que, los efectos de la sentencia de nulidad del Consejo de Estado, rigen hacia el
futuro, con el objeto de generar certeza y seguridad jurídica dentro del sistema normativo,
toda vez que la sentencia con efectos erga omnes, sólo tiene consecuencias posteriores,
restableciendo el derecho hacia futuro. Por tanto, el demandante no tenía derecho a la
bonificación reclamada.

10. Refirió la imposibilidad presupuestal de la entidad demandada, para el reconocimiento

de las pretensiones del demandante, indicando que, a pesar de ser interés institucional
de la Rama Judicial, reconocer y conciliar los derechos que surgen por órdenes judiciales,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha variado su postura frente a los efectos
vinculantes de dichas decisiones.

11. Finalmente, formuló como excepción de fondo, la que denominó: «integración de litis

consorcio necesario», pues considera que, al ser el gobierno nacional, el facultado para
fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los de la
Rama Judicial, estima necesaria la comparecencia de la Presidencia de la República, del
Ministerio de Hacienda y del Departamento Administrativo para la Función Pública.

4
Folios 229 a 233 del expediente físico.

4

Número Interno: 1134-2020
Demandante: Pedro Octavio Munar Cadena
Demandados: Nación – Rama Judicial - DEAJ

3. La sentencia de primera instancia.

12. La Sala Transitoria, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

mediante sentencia proferida el treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019)5
accedió a las pretensiones, sin condena en costas.

«PRIMERO. - Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en las sentencias
del 14 de diciembre de 2011 por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del 3 diciembre de 2004,
y a la de unificación jurisprudencial proferida el día 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces,
por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 5273 del
12 de diciembre de 2014 atribuible a la Nación – Rma Judicial, en cuanto se le negó al señor PEDRO
OCTAVIO MUNAR CADENA, el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales
derivadas de su calidad de beneficiarla (sic) de la bonificación por compensación, conforme con lo
expuesto en la parte motiva.

CUARTO (sic) CONDENAR a la NACIÓN - NACIÓN- (sic) RAMA JUDICIAL a RECONOCER y
PAGAR en favor del señor PEDRO OCTACIO MUNAR CADENA, retroactivamente la diferencia
existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de bonificación por
Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir, el 80% de lo que perciben los
Magistrados de Altas Cortes, equiparando a estos últimos con los Congresistas, es decir, teniendo
en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los miembros del congreso, que son: sueldo básico, gastos de
representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de
navidad y cesantías, en lo correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001 al
31 de octubre de 2003 mientras ostentó el cargo de Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos
conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: (sic) NO RECONOCER la reliquidación y el pago de las prestaciones sociales al actor por
concepto de factor salarial de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, en
concordancia con los considerandos de esta providencia.

SEXTO: (sic) Sin lugar a condena en costas conforme con lo expuesto en la parte motiva.

SEPTIMO: (sic) La Nación- Rama Judicial dará cumplimiento al presente fallo en el término
estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

OCTAVO: (sic) En firme la presente decisión, procédase por Secretaría a la devolución a la parte
demandante de los remanentes de los gastos ordinarios del proceso a que hubiere lugar, y al archivo
del expediente.

13. Como sustento de su decisión, luego de estudiar las pruebas recaudadas, encontró

acreditado que, el demandante fungió como Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, según certificado laboral No. CSG-2574 expedido
el veintidós (22) de agosto de dos mil doce (2012)6 por la Secretaria General de esa
Corporación, por lo que de acuerdo con la normatividad aplicable, se infiere que es

5
Folios 276 a 282 del expediente físico.
6
Visible a folio 8 del expediente físico.

5

Número Interno: 1134-2020
Demandante: Pedro Octavio Munar Cadena
Demandados: Nación – Rama Judicial - DEAJ

beneficiario de la bonificación por compensación equivalente al 80% de todo lo
devengado por los magistrados de las altas cortes.

14. Asimismo, mencionó que no fue correctamente liquidado en sus ingresos mensuales,

por lo que se deberá reconocer, reliquidar y pagar los ingresos recibidos por concepto de
bonificación por compensación de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 610 de
1998.

15. Concluyó que, dado que al demandante se le pagaron sumas por concepto de

bonificación por compensación sin considerar que debían equivaler al 80% de lo
devengado por los magistrados de altas cortes, incluyendo las cesantías como parte de
la prima especial de servicios, se dispone que dicha prestación sea tenida en cuenta al
momento de la liquidación, ordenándose el pago únicamente de la diferencia entre lo
recibido y lo dejado de percibir en los períodos reclamados.

