Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02973-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02973-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-02973-03
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-02973-03 (7348-2023)
Demandante: Henry Javier Arcos Muñoz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Llamado
en garantía: Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores
Temas: Reliquidación pensional con base en el salario devengado en
el servicio exterior
Decisión: Confirma la decisión que accede parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Condena en costas.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada contra la sentencia del 10 de agosto 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D1 que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso de la
referencia.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. El señor Henry Javier Arcos Muñoz actuando a través de apoderado, solicitó
la nulidad parcial de las siguientes resoluciones:
• UGM 014464 del 24 de octubre de 2011 por la cual CAJANAL le reconoció la
pensión de jubilación con una tasa de reemplazo del 75%, sobre el promedio de
lo devengado en los últimos 10 años de servicios, por valor de $6´653.159 y
efectiva desde el retiro definitivo del servicio.
1 Con ponencia del magistrado Israel Soler Pedroza.
2 Expediente digitalizado. Aplicativo SAMAI. Opción. Visualizar expediente. Carpeta
«004ED_25000234200020150297.zip», Archivo «01.Demanda y Anexos.pdf»
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Demandante: Henry Javier Arcos Muñoz
• UGM 046580 del 17 de mayo de 2012 por medio de la cual se resolvió el recurso
de reposición contra la anterior decisión.
• UGM 052609 del 19 de julio de 2012, a través de la cual CAJANAL modificó la
Resolución UGM 014464 del 24 de octubre de 2011.
• RDP 020740 del 21 de diciembre de 2012 por la cual la UGPP dispuso la
reliquidación de la pensión del señor Arcos Muñoz.
• RDP 012147 del 12 de marzo de 2013 emitidas por la UGPP, por la cual se
resuelve el recurso de reposición en contra de la Resolución RDP 020740 del 21
de diciembre de 2012.
3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la UGPP a
reliquidarle su prestación con lo devengado en el último año de servicios
comprendido entre el 1.° de junio de 2011 hasta el 31 de mayo de 2012 conforme
los «salarios reales» teniendo en cuenta que ha prestado sus servicios en el
exterior y de forma subsidiaria, con base en los últimos 10 años de servicios,
esto, atendiendo al tope de 25 salarios mínimos legales vigentes, establecido por
el Acto Legislativo 01 de 2005. Así mismo solicitó que se le paguen las diferencias
generadas debidamente actualizadas y que se condene en costas a la entidad
demandada.
2.1.2. Hechos.
4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
5. El señor Henry Javier Arcos Muñoz se vinculó laboralmente al Ministerio de
Relaciones Exteriores el 3 de noviembre de 1978 y laboró hasta el 31 de mayo
de 2012, devengando salarios en dólares y euros.
6. La CAJANAL E.I.C.E, a través de la Resolución UGM 014464 del 24 de octubre
de 2011 le reconoció la pensión de vejez en cuantía del 75% del promedio de lo
devengado en los últimos 10 años de servicios, comprendidos entre el 1.° de
enero de 2011, por la suma de $6´653.159.
7. Contra esta decisión interpuso recurso de reposición que fue decidido a través
de la Resolución UGM 046580 del 17 de mayo de 2012 confirmatoria de la
decisión inicial; posteriormente la entidad por Resolución UGM 052609 del 19 de
julio de 2012 modificó la primera en cuanto al valor de los aportes a pensión al
Fondo de Solidaridad.
8. Luego, mediante petición del 12 de septiembre de 2012 solicitó a la UGPP la
reliquidación de su pensión conforme lo establece el artículo 150 de la Ley 100
de 1993 y a través de la Resolución RDP 020740 del 21 de diciembre de 2012 la
UGPP reliquidó la prestación en cuantía de $6´716.105, esto es, con base en lo
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percibido durante los últimos 10 años de servicio comprendidos entre el 1.° de
junio de 2002 hasta el 30 de mayo de 2012.
9. Contra la anterior determinación interpuso recurso de apelación que fue
resuelto por Resolución RDP 012147 del 12 de marzo de 2013 en la que se
confirmó la decisión adoptada.
10. Según lo indicó, en el período que transcurrió entre el 1.° de junio de 2002 al
1.° de febrero de 2004 se desempeñó como cónsul de Colombia en Lima y del
19 de agosto de 2007 al 6 de octubre de 2009 cónsul en Quito, luego desde el 7
de octubre de 2009 al 30 de mayo de 2012 fue cónsul en Alemania, por lo que
devengó sus salarios en dólares y euros. En consecuencia, el promedio mensual
de los ingresos reales del demandante correspondió a $ 14´152.034, por lo que,
como la UGPP tomó como promedio base de liquidación la suma de $8´954.807
adoptó una tasa de reemplazo de 63.27%, que no corresponde al 75% de lo que
realmente devengaba.
