Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03334-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03334-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-03334-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
12 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C. , doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho .
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03334-01 (2218-2019)
Demandante: MARIA DE LOURDES BENAVIDES BEQUIS
Demandad o: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN .
Tema: Disciplinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación
interpuesto por la señora MARIA DE LOURDES BENAVIDES
BEQUIS contra la sentencia de 30 de enero de 2019 , proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que negó las
pretensiones de la demanda .
II. ANTECEDENTES.
2.1. Pretensiones
2.1.1. Se declare la nulidad de los fa llos de primera instancia del
20 de noviembre de 2012 proferido por el Despacho de la
Procuradora Delegada para la Moralidad Pública y el de segunda
instancia del 27 de noviembre de 2014 expedido por la Sala
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación , e n los que
se encontró disciplinariamente responsable a la demandante y se
le impuso una sanción de 6 meses de suspensión en el ejercicio del
cargo sin inhabilid ad especial .
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2.1.2. A título de restablecimiento del derecho solicitó:
(i) Se condene a la Nación - Procuradurí a General de la Nación a
reembolsar las sumas que por concepto de sanción
conmutable a multa por la suma de CUARENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS CUARE NTA Y CUATRO MIL
VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($44.344.026) según Resolución
3424 del 27 de abril de 2015 proferida por la Unidad
Administrativa Esp ecial de Impuestos y Aduanas Nacion ales -
DIAN, haya pagado la demandante.
(ii) Que dichas sumas sean devueltas con la debida indexación
monetaria según el Índice de Precios al Consumidor, IPC .
(iii) Se ordene a la Nación - Procuradurí a General de la Nación
eliminar del Sistema de Información de Registro de Sanciones
y Causas de Inhabilidad SIRI, la sanción de suspensión de 6
meses en el ejercicio del ca rgo sin inhabilidad especial
impuesta a la actora.
2.2. Hechos.
En la demanda 1 se narraron los hechos relevantes que a
continuación se resume n:
2.2.1 El señor OSCAR FRA NCO CHARRY en su co ndición de
Director General d e la DIAN mediante Resolución 4305 del 8 de
mayo de 2006 ordenó la apertura de la licitación pública No. 010 de
ese año, cuyo objeto era contratar las obras de construcción,
adecuación, mantenimiento y dotación de inmuebles en donde
funciona n las dependencias de la entidad a nivel nacional.
2.2.2 De conform idad con la Resolución 6239 del 14 de junio de
2006, el Director General de la "DIAN" delegó en la entonces
1 Folios 376 al 410 del expediente.
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Secretaria General de esa entidad, cargo que hoy se denomina
Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica , las
facultades de adjudica r o declara r d esierto el proceso licitatorio
aludido y la de suscribir los contratos resultantes de esa licitación.
2.2.3 El 30 de junio de 2006, la demandante en su calidad de
Secretaria General suscribió el contrato de obra pública No. 025-
002-2006 con el señor LUIS RAFAEL MONTERROSA RICARDO ,
representante legal de la Unión Temporal DIAN 2006, cuyo objeto
consistió en realizar la construcción, reparación , mantenimiento y
dotación de inmuebles en ciertas dependencias de la "DIAN" a nivel
nacional. Contrato que inició el 18 de septiembre de 2016 por valor
de CINCUE NTA Y UN MIL DOSCIE NTOS SESENTA Y CUAT RO
MILLONES TRESCIENTO S CUA RENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE
($51.264.342.000)
2.2.4 Mediante Resolución 321 del 14 de noviembre de 2008,
expedida por el señor NESTO R DÍAS SAAVEDRA en su condición
de Director Gestión de Ingresos encargado de las funciones de
Director General d e la DIAN, se dele gó en la señora BENAVIDES
BEQUIS la facultad de decidir sobre la imposición o no de una multa
al contratista U nió n Temporal DIAN 2006.
2.2.5 En virtud de dicha delegación , la señora BENAVIDES BEQUIS
expidió el 21 de noviembre de 2008, la Resolución No . 516 de ese
año, en la cual declaró que " el contratista no ha incurrido en
incumplimiento parcial de sus obligaciones, por lo que no hay lugar
a la imposición de una multa".
2.2.6. El señor JORGE VERGARA C , presidente de la ONG
«CÍVICOS EN ACCIÓN", el día 22 de octubre de 2010 , presentó
queja que originó la actuación disciplinaria en contra de la
demandante.
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2.2.7 El 21 de enero de 2011, la Procuraduría Delegada para la
Moralidad Pública abrió investigación disciplinaria en contra de
varios funcionarios, entre los que se encontraba la señora MARÍA
DE LOURDES BENAVIDES BEQUIS.
2.2.8 Mediante Auto del 7 de marzo de 2011, ese Despacho ordenó
incorporar a l proceso disciplinario, el expediente No. IUS 2011 -
34587 que se originó en una queja el evada por el señor PEDRO
JULIO MÁRQ UEZ GALÁN, en donde se informó que las sociedades
que conforman la firma interventora, hacen parte de las empresas
que integran la Unión Temporal DIAN 2006. Adicionalmente,
denuncia que los funcionarios de la DIAN no ejer cie ron control y
supervisión permanente con miras asegurar el cumplimiento del
objeto contractual. Con fundamento en esta queja se incorporó a la
investigación esta denuncia.
2.2.9 El 23 de diciembre de 2011 se profirió p liego de cargos contra
la señora BENAVIDES BEQUIS por ver comprometida su
responsabilidad disciplinaria por haber expedido la Resolución 516
de 2008 que declaró que el contratista no incurrió en incu mplimiento
de sus obligaciones y calificó la falt a como gravísima a título de
dolo.
2.2.10. El 16 de enero de 2012 la demandante presentó descargos,
posteriormente el 21 de septiembre del mismo año radicó escrito de
alegatos de conclusión y el día 20 de noviembre de 2012 se profirió
fallo en el que se declaró disciplinariamente responsable a la
demandante por la comisión de falta disciplina ria en la modalidad
de culpa grave y se le impuso sanción de suspensión de 6 meses
del ejercicio del ca rgo.
2.2.11 El 27 de noviembre de 2014 , la Sala Disciplinaria de la
Procuraduría General de la Nación en decisión de segunda
instancia confirmó la sanción.
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2.2.12 El 27 de abril de 2015 , el Director General de la DIAN profirió
Resolución 3424 mediante la cual se hizo efectiva la sanción y se
determinó que sería convertida en salarios y ascendería a la suma
de CUARENTA Y CUATRO MILLONE S TRESCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS.( $44.344.026)
2.3. Concepto de la violación
Señaló que se violaron los artículos 1 71 de la Ley 734 de 2002 y el
artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el acto administrativo
que resolvió el recurso de apelación se expidió fu era de los
términos establecidos por estas disp osiciones ; el fallo de primera
instancia se profirió el 20 de noviembre de 2012 y el recurso se
resolvió el 27 de noviembre de 2014.
Sostuvo qu e la consecuencia no es solamente la pérdida de la
competencia del funcionario sino que se materializa el silencio
administrativo positivo en favor de la demandante.
Así mismo , afirmó que las decisiones de la PROCURADURÍA están
viciadas de falsa motivación por calificación errónea de los hechos,
debido a que , no es cierto como se afirma por esa entid ad que con
la expedición de la Resolución 0516 de 2008 se hubiera
desconocido por parte de la actora los princip ios de economía,
responsabilidad y eficacia en lo que respecta al contrato 025 -002-
2006.
Frente al principio de economía adujo que al abstenerse de declarar
el incumplimiento la señora BENAVIDES y realiza r la co nciliación
con la Unión Temporal DIAN 2006 se generó la restitución de
$5.166.000 .000 solucionando de manera pronta la controversia y
con austeridad de gastos.
Además, en relación con el principio de eficacia , manifestó que se
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respetó, por cuanto la demandante tuvo en cuenta el procedimiento
de declaratoria de multa independientemente del resultado.
En relación con el princip io de responsabilidad aseguró que la
señora BENAVIDES actuó con el objetivo de garantizar la adecuada
ejecución del cont rato prorrogando el plazo y obteniendo el pago
por parte del contratista de cuantiosas sumas , en vez de sancionar
con multa lo que retrasaría el desarrollo del mismo . Además, el
contrato todavía se encontraba en ejecución y por lo tanto, el
contratista no había incurrido en incumplimientos que
comprometieran la realización de las obras.
Por otra parte, so stuvo que los actos acusados adolecen también
de falsa motivación por errónea interpretación de las reglas de
derecho al interpretar equivocadamente el inciso 2º del artículo 17
de la Ley 1150 de 2007 al considerar que la imposición de la multa
era obligatoria.
Dicha imposición consideró es facultativa del funcionario y éste
debe evaluar las diferentes opciones y la co nveniencia de declarar
el incumplimiento o no , buscando la decisión más favorable para
las partes.
De otro lado, manifestó que se violó el debido proceso y el derecho
de defensa, por cuanto se cambió la calificación de la conducta
disciplina ria realizada en el pliego de cargos de la modalidad de
dolo a culpa grave en ambos fallos , desconociéndose el princip io
de congruencia.
