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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03273-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03273-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 27 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Mauricio Arturo Parra Parra contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), conforme a la motivación. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-03273-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2015-03273-01 (3237-2019)
Demandante : Mauricio Arturo Parra Parra
Demandado : Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
Tema : Sanción disciplinaria de suspensión del cargo

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 27 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), mediante la
cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 1 a 18). El señor Mauricio Arturo Parra Parra,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena), para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad: (i) de la «[…] Resolución N°0900 del
14 de Mayo de 2014, por medio de la cual se profirió el fallo de primera
instancia en el proceso disciplinario 069-11/2011 […]» (sic) que se adelantó
en su contra; y (ii) de la «[…] Resolución N° 02300 del 23 de Octubre de 2014,
[por la cual] se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el [citado]
fallo […]» (sic).

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) dejar sin efectos «[…] la sanción disciplinaria
impuesta [al actor], calificada como FALTA GRAVE CULPOSA, que conllevó
a [su] SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO SIN REMUNERACIÓN
POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES, la cual fue convertida en salarios de
acuerdo a la asignación salarial devengada para la época de los hechos […]»
(sic); (ii) reintegrarle «[…] la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN
MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($5.201.520) M/CTE más los intereses que

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

se generen […] por concepto de cobro coactivo administrativo que se adelantó
[en su contra] por el funcionario ejecutor […] en cumplimiento al fallo de
primera instancia del proceso disciplinario 069-11/2011 expedido por la
Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA» (sic); (iii) pedir de «la
División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación,
LEVANTAR el registro de la sanción disciplinaria del [actor]» (sic); (iv) «[…]
SEPARAR la Resolución N° 0900 del 14 de Mayo de 2014 y la Resolución N°
02300 del 23 de Octubre de 2014 de la hoja de vida del [accionante]» (sic); (v)
pagar «[…] indemnización de daños y perjuicios generados por la imposición
de la sanción disciplinaria [al demandante], los cuales fueron convertidos en
salarios de acuerdo a la asignación salarial devengada para la época de los
hechos, correspondiente a OCHO SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (8 SMLMV), y sus […] intereses moratorios legales,
liquidados hasta [el momento] del fallo» (sic); y (vi) pagar «[…] indemnización
de daños morales y perjuicios económicos generados por el curso del proceso
disciplinario en las instancias administrativas y los gastos de honorarios de
abogado en que […] incurrió […], la cual estimó en la cuantía de DIECISÉIS
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (16 SMLMV), y sus
[…] intereses moratorios legales, liquidados hasta [el momento] del fallo […]»
(sic).

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que se vinculó al Servicio
Nacional de Aprendizaje (Sena) desde el «[…] el 26 de abril de 2000»,
desempeñó los «[…] cargos [de] profesional, asesor, subdirector, […] y
finalmente se posesionó como Director Regional Grado 05 del SENA Regional
Cundinamarca, [por] nombramiento ordinario [de] 25 de agosto de 2004 […]»
(sic); asimismo, ejerció el empleo de «[…] Director Regional 04 y 05
encargado de las Regionales Antioquia y Casanare, hasta el 24 de noviembre
de 2011, fecha en que se declaró la insubsistencia de su nombramiento» (sic).

Que para el año 2007 un instructor del Sena de la regional Cundinamarca, el
señor Jaime Bachiller Reyes, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la entidad, con el objeto de obtener la reliquidación de su pensión
de jubilación, que por competencia correspondió al Juzgado Único
Administrativo de Girardot, que por auto de 10 de abril de 2008 procedió a
admitir la demanda, expediente 25307-3331001-2007-00280.

Indica que, por circular 3-2008-000072 de 18 de febrero de 2008 dirigida a los
directores regionales, la dirección general del Sena, fijó lineamiento en materia
jurídica respecto de las demandas presentadas contra las resoluciones de
pensiones proferidas por la secretaría general de la entidad, en los siguientes
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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

términos: «[…] teniendo en cuenta el numeral 12 del artículo 16 del Decreto
249 de 2006 [sic] es función de la Dirección Jurídica del SENA “Asumir la
representación judicial y extrajudicial de la entidad dentro de los procesos
judiciales y administrativos en que sea parte”, atentamente les informo que a
partir de la fecha toda nueva demanda contra una Resolución proferida por la
Secretaría General en materia de pensiones, será atendida por la Dirección
Jurídica. En consecuencia, una vez sea notificado personalmente el auto
admisorio de una demanda, deberá remitirse de manera inmediata copia de la
misma y sus anexos a la Dirección Jurídica e informar oportunamente sobre la
fijación en lista del proceso, para proceder a otorgar poder al abogado que
asumirá la defensa judicial de la Entidad ... " […]» (sic).

Sostiene que la demanda, presentada por el señor Jaime Bachiller Reyes, le
notificada personalmente a la entidad el 25 de junio de 2008, a través del
subdirector del centro de tecnologías del diseño y la productividad empresarial
del Sena, con sede en el municipio de Girardot (Cundinamarca), quien actuó en
representación del director general; y de conformidad con lo ordenado, por
«[…] correo electrónico de fecha 1 de Agosto de 2008, la Coordinadora del
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la REGIONAL CUNDINAMARCA,
funcionario que dependía a la época de los hechos del DIRECTOR DE LA
REGIONAL CUNDINAMARCA el hoy disciplinado […] remite al Director
Jurídico del SENA de la época, la notificación del auto admisorio de la
demanda […]» (sic).

Que «[…] con oficio radicado 8-2008-021005 de fecha 13 de Agosto de 2008,
el […] coordinador del grupo de procesos judiciales y conciliaciones de la
Dirección General del SENA, en respuesta al correo de fecha 1 de Agosto de
2008 […] remite el proyecto de contestación de la demanda para proceder a
designar abogado que continúe con los trámites pertinentes, con lo cual el
funcionario de la Dirección General […] no da cumplimiento al reglamento
de la entidad señalado en el numeral 12 del artículo 16 del Decreto 249 de 2004
y la circular 3-2008-000072 de fecha 18/02/2008 suscrita por la Secretaría
General del SENA en materia jurídica respecto de las demandas contra
Resoluciones de pensiones proferidas por la Secretaria General» (sic).

Dice que surtido el trámite del mencionado proceso judicial, con sentencia de 8
de noviembre de 2010, el Juzgado Administrativo de Descongestión de Girardot
resuelve declarar la nulidad de los actos acusados, ordena reliquidar la pensión
del señor Jaime Bachiller Reyes y dispone no condenar en costas a la entidad,
al estimar que «[…] si bien es cierto ella fue vencida en el proceso, no ha
demostrado con su actuar un comportamiento reprochable, pues en forma
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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

razonada, proporcional y adecuada al ordenamiento jurídico intervino en las
diligencias judiciales efectuadas en el caso sub-examine […]» (sic).

Expone que «[…] el día 15 de Marzo de 2011, la Directora Jurídica del SENA
remite a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Dirección General
[de la entidad] los correos electrónicos por los cuales se enuncia presuntas
irregularidades en relación al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de Jaime Bachiller Reyes contra el SENA, donde evidenció falta de
defensa judicial […]» (sic), por lo que, por «[…] auto de fecha 29 de Julio de
2011, se ordenó apertura de indagación preliminar en averiguación de [los]
responsables […]» (sic); y luego, con «[…] Auto de Apertura de Investigación
Disciplinaria de fecha 15 de febrero de 2012, la Oficina de Control Interno
Disciplinario del SENA, ordenó apertura de investigación disciplinaria con el
radicado 069-11/2011 en [su] contra […]» (sic), con fundamento en la
mencionada presunta irregularidad al señalar que «[…] de las pruebas
recaudadas en indagación preliminar logró determinarlo como presunto
responsable de los hechos por cuanto debió cumplir con lo estipulado por la
Resolución SENA 490 de 2005 de Representación Judicial y la Resolución 668
de 2005 Manual de Supervisión e Interventoría […]» (sic).

Que, por auto de 29 de enero de 2014, la oficina de control interno disciplinario
del Sena, profiere en su contra auto de cargos; y, por oficio 1-2014-004294 de
26 de febrero de 2014, presentó escrito de descargos.

Afirma que, mediante proveído de 27 de febrero de 2014, se corrió traslado para
presentar los alegatos, los cuales radicó oportunamente por memorial de 20 de
marzo de 2014; y, finalmente, por Resolución 900 de 14 de mayo de 2014, la
jefe de la oficina de control interno disciplinario de la entidad profirió «fallo»
de primera instancia, en el que se le declaró disciplinariamente responsable y,
como consecuencia, se dispuso su suspensión en el ejercicio del cargo, sin
remuneración por el término de un mes.

Que inconforme con la decisión, por escrito de 5 de junio de 2014, «[…]
radicado 1-2014-011720 a través de apoderado […] presentó el recurso de
apelación en contra de la Resolución N° 0900 de 2014 […]» (sic); la cual fue
confirmada por Resolución 2300 de 23 de octubre de 2014, suscrita por la
directora general (e) de la entidad.

1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en
primera instancia, a través de la oficina de control interno, y en segunda, por
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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

medio de la dirección general, sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo,
sin remuneración, por un (1) mes al actor, en el puesto de director, grado 5, de
la regional Cundinamarca de dicha institución.