11. Finalmente explicó que con el Ministerio de Relaciones Exteriores llegaron a
un acuerdo conciliatorio para que se le pagaran las diferencias en los aportes
pensionales, que fue aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
12. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 13, 25, 29, 48, 53,
58, 83, 93, 209, 229 y 243 de la Constitución Política; 2.° de la Ley 270 de 1996;
1.°, 4.°, 10, 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; 46 del Decreto 692 de 1994; 127 del
C. S. de T; 14 de la Ley 50 de 1990 y 3.° de la Ley 1437 de 2011.
13. En el concepto de violación la parte demandante sostuvo que la entidad
demandada incurrió en infracción directa de la norma en que debería fundarse
dado que la liquidación que realizó para el reconocimiento y reajuste de la
pensión de jubilación se hizo con base en unos ingresos salariales que fueron
inferiores a los que él percibió durante los últimos 10 años del servicio y que no
corresponden a los cargos desempeñados.
14. Según lo precisó, con tales actos se afectó su dignidad humana dado que se
desconocieron los salarios reales que eran los que debían servir de soporte para
establecer la cuantía de su pensión, lo cual va en contra de los derechos a la
igualdad, el debido proceso y los principios de legalidad y las garantías mínimas
fundamentales del trabajador, así como la situación más favorable en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes del derecho.
15. Con base en lo anterior, la entidad debía liquidar la pensión atendiendo al
salario real que devengó el trabajador durante los periodos en que perteneció al
Ministerio de Relaciones Exteriores desempeñando sus labores en el extranjero
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esto es sin desconocer el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
16. Igualmente precisó que la entidad demandada no dio aplicación a lo previsto
en el artículo 2 .°de la Ley 270 de 1996 así como lo establecido en la sentencia
de la Corte Constitucional C- 173 de 2004, según las cuales se debe buscar
proteger a las personas de la tercera edad frente a las contingencias de la vejez
para que preserven unas condiciones dignas de subsistencia.
17. Finalmente precisó que también se desconoció el artículo 21 de la Ley 100
de 1993 toda vez que el ingreso base de liquidación de los servidores públicos
que presten sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores debe atender a los montos reales que percibieron en el desarrollo de
sus funciones.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La UGPP3 por medio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones
con base en los razonamientos que se resumen a continuación:
18. El Ministerio de Relación Exteriores en cumplimiento de la sentencia C-173
de 2004, a partir del 1.° de mayo de 2004 empezó a aportar al Sistema General
de Seguridad Social tomado como base las cotizaciones del salario devengado
en divisas por los funcionarios de planta externa con los topes de ley.
19. Según lo indicó ese Ministerio realizó aportes en algunos periodos con lo
equivalente en la planta interna para los funcionarios que prestaron los servicios
en el exterior hasta el 30 de abril de 2004, pero posteriormente acató la obligación
legal de cotizar sobre sueldos realmente devengados en la planta externa y que
en ese entendido la entidad aplicó el régimen pensional correspondiente en
consideración a su cargo y clase de vinculación en el Ministerio.
20. Propuso como excepciones «Aplicación del régimen en su integridad»,
«prescripción», «pago» y «compensación».
2.2.2. Ministerio de Relaciones Exteriores4.
21. La apoderada de esta entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y
para tal efecto señaló que se realizaron los aportes a las pensiones en el monto
que legalmente le correspondía y de acuerdo con el salario devengado por el
demandante a partir del año 2004, esto es, atendiendo a las normas que
reglamentan la materia.
3 Ibidem. Archivo « 02.Admisión, contestación, Trasl Excepciones.pdf». Folios 83 y s.s. del documento
PDF.
4 Ibidem. Archivo «03.Llamamiento en Garantia.pdf», Folios 61 y s.s. del archivo pdf.
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22. En ese sentido el Ministerio no estaba llamado a determinar si la liquidación
y el ajuste de la mesada pensional del actor se realizó en debida forma.
23. Finalmente explicó que se produjo un acuerdo conciliatorio que fue aprobado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a la diferencia de los
aportes realizados en pensión entre el 1.° de abril de 1994 y el 30 de abril de
2004.
24. Propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva»,
«inepta demanda», «inexistencia de la obligación de pagar», «pago», «cosa
juzgada» y «genérica».
