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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03281-02

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03281-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Confirmar la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «D» que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero: De resultar más alta la pensión que devengaba Yesid Ramírez Bastidas, no habrá lugar a descontar las diferencias de mesadas, porque esta corporación no encuentra pruebas de mala fe en la conducta del pensionado. Cuarto: Bajo ninguna circunstancia al dar cumplimiento a la presente providencia CAJANAL suspenderá el pago de la mesada pensional reconocida al demandado por las resoluciones 06774 del 25 de febrero de 2008 y UGM 000007 del 20 de junio de 2011, por medio de las cuales se reconoció y reliquidó la pensión de vejez a favor del actor conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993, lo cual sólo ocurrirá cuando la entidad haya reconocido e incluido en nómina a Yesid Ramírez Bastidas la pensión de vejez de conformidad con el Decreto 546 de 1971. Quinto: No condenar en costas. Sexto: Reconocer personería para actuar como apoderada de la UGPP a la abogada Yoana Flechas Yavar, conforme al poder que obra en el radicado 25000-23-42000- 2015-0328-01. Séptimo: Por Secretaría archívese el radicado 25000-23-42000-2015-0328-01 y trasládese todos los archivos al 25000-23-42000-2015-0328-02, el cual quedará como radicado único. Octavo: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14). 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-03281-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03281-02 (1843-2021)
Demandante: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP)
Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

Tema: régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Subtema 1: requisitos para
obtener la pensión en el régimen de prima media de la Ley 100 de 1993. Subtema 2:
caducidad según la Ley 2381 de 2024. Subtema 3: competencias del juez contencioso
administrativo en asuntos pensionales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 3 de septiembre de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
«D» mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada por la UGPP.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP demanda los actos administrativos a través de los cuales le reconoció y
reliquidó la pensión de jubilación al demandado, por considerar que no cumple con los
requisitos conforme con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993, bajo el
cual le fue reconocida la pensión de vejez.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

La UGPP, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se enuncian2.

2.1.1. Pretensiones

1. La demandante solicitó la nulidad de las siguientes resoluciones: i) 06774 del 25 de
febrero de 2008, por medio de la cual CAJANAL EICE le reconoció la pensión de vejez al
actor conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993, porque
supuestamente lo cobijaba el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuantía
de $14.840.000; y ii) UGM 000007 del 20 de junio de 2011, mediante la cual reliquidó
la mesada pensional por retiro definitivo.

1
El referido medio de control está regulado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, CPACA.
2
La demanda se encuentra en el índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «9_ED_04DEMANDAF(.PDF) NroActua 2».

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03281-02 (1843-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al pensionado a: i)
restituir las sumas pagadas debidamente indexadas con ocasión al reconocimiento y
reliquidación de la pensión hasta que se profiera sentencia; ii) actualizar la condena con
los ajustes de valor o indexación desde el momento en que se causó hasta la fecha de
la ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso, prorrogable a la fecha del pago
efectivo del reajuste y la retroactividad; iii) que si no efectúa el pago en forma oportuna,
deberán liquidarse los intereses comerciales y moratorios, tal y como lo ordena el Art.
195 de la Ley 1437 de 2011; y iv) pagar costas y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

3. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) Yesid Ramírez Bastidas nació el 21 de julio de 1954.

2) El demandado prestó los siguientes tiempos de servicios:

CARGO DESDE HASTA
Juez (Neiva) 6 de noviembre de 1978 31 de julio de 1985
Magistrado del Tribunal Superior 1 de agosto de 1985 23 de diciembre de 2001
del Huila
Fiscal Delegado ante la Corte 18 de diciembre de 2001 30 de septiembre de 2002
Suprema de Justicia
Magistrado de la Sala Penal de la 1 de octubre de 2002 30 de septiembre de 2010
Corte Suprema de Justicia

3)Yesid Ramírez Bastidas, solicitó ante la extinta CAJANAL EICE el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación conforme al régimen de congresista, por haber
ostentado la calidad de magistrado de alta corte desde el 1 de octubre de 2002, en
aplicación de los decretos 1293 de 1994 y 1359 de 1993, petición que fue reiterada
mediante escrito del 10 de noviembre de 2006.

4) La extinta CAJANAL EICE mediante la Resolución 18427 del 24 de abril de 2006, negó
el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al demandado, por considerar que no
cumplió los requisitos para la prestación, en los términos de los artículos 7 del Decreto
1359 de 1993 y 2 y 3 del Decreto 1293 de 1994.

5) A través de la Resolución 34231 del 16 de julio de 2007, CAJANAL EICE negó la
pensión de vejez conforme al Decreto 1359 de 1993, con el argumento que el
peticionario al 20 de junio de 1994 solo contaba con 15 años, 7 meses y 15 días de
servicios, por lo que no cumplía con el requisito de 20 años de servicios a dicha fecha
para acceder a la prestación con 50 años de edad. Inconforme con la anterior decisión,
el accionado interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente
por medio de la Resolución 55102 del 22 de noviembre de 2007.

6) En cumplimiento del fallo del 18 de diciembre de 2007, proferido por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, CAJANAL EICE expidió la Resolución
06774 del 25 de febrero de 2008 mediante la cual se revocó en todas sus partes la
Resolución 34231 del 16 de julio de 2007 y, en consecuencia, reconoció y ordenó el
pago de una pensión de vejez a favor de Yesid Ramírez Bastidas, en cuantía de
$14.840.162.75, efectiva a partir del 1 de noviembre de 2006, condicionado su ingreso
a nómina al retiro definitivo del servicio.

7)Por medio de la Resolución UGM 000007 del 20 de junio de 2011 se reliquidó la
pensión de vejez, en cuantía de $18.101.825.19, efectiva a partir del 1 de octubre de
2010.

2

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-03281-02 (1843-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

8) La UGPP a través de Auto ADP 015132 del 20 de noviembre de 2013, realizó la
revisión del reconocimiento pensional del demandado y determinó el envío del caso con
el número SOP20130040528 a la Subdirección Jurídica Pensional para el inicio de las
acciones legales.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

4.La UGPP citó como normas violadas los artículos 1, 2, 6, 48, 122, y 209 de la
Constitución Política; las leyes 4 de 1992 y 100 de 1993, los decretos 1359 de 1993,
1293 de 1994, y 3568 de 2003; y el Acto Legislativo 01 de 2005.

5. En el concepto de violación argumentó que, con los actos acusados, sin ninguna
justificación legal se reconoce y liquida una pensión de vejez sin tener derecho a ello,
por lo que se comprometen los recursos públicos con una causa ilegítima, en perjuicio
de los demás asociados.

6. Sostuvo que Yesid Ramírez Bastidas no cumple con los requisitos establecidos para
hacerse acreedor a la pensión de vejez en los términos establecidos en los decretos
1359 de 1993, 1293 de 1994 y 3568 de 2003, pues, al 1 de abril de 1994 no ostentaba
la calidad de magistrado de alta corte, ya que se desempeñaba como magistrado del
Tribunal Superior del Huila, de manera que la decisión del juez de tutela que ordenó el
reconocimiento conforme a los mencionados decretos, generó un detrimento al erario,
habida cuenta que al demandado se le aplicó un régimen totalmente diferente al que
en derecho le corresponde.

7. Finalmente, señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de
2005, el demandado no tiene derecho a percibir 14 mesadas al año; no obstante, según
la información registrada por el FOPEP, para los años 2011, 2012, 2013 y 2014, devengó
14 mesadas en el año.

