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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02755-02

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-02755-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02755-02 (4852-2022)
Demandante: Irma Llinás Redondo
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso – FONPRECON

Tema: límite pensional de 25 SMLMV. Subtema 1: aplicación de la sentencia C-258
de 2013 proferida por la Corte Constitucional. Subtema 2: procedencia del ajuste
automático de las mesadas pensionales.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 13 de diciembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Irma Llinás Redondo acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad del acto mediante el cual
FONPRECON negó la solicitud dirigida a que se revocara el ajuste aplicado a su
mesada pensional y se adelantara una actuación administrativa previa. Lo anterior, al
considerar que la entidad no podía reducir automáticamente su prestación al tope de
25 SMLMV, en cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013, sin garantizar
previamente sus derechos de defensa, contradicción y debido proceso.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la pensión sustituida a favor de la demandante tuvo origen en una
prestación reconocida con fundamento en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y que,
por tanto, se encontraba comprendida dentro del ámbito de aplicación de la sentencia
C-258 de 2013. En ese sentido, concluyó que el ajuste al tope de 25 SMLMV operaba
de manera automática y no exigía adelantar una actuación administrativa previa.

Radicación: 25000-23-42-000-2015-02755-02 (4852-2022)
Demandante: Irma Llinás Redondo
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso - FONPRECON

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la
sentencia de primera instancia, tras verificar que FONPRECON no revocó, modificó
ni reliquidó la pensión reconocida, sino que materializó hacia el futuro el límite máximo
fijado por la Corte Constitucional para las mesadas causadas al amparo del régimen
especial de congresistas. Por ello, concluirá que el acto demandado no vulneró los
derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción de la demandante.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Irma Llinás Redondo, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el 5 de junio de 20151,
contra el Fondo de Previsión Social del Congreso (en adelante FONPRECON), con
las siguientes pretensiones2:

2. Que se declarara la nulidad de la respuesta del 7 de abril de 2015, mediante la
cual FONPRECON resolvió desfavorablemente la solicitud presentada por la
demandante, dirigida a que se adelantara una actuación administrativa previa en la
que pudiera ejercer su derecho al debido proceso frente a la reducción de su mesada
pensional.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a
FONPRECON dejar sin efectos la reducción aplicada a su mesada pensional desde
el 1º de julio de 2013, devolver las sumas dejadas de percibir con ocasión de dicha
disminución, debidamente actualizadas, y adelantar la actuación administrativa
correspondiente, con plena garantía de los derechos de defensa, contradicción y
debido proceso.

2.1.1. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

5. Mediante Resolución 000512 del 17 de julio de 1997, FONPRECON sustituyó
a favor de Irma Llinás Redondo una pensión de jubilación.

6. FONPRECON le comunicó a la demandante, el 16 de julio de 2013, que en
cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, su mesada
pensional sería ajustada al tope de 25 SMLMV.

7. La demandante afirmó que, a partir de la mesada correspondiente a julio de
2013, la entidad aplicó dicha reducción, pues pasó de recibir $18.207.408 a
$12.431.868.

1 Cuaderno principal, 61 a 73.
2 Cuaderno principal, pretensiones visibles, pp. 61 a 62.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2015-02755-02 (4852-2022)
Demandante: Irma Llinás Redondo
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso - FONPRECON

8. Indicó que la disminución de la mesada se efectuó sin que FONPRECON
hubiera adelantado una actuación administrativa previa en la que pudiera ejercer sus
derechos de defensa y contradicción.

9. Señaló que la sentencia C-258 de 2013 contemplaba distintas situaciones
frente a la revisión, reajuste o reliquidación de las pensiones reconocidas con
fundamento en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual, en su criterio, la
entidad debía garantizar el debido proceso antes de aplicar la reducción.

10. La demandante solicitó a FONPRECON, el 19 de marzo de 2015, que
adelantara la actuación administrativa correspondiente, con el fin de ejercer su
derecho al debido proceso frente a la reducción de su mesada pensional.

11. Mediante respuesta del 7 de abril de 2015, FONPRECON resolvió
desfavorablemente la solicitud presentada y mantuvo la reducción aplicada a la
mesada pensional de la demandante.

12. La parte demandante sostuvo que dicha actuación vulneró el artículo 29 de la
Constitución Política y las normas del CPACA que regulan el debido proceso
administrativo, en tanto la reducción se efectuó de manera directa, sin actuación
administrativa previa, sin oportunidad de defensa y sin una decisión que analizara su
situación particular.

13. Finalmente, indicó que agotó el requisito de procedibilidad, según consta en el
acta de conciliación extrajudicial del 2 de junio de 2015.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

14. En la demanda se invocaron como normas vulneradas el artículo 29 de la
Constitución Política; el inciso tercero del artículo 2, el inciso segundo y el numeral 1
del artículo 3, y los artículos 10, 34, 42, 93 y 102 de la Ley 1437 de 2011.

15. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante adujo que
FONPRECON desconoció el derecho fundamental al debido proceso, al reducir
directamente la mesada pensional de Irma Llinás Redondo, con fundamento en la
sentencia C-258 de 2013, sin adelantar previamente una actuación administrativa en
la que pudiera ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

16. Adujo que, aunque la Corte Constitucional ordenó ajustar las mesadas
pensionales reconocidas con fundamento en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 al tope
de 25 SMLMV, dicha orden no autorizaba a la administración para actuar de plano ni
para omitir el procedimiento administrativo correspondiente.

