Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02554-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02554-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-02554-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
9 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2015-02554-02 (2373-2022)
Demandante : Doris Esguerra Rubio
Demandada : Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
Empresa Social del Estado (ESE) – unidad de
prestación de servicios de salud Hospital Santa Clara1
Tema : Contrato realidad
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 16 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda),
mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 227 a 235). La señora Doris Esguerra Rubio,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente Empresa Social del Estado (ESE) – unidad
de prestación de servicios de salud Hospital Santa Clara, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio OJ-1100-217-2014 de 16 de
junio de 2014 y la Resolución 235 de 14 de julio siguiente, por medio de los
que se negó la existencia de una relación laboral entre las partes.
A título de restablecimiento del derecho, se condene al pago de «[…] las sumas
que a título de prestaciones sociales y seguridad social dejó de recibir […] con
1
De conformidad con lo previsto en el Acuerdo 641 de 6 de abril de 2016, «por el cual se efectúa la reorganización
del sector salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones»,
expedido por el concejo de Bogotá, D. C., las Empresas Sociales del Estado Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro
Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara se fusionaron en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente Empresa Social del Estado (ESE), creada como una entidad pública descentralizada de carácter distrital,
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio público, cuyo objeto principal es la prestación
de servicios de salud, como parte integrante del sistema general de seguridad social en salud.
Expediente 25000-23-42-000-2015-02554-02 (2373-2022)
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Doris Esguerra Rubio contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente ESE
ocasión del CONTRATO REALIDAD que – con la calidad de contratos de
servicios – se surtió entre el 2 de marzo del 2005 y el 30 de septiembre de 2012
[…]». Todo lo anterior con la respectiva indexación y costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que se vinculó a la entonces ESE
Hospital Santa Clara mediante contratos de prestación de servicios, «[…]
durante siete (7) años, seis (6) meses y veintisiete (27) días sucesivos [en los
que se] rebasó el límite del “(…) t[é]rmino estrictamente necesario” puesto que
esa “necesidad del servicio” con prestación personal, supuso subordinación y
remuneración […]».
Que el 5 de junio de 2014 pidió del accionado el reconocimiento de una relación
laboral, negado con los actos acusados.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 13, 21, 25, 29,
43, 48 y 53 de la Constitución Política; 22 a 24, 47, 57, 59, 64, 65, 186, 193,
249 y 305 del Código Sustantivo del Trabajo (CST); y 70, 470, 471 y 474 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Asimismo, las Leyes 50
de 1990 y 100 de 1993 y la convención colectiva del trabajo «82007 de 2011».
Arguye que prestó sus servicios de manera personal, continua y subordinada,
como elementos propios de una relación laboral, y por ello tiene derecho a que
se le reconozcan las prestaciones propias de este vínculo, motivo por el cual los
actos acusados están viciados de nulidad, pues niegan el pago de las
prestaciones reclamadas.
1.5 Contestación de la demanda. A pesar de haber sido notificada en debida
forma, la accionada contestó el libelo introductorio en forma extemporánea2.
1.6 La providencia apelada (ff. 314 a 327 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda), en sentencia de 16 de
febrero de 2022, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que se encuentran probados dos de los elementos de la relación
laboral: la prestación personal del servicio y la remuneración, pero «[…] no se
pued[e] evidenciar que la actora recibía órdenes o que actuara de manera
subordinada, respecto de algún funcionario del Hospital Santa Clara E.S.E.,
hoy Subred de Servicios de Salud Centro Oriente. Tampoco como quedó
2
F. 282.
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expuesto propiamente del cumplimiento de un horario, por lo que se evidencia,
más que horario, […] requería de coordinación y concertación en su condición
de contratista con la entidad accionada, permitiéndole a la profesional
disponer de su tiempo de acuerdo a las actividades a realizar, lo que le permite
entonces descartar una subordinación o imposición de horarios por parte de la
entidad y, que además no necesariamente debía efectuar tales gestiones de
manera presencial» (sic).