Finalmente , agregó que la decisión de la PROCURA DURÍA de
absolver a los interventores y sancionar a la demandante es un
contrasenti do, toda vez que , se sancionó al contratante quien no
recibió un reporte y por el contrario, se exoneró a quien debía
poner en conocimiento del superior los hechos que perjudicasen a
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la administración.
2.4. Contestación de la demanda
La Procuraduría General de la Nación por medio de apoderad o
judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 2,con
fundamento en los siguientes argumentos:
En relación con el desconocimiento de los términos por parte de la
segunda instancia indicó que la norma que regula el trámite no es
el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 , pues el derecho disciplinario
tiene sus propias directrices para fallar , contempladas en el artículo
171 de la Ley 734 de 2002. Además, agregó que el no observar los
términos no ll eva a que no se respeten las garantías fundamentales
como el debido proceso.
Manifestó que en materia disciplinaria no esta configurado el
silencio administrativo positivo y p ara que proceda requiere de
estipulación expresa.
En relación con la falsa mo tivación por errónea califica ción de los
hechos expresó que el a quo encontró que existían incumplimientos
graves y reite rados por parte del contratista consistentes en
retrasos, suspensiones, falta de personal, flujo de f ondos, no
atención oportuna a los requerimientos, mantenimiento preventivo
y correctivos de los equipos y de las instalaciones y mora
injustificada en los plazos de ejecución de las obras.
Bajo ese entendido indicó que la disciplinada tuvo un actuar omisivo
y desconoció los principios de economía, eficacia y respo nsabilidad
en la contratación estatal, toda vez que, estaban acreditados los
requisitos para la procedencia de la multa.
2 Folios 453 al 461 del expediente.
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Así mismo, encontró probado que la accionante se apartó de sus
deberes funcionales que le era n exigibles en virtud de la delegación
que se le hiciera y en ese sentido debió velar por la correcta
ejecución del contrato. Las sumas conciliadas son demostrativas
del incumplimiento del contratista.
Se refirió a que el fallo disciplinario de segunda instancia señala
que la imposición de la multa es una potestad que se le otorga a la
administración y que se acreditó que la no imposición de la multa
no se ajustó a la finalidad , por lo que se afectó los deberes
funcionales y los fines de la contratación.
Sostuvo que el cambio en el grado de culpabilidad co rresponde a
situaciones propias del proceso disciplinario y que responde a la
valoración del material probatorio.
Por otra parte, manifestó que la decisión de absolver a los
interventores y sa ncionar a la accionante fue el resultado de lo
acreditado en la actuación disciplinaria que , entre otros elementos,
demostró que el contratista no atendió varios requerimientos
realizados, no se le solicitó al contratista y a la interventoría
inform ara el estado real de la ejecución del contrato , y la decisión
que tomó la señora BENAVIDES se bas ó en lo reportado por la
interventoría y supervisión del contrato en las audiencias
celebradas, situación de la cual, a juicio del operador disciplinario ,
se derivan las co nclusiones para e stablecer la responsabilidad,
siendo una de ellas la del deber que tenía la accionante de asignar
tareas de verificación y solicitar el re porte de ejecución del estado
del contrato.
Propuso la excepci ón genérica.
2.5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 3
3 Folios 479 al 482 del expediente.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que la parte
demandada solo propuso la excepción innominada, sin embargo no
encuentra probada ninguna excepción previa o de las enlistadas en
el numeral 6 del artículo 180 del CPACA.
La decisión de excepciones no fue obje to de re curso por
ninguna de las pa rtes.
El lit igio fue fijado así “ En est e pr oceso se debe det erm inar si los act os
dem andados, est o es ( i) f allo de pr im er a inst ancia de 30 de noviem br e
de 2012 pr of er ido por la Pr ocur adur í a Delegad a par a l a Mor ali dad
Públ ica, dent r o del pr oceso con r adicac ión No. I US 2 010 - 3 53388 y ( i i)
f allo de segunda ins t ancia, del 27 de noviem br e de 2014, prof er ido por
la Pr ocur adur í a G ener al de la Naci ón - Sala Disc ipl inar ia, est án o no
viciad os de nul idad por los car gos expuest os en la dem anda, o por los
que encont r ar e est e Tr ibunal dem ost r ado s.
En caso de pr osper ar las pr et ensiones de nulidad, se deber á est ablecer
si la dem anda nt e t i ene o no der echo al r est ablec im ient o del der echo
solic it ado en la demanda, t e niendo en cuent a que dichas pret ensiones
son consecuenci ale s a la de nulida d . ”
2.6. La sentencia apelada 4
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de la
sentencia de 30 de enero de 2019 denegó las pretensiones de la
demanda, con base en los argumentos que se resumen a
continuación:
En relación con la falta de compete ncia en el fallo de segunda
instancia por haber proferido la decisión fuera del término legal de
un año contado a partir de la interpo sición del recurso, a la luz de
los previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 20 11, sostuvo que
esta norma hace alusión a la caducida d de la facultad sancionatoria
4 Folios 530 al 544 del expediente.
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diferente al proceso disciplinario regid o por leyes especiales.
Agregó que expresamente la norma se refie re a que se aplica a
situaciones no reguladas por el Código Disciplinari o Único, CDU,
por lo que es el artículo 171 de la Ley 734 de 2002 la norma que se
debe observar, sin que se consagre la pérdida de competencia.
Por otra parte, en cuanto a la falta disciplinaria endilgada a la
actora manifestó que conforme a las pruebas que obran en el
expediente se observa que el reproche endilgado a la demandante
consistió en la pasividad o permisivid ad al momento de valorar el
incumplimiento del contratista, pues el contrato de obra presentaba
graves fallas y demoras y por lo tanto ameritaba la multa.
Argumentó que la demandante como guardiana y administradora del
contrato , ten ía la obligación legal y constitucional de propender por
el cumplimiento eficaz del contrato de obra y de u tiliza r los
mecanismos ne cesarios para proteger al Estado. Razón por la cual,
resulta proporcion ado el reproche que se hizo en su contra y
sustentada la sanción.
Ahora bien, en cuanto a la errónea valoración normativa del artículo
17 de la Ley 1150 de 2007 , afirmó que la imposic ión de multa está
prevista para conminar al contratista a cumplir con sus ob ligaciones
y solo procede mientras se halle pendiente la ejecución , y que
aunque no se prevé su obligatoriedad , la norma si es clara en
señalar que su procedencia radica precisame nte en el
incumplimiento , por lo que no bast aba el solo compromiso del
contratista.
Concluyó que del caudal probatorio recaudado se demostró que se
conservaron las formas propias del proceso, que no hubo violación
del debido proceso ni del derecho a la defensa, debido a que la
disciplinada pudo controvertir la decisión, y que la misma no se
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fundamentó en una valoración errada, por el contrario , se basó en
el análisis de los d istintos medios de prueba.
2.7. Recurso de apelación .
El apoderad o de la parte demandante apeló 5 la anterior decisión ,
con base en los argumentos que a continuación se resumen:
Manifestó que el término previsto en el artículo 171 de la Ley 734
de 2002 no se cumplió y consideró que la actuación disciplinaria,
por tratarse de la manifestación de la administración est á sujeta a
lo previsto en la Ley 1437 de 2011, toda vez que , en los artículos
34 y 47 se regula que en lo no previsto en normas especiales se
aplica el procedimiento sancionatorio.
Agregó que se debe diferenciar la caducidad de la competencia
sancionatoria de la prevista para reso lver recu rsos, y qu e como el
Código Disciplinario Úni co no contempla disposición al respecto , se
aplica el CPACA. Además, es la norma más favorable a la
disciplinada.
Sostuvo que el Tribunal se limitó a establecer que hubo una
variación en la imputación, sin embargo esta modificación es
trascendental para el respeto de las formas procedimentales, el
derecho de defensa y el respeto del principio de congruencia
violándose el artículo 163 de la Ley 734 de 2002.
En relación con el cargo de falsa motivación adujó que no es cierto
que la dema ndante hubiera desconocido los principios de
economía, eficacia y responsabilidad y para fundamentar su
afirmación expuso los mismos argumentos esgrimidos en la
demanda.
5 Folios 555 al 576 del expediente.
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Finalmente, en cuanto a la violación por errónea interpretación del
inciso 2º del art iculo 17 de la Ley 1150 de 2007 reiteró las mismas
razones expuestas en la demanda.
2.8. Alegatos de conclusión .
El apoderado de l demandante 6 y la entidad de mandad a 7
reiteraron los argu mentos expuestos en el recurso de apelación y
contestación de la demanda, respectivamente.
El Ministerio P úblico 8 consideró que la responsabilidad
disciplina ria y la sanción impuesta a la demandante se ajusta al
ordenamiento jurídico con base en los argumentos que a
continuación se resumen:
Consideró que la accionante pierde de vista que la norma especial
que denomina caducidad para resolver los recursos es
precisamente el artículo 171 de l CDU.