Lo anterior, por cuanto se aduce que incumplió sus deberes funcionales al omitir
los trámites pertinentes para dar contestación a la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 25307-33-31-001-2007-00280, incoada por el
señor Jaime Bachiller Reyes contra la entidad, respecto de la cual se profirió
sentencia el 8 de noviembre de 2010, por la que el Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circuito de Girardot condena al Sena a reliquidar la pensión
de jubilación del actor; sin que, de igual manera, se haya interpuesto recurso
alguno contra esta decisión, que quedó en firme, lo que denota una falta de
defensa judicial.

La oficina de control interno del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lo
halló responsable de la falta grave, a título de culpa, prevista en los artículos 34
(numerales 1 y 2) y 35 (numeral 1) de la Ley 734 de 2002. Decisión confirmada
en segunda instancia por su directora general (e).

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 29 de la
Constitución Política; 3 (numeral 11), 6, 8, 12, 21, 143 (numerales 2 y 3) y 156
de la Ley 734 de 2002 y 52 de la Ley 1474 de 2011.

Con el propósito de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las
decisiones censuradas, argumenta que fueron proferidas en flagrante y
manifiesta violación del derecho fundamental al debido proceso con
inobservancia de los principios de celeridad, eficacia y de la dignidad humana.

Reitera lo señalado en los hechos de la demanda y, adicionalmente, arguye lo
siguiente:

Que «[…] se identifica con la cédula de ciudadanía número 19.498.179 de
Bogotá, más no como lo indica el Auto de Apertura de Investigación
Disciplinaria de Fecha 15 de Febrero de 2012 […]» (sic), «[…] con la cédula
de ciudadanía número 5.158.146 […]» (sic), lo que constituye una falta de
identificación plena del sujeto procesal en la etapa de investigación
disciplinaria, situación que no fue enmendada por el investigador disciplinario,
sino hasta el momento de la formulación del pliego de cargos.

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Expediente 25000-23-42-000-2015-03273-01 (3237-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

Que si bien «[…] La funcionaria comisionada de la Oficina de Control Interno
Disciplinario del SENA - Dirección General; Liz Margarita Urrea Pérez, [le]
remitió [el] oficio «[de] radicado 2-2013-001229 de fecha 06 de Febrero de
2013 […]» (sic), que «[…] conoció hasta el día 11 de Febrero de 2013,
mediante el cual [le] cita para rendir versión libre y espontánea dentro del
proceso disciplinario 069-11/2011 el día VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2013
A LAS 10:30 AM. […]» (sic), y le informa «[…] que en la misma fecha se
practicarían dos (2) declaraciones juramentadas anteriores a la práctica de la
versión libre, en las cuales, según ella, [podía] ejercer [su] derecho a la defensa
y contradicción […]» (sic), considera que con las actuaciones surtidas se
configura una «[…] nulidad insubsanable del proceso disciplinario [de]
radicado 069-11/2011 […]» (sic), una flagrante y manifiesta violación al
debido proceso e inobservancia a los principios de celeridad, eficacia y de la
dignidad humana.

Dice que «[…] durante el término de doce (12) meses contados a partir del 15
de Febrero de 2012, fecha del auto de [apertura de] investigación disciplinaria
en [su] contra, hasta el día de 14 de Febrero de 2013, no se practicó ninguna
prueba, y el día 15 de Febrero de 2013, la funcionaria comisionada de la
Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA Dirección General, Liz
Margarita Urrea Pérez, practicó pruebas en [su] contra con los términos
procesales vencidos contraviniendo lo establecido por la norma disciplinaria,
inobservando los principios rectores de las actuaciones disciplinarias,
incurriendo en actuaciones nulas por violación al principio del debido proceso,
sin perder de vista que los funcionarios comisionados para las prácticas de
pruebas vulneraron [su] reconocimiento al principio de la dignidad humana
(Artículo 8 de la Ley 734 de 2002) puesto que durante 12 meses no [fue] tratado
con el debido respeto inherente al ser humano, traducido en la poca
importancia que se le dio al impulso procesal sin practicar una sola prueba que
orientara a la definición de [su] situación jurídica disciplinaria, lo cual [le]
llevó a mantener[se] expectante psicológicamente durante un (1) año, [lo que
le causó] perjuicios morales […]» (sic).

Expresa que se configuró en su contra «[…] la presunción de “culpabilidad”,
más [sic] no la presunción de inocencia respecto de los hechos que sirvieron de
soporte de la sanción disciplinaria expuesta en la Resolución N° 0900 del 14
de Mayo de 2014, por cuanto [esta] fue debatida con base en las dos (2) únicas
pruebas practicadas extemporáneamente, dado que no existen los fundamentos
probatorios y fácticos necesarios para suponer una falta disciplinaria [al]
interior del proceso […]» (sic); tampoco fue valorada la providencia proferida
por el Juzgado Administrativo de Descongestión de Girardot de 8 de noviembre
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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

de 2010, en la que se consideró no condenar en costas a la accionada, ni se
examinó que nunca existió mérito suficiente para endilgársele responsabilidad
disciplinaria alguna en su contra.

Que de conformidad con la teoría de la jerarquía de las normas aplicable al caso,
«[…] No se puede pretender por parte del SENA, que como fundamento de la
sanción impuesta [al actor] se describa el incumplimiento de la Resolución 0770
de 2001 modificada por la Resolución 0490 de 2005 del Director General del
SENA, que delegó en los Directores Regionales la función de notificarse de los
autos admisorios del contencioso administrativo que se adelanten contra [la
entidad], ASÍ COMO REPRESENTAR al Director General dentro del ámbito
de la jurisdicción de su departamento, en todos aquellos actos de carácter
procedimental, judicial, policivo, o administrativo, por cuanto el numeral 12
del artículo 16 del Decreto 249 de 2004 estableció “funciones de la Dirección
Jurídica: asumir la representación judicial y extrajudicial de la entidad dentro
de los procesos judiciales y administrativos que sea parte” […]» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 325 a 336). El Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena), a través de apoderada, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda.

Enfatiza, luego de hacer referencia discriminada y cronológica de las
actuaciones adelantadas al interior del procedimiento disciplinario 69-2011, que
en cada una de ellas «[…] sé [sic] salvaguardó el debido proceso del [actor], y
si bien es cierto la entidad prorrogó la investigación disciplinaria, la misma se
dio fundamentada en la necesidad de recepcionar las pruebas ya decretas por
la Oficina de Control para la toma de una decisión […]» (sic), al igual que
«[…] en aras de garantizar el derecho de la defensa […] [se] dio trámite a las
pruebas solicitadas por el hoy demandante […]» (sic).

Que, tal como lo ha precisado el Consejo de Estado, el vencimiento de término
«[…] no es causal para declarar la nulidad de los actos recurridos, si no se
evidencia la vulneración al debido proceso […]» (sic); y se observa al interior
del debatido procedimiento disciplinario que este derecho se le garantizó al
accionante, dado que «[…] el investigado intervino en cada una de las etapas
del proceso, interpuso recursos, solicitó nulidades, así mismo fue notificado de
cada una de las decisiones y fue citado en las pruebas testimoniales para que
ejerciera su derecho de contradicción» (sic).

Que «[…] la actuación administrativa disciplinaria se surtió con plena
observancia de las normas preexistentes y aplicables a la situación particular
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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

del actor, atendidas la vigencia y obligatoriedad de las mismas. Valorado en
conjunto el acervo probatorio que conforma los antecedentes administrativos
de los actos impugnados, no se evidencia irregularidad alguna presentada en
el trámite de la actuación disciplinaria, como tampoco la prueba desvirtúa lo
afirmado por la entidad pues las documentales y testimoniales recepcionadas
demuestran la falta imputada al demandante. Por lo tanto, la desvinculación
del actor se dio atendiendo los postulados del debido proceso y, en general, de
los principios que rigen el derecho probatorio […]» (sic).

Respecto de la falta de competencia de la funcionaria Jacqueline Bermúdez
Maldonado para realizar la notificación del actor, precisa que «[…] si bien es
cierto dentro del auto de apertura se relaciona algunos funcionarios como
encargados de realizar la correspondiente notificación también lo es que en el
momento que se libran las comunicaciones [estas] se realizaron por los
competentes, […] así mismo cuando se presenta el demandante en la Oficina
de Control Interno Disciplinario, para estos efectos se procede a notificar la
decisión por una servidora pública adscrita a dicha oficina […]» (sic). El
accionante efectivamente «[…] fue notificado del auto de apertura de
investigación por lo que en ningún caso se observa violación del debido
proceso por cuanto tal como quedó evidenciado las pruebas decretadas en el
mismo [le] fueron comunicadas y […] éste solicitó la práctica de pruebas y
rindió su versión libre por escrito» (sic).

