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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03383-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03383-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 6 de febrero de 201948 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia. TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/vistas/documentos/evalidador. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha. 48 Folios 443 a 472 41 Número interno: 2714-2019 Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso Demandado: Personería de Bogotá D.C.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-03383-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicado : 25000-23-42-000-2015-03383-01
Nº interno : 2714-2019
Demandante : Javier Orlando Suárez Alonso
Demandada : Personería de Bogotá D.C.
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema : Sanción disciplinaria – suspensión en el ejercicio
del cargo por nueve (9) Ley 734 de 2002

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
parte demandante contra la sentencia del 6 de febrero de 20191 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“C” que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Javier Orlando Suárez Alonso, por
conducto de apoderada judicial, solicitó que se declare la nulidad de las
Resoluciones 0839 del 25 de agosto de 20142 y 649 de 26 de diciembre del
mismo año3, proferidas por el Personero Delegado para la Coordinación de
Asuntos Disciplinarios y el Personero de Bogotá D.C., mediante las cuales se
declaró responsable al actor con destitución e inhabilidad general por el término
de 10 años y se resolvió un recurso de apelación en cual se modificó el
numeral segundo de la parte resolutiva de la Resolución 0839 del 25 de agosto
de 2014, imponiéndole en su lugar un correctivo disciplinario consistente en la
suspensión del cargo por 9 meses.

1
Folios 443 a 472
2
Folios 3 a 90
3
Folios 91 a 169

2

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

Como consecuencia de la nulidad de los actos enjuiciados y a título de
restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la demandada a excluir al
actor del registro de antecedentes disciplinarios de la Personería de Bogotá o
de cualquier otro medio de publicidad y registro de responsabilidad disciplinaria
donde se haya inscrito la ejecución de la sanción.

Exigió, que se condene a la Personería de Bogotá a restituir la suma de
cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta y siete mil ochenta y tres
pesos ($58.957.083), por concepto de la homologación de la sanción de
suspensión por el término de 9 meses que le fuera impuesta al demandante en
segunda instancia, y que hoy le cobra la Subdirección Administrativa y
Financiera del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte en adelante
IDRD4.

Por último, pretende que las anteriores sumas se paguen debidamente
indexadas, conforme al Índice de Precios al Consumidor.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:

Señaló la apoderada de la parte actora, que el señor Javier Orlando Suárez
Alonso fue Director General del IDRD entre el 18 de marzo de 2013 y el 10 de
julio de 2014. Indicó, que en el ejercicio de sus funciones delegó la facultad
para celebrar contratos y convenios, ordenar el gasto y pago en la actividad
contractual del IDRD, sin consideración a la cuantía a quien desempeñara el
cargo de Subdirector Técnico de Recreación y Deporte, esto a través de la
Resolución 198 del 15 de abril de 2013.

Sostuvo la apoderada, que la señora María Eugenia Serrano Quintero en su
calidad de Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte adelantó un proceso
de selección objetiva (convenio) para escoger a un futuro contratista, para ello
elaboró los estudios de conveniencia 13-1609 y 13-1616 del 11 de diciembre
de 2013 del proyecto denominado “Bogotá Forjador de Campeones” y del eje

4
Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

temático deportes, actividad física y recreación de la “Jornada Escolar 40 Horas
Semanales”. Mediante invitación del 12 de diciembre de 2013, la funcionaria le
solicitó al rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en
adelante UDCA, que remitiera una propuesta para la ejecución del proyecto
antes mencionado. Relató, que la universidad señalada fue la única que
presentó propuesta para desarrollar el respectivo convenio.

Expuso, que durante la sesión del comité de contratación del IDRD realizada el
18 de diciembre del 2013, el secretario general de la entidad mostró unos
reparos jurídicos que podrían afectar la suscripción del convenio. Explicó, que
dicho funcionario reveló tres inquietudes a saber: (i) que de acuerdo a la Ley
996 de 2005 (Ley de Garantías), no podría celebrarse convenio alguno dentro
de los 4 meses anteriores a cualquier elección popular, esto es, a partir del 9 de
noviembre de 2013; (ii) que el convenio que se pretendía celebrar implicaba
básicamente una adquisición de suministros lo que desnaturalizaba su carácter
de convenio y generaba cuestionamientos por parte de los organismos de
control frente al proceso de escogencia del único oferente, y (iii) que el artículo
4º del Decreto 777 de 1992, indica que toda suscripción de convenios por parte
del IDRD por ser una entidad descentralizada, necesitaba la aprobación
expresa de la autoridad territorial correspondiente.