Por otra parte, sostuvo que no se aportó pr ueba contundente de la
afectación del debido proceso y que precisamente la aplicación del
principio de favora bilidad con base en las actuaciones diligentes
preliminares de la disciplinada fueron tenidas en consideración
haciendo menos gravosa la calificaci ón jurídica, mutando de
modalidad dolosa a culposa. Advirtió además que dicho cambio no
vulnera el debido proceso, por cu anto no afecta la columna
vertebral del plieg o de cargos.
Frente a la falsa motivación adujo que lo que la autoridad
disciplina ria pu so en duda fue el cabal cumplimiento de los
principios de economía, eficacia y responsabilidad en relación con
6 Índice 24 SAMAI. Expediente digital.
7 Índice 25 SAMAI . Expediente digital.
8 Índice 26 SAMAI . Expediente digital.
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los deberes funcio nales taxativos de la disciplinada, al establecer
que pese las considerables pruebas del incumplimiento contractual
no se adoptaron los mecanismos suficientes para el cumplimiento.
Finalmente, en cuanto a la obligatoriedad de la multa expuso que
la Procuraduría no pretende señalar que ella deba imponerse a
como haya lugar sino que lo que se consideró es que se cumplen
todos los p resupuestos de hecho, incluidos los del artícu lo 17 de la
Ley 1150 de 2007 para el cobro de la multa.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo , 9 el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso 10, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los a rgumentos expuestos por el apelante.
3.3. Problema jurídico .
De acuerdo con los argumentos presentados por la parte
demandante en el recurso de apelación, esta Sala deberá
9 ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se con cedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
10 « C o m p e t e n c i a d e l s u p e r i o r . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a d e b e r á
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adopt ar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]».
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determinar s i los actos administrativos acusados se encuentra n
viciados de nulidad por haberse expedido con falta de competencia
y falsa motivación .
Con el anterior fin, deberá analizarse : (i) e l control integral del juez
contencioso administrativo respecto de los actos administrativos
disciplina rios ; (ii) los elementos del debido proceso en materia
disciplina ria, (iii) la causal de nulidad de falsa motivación y (vi)
análisis sustancial del caso concreto.
3.4. Marco normativo y Jurisprudencial.
3.4.1 Control integral del juez contencioso admi nistrativo
respecto de los actos administrativ os disciplinarios.
Inicialmente, con el fin de decidir est a controversia, es pertinente
hacer alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez
administrativo debe adelantar respecto de los actos administrativos
de carácter disciplinario .
Al respecto, destaca la Sala que, de conformidad con la sentencia
de unificación de 9 de agosto de 2016 11 proferida por la Sala
Plena de esta Corporación, el control que debe ejercer el juez
administrativo sobre los actos de la administración que sean de
carácter disciplin ario , debe ser un control integral, e n la medida
en que la actividad de este juez «supera el denominado control de
legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto
administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del
ordenamiento constitucional y legal, o rientado por el prisma de los
derechos fundamentales » y se concreta en los siguientes
postulados:
11 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 9 de agosto de 2016, radicado 1220 -2011, demandante: Piedad Esneda
Córdoba Ruíz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación.
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Demandante: María de Lourdes Benavides Bequis
«1) La compet en ci a del ju ez adm inist r at ivo es p len a, sin
“ def er encia especia l ” r espect o de las dec ision es adopt adas por los
t it ular es de la acció n discip lin ar ia. 2) La presunci ón de l egal i dad
del act o adm inist r at ivo sancio nat or io es sim ilar a la de cua lqui er
act o adm inist r at ivo . 3) La exist enci a de un procedi mi ent o
di sci pl i nari o ext ensament e r egulado p or la ley, de ning ún m odo
r est r inge el cont r ol judicia l. 4) La int er pr et ación nor m at iva y la
val oraci ón probat ori a hecha en sede discip lin ar ia, es cont r olab le
judic ia lm ent e en el m ar co que im pone la Const it ución y la l ey. 5)
Las ir r egular idade s del t r ám it e pr ocesal, ser án valor adas por el
juez de lo cont en cioso adm inist r at iv o, bajo el am par o de la
indepen denci a e impar cial idad que lo car act er iza. 6) El juez de lo
cont encioso adm in is t r at ivo no sólo es de cont r ol de la lega lida d,
sino t ambi én garant e de l os d erechos . 7) El contr ol judici al
int egr al inv olucr a t odos los pr inci pi os que r igen la acción
discip li nar ia. 8) El ju ez de lo cont encioso adm inist r at ivo es gar ant e
de la t ut ela jud icia l ef ect iva [ …] »
Bajo tal entendimiento, en criterio de la Sala ese juicio integral
supone, en cuanto a las causales de nulidad, que el juez, en virtud
de la primacía del derecho sustancial, puede y debe examinar
causales conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar
la tutela judicial efectiva.
Respecto a la valoració n de las probanzas recaudadas en el
disciplina rio, el aludido juicio integral lo habilita para estudiar la
legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que
soportan la imposición de la sanción disciplinaria, porque solo a
partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si
el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.
Con relación a los principios rectores de la ley disciplina ria, el juez
está facultado para examinar el estricto cumplimiento de todos y
cada y uno de ellos dentro la actuación sancionatoria 12.
12La Ley 734 de 2002 en los artículos 4 a 21 contempla los principios de
legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad
humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad,
igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa,
proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación
de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre
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Acerca del pri ncipio de proporciona lidad de que trata el artículo
18 de la Ley 734 de 2002, referido a que la sanción d isciplinaria
debe corresponder a la g ravedad de la falta cometida y a la
graduación prevista en la ley cuando el juicio de proporcionalidad
de la sanción sea parte de la decisión judicial, el juez puede, según
lo ordenan el artículo 170 del CCA 13 y el inciso 3 del artículo 187
del CPACA 14, estatuir disposiciones n uevas en reemplazo de las
acusadas y modificar o reformar estas 15.
En cuanto a la ilicitud sustancial , el juez está autorizado para
realizar el aná lisis de racionalidad, razonabilidad y/o
proporcionalidad respecto de la misma, al punto que, si el asunto
lo exige, puede valorar los argumentos que sustenten la afectación
sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por
el disciplinado.
derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por
Colombia.
13 A r t í c u l o
170 del CCA modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989.
«Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe
analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas
jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el
objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular,
los Organismos de los Contencioso Administrativo podrán estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar
estas».
14 A r t í c u l o
187 inciso 3 del CPACA. «Para restablecer el derecho particular, la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones
nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas».
15 La sentencia de unificación al respecto determina que «El juez de lo
contencioso administrativo está facultado para realizar un “control positivo”,
capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, lo que permite
hablar de “[…] un principio de proporcionalidad sancionador, propio y
autónomo de esta esfera tan relevante del Derecho administrativo, con una
jurisprudencia abundante y enjundiosa, pero de exclusiva aplicación en dicho
ámbito.[…]”, lo cual permite afirmar que “[…] el Derecho Administrativo
Sancionador ofrece en este punto mayores garantías al inculpado que el
Derecho Penal […]”». Ahora bien, cuando el particular demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo lo hace en defensa d e sus
intereses y no de la ley. En consecuencia, el juez debe atender la realidad
detrás del juicio disciplinario administrativo puesto que “[…] si la esfera
subjetiva se torna en centro de gravedad, el interés del particular adquiere un
protagonismo que la ley no ha querido obviar, elevando al grado de pretensión,
junto con la anulatoria, a la solicitud de restablecimiento de la situación
jurídica individual […]”».
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Ahora bien, teniendo en cuenta que la sanció n administrativa
expresa el poder punitivo estatal, la doctrina nacional 16 enseña que
es necesario un control de convencionalidad de la sanción, esto
es, atendiendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos 17, debe «extremar las precauciones » para la
protección de los derechos fundamentales de las personas, por lo
que el juez contencioso ya no es un mero rev isor de la legalidad
(«juez reviso r »), sino un juez de constitucionalidad e incluso de
convencionalidad ( «juez protector »), lo que obliga a realizar la
confrontación de la actuación administrativa sancionatoria frente a
tales normas superiores, puesto q ue al juez le co rresponde
declarar cualquier «excepción que encuentr e probada» (art. 187
CPACA).
Por lo anterio r, al juez le corre sponde analizar, no solo la
competencia con la que actúa la administración, sino si se dan los
elementos de la responsabilidad administrativa como tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad 18.
3.4.2 Los elementos del debido proceso en materia
disciplinaria.
De manera reiterada ha señalado esta Corporación 19 que son
16 La Sanción Administrativa, Perspectivas contemporáneas. LAVERDE
ÁLVAREZ Juan Manuel. Editorial Legis. Página 119 y 120. Primera edición
2020.
17 C a s o
Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. También, Mohamed vs. Argentina
de 2012. Tesis reiterada en el caso Petro vs. Colombia 2020.