Que «[…] las labores que realizó la demandante no correspondieron a la
prestación de los servicios de salud o tenían injerencia en la misión de la
entidad, sino de carácter administrativo» y, en tal sentido, de acuerdo con «[…]
los estudios previos que soportaron los contratos de prestación de servicios que
suscribió con la entidad demandada, se infiere que [la] labor no podía
realizarse con personal de planta. Adicionalmente, no se allegó el manual de
funciones que permitiera establecer que las actividades que desarrolló eran las
que tenía asignadas un empleado de planta del Hospital».
Precisa que la accionante «[…] contaba con cierta independencia en la
realización de las labores encomendadas y debía reportar resultados de su
gestión y estado de los procesos con base en lo dispuesto en las cláusulas
contractuales, por lo que requería de cierta coordinación para el cumplimiento
de las actividades y, recibir instrucciones para atender los requerimientos de
la entidad sin que ellos sean prueba suficiente para demostrar el elemento de
la subordinación».
1.7 El recurso de apelación (ff. 331 a 337 vuelto). La actora, mediante
apoderado, interpuso recurso de apelación, para reiterar sus planteamientos del
libelo introductorio y agregar que «[…] la sentencia presenta una discrepancia
entre la administración pública y la demandante en dos direcciones: una
desde el ángulo de la entidad pública, y otra desde […] la posición de la
trabajadora, lo cual no sorprende, si se parte de la base según la cual el
derecho laboral nació como un instrumento para regular relaciones
económicas abiertamente desiguales» (sic). En tal sentido, «[s]e ha presentado
un enfrentamiento entre principios constitucionales que debe ser ponderados
por el […] Consejo de Estado, otorgando un peso relativo a cada uno de ellos
mediante una sentencia interpretada a la luz de la [C]onstitución donde los
derechos de los trabajadores son principios jurídicos que deben ser
ponderados» (sic).
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II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 9 de abril de 2022
(f. 339) y admitido por esta Corporación a través de auto de 23 de agosto
siguiente (f. 345), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA3; y durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem las partes y el correspondiente
agente del Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste razón
jurídica para reclamar de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente ESE – unidad de prestación de servicios de salud Hospital Santa Clara
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el
tiempo que permaneció vinculada como profesional especializada abogada, en
aplicación del principio de «primacía de la realidad sobre formalidades»; o,
por el contrario, si los contratos de prestación de servicios que celebró con dicha
entidad se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron
los elementos de subordinación y continua dependencia que alega, propios de
una relación laboral.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
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Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
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En ningún caso estos contratos general relación laboral ni
prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.
Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209
de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio
a contratar».
Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez
que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del
contrato y de la ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el
de carácter laboral, así:
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes
al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que
aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal
del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración
como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de
prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada,
puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la
potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -
contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene
que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de
ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen
inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la
naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
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determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación
de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien
celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma
acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de
contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo
subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la
administración contratante de impartir órdenes a quien presta el
servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como
la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se
tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de
prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación
o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo,
sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad
del mandato respectivo.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 4, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un
empleo y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil
de la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación;
temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo
de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la
Administración Pública y no se consideran comprendidos en el
servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
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Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
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empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse
contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de
funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque
constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no
sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino
también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado
de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender
funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las
labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos
especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales
con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones
permanentes en la administración pública debe realizarse con el
personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a
la administración mediante el concurso de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía
de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de
la materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en
sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
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necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales5.
De igual manera, en decisión la subsección B de esta sección segunda 6 recordó
que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del
servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual
debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora
demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y
la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia,
para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una
verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia
de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a
quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios
que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de
empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los
presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) La accionante prestó sus servicios, en forma personal e ininterrumpida, como
profesional especializada abogada en la unidad de prestación de servicios de
salud Hospital Santa Clara de la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente, desde el 2 de marzo de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2012,
en virtud de los siguientes contratos de prestación de servicios:
Contratos Inicio Finalización Folios
AD767/2005 02/03/2005 01/04/2005 3 y 130
5
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (0202-10).
6
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-
000-2012-00020-01 (0316-2014).