17. Refirió que la sentencia C-258 de 2013 establece distintas situaciones frente a
la revisión, reajuste o reliquidación de las pensiones, por lo que FONPRECON debía
verificar la situación particular de cada pensionado antes de aplicar la reducción.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2015-02755-02 (4852-2022)
Demandante: Irma Llinás Redondo
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso - FONPRECON

18. Agregó que la actuación administrativa era necesaria, no solo por el mandato
general del artículo 29 de la Constitución Política, sino porque las normas del CPACA
obligan a las autoridades a sujetar sus decisiones a los procedimientos legalmente
establecidos, con garantía de los derechos de representación, defensa y
contradicción.

19. Afirmó que FONPRECON también desconoció el deber de aplicación uniforme
de las normas y la jurisprudencia, pues, según afirmó, existían decisiones del Consejo
de Estado en las que se había ordenado garantizar el debido proceso antes de
efectuar reducciones pensionales en cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013.

20. Manifestó que la entidad omitió darle la oportunidad de expresar sus
argumentos, solicitar pruebas y controvertir la medida antes de que se adoptara una
decisión que afectaba directamente el monto de su mesada pensional.

21. Por último, dijo que FONPRECON debió revocar la reducción aplicada, por ser
contraria a la Constitución y a la ley, y por causarle un agravio injustificado, razón por
la cual solicitó la nulidad del acto demandado y el correspondiente restablecimiento
del derecho.

2.2. Contestación de la demanda

22. FONPRECON se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que
carecían de sustento fáctico y jurídico, pues, en su criterio, la sentencia C-258 de 2013
sí resultaba aplicable a la pensión sustituida a favor de la demandante y el ajuste
automático al tope de 25 SMLMV no requería actuación administrativa previa3.

23. Frente a los hechos, aceptó que, mediante oficio 20132210068251 del 16 de
julio de 2013, comunicó a Irma Llinás Redondo la ejecución de la orden impartida por
la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013.

24. No obstante, precisó que no era cierto, en la forma planteada en la demanda,
que la mesada pensional girada correspondiera al monto allí indicado, pues el valor
bruto de la mesada para el año 2013 ascendía a $14.737.000, equivalente a 25
SMLMV.

25. En cuanto a la ausencia de actuación administrativa previa, destacó que,
aunque esta no se adelantó, ello no implicaba irregularidad alguna, porque la
aplicación del ajuste automático al tope de 25 SMLMV no exigía agotar un
procedimiento administrativo.

26. Indicó que la orden de ajuste automático prevista en la sentencia C-258 de 2013
era aplicable a todas las mesadas pensionales reconocidas con fundamento en el
régimen especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

3 Cuaderno principal, 104 a 115.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2015-02755-02 (4852-2022)
Demandante: Irma Llinás Redondo
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso - FONPRECON

27. En esa línea, explicó que la pensión de jubilación del causante fue reconocida
por FONPRECON mediante Resolución 1412 del 27 de diciembre de 1994, con
fundamento en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, y que, con ocasión de su
fallecimiento, dicha prestación fue sustituida a favor de Irma Llinás Redondo mediante
Resolución 0512 del 17 de julio de 1997.

28. Informó que, aunque la demanda se dirigía contra el oficio 20152100033621
del 7 de abril de 2015, mediante el cual FONPRECON negó el inicio de una actuación
administrativa, el concepto de violación realmente cuestionaba la aplicación misma de
la sentencia C-258 de 2013 y la presunta vulneración del debido proceso por no
haberse adelantado un trámite previo.

29. Destacó que la medida de ajuste automático era autónoma frente a las demás
órdenes contenidas en la sentencia C-258 de 2013, por lo que no podía confundirse
con los eventos de revocatoria o reliquidación de pensiones reconocidas con abuso
del derecho o fraude a la ley, supuestos en los cuales sí resultaba necesario adelantar
el trámite correspondiente.

30. Agregó que la Corte Constitucional, en las sentencias T-392 de 2015 y T-615
de 2015, desvirtuó la tesis según la cual era necesario adelantar un procedimiento
administrativo previo para aplicar el tope de 25 SMLMV, pues dicha exigencia
resultaría contraria a la cosa juzgada constitucional, a la supremacía de la Constitución
y a los principios de sostenibilidad financiera, solidaridad, universalidad e igualdad.

31. En ese sentido, expuso que FONPRECON se limitó a dar cumplimiento estricto
a la sentencia C-258 de 2013 y al artículo 48 de la Constitución Política, adicionado
por el Acto Legislativo 01 de 2005, razón por la cual el acto demandado conservaba
su presunción de legalidad.

2.3. Sentencia de primera instancia

32. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 13 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante4, en los
siguientes términos:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Sin condena en costas.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, por la Secretaría de la Sección
devuélvase al interesado el remanente de la suma que se ordenó pagar para gastos
ordinarios del proceso, si los hubiere y archívese el expediente.

33. Para resolver el asunto, el Tribunal planteó como problema jurídico determinar

4 Cuaderno principal, pp. 184 a 188.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2015-02755-02 (4852-2022)
Demandante: Irma Llinás Redondo
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso - FONPRECON

si FONPRECON vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa de la
demandante, al reducir de manera automática su mesada pensional al tope de 25
SMLMV.