18 O p .
Cit, p. 123. “En conclusión, estimo que la teleología que deb e inspirar
al juez contencioso para el control de las actuaciones administrativas
sancionatorias es la vertida en la sentencia de unificación del 9 de agosto de
2016 (radicado 1220-2011), proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado,
la cual si bien corresponde a una responsabilidad disciplinaria, en todo caso
hace parte del derecho administrativo sancionador y está en el marco del jus
puniendi estatal, es decir, se sujeta a los mismos principios constitucionales
y convencionales que rigen las actuacio nes que se adelantan con base en la
Ley 1437 de 2011.
19Al efecto, se reiteran y reproducen las consideraciones expuestas en las
sentencias de 23 de septiembre de 2015 de la Sección Segunda, Subsección
A de esta Corporación, radicado 11001-03-25-000-2010-00162-00(1200-10),
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elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en
materia disciplinaria, entre otros «(i) el principio de legalidad de la
falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii)
el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción
y de controversia de la prueba, (iv) el p rincipio de la doble
instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de
imparcialidad, (vii) el principio de non bis in ídem, (viii) el principio
de cosa juzgada y (ix) la pr ohibición de la reformatio in pejus » 20.
Así mismo, y como aspectos importantes del debido proceso
disciplina rio, la Sala ilustra de manera sucinta sobre los
presupuestos necesarios para la existencia de responsabilidad en
materia disciplinaria, tipicidad, antijuridicidad y la culpa bilidad en
los siguientes términos:
En lo que se refiere a tipicidad , es pertinente señalar, como lo ha
expuesto la Corte Constitucional en reiteradas decision es, que el
régimen disciplinario se caracteriza, a diferencia del penal, porque
las conductas constitutivas de falta disciplinaria están consignadas
en tipos abierto s, ante la imposibilidad del legislador de contar con
un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas
aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los
actos antijurídicos de los servidores p úblicos.
Por lo tanto, las normas disciplinarias tienen un complemento
compuesto por disposiciones que contienen prohibiciones,
mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador disciplinario
para imponer las sanciones corresp ondientes, circunstancia que
sin vulnerar los d erechos de los procesados permite una mayor
actor: Ángel Yesid Rivera García, demandada: la Nación -Procuraduría General
de la Nación y de 21 de junio de 2018, radicado: 25000 23 42 000 2013 06306
01 (4870-2015), accionante: Nancy Stella Marulanda Rodríguez, de mandado:
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional .
20 S e n t e n c i a
T-1034 de 2006, MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual
sentido se puede consultar sentencia C -310 de 1997, MP Dr. Carlos Gaviria
Díaz.
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adaptación del derecho disciplinario a sus objetivos 21.
Así las cosas, el que adelanta la investigación disciplinaria dispone
de un campo amplio para establecer si la conducta inve stigada se
subsume o no e n los supuestos de hecho de los tipos legales
correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa, es decir,
en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de
cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad, sin
que ello sea una patente para legitimar posiciones arbitrarias o
caprichosas.
Respecto a la antijuridicidad, que tiene que ver con el ilícito
disciplina rio, la Sala acoge la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en el sentido de que, en el derecho disciplinario, la
antijuridicidad no se basa en el daño a un bien jurídico tutelado y/o
protegido, sino en el inc umplimiento de los deberes funcionales
del servidor públi co 22.
En tal sentido, la jurisprudencia ha precisado que la valoración de
la «lesividad » de las conductas que se han consagrado como faltas
disciplina rias f rente al servicio público es una tarea que compete
al legislador, quien ha de realizar tal apreciación al momento de
establecer los tipos disciplinarios e n la ley; por lo tanto, no le
corresponde a la autoridad disciplinaria que aplica la ley efectuar
un juicio genérico de lesividad de la s conductas repro chadas -lo
que ya ha realizado el legislador -sino efectuar un juicio de
antijuridicidad basado en la infracción del deber funcional, la cu al
-se presume - genera de por sí un desmedro, legislativamente
apreciado, sobre la función pública encomendada al servidor
público disciplinado 23.
21 S o b r e
la vigencia del sistema de tipos abiertos en el ámbito disciplinario ver
-entre otras- las sentencias C-181/02, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, y
C-948 de 2002, MP Dr. Álvaro Tafur Galvis.
22 S e puede consultar la sentencia C -948 de 2002, MP Dr. Álvaro Tafur Galvis.
23Al respecto se pu ede estudiar la sentencia C -393-2006, MP Dr. Rodrigo
Escobar Gil.
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Por ello, la ilicitud sustancial es entendida como la afectación
sustancial de los deberes funcionales, siemp re que ello implique el
desconocimiento de los principios qu e rigen la función pública.
La relación de sujeción de los destinatarios de la acción
disciplina ria con el Estado requiere la existencia de controles que
operan a manera de reglas, cuya infracció n, sin justificación
alguna, consolida la antijuridicidad de la conducta; sin que la
ilicitud sustancial comprenda el resultado material, pues la
ausencia de este no impide la estructuración de la falta
disciplina ria.
Ahora bien, para que exista antijuridicidad sustancial de la
conducta es necesario que la afect ación del deber funcional se
origine en una actuación que no sea justificable por parte del
disciplinado, lo que implica que debe analizarse que t al conducta
no haya sido cometida por alguna de las causales de exclusión de
responsabilidad consagradas en el artículo 28 de la Ley 734 del
2002 24.
En cuanto a l os grados de culpabilidad (dol o o culpa), la
jurisprudencia con stitucional ha precisado que el legislador ad optó,
dentro de su facultad de configuración en materia disciplinaria , el
sistema de numerus apertus, porque contrario a lo que sucede en
materia penal, no se señalan específicamente qué comportamientos
exigen para su adecuación típica ser cometidos con culpa, de suerte
que, por regla general, a toda modalidad dolosa de una falta
disciplina ria le co rresponderá una de carácter culposo, lo que
apareja que sea el juzgador disciplinario el que debe establecer
cuáles tipos admiten la modalidad culposa, partiendo de su
estructura, del bien tutelado o del significado de la prohibici ón 25.
24Sentencia de 24 de enero de 2019. Sección Segunda. Subsección A.
Expediente 11001032500020120034000 (13382012).
25 S e n t e n c i a C-155 de 2002, MP Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
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Así, en la sentencia T -561 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que «el juez disciplinario debe contar, al nivel de la definición
normativa de la falla disciplinaria, con un margen de apreciación
más amplio que el del juez penal, que le permita valorar el nivel de
cumplimiento, diligencia, cuidado y prudencia con el cual cada
funcionario público ha dado cumplimiento a los deberes,
prohibiciones y demás mandatos funcionales que le son aplicables;
ello en la medida en que “es necesario garantizar de maner a
efectiva la observancia juiciosa de los deberes de servicio
asignados a los funcionarios del Estado mediante la sanción de
cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento” 26».
3.4.3. Falsa motivación.
El articu lo 137 del CP ACA establece como causal de nulidad de los
actos administrativos la “ falsa motivación “ del mismo .
La motivación de los actos administrativos se ha entendido como la
exposición de las razones de hecho y derecho que fundamentan la
decisión tomada por la administració n.
La falsa motivación hace alusión a l yerro en la escogencia o
determinación de los motivos. Dicho en otras palabras , al analizar
la realidad fáctica y/o jurídica ésta dif iere de la contenida en el acto
administrativo.
Así las cosas, e sta Subsección ha entendido que los elementos
para que se configure el vicio de la f alsa motivación son: 27
“ Los elem ent os indis pensables par a que se conf igur e la f alsa
m ot ivación son los sigui ent es: ( a) la ex ist encia d e un act o
26 S e n t e n c i a T-1093 de 2004, MP Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
27C.E. Sec. Segunda. Subsección A. Sent. 11001 -03-25-000-2012-00317-00
(1218-12), mar. 17/2016.
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adm inist r at ivo m ot iv ado t ot al o par cia lm ent e, pues de ot r a
m aner a est arí am os fr ent e a una causal de anulación d ist int a;
( b) la exist enci a de una evident e diver gencia ent r e la
r ealida d f áct ica y jur í dica que induce a la pr oducción del act o
y los m ot ivos ar güidos o t om ados com o f uent e por la
adm inist r ación públ i ca o la ca lif icació n de los hec hos, y ( c)
la ef ect iva dem ost r ación por par t e del de m andant e del hecho
de que el act o adm in ist r at ivo se encuent r a f alsam ente
m ot ivado [ …] ”
3.5 Análisis sustancial del caso concreto .
3.5.1 Hechos probados.
La Sala para resolver el problema jurídico formulado tendrá en
cuenta el acervo probatorio allegado al proceso cuya pre sunción de
autenticidad no fue objetada por las partes, las cuales le permiten
tener por acreditados los siguientes hechos:
a). Actuaciones del proceso discipli nario.
(i) Auto de apertura de indagación pre liminar. El 22 de a bril
de 2010 28, la Procuraduría Delegada para la Moralidad
Administrativa ordenó la apertura de indagación preliminar
y ordenó practicar pruebas. La apertura se basa en las
presuntas irreg ularidades relacionadas con el
incumplimiento del contrato entre la DIAN y la Unión
Temporal DIAN 2006 cuyo objeto fue:” contratar las obras
de construcción, adecuación, reparación, mantenimiento y
dotación de inmueb les donde funcionan dependencias de
la entidad a nivel nacional.”