2.2. Contestación de la demanda

8. La parte demandada, se opuso3 a las pretensiones de la demanda, por cuanto
consideró que no se acreditó que la pensión de vejez del demandado, haya sido
reconocida de manera ilegal o que vulneró las normas constitucionales que se citaron
en la demanda.

9. Señaló que tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte
Constitucional, han sostenido de manera pacífica e ininterrumpida , que los magistrados
de altas cortes, que son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, tienen derecho a pensionarse con el régimen especial
regulado para los congresistas y que no es posible aplicarles el artículo 25 del Decreto
043 de 1999, que restringió la aplicabilidad del mencionado régimen especial sólo para
aquellos magistrados de altas cortes que a 1 de abril de 1994, desempeñaran sus
cargos en propiedad, por cuanto tal expresión fue anulada por el Consejo de Estado en
la sentencia del 18 de noviembre de 2002.

10. Indicó que como Yesid Ramírez Bastidas, causó el derecho a la pensión de vejez
mientras fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tenía derecho a
acceder a la pensión conforme al régimen previsto en los decretos 1359 de 1993 y 1293
de 1994, razón por la que no pueden prosperar los argumentos esbozados por la parte
actora para solicitar la nulidad de los actos acusados, pues los mismos se encuentran
ajustados al ordenamiento jurídico, sin que pueda aducirse que el demandado haya
abusado del derecho para obtener el reconocimiento pensional.

3
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «11_ED_06CONTESTAC(.PDF) NroActua 2».
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Demandante: UGPP
Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

11. Por último, precisó que en el evento de que se considere que la pensión de vejez del
demandado no debió reconocerse conforme al régimen de congresistas, debe tenerse
en cuenta que también se encuentra cobijado por el Decreto 546 de 1971, como quiera
que laboró por casi 32 años al servicio de la Rama judicial, lo que le permite acceder a
una pensión con el salario más alto devengado en el último año de servicio. Por
consiguiente, solicitó que, en virtud del principio de favorabilidad, se le debe otorgar la
mencionada prestación, con el régimen que optimice de mejor manera sus derechos
como trabajador.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «D»
mediante sentencia del 3 de septiembre de 20204 resolvió acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas, en el sentido de declarar la nulidad
del acto demandado, porque Yesid Ramírez Bastidas no es beneficiario del régimen
especial de los congresistas, bajo el cual se le reconoció la pensión demandada.

13. Sostuvo que resulta claro que las personas cobijadas por el régimen de transición,
que, para el 1 de abril de 1994, no estaban afiliadas al régimen especial del Congreso,
no podían beneficiarse de él. Ahora bien, se observa, que para el 1 de abril de 1994,
Yesid Ramírez Bastidas prestaba sus servicios como magistrado del Tribunal Superior
de Neiva, puesto que sólo hasta el 1 de octubre de 2002, se desempeñó como
magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
propiedad, tal como se verifica en el certificado proferido por la Secretaria General de
la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual, se concluye, que la aplicación de la
norma que hizo la UGPP, al momento de reconocerle la pensión de vejez al demandado,
no se ajustó a las orientaciones dadas por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, en diferentes precedentes jurisprudenciales.

a) Precisó, que actualmente, no es posible extender los beneficios del régimen especial
de los congresistas, a personas que, como el demandado, eran magistrados de alta
corte, después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, norma que además
incluyó a dichos servidores, dentro del Régimen General de Pensiones, puesto que tal
situación, vulnera el derecho a la igualdad, de los demás afiliados al sistema.

b) Indicó que la aplicación de la normas al reconocimiento de la pensión de vejez de
Yesid Ramírez Bastidas, no se encuentran acordes a los lineamientos fijados por la
Corte Constitucional, se declarará la nulidad de las resoluciones 06774 del 25 de
febrero de 2008 y UGM 000007 del 20 de junio de 2011, en cuanto aplicaron y liquidaron
la pensión del demandado con fundamento en el régimen especial de los congresistas.

c) Argumentó que el demandado, en primer lugar, es beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto para el 1 de abril
de 1994, tenía más de 15 años de servicio, y en segundo lugar, que estuvo vinculado
a la Rama Judicial desde el 6 de noviembre de 1978, donde ocupó varios cargos dentro
de la misma, como se desprende del certificado visible a folio 141 del cuaderno
principal, expedido por la coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección
Seccional de Administración Judicial, y durante más de 36 años, por lo que el régimen
con el que debe reconocerse la prestación es aquél al que se encontraba vinculado
para dicha fecha, que no es otro que el contenido en el Decreto 546 de 1971 «Por el
cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».

4
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «20_ED_15SENTENCIA(.PDF) NroActua 2.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-03281-02 (1843-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

d) Mencionó que Yesid Ramírez Bastidas, es beneficiario del régimen de transición y
para el reconocimiento de la pensión de vejez debe darse aplicación a lo dispuesto por
el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de
junio de 2020, en la cual se fijaron unas reglas jurisprudenciales para los beneficiarios
de la transición normativa de la Ley 100 de 1993, que se encontraban afiliados al
régimen especial de pensión de vejez de la Rama Judicial y del Ministerio Público, del
cual se advierte que el funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio
Público que sea beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que su pensión le sea reconocida con los siguientes
elementos del Decreto 546 de 1971: i) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es
hombre, ii) el tiempo de servicios de 20 años, de los cuales por lo menos 10 años
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, y iii) la tasa de
reemplazo del 75%.

e) Señaló que en relación a la tercera regla jurisprudencial, se tiene que el ingreso base
de liquidación está conformado por el promedio de los salarios y rentas devengados en
los últimos 10 últimos años si le hicieren falta 10 o más años para adquirir el derecho a
la prestación, debidamente actualizado anualmente con base en la variación del Índice
de Precios al Consumidor, según certificación que expida el DANE, o, en su defecto, en
el evento en que le hicieren falta menos de 10 años, corresponderá al promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado sobre el tiempo que le hiciere
falta para el reconocimiento de la pensión.

f) Por lo tanto, el demandado Yesid Ramírez Bastidas, tiene derecho a que la UGPP, le
reconozca pensión de vejez con fundamento en el Decreto 546 de 1971 y como quiera
que nació el 21 de julio de 1954, para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le
faltaban más de diez años para adquirir el derecho a la pensión y conforme a las reglas
establecidas por el Consejo de Estado, el reconocimiento prestacional en el caso
concreto, debe hacerse con el 75% del promedio de los salarios y rentas devengados
en los últimos 10 últimos años y sobre los cuales el afiliado hubiere efectuado aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones, debidamente actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

g) Por último, aclaró que el reconocimiento deberá efectuarse, a partir del 21 de julio de
2004, fecha en la cual el demandado cumplió el estatus pensional. No obstante lo
anterior, la UGPP deberá garantizar que no haya solución de continuidad en la inclusión
en nómina entre la nueva pensión reconocida y aquella cuya nulidad se ordena en este
proveído en aras de garantizar la efectividad de los derechos a la seguridad social y
mínimo vital.

2.4. Recurso de apelación

14. El demandado, a través de su apoderado, pidió5 que se revocara la decisión de
primera instancia, pues manifestó que CAJANAL le reconoció y liquidó la pensión en
acatamiento de la sentencia del 18 de diciembre de 2007 proferida por el juez cuarto
penal del circuito especializado de Bogotá, que ordenó su reconocimiento conforme al
régimen especial de los congresistas previsto en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de
1994, según la jurisprudencia entonces vigente, dado que estaba amparado por el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que mal puede argüirse la violación
del artículo 25 del Decreto 3568 de 2003 que, además, como se verá más adelante,
debe entenderse anulado por el Consejo de Estado.