34. En primer lugar, encontró acreditado que FONPRECON reconoció una pensión
de jubilación al señor Hernán Berdugo Berdugo mediante Resolución 1412 del 27 de
diciembre de 1994 y que, con ocasión de su fallecimiento, dicha prestación fue
sustituida a favor de Irma Llinás Redondo mediante Resolución 000512 del 17 de julio
de 1997.

35. También tuvo por probado que, mediante oficio del 16 de julio de 2013,
FONPRECON le informó a la demandante que, en cumplimiento de la sentencia C-
258 de 2013, su mesada pensional sería ajustada al tope de 25 SMLMV vigentes a
partir de julio de ese año.

36. El Tribunal precisó que, según la sentencia C-258 de 2013, las pensiones
reconocidas con fundamento en el régimen especial previsto en el artículo 17 de la
Ley 4ª de 1992 no podían superar el tope de 25 SMLMV desde el 1º de julio de 2013,
incluidas aquellas adquiridas de buena fe.

37. Explicó que la aplicación de dicho tope no debía confundirse con los eventos
en los que la administración pretendiera revocar o reliquidar pensiones reconocidas
con abuso del derecho o fraude a la ley, pues solo en estos últimos supuestos era
necesario adelantar una actuación administrativa con plena garantía del debido
proceso.

38. En ese sentido, en el caso de la demandante, la reducción de la mesada podía
efectuarse de manera automática, dado que no se trataba de desvirtuar la presunción
de legalidad del acto que reconoció la pensión, sino de aplicar directamente el límite
fijado por la Corte Constitucional.

39. Aunque el Tribunal reconoció que en algunos pronunciamientos de tutela el
Consejo de Estado había protegido el derecho al debido proceso en casos similares,
advirtió que la Corte Constitucional, en la sentencia T-392 de 2015, revocó una
decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que había
considerado la necesidad de adelantar un procedimiento previo para aplicar el tope
pensional.

40. Por lo anterior, concluyó que FONPRECON actuó conforme a derecho al
ajustar la mesada pensional de la demandante al límite de 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, razón por la cual mantuvo la legalidad del acto demandado y
negó las pretensiones.

2.4. Recurso de apelación

41. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y solicitó que fuera revocada, para que, en su lugar, se accediera a

6

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Demandante: Irma Llinás Redondo
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las pretensiones de la demanda5:

42. Como fundamento de inconformidad, dijo que el Tribunal no analizó de fondo
la controversia planteada, pues se limitó a afirmar que FONPRECON actuó conforme
a derecho, sin valorar adecuadamente los argumentos de la demanda, las pruebas
allegadas al proceso ni la presunta vulneración del debido proceso.

43. Reiteró que el debate consistía en determinar si FONPRECON podía reducir
automáticamente la mesada pensional de la demandante al tope de 25 SMLMV, con
fundamento en la sentencia C-258 de 2013, sin adelantar previamente una actuación
administrativa que garantizara sus derechos de defensa, contradicción y acceso
efectivo a la administración de justicia.

44. Manifestó que, aunque la Corte Constitucional ordenó ajustar las pensiones
reconocidas bajo el régimen especial de congresistas, dicha decisión previó distintas
situaciones jurídicas, razón por la cual la entidad debía verificar el caso concreto de la
demandante antes de aplicar la reducción, con el fin de evitar una interpretación
errónea, excesiva o arbitraria de la sentencia.

45. Relató que FONPRECON aplicó la reducción de manera automática, sin
informarle previamente la actuación que pretendía adelantar, sin permitirle aportar
pruebas o argumentos, sin expedir una decisión motivada susceptible de recursos y
sin aplicar el procedimiento previsto en la ley para modificar una situación pensional
reconocida mediante acto administrativo.

46. En apoyo de su postura, afirmó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo
de Estado, el cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013 no eximía a las autoridades
administrativas de garantizar el debido proceso cuando la medida afectara situaciones
pensionales particulares.

47. Finalmente, agregó que la reducción desconoció derechos adquiridos y
principios como la seguridad jurídica, la cosa juzgada, la confianza legítima y la
progresividad de los derechos laborales, pues la pensión había sido reconocida con
fundamento en normas vigentes y no podía ser disminuida automáticamente sin un
trámite previo.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

48. El despacho ponente, mediante auto del 2 de febrero de 20236, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021.

49. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio frente al recurso

5 Cuaderno principal, pp. 192 a 196.
6 Samai, índice 3

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de apelación.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

50. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

51. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:

52. ¿La entidad demandada vulneró los derechos al debido proceso, a la defensa
y a la contradicción de la demandante, al ajustar de manera automática su mesada
pensional al tope de 25 SMLMV, con fundamento en la sentencia C-258 de 2013, sin
adelantar previamente una actuación administrativa particular?

53. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes aspectos:
(i) Sentencia C-258 de 2013 proferida por la Corte Constitucional; (ii) procedencia del
ajuste automático de las mesadas pensionales al tope de 25 SMLMV; (iii) topes
pensionales; (iv) hechos probados; y (v) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos formulados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Sentencia C-258 de 20137 proferida por la Corte Constitucional

54. La Corte Constitucional precisó que la aplicación del tope de 25 SMLMV a las
mesadas reconocidas con fundamento en el régimen especial de congresistas no
constituye una medida regresiva, sino que materializa el límite máximo previsto por el
ordenamiento jurídico en materia pensional, particularmente a partir de la Ley 797 de
2003 y del Acto Legislativo 01 de 2005:

Tal como se señaló en las sentencias C–089 de 1997 y C–155 de 2007, debe acudirse
a las reglas de tope contenidas en la normativa legal y constitucional vigente, pues
ellas reflejan la decisión democrática del Congreso en ejercicio de su facultad de
establecer leyes y de reformar la Constitución. Así, tanto la Ley 797 de 2003 como el
Acto Legislativo 01 de 2005 coinciden en una regla de tope de 25 smmlv, ese ha sido
el criterio razonable fijado por el Congreso a partir de amplios debates y con
fundamento en diferentes estudios aportados por el Ministerio de Hacienda y otros

7 Corte Constitucional, sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.

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organismos públicos encargados de velar por la sostenibilidad del sistema de
pensiones. De igual manera, y como se explicó en precedencia, en ausencia de norma
expresa en el régimen especial, rige la del sistema general de pensiones, conforme a
la cual las pensiones sí están sujetas a tope y, ese tope es 25 smlmv. Para la Sala,
ese criterio razonable debe tomarse en consideración en esta oportunidad con miras
a eliminar los obstáculos que la inexistencia de topes en el régimen derivado del
artículo 17 de la Ley 4 de 1992 genera.

55. También estableció tres reglas para la aplicación de la sentencia C-258 de
2013. En primer lugar, que a partir de dicha providencia, ninguna pensión causada
bajo el régimen especial de congresistas, previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de
1992, podía reconocerse o liquidarse por fuera de las condiciones fijadas en la
interpretación conforme a la Constitución. En segundo lugar, indicó que, como efecto
inmediato del fallo y sin necesidad de reliquidación, desde el 1º de julio de 2013
ninguna mesada podía exceder el tope de 25 SMLMV, razón por la cual debían «ser
reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa». Finalmente,
precisó que, para revocar o reliquidar pensiones reconocidas con fundamento en ese
régimen, cuando hubieran sido obtenidas con fraude a la ley o abuso del derecho,
debía adelantarse un procedimiento administrativo con observancia del debido
proceso, cuyas decisiones serían susceptibles de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

56. Ahora bien, resulta pertinente destacar que el órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional diferenció entre las pensiones adquiridas con fraude a la ley o abuso
del derecho y aquellas respecto de las cuales no se configuraban tales circunstancias.

57. Frente a estas últimas, distinguió dos situaciones. La primera corresponde a los
derechos pensionales causados al amparo del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 8, con
cumplimiento de los requisitos legales, conforme a los criterios jurisprudenciales
vigentes, bajo la convicción de actuar de buena fe y con inclusión de los factores
salariales de cotización definidos por el Gobierno nacional.

58. La segunda se refiere a aquellos casos que, aunque no encuadraban en las
hipótesis de fraude a la ley o abuso del derecho, tampoco permitían predicar el
cumplimiento pleno de las condiciones exigidas para beneficiarse del régimen
pensional previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

59. Esta distinción se explica porque la Corte Constitucional advirtió que el régimen
previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 se extendió a funcionarios que, para el
1º de abril de 1994, no estaban cobijados por dicho régimen especial y, por tanto, no
podían beneficiarse de sus reglas. En criterio de la Corte, en esos eventos se produjo
una liquidación o reliquidación pensional desproporcionada frente a la que habría
correspondido conforme a una interpretación ajustada a la Constitución.

60. A partir de esa diferencia, la Corte fijó consecuencias distintas. Respecto de

8 «por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se

dictan otras disposiciones».

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quienes sí estaban amparados por el régimen especial al 1º de abril de 1994 y
cumplieron los requisitos legales para acceder a la pensión, señaló que sus mesadas
debían ajustarse al límite de 25 SMLMV, sin necesidad de adelantar reliquidaciones
caso por caso. En esos eventos, precisó que no se trataba de una nueva liquidación
de la prestación, sino de un ajuste hacia futuro al tope máximo definido por el
constituyente como razonable.

61. En cambio, frente a las pensiones reconocidas con fundamento en el artículo
17 de la Ley 4ª de 1992, pero sin el cumplimiento integral de las exigencias para
acceder a ese régimen —según la interpretación fijada por la Corte—, aun cuando no
se configurara fraude a la ley o abuso del derecho, dispuso que las entidades
competentes debían revisar o reliquidar las mesadas correspondientes, mediante el
procedimiento administrativo previsto en los artículos 19 o 20 de la Ley 797 de 2003.

62. En relación con este último supuesto, la Corte indicó que la revisión podía
proceder incluso cuando la mesada estuviera por debajo del tope de 25 SMLMV,
siempre que no se afectara el derecho al mínimo vital. Por ello, en la parte resolutiva
de la sentencia C-258 de 2013 ordenó que, en los demás casos de pensiones
reconocidas de manera contraria a las reglas allí fijadas, las autoridades encargadas
de su reconocimiento y pago adoptaran las medidas necesarias para hacer efectivo el
fallo, con aplicación, en lo pertinente, de los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003.