Aseguró, que los anteriores señalamientos encontraron rápidamente oposición
por parte de la Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte (María Eugenia
Serrano Quintero), la cual expresó que era experta en contratación estatal y
con más de 20 años de servicio en esa área. Adujo, que varios miembros del
referido comité de contratación manifestaron su desacuerdo frente a la
celebración del convenio con la UDCA y otros estuvieron de acuerdo con la
funcionaria cuestionada.

Alegó, que la Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte puso de presente
su intención de celebrar el convenio de cooperación con la UDCA, y por ello les
solicitó a los demás miembros del comité de contratación que sometieran el
asunto a votación; escrutinio, que arrojó como resultado que cuatro (4) de sus

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

siete (7) miembros estuvieran en desacuerdo con la celebración del mismo. A
pesar de lo anterior, la funcionaria decidió no acogerse a la recomendación
mayoritaria del comité de contratación, por lo que mediante acto administrativo
148 del 23 de diciembre de 2013, la Subdirección Técnica de Recreación y
Deporte justificó la celebración del convenio de cooperación 2322 del 23 de
diciembre de 2013.

Afirmó, que el 13 de mayo de 2014 mediante auto 0423 el Personero Delegado
para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios citó a audiencia dentro del
procedimiento verbal sancionatorio, en el cual vinculó no solo a la señora María
Eugenia Serrano Quintero quien fungía como Subdirectora Técnica de
Recreación y Deportes, sino al señor Javier Orlando Suárez Alonso quien era
el Director General del IDRD, por considerarlo supuesto autor de la falta
disciplinaria gravísima conforme al pliego de cargos.

Aseveró, que de acuerdo con la mencionada decisión el actor en su condición
de Director General del IDRD habría omitido el deber de vigilancia y control,
pues como delegante no impidió la celebración del convenio de cooperación
No. 2322 de 23 de diciembre de 2013, suscrito entre la Subdirección Técnica
de Recreación y Deporte y la UDCA. Advirtió, que el operador disciplinario
dispuso que el señor Suárez Alonso abría violentado el numeral 31 del artículo
48 del Código Disciplinario Único, el literal a) del numeral 2 del artículo 2º y el
artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, así como el artículo 12 y los numerales 5 y
10 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Asimismo, señaló que el demandante
toleró que el convenio se contratara directamente en lugar de acudir a la
selección abreviada para la adquisición de suministro de bienes y servicios de
características técnicas uniformes de común utilización, como eran los
implementos deportivos para el desarrollo del proyecto.

Finalmente, se dijo que el señor Javier Orlando Suárez Alonso habría afectado
sustancialmente el deber funcional porque no se demostró una causal eximente
de responsabilidad disciplinaria que exculpara su comportamiento, sino que
con su conducta había desconocido el principio de transparencia en la

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

contratación estatal. Recordó, que al demandante se le imputó la falta a título
de culpa gravísima por desatención elemental de normas de obligatorio
cumplimiento.

Normas violadas y concepto de violación.

El abogado de la parte actora señaló como normas violadas las siguientes:

La Constitución Política, artículo 211
De la Ley 1437 de 2011, los artículos 137 y 138
De la Ley 80 de 1993, los artículos 26 numeral 5º y el inciso 2º del artículo 2 ,
modificado por el artículo 21 del la Ley 1150 de 2007.
De la Ley 678 de 2001, el artículo 2 parágrafo 4º
De la Ley 734 de 2002, los artículos 5, 13, 27 inciso 2º, 40, 43 numeral 9, 48
numeral 31, 84 numeral 4º, 85,128, 129, 141, 142, 163 numeral 6º y 165
inciso 5º

2. La contestación de la demanda.

El apoderado de la Personería de Bogotá mediante memorial radicado el 9 de
diciembre de 20155, contestó la demanda presentada por el señor Javier
Orlando Suárez Alonso, en la cual se opuso a todas y cada una de las
pretensiones conforme a los siguientes argumentos:

Expone el abogado, que la actuación surtida por la Personería de Bogotá D.C.
dentro de las diligencias disciplinarias contra el señor Javier Orlando Suárez
Alonso se ajustó a las normas que regulan el derecho disciplinario y la actividad
contractual. Consideró, que se pudo establecer que no es cierto que la
dirección y el manejo de la actividad contractual sean asuntos diferentes a la
obligación de vigilar y controlar a los delegatarios de dicha responsabilidad,
puesto que estas son funciones que van ligadas y no pueden coexistir una sin
la otra; en efecto, la responsabilidad de la dirección y el manejo contractual es

5
Folios 277 a 288

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

del jefe o representante legal de la entidad estatal, sin que ello comporte la
posibilidad de que esta responsabilidad se pueda delegar de manera parcial o
total en otros servidores conforme a lo reglado en el artículo 12 de la Ley 80 de
1993.

