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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02660-01

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02660-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar la sentencia del 15 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso la señora Ángela Ximena Galeano Velasco en contra del Hospital de Usme I Nivel E.S.E., sucedido procesalmente por Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., así: «A título de restablecimiento del derecho, condenar a Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. como sucesora procesal del Hospital de Usme I Nivel E.S.E. a reconocer y pagar a la señora Ángela Ximena Galeano Velasco las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, causadas durante el periodo laboral comprendido entre el 6 de mayo de 2008 y el 15 de junio de 2009, y entre el 1.º de abril de 2010 y el 31 de octubre de 2013, periodos durante los cuales prestó el servicio como odontóloga al Hospital de Usme I Nivel E.S.E. por intermedio de la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud y de manera directa, respectivamente, para lo cual se tomará como base 53 «Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40 de liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de prestación de servicios. En lo que toca a las prestaciones sociales de orden legal, reclamadas por el tiempo laborado al servicio del ente hospitalario, por intermedio de la empresa de servicios temporales SET Laboral S.A.S., esto es, entre el 16 de junio de 2009 y el 31 de marzo de 2010, condenar a Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. como sucesora procesal del Hospital de Usme I Nivel E.S.E. a reconocer […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-02660-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

24 de marzo de 2022

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02660-01 (0368-2018)
Demandante: ANGELA XIMENA GALEANO VELASCO
Demandada: HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.

Tema: Reconocimiento relación laboral.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 15 de
junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Ángela Ximena Galeano Velasco, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones1

1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio GER-E-
445-2014 del 4 de abril de 2014, por medio del cual se negó que entre el
Hospital de Usme I Nivel E.S.E. y la señora Ángela Ximena Galeano
Velasco existió una relación laboral desde el 6 de mayo de 2008 y hasta la
fecha en que se verifique su reintegro.

2. Declarar que entre el Hospital de Usme I Nivel E.S.E. y la demandante
existió una relación laboral con vigencia desde el 6 de mayo de 2008 y
hasta cuando se efectúe su reintegro.

3. Declarar que para todos los efectos legales no existió solución de
continuidad durante el periodo transcurrido entre el 6 de mayo de 2008 y
hasta cuando se reintegre a la señora Galeano Velasco; así como declarar
que el tiempo laborado bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios se debe computar para efectos pensionales.

1
Folios 180 y 181, C1.

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2

4. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada
reintegrar a la demandante como odontóloga a la planta de personal del
Hospital de Usme I.

5. Ordenar a la demandada cancelar a la interesada el valor de todas las
prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral,
bonificaciones y demás emolumentos causados durante la vigencia de la
relación laboral, en las mismas condiciones en que un trabajador de planta
de la misma entidad las haya devengado, durante el periodo de tiempo
comprendido entre el 6 de mayo de 2008 y hasta cuando se efectúe el
reintegro.

6. Ordenar que los valores resultantes de las condenas impuestas, se
determinen en sumas liquidas y que se ajusten con base en el IPC.

7. Ordenar que se de cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del
CPACA; y condenar en costas a la entidad demandada.

Fundamentos fácticos relevantes2

1. La señora Ángela Ximena Galeano Velasco se desempeñó como
odontóloga en las UBAS y CAMIS del Hospital de Usme Nivel E.S.E.,
durante el periodo comprendido entre el 6 de mayo de 2008 y el 31 de
octubre de 2013.

2. La modalidad de contratación fue a través de órdenes y/o contratos de
prestación de servicios profesionales, los cuales se llevaron a cabo sin
interrupciones.

3. La actividad desarrollada por la demandante debía estar sometida a las
orientaciones emanadas de sus jefes superiores y no bajo su propia
autonomía e independencia.

4. Las labores encomendadas solo podían ser ejecutadas por personal de
planta; así, las funciones desempeñadas por la interesada se ejecutaron
bajo cumplimiento de horario, de manera subordinada, con dependencia
de sus superiores jerárquicos, ejerciendo labores públicas en las mismas
condiciones que los servidores de planta existentes en el Hospital.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por los
intervinientes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por los intervinientes se convierten en una eficiente guía para el
decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los

2
Folios 182 y 183, 202 y 203 (Corrección Demanda), C1.
3
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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3

recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida
más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones4:

«No hay lugar a la decisión de excepciones previas ni las enlistadas en el inciso
1 del numeral 6 del artículo 180 del CPACA, por cuanto no se propusieron en la
contestación de la demanda ni el despacho encuentra en este momento la
necesidad de pronunciamiento de oficio». (Negrillas y mayúsculas originales)

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos5:

«[…]. Se procede a fijar el litigio en cuanto a los siguientes asuntos pendientes
de resolver: Determinar si hay lugar a la declaratoria de nulidad del acto
administrativo acusado y como consecuencia si la demandante tiene derecho a:
(i) que se declare que entre la demandada y la demandante se configuró una
relación laboral; (ii) al reintegro, y (iii) al reconocimiento y pago de prestaciones
en igualdad de condiciones a los empleados de planta de conformidad con la
normativa reguladora de la materia y los hechos debidamente probados».

SENTENCIA APELADA6

El tribunal dictó sentencia escrita el 15 de junio de 2017, a través de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:

En primer lugar, indicó que el tema sobre el principio de la realidad sobre las
formalidades no era pacífico al interior de la jurisprudencia del Consejo de
Estado y, luego de referenciar varias posturas señaló que, la actual posición
de esta Corporación privilegia la aplicación de las normas constitucionales
sobre protección al trabajo, el trabajador y los derechos irrenunciables de éste.

En segundo término, abordó el análisis probatorio de los elementos
recaudados en el proceso y estimó que la demandante suscribió de manera
consecutiva contratos de prestación de servicios con el Hospital de Usme I
Nivel E.S.E.; tuvo asignación de turnos de lunes a viernes y un horario definido;
las funciones desarrolladas eran las mismas de los funcionarios de planta
excepto que aquellos no debían laborar los sábados; y recibió órdenes del
coordinador de cada centro.

Tras efectuar el estudio de los elementos del contrato realidad sobre la base
probatoria mencionada, el a quo señaló que el acto administrativo demandado
estaba viciado de nulidad, pues se demostró la existencia de una verdadera
relación laboral entre las partes intervinientes por lo que hay lugar a reconocer
las prestaciones sociales dejadas de percibir por la demandante en el periodo
de contratación irregular.

4
Folio 259, C1.
5
Folio 259, C1.
6
Folios 319 a 328, C1.

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4

Finalmente, al no encontrar acreditada la excepción de prescripción, declaró
la nulidad del acto cuestionado, así como la existencia de la relación laboral
entre los intervinientes; condenó al hospital al reconocimiento de todas las
prestaciones sociales y demás emolumentos legales dejados de percibir por
la demandante en el periodo en que se demostró la relación de trabajo, esto
es, entre el 6 de mayo de 2008 y el 31 de octubre de 2013, para lo cual debía
tenerse en cuenta como base para liquidarlas, el valor de lo pactado en los
contratos de prestación de servicios; igualmente condenó al pago a favor de
la interesada, de los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y
salud, que son de cargo del empleador y que debió trasladar a los fondos
correspondientes; así como a girar a los Fondos de Pensiones y EPS el valor
de lo que se debió cotizar.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada7 presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente:

La sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta los aspectos probados en
el proceso que debieron conducir al juez a absolver a la entidad demandada
por carecer la parte demandante de los fundamentos fácticos y jurídicos.

En ese sentido, el vínculo laboral que alega la señora Galeano Velasco existió
con el Hospital de Usme I Nivel E.S.E., nunca nació a la vida jurídica, pues los
contratos de prestación de servicios no determinan una relación de trabajo.

Varios de los contratos suscritos por la demandante fueron realizados con
terceros, como lo es la Coordinadora Nacional de Proyectos, SET LABORAL,
por medio de los cuales desempeñó actividades de odontología mediante
contrato de obra labor, y la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral
C.T.A.

Por tanto, las vinculaciones por medio de empresas temporales no deben ser
reconocidas, pues dichas empresas pagaron efectivamente las prestaciones a
la demandante y, en esa medida, no es procedente exigir doble pago de las
mismas.

Sostuvo que la señora Ángela Ximena Galeano Velasco aceptó las
condiciones de los contratos sin haber manifestado su inconformidad sobre las
condiciones contractuales.

En punto a la configuración de los elementos del contrato realidad, indicó que
la subordinación no se desprende por el solo hecho de haber estado sometida
al cumplimiento de horario.

Argumentó que la E.S.E. de manera imperativa debe cumplir con uno de los
fines estatales previstos en la Constitución Política, cual es el derecho a la
salud, el cual prevalece sobre los derechos particulares y especialmente de
tipo laboral, lo que conduce a la aplicación del principio de la prevalencia del
interés general sobre el particular, de donde nacen los contratos de prestación
de servicios para garantizar el referido servicio de salud.

7
Folios 332 a 344, C1.

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5

Resaltó que existe una supervisión o interventoría, según sea el caso, para
verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, lo que no implica
subordinación o dependencia del contratista al supervisor, sino actividad de
coordinación.

Adujo que la vinculación a la planta de personal de las entidades públicas se
encuentra reglada en la Ley 909 de 2004, y por tal motivo, la institución no
cuenta con la facultad legal para realizar reconocimientos de tipo laboral como
se pretende en la sentencia recurrida.

Puntualizó, además, que tampoco procede el reconocimiento y pago de los
aportes a seguridad social, ya que por tratarse de contratos de prestación de
servicios la demandada no tiene obligación de efectuar tales erogaciones.

Solicitó analizar la capacidad financiera de la entidad, la cual no puede verse
afectada por sentencias como la impugnada, en el entendido que no debe
menguarse el servicio de salud.

Finalmente recalcó que si el juez de conocimiento, al referirse en la providencia
objeto de debate a «demás emolumentos legales dejados de percibir por la
demandante», hacía mención a las vacaciones, ya que las mismas no deben
ser reconocidas pues no constituyen salario ni prestaciones.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada8 señaló que las pretensiones elevadas por la
demandante no estaban llamadas a prosperar, toda vez que no acreditó los
elementos esenciales de la relación laboral y reiteró los demás argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

La parte demandante9 manifestó ratificarse en los planteamientos de la
demanda, teniendo en cuenta las pruebas documentales y testimoniales
practicadas en el curso del proceso

El Ministerio Público10 al emitir concepto indicó que había lugar a declarar la
existencia de la relación laboral por haber estado vinculada la demandante con
la entidad, mediante contratos de prestación de servicios y bajo la modalidad
de contrato individual de trabajo. Resaltó además, que la excusa presentada
por la apelante para justificar la contratación de personal, relacionada con la
sostenibilidad financiera de la E.S.E. era inaceptable, comoquiera que es
reprochable acudir a figuras disfrazadas o intermediaciones que pretenden
evitar una carga prestacional.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda

8
Folios 393 a 398, C1.
9
Folios 403 a 408, C1.
10
Folios 409 a 419 Vto., C1.

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6

instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Problema jurídico

De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia impugnada
y del recurso de apelación elevado por la parte demandada, los problemas
jurídicos a resolver en esta instancia se circunscriben a:

1. ¿La señora Ángela Ximena Galeano Velasco demostró la configuración de
los elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculada
como odontóloga con el Hospital de Usme I Nivel E.S.E. a través de
contratos de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad,
y con empresas de intermediación laboral?