El recurso de apelación

16. La Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial7, en el

término procesal oportuno, presentó recurso de apelación en contra de la decisión del 31
de julio de 2019.

17. Textualmente manifestó:

«En desarrollo de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998, en virtud
del cual se creó una bonificación por compensación con carácter permanente, para los Magistrados
de Tribunal y otros funcionarios, que sumada a la prima especial de servicios y demás ingresos
laborales debía igualar al 60%, al 70% y al 80% de la totalidad de la remuneración que por todo
concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la
Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, a partir de enero de 1999, enero de
2000 y enero de 2001, respectivamente. Este decreto fue adicionado para otros funcionarios por el
Decreto 1239 de 1998.»

18. Adicionalmente, agregó:

(…) En vista de la cantidad de solicitudes cuyo objeto era el reconocimiento y pago de las condiciones
establecidas en el Decreto 610, el gobierno expidió el Decreto 4040 de 2004, a través del cual, se
creó la Bonificación de Gestión Judicial con carácter permanente que sumada a la asignación básica
y demás ingresos laborales, igualen el setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto

7
Folios 291 a 294 del expediente físico.

6

Número Interno: 1134-2020
Demandante: Pedro Octavio Munar Cadena
Demandados: Nación – Rama Judicial - DEAJ

devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios de la Rama Judicial que se
encontraban desempeñando los empleos descritos taxativamente en el inciso segundo del artículo
1º de ese mismo decreto.

Para tener derecho a la Bonificación por Compensación, los funcionarios de la Rama Judicial que
con anterioridad a la publicación del Decreto 4040 de 2004, se encontraban desempeñando los
empleos taxativamente descritos en el inciso 2° del artículo 1º del decreto en mención, debieron
optar por acogerse voluntariamente al régimen de Bonificación por Gestión Judicial antes del 31 de
diciembre de 2004, aportando la copia del contrato de transacción o copia del memorial en el que se
presentaba el desistimiento radicado ante la respectiva autoridad judicial, en el caso de los
funcionarios que tenían reclamaciones en los despachos judiciales.»

19. Por último, refirió que:

«Bajo este entendido, consultando el espíritu de la Constitución y de la ley, se tiene que la acción
simple nulidad procede contra todos los actos administrativos, generales y particulares, cuando la
pretensión es únicamente la de tutelar el orden jurídico, caso en el cual la competencia del juez se
limita a decretar la simple anulación sin adicionar ninguna otra declaración, pese a que con el retiro
del acto impugnado eventualmente se restablezcan derechos o se ocasionen daños al actor o a
terceros.

Sobre los efectos de la decisión que se adopte en uno y otro caso, siguiendo con lo preceptuado en
el artículo 175 del C.C.A., se tiene que tanto en el contencioso de simple anulación como en el de
nulidad y restablecimiento del derecho, la sentencia que declara la nulidad del acto administrativo
produce efectos de cosa juzgada "erga omnes", en tanto que la decisión desestimatoria sólo produce
tales efectos en relación con la "causa petendi" que ha sido fallada.

En los casos en que se ejerce la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y a través de la
sentencia se obtiene la nulidad del acto y el reconocimiento de una situación jurídica particular y
concreta, el efecto restablecedor sólo es predicable de las partes en contienda, esto es, de quienes
promovieron y obtuvieron tal declaración.

Por lo anterior, por regla general, las sentencias proferidas con ocasión del ejercicio del control de
constitucionalidad tienen efecto de cosa juzgada, erga omnes y hacia el futuro (ex-nunc), lo cual
implica que la norma sometida a control no podrá volver a ser demandada por las mismas razones
y que el fallo tenga efectos frente a todos, sin afectar las situaciones ya consolidadas; todo ello con
el objeto de generar seguridad jurídica dentro del sistema normativo.

Cuando se demanda por vía de la acción de simple nulidad un acto, este adquiere efectos hacia
futuro y no tiene carácter retroactivo, lo que implica que no genera ningún gasto para el erario público
hacia atrás, sino que restablece el derecho hacia futuro.». (sic para toda la cita)

Trámite en segunda instancia

20. Mediante autos de diecinueve (19) de enero de dos mil veintidós (2022)8, y veintidós

(22) de noviembre de dos mil veintidós (2022)9, el respectivo conjuez ponente de la
Sección Segunda, doctor John Jairo Morales Alzate, admitió el recurso de apelación y
corrió traslado para alegar de conclusión, respectivamente, de conformidad con lo
previsto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Posteriormente, el despacho

8
Índice 0017 de Samai.
9
Índice 0033 de Samai.