Alega, que el hecho de que el actor haya delegado la competencia para
contratar no implica un traslado absoluto de funciones y responsabilidad al
delegatario, dado que este responde por el control permanente y constante
sobre sus actividades, entendiendo como control el deber de instrucción,
dirección, orientación, revisión y seguimiento de las actividades delegadas.
Sostiene, que a pesar de que el demandante delegó las funciones
concernientes a la contratación tenía el deber de controlar, dirigir, revisar y
hacer el seguimiento constante de las actividades que realizaba su delegataria,
sin que sean de recibo las excusas de que el no cumplió con dichos deberes
por no ser experto en el tema contractual o que la costumbre en el IDRD era
celebrar los contratos en forma violatoria de las normas que regulan la
contratación estatal.

En último lugar, indica que en el presente caso el demandante omitió el deber
de control respecto de la Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte al no
impedirle que ella en ejercicio de las facultades que este le había delegado,
celebrara el convenio de cooperación No. 2322 del 23 de diciembre de 2013 sin
el cumplimiento de las normas que regulan la contratación estatal. Asegura,
que en cuanto a la ilicitud sustancial debe tenerse en cuenta que conforme con
el artículo 5º de la Ley 734 de 2002 la conducta será antijurídica cuando se
afecte el deber funcional sin justificación alguna, es decir, cuando la conducta
es extraña a los principios que rigen la función pública.

3. Sentencia de primera instancia.

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“C”, mediante sentencia del 6 de febrero de 20196, negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

El a quo consideró, que revisados los medios de prueba y la contratación en su
conjunto se pudo establecer que la celebración del convenio es la génesis de la
falta disciplinaria, la cual nace cuando el director no ejerce el control y vigilancia
que requiere el proceso contractual; pues, es claro que el contrato suscrito
vulneró el régimen legal en su conjunto y era el director quien pudiendo
impedirlo no lo hizo. Tal omisión, fue una falta a su deber dado que si el
convenio se hubiere celebrado con el cumplimiento estricto de los parámetros
legales y la observancia de los fines y principios de la contratación estatal, la
falta disciplinaria no sería gravísima ya que no tendría que responder por la
actividad contractual que debía vigilar, sino por el simple deber funcional.

Manifestó, que la falta se estructura por no ejercer su deber de vigilancia y
control e impedir la celebración del convenio en el que se evidenció un contrato
de suministro de equipos, para el cual la universidad contratista sirvió de
intermediaria entre los terceros que vendieron tales equipos y la entidad
contratante, apartándose de las reglas dispuestas en el artículo 355 de la
Constitución Política de Colombia. Ahora, con ocasión al examen de
responsabilidad que hizo la autoridad disciplinaria respecto de la conducta de
las señora María Eugenia Serrano Quintero, se determinó la irregularidad del
convenio y en forma diáfana la ilicitud sustancial para la contratante delegada
como para el delegante.

Agregó, que los fallos fueron debidamente motivados y las razones fácticas y
jurídicas expuestas corresponden a los hechos demostrados. Argumentó, que
el hecho de que la decisión de segunda instancia haya modificado la
calificación de la culpa en beneficio del actor, no comporta una vulneración al
debido proceso, sino una precisión en la calificación para el beneficio del

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Folios 442 a 472

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Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

sancionado; además, esa variación no corresponde a la falta sino al grado de
culpa, por lo que no implica una nueva imputación. Explicó, que esa
diferenciación no es otra cosa distinta que la aplicación de la identidad propia
del concepto de culpa en materia disciplinaria, el cual se funda en la diligencia
obligatoria y exige a quien ejerce funciones públicas; en ese orden, el señor
Suárez Alonso tenía plena conciencia de sus obligaciones puntuales de
vigilancia y control de la actividad contractual y debía cumplir sus deberes
funcionales.

Sustenta, que la Sala sin dubitación alguna entiende que la conducta
desplegada por el Director General del IDRD es constitutiva de la falta
disciplinaria gravísima tal y como se dijo en las decisiones administrativas, esto
es así, dado que el demandante como delegante de la función contractual
conservaba el deber de vigilancia y control en relación con las actuaciones de
su delegataria; insiste el a quo, que un debido ejercicio de su función en esta
materia, le exigía impedir la suscripción del convenio de cooperación con la
UDCA.