En caso afirmativo,

2. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de
todos o algunos de los periodos contractuales y la reclamación
administrativa?

3. ¿Al declararse la existencia de la relación laboral con ocasión de los
contratos de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad
demandada, y las vinculaciones mediante terceros intermediarios, cómo
debe restablecerse el derecho de la demandante?

4. ¿Hay lugar a reembolsar a la demandante las sumas pagadas por concepto
de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión?

Marco normativo y jurisprudencial

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral).
Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de
«salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del
Convenio 111 de la OIT,11 constituye, junto con otros principios
convencionales,12 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento

11
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12
Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de
Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como
«(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».

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7

jurídico interno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los
instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes
de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el
cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los
siguientes términos:

«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los
elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación
continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley
80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la
declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los
derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo
53 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo,
debidamente ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a
saber:

i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante
el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;

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8

ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual
convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa,
por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el
círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle
la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer
las exigencias del artículo 122 de la Carta Política.13

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de
acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad
de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente
temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro
del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la
devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se
recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de
dar cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente
indispensable» puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde
la entidad justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos
disponibles, el tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de

13
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-
2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

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9

un contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no
puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con
personas naturales.

En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se
reiteró que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la
prescripción de derechos prestacionales derivados de la relación laboral
encubierta o subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016,14 según la cual, en caso de encontrarse
acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe
reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente
a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización,15 por lo que de no
presentarse la reclamación en ese periodo, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no está sometidos a
dicho término.16

En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.

Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente
la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en

14
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005
15
En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene
un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que
han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
16
Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante
como empleadora.

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10

estudio en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver
el caso concreto a la luz de dichos parámetros.

De las cooperativas de trabajo asociado

De conformidad con la Ley 7917 de 1988 y el artículo 3 del Decreto 4588 de
2006, las cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro, pertenecientes
al sector de la economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus
asociados, quienes a su vez son gestores, contribuyen económicamente a la
cooperativa y aportan directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo
de actividades económicas, profesionales o intelectuales, esto con la finalidad
de producir en común bienes, prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer
las necesidades de los asociados y de la comunidad en general.

Según su actividad se clasifican18 en:

• Especializadas: son las que se organizan para atender una necesidad
específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social
o cultural.
• Multiactivas: ion las que se organizan para atender varias necesidades,
mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica.
• Integrales: son aquellas que, en desarrollo de su objeto social, realizan dos
o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción,
distribución, consumo y prestación de servicios.

En relación con este tipo de organizaciones, la Corte Constitucional19 al
analizar la exequibilidad del artículo 59 de la Ley 79 de 1988, expresó que:

17
«Artículo 3°. Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número determinado de
personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada
cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro.
Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo.
Artículo 4°. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los
usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con,
el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla los siguientes
requisitos: 1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del
remanente patrimonial.
2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus
reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados para los mismos en proporción al uso de los servicios
o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en
su valor real. [...]
Artículo 59. En las cooperativas de trabajo asociado en que los aportantes de capital son al mismo tiempo
los trabajadores y gestores de la empresa, el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y
compensación, será establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo
cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral aplicable a los trabajadores
dependientes y las diferencias que surjan, se someterán al procedimiento arbitral previsto en el Titulo
XXXIII del Código de Procedimiento Civil o a la justicia laboral ordinaria. En ambos casos, se deberá
tener en cuenta las normas estatutarias, como fuente de derecho.
Las compensaciones por el trabajo aportado y el retorno de los excedentes previstos en el artículo 54
numeral 30. de la presente Ley, se hará teniendo, en cuenta la función del trabajo, la especialidad, el
rendimiento y la cantidad de trabajo aportado.
Sólo en forma excepcional y debidamente justificada, las cooperativas de trabajo no asociado podrán
vincular trabajadores ocasionales o permanentes no asociados; en tales casos, estas relaciones, se rigen
por las normas de la legislación laboral vigente.
En las cooperativas que no sean de trabajo asociado, el régimen laboral ordinario se aplicará totalmente
a los trabajadores dependientes y a los trabajadores que a la vez sean asociados.»
18
Arts. 61 a 64 Ley 79/88.
19
C-211 de 2000.

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11

«Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma
de un grupo de personas que decide unirse para trabajar
mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos
estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los mismos
trabajadores, éstos pueden pactar las reglas que han de gobernar las
relaciones laborales, al margen del código que regula esa materia. Todos los
asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado,
además de participar en la distribución equitativa de los excedentes que
obtenga la Cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en forma transitoria u
ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes se
regirán por la legislación laboral vigente.»

Seguidamente, en cuanto a las compensaciones que perciben los socios de
estas cooperativas, manifestó lo siguiente:

«[…] La protección que la Constitución ordena dispensar al trabajo, que dicho
sea de paso, no es exclusivamente el subordinado sino éste en todas sus
modalidades (art. 25 C.P.), y la garantía de los derechos mínimos
irrenunciables tampoco se ven menguados, porque son los mismos asociados
quienes deben establecer sus propias reglas para que aquél se desarrolle en
condiciones dignas y justas, que les permita mejorar su nivel de vida y lograr
no solo su bienestar sino también el de su familia.

Al respecto ha dicho la Corte: 'No sólo la actividad laboral subordinada está
protegida por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y
libre, aquel ejercido de forma independiente por el individuo, está
comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo. La Constitución más
que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad.
De ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas, así como la manifestación de la especial
protección del Estado "en todas sus modalidades" (CP art. 25)."

Ahora bien: los principios mínimos fundamentales que rigen el trabajo
contenidos en el artículo 53 de la Carta que, como se ha dicho, "configuran el
suelo axiológico de los valores materiales expresados en la Constitución
alrededor de la actividad productiva del hombre, a los cuales debe sujetarse
el Congreso en su actividad legislativa, al igual que el aplicador o intérprete
de las disposiciones de ese orden y la sociedad en general ( ... ) "no pretende
una ciega unificación normativa en materia laboral que desconozca la facultad
del legislador de establecer regímenes diferenciados mas no discriminatorios,
atendiendo a las particularidades concretas de las relaciones de trabajo que
se pretenden regular. Su finalidad es la de exigir al legislador la consagración
uniforme en los distintos regímenes de los principios mínimos fundamentales
que protegen a los trabajadores y la manera de garantizarlos, en aras de
hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley’.

Ello no quiere decir que tales derechos fundamentales no deban ser
respetados o garantizados en las Cooperativas de Trabajo Asociado, pues
éstos rigen para todas las modalidades de trabajo. De no entenderse así,
habría que sostener inválidamente que la Constitución discrimina a los
trabajadores, o en otras palabras, que protege solamente a unos, lo cual no
se ajusta con una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 25
y 53 del estatuto superior. Es que derechos fundamentales como el de la
igualdad de oportunidades, el de una justa y equitativa compensación del
trabajo en forma proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, el principio
de favorabilidad a favor del trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, el derecho a la
capacitación, al descanso necesario, a la seguridad social, entre otros, no son
ajenos a ninguna clase de trabajo».

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12

De la cita anterior se colige que la finalidad, estructura y funcionamiento de las
cooperativas de trabajo asociado son distintas a las de las empresas
comerciales y, por consiguiente, es válido que el legislador defina para ellas
un régimen diferente, sin que ello implique el desconocimiento de los derechos
laborales constitucionalmente protegidos. Es decir, que el trabajo asociado no
puede ser utilizado indebidamente para eludir las obligaciones de carácter
laboral con los trabajadores dependientes o subordinados, so pena de
comprometer su responsabilidad ante las autoridades correspondientes.

Sobre el particular, el legislador dispuso una serie de prohibiciones para las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en el artículo 7 de la Ley
1233 de 2008, como son:

«Artículo 7o. Prohibiciones.

1. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como
trabajadores en misión. En ningún caso, el contratante podrá intervenir directa o
indirectamente en las decisiones internas de la cooperativa y en especial en la
selección del trabajador asociado.

2. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como asociaciones o agremiaciones para la afiliación colectiva de trabajadores
independientes al Sistema de Seguridad Social ni como asociaciones mutuales
para los mismos efectos.

3. Cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades
propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las
cooperativas o las precooperativas de trabajo asociado, serán solidariamente
responsables por las obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado
y las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado quedarán incursas en
las causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del debido
proceso, y les será cancelada la personería jurídica.

4. Tanto la potestad reglamentaria como la disciplinaria sólo será ejercida por la
precooperativa o cooperativa de trabajo asociado. En ningún caso, tales
potestades podrán ser ejercidas por el tercero contratante. Si esto llegare a
suceder se configurará de manera automática un contrato de trabajo realidad y,
además, el contratante deberá soportar los efectos previstos en el numeral
anterior, sin perjuicio de otras consecuencias legales”.

Luego entonces, esta Sala considera que en los eventos en que el asociado
sea vinculado con otro ente, pero por órdenes puntuales y estrictas de la
cooperativa, así como del tercero, y pretenda que en aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas se reconozca la existencia de
una relación laboral, deberá acreditar que se han consolidado los elementos
propios de la misma, a saber, prestación personal del servicio, remuneración
y subordinación y dependencia continuada.

De las empresas de servicios temporales y las relaciones jurídicas que
surgen con los trabajadores en misión y las empresas usuarias

El marco normativo de las empresas de servicios temporales está contenido

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en la Ley 50 de 28 de diciembre de 199020 y el Decreto 24 de 199821,
modificado por el Decreto 50322 de esa misma anualidad. Es así como en el
artículo 71 de la prenotada Ley 50 de 1990, definió lo que es una Empresa de
Servicios Temporales en los siguientes términos:

«Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de
servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el
desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas
naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la
cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleado».

En este orden de ideas, se entiende que el objeto de las empresas de servicios
temporales es suministrar a un tercero la prestación de un servicio temporal o
transitorio de personas naturales, frente a las cuales la EST tiene la calidad de
empleador, dicho tercero es calificado por la ley como el usuario quien es «toda
persona natural o jurídica que contrate los servicios de las empresas de servicios
temporales.» (Art. 73).

Así mismo, en el artículo 74 ibídem, consagra la clasificación de los
trabajadores de dichas empresas de la siguiente manera:

«Los trabajadores de las EST son de dos clases: trabajadores de planta, que
desarrollan su actividad en las dependencias de las EST; y trabajadores en
misión, que son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las
dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos».

De acuerdo con la normatividad referenciada en precedencia, las empresas
de servicios temporales conforman una modalidad de trabajo en la que no
existe vínculo directo entre quien se beneficia del trabajo y el trabajador que lo
realiza o presta el servicio.

Ahora, el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 establece los eventos de
procedencia de la contratación de servicios a través de las empresas de
servicios temporales EST así:

«Artículo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán
contratar con éstas en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que
se refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia,
en incapacidad por enfermedad o maternidad.

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogables hasta por
seis (6) meses más».

Dichas causales de procedencia se fundamentan en la intención del legislador
de proteger a los trabajadores temporales con el objeto de que los usuarios no

20
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
21
Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios temporales.
22
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 0024 del 6 de enero de 1998, que reglamenta el
ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales

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burlen sus garantías laborales cuando en realidad requieren los servicios de
trabajadores de manera permanente.