(ii) Auto de apertura de investigación disciplinaria. El 21 de
enero de 2011 29 la Procuraduría Delegada para la
Moralidad Administrativa abrió investigación disciplinaria a
la demandante en calid ad de Secretaria General de la
DIAN.
28 F o l i o s 26 al 33 CD Orig1( Folio 462)
29 F o l i o s 34 al 42 CD Orig2( Folio 462)
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(iii) Diligencia de versión libre de la señora MARIA DE
LOURDES BENAV IDES BEQUIS . El día 12 de julio de
2011 30 la señora Benavides Bequis rindió versión libre .
(iv) Pliego de cargos. Mediante Auto del 23 de diciembre de
2011 31 con radicado IUS 2010 -355588 , la Procuraduría
Delegada para la Moralidad Administrativa formuló cargos
contra la señora BENAVIDES BEQUIS .
(v) Descargos. El 16 de enero de 2012 el apoderad o del
demandante 32 presentó descargos .
(vi) Decisión disciplinaria de primera instancia. El 30 de
noviembre de 2012 la Procuraduría Delegada para la
Moralidad Administrativa profirió fallo de primera
instancia 33, mediante el cual sancionó disciplinariamente
con suspensión del cargo sin inhabilidad especial por el
término de 6 meses convertibles en el equivalente al
salario por ella devengado para la vigencia fiscal de 2008 .
(vii) Recurso de apel ación. El apoderad o del demandante
interpuso recurso de apelación 34 contra la decisión de
primera instancia.
(viii) Decisión disciplinaria de segunda instancia. La Sala
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación
mediante Acta de Sala No. 37 35 del 27 de noviembre de
2014, resolvió el recurso de apelación interpuesto ,
confirmando el fallo de primera instancia en relación con la
declaratoria de responsabilidad disciplina ria de la
accionante y la sanción impuesta.
(ix) Acto administrati vo que da cumplim iento a la decisión
disciplinaria. El Director de la DIAN mediante Resolución
30 F o l i o s 14 al 17 CD ORIG2( Folio 462)
31 F o l i o s 3-302 CD ORIG4( Folio 462)
32 F o l i o s 69-95 CD ORIG6( Folio 462)
33 F o l i o s 1 al 295 del expediente.
34 F o l i o s 201 al 229 CD ORIG11( Folio 462)
35 F o l i o s 296 al 366 expediente.
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003424 del 27 de abril de 2015 36 ejecutó la sanción
disciplina ria impuesta a la señora MARIA DE LOURDES
BENAVIDES BEQUIS.
Síntesis de la actuación disciplinaria: el cargo y la sanción
impuesta.
A continuación, se muestra la congruencia existente entre los
cargos formulado s en el auto de plie go de cargos y el definido en
los actos administrativos sancionatorios demandados .
Decisión disciplinaria de
Auto IUS 2010-355588 23 Diciembre de Decisión disciplinaria de
primera instancia
2012 segunda instancia proferida
proferida 30 de noviembre
Pliego de cargos el 27 de noviembre de 2014
de 2012
Cargo: “La disciplinada puede ver Cargo: el mismo que se Cargo: el mismo que se
comprometida su responsabilidad formuló en el pliego de formuló en pliego de cargos.
disciplinaria al expedir en ejercicio de la cargos.
atribución delegada mediante Resolución
321 del 14 de noviembre de 2008,
conferida en el marco del contrato de obra
025-002-2006, la Resolución 516 del 21
de noviembre de 2008, en la que declaró
pese a la existencia de considerables
pruebas en sentido contrario que “ el
contratista no ha incurrido en
incumplimiento parcial de sus
obligaciones, por lo que no hay lugar a la
imposición de una multa” por lo que pudo
incurrir en la falta gravísima descrita por
el numeral 31 del articulo 48 CDU por
desconocimiento de los principios de
economía y responsabilidad de la
contratación estatal, consagrados en la
Ley 80 de 1993.”
Normas violadas con la conducta Normas violadas con la Normas violadas con la
conducta: Numeral 31 del conducta:
Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 artículo 48 de la Ley 734 de Numeral 31 del artículo 48 de
de 2002 , artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 2002 , artículo 17 de la Ley la Ley 734 de 2002 , artículo
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 1150 de 2007. 25 de la Ley 80 de 1993,
artículo 17 de la Ley 1150 de
2007
Calificación de la falta y forma de Calificación de la falta y Calificación de la falta y
culpabilidad: Gravísima por conducta forma de culpabilidad: la forma de culpabilidad: la
dolosa. falta fue calificada como falta fue calificada como
gravísima a título de culpa gravísima a título de culpa
grave. grave.
36 F o l i o s 370 al 375 del expediente.
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Suspensión del cargo sin Suspensión del cargo sin
inhabilidad especial por el inhabilidad especial por el
Decisiones sancionatorias término de 6 meses. término de 6 meses.
convertibles en el convertibles en el
equivalente al salario por equivalente al salario por
ella devengado ella devengado
A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver
los cargos planteados.
3.5.2. Falta de competencia por no observar el término para
resolver el recurso .
La apelante considera que el fallador de segunda instancia perdió
competencia por no haber resuelto el recurso de apelación en los
términos del artículo 52 del CPACA y por lo tanto, opera el silencio
administrativo positivo.
Ahora bien, e l artículo 52 de la Ley 1437 de 2001 dispone:
“ ARTÍ CULO 52. CADUCI DA D DE LA FACULTA D
SANCI O NATO RI A. S al vo lo di spuest o en l eyes
especi al es , la f ac ult ad que t ie nen la s aut or idades par a
im poner sancion es caduca a los t r es ( 3) años de ocur r ido e l
hecho, la conduct a u om isión que pud ier e ocasionar las,
t ér m ino dent r o del c ual el act o adm inist r at ivo que im pon e la
sanción deb e haber sido exped ido y no t if icado. Dicho act o
sancionat or io es dif er ent e de los act os que r esuelven los
r ecur sos, los cuales deber án ser decididos, so pena de
pér di da de com pet en cia, en un t ér m ino de un ( 1) año cont ado
a par t ir de su debida y opor t una i nt er posición. Si los
r ecur sos no se deciden en el t ér m ino f ijad o en est a
dispos ición, se ent e nder án f allad os a f avor del r ecur r ent e,
sin per juic io de la r esponsabi li da d pat r im onia l y discipl inar i a
que t al abst ención gener e par a el f uncionar io encar gado de
r esolver .
Cuando se t r at e de un hecho o conduct a cont inuada, est e
t ér m ino se cont ar á desde el dí a sigu ie nt e a aquel en que
cesó la inf r acción y/ o la ejecuc ión.
La sa nción d ecr et ada por act o adm inist r at ivo pr escr ibir á a l
cabo de cinco ( 5) años cont ados a par tir de la f echa de la
ejecut or ia. ”
Por su parte, el artículo 47 del CPACA establece:
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Demandante: María de Lourdes Benavides Bequis
“ ARTÍ CULO 47. PRO CEDI MI E NT O ADMI NI STR ATI VO
SANCI O NATO RI O . Los procedi mi ent os admi ni st rat i vos
de caráct er sanci onat ori o no regul ados por leyes
especia les o por el Códi go Di sci pl i nari o Úni co se
suj et arán a l as di sposi ci ones de est a Part e Pri mera del
Códi go. Los precept os de est e Códi go se apl i carán
t ambi én en l o no pre vi st o por di chas leyes . ( …) ”
Como se observa de las disposiciones transcritas, el t érmino
de un año contemplado en el CPACA para resolver los re cursos
de la vía gubernativa, solo se aplica si no existe norma prevista
en el Código Disciplinario Único, CDU, esto es la Ley 734 de
2002, norma aplicable para la fecha de ocurrencia de los
hechos.
El artículo 171 de la Ley 734 de 2002, CDU, vigente para la
época de los hechos, establece un término de 45 días para
resolver el recurso de apelación , pero no consagra la pérdida
de competencia del funcionario, ni prevé el silencio
administrativo positivo.
“ ARTÍ CULO 171. TRÁMI TE DE LA SEG UNDA
I NSTAN CI A. El f uncionar io de segun d a inst ancia deberá
deci di r dent ro de l os cuarent a y ci nco ( 45) dí as
si gui ent es a l a f echa en que hu bi ere reci bi do el proceso .
Si lo consi der a necesar io, decr et ar á pruebas de of icio, en
cuyo caso el t ér m ino par a pr of er ir el f allo se am pliar á hast a
en ot r o t ant o.
PARÁG RA FO . El r ecur so de ape lació n ot or ga com pet encia
al f uncionar io de se gunda inst anc ia par a r evisar únicam ent e
los aspect os im pugnados y aquellos ot r os que r esult en
inesci ndib lem ent e vi nculados a l objet o d e im pugnación. ”
Así las cosas, al existir no rma especial en el CDU no se aplican
las disposiciones d el CPACA.