Analizada la competencia de los directores regionales del Sena, concluye que
le correspondía al accionante, en su calidad de director regional de
Cundinamarca, la responsabilidad de estar al tanto de los procesos que se
adelantaban contra la entidad, reportar el estado y la etapa en que estos se
encontraban, puesto que «[…] la responsabilidad que genera la aceptación de
un cargo de dirección y manejo, implica estar al tanto de todas las situaciones
que [se] presenten en la Entidad que representa […]» (sic); entonces al no
ejercer la defensa de la institución, no asignar abogado para que presentara la
contestación de la demanda y no actuar en las etapas del referido proceso
judicial hasta su final, con la consecuente condena de la entidad, esto hizo que
incurriera en falta disciplinaria de conformidad con los numerales 1 y 2 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002, al infringir sus deberes por omisión y vulnerar
el numeral 1 del artículo 35 ibidem.

1.6 La providencia apelada (ff. 377 a 398 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), en sentencia de 27 de
febrero de 2019, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), a
partir de los siguientes razonamientos:
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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

Respecto del funcionario competente para realizar las notificaciones personales
al interior del procedimiento disciplinario, se remite a lo establecido por los
artículos 100, 101 y 104 de la Ley 734 de 2002 y considera que «[…] lo primero
que debe decirse es que la notificación por funcionario comisionado no
aplicaba en este caso, ya que la providencia que debía ponerse en conocimiento
no era el pliego de cargos, sino la apertura de la investigación disciplinaria,
por lo que la procedente era la notificación personal, que efectivamente se
realizó el 23 de mayo de 2012, diligencia que cumplió con los requisitos
previstos para ella, en tanto indicó debidamente la decisión proferida, entregó
copia de la providencia e informó que no procedía recurso alguno […]»; que
«[…] Aunado a ello, la notificación cumplió su finalidad, pues el investigado
se enteró del contenido de la decisión que abrió investigación disciplinaria en
su contra, en la que también se decretaron pruebas, y en ejercicio de defensa y
debido proceso se ordenó escucharlo en versión libre; por lo que es
absolutamente irrelevante que la notificación haya sido hecha por una
funcionaria no comisionada taxativamente en el referido auto […]».

En relación con el argumento de que las pruebas fueron practicadas al interior
del procedimiento disciplinario de manera extemporánea, estima que como se
encuentra probado «[…] que la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Sena: 1) El 29 de julio de 2011 dio apertura a la indagación preliminar; 2) el
15 de febrero de 2012 abrió la investigación disciplinaria; 3) El 27 de mayo de
2013 ordenó la prórroga de la investigación disciplinaria y decretó la práctica
de pruebas, y 4) el 29 de enero de 2014 profirió pliego de cargos contra el
demandante […]», es claro que en este caso «[…] la indagación preliminar y
la investigación disciplinaria se prolongaron durante 6 meses con 17 días y 22
meses con 14 días respectivamente, pese a que de conformidad con la
normatividad previamente trascrita, estas etapas tienen en principio un plazo
de 6 meses la primera y 12 meses la segunda, salvo la posibilidad de prórroga
que para la etapa de investigación puede ser hasta por la mitad del término
inicial, esto es 6 meses, por lo tanto es evidente que la autoridad disciplinaria
aún con la prórroga excedió el plazo legal […]»; sin embargo, como lo precisó
la Corte Constitucional, en sentencia SU-901 de 2005, «[…] la inobservancia
"per se” de un término procesal no da lugar a la invalidez del procedimiento
sancionatorio […]»1.

Aduce que «[…] la duración adicional de 16 días en la etapa de indagación
preliminar no tuvo soporte, pero fue intrascendente; y la de 10 meses en la
investigación disciplinaria, tuvo sustento en que no había sido posible escuchar

1
Se cita en el mismo sentido sentencia del Consejo de Estado (sección segunda, subsección B) de 31 de enero
de 2018, expediente 170012333000201400032 01 (1630-2015), MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9

Expediente 25000-23-42-000-2015-03273-01 (3237-2019)
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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

la declaración juramentada del que, para la fecha de los hechos, fungía como
profesional 13 del Sena y se le habían asignado funciones como Coordinador
del Grupo de Procesos Judiciales y Conciliaciones, a pesar de haberse citado
varias veces por el Despacho; así como la situación de no haber escuchado la
versión libre del investigado, pruebas que a juicio del operador disciplinario,
podrían modificar la situación, encuadrando entonces dentro de la causal de
prórroga […]» (sic).

Advierte que «[…] el exceso en los plazos de instrucción (indagación e
investigación), solo tiene el mérito de dar lugar a la nulidad del acto
sancionatorio si como consecuencia de ello, se le impidió al investigado ejercer
su derecho de defensa; evento que no ocurrió en el presente caso, pues el
accionante, tuvo la oportunidad de presentar descargos, alegatos, solicitar
pruebas y rebatir las conseguidas por el operador disciplinario […]».

Por otra parte, en lo atañedero a la indebida adecuación típica ejercida por la
autoridad disciplinaria, indica que si bien los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de
2002 no consagran como tal un tipo disciplinario, sino las obligaciones dirigidas
a los servidores públicos. En este asunto el tipo disciplinario pertinente resulta
ser el establecido por el artículo 50 de la Ley 734 de 2002, y pese a que incurrió
en una imprecisión técnica al no hacer referencia a este último, «[…] lo cierto
es que desde el pliego de cargos se realizó el ejercicio de subsunción típica en
forma correcta, y dada su claridad sustancial, se garantizó el ejercicio del
derecho de defensa […]».

Que «[…] aunque al momento de imputar los cargos al demandante, la entidad
no indicó expresamente que la conducta encuadraba en la falta estipulada en
el referido artículo 50 del Código Único Disciplinario, sí explicó que la misma
constituía incumplimiento de ciertos deberes y la violación del régimen de
prohibiciones; razón por la que cumplió con el requisito de tipicidad […]».

Por otro lado, acerca de la aseveración de que se desconocieron por la autoridad
disciplinaria el Decreto 249 de 28 de enero de 2004 y la circular 3-2008-000072
de 18 de febrero de 2008, advierte «[…] que si bien es cierto el artículo 16 del
referido Decreto establece como una de las funciones de la Dirección Jurídica
la de asumir la representación judicial y extrajudicial de la entidad dentro de
los procesos judiciales y administrativos en que sea parte; en su artículo 24
establece las funciones de las Direcciones Regionales y de la Dirección del
Distrito Capital, y en el numeral 20 contempla la de representar al SENA en el
respectivo Departamento o en el Distrito Capital, según el caso […]»; también
previamente en el artículo 41 de la Resolución 770 de 11 de julio de 2001, el
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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

director general del Sena había delegado en los directores regionales y
seccionales de la entidad funciones de representación judicial, y con la circular
1800 de 4 de noviembre de 2004, a estos se les había requerido que dispusieran
de un trámite especial para brindar apoyo de vigilancia a procesos judiciales a
través de abogado designado con el fin de mantener el control e información
inmediata sobre el desarrollo de la actividad procesal.

Precisa que «[…] pese a la confusión que pueda generar la reglamentación
mencionada, lo cierto es que hay un acto administrativo de delegación que se
encuentra vigente, y en todo caso, al considerarse incompetente [el actor] era
su obligación remitir de manera inmediata el proyecto de contestación de la
demanda e informar oportunamente acerca del proceso en el que el SENA
estaba siendo demandado, sin que obre prueba de dicha actuación por parte
del accionante, por lo que tal omisión, en todo caso, es constitutiva de la falta
disciplinaria que le fue endilgada […]».

Que «[…] la parte accionante consideró que actuó con la convicción errada e
invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, puesto que,
desconocía la normatividad que le delegaba la función de representación
judicial de la Entidad […]», pero para que opere la alegada causal de exclusión
de responsabilidad, es obligatorio además de la existencia del error, que este sea
invencible.

Al respecto, señala «[…] que la conducta reprochada era totalmente evitable,
en la medida en que al demandante, como Director Regional del Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, le correspondía conocer las normas de
delegación y las funciones que tenía asignadas, y en caso de duda profundizar
respecto del tema; además si se consideraba incompetente para ello, debió
informar sobre el auto admisorio, y remitir el proyecto de contestación de la
demanda, a la dependencia que consideraba era la encargada de ejercer a
defensa técnica […]»; luego «[…] no es factible creer que el actor actuó bajo
convicción errada e invencible, puesto que con algo de precaución y diligencia,
el supuesto error era totalmente eludible: además, siendo un servidor público,
estaba obligado a conocer la ley respecto de la cual no puede invocarse su
ignorancia como excusa, ni realizar interpretaciones contrarias al
ordenamiento […]».

En lo concerniente a la valoración probatoria realizada por la entidad, sostiene
que esta «[…] asignó, de manera razonada, clara y expresa, conforme a las
reglas de la sana crítica, el valor probatorio correspondiente a cada una de las
pruebas decretadas dentro del proceso, con base en las cuales determinó la
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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

existencia de la falta disciplinaria imputada al investigado […]»; y no se «[…]
vislumbra irregularidad alguna en el trámite de la actuación disciplinaria,
como tampoco la ausencia de pruebas que respalde la falta imputada al
demandante, pues la sanción fue adoptada luego de la valoración en conjunto
de las arrimadas a la actuación, bajo una crítica razonada de las mismas, no
quedando duda razonable, estableciéndose la certeza de la falta y la
responsabilidad del disciplinado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 734 de
2002, respetando el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción del
investigado […]».