En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-330 de 199523, al
estudiar la constitucionalidad del numeral 3 del artículo 77 de la Ley 50 de
1990 consideró que la finalidad de esta norma es «la protección de los
trabajadores, para que las empresas no abusen de la posibilidad de contratar
trabajadores temporales, haciendo a un lado los permanentes». Del mismo
modo, indicó la Corte que las causales para la procedencia de esta figura,
atienden a que el trabajo es un derecho que goza de especial protección del
Estado (art. 25 CP) y a que éste tiene la obligación de proteger a las personas
que por su condición económica se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta, en tanto «en la compleja relación empresa de servicios temporales,
usuario y trabajador, la parte más débil es este último».

Bajo estos supuestos, es claro que la Ley 50 de 1990 en su artículo 71 permite
la contratación con empresas de servicios temporales, pero bajo los precisos
límites del artículo 77 ibídem, motivo por el cual, al igual que lo ha expresado
la Sala en los casos en que ha aplicado el principio de la primacía de la realidad
para reconocer la existencia del contrato realidad, no resulta viable acudir a la
contratación de empresas de servicios temporales cuando se trate del
desarrollo de actividades permanentes o propias del objeto de la entidad, pues
de ser así, se estarían desconociendo principios constitucionales que rigen la
función pública.

Primer problema jurídico

¿La señora Ángela Ximena Galeano Velasco demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculada como
odontóloga con el Hospital de Usme I Nivel E.S.E. a través de contratos de
prestación de servicios suscritos directamente con la entidad, y empresas de
intermediación laboral?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el
análisis jurídico y probatorio, en el caso de la señora Ángela Ximena Galeano
Velasco se encuentran demostrados los tres elementos que configuran una
verdadera relación laboral, razón por la cual, en virtud del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, hay lugar a declarar su
existencia.

Sobre el asunto sometido a discusión

Advierte la Sala que, en el presente asunto, la demandante pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral entre ella y el Hospital
Usme I Nivel E.S.E., por el periodo comprendido entre el 6 de mayo de 2008
y el 31 de octubre de 2013, sin solución de continuidad; y, en consecuencia,
que se ordene el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de ley y
demás acreencias laborales que surjan con ocasión de dicha declaratoria.

El tribunal de primera instancia encontró acreditado el vínculo laboral aducido
por la señora Ángela Ximena Galeano Velasco al considerar que, con el
material probatorio recaudado, se acreditaron los elementos que configuran la
relación de trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la
23
M.P. Jorge Arango Mejía

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remuneración y la continua subordinación y dependencia; lo anterior, aunado
a haberse demostrado la permanente ejecución de actividades que
desnaturalizan el carácter temporal del contrato de prestación de servicios.

No obstante, según se desprende del recurso de alzada presentado por la
entidad demandada, en el presente asunto no hay lugar a declarar la
existencia de una relación laboral encubierta entre las partes y, por lo tanto,
no es procedente el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
reclamadas por la demandante.

Lo anterior, por cuanto la señora Galeano Velasco no acreditó la configuración
de los elementos esenciales del contrato realidad; estuvo vinculada con el
Hospital cuestionado, a través de contratos de prestación de servicio por virtud
de los cuales no puede predicarse la existencia de una relación de trabajo; en
algunas oportunidades prestó sus servicios con la intermediación de terceros
como lo son la Coordinadora Nacional de Proyectos, SET LABORAL, y la
Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral C.T.A.; y su vinculación tuvo
sustento en la necesidad que tiene la E.S.E. de cumplir con los fines del
estado.

De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral oculta bajo la modalidad de
contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través
de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos
esenciales del contrato de trabajo.

Así las cosas, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se
observa que la señora Ángela Ximena Galeano Velasco prestó sus servicios
al Hospital Usme I Nivel E.S.E., de la siguiente manera:

Vinculación a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo
Laboral

N.º de Periodo24 Valor Objeto Folio
contrato u
orden

06/05/08 Prestando sus servicios como ODONTÓLOGA en 52 y 298,
15/06/09 la unidad de negocios E.S.E. HOSPITAL DE C1.
USME.

Vinculación a través de SET Laboral S.A.S.

N.º de Periodo25 Valor Objeto Folio
contrato u
orden

16/06/09 Desempeñando el cargo de ODONTÓLOGA, con 54 y 296,
31/03/10 un contrato por obra o labor en la unidad de C1.
negocios HOSPITAL DE USME E.S.E.

Vinculación directa con el Hospital de Usme I Nivel E.S.E.

24
Conforme se desprende de la certificación emitida por la Dirección Administrativa del Grupo Laboral
CTA, el 28 de octubre de 2009 y por la Coordinadora Nacional de Proyectos el 8 de noviembre de 2016..
25
Según certificación dictada por el Representante Legal de S.E.T. Laboral el 6 de agosto de 2010 y por
la Coordinadora Nacional de Proyectos el 15 de noviembre de 2016.

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N.º de Periodo27 Valor28 Objeto Folio
contrato u
orden26

CPS 326/10 01/04/10 $10.000.000 Prestar los servicios como ODONTÓLOGO (8 6 y Vto.,
31/07/10 HORAS) de acuerdo con el requerimiento de C1.
necesidades presentado por el área pertinente,
y/o en el sitio que se le asigne a través del
supervisor.
CPS 1298/10 09/08/10 $4.333.333 Prestar los servicios como ODONTÓLOGO EN LA 7 y Vto.,
30/09/10 UPA SAN JUAN BAUTISTA y/o en el sitio que C1.
para el efecto señale el Hospital, de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de la Institución a
través del supervisor.
CPS 2416/10 04/10/10 $2.166.667 Ibídem. 9 y Vto.,
30/10/10 C1.
CPS 3441/10 04/11/10 $2.416.667 Prestar los servicios como Odontólogo 8 horas en 10 y Vto.,
30/11/11 la Upa San Juan Bautista y/o en el sitio que para C1.
el efecto señale el Hospital, de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de la Institución a
través del supervisor.
CPS 3917/10 16/12/10 $2.083.333 Prestar los servicios como Odontólogo en la Upa 11 y Vto.,
31/12/10 San Juan Bautista y/o en el sitio que para el efecto C1.
señale el Hospital, de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de la Institución a
través del supervisor.
CPS 0136/11 03/01/11 $2.083.333 EL PRESTADOR DEL SERVICIO, se obliga a 12 y Vto.,
31/01/11 poner al servicio del HOSPITAL, todos sus C1.
conocimientos, estudios, experiencia y capacidad
para prestar los servicios como ODONTÓLOGA
efecto señale el HOSPITAL, de acuerdo con los
requerimientos y necesidades de la Institución a
través del supervisor designado para este
contrato.
CPS 0759/11 01/02/11 $10.000.000 EL PRESTADOR en las condiciones ya referidas 13 a 15,
30/05/11 se obliga para con el HOSPITAL: Poner al servicio C1.
toda su capacidad de trabajo, en forma exclusiva
en el desarrollo de las actividades propias de su
oficio como ODONTÓLOGA y en las obligaciones
anexas y complementarias al mismo, de
conformidad con las instrucciones que de el
HOSPITAL o SUPERVISOR.
CPS 1955/11 01/06/11 $10.000.000 Ibídem. 16 a 19,
30/09/11 C1.
CPS 2992/11 01/10/11 $2.500.000 Ibídem. 21 a 24,
31/10/11 C1.
CPS 3527/11 01/11/11 $2.500.000 Ibídem. 25 a 28,
30/11/11 C1.
CPS 4380/11 01/12/11 $2.500.000 Ibídem. 31 a 34,
30/12/11 C1.
CPS 0210/12 01/01/12 $2.500.000 Ibídem. 35 a 38,
31/01/12 C1.
CPS 0951/12 01/02/12 $7.500.000 1 Ibídem. 39 a 42,
30/04/12 C1.
CPS 0951/12 01/05/12 $12.500.000 45, C1.
30/09/12
CPS 3699/12 01/10/12 $5.000.000 Prestación de servicio como ODONTÓLOGA 43 y Vto.,
30/11/12 GENERAL para apoyar las actividades de C1.
CONSULTA EXTERNA en CAMIS, UPAS Y
UBAS del Hospital de Usme I Nivel E.S.E.
CPS 3699/12 01/12/12 $250.000
03/12/12
CPS 3699/12 04/12/12 $2.250.000
31/12/12
CPS 0277/13 02/01/13 $6.000.000 Prestar servicios como ODONTÓLOGO EN LAS 44 y Vto.,
28/02/13 UBAS, UPAS Y CAMIS DEL HOSPITAL DE C1.
USME I NIVEL E.S.E.
CPS 0277/13 01/03/13 $6.000.000
30/04/13
CPS 0277/13 01/05/13 $3.000.000 Ibídem. 46, C1.
31/05/13
CPS 1499/13 01/06/13 $3.000.000
30/06/13
CPS 1499/13 01/07/13 $6.000.000 Ibídem. 48, C1.

26
Conforme se extrae de las certificaciones expedidas por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Alcaldía de Bogotá D.C., el 27 de noviembre de 2012 y el 8 de febrero de 2016 (fls. 4 y 5, 240 y Vto. C1).
27
Ibídem.
28
Ibídem.

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17

31/08/13
CPS 1499/13 01/09/13 $300.000
03/09/13
CPS 1499/13 04/09/13 $2.700.000 Ibídem. 49 y 50,
30/09/13 C1.
CPS 1499/13 01/10/13 $3.000.000 Ibídem. 51, C1.
31/10/13

La anterior relación probatoria permite colegir que, entre el 6 de mayo de 2008
y el 31 de octubre de 2013, la señora Ángela Ximena Galeano Velasco prestó
sus servicios profesionales como odontóloga al Hospital de Usme I Nivel
E.S.E., mediante vinculación contractual y a través de cooperativas de trabajo
y empresas de servicios temporales, sin solución de continuidad.

Con fundamento en lo anterior, y de conformidad con las condiciones en que
fueron ejecutados los contratos referenciados, procede la Subsección a
verificar si la demandante acreditó la prestación personal del servicio,
remunerada y bajo continua subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio.

Definido lo anterior, y según se desprende de los objetos contractuales citados
en precedencia, la demandante se desempeñó entre los años 2008 a 2013
como odontóloga al servicio del Hospital de Usme I Nivel E.S.E., de lo cual se
infiere que la prestación de servicios fue personal, pues, de acuerdo con las
reglas de la experiencia, dicha actividad debe ser prestada por sujetos
cualificados, es decir, por personal que hubiese acreditado las condiciones
profesionales requeridas para la labor. En tal sentido, y dados los requisitos
de ejecución de los contratos de prestación de servicios, se observa que se
trata de actividades que no podían ser delegadas o encomendadas a un
tercero por parte de quien las ejecutaba.

Se recuerda, además, que fue debidamente acreditado el desarrolló
actividades por parte de la interesada en el ente hospitalario, por intermedio
de la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral y de la empresa SET
Laboral S.A.S., de cuyas certificaciones se extraen las calidades profesionales
requeridas para la prestación del servicio a favor de la E.S.E.

b) Remuneración por el servicio prestado.