7

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sustanciador avocó el conocimiento del proceso, mediante auto del dos (2) de diciembre
de dos mil veinticinco (2025)10.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de

conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)11, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Problema jurídico

22. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si el recurso de apelación

interpuesto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia del
treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, cumple con los parámetros de
sustentación y congruencia necesarios para proferir un fallo de mérito de segunda
instancia.

Asunto preliminar – De la sustentación del recurso de apelación

23. El artículo 247 del CPACA estableció el trámite del recurso de apelación contra las

sentencias proferidas en primera instancia por los juzgados y tribunales administrativos,
de la siguiente manera:

Artículo 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso

10
Índice 0074 ibidem.
11
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»

8

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de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo
con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las
sentencias dictadas en audiencia.

[…]
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se
concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el
expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los
requisitos.

[…] (Énfasis de la Sala).

24. El Código General del Proceso (CGP), en su artículo 320, prevé que el recurso de

apelación tiene como objeto «[…] que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión», el cual será interpuesto por la parte a la que
aquella le haya sido desfavorable, con lo que se materializa el principio de doble instancia
contenido en el artículo 31 de la Carta Política.

25. Ahora bien, en lo concerniente al requisito de sustentación del recurso de apelación,

esta Corporación12 ha dicho:

De conformidad con lo expuesto, se advierte que en atención a que la parte demandada no
controvirtió en absoluto la sentencia de primera instancia, esta Corporación no puede resolver a
su favor el recurso, en vista de que los argumentos de la decisión que emitió el fallador de primera
instancia ni siquiera fueron objeto de confrontación dentro del recurso de apelación interpuesto.

En consecuencia, un escrito de apelación que no contenga argumentos tendientes a desvirtuar
las razones que fundamentan el fallo de primera instancia, impide un reexamen de los mismos
de carácter oficioso por parte de la segunda instancia, por cuanto, tal como ya se ha dicho, en
el sub lite, la impugnante se refiere en su recurso a unos fundamentos y consideraciones
diferentes de los adoptados por el a quo para proceder a ordenar la indexación de la primera
mesada del demandante.

En este sentido y de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, resulta necesario no sólo
que el recurrente sustente la decisión, sino que lo haga de la forma adecuada, indicando en
concreto los motivos de inconformidad respecto del fallo del a quo, los cuales determinarán el
objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior requiere un grado de
congruencia entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual,
se estaría ante una trasgresión al debate jurídico y probatorio que fundamentó la decisión del
juez de primera instancia, así como la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia.

[…]

12
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 1º de agosto de 2018, expediente: 73001-23-31-000-2014-
00160-01 (3026-2015); consejero ponente: William Hernández Gómez. Al respecto, ver también fallos de 28 de junio de 2018,
expediente: 44001-23-33-000-2013-00068-01 (3393-2015), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y 15 de marzo de 2018 y 9 de
noviembre de 2017, expedientes: 25000-23-42-000-2012-00914-01 (2666-2014) y 18001-23-33-000-2015-00214-01 (1050-2017),
respectivamente.

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En este sentido, no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las partes procesales,
ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio, esto es, en el evento en que una de las partes
está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad atacar la decisión poniendo en
conocimiento, tanto del juez como de la parte favorecida con la sentencia, las razones que en su
criterio, dejan sin fundamento la providencia judicial, de manera que la parte no recurrente pueda
exponer, en ejercicio de su derecho de defensa, las razones por las cuales considera que la
decisión merece ser confirmada.

26. En el mismo sentido, más recientemente, esta Colegiatura sostuvo que «[…] no basta
con la sola interposición del recurso, sino que se hace necesario que se realice la sustentación con el
propósito de que el juez que conoce de la apelación tenga el marco que delimita su decisión, pues los
aspectos de la providencia que no sean recurridos adquieren firmeza y son ajenos a la competencia del ad
quem»13.

27. Por tanto, conforme a las normas y jurisprudencia antes referidas, resulta claro que

la sustentación suficiente y adecuada del recurso de apelación es un presupuesto
procesal indispensable, sin el cual no resulta viable que el superior funcional de una
determinada autoridad judicial estudie la aptitud legal y constitucional de lo decidido en
una sentencia de primera instancia.