2.3. La sentencia apelada5.
25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D por medio de la sentencia del 10 de agosto 2023 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, para lo cual declaró la nulidad solicitada y como
restablecimiento ordenó a la UGPP reliquidar y pagar en forma indexada la
prestación al demandante con el 75% del salario promedio devengado en los
últimos 10 años de servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
comprendidos entre el 1.° de junio de 2002 al 30 de mayo de 2012, incluyendo la
asignación básica y la bonificación por servicios prestados conforme la
conversión de moneda extranjera a pesos colombianos, a partir del 1.° de junio
de 2012.
26. Para adoptar la anterior decisión, efectuó el siguiente razonamiento:
27. La liquidación de los aportes pensionales de quienes hicieron parte del cuerpo
diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores debe obedecer a lo realmente
devengado y no a lo percibido por el cargo equivalente en la planta interna de
conformidad con el marco normativo expuesto en el que citó los Decretos 2016
de 1968, 1253 de 1975, 10 de 1992, 1181 de 1999, 274 de 2000 y por último las
Leyes 41 de 1975 y 797 de 2003.
28. A través de las sentencia C-173 de 2004 la Corte Constitucional declaró
inexequibles algunos apartes del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 que fue
modificado por el artículo 7.° de la Ley 797 del 2003, así mismo frente al artículo
57 del Decreto 10 de 1992 la Corte señaló en sentencia C- 535 de 2005 que los
aportes para pensión y la liquidación de la misma, en el caso de funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores que presten sus servicios en la planta externa
deben hacerse conforme al salario realmente devengado y no es procedente
liquidar las prestaciones sociales ni las pensiones de ellos con base en el salario
que corresponda a un cargo equivalente en la planta interna y sobre un salario
diferente al que realmente devengó, so pena de vulnerar los derechos
fundamentales a la igualdad, la seguridad social, el mínimo vital y el principio de
5 Folio 144. Iidem
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la primacía de la realidad sobre las formalidades.
29. De acuerdo con las pruebas allegadas estableció que el 1.° de abril de 1994
el demandante contaba con más de 15 años de servicios al Estado y por tanto se
le aplicaba el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además
cumplió los 55 años de edad el 9 de enero de 2007 y también se probó que
trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que durante sus últimos años
acreditados entre el 1.° de junio de 2002 y el 30 de mayo de 2012 laboró como
cónsul general en Lima, luego como ministro consejero y cónsul general grado
ocupacional 4 EX en Ecuador y, en ese mismo cargo también se desempeñó en
Frankfurt y además se demostró que las prestaciones sociales se le pagaron
tomando el sueldo básico del cargo.
30. En ese orden de ideas, consideró que si bien es cierto el demandante
devengó las primas de costo de vida, de navidad, de servicios y de vacaciones,
además del subsidio por dependientes y la bonificación por servicios, el único
factor enlistado en el Decreto 1158 de 1994 era la bonificación por servicios que
había sido incluida en la liquidación de la pensión cuando fue reconocida y
liquidada conforme las Resoluciones 014464 de 24 de octubre de 2011 y 020740
de 21 de diciembre de 2012.
31. Según lo indicó el Consejo de Estado ha señalado que las sentencias de la
Corte Constitucional C- 173 de 2004 y C- 535 de 2005 deben aplicarse de forma
retroactiva a efectos de actualizar los salarios devengados en moneda foránea a
los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores y no
solo a partir del 1.° de mayo de 2004.
32. Igualmente estableció que debía acatarse el tope establecido por el artículo
5.° de la Ley 797 de 2003 correspondiente a los 25 s.m.m.l.v., límite entendido
respecto del monto de la mesada pensional una vez liquidada y no frente a lo
devengado por el accionante.
33. Así mismo determinó que no ocurrió la prescripción de las mesadas
pensionales dado que la accionante se retiró del servicio el 30 de mayo de 2012
y la petición de reliquidación pensional se radicó el 18 de enero de 2013, además
la demanda se radicó el 16 de junio de 2015.
34. Determinó que el demandante realizó un acuerdo conciliatorio con el
Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de los aportes efectuados en
pensiones entre el 1.° de marzo de 1995 y el 1.° de febrero de 2004, que fue
aprobado por el Tribunal Administrativo Cundinamarca el 19 de junio de 2014 y
en cumplimiento de ello fue expedida la Resolución 6695 del 27 de octubre de
2015, por la cual se ordenó el pago de $53´211.825.