Frente al elemento de la remuneración, la Sala puede inferir razonablemente
que a la señora Ángela Ximena Galeano Velasco se le cancelaban
periódicamente las sumas reconocidas a título de honorarios en los diferentes
contratos de prestación de servicios. Ello se advierte, principalmente, de las
cláusulas relacionadas con: i) el valor de los contratos; y ii) la forma de pago
en la cual se estipulaban los montos mensuales que recibiría la demandante
por sus servicios.

Así mismo, se encuentra demostrado con la certificación expedida por la
Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral, que durante su vinculación,
a la demandante se le cancelaron pagos por concepto de compensación y de
ahorros estatutarios. Igualmente la empresa SET Laboral S.A.S. hizo constar
que, durante la permanencia de la interesa en dicha entidad, se le efectuaron
pagos a título de salario y prestaciones sociales por el periodo laborado.

c) Subordinación y dependencia continuada

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18

Este elemento esencial del contrato de trabajo, según el artículo 23 del CST29,
es considerado por la doctrina como el determinante para distinguir la relación
laboral de las demás prestaciones de servicios, y que faculta al empleador
para exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al
tiempo, modo o cantidad de labores, así como para imponerle reglamentos y
el poder disciplinario, teniendo en cuenta para ello, los límites constitucionales
que imponen el respeto a la dignidad humana del trabajador y sus derechos
mínimos, es decir, bajo criterios de razonabilidad y sin arbitrariedad. De
acuerdo con lo anterior, la subordinación parte del poder de dirección respecto
a las actividades de trabajo y como potestad disciplinaria del empleador para
conservar el orden en la empresa, pero únicamente en lo atinente al ámbito
laboral.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-386 de 2000 indicó:

«[…] La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y
definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más
aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente
de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a
través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de
reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y
cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los
objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.

Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un
comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización
empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél. […]»30

Colofón de lo expuesto, como subordinación y dependencia continuada se
debe entender el elemento esencial y configurativo de la relación laboral,
según el cual el empleador, en ejercicio de su potestad de dirección, puede
exigir a sus empleados el acatamiento de órdenes e instrucciones sobre el
modo y la cantidad de trabajo, el cumplimiento de horarios para el desarrollo
de este, y la imposición de los reglamentos internos, en cualquier momento,
respetando la dignidad del trabajador y sus derechos mínimos constitucionales
y laborales.

Bajo tal entendimiento, se tiene que la parte demandada sustentó su recurso
de apelación sobre la base de que, entre otros, en el plenario no obran los
elementos de juicio suficientes para la determinación de los elementos que
configuran la relación laboral; que, de otro lado, la interesada desarrolló
actividades en el marco de contratos de prestación de servicios avalados por
la ley, y usados por las entidades para el cumplimiento de los fines estatales;

29
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
[…]
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste
para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en
concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; […]» (Subraya la Sala).
30
Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.

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19

y que, en algunas oportunidades prestó sus servicios con la intermediación de
terceros como lo son la Coordinadora Nacional de Proyectos, SET LABORAL,
y la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral C.T.A.

En ese sentido, y bajo la claridad que para esta Sala los elementos de
prestación personal del servicio y de remuneración o contraprestación, propios
de la relación laboral, se encuentran debidamente acreditados en el sub
examine, se procede entonces a realizar el análisis correspondiente al
elemento de la subordinación y dependencia continuada, para lo cual se
estudiará, en primer término, la prueba testimonial allegada al plenario31.

En primer lugar, se tiene que la parte demandante solicitó la recepción de los
testimonios de los señores Denny Lorena León Sánchez, Carlos Edwin
Ordóñez Suárez, Ana Virginia Bonilla Camargo, Dora Ligia Ramírez Useche,
Carlos Andrés Pizza Bernal y Lucy Clemencia del Consuelo Pulido González,
mismos que fueron decretados y debidamente citados a comparecer en la
etapa procesal pertinente32.

A efectos de adelantar el estudio probatorio correspondiente, encuentra la Sala
que el CD contentivo de los testimonios de las señoras Ana Virginia Bonilla
Camargo y Lucy Clemencia del Consuelo Pulido González , recepcionados
en la audiencia de pruebas del 28 de octubre de 2016, no pudo ser leído por
los dispositivos usados para ello, por lo que se acudirá a la relación efectuada
por el tribunal de primera instancia33:

«Ana Virginia Bonilla Camargo. Señala que trabajó en el hospital de Usme I
Nivel como auxiliar de la demandante, indica que los horarios en el hospital son
de 7am a 5pm, tenía igualmente contrato de prestación de servicios por lo que
no tenían los privilegios del personal de planga como los de cesantías y
vacaciones, no tenían derecho a permisos ni capacitaciones, a veces se debían
atender pacientes de más, conoce a la demandante desde el 2008 y la misma
estuvo vinculada hasta el 2013. Las funciones adelantadas por la demandante
eran como odontóloga general, y recibía órdenes de la Dra. Constanza
Siachoque en cuanto el horario, las metas, los pacientes y los procedimientos
que debían adelantarse. Asegura que había odontólogos de planta y contratistas
y que desarrollaban las mismas funciones. El horario difiere puesto que el
personal de planta trabaja de lunes a viernes en cambio los contratistas trabajan
además de esos días, los sábados. Agrega que para ausentarse debía pedirse
permiso por escrito a la Dra. Constanza y a la jefe del centro y reponer un sábado
dicho permiso, con un formato establecido por la entidad. Los contratos eran
ininterrumpidos.»

«Lucy Clemencia del Consuelo Pulido González. Señala que trabajó en el
Hospital como odontóloga general, que la forma en que sacaron a la demandante
fue arbitraria. Asegura que siempre hubo continuidad en la contratación, además
que la demandante tenia un horario de 7am a 5pm, y que estaban subordinadas.
Señala que las funciones de la demandante consistían en diligenciar historias
clínicas, atención de pacientes durante toda la jornada, diligenciamiento de RIPS,
odontología urgencias que era adicional de las citas programadas; indica que
había odontólogos de planta ejerciendo las mismas funciones, aunque éstos no
trabajaban los sábados a diferencia de los contratistas y recibían remuneración

31
Folios 278 a 280, C1
32
De conformidad con el Acta de la Audiencia de Pruebas de fecha 13 de enero de 2017 los señores
Carlos Edwin Ordóñez Suárez, Dora Ligia Ramírez Useche y Carlos Andrés Pizza Bernal no se hicieron
presentes en la diligencia, por lo que se prescindió de la recepción de sus testimonios (fls. 300 a 303,
C1.)
33
Folio 323 Vto. C1.

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más alta. Para poder salir a realizar alguna diligencia se debía pedir permiso
llenando un formato.» (Negrillas del texto original)

En lo que atañe a la declaración de la señora Denny Lorena León Sánchez,
recibida en la audiencia de pruebas continuada el 13 de enero de 2017, y que
pudo ser corroborada en el medio magnético correspondiente, se tiene que la
misma depuso de manera sucinta, sobre los hechos en que se fundamenta la
reclamación solicitada en el libelo, en los términos que a continuación se
describen:

Manifestó que actualmente no tiene vínculo con el Hospital de Usme, pero que
en anterior oportunidad laboró para dicha institución como enfermera jefe de
centro, aproximadamente 7 años y 8 meses. Indicó que era indispensable la
presencia de enfermeras jefes y de odontólogos en los centros de salud y que,
así mismo, había personas con las mismas condiciones profesionales que
pertenecían a la planta de personal. Declaró que trabajó con la señora
Galeano Velasco en el centro de salud, UPA Betania, en donde esta última
hacía consulta odontológica. Precisó que la demandante había estado
vinculada mediante contratos de prestación de servicios; que hacía consulta
de 7 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, y un
sábado cada 15 días de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Sostuvo que la
interesada cumplía órdenes, en tanto en cada IPS había un jefe inmediato, el
coordinador del centro, y la enfermera jefe que estaba al mando del centro de
salud, ante los cuales se tramitaban los permisos, debiendo diligenciar el
respectivo memorando. Argumentó que, cuando las solicitudes de permiso
eran para varios días, debían reponer el tiempo o les descontaban el lapso
solicitado. Resaltó que la remuneración recibida por los contratistas era
mensual; y que para su pago, tenían que gestionar una serie de documentos
como la cuenta de cobro. Expresó que los contratos eran suscritos a un mes
o tres meses y que nunca hubo interrupción entre un contrato y otro. Reiteró
que había odontólogos de planta que desarrollaban idénticas funciones a las
de la señora Ángela Ximena. Por último, precisó que debía presentar informes
de gestión y que los empleados de planta también debían efectuar tal reporte.

Encuentra la Subsección que si bien en la audiencia de pruebas del 13 de
enero de 2017, la apoderada de la parte demandada tachó de sospechoso el
testimonio rendido por la señora León Sánchez, a razón de considerarlo
viciado de parcialidad por encontrarse adelantando trámite judicial por hechos
similares en contra del Hospital de Usme I Nivel ES.E., el tribunal de
conocimiento no efectuó pronunciamiento alguno.

Así, y a efectos de solventar la solicitud elevada por la entidad, suficiente es
para esta Corporación señalar, que la declaración referenciada no comprende
los elementos necesarios para ser tachada por motivo de la naturaleza con
que acude a instancias de este proceso la declarante, pues las resultas de la
presente actuación no representa para ella un beneficio, más allá de un simple
precedente relativo que no tiene la virtualidad de afectar las decisiones que se
asuman en el trámite judicial por ella iniciado.

Finalmente, en punto a la prueba testimonial recaudada, menester es indicar
que del recurso de apelación no se desprende cuestionamiento alguno dirigido
a desproveer de veracidad las declaraciones recepcionadas en el marco de la
etapa probatoria, o argumentos que controviertan de manera específica lo
dicho por las deponentes sobre los hechos que suscitan el presente

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pronunciamiento, por lo que la relación extraída de la sentencia de primera
instancia y la efectuada del medio magnético correspondiente, será tenida
como válida y sobre la misma se efectuará la siguiente valoración.

Análisis probatorio

A efectos de atender los planteamientos expuestos en el recurso de apelación
de la parte demandada, procede la Sala a realizar el análisis de las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas en el curso del proceso.