Para finalizar, concluyó diciendo que el demandante tampoco trajo a esta
instancia judicial los medios de prueba que demostraran un hecho contrario al
probado por la Personería.

4. El recurso de apelación

Mediante escrito del 28 de febrero de 20197, el apoderado del demandante
presentó recurso de apelación contra la sentencia del 6 de febrero del mismo
año, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, en los siguientes términos:

Sostiene, que los actos administrativos demandados fueron expedidos con
infracción en las normas en que debían fundarse, porque la demandada en
ninguno de sus fallos hizo referencia al artículo 43 de la Ley 734 de 2002.

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Folios 488 a 502

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

Considera, que los presupuestos del artículo 43 ibídem son aplicables en el
caso sub examine en la medida que el operador disciplinario estaba frente a
una falta gravísima cometida con culpa grave, pero no graduó la falta como
grave; indicó, que por lo anterior y al no haberse seguido la consecuencia
plasmada en la norma comentada nos encontramos frente a la violación de la
misma. Manifiesta, que al hacerse la variación de la culpa se afectó la tipicidad
de la conducta y en ese sentido habría una afectación a la garantía que tiene el
investigado de conocer el cargo bajo el cual se le está procesando.

Asegura, que los fallos disciplinarios fueron expedidos con falsa motivación ya
que los hechos en los que se fundaron no estuvieron debidamente probados
pues se les dio un alcance diferente por interpretación errónea; lo anterior, ya
que no se tuvo en cuenta la conducta diligente del actor. Precisó, que en virtud
de la delegación efectuada por el señor Javier Orlando Suárez Alonso este
debía ejercer funciones de control y vigilancia, mismas que cumplió al adoptar
las acciones pertinentes con base en la información con la que contaba para el
momento de los hechos. Agrega, que no fue probado en ninguna de las
instancias que el Director General del IDRD le hubieren advertido la posible
contingencia relacionada con la desnaturalización del convenio.

Insiste, en que al no haber sido advertido de las dudas relacionadas con la
desnaturalización del convenio y al no ser responsable directo de la
contratación no es plausible que se le encuentre responsable de los resultados
y los efectos del contrato. Explica, que no le era exigible que impidiera la
celebración del convenio en la medida que la duda expuesta estaba
relacionada exclusivamente con la conveniencia de su suscripción en el marco
de la ley de garantías. Recalca, que el comportamiento desplegado por el actor
estaba lejos de encuadrarse en la figura de la falta gravísima.

Afirma, que no existe ilicitud sustancial porque el hecho de que coexista una
norma que establezca que el jefe de la entidad estatal, en este caso el Director
General del IDRD, deba direccionar y manejar la actividad contractual no
significa que la responsabilidad disciplinaria del delegante se pueda discurrir

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

por esa vía. Lo anterior, se justifica porque la finalidad del numeral 5º del
artículo 26 de la Ley 80 de 1993 explica que el representante de la entidad
estatal no puede delegar en particulares el deber de gobernar y determinar las
reglas de los procesos de selección en las entidades públicas y de la
celebración de los contratos estatales. Advierte, que no es posible endilgarle la
responsabilidad del resultado del contrato al delegante, toda vez que esta
deberá ser asumida por quien lo suscribió, en ese sentido, el resultado que se
le debe exigir al actor es la diligencia con la que actuó en el marco de la
celebración, es decir, el cumplimiento del deber de vigilar y controlar las
actuaciones del delegatario.

Alega, que con la suscripción del convenio no se cercenó la posibilidad de que
la entidad recibiera varias ofertas, ni se les impidió a los particulares ejercer su
libertad de empresa, así como tampoco hubo desconocimiento del principio de
transparencia y selección objetiva, dado que no se produce como
consecuencia de un error en la escogencia de la entidad con la que celebra el
contrato. Adujo, que endilgarle responsabilidad disciplinaria al demandante con
base en el resultado del contrato y conceptos que no existían al momento de
intervenir en su rol de vigilante de las actuaciones de su delegataria, es una
clara violación al debido proceso en cuanto se le está haciendo una exigencia
que superaba sus posibilidades de actuación. Argumentó, que el proceder del
actor no se puede evaluar como infracción al deber funcional dado que no se
probó la lesión a la buena marcha de la administración.