Debe recordarse que la regla general es que si la
administra ción no se pronuncia d entro del término legal
establecido se entiende que la solicit ud es negada, y que solo
excepcionalmente si el legislador lo contempla de manera
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expresa, la petición se estima resuelta a favor de quien la
presentó.
En el caso sub examine , no puede afirmarse entonces que el
funcionario de segunda instancia perdió la competencia , ni que
se dio el silencio administrativo positivo en favor de la
disciplinada , por cuanto, la Sala Disciplinaria de la
Procuraduría General de la Nación pro firió su acto el 27 de
noviembre de 2014, casi 2 años después de que se interpuso
el recurso de apelación por la demandante ( 26 de diciembre
de 2012) y fuera de los términos establecidos en el artícu lo 171
del CDU, hecho que no apareja como consecuencia la
configuración del silencio positivo ni la pérdida de competencia
para pronunciarse, habida cuenta que esas consecuencias no
las prevé expresamente la norma y por ende no vicia de
nulidad el acto.
3.5.3. Desconocimiento del Princi pio de Congruenc ia.
En el caso sub lite la demandante manifestó que los actos acusados
desconocieron el numeral 6 del artículo 163 de la Ley 734 de 2002
al cambiarse la calificación de la conducta de dolosa a título de
culpa grave vulnerando el principio de congruencia.
Frente a este punto es importante mencionar que el principio de
congruencia se ha entendido como la correspondencia que debe
existir entre el pliego de cargos y los fallos sancionatorios en los
aspectos sustanciales con el fin de garantizar al disciplinado el
debido proceso y el derecho de defensa.
Para esta Sección , “«la formulación de cargos impone un límite
claro a la actuación sancionatoria por parte de la autoridad
disciplina ria, pues ésta deberá co ncentrarse únicame nte en la
conducta constitutiva de falta, cuyas circunstancias de tiempo,
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modo y lugar se describen en dicha decisión, y que, de conformidad
con las pruebas recaudadas hasta esa etapa del procedimiento
administrativo, sea atribuible al in vestigado. Se destaca, que el
acto de formulación de cargos no constituye la imputació n definitiva
que se efectúa en el transcurso del pro cedimiento disciplinario, toda
vez que esta es apenas una adecuación típica provision al, pues en
dicha instancia de la actuación administrativa sancion atoria, no
necesariamente se ha escuchado al disciplinado y seguramente no
se habrá recaudado la totalidad de los elementos de juicio que
otorguen certeza al fallador disciplina rio de la comisión de la falta
investigada, da do que el pliego de cargos cumple la finalidad
específica de limitar o concretizar el ámbito de la actuación y
permite al investigado ejercer su derecho de contradicción y
defensa» 37.
Dicho esto, es relevante examinar en el caso concreto si existió
incongruencia entre el pliego de cargos y los fallos san cionatorios
al cambiarse la culpabilidad de la falta disciplinaria.
Como se aprecia en el pliego de cargos , la falta disciplinaria fue
calificada como gravísima a título de dolo fundamentado en que :
“ por cuanto la situación de incumplimiento del contrato
de obra era conocida por ella al momento en que adoptó
la decisión, y a pesar de ello, expidió un act o
administrativo, motivando su decisión en razones
precarias, insuficie ntes y no ajustadas a la realidad del
contrato.
La disciplinada al ostentar la profesión de abogada,
contaba con preparación suficiente para saber y conocer
sobre los aspectos a analizar en la toma de una decisión
de tal naturaleza, la cual debía ajustar a los principios
que rigen la contratación estatal y la función
administrativa.
Atendiendo a su preparación , cargo y experiencia para
el despacho es claro que la disciplinada sabía o debía
37 C.E., Sec. Segunda. Subsec. B, Sent. 25000 -23-42-000-2014-03148-01
(0985-2017), may. 18/2018.
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saber que proceder en la forma en que lo hizo,
profiriendo un acto administrativo contrario a la
evidencia probatoria, implicaba el incu mplimiento de sus
responsabilidades funcionales. No obstante el lo, en
forma consciente , voluntaria y libre, pudiendo proceder
en forma diferente, quiso la realización de la conducta
por la que se le llama a rendir explicaciones ante este
ente de control.”
Por otra parte, en la decisión sancionatoria de primera instancia se
consideró “ justo” ca mbiar la imputación de dolosa a un reproche a
título de culpa grave , una vez analizados los argumentos de
defensa expuestos por la disciplinada, por cuanto reconoció que
“ procedió inicialmente en forma diligente pero posteriormente
mostró un comport a miento inconsiste nte con el rigor y la prudencia
…” “ (i) que por razón de su formación profesional, la disciplinada
no tenía la capacidad técnica requerida para establecer el nivel de
cumplimiento o incumplimiento real d el contrato; (ii) para contar con
el insumo técnico requerido , la disciplinada adoptó medidas de
prudencia tendientes a ilustrar suficientemente su criterio en los
aspectos que escapaban a su experticia y formación.” “ los
elementos de demostración y el contexto de realización de la
conducta no conducen a pensar que la conducta fue producto de
ignorancia supina, de desatención elemental de sus deberes o de
violación manifiest a de normas de obligatorio cumplimie nto.”
Así las cosas , aunque es cierto com o lo afirma el recurrente, se
cambio la culpabilidad de dolosa a culpa grave, no se afectó el
núcleo sustancial del pliego de cargos, toda vez que, la conducta
reprochada, la falta disciplinaria, las normas violadas no fueron
modificadas , respetándose el derecho de defensa de la
demandan te; tanto es cierto, que debido a los argumentos
presentados en los descargos el fallador de primera instancia
decidió hacer menos gravosa la calificación de la falta, siendo más
favorable para la disciplinada. Mal haría el funcionario f allador en
insistir en una culpabilidad dolosa cuando analizados los
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argumentos de defensa se demuestra que se atenúa la
responsabilidad.
Al respecto la Cort e Suprema de Justicia ha precisado 38 :
“ la congr uencia n o puede ent ender se ' com o una exigenc ia
de per f ect a ar m oní a e ident idad ent r e los juicio de acusación
y el f allo, sino com o una gar ant í a de que el pr oceso t r ansit a
alr ededor de un eje concept ual f áct ico - jur í dico que le sir ve
com o m ar co y lím it e de desenvolv im ient o y no cono at adur a
ir r educt ible' , por l o que en l a sent enc ia , al f all ar sobr e los
car gos im put ados, el juez puede, dent r o de cier t os
lí m it es, degr adar la r esponsabi li dad , sin descon ocer la
consonanci a ¨ ( Subraya fuera de texto ).
En materia disciplinaria esta Sección ha sostenido:
“ …es válido acept a r se cam bios ent r e la im put ación y la
decisi ón sanc ionat or ia. Por ejem p lo, en el pl iego de car gos,
se puede at r ibu ir un a f alt a gr ave y t er m inar sancioná ndose
por una f alt a leve; o endil gar se una f al t a a t ít ulo de dolo y
r epr ochar se dicho com por t am ient o a tí t ulo de culpa 39; o,
aunque con f a lt a d e t écnica, at r ibuir s e var ios pr ecept os
nor m at ivos, per o en la decis ión def init iv a pr ecisar se cuál es
la f alt a por la cual s e sanciona. ” 40
En consecuencia , el cargo no prospera.
3.5.4 Falsa motivación por calificación errónea de los hechos.
La accionada manifestó que no es cierto que con la expedición de
la Resolución 05 16 de 2008, la disciplinada desconoció los
principios de eco nomía, responsabilidad y eficacia en lo que
respecta al d esarrollo del contrato de obra; y que a la Procuraduría
y al a quo les cuesta concebir la idea de que se pueda garantizar
38Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 10 de
noviembre de 2005, proceso 22333
39Para tal efecto, véase la sentencia SU 901 de 2005 de la Corte
Constitucional.
40Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativ o, Sección Segunda,
Sentencia 30 de enero de 2020, Rad. 11001-03-25-000-2012-00728-00(2442-
12)
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la ejecución del contrato recurriend o a mecanismos de arreglo
directo sin tener que acudir a la imposición de la multa.
En relación con la t ipificación de la co nducta en el pliego de cargos
se encuadró la conducta de la disciplinada en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que establecía:
“ Par t icipar en la et apa pr econt r act ual o en la act ividad
cont r act ual , en detr im ent o del pat r imonio públ ico, o con
desconocim i ent o de los pr incipios que r egulan la
cont r at ación est atal y la f unción adm inist r at iva
cont em plados en la Const it ución y en la ley. ” ( Subraya
fuera de texto)
Así mismo, en el pliego de cargos se citaron los principios y deberes
consagrados en la Ley 80 de 1993 que se consideraron vulnerados:
“ ARTÍ CULO 25. DE L PRI NCI PI O DE E CO NO MÍ A. En vir t ud
de est e pr incipio: ( …)
4o. Los tr ám it es se adelant ar án con aust er idad de t iem po,
m edios y gast os y se i mpedi rán l as di l aci ones y l os
ret ardos en l a ej ecuci ón del cont rat o .”