Que, a través de los medios probatorios allegados y valorados, se tuvo certeza
«[…] de que al accionante le fue informado sobre el auto admisorio proferido
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado
No. 25307-33-31 -001-2007-00280, y le fue remitido, vía correo electrónico, el
proyecto de contestación de la demanda, solicitándole procediera a designar
apoderado, situación que nunca ocurrió, por lo que el Servicio Nacional de
Aprendizaje- SENA, no ejerció la defensa técnica dentro del citado proceso, y
fue condenada sin que tal decisión fuese apelada […]». Asimismo, se encuentra
demostrado que, con el escrito de descargos, el investigado tenía la posibilidad
de pedir todas las pruebas que considerara necesarias, oportunidad de la cual no
hizo uso.

Aduce, igualmente, que al interior del presente proceso tampoco fueron
aportados medios probatorios diferentes a los ya obrantes en el procedimiento
administrativo, tendientes a demostrar que los hechos hayan sido otros o que
prueben que exista un eximente de responsabilidad que configure alguna de las
causales de nulidad de los actos administrativos acusados.

En lo referente al análisis de la culpabilidad, argumenta que, en el caso concreto,
«[…] como lo dispuso la autoridad disciplinaria, el actor fue sancionado por
incumplir los deberes que le competían; actuación que realizó a título de culpa,
fundamentando tal decisión [en el hecho de que] el servidor obró de manera
negligente y descuidada al omitir los trámites pertinentes para ejercer la
defensa técnica de la entidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 25307-33-31-001-2007-00280, análisis que a juicio de la Sala es
adecuado, pues se demostró que el disciplinado no tuvo el deber de cuidado
exigido de un servidor público que ejerce el cargo de Director Regional del
SENA […]».

Al referirse a la calificación de la falta, concluye que la suspensión aplica para
la falta imputada al actor, al tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 734
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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

de 2002, por ser esta la sanción establecida para las faltas graves culposas; y en
cuanto a su graduación señala que «[…] no resulta desproporcionada, ya que
el término impuesto es razonable en consideración al tipo de conducta y grado
de culpabilidad, máxime cuando se le impuso el mínimo posible de suspensión
[…]».

En cuanto a la antijuridicidad, aclara que «[…] no es de recibo el argumento
esbozado por la parte actora, según el cual la falta de defensa técnica no fue la
causa de la condena, alegando que existía sentencia de unificación del Consejo
de Estado que obligaba a que la sentencia fuera favorable a los intereses del
demandante, pues cada proceso judicial es diferente, la jurisprudencia
cambiante y las situaciones fácticas individuales, por lo que en todos los casos
es necesario y obligatorio que las Entidades se hagan parte, se defiendan y
agoten todas las instancias posibles, cuando sean demandadas».

1.7 El recurso de apelación (ff. 405 a 421). Inconforme con la anterior
sentencia, el demandante interpuso recurso de apelación, en el que además de
reiterar los argumentos expuestos en el escrito de demanda, destaca que no fue
observado por el Tribunal que lo que se pretende es que se determine «[…] no
solo si se había incurrido en error por parte del operador disciplinario frente
a los actos administrativos derivados del proceso disciplinario 069-11/2011
[…] sino también, si [se] había[n] aplicado estrictamente los principios
rectores de la actuación disciplinaria en cuanto al CONTROL JUDICIAL
INTEGRAL DE LOS ACTOS DISCIPLINARIOS se refiere, de conformidad con
la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, del cual no hubo
pronunciamiento judicial alguno, ni mucho menos un análisis exigente de: (i)
[…] acerca del acatamiento al derecho de audiencia y defensa; (ii) el respeto
de los principios y reglas fijadas por la constitución y la ley disciplinaria para
el recaudo del material probatorio y; (iii) […] si el acto fue debidamente
motivado […]» (sic).

Arguye que no fueron analizadas por el a quo con rigor las pruebas que soportan
las pretensiones de la demanda tendientes a demostrar la ilegalidad del auto de
la apertura de la investigación disciplinaria de 15 de febrero de 2012; como
valorada objetivamente la falta que le fue endilgada, al igual que el pliego de
cargos y las decisiones de primera y segunda instancias, los hechos y
fundamentos normativos que precedieron la investigación disciplinaria.

Que la causal de exclusión de responsabilidad por él alegada, no fue interpretada
de manera correcta, puesto que no estaba orientada al desconocimiento de la
normativa que efectivamente sí conocía, sino a justificar que la causal invocada
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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

hacía referencia a la expedición de la circular 3-2008-000072 de 18 de febrero
de 2008 por la funcionaria jerárquica de entonces, quien fijó lineamientos en
materia jurídica para la atención de las demandas contra las resoluciones que
liquidaban las pensiones y fueron proferidas por la secretaría general.

Sostiene que el juicio de reproche disciplinario en el aspecto subjetivo, no se
puede sustentar en las calidades funcionales del autor de la supuesta falta
disciplinaria, tales como su profesión, sus estudios o su experiencia en el cargo
o función, porque se incurre en la llamada responsabilidad objetiva, proscrita
por el legislador.

Que «en materia de culpabilidad el principio imperante es el de la
responsabilidad por el hecho, y no por lo que es, es decir, por la previsión que
haga del hecho ilícito a cometer o por la falta de diligencia que emplee en el
cumplimiento de su deber funcional, más no como sucede en el presente caso,
por la entonces condición de DIRECTOR REGIONAL, […] las funciones y su
experiencia en el cargo» (sic).

Agrega que de la lectura detallada de la sentencia recurrida se observa que no
desarrolló ni realizó análisis de fondo.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 20 de mayo de
2019 (ff. 423) y admitido por esta Corporación a través de auto de 30 de octubre
siguiente (f. 429), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 15 de febrero de 2021 (f. 435), para que aquellas alegaran
de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las partes2.

2.1.1 Parte demandante. Repitió e insistió en los argumentos consignados en
el recurso de apelación.

2.1.2 Parte demandada. Reiteró las razones presentadas con la contestación de
la demanda y concluyó que «la responsabilidad del Director Regional del Sena

2
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
14

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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

Cundinamarca, debía estar al tanto de los procesos que se adelantaba contra
la Entidad, reportando el estado y etapa en la que se encontraba, pues la
responsabilidad que genera la aceptación de un cargo de dirección y manejo,
implica estar al tanto de todas las situaciones que presenten en la Entidad que
representa, entonces al no ejercer la defensa de la institución, al no asignar
abogado para que el mismo presentar[a] la contestación de la [demanda]
remitida por [la] Dirección General y no actuar en las […] etapas del proceso
hasta el tr[á]mite final de la misma, con la consecuente condena de la entidad,
incurrió en falta disciplinaria, de conformidad con los numerales 1 y 2 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002, infringiendo deberes por omisión, lo que
conlleva igualmente a la vulneración del numeral 1 del artículo 35 de la ley
734 de 2002, sobre la prohibición de incurrir los deberes y los reglamentos»
(sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Actos acusados.

3.2.1 Resolución 900 de 14 de mayo de 2014, por medio de la cual la oficina de
control interno disciplinario del Sena sancionó al demandante con suspensión
en el ejercicio del cargo por el término de un mes (ff. 249 a 283).

3.2.2 Resolución 2300 de 23 de octubre de 2014, emitida por la directora general
(e) de la mencionada entidad, que confirmó la determinación atrás anotada (ff.
285 a 307).

3.3 Problema jurídico. La Sala debe determinar si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(sección segunda, subsección C), que negó las pretensiones de la demanda.

Para tal propósito, examinará los actos acusados, conforme a las acusaciones de
la demanda y el escrito de alzada (pese a sus imprecisiones), por: (i) falta de
competencia, pues los empleados designados para las notificaciones personales
carecen de autorización para realizar tal función; (ii) violación del derecho de
audiencia y de defensa, toda vez que se practicaron las pruebas luego de vencida
la etapa probatoria; (iii) falsa motivación por cuanto no se tipificó la conducta,
el grado de culpabilidad, ni la ilicitud sustancial; hubo indebida valoración de
las pruebas y no se analizaron las causales de exclusión de responsabilidad; y
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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

(iv) expedición irregular, porque existió error al calificar la falta en el momento
en que se profirió el acto y en general se desconocieron los términos de cada
una de las etapas procedimentales.

3.4 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en
el memorial de impugnación de la sentencia de primera instancia:

i) El demandante se vinculó a la entidad demandada desde el 26 de abril de 2000
y se desempeñaba como director regional, grado 5, del 25 de agosto de 2004 al
24 de noviembre de 2011, según consta en certificación 9 de 27 de febrero de
2012 (ff. 544 a 549, c. 2).

ii) Por auto de 15 de febrero de 2012, la jefa de la oficina de control interno
disciplinario del Sena ordena la apertura de la investigación disciplinaria contra
el demandante (ff. 533 a 537). La anterior decisión le fue notificada
personalmente, como se observa en acta de 23 de mayo de 2002 (f. 551, c. 2).

iii) Mediante auto de 29 de enero de 2014, suscrito por la gerente oficina de
control interno disciplinario del Sena, se le formulan cargos al actor dentro del
procedimiento disciplinario 069-11/2011 (ff. 654 y 670, c. 2).

iv) El demandante rindió descargos en escrito presentado el 26 de febrero de
2014 (ff. 674 a 683, c. 2).

v) Resolución 900 de 14 de mayo de 2014, por medio de la cual la oficina de
control interno disciplinario del Sena, sancionó al demandante con suspensión
en el ejercicio del cargo por el término de un mes (ff. 249 a 283).

vi) Recurso de apelación impetrado por el demandante el 5 de junio de 2014 (ff.
753 a 763).

vii) Resolución 2300 de 23 de octubre de 2014, emitida por la directora general
(e) del Sena, que confirmó la resolución sancionatoria (ff. 285 a 307).

viii) El Servicio Nacional de Aprendizaje aportó al proceso copia del expediente
disciplinario que dio lugar a la expedición de los actos aquí demandados (ff.
533 a 803).