Por último, expuso que hubo una inadecuada valoración del título de
imputación, pues como se desarrolló en el acápite relacionado con la violación
de la norma en que fundaron los actos administrativos, no es acertada la
afirmación que hace el tribunal con relación con la supuesta aplicación que se
le había dado al numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, “por cuanto
no aplicó la consecuencia intrínseca en dicho presupuesto normativo, es decir,
el cambio de la falta gravísima a falta grave, por haberse cometido con culpa
grave y no gravísima”. Insinuó, que como se dijo ampliamente en el acápite de
falsa motivación que al no probarse plenamente el hecho causante de la acción

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

disciplinaria, y al no tener en cuenta el actuar diligente del actor al solicitar el
concepto jurídico e indicar que los temas dudosos fueran consultados con su
equipo asesor, la calificación del grado de culpa se debió haber reducido a
leve.

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 22 de noviembre de 2019, se corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el
respectivo concepto8, conforme a lo previsto en el numeral 4º del artículo 247
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ahora bien, de acuerdo con el informe secretarial del 11 de marzo de 20209, las
partes presentaron sus alegatos y el Ministerio Público allegó concepto.

5.1. De la parte demandante.

A través de escrito del 3 de febrero de 202010, el apoderado de la parte
demandante presentó alegatos de conclusión reiterando en todas sus partes lo
expuesto en el recurso de apelación.

Adicionalmente, dijo que el señor Suárez Alonso actuó con sujeción a la ley ya
que este direccionó su conducta a discernir las inquietudes que se presentaron
entorno a la celebración del convenio, cumpliendo con su deber de vigilancia y
control de la actividad contractual desarrollada por su delegatario. Como
muestra de ello, se tiene que el Director General del IDRD pidió conceptos a
sus asesores jurídicos, realizó mesas de trabajo y ordenó que las dudas fueran
discutidas por su equipo asesor de tal manera que no había forma de advertir
el supuesto peligro en la suscripción del convenio y menos la existencia de la
ilicitud sustancial, dado que no se incurrió en la violación del deber funcional.

5.2. De la parte demandada.

8
Folio 520
9
Folio 566
10
Folios 525 a 546

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

Mediante memorial radicado el 14 de febrero del 202011, el abogado de la
Personería de Bogotá presentó alegatos de conclusión convalidando todo lo
expuesto en la contestación de la demanda.

Adicionalmente solicitó, que se confirme en todas sus partes la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, teniendo en cuenta
que en esa providencia se resolvieron de manera adecuado todos los aspectos
debatidos que dieron inicio al medio contencioso, tópicos que también fueron
ventilados en el procedimiento disciplinario.

Sostuvo, que el a quo no solo dilucidó cabalmente la naturaleza de la
responsabilidad del delegante en materia de contratación estatal, sino que
además hizo un control integral del procedimiento disciplinario en el caso que
nos ocupa. Insiste, en que el abogado defensor ofrece un enfoque probatorio
que minimiza los diferentes testimonios vertidos en el proceso disciplinario,
colocando en tela de juicio los diálogos entre el Secretario General del IDRD y
el director de la misma entidad para convertir en una tercera instancia lo
expuesto ante el Consejo de Estado.

Expuso, que el punto central sobre el cual el tribunal encontró comprometida la
responsabilidad se ciñó al conocimiento que tenía el director de la realización
del comité de contratación y de los asuntos que allí se trataron, lo que indica
que el desarrollo de los debates de esa instancia asesora no le era
desconocido ni ajeno, lo cual le exigía que actuara de manera activa para
conocer los detalles frente a la realización del convenio.

5.3. Del Ministerio Público.

Con escrito de 28 de febrero de 202012, la Procuraduría Tercera Delegada ante
el Consejo de Estado presentó concepto número 42-2020 SIAF 2020-137861,
en el cual se refirió al caso concreto en los siguientes términos:

11
Folios 547 a 557

13

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

Asegura el Ministerio Público, que no comparte el criterio expuesto por el actor
debido que el contenido del numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002 se
sigue la imposición de la sanción correspondiente a la culpa grave y a la falta
grave, no gravísima. Afirma, que no se comparte el criterio expuesto en la
sentencia debido al contenido del numeral aplicado para favorecer al actor
donde es clara la intención del legislador al permitir un trato beneficioso a quien
cometió una falta gravísima, le sea considerada como grave y por ende no se
imponga la destitución y la inhabilidad general, sino que resulte afectado en el
menor grado por la ficción prevista en la norma lo que significa que la
naturaleza de la falta no cambió, sino que por favorabilidad al determinarse la
culpabilidad en el grado de grave, será considerada la falta como grave.

