Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02590-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02590-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-02590-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -
Fonprecon
Temas: Reliquidación pensión de jubilación
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 4 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del CPACA,2 el señor José Vicente Márquez Bedoya,
por conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo
1
Folios 44 a 54.
2
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
contencioso administrativo en orden a que se anulen las siguientes Resoluciones:
i) 1086 del 15 de agosto de 2003, que le reconoció la pensión de jubilación; ii)
0238 del 16 de febrero de 2010, que negó la reliquidación de la referida
prestación; y iii) 0434 del 12 de abril de 2010, que desató el recurso de reposición
interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó. Los referidos actos fueron
expedidos por Fonprecon.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reliquidar la pensión de jubilación, en
cuantía del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio, con inclusión de los factores enlistados en el artículo 23
del Decreto 2837 de 1986 y sin aplicar el tope máximo fijado en el Decreto 314 de
1994; ii) pagar las diferencias causadas en las mesadas pensionales que ha
venido percibiendo con los aumentos de ley; iii) reconocer los intereses moratorios
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, así como la sanción
moratoria regulada en el Decreto 797 de 1949 o, subsidiariamente, indexar el valor
de las condenas; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y v) sufragar las costas procesales.
1.1.2. Hechos3
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor José Vicente Márquez Bedoya nació el 9 de abril de 1942, laboró en el
Congreso de la República durante más de 23 años y el último cargo que
desempeñó fue el de Secretario General de la Comisión Séptima de la Cámara de
Representantes.
ii) El accionante es beneficiario del régimen de transición previsto en los artículos
36 de la Ley 100 de 1993 y 2 del Decreto 1293 de 1994.
3
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
iii) La pensión del actor se rige por el Decreto 2837 de 1986, por lo que la cuantía
debe corresponder al 75% de los factores salariales devengados durante el último
año de servicio, esto es, sueldo básico, bonificaciones por servicios y recreación,
primas de antigüedad, técnica, gestión, transporte, semestral y navidad.
iv) Fonprecon reconoció la pensión del demandante con aplicación de la normativa
antes enunciada, pero aplicó el tope de 20 SMLMV a pesar de que la prestación no
está sujeta a límites en su cuantía.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política;
18, 35 y 36 de la Ley 100 de 1993; Ley 4ª de 1992; 5 de la Ley 797 de 2003; 73
del Decreto 1848 de 1959; 20 y 23 del Decreto 2837 de 1986; 3 del Decreto 314
de 1994; 1 del Decreto 1158 de 1994; 1, 2 y 3 del Decreto 1293 de 1994.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:
i) El Consejo de Estado ha explicado que el Decreto 2837 de 1986 estableció el
régimen pensional de los empleados del Congreso y no fijó topes a las mesadas,4
por lo que Fonprecon no estaba facultado para imponer el límite de 20 SMLMV a la
prestación que devenga el actor.
ii) El régimen especial debe aplicarse en su integridad, en aras de salvaguardar el
principio de inescindibilidad de las normas, así como el derecho a una
remuneración mínima, vital y móvil.
1.2. Contestación de la demanda
4
El accionante invocó las siguientes sentencias: i) del 31 de enero de 2008, radicado: 25000-23-25-000-
2003-09428-01 (0910-06); ii) del 12 de mayo de 2014, radicado: 25000-23-25-000-2010-00804-01 (2033-13).
3
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
Fonprecon se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió las siguientes
razones de defensa:5
i) El señor José Vicente Márquez Bedoya es beneficiario del Decreto 2837 de
1986.
ii) Las pretensiones del actor contradicen las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230
de 2015 que fijaron directrices de obligatorio cumplimiento para todas las
autoridades públicas en lo que atañe a los topes pensionales y a la forma en que
debe entenderse el régimen de transición pensional previsto por el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
iii) El IBL de la pensión del demandante debió establecerse con el promedio de lo
devengado durante los 10 años anteriores al retiro definitivo del servicio.
iv) Se propone la excepción de prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 4 de abril de 2018, negó las pretensiones de la demanda,
con fundamento en los siguientes argumentos:6
i) Las Leyes 4 de 1976, 71 de 1988, 100 de 1993, 797 de 2003, el Decreto 314 de
1994 y el Acto Legislativo 1 de 2005 establecieron límites máximos a las mesadas
pensionales.
ii) La Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-089 de 1997, C-155 de
1997 y C-258 de 2013, precisó que el legislador tiene la facultad de establecer
topes a las mesadas pensionales en aras de administrar eficientemente los
5
Folios 66 a 89.