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Expediente 25000-23-42-000-2015-02554-02 (2373-2022)
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AD787/2005 04/04/20057 01/07/2005 4 y 130
AD1995/2005 05/07/20058 29/07/2005 130
AD2078/2005 01/08/20059 31/10/2005 130
AD3440/2005 01/11/2005 18/11/2005 130
AD3507/2005 21/11/200510 31/12/2005 130
AD002/2006 02/01/200611 01/09/2006 5, 6 y 130
AD124/2006 04/09/200612 29/09/2006 7 y 130
AD210/2006 02/10/200613 15/12/2006 8 y 130
Interrupción de 9 días hábiles
AD074/2007 02/01/2007 30/09/2007 29 y 130
AD387/2007 01/10/2007 31/10/2007 9 y 130
AD477/2007 01/11/2007 31/12/2007 130
AD088/2008 02/01/200814 27/06/2008 11 y 130
Interrupción de 9 días hábiles
AD209/2008 14/07/2008 31/07/2008 12 y 130
AD290/2008 01/08/2008 31/12/2008 13 y 130
AD070/2009 02/01/200915 30/06/2009 14 y 130
A0248/2009 01/07/2009 31/07/2009 15 y 130
A0349/2009 01/08/2009 31/10/2009 16 y 130
Interrupción de 1 día hábil
A0396/2009 04/11/2009 31/12/2009 17 y 130
Interrupción de 5 días hábiles
AD86/2010 12/01/2010 30/06/2010 19 y 130
Interrupción de 5 días hábiles
AD227/2010 09/07/2010 30/09/2010 21 y 130
Interrupción de 1 día hábil
AD317/2010 04/10/2010 31/10/2010 22 y 130
Interrupción de 11 días hábiles
7
No hubo interrupción, dado que los días 2 y 3 de abril de 2005 fueron inhábiles.
8
Ibidem, respecto de los días 2, 3 y 4 de julio de 2005.
9
Ib., en lo atinente al 30 y 31 de julio de 2005.
10
Ib., frente a los días 19 y 20 de noviembre de 2005.
11
Sin interrupción, dado que el 1º. de enero de 2006 fue festivo.
12
Los días 2 y 3 de septiembre de 2006 fueron inhábiles, por lo que no hubo interrupción.
13
Ibidem respecto de los días 30 de septiembre y 1º. de octubre de 2006.
14
No hubo interrupción, por cuanto el 1º. de enero de 2008 fue festivo.
15
Ibidem frente al 1º. de enero de 2009.
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Expediente 25000-23-42-000-2015-02554-02 (2373-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Doris Esguerra Rubio contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente ESE
AD445/2010 18/11/2010 30/11/2010 130
Interrupción de 6 días hábiles
AD461/2010 10/12/2010 31/12/2010 130
Interrupción de 2 días hábiles
AD098/2011 05/01/2011 31/01/2011 23 y 131
Interrupción de 12 días hábiles
AD105/2011 17/02/2011 30/06/2011 24 y 131
Interrupción de 1 día hábil
AD228/2011 05/07/2011 30/09/2011 25 y 131
Interrupción de 4 días hábiles
AD359/2011 07/10/2011 31/12/2011 26 y 131
Interrupción de 5 días hábiles
AD053/2012 10/01/2012 30/09/2012 27 y 131
De acuerdo con los contratos aportados, la actora desempeñó las siguientes
funciones: (i) organizar documentos para la presentación de demandadas en los
despachos judiciales en procesos ejecutivos y adelantar su trámite, (ii) adelantar
procesos de jurisdicción coactiva, (iii) realizar las acciones jurídicas y
administrativas correspondientes en los procesos en los que se le otorgue poder,
(iv) preparar y «radicar» la respuesta a las peticiones y acciones de tutela, (v)
participar en el diseño y la planeación estratégica de la unidad funcional para el
logro de la visión institucional, (vi) hacer los cobros prejurídicos y jurídicos
para recuperar cartera y pago de pagarés, (vii) emitir conceptos de apoyo
jurídico, (viii) actualizar la base de datos de las acciones de tutela, peticiones y
gestión jurídica, y (ix) atender a los usuarios y el personal que lo requiera en
cumplimiento del objeto contractual.
b) En los folios 30 a 39 obran las pólizas que la demandante constituyó para el
desarrollo contractual, así como en los folios 53 a 59 se encuentran los
certificados de la retención en la fuente que le fue aplicada y en los 45 a 52 las
cuentas de cobro que presentó para recibir la remuneración.
c) Formularios mediante los cuales el gerente de la entonces ESE Hospital Santa
Clara y su jefe de oficina jurídica acreditaron la necesidad de contratar a una
persona que cumpliera las funciones que luego desempeñó la accionante (ff. 40
a 44).