En ese orden de ideas, la ficción prevista en la ley no entra a cuestionar la
calificación de la conducta, simplemente ordena una variación de ésta en el
caso de encontrarse por el operador disciplinario que la falta objetivamente
gravísima fue cometida con culpa grave, no con dolo o culpa gravísima, se
entenderá grave, como ocurrió en el caso de estudio.

Sostuvo, que es un asunto relevante la contratación superior a seis (6) mil
millones de pesos, la cual no pasa desapercibida para quien es responsable de
cualquier institución pública, por lo que es apenas obvio que así se haya
delegado la función contractual la vigilancia y el control debe realizarse
debidamente, y eso fue lo que no hizo el actor, quien a pesar de encontrarse
informado del asunto le manifestó a su Secretario General que discutiera el
asunto y lo resolviera con el equipo, es decir, tuvo una conducta
verdaderamente negligente y despectiva frente al asunto y le asistió un único
interés de no dejar perder unos recursos y financiar los programas del instituto
que representaba; por ello, insiste el Ministerio Público que no tiene duda
alguna sobre la responsabilidad del actor en su comisión por omisión al permitir
que se diera la suscripción del convenio con el fin de eludir los principios de la
contratación estatal. Manifestó, que los hechos ocurridos y la prueba de estos

12
Folios 558 a 565

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

fueron debidamente interpretados por los operadores disciplinarios y por la
primera instancia de este proceso.

En conclusión, dijo que en cuanto a la ilicitud sustancial la lesión a la función
pública no es necesario que se pierdan los recursos del erario, lo es también el
mal ejemplo que se da cuando se incumplen las normas establecidas para
contratar, así es que eludir los principios de objetividad y transparencia causan
un daño enorme a la administración. Por lo anterior, solicitó que se confirme la
sentencia de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. Problema jurídico

La Sala debe estudiar en los términos del recurso de apelación interpuesto por
el apoderado del demandante, si procede revocar el fallo de primera instancia,
dado que de acuerdo al criterio del abogado los fallos disciplinarios se
expidieron con infracción de las normas en que debían fundarse y falsa
motivación; además, de que no existió ilicitud sustancial y hubo una indebida
valoración del título de imputación.

Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
aspectos: 2.1 Actuación disciplinaria y 2.2 Caso concreto.

2.1 Actuación disciplinaria.

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

Revisado el expediente administrativo, la Sala encuentra que a través de auto
del 8 de enero de 2014 el Secretario General del IDRD con funciones de
Coordinador del Área de Control Interno Disciplinario del IDRD, abrió
indagación preliminar contra la señora María Eugenia Serrano Quintero en su
calidad de Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte13

Mediante Oficio del 20 de enero de 201414, el Personero Auxiliar Dr. Danilo
Vega Arévalo dispuso que la indagación preliminar adelantada en el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte – IDRD – se asumiera por su despacho
conforme al poder preferente.

A través de auto 0110 del 18 de febrero de 201415, la Personería Delegada
para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios, dispuso que se practicaran
algunas pruebas dentro de la investigación disciplinaria

Con providencia del 13 de mayo de 201416, la Personería Delegada para la
Coordinación de Asuntos Disciplinarios ordenó vincular a la investigación al
señor Javier Orlando Suárez Alonso en calidad de Director General del Instituto
Distrital de Recreación y Deporte y citó a la señora María Eugenia Serrano
Quintero en calidad de Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte dentro
del proceso disciplinario; dicha actuación, se llevó a través del procedimiento
verbal previsto en la Ley 734 de 2002, y en la misma providencia se le formuló
cargo único al actor, en los siguientes términos:

“(…)

en su condición de Director General del Instituto Distrital de Recreación y
Deportes – IDRD -,omitió su deber de vigilancia y control al no impedir la
celebración del Convenio de Cooperación No. 2322 de 2013 suscrito por la
doctora María Eugenia Serrato Quintero, en su condición de Subdirectora
Técnica de Recreación y Deportes del IDRD.

(…)”

13
Folios 38 a 41 CD pruebas cuaderno 1
14
Folios 79 CD pruebas 1
15
Folios 31 a 33 CD 1
16
Folios 23 a 155 CD cuaderno de pruebas 6

16

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

La Personería Delegada para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios 17 el 25
de agosto de 2014, profirió fallo de primera instancia en el cual encontró al
señor Javier Orlando Suárez Alonso responsable disciplinariamente,
imponiéndole una sanción de destitución e inhabilidad por un término de 10
años.