Se advierte en primer lugar, que la señora Ángela Ximena Galeano Velasco
ejerció funciones como odontóloga contratista al servicio del Hospital de Usme
I Nivel E.S.E., en el marco de, entre otras, las siguientes obligaciones
contractuales:

«1.- El contratista se obliga para con el Hospital a realizar las tareas profesionales
y/o personales de manera directa para el Hospital, ejecutando y adelantando las
gestiones correspondientes dentro de los turnos establecidos para la atención y
prestación de los servicios asistenciales, administrativos y/o operacionales que
se contratan; para ello deberá coordinar con el Supervisor del contrato la
asignación de turnos correspondientes para adelantar la ejecución del contrato,
teniéndose como turnos validos las actividades que se desarrollan dentro de los
horarios de 6:00 AM a 12: 00 M; de 12 :00 M a 6:00 PM; de 6:00 PM a 12:00 PM
y de 12:00 PM a 6:00 AM; o los tunos que sean concertados con el Supervisor
del contrato.
2.- El contratista ejecutará el objeto del contrato con autonomía administrativa,
independencia financiera y laboral, bajo su propia responsabilidad, pero con alta
calidad, con eficiencia, eficacia y suficiente idoneidad profesional y personal,
reportando la obtención de logros y productos al Supervisor del Contrato.
3.- El contratista se compromete a cumplir en su totalidad, esto es, en un cien por
ciento el objeto contratado, y en caso de incumplimiento parcial o total certificado
por el Supervisor del Contrato, será causal para dar por terminado este contrato
sin requerimiento alguno.
4.- En caso de perdida, deterioro o daño a cualquiera de los bienes dados en
custodia o préstamo por parte del Hospital, para uso del contratista, éste
responderá integralmente por el bien ya sea reponiéndolo o cancelando su
reparación. […].
5.- El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a proveerse
de los uniformes y distintivos del Hospital para la adecuada prestación del
servicio, acorde con los procedimientos y manuales de calidad de la institución;
la ESE, suministrará los equipos que el contratista requiera para el cumplimiento
del objeto contratado.
[…].
7.- Realizar las acciones de salud pública de su responsabilidad en la promoción
de la salud, promoción de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación necesarios
en los diferentes grupos de ciclo evolutivo y de acuerdo con la normatividad
vigente.
8.- Desarrollar o apoyar la realización de actividades de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y vigilancia de salud pública a nivel intra y extra
mural del POS el PAB y otros programas o proyectos de responsabilidad de la
empresa social del estado.
9.- Planificar y participar en la ejecución de acción(sic) dirigidas a intervenir
problemática(sic) prioritarias en salud pública.
10.- Realizar historia clínica, diagnóstico y tratamiento en odontología general de
acuerdo al(sic) normatividad vigente. Atender urgencias odontológicas.
11.- Realizar intervenciones de cirugía oral a pacientes hospitalizados o
ambulatorios.

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12.- Participar en la evaluación de proceso, resultado e impacto de las
intervenciones de salud pública.
13.- Apoyar la elaboración y actualización del diagnostico de salud de cada una
de las localidades del área de influencia de la empresa del estado […].
[…].
15.- Apoyar el desarrollo de estrategias de participación social, con los diferentes
actores locales con el fin de garantizar la pertinencia y efectividad (sic) las
intervenciones de salud pública.»

«[…].
A) Realizar consulta médica general, en los servicios de consulta y urgencias
según la asignación correspondiente, realizando las actividades y
procedimientos médicos que el usuario del servicio requiera […],
independientemente que el día corresponda a un festivo y de acuerdo a la
disponibilidad definida por el HOSPITAL.

El componente obligacional así reseñado permite evidenciar la extensión de
las actividades desarrolladas por la demandante, más allá de la simple
atención del servicio de odontología, esto es, a la asistencia en otros trámites
administrativos y, de prevención y promoción de salud, que son propios de la
misión de la entidad demandada.

Refieren las actividades encomendadas el acompañamiento que debía prestar
la señora Ángela Ximena Galeano Velasco al Hospital, en el desarrollo de su
función pública, y específicamente en la prestación del servicio de salud, pues
no sólo comprendían labores enfocadas a la gestión odontológica de los
pacientes y usuarios de la E.S.E., sino al diagnóstico, planificación, vigilancia
y participación en programas propios de dicho servicio público.

Deviene de los testimonios referenciados, así como del acápite funcional en
cita, el cumplimiento de horarios dispuestos por el Hospital de Usme, pues los
deponentes coinciden en indicar que la interesada atendía su deber
contractual de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm, y un sábado cada 15
días de 7:00 am a 1:00 pm. Circunstancia que no se compadece con los
profesionales vinculados a la planta de personal de la entidad, quienes no se
encontraban obligados a prestar su servicio los fines de semana.

Se resalta, además, lo señalado en el clausulado referente al cumplimiento de
turnos y al deber que tenía la contratista de acudir a instancias de la institución,
incluso en días festivos.

A folio 57 del plenario, obra Oficio SGS-I-1296/2010 del 17 de junio de 2010,
por medio del cual la Subgerente de Gestión de Salud del Hospital de Usme I
Nivel E.S.E. solicitó a la Coordinadora de Salud Oral Dra. María Constanza
Siachoque la revisión de las actividades contratadas y recuerda, que «los
horarios en los cuales los centros deben prestar sus servicios en consulta ambulatoria
están entre 6:00 a.m. a 7:00 p.m. (para las UPA que tienen horario extendidos(sic)),
para la UBA UNIÓN, UBA ARRAYANES es de 8:00 a 2:00 p.m. y lo demás de 7:00
a.m. a 5:00 p.m., además los sábados deben estar abiertos los servicios de 7:00 a.m.
a 1:00 p.m. ya que esta es la capacidad instalada […] por lo que agradezco sean
organizadas las actividades en aras de ocupar la capacidad instalada de todos los
servicios (medicina, odontología, enfermería, etc.) al 100%.»

Así mismo, de folios 58 a 157 del expediente, se visualiza AGENDA- RIPS –
CONSULTA EXTERNA, en donde se relacionan los pacientes a ser atendidos

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por la demandante, en horario que se extiende en promedio entre las 7:00 am
y 4:00 p.m., observándose jornadas que finalizan a las 7:00 p.m.

En punto a los permisos, no solo las declaraciones aludidas afirman la
necesidad de gestionar memorandos dirigidos al jefe inmediato con miras a
obtener su aprobación, sino que los contratos refieren la necesidad de que
tales permisos fueran solicitados de conformidad con los procedimientos
definidos por la entidad, lo que se encuentra probado con las peticiones
adjuntas de folios 159 a 172 de la actuación, en donde, además se visualizan
los formatos diligenciados a título de memorandos, con el asunto «permiso» y
dirigidos al «jefe de centro» o en otras oportunidades al Director Grupo I de la
UPA San Juan, o a la Coordinadora de Salud Oral Constanza Siachoque.

La alusión que se hace a la necesidad de compensar la petición de ausentarse
o no acudir a la prestación del servicio, bien con labores extras en horarios
adicionales o con la afectación monetaria de la remuneración, implican
también un nivel claro de sumisión a los lineamientos del Hospital que rompen
con la autonomía de la prestación del servicio, derivada de un contrato de
dichas calidades.

En lo que atañe al suministro de implementos o materiales requeridos para la
prestación del servicio contratado, encuentra la Subsección que requerir a la
contratista la provisión de su dotación de uniformes y «distintivos del Hospital»,
comprende la necesidad que tiene la entidad de que las personas vinculadas
para los efectos de la prestación del servicio, en este caso de odontología,
sean identificados como parte del personal de la E.S.E., pues no de otro modo
se justifica la exigencia señalada y que la misma sea observada de
conformidad «con los procedimientos y manuales».

Al respecto, se tiene también que, el ente hospitalario manifestó ser quien
suministraría los equipos que el contratista requiriera para el cumplimiento del
objeto contratado pero, además, que los costos por perdida o deterioro de los
mismos debería ser sufragado por la interesada; circunstancia que denota una
carga que trasciende la autonomía administrativa a la que se alude en los
contratos.

En cuanto a la continuidad en la suscripción de los acuerdos bilaterales,
suficiente ilustración la trae la relación efectuada por esta Corporación en
cuadro que antecede, misma que encuentra soporte en las declaración
recibidas por el juez de primera instancia, que dan cuenta de la prestación
ininterrumpida del servicio de odontología por parte de la demandante, a favor
del Hospital. Dicha continuidad, no muestra cosa distinta a la imperiosa
necesidad que tenía el Hospital de Usme de contar con profesionales de las
calidades de la demandante, para la materialización y debido ejercicio de su
función pública, pues no solo contaba con personas con las mismas
credenciales académicas en su planta de personal, sino que, no resultaban
insuficientes para abarcar el servicio de salud demandado por los pacientes y
usuarios de la E.S.E.

Para concluir, no sobra indicar que la subordinación comprende entonces un
conjunto de situaciones que permiten eliminar de la relación contractual, la
independencia propia de este tipo de vinculación, como lo es el sometimiento
a instrucciones para la ejecución de las actividades objeto del contrato, más
allá de una simple coordinación para el cumplimiento obligacional; el

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acatamiento de horarios y turnos; la restricción al uso de implementos de
oficina o puesto de trabajo; la limitación para la ejecución de las actividades a
las instalaciones de la entidad o a las designadas por ella; la imposibilidad de
gestionar documentación por fuera de la misma; y la necesidad de tramitar
permisos o solicitudes para ausentarse, ante autoridades administrativas o
superiores, entre otras.

En ese orden de ideas, para esta Subsección resulta claro que, contrario a lo
aducido por la entidad demandada, las pruebas allegadas en el curso del
proceso permiten dilucidar que, si bien las funciones desempeñadas por la
señora Galeano Velasco se encontraban enmarcadas dentro del alcance de
los objetos de las órdenes de prestación de servicio que suscribió con el
Hospital de Usme I Nivel E.S.E. de manera directa, y de lo certificado por las
empresas intermediarias por medio de las cuales prestó el servicio a dicha
entidad, debió cumplir y acatar instrucciones y directrices a instancias de la
misma, por superiores que determinaban su desempeño, el cumplimiento de
horarios, y el sometimiento a trámites administrativos.

Por otra parte, en sentencia C-171 de 2012, respecto a la potestad de las
Empresas Sociales del Estado para contratar la prestación de servicios por
fuera de la planta de personal de la entidad, reiteró los límites constitucionales
trazados sobre la protección de las relaciones laborales y la prohibición de que
se contraten mediante prestación de servicios funciones permanentes o
propias de la entidad, que se puedan desarrollar con personal de planta o que
no requieran de conocimientos especializados, principios que constituyen el
marco constitucional para la celebración de contratos de prestación de
servicios por estas entidades, así:

«(viii) En cuanto a los límites fijados a la contratación estatal en pro de la defensa
del derecho al trabajo, de los derechos de los servidores públicos y de los
principios que informan la administración pública, la jurisprudencia constitucional
ha establecido que los contratos de prestación de servicios son válidos
constitucionalmente, siempre y cuando (a) no se trate de funciones propias y
permanentes de la entidad; (b) no puedan ser realizadas por el personal de
planta, y que (c) requieran de conocimientos especializados.

(ix) Respecto de la determinación de lo que constituye función permanente en
una entidad, la Corte ha fijado para su reconocimiento los criterios (a) funcional,
(b) temporal o de habitualidad, (c) de excepcionalidad, y (d) de continuidad.

(x) La jurisprudencia ha insistido en la regla según la cual, para el ejercicio de
funciones de carácter permanente en la administración pública, no pueden
celebrarse contratos de prestación de servicios, porque para ese efecto deben
crearse los empleos requeridos. Por tanto, la Sala reitera la prohibición de
vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas para
desempeñar funciones propias o permanentes de las entidades de la
administración pública, regla que se deriva directamente de los artículos 25, 53,
122 y 125 de la Constitución.

(xi) La prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios cuando se
trata de desempeñar funciones permanentes en la administración, tiene como
finalidad, la protección del derecho al trabajo, la garantía de los derechos de los
trabajadores y de los servidores públicos, y el impedir que los nominadores
desconozcan los principios que rigen la función pública. En armonía con lo
anterior, la regla general es que el ejercicio de funciones permanentes en la
administración pública debe realizarse con el personal de planta, que

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corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el
concurso de méritos.