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Expediente 25000-23-42-000-2015-02554-02 (2373-2022)
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d) Informes de actividades contractuales rendidos por la actora (ff. 61 a 66 y
124 a 129).
e) En los folios 68 a 82, 88 a 92, 109, 109, 186 y 187 se hallan los documentos
con los que la accionada entregó a la demandante una relación de pagarés para
iniciar con su cobro.
f) Informe de gestión por las labores realizadas por la accionante durante 2009,
en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos (ff. 84 y 85).
g) Oficios de 7 y 29 de julio de 2010, por medio de los que la jefe de la oficina
jurídica de la ESE demandada comunica a la actora sobre el supervisor de su
contrato (ff. 87 y 87).
h) En los folios 155 a 168 y 172 a 185 obran copia de correos electrónicos
remitidos en desarrollo del objeto contractual.
i) Dentro de este proceso judicial se recaudó el testimonio del señor Rafael
Eduardo Velosa Rodríguez, que relató circunstancias referentes a la prestación
de servicios de la demandante como profesional especializada abogada de la
referida unidad de prestación de servicios de salud (ff. 301 y 302).
j) Escrito de 5 de junio de 2014 (ff. 141 y 142), con el que la accionante reclamó
de la demandada el reconocimiento de la relación laboral entre ellas, negado
con el oficio OJ-1100-217-2014 de 16 siguiente, contra el que interpuso recurso
de reposición, desatado desfavorablemente con Resolución 235 de 14 de julio
de esa anualidad.
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que la actora prestó
de manera personal e ininterrumpida sus servicios como profesional
especializada abogada de la unidad de prestación de servicios de salud Hospital
Santa Clara de la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
desde el 2 de marzo de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2012, vinculada a
través de contratos de prestación de servicios, durante los siguientes períodos:
Contratos de prestación de servicios Inicio Finalización
AD767/2005 02/03/2005 01/04/2005
AD787/2005 04/04/2005 01/07/2005
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Expediente 25000-23-42-000-2015-02554-02 (2373-2022)
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AD1995/2005 05/07/2005 29/07/2005
AD2078/2005 01/08/2005 31/10/2005
AD3440/2005 01/11/2005 18/11/2005
AD3507/2005 21/11/2005 31/12/2005
AD002/2006 02/01/2006 01/09/2006
AD124/2006 04/09/2006 29/09/2006
AD210/2006 02/10/2006 15/12/2006
AD074/2007 02/01/2007 30/09/2007
AD387/2007 01/10/2007 31/10/2007
AD477/2007 01/11/2007 31/12/2007
AD088/2008 02/01/2008 27/06/2008
AD209/2008 14/07/2008 31/07/2008
AD290/2008 01/08/2008 31/12/2008
AD070/2009 02/01/2009 30/06/2009
A0248/2009 01/07/2009 31/07/2009
A0349/2009 01/08/2009 31/10/2009
A0396/2009 04/11/2009 31/12/2009
AD86/2010 12/01/2010 30/06/2010
AD227/2010 09/07/2010 30/09/2010
AD317/2010 04/10/2010 31/10/2010
AD445/2010 18/11/2010 30/11/2010
AD461/2010 10/12/2010 31/12/2010
AD098/2011 05/01/2011 31/01/2011
AD105/2011 17/02/2011 30/06/2011
AD228/2011 05/07/2011 30/09/2011
AD359/2011 07/10/2011 31/12/2011
AD053/2012 10/01/2012 30/09/2012
También se encuentra acreditado que el 5 de junio de 2014 la demandante
solicitó del gerente de la otrora ESE Hospital Santa Clara el reconocimiento de
la existencia de una relación laboral, por su desempeño como profesional
especializada abogada, negado con los actos administrativos acusados.