35. Sin embargo como el periodo de liquidación estaba comprendido entre el 1.°
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de junio de 2002 y el 30 de mayo de 2012 estableció que en caso en que no se
hubiesen efectuado descuentos para aportes en pensión a la parte accionante
respecto de lo realmente devengado por el periodo que no fue objeto de
conciliación con el ente empleador como funcionario de la planta externa
Ministerio de Relaciones Exteriores se debía realizar el respectivo descuento de
forma actualizada.
36. Finalmente ordenó dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y siguientes del CPACA, negó las demás pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandada.
2.4. Recurso de apelación6
37. La parte demandada UGPP apeló la anterior decisión para que se revoque el
fallo de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda con base
en los argumentos que a continuación se resumen:
38. Mediante Resolución UGM del 24 de octubre de 2011 CAJANAL E.I.C.E. en
liquidación le reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez y posteriormente
reliquidó la prestación a través de la Resolución RDP 020740 del 21 de diciembre
de 2012 aplicando el 75% sobre el IBL conformado por los salarios o rentas sobre
los cuales cotizó o aportó el interesado entre el 1.° de junio de 2002 al 30 de
mayo de 2012, teniendo como factores la asignación básica y bonificación por
servicios prestados, actualizando el IPC desde el 2002 hasta el 2011, en cuantía
de $6´716.106, efectiva a partir del 1.° de junio de 2012 de conformidad con el
inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece que este tipo de
pensión debe liquidarse con el tiempo que le hiciere falta o los últimos 10 años
de servicio y que se debieron despachar desfavorablemente las pretensiones de
la demanda, porque en su criterio no le asiste razón para lo que reclama.
39. Según lo explicó, en el periodo comprendido entre el 1.° de junio de 2002 y
el 30 de diciembre de 2003 se tomó el sueldo equivalente en la planta interna
toda vez que la sentencia C -173 se profirió el 2 de marzo de 2004. Asimismo, en
el certificado de factores salariales se precisó que el demandante se trasladó a
la planta interna del Ministerio desde el 2 de febrero de 2004 y hasta el 28 de
agosto de 2007 y acto seguido se trasladó a la planta externa hasta el 30 de mayo
de 2012.
2.5. Alegatos de segunda instancia
2.5.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores alegó de conclusión7 en escrito
en el que insistió que debe revocarse la sentencia de primera instancia y negarse
las pretensiones de la demanda dado que no tiene débitos pendientes con el
6 Ibidem. Archivo «07.ApelaciónSentencia.pdf». Folios 70 y s.s. del archivo PDF.
7 Índice 13 SAMAI.
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actor, teniendo en cuenta, que, por una parte, se realizó el pago correspondiente
al Acuerdo Conciliatorio llevado a cabo en la Procuraduría 10 Judicial II para
Asuntos Administrativos y la posterior aprobación realizada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”; al que se le
dio cumplimiento mediante Resolución 6695 del 27 de octubre de 2015,
trasladándose a la UGPP la suma de $53´211.825,54 pesos; así mismo, en
cumplimiento de la sentencia C-173 del 2 de marzo de 2004, que declaró la
inexequibilidad del artículo 7.º de la Ley 797 de 2003, esa cartera ministerial
cumplió realizando el pago de los aportes a pensión conforme al salario
realmente devengado, a partir del año 2004.
2.5.2. La apoderada del demandante8 solicitó que se mantenga la decisión de
acceder a las pretensiones de la demanda, dado que la liquidación de la pensión
del señor Arcos Muñoz tuvo en cuenta durante los periodos que se desempeñó
en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, las sumas
reportadas por el empleador sobre las cuales se efectuaron las cotizaciones o
aportes al sistema y que entre el 1.° de junio de 2002 al 30 de diciembre de 2003
lo fueron sobre los salarios de un cargo equivalente en planta interna y que de
agosto de 2007 al 30 de mayo de 2012 por el IBC reportado según sentencia C
173 de 2004; que el mismo consolidó su estatus pensional el 9 de enero de 2007;
que es deber liquidar con lo realmente devengado las pensiones de los
funcionarios que han prestado sus servicios en la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores, así como sus cotizaciones al sistema de acuerdo con las
sentencias de constitucionalidad C- 173 de 2004 y C- 535 de 2005, cuyas
decisiones pueden aplicarse retrospectivamente y liquidar la prestación con lo
realmente devengado en planta externa en aquellas situaciones que aún no se
hubieren consolidado cuando esta se profirió, siempre que el interesado cumpla
con su derecho o consolide su status pensional después del 2 de marzo de 2004.