A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos
planteados en la apelación del fallo.

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3.5 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del debido
proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de
obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto
constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras
cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado
puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de
nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se
evidencia violación del debido proceso.

Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que en todos los trámites de naturaleza
disciplinaria, los respectivos funcionarios deberán observar y aplicar de manera
rigurosa el derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye, además de
aquellas garantías que, según se explicó, conforman su contenido básico
aplicable en todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como propias
de este tipo de procedimientos:

A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado desde
sus inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de debido proceso,
cuya vigencia es indispensable en todo tipo de actuación disciplinaria. Esos
criterios, que se traducen en deberes de la autoridad disciplinaria, son los
siguientes3:

“i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario
a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa
las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan
lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que
fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y
vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante

3 Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada en
otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-542
de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
17

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los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones.”

En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los siguientes
elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y aplicables a
todas las actuaciones disciplinarias4: “(i) el principio de legalidad de la
falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el
derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de
controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la
presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el
principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la
prohibición de la reformatio in pejus” 5.

3.5 Caso concreto relativo a los problemas jurídicos derivados de las
causales de nulidad invocadas en el escrito de apelación de la sentencia. La
Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas de la demanda, por
las siguientes razones:

De antemano, reitera esta Colegiatura que si bien la garantía del debido proceso
abarca un conjunto de principios materiales y formales de obligatoria
observancia por parte de las autoridades disciplinarias, que a la vez constituyen
derechos de los sujetos disciplinables, tampoco se debe desconocer que los
actos de la administración gozan de la presunción de legalidad, hoy por expresa
disposición del artículo 88 del CPACA6, indemnidad que adquiere mayor
connotación cuando se trata de decisiones sancionatorias de carácter
disciplinario, en virtud de que su formación estuvo precedida de la participación
activa de la investigada y de su apoderado7, mediante defensa técnica, con
ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial
se realice un juicio de validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y
por ello no cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de
legalidad que ampara dichos actos administrativos.

Esta Corporación ha reiterado que «de acuerdo con la Jurisprudencia
Constitucional8 y Contencioso Administrativa9 no toda irregularidad procesal
da lugar a nulidad, en ese orden, para que el defecto bajo análisis -atendiendo
a las condiciones del caso concreto- conduzca a la anulación del proceso
correspondiente debe afectar el núcleo esencial del debido proceso y ser

4 Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya citadas
T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
5
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas, véase también la sentencia C- 721 de 2015.
6
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]»
7
Profesional del derecho Helena María Blanco Gutiérrez (f. 574 c.2).
8
Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2010.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección B. Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez;
sentencia de 4 de abril de 2013, radicado: 11001-03-25-000-2011-00599-00 (2307-2011). Actor: Jair Smelyn
Bustos Lombana.
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trascendental para la modificación de la decisión objeto de cuestionamiento
judicial»10, y este no es el caso, como se explica a continuación.

3.5.1 El pliego de cargos formulado se ajustó a la ley. Fue típica la conducta
que motivó la sanción disciplinaria impuesta al demandante, cuyo
comportamiento afectó sustancialmente el deber funcional sin justificación
alguna. Alega el actor que en el pliego de cargos formulado en su contra no se
tipificó la conducta, el grado de culpabilidad, ni la ilicitud sustancial. Agrega
que no existió falta disciplinaria en razón a que el artículo 16 (numeral 12) del
Decreto 249 de 2004 establece que la función de representación judicial y
extrajudicial le compete exclusivamente a la dirección jurídica de la entidad, y
el artículo 24 (numeral 20) del mismo estatuto prevé que la representación del
Sena que deben ejercer los directores regionales hace relación a la
representación de la entidad en su función y naturaleza, mas no con el carácter
judicial como «caprichosamente se le incluyó en el pliego de cargos» (f. 395).

Para decidir, recuerda la Sala que la tipicidad, como condición necesaria del
derecho disciplinario, halla su fundamento en el principio de legalidad previsto,
en este caso, en la Ley 734 de 2002, así: «ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. El
servidor público y el particular en los casos previstos en este código solo serán
investigados y sancionados por comportamientos que estén descritos como
faltas en la ley vigente al momento de su realización», que es, a su vez,
expresión del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, según el cual «Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».

Sobre el asunto, ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación que «El
proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de la
relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable
y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez,
una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo
el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido»11.

El Sena, en auto de 29 de enero de 2014, imputó al demandante pliego de cargos,
de la siguiente manera:

[…] Incumplió sus deberes funcionales al omitir los trámites
pertinentes para la contestación de la demanda de nulidad y
10
Sentencia de 28 de julio de 2014, sección segunda, subsección B, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
(E), radicado: 11001-03-25-000-2011-00365-00 (1377-11).
11
Sentencia de 17 de mayo de 2018, sección segunda, expediente 110010325000201301092 00 (2552-2013).
19

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restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 25307-3331001-
2007-00280, impetrada por el accionante Jaime Bachiller Reyes en
contra de la entidad, en la cual se profirió el fallo del 8 de noviembre de
2010, por el Juzgado Administrativo Descongestión del Circuito de
Girardot, ejecutoriado el 7 de diciembre de 2010, en el cual en el acápite
“actuación procesal”, señaló que la Entidad no dio contestación a la
demanda y que sólo la parte actora alegó de conclusión, observando que
contra esta providencia no se interpuso recurso alguno, lo que denota la
falta de venta judicial por parte de la Entidad desde el año 2008 hasta el
año 2010, situación que originó que todas las actuaciones judiciales o
administrativas que se desprendían de esta contestación de demanda
para realizar defensa judicial por parte de la Entidad no se realizaran (f.
659).

De acuerdo con lo reseñado, carece de fundamento la acusación del actor, en el
sentido de que en el pliego de acusaciones no se tipificó la conducta, el grado
de culpabilidad, ni la ilicitud sustancial.

De la sola lectura de los cargos imputados se verifica, sin equívocos, que se
trató de una actuación administrativa desarrollada con sujeción al régimen
disciplinario aplicable a los servidores públicos, en particular, se sujetó en rigor
al artículo 163 de la Ley 734 de 200212, alusivo a lo que debe contener el pliego
de cargos.

Observa la Sala que en el acto de imputación jurídica se expuso al actor que
incurrió, al parecer, en la falta disciplinaria descrita en el artículo 50 de la Ley
734 de 2002, el cual cataloga expresamente como conducta sancionable de los
servidores públicos lo siguiente: «Constituye falta disciplinaria grave o leve, el
incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de
las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos,
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la
Constitución o en la ley».

El anterior tipo disciplinario por ser abierto, indicó que «la gravedad o levedad
de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el

12
«ARTÍCULO 163. CONTENIDO DE LA DECISIÓN DE CARGOS. La decisión mediante la cual se formulen
cargos al investigado deberá contener:
1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que se realizó.
2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la
conducta.
3. La identificación del autor o autores de la falta.
4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.
5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.
6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de
conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.
7. La forma de culpabilidad.
8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales».
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artículo 43 de este código». Por ello, la falta se calificó como grave y se le
endilgó a título de culpa, en atención a que el demandante, pese a recibir correo
electrónico al que le informaron que debería constituir apoderado para que
interviniera en el aludido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y,
al ser el director regional, no lo designó.

En este contexto, para la Sala no existió irregularidad sustancial en la
formulación del pliego de cargos, puesto que al examinar el expediente
administrativo, se comprueba que en dicho acto aparecen consignados la
identificación del autor de la falta, el cargo y función desempeñada en la época
de comisión de la conducta, la descripción y determinación del comportamiento
investigado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó, las
normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, la modalidad
específica de la conducta, el análisis de las pruebas que fundamentaron el cargo
atribuido, los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad
de la falta y la forma de culpabilidad (ff. 659 a 670 c. 2), como lo preceptúa el
artículo 163 de la Ley 734 de 2002.

Lo que el demandante alega es un vicio por una actuación posterior y ajena al
contenido del pliego de cargos, cual es que la notificación personal le fue
practicada por una persona distinta a las comisionadas, lo que va en contravía,
en su criterio, del artículo 29 de la Constitución Política, en lo que al debido
proceso se refiere, y del artículo 12 de la Ley 734 de 2002 (f. 673). Para la Sala,
esta actuación, como ya se indicó, no tiene la virtud de constituir siquiera una
irregularidad porque, se repite, la notificación es una actuación independiente
del contenido y no lo afecta. Además, el acto de notificación, cumplió su
finalidad, esto es, enterarlo del contenido de lo decidido para hacerlo oponible
y ejerciera su derecho de defensa, como en efecto lo hizo, cuando presentó sus
descargos (ff. 674 a 683 c.2).