3.3.2. Procedencia del ajuste automático de las mesadas pensionales al tope de
25 SMLMV

63. FONPRECON expidió la Resolución 443 de 12 de julio de 2013, mediante la
cual, con fundamento en la obligatoriedad del aludido fallo judicial, estableció:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar las medidas tendientes al cumplimiento de las órdenes
impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas del
Fondo de Previsión Social del Congreso que se realicen las modificaciones pertinentes
al Sistema de Nómina de Pensionados del Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República, parametrizándolo a efecto de que, a partir del 1 de julio de 2013, ninguna
mesada pensional supere los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

[…]

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar a todos y cada uno de los pensionados del Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República cuya mesada pensional supere 25
SMLMV, que a partir del 1 de julio de 2013 su mesada pensional será ajustada al tope
de 25 SMLMV conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-
258 de 2013.

64. A su vez, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-615 de 20159,

9 Corte Constitucional, sentencia T-615 de 28 de septiembre de 2015.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-02755-02 (4852-2022)
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estableció que la Resolución 443 de 2013 es un acto general de cumplimiento de una
sentencia judicial no susceptible de control de legalidad en los siguientes términos:

En consecuencia, se advierte que la Resolución No. 0443 de 12 de julio de 2013, no
constituyó un acto general que arbitrariamente y de manera irrazonable hubiese
modificado la situación jurídica de los accionantes y que hubiera debido expedirse
como un acto administrativo de carácter particular. Por el contrario, éste reúne las
características de un acto de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la
Corte Constitucional, la cual debe ser acatada por todas las autoridades públicas.

Sobre el particular, es menester resaltar que la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha señalado que los actos dirigidos a dar cumplimiento a una orden de carácter judicial
no son susceptibles del control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ni pueden ser objeto de acciones judiciales, porque ello implicaría
desconocer una decisión judicial con carácter de cosa juzgada. En efecto, ha indicado
el Consejo de Estado que, aún si en gracia de discusión se aceptase la procedencia
de la nulidad sobre un acto administrativo de ejecución, la consecuencia jurídica de
ello sería la repetición de lo ordenado en la sentencia. En este sentido, la iniciación
interminable de acciones judiciales o de recursos en la vía gubernativa dirigidos a
controvertir actos de ejecución, devendría en la inobservancia del principio de cosa
juzgada, e impediría la resolución efectiva de los conflictos suscitados en el marco de
las distintas jurisdicciones.

65. Esta Corporación10, al estudiar una demanda dirigida a obtener la nulidad de la
Resolución 443 de 2013, precisó que dicho acto no era susceptible de control judicial,
en tanto fue expedido por FONPRECON para dar cumplimiento a la sentencia C-258
de 2013, y no con el propósito de crear, modificar o extinguir una situación jurídica
particular. Sobre el particular, señaló:

FONPRECON se limitó a dar cumplimiento a la decisión adoptada por la Corte
Constitucional en la Sentencia C - 258 del 2013, y a las órdenes contenidas en ésta,
específicamente, en lo concerniente al reajuste de las mesadas pensionales al límite
impuesto en el Acto Legislativo 01 del 2005, sin exceder los alcances de la mencionada
providencia judicial.

[…]

En este sentido, el reajuste inmediato realizado por FONPRECON no sólo dio estricto
cumplimiento a la orden impartida por la Corte Constitucional, sino que dio correcta
aplicación a una norma constitucional, como es el caso del artículo 48 superior,
adicionado por el Acto Legislativo 01 del 2005, la cual había sido inobservada antes
de la expedición de la Sentencia C - 258 del 2013.

66. Posteriormente, la Corte Constitucional, en sentencia SU-575 de 201911, reiteró
que el ajuste de las mesadas pensionales al tope de 25 SMLMV, en cumplimiento de
la sentencia C-258 de 2013, opera de manera automática y no exige el agotamiento

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de septiembre de 2016, expediente

250002342000201400189 01 (1183-2016).
11 Corte Constitucional, sentencia SU- 575 del 27 de noviembre de 2019.

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de una actuación administrativa previa, por tratarse de una orden constitucional de
obligatorio cumplimiento, con efectos erga omnes y amparada por la cosa juzgada
constitucional.

67. En esa misma línea, precisó que exigir un trámite individual antes de aplicar el
tope resultaría contrario a los fines de la sentencia C-258 de 2013, pues permitiría
mantener el pago de mesadas superiores al límite constitucional, en detrimento de los
principios de sostenibilidad financiera, universalidad, solidaridad e igualdad.

3.3.3. Topes pensionales

68. El ordenamiento jurídico ha previsto límites al monto de las pensiones, incluso
respecto de prestaciones reconocidas en regímenes especiales o amparadas por el
régimen de transición. Así, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1976 fijó como límite máximo
22 SMLMV; el artículo 2º de la Ley 71 de 198812 estableció un tope de 15 SMLMV, y
el artículo 3º del Decreto 1160 de 198913 reiteró ese mismo límite para la pensión de
jubilación por aportes.