2.6. Concepto del Ministerio Público9.
40. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, para lo cual señaló que la parte
demandada manifestó su disenso sin precisar cuáles eran las razones para ello,
sin embargo, esa agencia encontró como demostrado que el actor era
beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, porque a su entrada en vigor el (1.° de abril de 1994) ya contaba con
más de 15 años de servicio al Estado lo que genera que su pensión se reconozca
y liquide bajo la normativa anterior, con las pautas de la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado como bien lo estableció el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no hay lugar a reliquidación pensional
con el promedio del último año de servicios. Por consiguiente, al ser los
argumentos de apelación superfluos y abstractos no están llamados a prosperar.
8 Índice 12 SAMAI.
9 Índice 14, Segunda instancia.
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41. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
42. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15010 de la Ley 1437 de 2011.
43. De conformidad con el artículo 32811 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
3.2. Problemas jurídicos
44. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer en el caso del señor Henry Javier Arcos
Muñoz, si como lo determinó el a quo ¿es posible dar aplicación retroactiva a las
sentencias de la Corte Constitucional C- 173 de 2004 y C- 535 de 2005 a efectos
de que la pensión de jubilación sea reliquidada de acuerdo con los aportes
correspondientes teniendo como ingreso base de cotización los salarios
realmente devengados en la planta externa de la entidad?
45. De igual manera deberá examinarse si es cierto que en la sentencia de
primera instancia no se tuvo en cuenta que el demandante se trasladó a la planta
interna del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 2 de febrero de 2004
hasta el 28 de agosto de 2007 y si ello afecta la decisión favorable a las
pretensiones adoptada por el a quo?
3.4. Fondo del asunto.
3.4.1. Primer problema jurídico. ¿Es posible dar aplicación retroactiva a las
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
11 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.».
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sentencias de la Corte Constitucional C- 173 de 2004 y C- 535 de 2005 a efectos
de ordenar la reliquidación de las pensiones en casos como el que nos ocupa, de
acuerdo con los aportes correspondientes teniendo como ingreso base de
cotización los salarios realmente devengados en la planta externa de la entidad?
3.4.1.1. Régimen de liquidación de prestaciones sociales y aportes
pensionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
46. El Decreto 2016 de 1968 en el artículo 76 estableció que las prestaciones
sociales de los empleados del servicio exterior se liquidarán y pagarán con base
en las asignaciones del cargo similar en el servicio interno del Ministerio de
Relaciones Exteriores de acuerdo con las equivalencias determinadas en la
misma disposición, y salvo los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular
que hayan alcanzado la categoría de Embajador y que al retirarse soliciten su
pensión de jubilación o invalidez a quienes se les liquidará con las asignaciones
de Ministro de Despacho.
47. La anterior disposición fue modificada por el artículo 1 del Decreto 1253 de
1975 en el sentido de indicar que las liquidaciones sobre prestaciones sociales
que en adelante se efectúen se harán tomando como base la moneda en que se
perciban las respectivas remuneraciones.
48. Con posterioridad entró en vigencia la Ley 41 de 1975 que derogó los
artículos 1 y 2 del Decreto precitado y en su lugar dispuso que las prestaciones
sociales de los empleados del Servicio Exterior se liquidarán y pagarán como se
había señalado en el artículo 12 del Decreto 2016 de 1968.
49. Con el Decreto 10 de 1992 se fijó el Estatuto Orgánico del Servicio Exterior y
de la Carrera Diplomática Consular y en el artículo 57 se previó que las
prestaciones sociales de los funcionarios del exterior se liquidarán y pagarán con
base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
50. Posteriormente el Decreto 274 de 2000 en su artículo 96 derogó todas las
disposiciones contrarias, en especial el Decreto 10 de 1992, pero en su artículo
66 reprodujo el contenido del artículo 57 de la norma en mención. Empero, la
Corte Constitucional a través de la Sentencia C-292 de 2001, declaró su
inexequibilidad, al concluir que el ejecutivo había desbordado las facultades
otorgadas por el Congreso de la República, al regular el régimen salarial y
prestacional de las personas que prestan sus servicios al Estado en el exterior.