Lo primero que ha de advertirse es que, de conformidad con el artículo 167 del
Código General del Proceso (CGP), aplicable por la remisión expresa del 306
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del CPACA, «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», motivo por el que quien
alega la existencia de un contrato realidad debe desplegar las actuaciones
necesarias para conducir al juez a dicho convencimiento y, para tal propósito,
aportar los elementos probatorios a que haya lugar, los que serán valorados de
acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Sobre la configuración del denominado contrato realidad, resulta oportuno
precisar que, de acuerdo con los precitados contratos de prestación de servicios
y su objeto, la accionante fue vinculada a la entonces ESE Hospital Santa Clara
para desempeñar funciones como profesional del derecho, dentro de las que le
correspondía, entre otras, adelantar demandas ordinarias, ejecutivas y
constitucionales que requiriera dicha institución de salud, en especial las
atinentes al cobro de los pagarés suscritos por los pacientes para la atención
médica y la interposición o contestación de acciones de tutela y peticiones.
Asimismo, se encuentra demostrado, con la copia de los contratos de prestación
de servicios y las pruebas recaudadas (documentos y testimonio), la existencia
de dos de los elementos de la relación laboral, por un lado, (i) la prestación
personal del servicio, por cuanto efectivamente la actora fue contratada por la
demandada, según el objeto contractual ya relatado, lo que implica que fue
quien prestó el servicio; y, por otro, (ii) la remuneración por el trabajo
cumplido, comoquiera que en dichos contratos se estipuló una «Forma de
Pago» con cargo a los recursos presupuestales de la entidad, es decir, la suma
de dinero que tenía derecho a recibir y la modalidad del pago, lo que comporta
la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario), que le era
sufragada de manera mensual, según la suma acordada. Sin embargo, cabe
anotar que aportó algunos documentos que no cubren todo el período
reclamado, pero tal entidad no los controvirtió ni se opuso a ellos, razón por la
cual ha de entenderse que sí efectuó tales pagos, al cumplir sus obligaciones
contractuales.
En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la
relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones
desempeñadas por la accionante y su verdadero alcance, con el fin de establecer
si existió o no.
Al respecto, se destaca que la entidad accionada (ESE Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente, en cabeza de la unidad de prestación de
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servicios de salud Hospital Santa Clara) tiene como misión la de prestar «[…]
servicios de salud en el marco de una gestión clínica segura con estándares
superiores de calidad, trato humanizado, mejoramiento continuo, gestión
interinstitucional e intersectorial, participación comunitaria y generación del
conocimiento por medio de la investigación y la docencia para impactar las
condiciones de salud de usuarios, familias y comunidades, con talento humano
íntegro y calificado», por lo que las funciones de defensa judicial y jurídicas
desempeñadas por la demandante, a pesar de no haber sido temporales (se
desarrollaron por más de 7 años), no están directamente relacionadas con tal
misión.
Sobre este aspecto, cabe precisar que el Decreto 1876 de 199416, en su artículo
2, preceptúa que las empresas sociales del Estado tienen como objetivo general
la prestación del servicio de salud a cargo del Estado, «[…] entendidos como un
servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del [s]istema de
[s]eguridad [s]ocial en [s]alud», para lo cual propenderán hacia los siguientes
objetivos específicos (artículo 4):
a. Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con
las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación
que se expida para tal propósito;
b. Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la
Empresa Social, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles
pueda ofrecer,
c. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad
social y financiera de la Empresa Social;
d. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas
naturales o jurídicas que los demanden, servicios y paquetes de
servicios a tarifas competitivas en el mercado;
e. Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando
continuamente sus servicios y funcionamiento;
f. Garantizar los mecanismos de la participación ciudadana y
comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.
Como puede observarse, los objetivos específicos indicados en precedencia no
corresponden al propósito de los contratos de prestación de servicios que
suscribió la demandante; sumado a ello, con los documentos denominados
«Requerimiento de personal», firmados por el gerente de la entonces ESE
Hospital Santa Clara y su jefe de la oficina jurídica, se justificó la necesidad de
16
«Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las
Empresas Sociales del Estado».