5
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «22_ED_17APELACION(.PDF) NroActua 23».
5

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-03281-02 (1843-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

15. Sostuvo que según la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del
Consejo de Estado6, los magistrados de altas cortes se pensionan cuando reúnan los
requisitos de edad y tiempo de servicio, de acuerdo con el régimen señalado para los
congresistas si son beneficiarios del régimen de transición.

16. Esta fue la tesis que se le aplicó correctamente al accionado, en la que se aceptó
que había causado su derecho a la pensión desde el 21 de julio de 2004 cuando cumplió
50 años y que, además, por decisión judicial ejecutoriada la tenía ya reconocida como
magistrado de alta corte, cargo que ejercía desde el 1 de octubre de 2002, en
equivalencia a la de congresista, con apego a la normativa y a la jurisprudencia
entonces vigentes.

17. Argumentó que si bien la sentencia de tutela le reconoció al demandado el derecho
a la pensión desde la fecha en que cumplió 50 años de edad, 21 de julio de 2004, como
con acierto lo reitera la sentencia impugnada, la misma no se hizo efectiva sino a partir
de la fecha en que acreditó el retiro del servicio, el 1 de octubre de 2010, como
magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dignidad
que ostentaba desde el 1 de octubre del 2002, después de haber servido a la Rama
Judicial por casi 32 años desde 1978 hasta el 2010.

18. Finalmente, señaló que si se acude a la aplicación del Decreto 546 de 1971 debe
aplicarse en su totalidad y con la jurisprudencia vigente a la fecha del reconocimiento
de la pensión mediante sentencia ejecutoriada y no, como lo hace la providencia
recurrida, que aplicó lo previsto en la sentencia C-258 de 2013 de la Corte
Constitucional y las reglas establecidas en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-
20 del 11 de junio de 2020 del Consejo de Estado, a pesar de que la pensión se le
reconoce a partir de 2004, para entonces era otra la jurisprudencia vigente del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional y que las decisiones de esta son, como regla
general, hacia el futuro por lo que no pueden aplicarse al reconocimiento de una
pensión de 2004 las sentencias C-258 de 2013 ni la CE-SUJ-S2-021-20 de 2020.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

19. Mediante auto del 9 de junio de 20227, se admitió el recurso de apelación interpuesto.
A través de proveído del 11 de mayo de 20238, se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

20. La UGPP presentó alegatos de conclusión, reiteró los argumentos expuestos en la
demanda, además, insiste en la solicitud de reconocimiento de personería para actuar
en el trámite procesal que nos ocupa conforme a lo pedido mediante memorial de 17
de febrero de 2023, Así mismo, recuerda que, mediante auto de 19 de enero de 2023,
se había realizado el traslado a las partes para alegar conclusión, hecho que la parte
actora efectuó mediante memorial de 17 de febrero de 2023.

21. Finalmente, solicitó a la Sala dar claridad respecto a los radicados registrados en
cada uno de los traslados realizados para alegar de conclusión, habida cuenta que
conforme se observa en el traslado hecho el 19 de enero de 2023, el radicado es
25000234200020150328101; no obstante, en el traslado de 11 de mayo de 2023 el
radicado es 25000234200020150328102, razón por la cual se hace necesaria tal
precisión.

22. El Ministerio Público no rindió concepto.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 18 de noviembre de 2002.
7
Índice 04 del Samai.
8
Índice 16 del Samai.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-03281-02 (1843-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestiones previas

3.2.1 Caducidad según la Ley 2381 de 2024

24. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021, por medio de la cual se
modificaron algunos aspectos del CPACA, el legislador adoptó entre otras, un nuevo
esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y las de
naturaleza perentoria. En lo que tiene que ver con la excepción perentoria de
caducidad, la reforma previó dos momentos para su estudio y resolución, a saber: (i)
en cualquier estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el
juzgador la encuentre probada9; y (ii) en la sentencia de fondo10, oportunidad en la cual
el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre
probada11.

25. Ahora bien, la Ley 2381 de 202412 introdujo una importante modificación en la
materia, porque estableció un nuevo término de caducidad para las demandas que la
administración formula contra sus propios actos de reconocimiento pensional.

26. Bajo estos supuestos, y al tener en cuenta que en este asunto no hay lugar a emitir
una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que, como se
explicará más adelante, dicho término no resulta aplicable al caso concreto, le
corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo
anterior en atención a que el proceso está para dictar sentencia, por lo que, de acuerdo
con los artículos 187 y 207 del CPACA, es procedente resolver cualquier excepción
propuesta, y así como las que el juez eventualmente encuentre probadas, entre ellas,
la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el control de legalidad y
saneamiento del proceso.

27. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años «para
ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación,
como se muestra a continuación:

9
Artículos 175, parágrafo 2, inciso 4; y 182A, numeral 3 del CPACA.
10
Artículo 187 del CPACA.
11
Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021, emitido en el expediente 05001-23-33-000-
2019-02462-01 (2648-2021), en el cual se precisó que: «… el inciso 4 del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA (modificado por
el artículo 38 de la Ley 2080) consagró que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta
de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos
en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado del proceso,
cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem señaló que en la sentencia
se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. / En ese orden de
ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no pueden decidirse mediante auto antes
de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se declararán fundadas por medio de sentencia anticipada,
acorde con los lineamientos precisados en el numeral tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando
todavía no se encuentren probadas o demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina
de fondo las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA».
12
Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y
se dictan otras disposiciones.
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Demandante: UGPP
Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir
del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a
excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas
y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas,
y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley».

28. En el caso concreto, la UGPP solicitó la nulidad de las resoluciones 06774 del 25 de
febrero de 2008, por medio de la cual CAJANAL EICE le reconoció la pensión de vejez al
actor conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993, porque
supuestamente lo cobijaba el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuantía
de $14.840.000; y UGM 000007 del 20 de junio de 2011, mediante la cual reliquidó la
mesada pensional por retiro definitivo. Por lo tanto, es necesario establecer si hay lugar
a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin perder de vista las reglas previstas
en el ordenamiento jurídico en materia de tránsito legislativo, tratándose de leyes que
regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los juicios.

29. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de aquellas
normas mediante las cuales establecen reglas de sustanciación, así como ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito legislativo
anunciado, es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 13.

30. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el referido
término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

31. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica, por lo que estableció una serie de excepciones que hacen posible, aun frente
a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a contabilizarse
términos como el establecido para la caducidad de los medios de control.

32. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron la
adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX, siguen

13
Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. / Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a
correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. / La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación
vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad».
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presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos 1, 2,
4, 5, 6 y 8314. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887 en nada
contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las reglas previstas
en esta ley son una importante herramienta que contribuye a la interpretación y
aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento jurídico vigente.

33. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del CPACA,
dado que, al momento de su formulación, 23 de junio de 2015 era la disposición que
en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente.

34. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887, sino
también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia de quien motivado por un interés general persigue la
nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete recursos
públicos.

35. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar sus
propios actos sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar provista
de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre con el
presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional cuestionado, en
todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y contradicción durante el
trámite procesal impartido.

36. Sobre el particular es importante recordar que, la Corte Constitucional en sentencia
C-1049 de 200415, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

37. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigencia
de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
formuladas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.