51. Luego a través de la sentencia C-535 de 2005 la Corte Constitucional declaró
inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, pese a que ya había sido
derogado, por cuanto podía seguir produciendo efectos jurídicos, por considerar
que al disponer que la cotización y liquidación de las pensiones y prestaciones
sociales de los funcionarios de la planta externa del ministerio se realizaba con
base en un salario que no correspondía al realmente devengado, establecía un
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trato distinto entre categorías de funcionarios iguales, lo que en consecuencia,
era discriminatorio y desconocía los principios de dignidad humana e igualdad,
sin que en dicha providencia se modularan los efectos de la declaratoria de
inexequibilidad.
52. El escenario descrito permite advertir que inicialmente la liquidación de las
prestaciones sociales de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores se realizaba con base en el salario equivalente al percibido
en la planta interna de la entidad, pero con la expedición de la sentencia C-535
de 2005 al ser retirado del ordenamiento jurídico el artículo 57 del Decreto 10 de
1992, deben liquidarse con el salario realmente devengado.
53. Ahora bien, en cuanto a los aportes a pensiones de los servidores públicos
es relevante mencionar que con la Ley 4 de 1966 los afiliados forzosos a la Caja
Nacional de Previsión Social, Cajanal, debían cotizar el 5% del salario de cada
mes y las entidades públicas del orden nacional contribuirían con 5% del valor
del presupuesto de funcionamiento por concepto de cuota patronal ajustada al
8% con el Decreto 1089 de 1983.
54. Luego, la Ley 100 de 1993 estableció en el artículo 18 que la base de
cotización de los servidores públicos sería señalada por el Gobierno Nacional con
base en la Ley 4 de 1992.
55. Finalmente, con la Ley 797 de 2003 se determinó en el artículo 7.°, parágrafo
1.° que para efectos del ingreso base de cotización de los funcionarios de la
planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores se tomará como base la
asignación mensual y los factores salariales para los cargos equivalentes en la
planta interna, pero a través de sentencia C-173 de 2004, la Corte Constitucional
declaró inexequible la expresión «para los cargos equivalentes en la planta
interna» por cuanto consideró que se vulneraba el derecho a la igualdad de los
funcionarios que ostentan cualquiera de las categorías que prevé la Carrera
Diplomática y Consular, reiterando que el monto de la cotización y de la pensión
debe ser calculado con base en lo realmente devengado por los empleados.
56. Allí la Corte resaltó como imperativo, tener en cuenta que la Ley 100 de 1993
ordena tener en cuenta el salario real del trabajador para los efectos de la
liquidación de las prestaciones sociales (arts. 17 y 18). Tal criterio recoge
principios constitucionales tales como la proporcionalidad entre el trabajo
desempeñado y la remuneración al mismo. Además, precisó:
«16- Visto todo lo anterior es claro que en cuanto a la cotización y liquidación de
aportes para pensión de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el
exterior, existe una línea jurisprudencial consolidada, en el sentido de sostener
que tal liquidación debe hacerse tomando como base el salario realmente
devengado por el ex trabajador y nunca un salario inferior, que además es ficticio,
pues no corresponde realmente al cargo desempeñado y a las responsabilidades
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derivadas del mismo. Y la razón es que la pensión es un salario diferido12. De
ello se sigue la inconstitucionalidad de cualquier norma o disposición que
ampare una liquidación de aportes con base en un salario equívocamente
denominado equivalente, que en realidad resulta ser menor al recibido por
el titular del derecho.
Teniendo en cuenta que se trata de un tratamiento claramente discriminatorio es
evidente que la forma de cálculo de la pensión de quienes prestaron parte de sus
servicios diplomáticos en el extranjero desconoce el derecho a la igualdad en
materia pensional tal como está consagrado en la norma parcialmente
demandada.»
57. Igualmente, es importante recordar que la Corte Constitucional a través de la
sentencia T-098 de 2006, al estudiar un caso donde fue negada la reliquidación
pensional con fundamento en que la decisión contenida en las sentencias C- 292
de 2001 y C - 173 de 2004 tenían efectos hacia el futuro, dispuso lo siguiente:
«Tercero: Teniendo en cuenta la existencia de una línea jurisprudencial
consolidada, en el sentido de sostener que la liquidación de aportes para pensión
de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior debe hacerse
tomando como base el salario realmente devengado y nunca un salario inferior,
se PREVIENE al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus efectos
vinculantes para que la precitada doctrina sea observada y aplicada en casos
semejantes».
58. Como se aprecia, la Corte le dio efectos inter comunis, extendiéndose estos
a las situaciones concretas de personas que, aun sin haber promovido la acción
de tutela para obtener la protección de sus derechos, se encuentran igualmente
afectadas por la situación de hecho o de derecho que lo motivó.