Caso concreto

28. En el asunto sub examine, la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, mediante sentencia del treinta y uno (31) de julio de
dos mil diecinueve (2019), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
declarando la nulidad del acto administrativo acusado y, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó reconocer las diferencias entre lo percibido y lo que dejó de recibir por
concepto de bonificación por compensación, prevista en el Decreto 610 de 1998, en el
periodo en el cual el demandante se desempeñó como Magistrado Auxiliar en la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, esto es, entre el primero (1°) de enero
de dos mil uno (2001) y el treinta y uno de octubre de dos mil tres (2003).

29. Esta decisión fue apelada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Sin

embargo, analizado el recurso de alzada, se considera que aquel resulta fallido, en tanto
se limita a referir aspectos generales del Decreto 610 de 1998, así como lo relativo a la

13
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; auto de 9 de septiembre de 2024; expediente 63001-23-33-000-2016-00147-
02 (4040-2023); consejero de Estado: Juan Enrique Bedoya Escobar.

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expedición del Decreto 4040 de 2004 y su posterior declaratoria de nulidad por parte del
Consejo de Estado, al estimar que la expedición de este último fue irregular.

30. Asimismo, se refiere a las diferencias entre la acción de nulidad y la de nulidad y

restablecimiento del derecho, exponiendo las diferencias entre ellas y transcribiendo
apartes de sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en las cuales
se hace referencia los alcances de cada uno de estos medios de control, sin que exprese
reparo alguno respecto de las normas invocadas por el A-quo para el reconocimiento de
las diferencias por concepto de bonificación por compensación. Tampoco se discutió la
valoración probatoria, ni se identificó error o inconsistencia alguna, según el criterio de la
parte recurrente.

31. Frente a ello, debe señalarse que, conforme al inciso final del artículo 320 del Código

General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, «[…] podrá
interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia». Ello
implica que solo puede recurrir aquella parte que resulte vencida o que sufra un agravio
jurídico concreto con ocasión de la decisión adoptada.

32. En el presente asunto, advierte la Sala que, conforme al principio de congruencia, la

competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los aspectos
planteados en el recurso de apelación, los cuales deben guardar coherencia con lo
alegado en la demanda y su contestación, con el fin de salvaguardar el derecho de
defensa y contradicción de las partes. Esta regla encuentra respaldo en el artículo 328
del Código General del Proceso, que dispone: «COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

33. A estas alturas del análisis del presente proceso, la Sala precisa que, el extremo

apelante tuvo la oportunidad de referirse a todos y cada uno de los argumentos expuestos
por la primera instancia, con la finalidad de señalar los yerros que consideraba se
habían cometidos, con miras a obtener una decisión favorable a sus intereses. Sin
embargo, no se advierten tales reproches, pues, se reitera, el recurso de alzada omite
pronunciarse frente a lo decidido en la sentencia primera instancia, lo que impide a
esta Corporación, como superior funcional del tribunal de primera instancia, revisar la
providencia apelada para, si era el caso, corregir sus errores.

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Número Interno: 1134-2020
Demandante: Pedro Octavio Munar Cadena
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34. Conforme a las normas procesales relativas al deber de sustentación del recurso de

apelación interpuesto contra sentencias dictadas en procesos ordinarios, y,
especialmente, conforme al citado principio de congruencia, entiende esta Corporación
que en el escrito de apelación debe expresarse de forma concreta y breve los
argumentos, por los que la parte recurrente estima que la providencia fue desacertada,
para efectos que el superior jerárquico centre su estudio en dichos reparos. Situación que
no se cumple correctamente en este caso.

35. En consecuencia, al no controvertir el recurso aspectos decididos por el tribunal, que

configuren además un perjuicio para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se
impone declarar su improcedencia y, en consecuencia, mantener incólume la sentencia
de primera instancia.

36. Por lo hasta aquí expuesto, la Sala mantendrá incólume la sentencia de primera

instancia, que resolvió declarar la nulidad del acto demandado, y, en consecuencia,
ordenó el reconocimiento y pago las diferencias generadas por concepto de bonificación
por compensación al señor Pedro Octavio Munar Cadena, con fundamento en el Decreto
610 de 1998.

Condena en costas

37. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala

temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por lo
tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FALLIDO el recurso de apelación presentado por la Nación –
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con las
consideraciones de este proveído.

12

Número Interno: 1134-2020
Demandante: Pedro Octavio Munar Cadena
Demandados: Nación – Rama Judicial - DEAJ

SEGUNDO: MANTENER INCÓLUME la sentencia del treinta y uno (31) de julio de dos
mil diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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