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su contratación en que no existía en la planta de personal un profesional ni un
técnico para el ejercicio de esas atribuciones, amén de que hacen parte de un
campo de acción distinto a la prestación del servicio de salud, pues, como se
desprende de esos requerimientos17, las actividades que debía realizar la persona
que se llegase a vincular estaban dirigidas principalmente a asuntos
administrativos (organización de documentos) y jurídicos (elaboración de
demanda y su trámite ante las autoridades competentes, cobros prejurídico,
jurídico y coactivo, respuesta a peticiones, entre otros).
En tal sentido, en lo atinente al principio de coordinación, se precisa que este,
ínsito en los contratos de prestación de servicios, consiste en la sincronización
de las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el
contratante para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es
indispensable que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple
su contrato con independencia, sin embargo, en armonía con las condiciones
necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce
control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito.
Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la
obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista
ningún tipo de independencia.
No obstante, al proceso no se aportaron medios probatorios con los que se
certificara que la actora estaba sometida a las reglas laborales de la ESE, por
cuanto hay ausencia de la facultad para imponer cantidad de trabajo, horario,
aplicación de reglamentos, continuidad y constancia en la prestación de
servicios, circunstancias estas connaturales a dicho requisito18.
A partir de ese entendimiento, como lo concluyó el a quo, la accionante
desempeñó labores de manera autónoma dentro del ejercicio de su profesión
liberal de abogada19, con un margen de independencia en cuanto al criterio con
17
Ff. 40 a 44.
18
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 11 de mayo de 2020, expediente 20001-23-31-
000-2011-00341-01 (2001-13).
19
El concepto 382101 de 21 de octubre de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública determina
que «[…] las actividades que se ejercen de manera independiente, son aquellas que obedecen al desempeño de las
15
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el que llevaba los procesos a su cargo, en cumplimiento de las directrices que
sobre el particular emitía el organismo demandado y, por ende, la obligación de
reportar los resultados de su gestión y el estado de los asuntos asignados no
implicaba, per se, que existiera sujeción y dependencia.
En lo atañedero al testimonio practicado en primera instancia, contrario a lo
expuesto en la alzada, de este no se desprende el mencionado elemento de la
subordinación, por cuanto el declarante no fue claro en establecer circunstancias
como cantidad de trabajo, cumplimiento estricto de horario, llamados de
atención y disposición del trabajo de la actora, entre otros, de los que pueda
predicarse, sin duda alguna, su configuración.
En lo referente al planteamiento de que permaneció muchos años vinculada con
la entidad y, por tanto, a su juicio, se configura la relación laboral, esta Sala
advierte que el simple trascurrir del tiempo no comporta por sí solo la
consolidación de una relación laboral, sino que se requiere, como se ha anotado,
la concurrencia de los elementos de la subordinación y dependencia propios de
este tipo de vínculos.
Por consiguiente, «[…] actividades como rendir informes mensuales de la
ejecución de contrato, pasar planillas o efectuar la planeación académica del
mes siguiente, no pueden considerarse, por sí mismas, como elementos de
subordinación laboral, pues hacen parte de la ejecución y de las relaciones de
coordinación, propias del contrato de prestación de servicios»20.
En tales condiciones, no se encuentra probada la configuración de una relación
laboral que conlleve la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
acusados, en la medida en que la parte demandante no probó fehacientemente
la subordinación como elemento sustancial.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se confirmará el fallo de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
profesiones liberales definidas por el artículo anterior, de los que se destacan ejemplos de profesionales cómo:
médicos, abogados, contadores, entre otros».
20
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 11 de mayo de 2020, expediente 20001-23-31-
000-2011-00341-01 (2001-13).
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administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase la sentencia de 16 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda), que
negó las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Doris Esguerra
Rubio contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente Empresa
Social del Estado (ESE) – unidad de prestación de servicios de salud Hospital
Santa Clara, conforme a lo indicado en la parte motiva.
2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
17
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