69. Posteriormente, el parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 14 autorizó
al Gobierno nacional para limitar el monto de la pensión en el régimen de prima media
con prestación definida a 20 SMLMV, límite que fue fijado para las pensiones a cargo
del Instituto de Seguros Sociales en el artículo 2º del Decreto 314 de 1994 15. Luego,
el inciso 4º del artículo 5º16 de la Ley 797 de 200317 estableció un tope de 25 SMLMV,
que fue elevado a rango constitucional por el Acto Legislativo 01 de 200518.

70. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que el derecho a la
pensión adquirido en virtud de regímenes especiales no impide que el reconocimiento
o la reliquidación de la prestación se sujete a límites máximos, aun cuando la norma
especial no los establezca expresamente. Esta conclusión se sustentó en los
principios de igualdad, sostenibilidad financiera del sistema, interés general y
distribución equitativa de los recursos del Sistema de Seguridad Social 19.

71. En la sentencia C-089 de 1997, la Corte sostuvo que el monto máximo de 20
SMLMV resultaba aplicable a los servidores públicos excluidos del Sistema de
Seguridad Social Integral, pues una interpretación distinta conduciría a la existencia
de un grupo de pensionados privilegiados, sustraído de los límites máximos previstos

12 «por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones».
13 «por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988».
14 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
15 «Por el cual se limita la base de cotización obligatoria del Sistema General de Pensiones».
16 «El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para

trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser
hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios
mínimos legales».
17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993

y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
18 «A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos

legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública».
19 Ver sentencias de la Corte Constitucional C-089 de 1997 y T-360 de 2018.

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por la ley20.

72. Luego, en la sentencia C-155 de 1997, reiteró que la fijación legal de un límite
máximo al monto de la pensión es constitucionalmente admisible y no comporta, por
sí misma, una vulneración del derecho a la seguridad social21.

73. A su vez, la sentencia C-258 de 2013, al analizar el régimen especial de
congresistas, precisó que resulta desproporcionada y contraria a los principios del
Estado Social de Derecho la interpretación según la cual las mesadas de quienes se
encuentran en régimen de transición no están sometidas a tope alguno.

74. Finalmente, en la sentencia T-360 de 2018, la Corte concluyó que, dado que
los topes pensionales han sido una constante en el ordenamiento jurídico, no resulta
admisible entender que una mesada, por el solo hecho de provenir de un régimen
especial, pueda tener una cuantía ilimitada. En esa misma línea, recordó que, cuando
las normas especiales no prevén un límite cuantitativo, debe acudirse al tope
establecido en las reglas generales del sistema pensional22.

3.4. Hechos probados relevantes para la solución del caso concreto

75. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

76. FONPRECON reconoció a favor del señor Hernán Berdugo Berdugo una
pensión mensual vitalicia de jubilación, mediante Resolución 1412 del 27 de diciembre
de 1994, efectiva a partir de la acreditación del retiro definitivo del servicio oficial y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 199223.

77. FONPRECON sustituyó a favor de la señora Irma Llinás Redondo, en calidad
de cónyuge supérstite, la pensión de jubilación reconocida al señor Hernán Berdugo
Berdugo, mediante Resolución 00512 del 17 de julio de 1997, en cuantía de
$6.013.815,21 y con efectos a partir del 12 de febrero de 199724.

78. Mediante Resolución 443 del 12 de julio de 2013, FONPRECON adoptó las
medidas tendientes al cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte
Constitucional en la sentencia C-258 de 2013. En consecuencia, ordenó a la Oficina
Asesora de Planeación y Sistemas del Fondo de Previsión Social del Congreso que
se realizaran las modificaciones pertinentes al Sistema de Nómina de Pensionados
de FONPRECON, a efectos de que a partir del 1° de julio de 2013, ninguna mesada
pensional superara los 25 SMLMV25.

79. FONPRECON informó a la señora Irma Llinás Redondo, mediante oficio del 16

20 Corte Constitucional, sentencia C-089 de 26 de febrero de 1997.
21 Corte Constitucional, sentencia C-155 de 19 de marzo de 1997.
22 Corte Constitucional, sentencia T-360 de 31 de agosto de 2018.
23 Cuaderno de pruebas, 79 a 84.
24 Cuaderno principal, pp. 4 a 6.
25 Cuaderno principal, pp. 34 a 37.

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de julio de 2013, que, de conformidad con lo ordenado en la sentencia C-258 de 2013,
su mesada pensional sería ajustada al tope máximo de 25 SMLMV, con efectos a
partir del 1º de julio de 201326.

80. La firma La Rotta, Giraldo & Riveros Abogados S.A.S. rindió concepto a
FONPRECON, el 30 de diciembre de 2013, sobre la revisión del expediente pensional
del señor Hernán Berdugo Berdugo, en el que indicó que la pensión fue reconocida
de conformidad con el artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992 y que pertenecía a la categoría
de prestaciones amparadas por la buena fe y la confianza legítima 27.

81. La señora Irma Llinás Redondo, por conducto de apoderado, solicitó a
FONPRECON, mediante petición radicada el 19 de marzo de 2015, que revocara la
reducción aplicada a su mesada pensional, iniciara una actuación administrativa en la
que pudiera ejercer su derecho de defensa frente al ajuste ordenado en la sentencia
C-258 de 2013 y le devolviera las sumas descontadas desde el 1º de julio de 2013 28.