59. Así lo reconoció la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en
concepto de 19 de julio de 2006, radicación: 11001-03-06-000-2006-00053-
00(1749) donde señaló:
«[…]
En concepto de la Sala, la advertencia contenida en el último fallo -T-098 de
2006, en la que de manera explícita la Corte extiende los efectos de sus
decisiones a casos similares, despeja cualquier duda que pudo haberse
generado con las sentencias de constitucionalidad, obligando al Ministerio y al
Instituto de Seguros Sociales a reconocer, administrativamente y sin que el
afectado tenga que interponer una acción de tutela para que se proteja su
derecho particular, el derecho que les asiste a los pensionados y ex funcionarios
de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, al reajuste de su
pensión, so pena de comprometer su responsabilidad.
En consecuencia, si bien es cierto, la Corte no determinó explícitamente el
alcance de los fallos C-173 de 2004 y C-535 de 2005, el operador jurídico no
puede perder de vista, el efecto inter-comunis que esa Corporación le dio al fallo
de tutela T-098 de 2006, cuya finalidad es evitar que existan criterios de
discriminación entre quienes se encuentran en la misma situación de hecho y de
derecho.»
12 Ver sentencias T-1016 de 2000, T-181 de 1993 y T-453 de 1993.
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60. Como se aprecia de lo anterior tal como lo señaló la Sala de Consulta y
Servicio Civil, así como esta Subsección13 si bien es cierto, la Corte no determinó
explícitamente el alcance de los fallos C-173 de 2004 y C-535 de 2005, a través
del fallo de tutela T-098 de 2006, se otorgaron efectos intercomunis cuando
señaló:
«Tercero: Teniendo en cuenta la existencia de una línea jurisprudencial
consolidada, en el sentido de sostener que la liquidación de aportes para pensión
de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior debe hacerse
tomando como base el salario realmente devengado y nunca un salario inferior,
se PREVIENE al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus efectos
vinculantes, para que la precitada doctrina sea observada y aplicada en casos
semejantes.»
61. Lo anterior a efectos de evitar que existan criterios de discriminación entre
quienes se encuentran en la misma situación de hecho y de derecho y en virtud
de ello «la cotización y liquidación de la pensión de jubilación de los funcionarios
de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con base en el
salario de cargos equivalentes en la planta interna, vulnera los principios
constitucionales de dignidad humana e igualdad y, además, lesiona, en casos
concretos, los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del pensionado o
aspirante a pensionado»14.
62. De acuerdo con ello, se colige que la respuesta al primer interrogante es
afirmativa.
3.4.2.2. Segundo problema jurídico. ¿El demandante fue trasladado a la
planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 2 de febrero
de 2004 y hasta el 28 de agosto de 2007 y en caso de ser cierto, esto afecta
la decisión favorable a las pretensiones adoptada por el a quo?
63. En su apelación el apoderado de la entidad señaló que en este caso no se
tuvo en cuenta que el señor Arcos Muñoz perteneció a la planta interna del
Ministerio de Relaciones Exteriores en el periodo comprendido entre el 2.° de
febrero de 2004 y el 28 de agosto de 2007, el cual hace parte del periodo base
de liquidación determinado por el Tribunal ( 1.° de junio de 2002 al 30 de mayo
de 2012).
64. Ahora bien, vale la pena recordar que en la carrera diplomática y consular se
aplica el principio de alternancia establecido en el artículo 35 del Decreto Ley 274
de 2000 como una situación administrativa especial de la carrera diplomática y
consular, según la cual deben prestar sus servicios en periodos de alternancia
entre la planta interna y la externa:
13 Sección Segunda, Subsección A, internos 3493-2021, 0539-09, 2613-08, 2060-2013.
14 Ibidem.
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«Artículo 35. Naturaleza. En desarrollo de los principios rectores de Eficiencia y
Especialidad, los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular deberán
cumplir actividades propias de la misión y de las atribuciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores, con lapsos de alternación entre su servicio en Planta
Externa y su servicio en Planta Interna.» (Subraya la Sala).
65. En este caso examinado el expediente se aprecia que, en efecto en el periodo
2004-2007, el señor Arcos Jiménez efectivamente perteneció a la planta de
personal interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, como se aprecia de la
certificación GNP 1136-F de 13 de agosto de 201215 expedida por la
coordinadora del Grupo de Nómina y Prestaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores:
«[…]
[…]».