A través de Resolución 649 del 26 de diciembre de 201418, la Personería para
la Segunda Instancia resolvió el recurso de apelación interpuesto por el
disciplinado, modificando el numeral segundo del fallo de primera instancia e
imponiéndole en su lugar una sanción consistente en la suspensión en el
ejercicio del cargo por el término de 9 meses, con la advertencia que de
comprobarse que para la ejecutoria del fallo cesó sus funciones, el término de
suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto devengado para el
momento de su comisión.

2.2 Caso concreto.

En el sub lite el señor Javier Orlando Suárez Alonso, por conducto de
apoderado judicial, solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones 0839
del 25 de agosto de 201419 y 649 de 26 de diciembre del mismo año20,
proferidas por el Personero Delegado para la Coordinación de Asuntos
Disciplinarios y el Personero de Bogotá D.C., mediante las cuales se declaró
responsable al actor con destitución e inhabilidad general por el término de 10
años y se resolvió un recurso de apelación en el cual se modificó el numeral
segundo de la parte resolutiva de la Resolución 0839 del 25 de agosto de 2014,
imponiéndole en su lugar un correctivo disciplinario consistente en la
suspensión del cargo por 9 meses.

2.2.1. Cuestión previa.

17
Folios 3 a 90
18
Folios 91 a 167
19
Folios 3 a 90
20
Folios 91 a 169

17

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

Revisadas las causales de anulación de los actos administrativos expuestas
por el apoderado de la parte actora en el recurso de apelación, la Sala
considera que el vicio concerniente a la inadecuada valoración del título de
imputación quedará resuelto al desatarse las causales de expedición de los
actos administrativos con infracción en las normas en que debían fundarse y la
de falsa motivación, en la medida que el abogado utilizó los mismos
argumentos para fundamentar tal inconsistencia.

2.2.1.1. Los actos administrativos demandados fueron expedidos con
infracción en las normas en que debían fundarse.

Sostiene el abogado, que los actos administrativos demandados fueron
expedidos con infracción en las normas en que debían fundarse, ya que la
demandada en ninguno de sus fallos hizo referencia al artículo 43 de la Ley
734 de 2002. Consideró, que los presupuestos del artículo 43 ibídem son
aplicables en el caso sub examine en la medida que el operador disciplinario
estaba frente a una falta gravísima cometida con culpa grave, pero no graduó
la falta como grave; indicó, que por lo anterior y al no haberse seguido la
consecuencia plasmada en la norma comentada se está frente a la violación de
la misma. Manifestó, que al hacerse la variación de la culpa se afectó la
tipicidad de la conducta y en ese sentido habría una afectación a la garantía
que tiene el investigado de conocer el cargo bajo el cual se le está procesando.

Sobre la causal de nulidad invocada por el apoderado del actor, la Sala debe
precisar que la misma se configura cuando el acto administrativo expedido va
en contravía de las normas superiores a las que debe su acatamiento, en otras
palabras, el acto expedido por la autoridad administrativa debe observar las
disposiciones superiores que lo lleven a alcanzar su objetivo y su finalidad.

Ahora bien, al invocarse tal instrumento, el sujeto que pretende la anulación de
la decisión deberá hacer un análisis comparativo entre las normas transgredida
y los fundamentos del acto administrativo expedido, con el fin de determinar
con claridad cuales fueron los componentes violatorios de sus derechos pues

18

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

no basta simplemente con citar las normas presuntamente infringidas, sino que
se debe establecer el elemento de la violación; desatender tal exigencia,
comportaría una desnaturalización del vicio de nulidad señalado en el artículo
137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo21.

Al respecto, esta Corporación se ha manifestado en los siguientes términos22:

“(…)

El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, aplicado al medio de control
consagrado en el artículo 138 Ibídem, establece las causales por las
cuales procede la nulidad de los actos administrativos. Entre estas incluyó
la «infracción de las normas en que deberían fundarse». Este vicio indica
que si el contenido del acto administrativo no se encuentra conforme con la
Constitución o la ley es nulo. Ello significa que la causal de nulidad se
refiere a la afectación del elemento objetivo del acto, esto es, lo que se
decide en él.23

Esta Corporación ha señalado que el vicio aludido se configura por
vulneración directa de una norma, siempre que ocurra en las siguientes
situaciones: «i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii)
interpretación errónea…».24 La primera ocurre cuando el juzgador ignora la
existencia de la norma o, conociéndola, la analiza, pero no la aplica al
caso. El segundo supuesto se configura en el evento en el que se acude a
una norma no pertinente para resolver el asunto. Y el tercer ítem se da
porque se aplica cuando el precepto o preceptos que se aplican son los
que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los entiende
equivocadamente.25