6
Folios 147 a 154.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
recursos públicos y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad
social.
iii) Los límites máximos aplican a todas las pensiones sin importar que sus
beneficiarios estén amparados por una normativa especial.
1.4. El recurso de apelación
El demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con
base en los siguientes argumentos:7
i) El Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de febrero de 2017, precisó que
las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, entre otras, introdujeron un
cambio jurisprudencial que pugna con los principios de progresividad y no
regresividad.
ii) Existen normas y directrices judiciales que expresamente permiten que la
pensión del actor supere los 20 SMLMV. En efecto, al ser beneficiario del régimen
de transición, su prestación debe regirse integralmente por el artículo 20 del
Decreto 2837 de 1986 en cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicio,
número de semanas cotizadas y monto, por ende, no puede aplicarse el Decreto
314 de 1994 para imponer límites a su mesada, puesto que la normativa especial
no fijó topes.
iii) Las pretensiones del señor Márquez Bedoya se encuentran ajustadas a los
principios de inescindibilidad de las normas, progresividad, favorabilidad, igualdad
y respeto a los derechos adquiridos; igualmente, se acata la correspondencia que
debe existir entre los aportes y la mesada pensional ya que en su último año
laborado no desempeñó un cargo que hubiera implicado un ascenso abrupto que
incrementara el IBL pensional.
7
Folios 163 a 174.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El demandante y Fonrpecon reiteraron los argumentos expuestos en las
respectivas etapas del proceso. El primero agregó que, durante el transcurso del
proceso, el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación en torno a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero allí no se estudiaron los
Decretos 2837 de 1986 y 1293 de 1994; además, que el a quo aplicó el régimen
general de pensiones a pesar de que el interesado estaba cobijado por normas
especiales.8
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación, el problema jurídico se
contrae a determinar si la pensión que devenga el señor José Vicente Márquez
Bedoya debe reliquidarse sin sujeción al tope de 20 SMLMV, por ser beneficiario del
Decreto 2837 de 1986, aplicable en virtud de la transición establecida en el
Decreto 1293 de 1994.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Régimen pensional de los empleados del Congreso de la República
8
Folios 193 a 202.
9
Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 203 del expediente.
6
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
Los artículos 20 y 23 del Decreto 2837 de 1986, «[p]or el cual se expide el
reglamento general sobre las condiciones y términos necesarios para el
reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas a cargo del Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República», establecieron las siguientes
reglas para el reconocimiento de la pensión de vejez a los empleados de dicho
fondo y del Congreso:
Artículo 20. Pensión vitalicia de jubilación. Los empleados del Fondo y del Congreso
que sirvan o hayan servido veinte (20) años continuos o discontinuos en empleos
oficiales y lleguen a la edad de cincuenta y cinco (55) años, tendrán derecho a que
el Fondo les pague una pensión mensual vitalicia de jubilación, equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio.
[…]
Artículo 23. Forma de cálculo. Para la liquidación de la pensión de jubilación se
tendrán en cuenta las siguientes factores salariales, siempre que el afiliado tenga
derecho a ellos y hayan servido de base para los aportes al Fondo durante el último
año de servicio:
a) Asignación básica mensual o dietas.
b) Gastos de representación.
c) Prima técnica.
d) Dominicales y feriados.
e) Horas extras.
f) Prima semestral.
g) Prima de navidad.
h) Trabajo suplementario.
i) Prima de antigüedad.
j) Bonificaciones.