38. En estos términos, la Sala considera que la expresión, «[…] y que estén en curso
[…]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, es incompatible con los artículos
29 y 229 de la Constitución, y con los principios constitucionales de confianza legítima
y seguridad jurídica16, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 4 Superior17 se
dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, para el caso
concreto, no resulta aplicable el término de caducidad establecido en el artículo 86

14
«La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado que este principio
ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte
Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
15
En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista en el numeral
2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
16
En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4 C.P. implica que en todo caso debe preferirse la
vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una norma jurídica de inferior jerarquía.
Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha compatibilidad no solo se predica de las previsiones
constitucionales comprendidas como reglas, sino también de los principios, valores y postulados de moralidad política que dan
sentido a la Carta Política».
17
Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
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ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso de apelación formulado por
las partes contra la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «D» mediante la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

3.2.2. Derecho fundamental a la seguridad social y competencias del juez
contencioso–administrativo en asuntos pensionales

39. El derecho a la seguridad social se encuentra dispuesto en el artículo 48 de la
Constitución Política como un derecho fundamental orientado a garantizar el bienestar
y la protección de las personas frente a las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte, entre otras. En ese sentido, esta norma lo prevé como un derecho
irrenunciable, de aplicación prioritaria e inmediata, lo cual implica que el Estado tiene la
obligación de adoptar las medidas necesarias que aseguren su acceso efectivo.

40. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado18:

«30. El artículo 48 de la Constitución Política establece el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación. Se trata de un derecho fundamental y de un servicio público
de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado.

31. Su carácter fundamental se sustenta en el principio de la dignidad humana. En virtud
de este principio, resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos19.

32. Según lo ha interpretado esta Corporación, los objetivos de la seguridad social
guardan necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de
derecho20».

41. En ese orden de ideas, tratándose de las competencias del juez contencioso
administrativo al conocer de un proceso en el que se debate un asunto pensional, para
esta Sala es relevante recordar lo señalado en las sentencias de unificación del 12 de
abril de 201821 y del 4 de octubre de 201822, en las que esta Sección estableció que la
ausencia de una referencia expresa a determinada norma no limita el análisis del caso,
siempre que exista una normativa aplicable al mismo. Así, la regla jurisprudencial quedó
establecida de la siguiente manera:

«En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de
aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no está limitado para conocer
del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte que reclama el
reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de
resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la normativa pensional
que corresponda y a los supuestos fácticos de la litis, de conformidad con el artículo 103
de la Ley 1437 de 2011».

42. Lo anterior implica que, en asuntos pensionales, el juez contencioso administrativo
tiene la facultad de aplicar la normatividad que estime pertinente, sin que ello constituya
una infracción al principio de justicia rogada o una vulneración al debido proceso. Su
función, en este contexto, es garantizar el acceso efectivo a un derecho fundamental
como lo es la seguridad social.

18
Corte Constitucional. Sentencia T-026 de 2023.
19
Cit. de cit. sentencias T-628 de 2007, T-032 de 2012; T-072 de 2013 y T-146 de 2013
20
Cit. de cit. Sentencias C-575 de 1992 y T-628 de 2007.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación: 810012333000201400012-01 (1321-2015) CE-SUJ-SII-010-2018.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación número: 05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18.
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43. En consecuencia, aunque en el presente caso se discute específicamente si los
actos administrativos a través de los cuales se le reconoció y reliquidó la pensión al
demandado bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993, deben
ser declarados nulos, ello no impide que resuelto dicho debate, la Sala no pueda
analizar si el demandado tiene derecho al reconocimiento de la pensión conforme a las
reglas previstas en las demás normas anteriores a la Ley 100 de 1993, pues hacer lo
contrario, esto es, dejar de estudiar si tiene o no derecho a la pensión bajo esta
normativa, sería desconocer el carácter fundamental del derecho a la seguridad social
y como consecuencia vulnerar esta garantía constitucional cuya finalidad, como se dijo,
es la protección de las personas contra las contingencias, en este caso, derivadas de
la vejez.

3.3. Problemas jurídicos

44.Aclarado lo anterior, de acuerdo con los argumentos expuestos por la parte
demandada en el recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión
de primera instancia, la Sala de Subsección deberá resolver si ¿Yesid Ramírez
Bastidas es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993?

45. En segundo lugar, se determinará si ¿el demandado tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1359 de 1993 o con el Decreto 546 de 1971?

46. Finalmente, según la respuesta al interrogante anterior, se responderá si ¿hay lugar
a la devolución de las mesadas pensionales pagadas al demandado con motivo del
reconocimiento pensional efectuado conforme al Decreto 1359 de 1993?

3.4. Régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993

47. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral con el objeto de
garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la
calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las
contingencias que la afecten.

48. Como parte de este sistema se estableció el Sistema General de Pensiones,
conformado por dos regímenes pensionales: (i) el Régimen de Prima Media con
Prestación Definida (RPM), administrado por COLPENSIONES (antes ISS), donde las
pensiones se financian con los aportes de los trabajadores y empleadores activos y (ii)
el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), gestionado por fondos privados
de pensiones, en el cual cada afiliado cotiza a su cuenta individual.

49. Adicionalmente, en su artículo 36, la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de
transición como una medida especial para garantizar que ciertos afiliados al sistema de
pensiones pudieran conservar las condiciones bajo las cuales se cotizó antes de la
entrada en vigencia de esa Ley. En estos términos quedó dispuesto:

«Artículo 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez.
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o
más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la
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establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez,
se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

[…]».

50. Bajo ese contexto legal, para ser beneficiario de este régimen de transición, el
afiliado debe cumplir con uno de los siguientes requisitos a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 199323:

→ Tener 35 años de edad si es mujer, o 40 años si es hombre.
→ Haber cotizado 15 años de servicio al sistema de pensiones.

51. El cumplimiento de uno de estos dos requisitos permite que el trabajador se
pensione bajo la normativa anterior a la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, para determinar
si una persona es beneficiaria del régimen de transición, es necesario verificar el
cumplimiento de estas condiciones, para garatizar así la correcta aplicación de esta
prerrogativa legal.

3.3. Régimen pensional de los magistrados de altas cortes

52. Como referente normativo que regula las prestaciones sociales para el sector
público, se encuentra la Ley 33 de 198524, en cuyo artículo 1 dispuso, que el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de
55 años, tiene derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio.

53. Señaló, que no quedan sujetos a esta regla general, los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de
pensiones.

54. Dispuso también, que a los empleados oficiales que a la fecha de esta ley hayan
cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la misma25.

55.Y en todo caso, los empleados oficiales que, a la fecha de vigencia de esta ley,
hayan cumplido los requisitos para obtener la pensión de jubilación, se regirán por las
normas que le anteceden.

56. Ahora bien, la Constitución Política de 1991, en los literales e) y f) del numeral 19
de su artículo 150, atribuyó al legislador competencia para dictar normas generales y
señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para
fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, así como para regular el régimen de
prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

57. El legislador ejerció esta atribución mediante la expedición de la Ley 4 de 1992, en
la que señaló al Gobierno Nacional, tal como lo indica el literal c) de su artículo 1 y su
artículo 2, los objetivos y criterios que debe observar para fijar el régimen salarial y
prestacional, entre otros, de los empleados de la Rama Judicial y de los miembros del
Congreso de la República.
23
El 1 de abril de 1994 para los empleados del nivel nacional, o el 30 de junio de 1995 para los empleados del nivel territorial.
24
«Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector
público», creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en su artículo 14.
25
Se resalta que la Ley 33 de 1985, según lo señala su artículo 25, rige a partir de su sanción, el 29 de enero de 1985.
12

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58. En su artículo 15 determinó, que los magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de
Estado, «[…] tendrán una prima especial de servicios que sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin
que en ningún caso los supere».

59. En el artículo 1726 ibidem, precisó:

«Artículo 17. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y
sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y éstas no
podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, [durante el último año],
[y por todo concepto], perciba el congresista. [Y se aumentarán en el mismo
porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal]27.

Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en
cuenta el último ingreso mensual promedio que [por todo concepto]28 devenguen los
representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la
sustitución respectiva».

60. Fue así como en ejercicio de dichas facultades, el Presidente de la República,
expidió el Decreto 1359 de 199329, que estableció el régimen especial de pensiones,
reajustes y sustituciones aplicable a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4 de 1992,
tengan la calidad de senador o representante a la Cámara.

61. En efecto, dicho decreto en su artículo 1 señaló, que este régimen «en lo sucesivo
se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tuvieren la calidad de
Senador o Representante a la Cámara»30.

62. Los artículos 5 y 631, referentes al Ingreso Básico para la Liquidación de la pensión
y al porcentaje mínimo de la misma, respectivamente señalan, que para liquidar las
pensiones al igual que los reajustes y las sustituciones, se tendrá en cuenta el ingreso
mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio a la fecha en que se
decrete la prestación, dentro del cual serán especialmente incluidos «el sueldo básico,
los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, prima de transporte,
prima de salud, prima de navidad y toda otra asignación de la que gozaren»32;
liquidación que en ningún caso ni en ningún tiempo puede ser inferior al 75% del ingreso

26
En la Sentencia C- 608 de 23 de agosto de 1999, la Corte Constitucional declaró exequible en forma condicionada el artículo 17
de la Ley 4ª de 1992, considerando que el trato especial para los Congresistas en cuanto a su remuneración, tiene origen en el
artículo 187 de la Carta Política, por lo que para el mismo Constituyente no resulta indebido que para ellos se establezca en
consideración a su función, un régimen diferente al general aplicable a los demás servidores públicos. Estimó además, que mientras
el Legislador no consagre disposiciones desproporcionadas o contrarias a la razón, puede prever regímenes especiales en material
salarial y prestacional, como el de Senadores y Representantes que «encuentra justificación en la función atribuida a los miembros
del Congreso, en su obligatoria dedicación exclusiva y en la alta responsabilidad que les corresponde, así como en el estricto
régimen de incompatibilidades previsto en la Constitución».
27
Las expresiones «durante el último año», «y por todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste
el salario mínimo legal», fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013.
28
La locución «por todo concepto» fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de
2013.
29
«Por el cual se establece un régimen especial de pensiones así como de reajustes y sustituciones de las mismas, aplicable a los
senadores y representantes a la cámara».
30
La Ley 4ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue el 18 de mayo de 1992,
en el Diario Oficial No. 40451.
31
Se resalta que estos artículos sufrieron modificaciones, en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013,
declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; por manera, que del artículo 5
se debe excluir la dicción «último año que por todo concepto» y del artículo 6 se deben suprimir los vocablos «durante el último
año» y «por todo concepto».
32
Al respecto debe tenerse en cuenta, que como factores de liquidación de la pensión, sólo pueden tomarse “aquellos ingresos
que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se
hubieran realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”, de conformidad con lo señalado por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 que declaró la inexequibilidad de las expresiones «y por todo concepto» y «por todo
concepto» contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y en consideración a que condicionó la exequibilidad del resto de dicha
norma bajo ese entendido.
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mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio, ni estará sujeta al
límite de cuantía a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 71 de 198833.

63. Y, en su artículo 7, definió el derecho a la pensión vitalicia de jubilación, en los
siguientes términos:

«Artículo 7. Definición. Cuando quienes en su condición de Senadores o
Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo
1o, parágrafo 2o de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20
años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho
público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en
parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme
a lo dispuesto en el artículo 7o de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión
vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que
[durante el último año] [y por todo concepto]34 devenguen los Congresistas en ejercicio,
de conformidad con lo establecido en los artículos 5o y 6o del presente Decreto. […]»

64. De manera, que a los senadores o representantes a la Cámara, le asiste el derecho
al reconocimiento de la pensión de jubilación con el 75% del ingreso mensual promedio
que devenguen los congresistas en ejercicio, cuando en tal condición cumpla con la
edad, que ha de entenderse es de 55 años y con el tiempo de servicios de 20 años.

65. Posteriormente, el Decreto 104 de 1994, reglamentario de la Ley 4 de 1992, en el
artículo 28, expresamente establece que «[a] los Magistrados del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado se les reconocerán las pensiones con los mismos factores salariales y
cuantías de los Senadores de la República y Representantes a la Cámara en los
términos establecidos en las normas legales vigentes».

66. Se resalta, que a partir del año 1995 con la expedición del Decreto 47, la anterior
previsión se ha mantenido en los Decretos anuales que el Gobierno nacional ha emitido
sobre salarios y prestaciones sociales de la Rama Judicial.

67. El aludido Decreto 47 de 1995, en el artículo 28, adicionó la anterior disposición 35,
en el sentido de que los magistrados en mención, que a 20 de junio de 1994
desempeñen sus cargos en propiedad en las citadas corporaciones, podrán optar por
pensionarse cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios señalados para
los congresistas en el Parágrafo del artículo 3º del Decreto 1293 de 199436, que no son
otros, que 20 años de servicio y 50 años de edad37.

68. Por su parte, la Ley 100 de 199338 en el artículo 273 preceptuó, en relación con el
régimen aplicable a los servidores públicos, que el Gobierno nacional, en acatamiento

33
Ley 71 de 1988. Artículo 2º «Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces
dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales».
34
Se destaca que esta norma igualmente sufrió modificaciones en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de
2013, declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; lo que significa, que de
su texto se deben excluir las locuciones «durante el último año» y «por todo concepto».
35
La referida adición se reprodujo en el artículo 28 del Decreto 34 de 1996 y en el artículo 25 de los Decretos 47 de 1997 y 65 de
1998. En el artículo 25 del Decreto 43 de 1999, fue suprimida la exigencia temporal y de ahí en adelante no se contempló en el
artículo 25 de los Decretos 2739 de 2000, 1474 de 2001, 2724 de 2001, 682 de 2002 y 3568 de 2003. Para el año 2004, en el
Decreto 4171, no se consagró la preceptiva en los términos antes reseñados, sino que se retomó el artículo 26 del Decreto 43 de
1999, según el cual «El monto de las cotizaciones para el Sistema General de Pensiones de los Magistrados y de los Procuradores
Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que se encuentren en el régimen de transición de la Ley
100 de 1993, será el establecido para los Senadores y Representantes en el literal a) del artículo 6° del Decreto 1293 de 1997
calculado sobre el ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Magistrados, en el entendido de que el setenta
y cinco por ciento (75%) del aporte corresponderá al empleador y el veinticinco por ciento (25%) restante al servidor».
36
Destaca la Sala que el Decreto 1293 de 1994 en concordancia con lo establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 e
invocando el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, estableció el Régimen de Transición de los Congresistas, de empleados del Congreso
y del Fondo de Previsión Social del Congreso -Fonprecon-.
37
Los posteriores decretos anuales hasta el año 2003 contemplaron esta opción.
38
«Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones». Esta Ley empezó a regir el 1° de
abril de 1994.
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a lo dispuesto por sus artículos 36 y 11, podía incorporar al Sistema General de
Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a los servidores
públicos, aún a los congresistas, respetando los derechos adquiridos.

69. El Gobierno nacional ejerció la facultad de incorporación otorgada, mediante el
Decreto 691 de 199439, que en el literal b) de su artículo 1 en asocio con el artículo 2,
prescribió que, a partir del 1 de abril de 1994, los servidores públicos del Congreso
quedaban vinculados al Sistema General de Pensiones que fue previsto en la Ley 100
de 1993, sin perjuicio de lo regulado por el Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo
modifiquen y adicionen. Y en su artículo 2 señaló, que el nuevo régimen para los
servidores públicos del orden nacional incorporados en virtud de su artículo 1
comenzaba a regir a partir del 1 de abril de 1994.