ARTÍ CULO 26. DEL PRI NCI PI O DE RESPO NSABI LI DA D. En
vir t ud de est e pr incipio:
1o. Los servi dores públ i cos e st án obl i gados a busc ar el
cumpl i mi ent o de l os f i nes de l a cont rat aci ón, a vi gi l ar la
correct a ej ecuci ón del obj et o cont rat ado y a prot eger l os
derechos de l a ent i dad, del cont r at ist a y de los t er cer os
que puedan vers e af ect ados por l a ej ecuci ón del
cont rat o . (…)
8o. Los cont r at ist as r esponder án y l a ent i dad vel ará por l a
buena cal i dad del obj et o cont rat ado. ”
ARTÍ CULO 3. Los servi dores públ i cos t endrán en
consi deraci ón que al celebr ar cont r at os y con l a ej ecuci ón
de l os mi smos, l as ent i dades buscan e l cumpl imi ent o de
l os f i nes est at al es, l a conti nua y efi cient e prest aci ón de
l os servi ci os públ i cos y la ef ect ivida d de los d er echos e
int er eses de los adm inist r ados que c olab or an con el las en la
consecución de d i chos f ines. ( Negrilla de l pliego de
cargos)
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“ ARTÍ CULO 4o. DE LO S DEREC HO S Y DEBE RES D E LAS
ENTI DA DES ES TAT ALES. Par a la cons ecución de los f in es
de que t r at a el ar tí culo ant er ior , las ent i dades est at ales:
1o. Exig ir án del c on t r at ist a la ejecuc ión idónea y opor t una
del objet o cont r at ad o. ( …)
2o. Adelant ar án las gest iones ne cesar ias par a el
r econocim ient o y cobr o de las sancio nes pecuniar i as y
gar ant í as a que hubier e lugar . ”
Igualmente, el pliego de cargos sostuvo que se desconoció el
principio de eficacia administrativa d esarrollado en los artículos 209
de la Constitución Política y 3 del CPACA.
La Corte Constitucional al examinar la disposición sostuvo:
“ Ahor a bien, los princip ios com o nor ma jur í dica t am bién
pueden ser ob jet o de com plem ent ación m edi ant e la
int egr ación jur í dica de su cont enido nor m at ivo, ya sea a
t r avés de dispos ic iones const it uciona les de ap l icació n
dir ect a o de nor m as de r ango lega l ( o e n t ér m inos gener ales:
r eglas) , que per m it an concr et ar de m aner a clar a e
inequí voca, los conduct as pr ohib i das en m at er ia
discip li nar ia. ( Subraya fuera de texto)
(..)
“ par a convalidar el señalam ie nt o de un pr incip io que r egula
la cont r at ación est at al y la f unción adm inist r at iva com o
descr ipt or de un com por t am ient o const it ut ivo de f alt a
gr aví sim a, es necesar io:
( i) Acr edit ar que la inf r acción disc ip lin a r ia de uno de t ales
pr incip ios t iene un c ar áct er concr et o y especí f ico a par t ir de
su com plem ent ación con una r egla que le per m it a det er m inar
de m aner a especí f ica su cont enido nor m at ivo, descr ibien do
con clar ida d c uál es el deber , m andat o o pr ohibic ión qu e f ue
desconocid o por el ser vidor públ ico o por los par t icular es en
los casos pr ev ist os en la ley. ( …) ( b) o que a pesar d e su
gener al idad, ést e se puede concr et ar acudiendo a una
dispos ición de r an go lega l que lo d e sar r olle de m aner a
especí f ica, com o suceder í a, a m anera de ejem plo, con
algunas de las r egl as pr evist as en los ar t í culos 23 a 26 de
la Ley 80 de 1993[ 8 7] .
( ii) Cuando se f or m ule la acusació n discip linar ia debe
señalar se t ant o la conduct a im put able c om o l a nor m a que la
descr ibe , según lo or dena el ar t í culo 163 del Cód igo
Disci pl inar io Únic o. Así las cosas, no es suf icient e l a sim ple
m anif est ación de h aber vulner ado un pr incip io, sino que
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r esult a exigib le su descr ipció n y det erm inación conf or m e a
la disp osi c ión de r a ngo lega l o a l pr ece pt o const it uciona l d e
aplic ación dir ect a que le sir ve de com plem ent o ” . ( Subraya
fuera de texto)
Como se observa en el pliego de cargos se hizo alusión a los
principios vulnerad os , citando la norma que los describe y se
determinaron las normas legales que las complementan tanto
las de la Ley 80 de 1993 como el artículo 17 de la Ley 1150 de
2007 que dispone:
“ ARTÍ CULO 17. DEL DEREC HO AL DEBI DO PRO CESO . El
debido pr oces o s er á un pr inci pio r ect or en m at er ia
sancionat or ia de las act uaciones cont r act uales.
En desar r ol lo de lo a nt er ior y del deb er de cont r ol y vig ila ncia
sobr e los cont r at os que cor r esponde a las ent idades
som et idas al Est at ut o G ener al de C ont r at ación de l a
Adm inist r ac ió n Públ ica, t endr án la f acult ad de im poner las
m ult as que hayan sido pact adas con el objet o de conm inar
al cont r at ist a a cum plir con sus ob lig aci ones. Est a decisió n
deber á est ar pr ecedida de audienc ia del af ect ado que
deber á t ener un procedim ient o m í nim o que gar ant ice el
der echo al deb ido pr oceso del cont r at ist a y pr ocede sólo
m ient r as se hal le pe ndient e la ej ecució n de las o bl igaci ones
a car go del cont rat ist a. Así m ism o podr án declar ar el
incum pl im ient o con el pr opós it o de hace r ef ect iva la c láusu la
penal pecun iar ia inc luid a en el cont r at o. ( …) ”
Ahora bien, la demandante en virtud de la delegación que se le
hiciera mediante Resolución 321 de 2008 para decidir sobre la
imposición o no de una multa al contratista U nión Temporal DIAN
2006, adelantó un procedimiento para determinar la procedencia de
la sanción, que se desarrolló a través de la realización de dos
audiencias 41 y culminó con la expedición de la Resolución 0516 de
2008 42 en la que declaró que el contratista no había incurrido en
incumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto no hay lugar a la
imposición de la multa.
41 P a r t e considerativa Resolución 0516 de 2008
42 F o l i o s 82 al 85 CD ORIG3 ( Folio 416)
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Para la Procuraduría General de la Nación, existen numerosas
pruebas sobre el incumplimiento grave y reiterado del contratista
que daban lugar a la imposición de la multa, pruebas que no fueron
desvirtuadas por la parte demandante dentro del proceso
disciplina rio ni en el judicial . Dentro de las pruebas aportadas a la
actuación disciplin aria se encuentran , por ejemplo:
-Informe técnico rendido el 14 de diciembre de 2010 43 por la
Dirección Nacional de investigaciones Especiales de la
Procuraduría General de la Nación, que se basó en 42 visitas a las
sedes para constatar las obras civiles y 27 visitas para verificar las
obras eléctricas. En el informe se encontró 10 sedes no
construidas, 3 parcialmente construidas e implementadas y 2
totalmente desocupadas .
-Informes de inte rventoría a varias de las sedes , en las que se
encuentran :
Sendas Bogotá. Informe de interventoría 22 agosto 1 a septiembre
30 de 2008 “Contin úa suspendida la instalación de ve ntanería en
aluminio en el piso No. 3 hasta el momento se encuentra en un 35%
del total…” 44
Sendas Bogotá. Informe de interventoría 23 del 1 al 31 de octubre
de 2008: “ No hay inyección de recursos pese a los continuos
anuncios por parte de la Dirección de la Interventoría de que a este
ritmo no se van a terminar para el 30 de noviembre de 2008”
-Correos electrónicos (i) enviados entre funcionarios de la DIAN
y (ii) dirigidos la interventoría, tales como:
43 A n e x o 11 CD Folio 464 del expediente.
44 A n e x o 53 Folio 111 CD ( folio 464 del expediente)
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Sede Bucaramanga “Es preocupante la demora en estos trabajos.”
45 Sendas Bogotá “la interventoría hace m ás de dos meses o cuenta
con el especialista eléctrico”
Administración de Aduanas Bogotá 46 “ En acta de entrega final,
firmada el 29 de abril de 2008, se estableció como fecha límite para
la resolución de lo s pendientes el 16 de mayo de 2008, sin que a la
fecha de hoy hayamos recibido los planos.
Con base en el material probatorio obrante en la a ctuación
disciplina ria la Procuraduría sostuvo que, se afectó el deber
funcional de la disciplinada, toda vez que, impactó el buen
funcionamiento y los fines del Estado
La apelante sostiene que no se vulneraron los principios (i) de
economía, porque al a bstenerse de declarar e l incum plimiento y
realizar la conciliación con la Unión Temporal DIAN 2006 se causó
la restitución de recursos, lo que generó un manejo austero de los
gastos.