(xii) En armonía con lo expuesto, la Corte ha reiterado la inconstitucionalidad de
todos los procesos de deslaboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar
de que puedan utilizar figuras legalmente válidas, como el contrato de prestación
de servicios, tienen como finalidad última modificar la naturaleza de la relación
contractual o falsear la verdadera relación de trabajo (…)»

De acuerdo con lo anterior, la facultad de contratación otorgada a las
Empresas Sociales del Estado para prestar servicios de salud mediante la
contratación de terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando: i) no
se trate de funciones permanentes o propias de la entidad; ii) cuando estas
funciones no puedan realizarse con personal de planta de la entidad o; iii)
cuando se requieran conocimientos especializados, toda vez que para prestar
los servicios inherentes a su responsabilidad, las Empresas Sociales del
Estado deben contar con una planta de personal propia, idónea, adecuada y
suficiente que les permita atender y desarrollar sus funciones.

En ese orden de ideas, no puede el Hospital demandado justificar la
vinculación permanente de personal bajo la modalidad de contratos por
prestacion de servicios, al amparo del cumplimiento de su deber consitucional
en la prestación del servicio de salud, o de su situacion financiera que, de otro
lado, debe ser estructurada y planeada de conformidad con los lineamientos
legales, sin que se transgredan prerrogativas de rango superior, como lo son
las garantías laborales.

En conclusión: al haberse demostrado en el proceso la presencia de los
elementos que configuran una relación laboral encubierta o subyacente, debe
declararse la existencia de una relación laboral encubierta entre el Hospital de
Usme I Nivel E.S.E y la señora Ángela Ximena Galeano Velasco, por el periodo
arriba referenciado.

Segundo problema jurídico.

¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos
o algunos de los periodos contractuales y la reclamación administrativa?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: los interesados en la declaratoria
de existencia de un contrato realidad no pueden exonerarse de su deber de
reclamar el derecho dentro de los tres años siguientes a la finalización del
vínculo contractual; es por ello que, en el presente caso no se encuentra
configurada el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva respecto de las
prestaciones sociales a las que tendría derecho la demandante, toda vez que
entre los diferentes contratos de prestación de servicios no se verificaron
interregnos superiores a 30 días hábiles de interrupción, y no transcurrieron
tres años entre la terminación del último vínculo y la reclamación
adminsitrativa.

Prescripción aplicada a contrato realidad

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En materia de derechos laborales de los empleados públicos, los artículos 41
del Decreto 3135 de 196834 y 102 del Decreto 1848 de 196935 (reglamentario
del primero), regulan que las acciones que emanen de los derechos
consagrados en dichas normas prescriben en tres años contados desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible.

Particularmente, en cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación
laboral encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta
Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016,
estipuló las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los
derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad36:

«[…] i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para
pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía
con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad.

iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues
esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el
derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las
cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían
tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c,
del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones
que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el
carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia,
una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho

34
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en
tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
35
«Artículo 102. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso
igual.»
36
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25
de agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-2015).

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de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es
imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión
principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo
laboral).

vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de
una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la
efectividad de los derechos del trabajador. […]». (Subrayado de la Subsección)

Conforme con lo previsto en la sentencia de unificación jurisprudencial citada,
en su aparte aquí transcrito, se tiene que:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.

• En aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de
prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción
frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

Sobre el particular, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
indicó:
«[…] Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia
en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos
de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]».
(Subrayado de la Subsección)

Ahora, si bien es cierto que esta Sala ha sostenido en varias ocasiones,
particularmente en el año 2018, que cuando existen múltiples contratos u
órdenes de prestación de servicios y entre uno y otro se presentaban
interrupciones de al menos un día, debe considerarse suficiente para
determinar la interrupción el vínculo contractual, de manera que a partir de la
finalización de cada uno de estos periodos debe iniciar la contabilización del
término de prescripción, lo anterior fue revaluado ante la disparidad de criterios
sobre el momento a partir del cual ha de contarse el fenómeno extintivo del
derecho.

En tal sentido, y de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202137, esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque que

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

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28

considera menos lesivo para efectos de contabilizar dicho lapso, en tanto que
se ha dispuesto fijar un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Lo anterior permite aclarar que, en caso de múltiples vinculaciones
contractuales en los que se presenten interrupciones, debe entenderse que,
para efectos de determinar la fecha a partir de la cual empieza a correr el
término prescriptivo, no habrá solución de continuidad cuando entre contrato
y contrato no transcurran más de 30 días hábiles (sin perjuicio de que el juez
contencioso pueda determinar un término superior en un caso específico).

En otras palabras, si entre uno y otro vínculo contractual no transcurren más
de 30 días hábiles de interrupción, el juez contencioso deberá determinar que
no existió solución de continuidad, de modo que no podrá tener como extremo
para contabilizar la prescripción la finalización del primer vínculo, en tanto, se
reitera, a la luz de la jurisprudencia se debe entender que no hubo una ruptura
del vínculo laboral y, por consiguiente, se debe contabilizar como una única
relación.

Ahora bien, para la Sala resulta pertinente exponer que, de establecerse la no
solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán
solamente los de concluir que, a pesar de haberse presentado interrupciones
entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que
pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. Razonamiento del cual debe
concluirse que del hecho de que no hubo solución de continuidad solo lleva
aparejado la no configuración de la prescripción extintiva frente a la
reclamación de reconocimiento de la relación laboral encubierta, y no puede
interpretarse como una obligación de la entidad pública a liquidar las
prestaciones a las cuales resulte condenada, sobre los tiempos en los que se
interrumpió la relación contractual.

Conforme a lo anotado en el primer problema jurídico, para la Sala está
plenamente acreditada la vinculación contractual; a través de cooperativas de
trabajo asociado; y de empresas de servicios temporales, de la demandante
con el Hospital de Usme I Nivel E.S.E. en los siguientes lapsos:

Vinculación a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo
Laboral

Del 06/05/08 al 15/06/09

Vinculación a través de SET Laboral S.A.S.

Del 16/06/09 al 31/03/10

Vinculación directa con el Hospital de Usme I Nivel E.S.E.

Del 01/04/10 al 31/07/10
Del 09/08/10 al 30/09/10
Del 04/10/10 al 30/10/10

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29

Del 04/11/10 al 30/11/11
Del 16/12/10 al 31/12/10
Del 03/01/11 al 31/01/11
Del 01/02/11 al 30/05/11
Del 01/06/11 al 30/09/11
Del 01/10/11 al 31/10/11
Del 01/11/11 al 30/11/11
Del 01/12/11 al 30/12/11
Del 01/01/12 al 31/01/12
Del 01/02/12 al 30/04/12
Del 01/05/12 al 30/09/12
Del 01/10/12 al 30/11/12
Del 01/12/12 al 03/12/12
Del 04/12/12 al 31/12/12
Del 02/01/13 al 28/02/13
Del 01/03/13 al 30/04/13
Del 01/05/13 al 31/05/13
Del 01/06/13 al 30/06/13
Del 01/07/13 al 31/08/13
Del 01/09/13 al 03/09/13
Del 04/09/13 al 30/09/13
Del 01/10/13 al 31/10/13

Como se ha indicado previamente, y vale la pena reiterar, la demanda
persigue, entre otros aspectos, el reconocimiento y pago de las acreencias
laborales por el periodo en que la señora Ángela Ximena Galeano Velasco
prestó sus servicios como odontóloga al Hospital demandado, durante el lapso
comprendido entre el 6 de mayo de 2008 y el 31 de octubre de 2013.

Así, de conformidad con lo señalado en la multicitada sentencia de unificación,
el estudio de la prescripción deberá efectuarse siempre que se aborde y
compruebe la existencia de la relación laboral reclamada, pues el hecho de
que esté contenido el derecho pensional, que se recuerda, es imprescriptible
no implica que esa imprescriptibilidad se haga extensiva a los demás derechos
laborales que derivan del contrato realidad.

En ese sentido, y para los precisos efectos de esta decisión, se tiene que la
última fecha en la que la demandante estuvo vinculada contractualmente con
la entidad demandada, corresponde al 31 de octubre de 2013.

Conforme la revisión efectuada en el plenario, se observa que en el mismo no
consta la reclamación administrativa elevada por la señora Galeano Velasco,
y que, pese a que se solicitó por el tribunal de primera instancia, la misma no
fue arrimada al expediente. Se tiene entonces que solo consta el recibo de
envío de la referida reclamación al ente hospitalario38 y la respuesta que aquel
le otorgó, y que da lugar a la presente providencia39.

Así, toda vez que las circunstancias en que se presentó la petición de
reconocimiento de la existencia de la relación laboral y del consecuente pago
de las prestaciones sociales a que habría lugar, no se encuentran
cuestionadas por las partes, ni se evidenció impedimento para continuar con
el trámite judicial, esta Sala procederá a realizar el análisis respectivo con la
documentación efectivamente incorporada a la actuación.
38
Folio 173, C1.
39
Folio 174, C1.

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30

Se encuentra probado que la solicitud administrativa que perseguía el
reconocimiento y pago de las acreencias laborales fue remitida a la Gerente
del Hospital de Usme E.S.E. el 13 de marzo de 201440; sin embargo, la entidad
en su respuesta a la mencionada reclamación, señaló haberla recibido el 14
del mismo mes y año, de manera que entendiendo que la fecha inicialmente
indicada es la contenida en el recibo de envío del documento, expedido por la
empresa 472 y que, por tal condición no implica la de la recepción de éste, la
Subsección tendrá como fecha de radicación la del 14 de marzo de 201441.

En tal sentido, por tratarse de una vinculación ininterrumpida al servicio
público, el término para que opere la prescripción extintiva debe contarse a
partir de la finalización del periodo laborado, lo que quiere decir que, el plazo
para reclamar los derechos prestacionales derivados de la vinculación laboral
(que como se indicó, corresponde a un único lapso comprendido entre el 6 de
mayo de 2008 y el 31 de octubre de 2013), corrió hasta el 31 de octubre de
2016; luego, no se evidencia la prescripción de las prestaciones causadas, por
virtud de la relación laboral comprobada.

En conclusión y de conformidad con los razonamientos precedentes,
considera esta Subsección que en el presente asunto no se encuentra
configurado el fenómeno prescriptivo sobre las prestaciones a que hay lugar a
reconocer, por virtud de la comprobación de la relación laboral entre las partes.

Tercer problema jurídico

¿Al declararse la existencia de la relación laboral con ocasión de los contratos
de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad demandada,
y las vinculaciones mediante terceros intermediarios, cómo debe restablecerse
el derecho de la demandante?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: En el caso concreto, la
demandante tiene derecho a que se le reconozcan las prestaciones sociales
comunes que devengaban los empleados públicos del Hospital de Usme I
Nivel E.S.E., de conformidad con los parámetros que a continuación se
exponen:

Frente al restablecimiento del derecho derivado de la demostración de la
existencia de una relación laboral, esta Subsección debe precisar que su
consecuencia es el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, así como
a la cotización de aportes a seguridad social en pensiones respecto a las
diferencias.

La anterior situación, se precisa, no implica que a la demandante se le confiera
la condición de empleada pública, en tanto que, para que ello suceda, se
deben acreditar los requisitos regulados en los artículos 122 y 125 de la
Constitución Política.