Recuerda la Sala que lo que el régimen sancionatorio administrativo castiga de
los servidores estatales es la conducta violatoria del deber funcional a su cargo
sin justificación, no el resultado, que fue lo que ocurrió en el presente asunto,
en el que el demandante, que ocupaba la mayor jerarquía en el ámbito regional
(Cundinamarca), pese a recibir dos correos electrónicos, uno inclusive con
remisión de la contestación de la demanda, sin causa justificada se abstuvo de
designar un representante judicial que garantizara la defensa técnica de la
entidad en el municipio de Girardot.

Al respecto, la Ley 734 de 2002 preceptúa: «ARTÍCULO 27. ACCIÓN Y
OMISIÓN. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el
21

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cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de
ellos, o por extralimitación de sus funciones» (se destaca), congruente con el
artículo 613 de la Constitución Política.

Concordante con la normativa en cita, ha sostenido la Corte Constitucional que
«[C]on el régimen disciplinario se pretende garantizar “la obediencia, la
disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los
servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los
diferentes servicios a su cargo”; propósito que está en armonía con lo
preceptuado en el artículo 209 de la C.P., porque como se expresó antes, sin
un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos,
resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública
cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma
constitucional14» (sentencia C-721 de 2015).

Lo anterior subyace, además, en la teleología del artículo 5° de la Ley 734 de
2002, que establece: «ILICITUD SUSTANCIAL. La falta será antijurídica
cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna», asunto en torno al
cual también ha expresado la jurisprudencia constitucional que lo que genera el
reproche de la administración al agente estatal o al particular que ejerce función
pública no es propiamente la voluntad de lesionar los intereses protegidos de la
función pública, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento
incompleto o defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le
encomiendan15.

Ahora bien, el demandante en esta instancia pretende que se reconozca que no
tenía la función de representación judicial, pues le corresponden a otra
dependencia, la oficina jurídica, para la Sala no es de recibo el argumento
presentado, pues en su calidad de director regional, dentro de las funciones
desglosadas por la Resolución 770 del 11 de julio de 2001, modificada por la
Resolución 490 de 2005, proferida por el director general del Sena, están en su
artículo 2º las siguientes: «1. notificarse de los autos emisores de las demandas
del contencioso administrativo que adelanten contra el Sena o contra actos
originarios de la Entidad informando inmediatamente a la oficina jurídica de
la Dirección General. […] 5. Interponer los recursos ordinarios y

13
«ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones».
14
Sentencias de la Corte Constitucional C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-811 de 2003 M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
15
Sentencia C- 181 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
22

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extraordinarios procedentes e intervenir en los que se formulen contra las
providencias dictadas en los procesos mencionados. 6. Representar al Director
General en todos aquellos actos de carácter procedimental, judicial, policivo o
administrativo, en los que deba intervenir en su calidad de representante legal
del SENA. 7. Conferir poder al abogado de planta o a aquellos contratados
expresamente para prestar el servicio de representación judicial y defensa del
SENA en los procesos, diligencias y recursos a que se refiere el presente
artículo».

El hecho de que el Decreto 249 de 28 de enero de 2004 y la circular 3-2008-
000072 de 18 de febrero de 2008 le hubieren conferido, entre otras funciones, a
la dirección jurídica la de asumir la representación judicial y extrajudicial de la
entidad en los procesos judiciales en que sea parte, estas deben ser interpretadas
de manera complementaria o armónica, pues en este caso no resulta aceptable
que la regional se notifique del proceso, los empleados bajo su jerarquía le
entreguen un proyecto de la contestación de la demanda y el director se quede
inactivo sin constituir apoderado; o, si en gracia de discusión se considerara que
no era el competente, no estuviera pendiente de ejercer la debida defensa técnica
dentro de su ámbito territorial; en otras palabras, debió ejercer un control de
tutela respecto de los procesos que se tramitan en su ámbito territorial.

Alega que en todo caso el resultado del proceso judicial iba a ser el mismo, al
margen de que ejerciera o no el derecho a la defensa técnica, además de que la
entidad no fue condenada en costas porque no intervino en el proceso; en otros
términos, que su conducta no fue grave y ajena de culpa porque no se perturbó
el servicio, pues el resultado del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con o sin defensa técnica, hubiese sido el mismo. Para la Sala, lo
planteado no resulta ser del todo cierto, habida cuenta de que en materia de
reliquidación pensional, que era lo discutido, la Corte Constitucional16 y la

16
Sobre este particular aspecto, la sala plena de esta Corporación en sentencia de unificación, de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01, hizo la trazabilidad de la jurisprudencia de esa corte y precisó
lo siguiente:
73. Ahora bien, la otra tesis consistente en que el IBL del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
debe aplicarse para establecer el monto pensional de las personas beneficiarias del régimen de transición
fue desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 que estudió la exequibilidad del
artículo 17 de la Ley 4 de 1992, aplicable a congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos
funcionarios.
74. En efecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-258 de 2013, declaró inexequibles las
expresiones “durante el último año y por todo concepto” y “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que
se reajuste el salario mínimo legal”, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, así
como la expresión “por todo concepto”, contenida en su parágrafo. Y declaró exequibles, bajo
condicionamiento, las restantes expresiones del artículo 17 de la Ley 4 de 1992.
75. La Corte fundamentó su decisión en que son evidentes las ventajas que se desprenden para los
congresistas y demás altos funcionarioscobijados por dicha norma, lo que quebranta el principio de
igualdad. La aplicación de la norma conlleva a que estos servidores, que están mejor situados
económicamente dentro de la población, son “favorecidos por ventajas también económicas de las que no
gozan el resto de la población pensionada y que además suponen un alto subsidio con recursos públicos”,
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Corte Suprema de Justicia17 habían sentado un criterio diferente en esa época al
que sostuvo el Consejo de Estado y que a posteriori terminó rectificado por
decisión de la sala plena de lo contencioso administrativo18. Pero en este asunto,
se insiste, lo que se juzgó fue la omisión en el ejercicio del cargo, al no constituir
la defensa técnica que requería la entidad dentro de un proceso contencioso-
administrativo respecto del cual recibió su notificación y se le proyectó su
contestación de la demanda, no obstante, el demandante se abstuvo de constituir
el respectivo abogado y, por supuesto, no estuvo pendiente del proceso, permite
que se fallara sin contestación de demanda, no alegó de conclusión ni apeló el
fallo condenatorio.

Por otro lado, para la Sala los fundamentos que motivaron la medida
disciplinaria impuesta al demandante fueron expuestos en forma suficiente y
adecuada en los actos sancionatorios acusados, de los que la Sala destaca los
siguientes apartes:

De lo expuesto anteriormente se infiere entonces que el señor Mauricio
Arturo Parra Parra, como Director Regional del Sena Cundinamarca y
representante legal de la misma, en relación con los trámites pertinentes
para contestación de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho radicada bajo el No. 25307-3331001- 2007- 00280, impetrada
por el accionante Jaime Bachiller Reyes en contra del SENA, incurrió
en una omisión en el ejercicio de sus funciones por un período
aproximado de dos (2) años, es decir, desde el año dos mil ocho (2008)
al dos mil diez (2010), teniendo en cuenta que la puede enviar proyecto
de contestación de demanda el doce (12) de agosto de dos mil ocho
(2008), y no ejerció sus funciones omitiendo la asignación del proceso

concediendo un “tratamiento diferenciado favorable en beneficio de un grupo que ya está en mejores
condiciones que los demás grupos comparables. El tratamiento favorable se tradujo, en razón del derecho
viviente, en que la brecha entre la pensión promedio y la pensión reconocida al amparo del artículo 17 fuera
manifiestamente desproporcionada”.
76. La Corte también consideró transgredido, según el derecho viviente, el principio de solidaridad, pues
con la aplicación del IBL del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, se permitía que “los recursos de la seguridad
social no se destinen con prelación a los sectores más pobres y vulnerables, sino a personas con altos
ingresos, cuyas cotizaciones carecen de una relación de correspondencia con el monto de la pensión que les
fue reconocida”.
77. En conclusión, la Corte retiró del ordenamiento jurídico el IBL del régimen especial de congresistas y
demás servidores públicos a los que le era aplicable el mencionado artículo 17 de la Ley 4 de 1992, porque
violaba los artículos 13 y 48 de la Carta. Ello conllevó a que se creara un vacío respecto de la regla del
Ingreso Base de Liquidación que debía aplicarse para la liquidación de las pensiones de los beneficiarios
del régimen especial del citado artículo 17. Para llenar este vacío, la Corte Constitucional consideró
compatible la aplicación de la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y
36 de la Ley 100 de 1993, pues de lo contrario, se conduciría a “una situación de inconstitucionalidad aún
más grave, pues haría imposible la liquidación de las pensiones y limitaría entonces de forma absoluta el
derecho a la seguridad social en pensiones de los beneficiarios del régimen especial bajo estudio”.
78. La justificación para acudir al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para efectos de liquidar
la pensión en el régimen especial del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, luego de considerar que las expresiones
demandadas quebrantaban los principios constitucionales de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema
de pensiones […].
17
Sala de Casación Laboral, sentencia de 17 de octubre de 2008, radicación 33.343.
18
Cfr. Sentencia citada nota al pie 16.
24

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a un abogado que presentara contestación de la demanda y ejerciera la
defensa de la entidad, de suerte que el Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circuito de Girardot, emitió fallo sobre el caso del
día ocho (8) de noviembre de dos mil diez (2010), ejecutoriado el siete
(7) de diciembre de dos mil diez (2010), en el cual, en el acápite
“actuación procesal”, señaló que la Entidad no dio contestación de la
demanda y que sólo la parte actora alegó de conclusión, observando que
contra esta providencia nos interpuso recurso alguno, lo que constata la
falta de defensa judicial por parte de la Entidad […] situación que
originó que todas las actuaciones judiciales o administrativas que se
extendían de la contestación de la demanda, para realizar defensa
judicial por parte de la institución, no se realizaran.