[…]
Por su parte, el artículo 1 de la Ley 4 de 1992 facultó al Gobierno nacional para
fijar el régimen salarial y prestacional de, entre otros, los empleados del Congreso.
Posteriormente, el Decreto 1359 de 1993 estableció el régimen especial de
pensiones para los senadores y representantes a la Cámara y aclaró que no se
afectaría el régimen prestacional de los demás empleados al servicio del
Congreso de la República.
Luego, el artículo 273 de la Ley 100 de 1993 preceptuó que el Gobierno nacional
7
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
podría incorporar a todos los servidores públicos al Sistema General de
Pensiones, pero con respeto de los derechos adquiridos y de los artículos 11 y
36 ibidem.
En ejercicio de dicha facultad, se expidió el Decreto 691 de 1994 y en su artículo 1
incorporó a los servidores públicos del Congreso al sistema general de pensiones
de la Ley 100 de 1993; sin embargo, aclaró que ello se efectuaba sin perjuicio de
lo establecido en el Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo modifiquen o
adicionen, dentro de las que se encuentran el Decreto 1293 de 1994, que instauró
un régimen de transición en los siguientes términos:
Artículo 1º. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones contenido en la
Ley 100 de 1993, se aplica a los Senadores, Representantes y empleados del
Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso, con
excepción de los cubiertos por el régimen de transición previsto en el presente
decreto.
Artículo 2º. Régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del
Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso. Los
senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los
empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán derecho a los
beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, siempre que a 1º de abril de 1994 hayan cumplido alguno de los siguientes
requisitos:
a. Haber cumplido (40) o más años de edad si son hombres, o treinta y cinco (35) o
más años de edad si son mujeres;
b. Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más.
[…]
Artículo 3º. Beneficios del Régimen de transición. […].
Los empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del
Congreso que cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior,
tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando cumplan con
los requisitos de edad, tiempo de servicio, número de semanas cotizadas y el monto
de la pensión establecidos en el artículo 20 del acuerdo 26 de 1986, del Fondo de
Previsión Social del Congreso, aprobado por el decreto 2837 de 1986.
[…].
8
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
Así las cosas, el Decreto 1293 de 1994 se pronunció frente al régimen pensional
de los empleados del Congreso de la República en adición al de los Congresistas
a que había hecho referencia el Decreto 1359 de 1993.
En atención al anterior recuento, el Consejo de Estado ha concluido que los
empleados del Congreso beneficiarios del aludido régimen de transición tienen
derecho a que su pensión de jubilación se reconozca al amparo del Decreto 2837
de 1986.10
2.3.2. Topes pensionales
El artículo 2 de la Ley 4 de 197611 dispuso que las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en
todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario
mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».
Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que ninguna pensión
podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual.12
A su vez, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20
SMLMV. Esta disposición fue modificada por la Ley 797 de 2003 y aumentó dicha
suma a 25 SMLMV.
Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que
«a partir del 31 de julio de 2010, no podrá causarse pensiones superiores a
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigente, con cargo a recursos
de naturaleza pública».
10
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de agosto de 2016, radicado: 25000-23-25-000-2005-
07847-03 (1315-12).
11
Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y
se dictan otras disposiciones
12
Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha
concluido lo siguiente:13
[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los
límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero
destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado,
no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan
los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte
considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar
el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos,
en un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley
conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende
administrar recursos limitados […].
[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege
los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos
preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala económica inferior.
[…].
De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para
establecer la figura de los topes pensionales como una medida idónea,
proporcional y razonable en aras de garantizar la cobertura universal del sistema
de seguridad social en pensiones.
En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional14 ha precisado que
también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial.
Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de
leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de
pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto
para el reconocimiento y valor de las pensiones».15
13
Sentencia C-155 de 1997.
14
Sentencia C-089 de 1997.
15
Sentencia C-089 de 1997.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C-258 de 2013, en los siguientes
términos:
Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de
las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además
desde antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con
anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes
anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y
máximos el valor que una persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa
normativa estableció un valor máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de
1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18,
a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más recientemente, el
artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo criterio fue
luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.