Ahora, frente a cuáles son las prestaciones sociales susceptibles de ser
reconocidas, esta Subsección ha señalado que estas son las ordinarias o
comunes que perciben los empleados públicos de la entidad demandada, las
cuales se encuentran a cargo directamente del empleador, como son las
40
Folio 173, C1.
41
Folio 174, C1.

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31

primas o las cesantías, entre otras, y; a las diferencias en los aportes a
seguridad social en pensión que correspondían al empleador, siempre que se
demuestre su existencia y que, en todo caso, han de ser consignados en el
fondo de pensiones en la cuenta de la parte demandante, como se señalará
en el cuarto problema jurídico.

De conformidad con los razonamientos precedentes, considera esta
Subsección que, la señora Ángela Ximena Galeano Velasco, tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales comunes surgidas:

i) Durante la vinculación con la intermediaria Cooperativa de Trabajo
Asociado Grupo Laboral Salud y a través de los contratos de prestación
de servicios suscritos con el Hospital de Usme I Nivel E.S.E., esto es, los
emolumentos deprecados como son las cesantías, intereses a las cesantías,
vacaciones, primas, entre otros, a que habría lugar a reconocer y pagar
respecto del período en el que se acreditó que existió una relación de carácter
laboral encubierta. Para ello deberá tenerse en cuenta los honorarios pactados
en las órdenes o contratos celebrados en los extremos temporales cuya
relación se encuentra acreditada.

En punto al reconocimiento y pago de las vacaciones como prestación social
derivada de una relación laboral, la Subsección B, de la Sección Segunda de
esta Corporación ha señalado en anterior oportunidad que42:

«[…] esta subsección, en sentencia de 29 de abril de 2010, al resolver un caso
de «contrato realidad», sostuvo que no tiene «[...] la connotación de prestación
salarial porque [es] un descanso remunerado que tiene el trabajador por cada
año de servicios»16, no obstante, en pronunciamiento de 21 de enero de 201617,
asumió un entendimiento diferente de aquellas, cuando dijo:

Dentro de nuestra legislación, las vacaciones están concebidas como prestación
social y como una situación administrativa, la cual consiste en el reconocimiento
en tiempo libre y en dinero a que tiene derecho todo empleado público o
trabajador oficial por haberle servido a la administración durante un año y el
monto de las mismas se liquidará con el salario devengado al momento de salir
a disfrutarlas.

Por tanto, resulta menester precisar, en consonancia con este último criterio, que
las vacaciones comportan una prestación social y son un derecho de los
trabajadores, derivado del principio de garantía de descanso previsto por el
artículo 53 de la Constitución Política, consistente en la concesión de 15 días no
laborables remunerados18, que de manera excepcional ha de ser reconocido
monetariamente en los términos de Decreto ley 1045 de 197819, que dispone:

Artículo 20º.- De la compensación de vacaciones en dinero. Las vacaciones solo
podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos:

a) Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar
perjuicios en el servicio público, evento en el cual solo puede autorizar la
compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año;

42
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”.
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación número: 08001-23-33-000-2014-90305-
01(2143-19). Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020).

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32

b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente
del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en la sentencia de unificación CE-SUJ2
5 de 25 de agosto de 201620, la sección segunda de esta Corporación estableció,
entre otras subreglas, que el reconocimiento de prestaciones, derivado de la
nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral,
procede a título de restablecimiento del derecho, pues al trabajador ligado
mediante contratos de prestación de servicios, «[...] pese a su derecho a ser
tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos
vinculados a través de una relación legal y reglamentaria […] le fue cercenado su
derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la
Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para
esconder en la práctica una relación de trabajo».

Por ende, al haber declarado la existencia de una relación laboral entre el
supuesto contratista y la Administración, corresponde compensarle al primero el
derecho a descansar de sus labores y a la par recibir remuneración ordinaria,
pero comoquiera que el daño de impedirle el goce de tal período se encuentra
consumado, ha de compensársele con dinero esa garantía en los términos del
aludido artículo 20 del Decreto ley 1045 de 1978, así como de la Ley 995 de
200521.»

Así, y definida como se encuentra la naturaleza del concepto de vacaciones,
y la procedencia de su reconocimiento con ocasión de la existencia de un
contrato realidad, para esta Sala no hay lugar a los planteamientos esbozados
por la recurrente en su escrito de alzada, encaminados a enervar la decisión
del a quo de disponer el reconocimiento y pago, además de las otras
prestaciones sociales, de las vacaciones.

ii) Durante la vinculación laboral con la empresa de servicios temporales
SET Laboral S.A.S.: En cuanto a las diferencias de salarios y prestaciones
sociales que reclama durante el tiempo en que estuvo vinculada por la EST, la
Subsección debe señalar que la relación jurídica existente entre la empresa
de servicios temporales y el trabajador en misión que lleva a cabo la prestación
personal del servicio, existe un verdadero contrato de trabajo o relación
laboral, regido por la normatividad laboral del Código Sustantivo del Trabajo43.

En lo que respecta al salario a devengar por parte de los trabajadores en
misión, se advierte que el artículo 79 de la Ley 50 de 1990 reguló lo siguiente:
«ARTÍCULO 79. Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario
ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que
desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de
antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar
de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores
en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación.
[…]» (Negrita de la subsección)

De conformidad con la norma transcrita, la Sala considera que por voluntad
del legislador se dispuso que los trabajadores en misión, como parte de la
planta de personal de las empresas de servicios temporales deben ser
remunerados en las mismas condiciones que aquellos empleados de planta

43
Ley 50 de 1990, artículo 75. A los trabajadores en misión se les aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto
en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen laboral.

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que cumplan la misma función de la entidad pública en donde se preste el
servicio.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia del 23 de
marzo de 2000, advirtió sobre el carácter garantista de la regulación de las
empresas de servicios temporales:

«Fue muy claro el legislador [Ley 50 de 1990], en la ponencia para segundo
debate, en señalar normas muy precisas tendientes a la protección de los
derechos de los trabajadores temporales, en cuanto a su remuneración,
prestaciones sociales y salud ocupacional; así como en la prescripción de
disposiciones relativas a la constitución y requisitos para el funcionamiento
de las empresas temporales, con el fin de eliminar los abusos contra esta
clase de trabajadores, que denominó el legislador “de planta” y “de misión”;
por ello, se estableció taxativamente, con el fin de respetar el principio
de “a igual trabajo igual salario”, que el personal temporal percibirá
el mismo salario ordinario del trabajador contratado directamente por
la empresa usuaria y que desempeñe idénticas funciones, haciendo la
salvedad con respecto a diferenciales por razones de antigüedad.»44
(negrita de la Subsección)

Concordante con lo anterior, se advierte en el expediente45 que mientras la
señora Galeano Velasco estuvo vinculada a través de la EST SET Laboral
S.A.S., laboró como odontóloga en la Unidad de Negocios Hospital de Usme,
mediante contrato por obra o labor entre el 16 de junio de 2009 y el 31 de
marzo de 2010, tiempo durante el cual le fueron cancelados salarios y
prestaciones sociales.

Dicha certificación fue puesta de presente a las partes en audiencia de
pruebas celebrada el 13 de enero de 2017, sin que ninguna de ellas hubiese
efectuado manifestación alguna o indicara su oposición a lo allí referenciado.

Igualmente consta certificación46 expedida por la misma empresa, en la que
se informa que la interesada estuvo afiliada al Sistema de Seguridad Social
Integral, esto es, salud, pensión riesgos profesionales y caja de compensación
familiar.

De la declaración recibida a la señora Lucy Clemencia del Consuelo Pulido
González se desprende que a la demandante, en su calidad de profesional de
odontología, no le eran reconocidos los mismos valores salariales, que a
aquellos profesionales que ostentaban las mismas calidades, y que estaban
vinculados a la planta de personal de la entidad.

En ese sentido, y dado que en el plenario no obra documento o prueba que
permita identificar los valores percibidos por los empleados vinculados con el
Hospital, la condena efectuada por el tribunal de primera instancia (en lo que
toca al lapso de vinculación a través de SET Laboral S.A.S.), deberá
entenderse en el sentido de reconocer y pagar las diferencias por concepto de
prestaciones sociales y salario, que se logren comprobar entre lo devengado
por la demandante y lo que debió recibir en igualdad de condiciones que un
odontólogo de la planta de personal del ente hospitalario, durante el periodo

44
M.P. Ana Margarita Olaya Forero, sentencia del 23 de marzo del 2000, proceso con radicado 570-98.
45
Folio 296, C1.
46
Folio 53, C1.

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en el que estuvo vinculada como trabajadora por obra o labor, esto es, entre
el 16 de junio de 2009 y el 31 de marzo de 2010.

Cuarto problema jurídico

¿Hay lugar a reembolsar a la demandante las sumas pagadas por concepto
de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión?

Al respecto la Sala sostiene la siguiente tesis: de conformidad con la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, el reconocimiento al que hay lugar
en materia de seguridad social, específicamente frente a los aportes a salud y
pensión, comprende únicamente el pago de los porcentajes que debieron
haber sido cotizados por el empleador al fondo de pensión respectivo, durante
el tiempo en que se acreditó la relación laboral.

Sea lo primero indicar que que en el caso concreto la orden de devolución de
aportes a seguridad social en pensión y salud no fue objeto de apelación por
parte de la demandada, pues sobre este punto sus argumentos se encuentran
dirigidos de manera general a la improcedencia del reconocimiento y pago de
tales aportes a favor de la demandante. Sin embargo, extender el argumento
del recurso a la orden impartida por el juez de primera instancia, no comprende
para esta Sala vulneración al principio de la no reformatio in peius en tanto
que, si bien a primera vista la devolución de dichos aportes implica un aumento
patrimonial en favor de la señora Ángela Ximena Galeano Velasco, lo cierto es
que la orden dada por el a quo desconoce la naturaleza y finalidad de los
aportes a seguridad social en salud y pensión, conforme pasa a explicarse.

Como se indicó en precedencia, la sentencia de unificación del 26 de agosto
de 2016 ordenó al Juez Administrativo estudiar en todos los procesos en los
cuales proceda el reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad,
aunque no se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a las
cotizaciones adeudadas por la administración al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones

Dicha circunstancia conlleva a que, con fundamento en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, también se verifiquen los aspectos
relacionados con la orden impartida por el tribunal de primera instancia de
devolver los aportes efectuados por la interesada al Sistema de Seguridad
Social en Salud, por razón de su naturaleza y finalidad.

Así, la mencionada providencia de unificación del 9 de septiembre de 2021,
sostuvo en materia de devolución de aportes a salud y pensión lo siguiente:

«[…]
161. Finalmente, por albergar el fundamento de la interpretación que aquí se
adopta, merece especial consideración lo señalado por la misma Corte
Constitucional en la Sentencia C-895 de 2009, que frente a la protección
constitucional de los recursos de la Seguridad Social y la destinación específica
de los aportes a salud y pensión, expuso, de manera concreta, lo siguiente:

Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido de
manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de
Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la
denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas
moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden

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35

ser utilizados para propósitos distintos a los relacionados con la
seguridad social debido a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance
del artículo 48 de la Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo
siguiente:

“En relación con dicho precepto superior [artículo 48 CP] la Corte
Constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a
examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad
social que se encuentren depositados en entidades financieras en
liquidación para asegurar precisamente el mandato de destinación y
utilización exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad
social.