[…] Los argumentos esgrimidos por el investigado, no tienen asidero,
ya que a folio 3 reposa correo de fecha primero (1) de agosto de dos mil
ocho (2008), de la Coordinadora del Grupo de Apoyo Mixto de la
Regional Cundinamarca, dirigido al entonces Director Jurídico del
SENA-Dirección General, por el cual informa que mediante
memorando No. 003032 del treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008),
en Subdirector del Centro de la Tecnología del Diseño y la
Productividad Empresarial de Girardot, remitió a la dirección regional
la notificación del auto divisorio de la demanda interpuesta por el señor
Jaime Bachiller Reyes contra la Entidad, en el entendido de que si bien
es cierto las Circular No. 0072 del 18 de febrero de 2008, estableció que
las demandas contra la resoluciones proferidas por la Secretaría General
en materia de pensiones sería atendía por edición jurídica, ello no quiere
decir que en dicha Circular haya relevado al Director Regional del Sena
Cundinamarca de la representación legal que le correspondía.

En este contexto, no es aceptable el argumento expuesto por el señor
Mauricio Parra, porque no es del resorte de él decidir si eran procedentes
o no las reclamaciones del señor Jaime Bachiller Reyes, ni mucho
menos decidir sobre las estrategias jurídica del Sena, ya que el SENA
contrata a abogados externos, de quienes se exige en todos los casos
realicen una defensa judicial con los medios eficaces en el plano
jurídico, en consideración a su habilidad para utilizar los medios e
instrumentos legales previamente instituidos, con la finalidad de que
adelanten una actuación diligente y eficaz, dirigida a asegurar la defensa
de los intereses y política de la entidad; proceso que debía ser dirimido
por un juez administrativo al interior del proceso respectivo y no a
criterio personal del señor Mauricio Parra Parra, por ello no se puede
asumir que frente a una corriente jurisprudencial materia pensional,
todos los fallos judiciales proferidos sobre este tema, sean adversos a la
Entidad y menos ser este el argumento para excusar la falta de diligencia
por parte el investigado (ff. 726 a 732, c. 2).

De manera que la Sala advierte claridad y razonabilidad en los fundamentos de
la decisión y, por ende, no resulta dable declarar probada la ausencia o
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exoneración de responsabilidad disciplinaria del demandante. El principio de
trascendencia, ínsito en el artículo 310 (numeral 1) del Código de
Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), aplicable al procedimiento
disciplinario por remisión del artículo 143 (parágrafo) de la Ley 734 de 2002,
enseña que la existencia de irregularidades sustanciales (no formales) que
afecten el debido proceso, tienen la potencialidad de anular la respectiva
decisión, pero bajo la condición de que «Quien alegue la nulidad debe
demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos
procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el
juzgamiento»19, lo que precisamente el apoderado no satisfizo en la demanda,
ni en el memorial de apelación.

Todo lo anterior demuestra que la conducta irregular imputada al accionante
tuvo ocurrencia, que constituyó incumplimiento de los deberes funcionales
imputados en el pliego de cargos y que corresponden a la descripción típica de
carácter grave y culposa, que motivó la sanción de suspensión, en la graduación
mínima de un mes.

La Sala tampoco echa de menos en los actos demandados ninguno de los
requisitos formales y sustanciales previstos en el artículo 17020 de la Ley 734
de 2002 alusivos a los aspectos que debe contener el «fallo» disciplinario,
puesto que si se examinan las decisiones acusadas, se verifica que la entidad
analizó las pruebas en conjunto, valoró los cargos, los descargos y las
alegaciones presentadas, relacionó las normas legales y reglamentarias
concernientes al deber funcional desconocido, fundamentó la calificación de la
falta y la culpabilidad y, en fin, expuso claramente las razones de la sanción y
los criterios de su gradación, se insiste.

En cuanto a las prerrogativas del demandante, constata la Sala que durante el
curso de la actuación administrativa se le respetaron todas la garantías
procesales y sustanciales para ejercer los derechos de contradicción y defensa
(técnica mediante apoderado); así, durante el curso de la investigación
disciplinaria fue escuchado, tuvo la oportunidad de solicitar y aportar pruebas,
19
Ley 610 de 2000, artículo 310, numeral 2.
20
«ARTÍCULO 170. CONTENIDO DEL FALLO. El fallo debe ser motivado y contener:
1. La identidad del investigado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido
presentadas.
5. La fundamentación de la calificación de la falta.
6. El análisis de culpabilidad.
7. Las razones de la sanción o de la absolución, y
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en
la parte resolutiva».
26

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pedir copias del expediente, presentar descargos y alegaciones finales e
interponer recursos, oponer nulidades, etc., por mencionar algunas.

De manera que para la Sala los actos demandados se ajustan al ordenamiento
jurídico en cuanto a los motivos, los fundamentos legales y probatorios, el
procedimiento de expedición y la competencia de la autoridad disciplinaria que
los emitió.

Por consiguiente, los cargos de falta de competencia porque no se le notificó en
debida forma el pliego de cargos; falsa motivación por atipicidad de la conducta,
indebida valoración probatoria, conducta no culpable, inexistencia de
antijuridicidad y porque debió aplicarse una causal de exclusión de
responsabilidad; y expedición irregular por error en la calificación de la falta de
las decisiones administrativas, no están llamados a prosperar.

3.6.2 Las pruebas se apreciaron en forma integral, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica. Advierte la Sala que como no se trata de repetir en
sede judicial la valoración probatoria que realizó la entidad en el procedimiento
administrativo, pues se desnaturalizaría la potestad disciplinaria, el examen
integral de legalidad recae sobre el contenido de los actos demandados frente al
orden jurídico superior al que estaban sometidos y los supuestos de hecho en
que se fundaron.

Sobre la apreciación de las pruebas, la Ley 734 de 2002 establece: «Artículo
140. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas
de la sana crítica En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente
el mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta»; «ARTÍCULO 142.
PRUEBA PARA SANCIONAR. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que
obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la
falta y de la responsabilidad del investigado».

Los medios probatorios recaudados durante la actuación administrativa
muestran en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como
legalmente corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de
este procedimiento «es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos
y garantías debidos a las personas que en él intervienen», tal como lo consagra
el artículo 20 de la mencionada Ley 734, y al mismo tiempo tener en cuenta que
la sanción disciplinaria «tiene función preventiva y correctiva, para garantizar
la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los
tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función
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pública», como lo instituye el artículo 16 ibidem.

El apoderado del demandante, en su escrito de impugnación, alega que los actos
disciplinarios «se tornarían en improcedentes por derivarse de una
responsabilidad meramente objetiva del disciplinado» (f. 419).

Esta afirmación carece de respaldo en los hechos del caso, donde resulta apenas
lógico que las pruebas para sancionar sean las que comprometen la
responsabilidad disciplinaria, como lo son los correos electrónicos a través de
los cuales se le notificó la admisión de la mencionada demanda y se le solicitó
que, en su calidad de director regional, constituyera el respectivo apoderado.

La certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado no
está sujeta inexorablemente al volumen o cantidad de pruebas, pues en este caso
es un hecho cierto que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
notificó y tramitó sin la comparecencia de la entidad demandada (Sena), y
donde, se repite, el demandante tenía la función de la representación judicial,
se le entregó el proyecto de contestación de la demanda y, sin causa válida o
razonable, se abstuvo de constituir apoderado, en los términos del artículo 142
de la Ley 734 de 200221.

Destaca la Sala que, revisado el expediente administrativo (ff. 533 a 796),
comprueba que el demandante gozó durante la investigación disciplinaria de
plenas garantías constitucionales y legales de orden sustantivo y procesal para
ejercer su defensa, en particular, para controvertir las pruebas que soportaron el
pliego de cargos y la sanción. Su defensa fue técnica, es decir, estuvo a cargo
de abogado, se insiste.