70. De otro lado, el Acto Legislativo 01 de 200540, que adicionó el artículo 48 de la Carta
Política, referente al carácter de obligatorio que reviste el servicio público de la
seguridad social, dispuso en su artículo 1, entre otras determinaciones, que el Estado
debía garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional; que las leyes en
materia pensional expedidas con posterioridad a su vigencia deben asegurar la
sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas; que para la adquisición del derecho
a la pensión es necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de
cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley;
que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones; que a partir de su vigencia
no habrán regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la Fuerza
Pública, al presidente de la república y a lo establecido en sus parágrafos; que las
personas cuyo derecho pensional se cause desde su vigencia no podrán percibir más
de 13 mesadas pensionales al año.

71. El Parágrafo 1 establece, que «A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse
pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
con cargo a recursos de naturaleza pública».

72. El Parágrafo Transitorio 2 ordena, que, «[s]in perjuicio de los derechos adquiridos,
el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al presidente de la república
y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, «la vigencia de los regímenes
pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido
de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31
de julio del año 2010».

73. Y en el Parágrafo Transitorio 4, determina que «El régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no
podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010», excepto los trabajadores que
cobijados por dicho régimen tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente
en tiempo de servicio a la vigencia de este acto legislativo, a los cuales se les mantendrá
dicho régimen hasta el año 2014.

74. Sobre el reconocimiento de pensión de congresista, esta Sala en sentencia del 2
de octubre de 201941 se pronunció de la siguiente manera:

«De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que si bien es cierto que
para el 1º. de abril de 1994 (cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993) la demandada
cumplía más de 15 años de servicio, también lo es que para esa fecha no tenía la
condición de congresista puesto que tan solo hasta el 20 de julio de 1998 tomó posesión
39
«Por el cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y se dictan otras disposiciones».
40
El Acto Legislativo 01 de 2005, entró en vigor desde su publicación, el 25 de julio de 2005, en el Diario Oficial No. 45.980.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 2 de octubre de 2019, Radicado 25000-23-42-000-
2014-02048-01 (4766-15).
15

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de ese empleo, por lo que estaba amparada por el régimen de transición contemplado
en el artículo 36 de la Ley 100, mas no por el especial previsto en el 2 del Decreto 1293
de 1994.

Lo anterior, en razón a que en atención a la precitada sentencia C-258 de 2013, el
régimen de transición de los congresistas está encaminado a garantizar las expectativas
legítimas de los que prestaron sus servicios en la mencionada calidad con anterioridad
a la entrada en vigor del sistema general de seguridad social en pensiones, máxime
cuando la Corte Constitucional en sentencia C-596 de 1997, declaró la exequibilidad de
la expresión «al cual se encuentren afiliados», contenida en el inciso 2° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, al considerar:

[…] En efecto, en primer lugar, los beneficios que son irrenunciables son aquellos que
se erigen como derechos ciertos o adquiridos, y, como se vio, la mera posibilidad de
pensionarse con el cumplimiento de ciertos requisitos y en determinadas condiciones,
no constituye un derecho adquirido sino una simple expectativa de derecho. Expectativa
que, para quienes no estaban vinculados a algún régimen pensional, ni siquiera existía.
Y en segundo lugar, el derecho a la pensión de jubilación, por ser un derecho
correspondiente al concepto de seguridad social y, por ende, un derecho-prestación,
catalogado como de segunda generación, exige, para su reconocimiento, la previa
definición legislativa de las circunstancias en las que se adquirirá, cosa que justamente
es lo que hace la norma sub-exámine.

El legislador tenía pues, plena libertad para configurar las condiciones de acceso a la
pensión de vejez y así lo hizo, sin que por ello pueda endilgársele la violación del
principio de irrenunciabilidad de derechos derivados de la seguridad social, que aún no
se habían adquirido.

Así las cosas, no es dable acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación de la
demandada con fundamento en el régimen especial contemplado en el artículo 17 de la
Ley 4ª de 1992, y los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, puesto que en virtud de
la interpretación efectuada en el citado fallo C-258 de 2013 que integra ahora el texto
legal, al no haber estado afiliada con anterioridad al 1°. de abril de 1994 a ese régimen
(pues su investidura la asumió el 20 de julio de 1998), no le es aplicable.

[…]». [Resaltado de la sala]

75. De conformidad con lo anterior, se concluye que independientemente que el
pensionado sea beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, también lo es que para el 1 de abril de 1994 debía tener la condición de
congresista, si no se cumplen esas circunstancias, no se encuentra amparado por la
transición del régimen especial del Decreto 1293 de 1994.

3.6 Requisitos de la pensión de jubilación del artículo 6 del Decreto 546 de 1971

76. ElDecreto 546 de 1971, «por el cual se establece el régimen de seguridad y
protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del
Ministerio Público y de sus familiares», era uno de los varios regímenes especiales que
existían antes de la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social en Pensiones,
contenido en la Ley 100 de 1993.

77. Dicho régimen establecía, entre otros beneficios, reglas especiales en materia de
vacaciones judiciales, pensiones, riesgos profesionales, asistencia por maternidad,
cesantía, auxilio funerario, prestaciones médicas, aportes, plan habitacional, y revisión
de sueldos y pensiones para funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público42.

42
Su artículo 1 establece que: «los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público tendrán derecho a
las garantías sociales y económicas en la forma y términos que establece el presente Decreto».
16

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78. En particular, con respecto a la pensión ordinaria de jubilación, los artículos 6 y 7
determinaban lo siguiente:

«Artículo 6. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.

Artículo 7. Si el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del Artículo anterior se
hubiere prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Publico en lapso menor de
10 años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los
empleados de la rama administrativa del Poder Público».

79. Así pues, el régimen especial en materia pensional contenido en el citado Decreto
546 de 1971 en favor de aquellas personas que hayan prestado sus servicios a la Rama
Judicial o al Ministerio Público, preveía las siguientes condiciones especiales para
acceder al reconocimiento de la pensión: (i) 20 años de servicio de los cuales 10 debían
ser exclusivos a la Rama Judicial o al Ministerio Publico, y, (ii) 55 años de edad para
los hombres y 50 respecto de las mujeres. El cumplimiento de estas condiciones, de
acuerdo con el artículo 6 ídem otorgaba el derecho a una «pensión ordinaria vitalicia de
jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicio».

3.7. Caso concreto

80.Para resolver los problemas jurídicos formulados, la Sala tendrá en cuenta los
hechos probados que a continuación se indican.

3.7.1. Hechos probados

81. Yesid Ramírez Bastidas nació el 21 de julio de 1954, con fundamento en la cédula
de ciudadanía, en el municipio de Popayán, Cauca43.