En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los
regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de
1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas
especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las
mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales,
específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.
Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla
de la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo,
como en el caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio
de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a
un grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o
debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector
privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio
desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. (Resalta la
Sala).
Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones,
ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En
efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos
han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la
distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa
los principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad
fiscal.
2.4. Hechos probados
11
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
• El señor José Vicente Márquez Bedoya nació el 9 de abril de 1942, como dan
cuenta su cédula de ciudadanía y el Registro Civil de Nacimiento.16
• La División de Personal de la Cámara de Representantes hizo constar que el
accionante laboró en dicha entidad desde el 16 de agosto de 1978 hasta el 13 de
agosto de 2002 y el último cargo desempeñado fue el de secretario general de la
Comisión Séptima Constitucional.17
• La Sección de Pagaduría de la Cámara de Representantes certificó que en los
años 2001 y 2002 el actor percibió los siguientes emolumentos: sueldo básico;
bonificaciones por recreación y por servicios; primas técnica, de antigüedad,
gestión, transporte, semestral, navidad y vacaciones.18
• El 15 de agosto de 2003, por Resolución 1086, Fonprecon le reconoció al actor la
pensión de jubilación, efectiva a partir del 14 de agosto de 2002, teniendo en
cuenta que era beneficiario del régimen de transición previsto en el Decreto 1293
de 1994, por lo que su prestación debía liquidarse en los términos indicados en el
Decreto 2837 de 1986, aplicable a los empleados del Congreso, con inclusión de
la asignación básica, la bonificación por servicios y las primas técnica y de
antigüedad devengadas durante el último año de servicio y respecto de las cuales
se hicieron aportes al tenor del Decreto 1158 de 1994. Igualmente, a la mesada
pensional se le aplicó el tope de 20 SMLMV establecido en el Decreto 314 de
1994.19
• El 24 de agosto de 2009,20 el demandante solicitó la reliquidación de su pensión
con inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicio y sin
aplicación de límites máximos a la cuantía.21
16
Folios 2 y 14, C.2, del expediente administrativo.
17
Folio 18, C.2, del expediente administrativo.
18
Folios 22 a 29 y 114.
19
Folios 2 a 5.
20
La petición fue reiterada el 19 de noviembre de 2009 (folio 47, C.2, del expediente administrativo).
21
Folios 41 a 46, C.2, del expediente administrativo.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
• El 16 de febrero de 2010, mediante la Resolución 0238, Fonprecon negó la
anterior petición por cuanto la reliquidación solicitada supera el tope de 20 SMLMV y
los fondos de pensiones tienen la obligación de aplicar dicha limitante.22
• El 12 de abril de 2010, por Resolución 0434, Fonprecon desató el recurso de
reposición interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.23
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Conforme a lo expuesto en acápites precedentes, en consonancia con los
documentos aportados al plenario, la Sala concluye que Fonprecon no desconoció
el ordenamiento superior al determinar que la mesada pensional del actor estaba
sujeta al monto de 20 SMLMV. Esta tesis se funda en los siguientes razonamientos:
i) Fonprecon le reconoció al demandante la pensión de jubilación al amparo
del régimen especial previsto por el Decreto 2837 de 1986 para los empleados del
Congreso de la República.
ii) El tope pensional avalado por el a quo no quebrantó los principios de
inescindibilidad y favorabilidad en los términos alegados por el apelante, pues
históricamente esos límites se han previsto en el ordenamiento en aras de
materializar los principios de sostenibilidad financiera, igualdad, solidaridad,
eficiencia, universalidad y progresividad que orientan el sistema de seguridad
social integral.
iii) Fonprecon estaba facultado para acudir al régimen general en cuanto a la
aplicación de topes pensionales, toda vez que el régimen especial no reguló dicho
aspecto. En tal sentido, las Sentencias C-089 y C-155 de 1997 precisaron que
cuando la normativa especial no establece el límite máximo de las mesadas
pensionales, es posible aplicar las reglas generales previstas para esos efectos,
22
Folios 6 a 9.