Además, constata la Sala que entidad demandada efectuó en los actos acusados
un amplio análisis y examen integral de las evidencias probatorias; en ese
contexto, explicó y justificó con suficiencia por qué dio credibilidad a unas
pruebas y se apartó de otras, y el hecho de que el actor esté en desacuerdo con
tal razonamiento, no implica que se haya incurrido en expedición irregular por
falsa motivación, desviación de poder, violación de los derechos de
contradicción, defensa y debido proceso, o que no existieran razones suficientes
para sancionar.

21
ARTÍCULO 142. PRUEBA PARA SANCIONAR. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en
el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del
investigado.
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En fin, observa esta Colegiatura que la entidad articuló la apreciación de las
pruebas frente a todos hechos y circunstancias que rodearon los acontecimientos
investigados, y desconocerlas equivaldría a darle la espalda a la razón práctica
y a las demás evidencias materiales, so pretexto de que no existió prueba para
sancionar.

De modo que la sanción impuesta no resultó injusta, desproporcionada o
arbitraria, por el contrario, está provista de justificación legal; fue motivada en
lo que objetivamente se demostró durante la investigación administrativa, con
sujeción a las previsiones del artículo 170 de la Ley 734 de 2002, en el sentido
de que «el fallo» disciplinario «debe ser motivado y contener el análisis de las
pruebas en que se basa y el análisis y valoración jurídica de los cargos, de los
descargos y de las alegaciones», requisito formal y sustancial que fue
satisfecho a cabalidad.

Luego, la falsa motivación porque el demandante no cometió la conducta grave
culposa que se le endilgó, no está llamada a prosperar.

2.6.3 Exceder el término legal durante el procedimiento disciplinario no
invalida la actuación si no se afectó el debido proceso ni el derecho de
defensa del investigado. Reiteración de jurisprudencia. Sobre el particular,
esta Sala22, en aplicación de la Ley 200 de 1995, ha señalado que «[…] el
vencimiento de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar en
cuanto que, como ya tuvo oportunidad de expresarlo la Sala23, las normas
disciplinarias previstas en los artículos 55 y siguientes de la ley 200 de 1995
no estatuyen como consecuencia para el funcionario disciplinante la pérdida
de la facultad para continuar conociendo el asunto y, tampoco se encuentra
prevista como causal de nulidad del proceso disciplinario, el adelantamiento
de actuaciones después de vencidos los plazos […]».

22
Sentencia de 8 de noviembre de 2007, expediente 47001-23-31-000-2001-00955- 01(3834-04)
23
En sentencia de 18 de octubre de 2007, expediente 760012331000200303595 01 (2250-2006) Actor: Nelly
Caicedo Lourido. C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado, precisó la Sala: «La Corte Constitucional mediante la
sentencia C-720 de 2000, declaró la exequibilidad de la norma en mención (Art. 141 de la Ley 200 de 1995) y al
respecto estableció que el legislador en ejercicio de su libertad configurativa está facultado para fijar las diferentes
etapas y términos de los procesos disciplinarios. No obstante lo anterior, el vencimiento del plazo no implica como
lo señala la parte recurrente la pérdida de competencia para actuar porque las normas disciplinarias que
contemplan el factor de la competencia previstas en los artículos 55 y s.s. de la Ley 200 de 1995 no estatuyen como
consecuencia para el funcionario disciplinante la pérdida del poder de continuar conociendo del asunto y tampoco
se prevé como causal de nulidad del proceso disciplinario el adelantamiento de actuaciones después del plazo
anterior a voces del artículo 131 y s.s. ibídem.
Además, como la misión de la autoridad disciplinaria durante el trámite de la indagación preliminar es establecer
si se presentó una actuación constitutiva de falta disciplinaria y a quien podría imputársele la autoría de ese
comportamiento, esa misma autoridad estaría abocada a ver comprometida su conducta disciplinaria con el
desconocimiento de los términos para cumplir la función inherente a esta etapa».
29

Expediente 25000-23-42-000-2015-03273-01 (3237-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

En vigencia y para la aplicación de la Ley 734 de 2002, la Sala también ha
reiterado que el vencimiento del término previsto para las etapas del
procedimiento disciplinario acarrea sanciones para el funcionario que tiene a
cargo realizar las diligencias y por descuido deja superar el término, pero no es
causal de la nulidad de los actos recurridos, si no se presenta violación del
debido proceso, y tampoco implica la pérdida de competencia del funcionario
que adelanta su trámite24.

Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo SU-901 de 2005, sobre los efectos
del incumplimiento de términos en la actuación disciplinaria, sostuvo:

De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de
indagación previa no conduce a que el órgano de control disciplinario
incurra automáticamente en una grave afectación de garantías
constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación
cumplida carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada
caso, debe determinarse el motivo por el cual ese término legal se
desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no a
actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del
proceso. Es decir, del sólo hecho que un término procesal se
inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos
fundamentales de los administrados pues tal punto de vista
conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por
vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable
de la justicia como valor superior y como principio
constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido
que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un
término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia
inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren
múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales
como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas,
la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el
vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es
materia de investigación.

De este modo, aparte de la eventual falta disciplinaria en que pueda
incurrir el servidor que incumplió ese término, él se halla en el deber
de tomar una decisión con base en la actuación cumplida hasta el
momento en que el vencimiento de ese término operó. Si en tal
momento existen dudas, éstas se tornen insalvables y surge la
obligación de archivar la actuación; pero si tales dudas no existen,
esto es, si aparecen cumplidos los objetivos pretendidos con la

24
Sentencia de 30 de julio de 2015, expediente 11001-03-25-000-2010-00142-00 (0609-12). Véase igualmente la
sentencia de 18 de agosto de 2011, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente 25000-23-25 000-2007-
00753-01 (0532-08), entre otras.
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Expediente 25000-23-42-000-2015-03273-01 (3237-2019)
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Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

indagación preliminar, nada se opone a que se abra investigación
disciplinaria pues precisamente esta es una de las decisiones que se
pueden tomar en tal momento. (…)

Claro, este proceder de la Procuraduría General de la Nación no es,
ni mucho menos deseable. Todo lo contrario, se trata de un
comportamiento que linda en la responsabilidad disciplinaria pues
toda persona investigada tiene derecho a que las decisiones
procedentes se tomen dentro de los plazos legalmente
establecidos. No obstante, como tras el vencimiento del término de
indagación preliminar no se cumplió ninguna actuación adicional
como quiera que sólo hubo lugar a la apertura de investigación que
se dispuso con base en la actuación oportunamente cumplida, no
concurren razones para inferir una manifiesta irregularidad lesiva de
derechos fundamentales que ha de conducir a la anulación del
proceso y de las sanciones en él impuestas.

58. En suma, si bien en el proceso disciplinario adelantado contra el
actor se desconoció el término legalmente fijado para la
investigación preliminar, tal irregularidad no afectó ni el debido
proceso ni el derecho de defensa y por ello no puede haber lugar al
amparo constitucional de tales derechos y a la declaratoria de
invalidez de lo actuado.

En el caso concreto, aduce el demandante que la indagación preliminar
sobrepasó los seis (6) meses previstos en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002
para adelantarla, por cuanto se inició el 29 de julio de 2011 y la Administración
tenía hasta el 1º de febrero de 2012 para abrir la investigación disciplinaria, no
obstante, lo hizo el 15 de los mismos mes y año, es decir, por fuera del término
procesal fijado en la ley. También se excedió el plazo de doce (12) meses que
le concedía el artículo 156 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 52
de la Ley 1474 de 2011, para cerrar la investigación disciplinaria, pues el auto
de cargos se formuló el 29 de enero de 2014 (ff. 654 a 670), previa prórroga
decretada el 27 de mayo de 2013 (f. 571), lo que, en su criterio, constituyó una
vulneración a lo preceptuado en el artículo 29 de la Constitución Política
respecto del ejercicio del debido proceso en las actuaciones administrativas.

Observa la Sala que, pese a que no se cumplieron los términos fijados por la
ley, los objetivos pretendidos con la indagación preliminar y la investigación
disciplinaria se cumplieron, pues se practicaron pruebas, se resolvió la solicitud
de nulidad planteada y no hubo alguna actuación que implicara violación del
debido proceso y del derecho de defensa.

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Expediente 25000-23-42-000-2015-03273-01 (3237-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mauricio Arturo Parra Parra contra el Sena

Resulta claro que el Estado no puede renunciar a su potestad disciplinaria por
la violación formal de los plazos, si la acción disciplinaria no estaba prescrita,
como ocurrió en este caso. La Corte Constitucional ha precisado, como regla
inicial, que la simple trasgresión de las normas procesales no implica afectación
del debido proceso. Estas irregularidades menores se refieren a la afectación de
las formas propias de los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición
del conflicto, no quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29
constitucional25. Por consiguiente, este cargo no está llamado a prosperar.

Sin más disquisiciones sobre el particular y bajo una sana hermenéutica jurídica,
la Sala arriba a la convicción de que los actos administrativos demandados
conservan su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de
legalidad que los ampara, por tanto, se confirmará el fallo de primera instancia,
que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 27 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que negó
las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada
por el señor Mauricio Arturo Parra Parra contra el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena), conforme a la motivación.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

25
Sentencia T-233 de 2007. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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