66. Como ya se indicó, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda para lo cual ordenó a la entidad
demandada reliquidar la pensión de jubilación del demandante, con el 75% del
salario promedio devengado en los últimos 10 años de servicio en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, comprendidos entre el 1.° de junio de 2002 al 30 de
mayo de 2012, incluyendo la asignación básica y la bonificación por servicios
prestados, conforme la conversión de moneda extranjera a pesos colombianos,
a partir del 1.° de junio de 2012, atendiendo al límite de los 25 salarios mínimos
mensuales legales.
15 Folios 52 y s.s.
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67. Esto al determinar que el demandante se encontraba amparado por el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, artículo 36, dado que al momento
de su entrada en vigencia contaba con más de 15 años de servicios al Estado,
con lo que debían aplicársele las previsiones de la Ley 33 de 1985 para los
requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo y, frente al IBL y
factores de acuerdo con los lineamientos de la ley sentencia de unificación de 28
de agosto de 2018 del Consejo de Estado.
68. En cuanto a la edad verificó que cumplió los 55 años de edad el 9 de enero
de 2007, pues nació el 9 de enero de 1952 y se retiró del servicio el 30 de mayo
de 2012.
69. Específicamente en cuanto al tiempo de servicios encontró probado que el
señor Henry Javier Arcos Muñoz, en los últimos 10 años de servicios (1.° de junio
de 2002 al 30 de mayo de 2012), «se desempeñó como Cónsul General Grado
Ocupacional 4 EX en el Consulado General de Colombia en Lima - Perú (planta
externa), Ministro Consejero, Código 2031 Grado 22 (planta interna), Cónsul
General Grado Ocupacional 4 EX en el Consulado General de Colombia en Quito
• Ecuador (planta externa), y Cónsul General Grado Ocupacional 4 EX en el
Consulado General de Colombia en Frankfurt - Alemania (planta externa), y que
las prestaciones sociales se le pagaron tomando el sueldo básico del cargo
equivalente en la planta interna, como fue certificado por el Coordinador de
Nómina y Prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Fl. 37)». (Negrilla
y subrayas de la Sala).
70. Como se aprecia, es evidente que el Tribunal sí atendió al periodo en que el
demandante perteneció a la planta interna del Ministerio de Relaciones
Exteriores, cuando relacionó el cargo en mención, dentro de aquellos
desempeñados en el periodo base de liquidación, es decir «Ministro Consejero,
Código 2031 Grado 22 (planta interna)».
71. Además este retorno a la planta interna de la entidad en nada afecta el centro
de la controversia que surge de la necesidad de reliquidar a la pensión de
jubilación con base en el salario real devengado por el demandante en los
periodos en que se desempeñó en la planta externa del Ministerio, pues como lo
advierte la certificación citada en precedencia el demandante en el año 2007
retornó a la planta externa de la entidad,
72. Además, el a quo estableció claramente que los salarios que debían tomarse
como referente para determinar el ingreso base de liquidación, correspondían a
«los realmente devengados cuando estuvo al servicio del Ministerio de
Relaciones Exteriores como funcionario de Planta Externa» e incluso estableció
una orden de descuentos de las diferencias en los aportes en pensión de forma
diferencial pues atendió a la existencia del acuerdo conciliatorio celebrado entre
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el demandante y el Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo
comprendido entre el 1.° de marzo de 1995 al 1.° de febrero de 2004.
73. De acuerdo con esto, se entiende que la orden de reliquidación impartida por
el Tribunal no se aparta del régimen pensional aplicable al demandante16 y con
ello a las pautas de unificación, pues obligatoriamente el a quo debía establecer
cuál era el periodo base de liquidación como es, del 1.° de junio de 2002 al 30 de
mayo de 2012, dentro del cual se encontraron unos años de alternancia ( 2004-
2007).
74. De acuerdo con lo anterior se advierte que este cargo de apelación tampoco
goza de vocación de prosperidad por lo que se confirmará la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sus precisos términos.
4.3. Condena en costas de segunda instancia.
75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
78. En consecuencia, se impondrán costas a la UGPP, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
16
Régimen de transición de la ley 100 de 1993 y pautas de la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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79. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 10 de agosto 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido
por Henry Javier Arcos Muñoz contra la demandada UGPP, Nación- Ministerio
de Relaciones Exteriores.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la UGPP. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO. RECONOCER al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina, portador
de la tarjeta profesional 262.361 del Consejo Superior de la Judicatura, para
actuar en este proceso como apoderado de la UGPP, en los términos y para los
fines del poder de sustitución que obra en el índice 18 del aplicativo SAMAI.
CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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