23
Folios 10 a 18.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
pues de lo contrario se permitiría que algunos pensionados gozaran de privilegios
injustificados.
iv) Mediante las Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018 y T-
073 de 2019 la Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del límite al
monto pensional resulta imperativo para las entidades encargadas del pago de
estas prestaciones, pues los topes han sido consagrados por el legislador y el
constituyente para todas las pensiones que se paguen con recursos públicos,
incluyendo las reconocidas al amparo de regímenes especiales.24
v) El legislador fijó límites máximos pensionales con el propósito de reducir
los subsidios del Estado a las pensiones más altas, garantizar que los
pensionados de menores ingresos también accedieran al pago oportuno de sus
prestaciones y el derecho a la igualdad. Estas razones son las que impiden
concebir un régimen pensional sin topes en las mesadas y las que han inspirado al
legislador para establecerlos desde la Ley 4 de 1976 y seguirlos reiterando en las
Leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.
Así las cosas, se concluye que el Decreto 2837 de 1986 no estableció un tope
pensional para sus beneficiarios, pero ello no impide acudir a las disposiciones
generales; es más, dicho régimen especial determinó que «[l]a pensión de retiro
por vejez a que tienen derecho los empleados del Congreso y del Fondo se regirá,
en los aspectos no contemplados en este reglamento, por lo dispuesto sobre la
materia en las disposiciones legales aplicables a los empleados oficiales de la
Rama Ejecutiva del Poder Público en lo nacional». Esta previsión reafirma la
posibilidad de aplicar las normas generales al asunto objeto de análisis.
En este orden de ideas, teniendo en cuenta la fecha a partir de la cual se hizo
efectiva la pensión de jubilación del señor Márquez Bedoya, es decir, el 14 de
24
En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: i) Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-01911-01
(5824-2018); ii) Subsección A, sentencia del 11 de agosto de 2016, radicado: 25000-23-25-000-2005-07847-
03 (1315-12).
14
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
agosto de 2002, debía atenderse al tope de 20 SMLMV fijado para ese entonces por
los artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 2 del Decreto 314 de 1994, conforme se
precisó en la resolución enjuiciada en este litigio.25
De otro lado, como la pensión del actor sí está sujeta a un límite máximo en su
cuantía, la Sala se relevará de estudiar sobre su reliquidación en los términos
solicitados en la demanda. En efecto, aunque se concluyera que la mesada debía
corresponder a una suma superior, tal ajuste no podría decretarse en esta
instancia por razón del tope con el que se ha venido reconociendo la prestación y
que debe seguir operando.
Bajo este hilo argumentativo, la sentencia impugnada será confirmada.
2.6. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,26 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
25
En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: a) de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, SL4046-2020 de 21 de octubre de 2020, radicado: 73727; b) del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A: i) 24 de enero de 2019, radicado: 20001-23-33-003-2013-00090-00 (4561-
2014); ii) 19 de marzo de 2020, radicado: 20001-23-33-000-2013-00093-01 (0962-15); iii) 19 de marzo de
2020, radicado: 200012333000-2013-00093-01 (0962-2015); iv) 12 de marzo de 2020, radicado:
200012333000-2013-00226-01 (2875-2015); v) 9 de mayo de 2013, radicado: 23001-23-31-000-2005-00767-
02 (1221-2011); vi) 27 de julio de 2011, radicado: 23001-23-31-000-2005-00770-03 (0211-2011).
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a
la parte demandante, por cuanto se resolvió desfavorablemente el recurso de
apelación interpuesto en el sub lite y Fonprecon intervino en esta instancia
presentando alegatos de conclusión.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que gobernaban la situación particular del demandante, razón por la
que deberá confirmarse.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-02590-01 (3502-2018)
Demandante: José Vicente Márquez Bedoya
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 4 de abril de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las
pretensiones de la demanda incoada por el señor José Vicente Márquez Bedoya
contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - Fonprecon.
Segundo. Condenar en costas al demandante, las cuales deberán ser liquidadas
por el a quo.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
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