82. De acuerdo con las certificaciones laborales de la Dirección Ejecutiva de
Administración de Judicial Seccional Huila del 8 de junio de 201144, de la Fiscalía
General de la Nación del 8 de junio de 201145 y de la Secretaría General de la Corte
Suprema de Justicia del 1 de octubre de 201046, aportadas al proceso en debida forma,
se tiene que el demandado acumuló los siguientes tiempos de servicios:

CARGO DESDE HASTA
Juez Municipal grado 15 (Neiva) 6 de noviembre de 1978 31 de agosto de 1979
Juez de Circuito grado 17 1 de septiembre de 1979 31 de julio de 1985
Magistrado del Tribunal Superior 1 de agosto de 1985 23 de diciembre de 2001
del Huila
Fiscal Delegado ante la Corte 18 de diciembre de 2001 30 de septiembre de 2002
Suprema de Justicia
Magistrado de la Sala Penal de la 1 de octubre de 2002 30 de septiembre de 2010
Corte Suprema de Justicia
Tiempo total 36 años, 2 meses y 17 días

43
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «8_ED_03ANEXOSDEM(.PDF) NroActua 2 fl. 63.
44
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «8_ED_03ANEXOSDEM(.PDF) NroActua 2», fl. 10.
45
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «8_ED_03ANEXOSDEM(.PDF) NroActua 2», fl. 15.
46
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «7_ED_02ANEXOSDEM(.PDF) NroActua 2, fl. 40.
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83. Yesid Ramírez Bastidas solicitó ante CAJANAL el reconocimiento de la pensión de
jubilación conforme al Decreto 1293 de 1994 el 3 de junio de 200547.

84. CAJANAL a través de la Resolución 18427 del 31 de enero de 200648, le negó el
reconocimiento y pago de la pensión.

85. Mediante la Resolución 34231 del 16 de julio de 200749, nuevamente CAJANAL EICE
negó la pensión de jubilación conforme al Decreto 1359 de 1993, con el argumento que
el peticionario al 20 de junio de 1994 solo contaba con 15 años, 7 meses y 15 días de
servicios, por lo que no cumplía con el requisito de 20 años de servicios a dicha fecha
para acceder a la prestación con 50 años de edad. Inconforme con la anterior decisión,
el accionado interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente
por medio de la Resolución 55102 del 22 de noviembre de 200750.

86. En cumplimiento del fallo del 18 de diciembre de 2007, proferido por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, CAJANAL EICE expidió la Resolución
06774 del 25 de febrero de 200851 mediante la cual revocó en todas sus partes la
Resolución 34231 del 16 de julio de 2007 y en consecuencia reconoció y ordenó el pago
de una pensión de jubilación a favor de Yesid Ramírez Bastidas, en cuantía de
$14.840.162.75, efectiva a partir del 1 de noviembre de 2006, condicionado su ingreso
a nómina al retiro definitivo del servicio.

87. Por medio de la Resolución UGM 000007 del 20 de junio de 201152 la UGPP reliquidó
la pensión de jubilación, en cuantía de $18.101.825.19, efectiva a partir del 1 de octubre
de 2010.

3.7.2. Análisis sustancial de la Sala

88. De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y las pruebas
aportadas al expediente, la Sala procederá a continuación a resolver los problemas
jurídicos planteados.

a) ¿Yesid Ramírez Bastidas es beneficiario del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

89. En relación con este cuestionamiento, la Sala advierte que, al 1 de abril de 1994,
fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, Yesid Ramírez Bastidas tenía más
de 15 años de servicios.

90. Lo anterior quiere decir que para la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, Yesid
Ramírez Bastidas cumplía con uno de los requisitos para ser beneficiario del régimen
de transición dispuesto en su artículo 36, es decir, 15 años de servicios. En
consecuencia, el demandado era beneficiario de dicho régimen tal y como lo apreció el
a quo.

b) ¿El demandado tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1293 de 1994 o en el Decreto
546 de 1971?

91. Como quedó resuelto en el primer problema jurídico, el demandado es beneficiario
del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, sin embargo, en cumplimiento

47
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «6_ED_01ANEXOSDEM(.PDF) NroActua 2», fl. 53.
48
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «6_ED_01ANEXOSDEM(.PDF) NroActua 2, fl. 74.
49
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «6_ED_01ANEXOSDEM(.PDF) NroActua 2», fl. 140.
50
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «6_ED_01ANEXOSDEM(.PDF) NroActua 2», fl. 183.
51
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «7_ED_02ANEXOSDEM(.PDF) NroActua 2», fl. 24.
52
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «8_ED_03ANEXOSDEM(.PDF) NroActua 2», fl. 27.
18

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de un fallo de tutela se le otorgó la pensión de jubilación conforme al Decreto 1359 de
1993.

92. Acorde con las pruebas recaudadas se evidencia que para el 1 de abril de 1994,
Yesid Ramírez Bastidas prestaba sus servicios como magistrado del Tribunal Superior
de Neiva, pues sólo hasta el 1 de octubre de 2002, se desempeñó como magistrado de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en propiedad, tal como se
verifica en el certificado proferido por la Secretaria General de la Corte Suprema de
Justicia53, razón por la cual, se concluye, que la que la norma que aplicó la UGPP, al
momento de reconocer la pensión de vejez al accionado no se ajusta a derecho.

93. En un caso similar esta Sección, en sentencia del 2 de octubre de 201954, precisó:

«También está demostrado en el proceso que la accionante antes del 1 de abril de 1994
no fue Procuradora Delegada ante Alta Corte, ya que empezó a ejercer dicho cargo
el 2 de mayo de 1997, como consta en la certificación expedida por el Jefe de la División
de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación28.

Advierte así la Sala que aunque la demandante es beneficiaria del régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993, la normativa que se le aplica vía transición no es el
régimen especial de congresistas contenido en el Decreto 1359 de 1993, visto que
antes del 1 de abril de 1994, fecha de vigencia del Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones de la Ley 100 de 1993, dicho decreto no era la norma que se le aplicaba.
Entonces, se tiene que la actora antes del 1 de abril de 1994 no tenía ninguna
expectativa objeto de protección o derecho cierto respecto del régimen especial
de congresistas, como quiera que no ostentaba la calidad Procuradora Delegada
ante Alta Corte, dado que, se insiste, se desempeñó en este cargo desde el 2 de
mayo de 1997.

[…]

En consecuencia, se debe revocar la sentencia de primera instancia del 2 de diciembre
de 2010 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque la pensión de jubilación
de la actora, en consonancia con el pronunciamiento de constitucionalidad previamente
citado no se puede liquidar conforme al régimen de congresistas y con “el promedio de
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios”, como ella
lo reclama en este proceso, sino con los factores de liquidación sobre los que realizó
cotizaciones. Por lo tanto, se negarán las pretensiones de la demanda» (Subrayados y
resaltados fuera de texto).

94. Analizado lo anterior, para la Sala, es claro tal y como lo estableció el a quo que el
accionado es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, también lo es que el demandado laboró para la Rama Judicial por más de
36 años, en este orden, el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 establece como requisitos
para acceder a la pensión 55 años de edad, en el caso de los hombres, y 20 años de
servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a su vigencia, de los cuales
por lo menos 10 años hayan sido a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o en
ambas. Exigencias que cumplió el demandado, porque estuvo vinculado en varios
cargos en la Rama Judicial desde el 6 de noviembre de 1978, como se desprende del
certificado, expedido por la Coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección
Seccional de Administración Judicial, por lo que el régimen con el que debe
reconocerse la prestación es aquél al que se encontraba vinculado para el 1 de abril de
1994, que no es otro que el contenido en el Decreto 546 de 1971.

53
Índice 02 de Samai, en una carpeta denominada «7_ED_02ANEXOSDEM(.PDF) NroActua 2», fl. 40.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 2 de octubre de 2019, Radicado 5000-23-25-000-
2009-00190-01(0777-11).

19

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Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

95. En ese orden de ideas, aunque no es beneficiario del régimen especial de
congresista, Yesid Ramírez Bastidas sí tiene derecho al reconocimiento de la pensión
de vejez conforme a lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971.