Al respecto la Corte ha hecho énfasis en i) la naturaleza parafiscal de
los recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en
pensiones ii) en el tratamiento particular que debe dársele a dichos
recursos en los procesos de liquidación de las entidades financieras y
iii) en la imposibilidad de asimilar el caso de los depósitos de recursos
parafiscales de la seguridad social en las entidades financieras con las
indemnizaciones debidas por concepto de contratos de reaseguro de
las enfermedades de alto costo”.

3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los
recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud (C-
577/97, C-542/98, T-569/99, C1707/00) como en pensiones (C-179/97),
llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos,
copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones
parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen,
fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a
determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones
y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la
tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones (C086/02, C-789/02). [Negrilla fuera de texto].

162. En definitiva, es claro que las anteriores sentencias se encuentran en
armonía con el artículo 48 de la Carta, que consagra expresamente que «no se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella»,47 […].

163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la Seguridad Social,
el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 ordena a las empresas
promotoras de salud (EPS) manejar los recursos provenientes de las cotizaciones
de los afiliados «en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la
entidad». Esto, porque tales dineros únicamente pueden ser previstos y
empleados para garantizar la prestación de los servicios sanitarios en los dos
regímenes (subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para otros
presupuestos. Asimismo, estos recursos ostentan la condición de ingresos no
gravados fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal (establecida en la Ley 100
de 1993, en desarrollo del artículo 48 constitucional) prohíbe su destinación y
utilización para fines distintos a los consagrados en ella.

164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección48 a considerar
improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el contratista, a
pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral

47
Corte Constitucional, Sentencia C – 824 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimy Yepes.
48
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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36

encubierta. Como se ha indicado, en función de su naturaleza parafiscal,49 estos
recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto,
independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud, no
constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era garantizar la
prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el
sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos
pretenda el actor ejercer».50

165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha
contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla,51 no es procedente
ordenar su devolución, aunque se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta. Además, reembolsar estos aportes implicaría contradecir al
legislador, cuya voluntad, como se expuso, buscaba que su recaudo fuera
directamente a las administradoras de servicios de salud, por tratarse, se itera,
de contribuciones de pago obligatorio con una destinación específica y con
carácter parafiscal.

166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de
precisar que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las
contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración,
es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese
realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

De lo que se sigue la improcedencia del traslado de montos reconocidos por
concepto de salud, a favor de la persona beneficiaria de un contrato realidad.

En cuanto al pago de las cotizaciones realizadas al sistema de seguridad
social en pensiones, este aspecto de retribución, originado en la declaración
de la existencia de la relación laboral, se acompasa con la imprescriptibilidad
de los derechos pensionales en los términos definidos en la sentencia de
unificación del 26 de agosto de 2016, y a los que se aluden en acápite
precedente.

Se reitera pues que, dicha prerrogativa no ampara la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista,
sino las cotizaciones adeudadas que podrían afectar la liquidación del monto
pensional, y que se derivan de la relación de trabajo comprobada, que
comprende la obligación, a cargo del empleador, de efectuar los
correspondientes aportes al sistema.

De manera que no hay lugar a la reclamación de devolución de los pagos
efectuados por este concepto por parte del contratista, sino al efectivo pago
del porcentaje de cotización al sistema pensional que le correspondía al
contratante por virtud de la mencionada relación de trabajo.

En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una
relación laboral encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia
49
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001 23
33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
50
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
51
Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto 1273
de 2018 « Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3
del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago
y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores
independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Trabajo»

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de seguridad social, solo abarca la obligación de la administración de
determinar mes a mes si existe diferencia entre los porcentajes de cotización
que se debieron efectuar por ésta y los realizados por el contratista para, en
consecuencia, cotizar al respectivo fondo la suma faltante por concepto de
aportes a pensión, en el porcentaje que le concernía como empleador.

Por tal motivo, en aplicación de las reglas de unificación aludidas, no resulta
procedente la devolución de los valores pagados por la demandante por
concepto de salud; y el reconocimiento a que hay lugar, en materia pensional,
solo comprende el traslado de los aportes al fondo respectivo, en el porcentaje
que le correspondía al contratante, conforme quedó suficientemente aclarado
en líneas que anteceden.

Ahora, no puede la Subsección soslayar que de conformidad con la
certificación visible a folio 53 del plenario, la empresa de servicios temporales
SET Laboral S.A.S., afilió a la demandante al sistema de seguridad social en
pensiones y, en consecuencia, en cumplimiento de su obligación legal, efectuó
los aportes correspondientes.

Sin embargo, y conforme quedó expuesto en líneas precedentes la afirmación
efectuada por la testigo Pulido González, no controvertida por el Hospital, y
sustentada en la diferencia salarial percibida por la demandante en relación
con lo devengado por el personal de planta de la entidad, conlleva a que la
demandada realice el cálculo correspondiente a la mencionada diferencia,
durante el tiempo en que estuvo prestando sus servicios por intermedio de la
EST, y, por consiguiente reconozca y traslade el porcentaje que le
correspondía como empleadora, al fondo de pensiones respectivo.

Lo anterior, sin perder de vista el reconocimiento que le compete en materia
pensional por razón de la existencia de la relación laboral comprobada, incluso
la derivada durante el tiempo en que la demandante prestó sus servicio por
intermedio de la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral Salud.

Por último huelga mencionar que, de conformidad con lo dispuesto en la
audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 del CPACA, de la que
consta acta visible de folios 380 a 382 del expediente, la empresa social del
estado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., sustituyó
procesalmente al Hospital de Usme I Nivel E.S.E., lo que no genera alteración
de la relación jurídico sustancial.

Decisión de segunda instancia

Por las razones expuestas la Subsección modificará el ordinal segundo de la
sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo
Cundinamarca al siguiente tenor:

«A título de restablecimiento del derecho, condenar a Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E. como sucesora procesal del Hospital de Usme I
Nivel E.S.E. a reconocer y pagar a la señora Ángela Ximena Galeano Velasco
las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, causadas
durante el periodo laboral comprendido entre el 6 de mayo de 2008 y el 15 de
junio de 2009, y entre el 1.º de abril de 2010 y el 31 de octubre de 2013, periodos
durante los cuales prestó el servicio como odontóloga al Hospital de Usme I Nivel
E.S.E. por intermedio de la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral
Salud y de manera directa, respectivamente, para lo cual se tomará como base

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de liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de
prestación de servicios.

En lo que toca a las prestaciones sociales de orden legal, reclamadas por el
tiempo laborado al servicio del ente hospitalario, por intermedio de la empresa de
servicios temporales SET Laboral S.A.S., esto es, entre el 16 de junio de 2009 y
el 31 de marzo de 2010, condenar a Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. como sucesora procesal del Hospital de Usme I Nivel E.S.E. a reconocer
y pagar a favor de la señora Ángela Ximena Galeano Velasco las diferencias que
por concepto de salarios y prestaciones sociales surjan entre lo devengado por
ella y lo que debió recibir en igualdad de condiciones que un odontólogo de la
planta de personal del Hospital demandado.

Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser
reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los
contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los
que entre estos, hubo interrupciones.

Condenar a Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. como sucesora
procesal del Hospital de Usme I Nivel E.S.E. a realizar las cotizaciones a pensión
a favor de la señora Ángela Ximena Galeano Velasco, por el periodo durante el
cual se comprobó la relación laboral, esto es, entre el 6 de mayo de 2008 y el 31
de octubre de 2013, observando para los efectos, el lapso efectivamente
ejecutado de los contratos y las determinaciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en lo que respecta a las cotizaciones al
sistema de seguridad social en pensiones, por el periodo en que prestó sus
servicios a la demandada, por intermedio de la empresa de servicios temporales
SET Laboral S.A.S., 16 de junio de 2009 a 31 de marzo de 2010, las mismas
deberán corresponder al porcentaje que debía trasladar como empleador al
fondo, una vez efectuada la liquidación respectiva del IBC, con ocasión del
reconocimiento de la diferencia salarial que llegase surgir por dicho lapso, de
conformidad con lo previsto en párrafos anteriores».

Finalmente, confirmará en todo lo demás la providencia recurrida.

De la condena en costas

Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201652 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
52
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

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gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP53, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas de segunda instancia a ninguna de las partes, toda vez que el
recurso de apelación interpuesto por la demandada prosperó en algunos de
los planteamientos en él expuestos, y la actuación de la demandante en etapa
de alegaciones de segunda instancia, aconteció como materialización de su
derecho de defensa y contradicción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar la sentencia del 15 de junio de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso la
señora Ángela Ximena Galeano Velasco en contra del Hospital de Usme I
Nivel E.S.E., sucedido procesalmente por Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E., así:
«A título de restablecimiento del derecho, condenar a Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E. como sucesora procesal del Hospital de Usme I
Nivel E.S.E. a reconocer y pagar a la señora Ángela Ximena Galeano Velasco
las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, causadas
durante el periodo laboral comprendido entre el 6 de mayo de 2008 y el 15 de
junio de 2009, y entre el 1.º de abril de 2010 y el 31 de octubre de 2013, periodos
durante los cuales prestó el servicio como odontóloga al Hospital de Usme I Nivel
E.S.E. por intermedio de la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral
Salud y de manera directa, respectivamente, para lo cual se tomará como base

53
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»

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40

de liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de
prestación de servicios.

En lo que toca a las prestaciones sociales de orden legal, reclamadas por el
tiempo laborado al servicio del ente hospitalario, por intermedio de la empresa de
servicios temporales SET Laboral S.A.S., esto es, entre el 16 de junio de 2009 y
el 31 de marzo de 2010, condenar a Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. como sucesora procesal del Hospital de Usme I Nivel E.S.E. a reconocer
y pagar a favor de la señora Ángela Ximena Galeano Velasco las diferencias que
por concepto de salarios y prestaciones sociales surjan entre lo devengado por
ella y lo que debió recibir en igualdad de condiciones que un odontólogo de la
planta de personal del Hospital demandado.

Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar, solo deberán ser
reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los
contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los
que entre estos, hubo interrupciones.

Condenar a Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. como sucesora
procesal del Hospital de Usme I Nivel E.S.E. a realizar las cotizaciones a pensión
a favor de la señora Ángela Ximena Galeano Velasco, por el periodo durante el
cual se comprobó la relación laboral, esto es, entre el 6 de mayo de 2008 y el 31
de octubre de 2013, observando para los efectos, el lapso efectivamente
ejecutado de los contratos y las determinaciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en lo que respecta a las cotizaciones al
sistema de seguridad social en pensiones, por el periodo en que prestó sus
servicios a la demandada, por intermedio de la empresa de servicios temporales
SET Laboral S.A.S., 16 de junio de 2009 a 31 de marzo de 2010, las mismas
deberán corresponder al porcentaje que debía trasladar como empleador al
fondo, una vez efectuada la liquidación respectiva del IBC, con ocasión del
reconocimiento de la diferencia salarial que llegase surgir por dicho lapso, de
conformidad con lo previsto en párrafos anteriores».

Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia recurrida.

Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia por lo brevemente
expuesto.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Ausente con permiso
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

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41

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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