82. FONPRECON resolvió la petición presentada por la señora Irma Llinás
Redondo, mediante oficio 20152100033621 del 7 de abril de 2015, en el sentido de
negar la revocatoria de la reducción de su mesada pensional y el inicio de una
actuación administrativa previa, al considerar que el ajuste al tope de 25 SMLMV fue
ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y debía aplicarse
de manera automática, sin necesidad de reliquidación caso por caso29.

3.5. Caso concreto

83. En el asunto bajo análisis, la controversia se centra en establecer si
FONPRECON vulneró los derechos al debido proceso, a la defensa y a la
contradicción de la demandante, al ajustar de manera automática su mesada
pensional al tope de 25 SMLMV, con fundamento en la sentencia C-258 de 2013, sin
adelantar previamente una actuación administrativa particular.

84. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la reducción
de la mesada pensional al tope de 25 SMLMV no requería una actuación
administrativa previa, porque no se trataba de revocar o reliquidar la pensión
reconocida a la demandante, sino de aplicar el ajuste automático ordenado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013.

85. En el recurso de apelación, la parte demandante insistió en que FONPRECON
desconoció el artículo 29 de la Constitución Política y las normas del CPACA que
regulan el debido proceso administrativo, al aplicar la reducción sin informarle
previamente la actuación que pretendía adelantar, sin permitirle ejercer defensa y
contradicción, y sin expedir una decisión motivada susceptible de recursos.

26 Cuaderno principal, pp. 24.
27 Cuaderno de pruebas, pp. 417 a 420.
28 Cuaderno principal, pp. 25 a 33.
29 Cuaderno principal, pp. 12 a 23.

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86. Bajo estas consideraciones, la Sala procede a resolver el problema jurídico
propuesto:

87. Descendiendo al caso concreto, se encuentra acreditado que FONPRECON
reconoció a favor del señor Hernán Berdugo Berdugo una pensión mensual vitalicia
de jubilación, mediante Resolución 1412 del 27 de diciembre de 1994, de conformidad
con el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, prestación que posteriormente fue sustituida
a favor de la señora Irma Llinás Redondo mediante Resolución 00512 del 17 de julio
de 1997.

88. También está probado que FONPRECON informó a la demandante, mediante
oficio del 16 de julio de 2013, que, de conformidad con lo ordenado en la sentencia C-
258 de 2013, su mesada pensional sería ajustada al tope máximo de 25 SMLMV, con
efectos a partir del 1º de julio de 2013.

89. De acuerdo con lo anterior, la prestación objeto de controversia se encuentra
comprendida dentro del ámbito de aplicación de la sentencia C-258 de 2013, en la
medida en que la pensión reconocida originalmente al señor Hernán Berdugo Berdugo
tuvo fundamento en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992. Así las cosas, la sustitución
pensional reconocida posteriormente a favor de la demandante conserva la naturaleza
jurídica de la prestación causada bajo dicho régimen especial y, por tanto, queda
sujeta al tope de 25 SMLMV fijado por la Corte Constitucional.

90. Ahora bien, conviene precisar que la sentencia C-258 de 2013 no estableció
excepciones frente a la aplicación del referido tope para las mesadas reconocidas con
fundamento en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992. Las distinciones efectuadas por la
Corte se orientan a determinar si, además del ajuste automático, procedía iniciar
actuaciones de revisión, revocatoria o reliquidación, bien porque la pensión hubiera
sido obtenida con fraude a la ley o abuso del derecho, o porque, sin configurarse tales
hipótesis, no se acreditaba el cumplimiento integral de las condiciones para acceder
al régimen especial. En cambio, respecto de las pensiones amparadas por la buena
fe y la confianza legítima, la medida dispuesta fue su ajuste al límite de 25 SMLMV,
sin necesidad de reliquidaciones caso por caso.

91. En ese contexto, está probado que, en el concepto rendido el 30 de diciembre
de 2013 sobre la revisión del expediente pensional del causante, se indicó que la
prestación reconocida se encontraba dentro de la categoría de pensiones amparadas
por la buena fe y la confianza legítima, de manera que, en este caso particular, no
procedía una reliquidación adicional, sino el ajuste automático de la mesada al tope
de 25 SMLMV, en los términos dispuestos por la Corte Constitucional.

92. Bajo ese marco, debe recordarse que FONPRECON expidió la Resolución 443
de 2013 con el fin de dar cumplimiento a la sentencia C-258 de 2013, acto que, como
se expuso, fue entendido por la Corte Constitucional como una actuación general de
ejecución de una providencia judicial, mediante la cual la entidad no modificó de
manera arbitraria ni irrazonable la situación jurídica de los pensionados, sino que

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adoptó las medidas necesarias para hacer efectivo el límite pensional fijado30.

93. Esta conclusión resulta concordante con la jurisprudencia de esta
Corporación31, según la cual los actos dirigidos a ejecutar una orden judicial, cuando
se limitan a cumplir lo decidido, no son susceptibles de control de legalidad autónomo,
pues permitir su discusión indefinida implicaría desconocer la cosa juzgada de la
decisión que les sirve de fundamento.

94. En esas condiciones, el ajuste automático de la mesada pensional de la
demandante no comportó una vulneración de las garantías al debido proceso, a la
defensa y a la contradicción, ni supuso el desconocimiento de un derecho adquirido o
la adopción de una medida regresiva, pues se trató de la aplicación del límite pensional
fijado por la Corte Constitucional.