Debe advertirse que la Procuraduría consideró vulnerado el
principio de economía desde el pliego de cargos en el sentido de
que se impedirán dilaciones y retardos en la ejecución del contrato .
En el expediente disciplina rio se en contró probado que existían
“retrasos significat ivos” que hacía n imposible que “ el contratista
terminara las obras en los nueve (9) días que le hacían falta para
terminar el plazo de ejecución” 47 . tales fueron los retrasos que “la
mayoría de las sedes intervenidas por el contratista fueron
entregadas no a los pocos días… sino en el segundo semestre de
2009 e incluso la sede SENDAS en Bogotá … fue entregada en
45 A n e x o 79 Folio 154 CD ( Folio 464 del expediente )
46 A n e x o 67 Folio 83 CD ( Folio 464 del expediente)
47Fallo Decisión sancionatoria de primera instancia pág. 46 Folio 46 del
expediente.
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2010” 48 situaciones que relacionadas con el deber funcional de la
disciplinada en razón a la delegación a ella conferida, co ncretan el
desconocimiento del principio de economía.
Así las cosas, para la Sala es claro que se desconoció por parte de
la disciplinada el principio de economía establecido en la Ley 80 de
1993, toda vez qu e, no tomó las medidas adecuadas y dispuestas
en el ordenamiento para evitar que se presentaran las dilaciones y
retardos en la ejecución del contrato.
Ahora bien, frente a los principio s de (ii) responsabilidad , el
apoderado de la demandante sostuvo que no se desconoció, toda
vez que, se prorrogó el plazo y obtuvo el pago por parte del
contratista de cuantiosas sumas, garantizando la ejecución del
contrato, y el de (iii) eficacia se respetó , en cuanto se tuvo en
cuenta el procedimi ento de declaratoria de multa ,
independientemente del resultado .
En efecto, ambos principios se orientan a lograr la adecuada
ejecución contractual . La Procuraduría consideró que en la medida
que la disciplinad a no adoptó el mecanismo de la imposición de
multa con el que contaba para que cumpliera los fines de la
contratación, atentó contra el buen funcionamiento y los fines del
Estado; y desconoció los principios citados.
Esta Sala considera que el objetivo de imponer la multa al
contratista p revista en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 es la
de conm inarlo a cumplir con sus oblig aciones, como lo establece la
misma disposición y que la disciplina da en virtud de la delegación
que se le hizo mediante Resolución 3 21 de 2008 para “ evaluar las
explicacion es dadas por la Unión Temporal DIAN 2006 y las
circunstancias con curridas durante la ejecución del contrato de
48 Decisión sancionatoria de primera instancia pág. 49 Folio 49 del expediente.
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obra 025 -002-2006” 49 a fin de decidir sobre la imposición de la
multa, debió como parte de su deber funcional advertir los
incumplimientos graves y reiterados del contratista y proceder a
sancionar; sin embargo, la demandante se excusó en que el término
de ejecución del contrato no había terminado y por lo tanto, no
había aún incumplido .
Circunstancia que fue desestimada por la Procurad uría y que
comparte esta Sala, por cuanto al solo faltar 9 días de ejecución
era posible determinar el avance del contrato y la posibilidad de
cumplim iento, reparando en que dados los incumpli mientos
reiterados y graves probados ; y no controvertidos , ello no era
posible.
Es importarte recordar que el contrato de obra fue suscrito el día
30 junio de 2006 y el plazo de ejecución era hasta el 30 de
noviembre de 2008, ( después de varios modificatorios al contrato
inicial) y que en virtud de la Resolución 321 del 14 de noviembre
de 2008, se delegó a la discip linada para evaluar las exp licaci ones
del contratista y decidir sobre la imposición de la multa , quien
previa celebración de dos audiencias, expidió la Resolución 0516
del 21 de noviembre de 2008 , 9 días antes de finalizar la ejecución
del contrato.
Es así como, se encuentra que la dis ciplinad a con su conducta si
vulneró los princip ios de responsabilidad y eficacia, debido a que
no veló por la adecuada ejecución contractual y que se cumplieran
los fines de la contratación, cuando en virtud de su deber funcional
de evaluar la imposición de la multa y dados los incumplimientos
presentados , presupuestos contemplados por la norma para
sancionar optó por no hacerlo . Ad emás, la s anción pecuniaria
procede cuando existe incumplimientos parciales p ara lograr
49 E x t r a c t o de la decisión de primera instancia folio 48 expediente .
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precisamente que el contratista cumpla, no tendría sentido
imponerla cuando ya expiró el término de ejecución pues no
mantendría su función de apremio.
3.5.5. Falsa motivación por errónea interpretación de las reglas
de derecho.
La parte demandante manifestó que la Procuraduría Ge neral de la
Nación entendió equivocadamente el inciso 2º del artículo 17 de la
Ley 1150 de 2017 , toda vez que , la imposición de la multa es
facultativa del funcionario y no hace parte del deber funcional.
Revisados los actos sancionatorios de primera y segunda instancia,
no es cierto como lo afir ma la accionante que la Procuraduría haya
entendido que la imposición de la multa era obligatoria por parte de
la disciplinada así se observa en los apartes de los actos aludidos:
“ Par a la Pr ocur adu r í a Delegada par a l a Mor alid ad Públ ica,
ser í a acept able que l a adm inist r ac ión de la DI A N,
r epr esent ada en el caso que nos ocupa por MARI A DE
LO URDES B ENA VI DES BEQ UI S, se hubiese abst en ido d e
m ult ar al cont r at ist a si ést e en su m om ent o hubier e
acr edit ado que los incum plim ient os r epo r t ados no exist ier on
o que , com pr o bado su acaecim ient o, f ue r en suf icient em ent e
just if icad os. Ningun a de t ales hipót esis se ver if icó en est a
invest igac ión. “ 50
“ De m aner a que no se le est a at r ibuyen do un car go por los
incum pl im ient os del cont r at ist a, sino por no haber adopt ado
las m ediadas nec es ar ias par a conm inar l o a cum plir , en est e
caso, la im posición de la m ult a. Se t r at a de un señalam ient o
edif icado e n el d ef icient e ej er cicio de una at r ibución
t r ansm it ida por vi r t ud de un act o adm inist r at ivo de
delegac ión. ” 51
“ Es cier t o que las ent idades est at ales t ienen la f acult ad o
pot est ad de im poner las m ult as que han sido pact adas en los
cont r at os, con la f inali dad de apr em iar al cont r at ist a para
que cum pla sus obli gaciones cont r act ua les.
50 F a l l o primera instancia folio 35 del expediente.
51 F a l l o primera instancia folio 60 del expediente.
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… es una at r ibuc ió n cor r elat iva a l deb er de los ser vi dor es
públ icos que i nt er vienen en la act iv id ad cont r act ual de
buscar el cum plim ie nt o de los f ines de la cont r at ación y de
vigi lar la cor r ect a ejecución de l objet o d el cont r at o. 52”
Bajo este entendido , se aprecia que la conducta reprochada por la
Procuraduría no es imponer la sanción pecuniaria per se sino que
cumplidos los presupuestos de la norma para aplicar la multa, la
disciplinada los dio por no demostrados : no es que haya
considerado como se afi rma en la demanda que existían otros
mecanismos alternativos que cumplían la misma finalida d de mejor
manera, por cuanto en la Resolución 0516 de 20 08 se resolvió
“ Declarar que el Contratista Unión Temporal DIAN 2006 … no ha
incurrido en incum plimiento parcial d e sus obligaciones.” Cuando
se reitera, está demostrado en la actuación disciplinaria los
reiterados incumplimientos .
En consideración a lo expuesto, la Sala considera que de la
evidencia aportada no se puede colegir que se configuró el vicio de
falsa motivación y por lo tanto, no se desvirtuó la legalid ad de los
actos administrativos sancionatorios ; por ello, se confirmará el fallo
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
4. Costas.
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho 53, los
llamados en la Ley 1437 de 2011 gastos ordinarios del proceso 54 y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la pru eba pericial, los honorarios de auxiliares de la
52 F a l l o de segunda instancia Folio 319 del expediente.
53 A r t í c u l o 361 del Código General del Proceso.
54 A r t í c u l o 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
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justicia como perit os y secuestres, transporte de expediente al
superior en caso de apelación.
En cuanto al recurso de apelación surtido ante esta Corporación,
se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante, toda vez que se cumplen los presupuestos de los
numerales 1 y 3 del artículo 365 del Código General del Proceso 55,
puesto que se ha resuelto desfavorablemente el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, y se
acreditó que se causaron, ya que la entidad demandada alegó d e
conclusión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia de 30 de enero de 2019 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó
las pretensiones de la demanda en el proceso pr omovido por la
señora MARIA DE LOURDES BENAVIDES BEQUIS contra LA
PROCURA DURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en esta
instancia. Las mismas se liquidarán de conformidad con lo
establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso.
55 “ 1 .
Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este Código. (…).”
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TERCERO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022 ).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmada electrónicamente
Con impedimento aceptado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
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