96. Por lo anterior, la decisión de primera instancia será confirmada, porque
las resoluciones 06774 del 25 de febrero de 2008 y UGM 000007 del 20 de junio de
2011, por medio de las cuales CAJANAL EICE le reconoció y reliquidó la pensión de vejez
al actor conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993 deben ser
declaradas nulas, ya que al momento de su expedición, el pensionado no tenía derecho
al reconocimiento de la pensión bajo los términos de dichos actos, pues no era
beneficiario del régimen especial de congresista.

97. No obstante, al quedar demostrado que sí cumple con los requisitos para acceder
a la pensión de vejez conforme al régimen especial del Decreto 546 de 1971, se
ordenará a la UGPP que le reconozca esta prestación en virtud del derecho fundamental
a la seguridad social.

98. Ahora bien, de resultar más alta la pensión que devengaba el pensionado, no habrá
lugar a descontar las diferencias de mesadas porque esta corporación no encuentra
pruebas de mala fe en su conducta.

99. Bajo ninguna circunstancia al dar cumplimiento a la presente providencia la UGPP
suspenderá el pago de la mesada pensional reconocida al demandado por las
Resoluciones 06774 del 25 de febrero de 2008 y UGM 000007 del 20 de junio de 2011,
por medio de las cuales se reconoció y reliquidó la pensión de vejez a favor del actor
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993, lo cual sólo ocurrirá
cuando la entidad haya reconocido e incluido en nómina a Yesid Ramírez Bastidas la
pensión que en esta providencia se ordena reconocerle con el Decreto 546 de 1971.

c) ¿Hay lugar a la devolución de las mesadas pensionales pagadas al
demandado con motivo del reconocimiento pensional efectuado?

100. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación55 y de la Corte
Constitucional56, el principio de buena fe exige que tanto los particulares como las
autoridades públicas actúen con honestidad, lealtad, rectitud y ajustar su
comportamiento a los estándares de una persona íntegra (vir bonus)57.

101. En este sentido, la buena fe implica la existencia de relaciones recíprocas con
relevancia jurídica, basadas en la confianza, seguridad y credibilidad de la palabra
dada. Así lo establece el artículo 83 de la Constitución Política, que dispone que: (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben regirse por este
principio, y (ii) se presume la buena fe en todas las actuaciones que los particulares
realicen ante las autoridades, en el marco de relaciones jurídico-administrativas. No
obstante, esta presunción admite prueba en contrario.

102. Ahora bien, al descender al caso sub examine la Sala advierte que la UGPP no allegó
ninguna prueba que permitiera desvirtuar la buena fe de Yesid Ramírez Bastidas al
obtener el reconocimiento de su pensión a través de la Resolución 06774 del 25 de
febrero de 2008 mediante la cual se revocó en todas sus partes la Resolución 34231
del 16 de julio de 2007 y en consecuencia reconoció y ordenó el pago de una pensión

55
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 10 de octubre de 2013, expediente 2004-
02147-01(1809-09); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014, expediente
2011-00609-02(3130-13); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de agosto de 2020, expediente
2005-01283-01(4123-14), y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de junio de 2021, expediente
2012-00385-01(1989-19).
56
Ver, entre otras: T-436 de 2012, SU-182 de 2019, T-273 de 2021, SU-050 de 2022.
57
Corte Constitucional, sentencia T-475 de 1992.
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Demandante: UGPP
Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

de jubilación a favor de Yesid Ramírez Bastidas, en cuantía de $14.840.162.75, efectiva
a partir del 1 de noviembre de 2006, y condicionó su inclusión en nómina al retiro
definitivo del servicio. En igual sentido, con la reliquidación de la pensión, efectuada por
medio de la Resolución UGM 000007 del 20 de junio de 2011, en cuantía de
$18.101.825.19, efectiva a partir del 1 de octubre de 2010, y al recibir los pagos
producto del reconocimiento pensional que se demanda, en consecuencia, no hay lugar
a acceder a la pretensión de devolución de las mesadas pensionales pagadas.

3.8. Cuestión final

103. De conformidad con el informe secretarial del 20 de junio de 2025 58 el proceso con
radicación única 25000-23-42000-2015-0328 fue repartido dos veces dentro del
aplicativo Samai, lo que generó el tratamiento paralelo de dos expedientes dentro del
mismo despacho, cada uno con actuaciones procesales independientes, a pesar de
referirse al mismo objeto procesal, por lo anterior, se dará la orden de trasladar los
archivos del radicado 25000-23-42000-2015-0328-01 (1390-2021) al 25000-23-42000-
2015-0328-02 (1843-2021), objeto del presente estudio, el cual quedará como radicado
único.

104. Por último, se observa que al proceso con radicado 25000-23-42000-2015-0328-01
(1390-2021) se allegó un cuaderno de medidas cautelares donde consta que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca realizó las siguientes actuaciones:

• A través de auto del 27 de febrero de 2020, se decretó la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones 06774 del 25 de febrero de
2008 y UGM 000007 del 20 de junio de 2011, expedidas por la UGPP y el
auto del 19 de marzo de 2020 que lo adicionó.
• El 6 de julio de 2020 la parte demandada apeló el auto de 27 de febrero
de 2020.
• Mediante proveído del 2 de septiembre de dos mil veinte 2020 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado del señor Yesid Ramírez Bastidas.
• El 13 de enero de 2021 se envió la alzada a la Secretaria de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

105. No obstante lo anterior, en el plenario no obra decisión sobre la resolución del
recurso de apelación interpuesto contra el auto que decretó la medida cautelar, y, por
el contrario, lo que se evidencia es que el proceso continuó su curso en la primera
instancia hasta dictar la sentencia que ahora se analiza, motivo por el cual se presenta
la carencia de objeto frente a dicho proveído, pues, como quedó visto, en esta
providencia se decide la legalidad de los actos acusados.

3.9. Costas

106. Lapresente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 59 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone

58
Índice 24 de Samai.
59
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo
valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas
para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo
365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con
el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo
del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo
expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en
el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria
21

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Demandante: UGPP
Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es
necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que las partes hayan
incurrido en las anteriores conductas.

3.10. Reconocimiento de personería

107. Finalmente, observa la Sala que la UGPP le otorgó poder a la abogada Yoana
Flechas Yavar, para que actúe en su nombre y representación en la presente causa,
razón por la cual, en la parte resolutiva de este proveído será reconocida como tal, en
los términos del poder conferido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso
[…]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Confirmar la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «D» que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: De resultar más alta la pensión que devengaba Yesid Ramírez Bastidas, no
habrá lugar a descontar las diferencias de mesadas, porque esta corporación no
encuentra pruebas de mala fe en la conducta del pensionado.

Cuarto: Bajo ninguna circunstancia al dar cumplimiento a la presente providencia
CAJANAL suspenderá el pago de la mesada pensional reconocida al demandado por las
resoluciones 06774 del 25 de febrero de 2008 y UGM 000007 del 20 de junio de 2011,
por medio de las cuales se reconoció y reliquidó la pensión de vejez a favor del actor
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993, lo cual sólo ocurrirá
cuando la entidad haya reconocido e incluido en nómina a Yesid Ramírez Bastidas la
pensión de vejez de conformidad con el Decreto 546 de 1971.

Quinto: No condenar en costas.

Sexto: Reconocer personería para actuar como apoderada de la UGPP a la abogada
Yoana Flechas Yavar, conforme al poder que obra en el radicado 25000-23-42000-
2015-0328-01.

Séptimo: Por Secretaría archívese el radicado 25000-23-42000-2015-0328-01 y
trasládese todos los archivos al 25000-23-42000-2015-0328-02, el cual quedará como
radicado único.

Octavo: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un
criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril
de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
22

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-03281-02 (1843-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Yesid Ramírez Bastidas

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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