95. Lo anterior obedece a que, como lo precisó la misma Corporación32, el
cumplimiento de dicha orden opera de manera automática y no exige adelantar un
proceso de reliquidación o una actuación administrativa individual previa, al tratarse
de un mandato constitucional de obligatorio cumplimiento. Exigir un trámite adicional
antes de aplicar el tope resultaría contrario a los fines de la sentencia C-258 de 2013,
en tanto permitiría que se siguieran pagando mesadas pensionales por encima de los
límites constitucionales y legales.

96. Por esa razón, FONPRECON no estaba obligado a obtener la autorización de
la demandante ni a iniciar un trámite dirigido a la revocatoria, modificación o
reliquidación de los actos pensionales, pues la entidad no estaba revisando la
legalidad de la prestación reconocida, sino materializando hacia el futuro el tope
pensional fijado por la Corte Constitucional. En consecuencia, la comunicación
mediante la cual se informó el ajuste de la mesada no requería la apertura de una
actuación administrativa previa ni la concesión de una oportunidad para controvertir la
aplicación del límite de 25 SMLMV33.

97. En este punto, resulta pertinente advertir que mantener derechos pensionales
sin limitación alguna, como lo pretende la demandante, implicaría conceder privilegios
a un grupo que se encuentra en una posición favorable frente a la mayoría, lo cual
quebrantaría los principios estructurales del sistema de seguridad social —solidaridad,
equidad y eficiencia— y desconocería la sostenibilidad financiera, necesaria para
garantizar la cobertura universal y el pago futuro de las pensiones. Por ello, el
reconocimiento de la pensión con fundamento en el régimen especial de congresistas
no impide ajustar la mesada al tope de 25 SMLMV, límite que no es novedoso y existe,

30 Corte Constitucional, sentencia T-615 del 28 de septiembre de 2015.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de septiembre de 2016, expediente

250002342000201400189 01 (1183-2016).
32 Corte Constitucional, sentencia T-615 de 28 de septiembre de 2015; sentencia SU – 575 del 27 de noviembre

de 2019.
33 Esta posición ha sido reiterada por esta Sección, entre otras: i) Subsección A, sentencia del 19 de agosto de

2021, radicado: 25000-23-42-000-2016-05607-01 (5005-2019); ii) Subsección A, sentencia del 27 de enero de
2022, radicado: 25000-23-42-000-2015-00427-01 (6135-2018); iii) Subsección B, sentencia del 26 de enero de
2023, radicado: 25000-23-42-000-2016-05960-01 (6760-2022); iv) Subsección A, sentencia del 2 de octubre de
2025, radicado: 25000-23-42-000-2016-05953-01 (3428-2021).

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al menos, desde la Ley 4ª de 197634.

98. Finalmente, frente al argumento según el cual algunas decisiones de esta
Corporación35 habrían exigido adelantar una actuación administrativa previa para
aplicar el tope pensional, la Sala advierte que dicha postura no desvirtúa la legalidad
del acto demandado. En efecto, aunque en pronunciamientos anteriores se protegió
el debido proceso en casos relacionados con la aplicación de la sentencia C-258 de
2013, la Corte Constitucional precisó posteriormente que el ajuste de las mesadas al
límite de 25 SMLMV opera de manera automática respecto de las pensiones
reconocidas con fundamento en el artículo 17 de la Ley 4.ª de 199236, sin perjuicio de
que deban adelantarse las actuaciones correspondientes cuando la administración
pretenda revisar, revocar o reliquidar la prestación por razones adicionales al simple
ajuste del tope.

99. Así las cosas, al negar la solicitud de la demandante dirigida a que se revocara
el ajuste aplicado y se iniciara una actuación administrativa previa, FONPRECON no
desconoció las garantías invocadas en la demanda, pues la reducción de la mesada
al tope de 25 SMLMV correspondió al cumplimiento directo de la sentencia C-258 de
2013.

100. Bajo las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, el 13 de diciembre de 2021.

3.6. Conclusión

101. Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que FONPRECON no vulneró los
derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción de la demandante, pues
el ajuste de su mesada pensional al tope de 25 SMLMV no implicó la revocatoria,
modificación o reliquidación de la prestación, sino el cumplimiento directo de la
sentencia C-258 de 2013.

102. En consecuencia, el acto demandado conserva su presunción de legalidad y,
en esas condiciones, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda.

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2022, radicado: 25000-23-

42-000-2015-00427-01 (6135-2018).
35 La parte demandante invocó, entre otros pronunciamientos, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia

del 17 de julio de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2013-02573-00(AC), actor: Jaime Ossa Arbeláez; así como
decisiones relacionadas con los radicados 2013-04912-01, caso Guillermo Martínez Guerra Zambrano, y las
providencias del 18 de septiembre y 23 de octubre de 2014, referidas en la demanda como precedentes sobre la
garantía del debido proceso en la aplicación de la sentencia C-258 de 2013.
36 Corte Constitucional, sentencia SU- 575 del 27 de noviembre de 2019.

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3.7. Costas

103. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 13 de diciembre de 2021, que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-02755-02 (4852-2022)
Demandante: Irma Llinás Redondo
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso - FONPRECON

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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