21
Articulo. 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la
nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción
de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió.
22
Sentencia del 18 de marzo de 2021. Exp. 05001-23-33-000-2016-00674-01 (1437-19)
23
Al respecto Boquera afirma: «Los efectos jurídicos (derechos y obligaciones) producidos por la declaración de
voluntad constituyen el contenido del acto administrativo. Unas veces, el contenido del acto es el que el sujeto
quiere; otras veces, su contenido es el que las leyes y reglamentos tienen previsto para la causa de la declaración
de voluntad.». Boquera Oliver, José María. Estudios sobre el acto administrativo, quinta edición. Editorial Civitas,
SA, Madrid, 1988, página 76.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta – Descongestión. Radicación: 73001-
23-31-000-2012-00107-01.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radicación: 05001-23-31-000-2007-
02617-01. Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro. «Según la doctrina judicial del Consejo de Estado, ocurre la
primera forma de violación, esto es, la falta de aplicación de una norma, ya porque el juzgador ignora su existencia,
o porque a pesar de que conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del
caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta una existencia ineficaz de la norma en el
mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador puede
examinar la norma pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve, evento en el cual se
está ante un típico caso de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma
por no haber sido aplicada no trascendió al caso. Se presenta la segunda manera de violación directa, esto es, por
aplicación indebida, cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no
ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. (…) Y, finalmente, se viola la norma sustancial
de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea, esto es, cuando el precepto o preceptos que se
aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los entiende equivocadamente, y así,

19

Número interno: 2714-2019
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Demandado: Personería de Bogotá D.C.

De igual manera, la jurisprudencia ha señalado que para que se configure
el vicio referido es menester que se acredite que las normas alegadas
como vulneradas son las aplicables al caso sub judice y, también, su
quebrantamiento con la ocurrencia de cualquiera de los casos descritos en
el párrafo anterior.26

(…)”

En este punto, la Sala precisa que no es cierta la afirmación hecha por el
apoderado de la parte actora cuando expuso que la demandada en ninguno de
los fallos disciplinarios hizo referencia a la aplicación del artículo 43 de la Ley
734 de 2002; por el contrario, la Personería para la Segunda Instancia se refirió
ampliamente a la aplicación del numeral 9 del artículo 43 ibídem cuando
advirtió que “…atendiendo los argumentos esbozados por el apoderado,
considera que tratándose de una falta gravísima endilgada en contra del
investigado, es viable la aplicación de lo previsto en el numeral 9 del artículo 44
de la Ley 734 de 2002, según el cual, “La realización típica de una falta
objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta
grave””. Vale la pena aclarar, que a pesar de que la entidad demandada erró al
citar el artículo 44 del Código Disciplinario Único, lo cierto es que del contexto
referido se puede entender fácilmente que la Personería hizo alusión a la
norma mencionada como transgredida.

Sumado a lo anterior, la demandada nuevamente se refirió a la disposición
contenida en el artículo 43 ejusdem en el capítulo referente a la dosificación de
la sanción, exponiendo que: “(…) Establecido que la falta disciplinaria en que
incurrió el investigado es gravísima a título de culpa grave, y que conforme a lo
señalado en el numeral 9 del artículo 43 de la ley 734 de 2002 "La realización
típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será
considerada falta grave", le corresponde al despacho dosificar la sanción

erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido o
alcance que no le corresponde».
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta – Descongestión. Radicación: 25000-
23-24-000-2011-00789-01. Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Bogotá, D.C. 22 de febrero de
dos 2018. La providencia indica: «De lo anterior se decanta que la configuración de este motivo de ilegalidad resulta
del cotejo entre las disposiciones normativas invocadas como infringidas y el acto administrativo acusado, para lo
cual debe seguirse el siguiente derrotero: (a) determinar la pertinencia y aplicabilidad de las normas alegadas
respecto del procedimiento administrativo cuestionado; (b) establecer su quebrantamiento por inaplicación,
aplicación indebida o interpretación errónea por parte de la autoridad administrativa».

20

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

(…)”27. En conclusión, falta a la verdad el abogado del actor al decir que la
demandada nunca se pronunció sobre la disposición presuntamente vulnerada,
cuando lo cierto es, que se encuentra plenamente demostrado en el expediente
administrativo sancionador que la entidad demandada utilizó la norma para
favorecer al señor Javier Orlando Suárez Alonso.

Seguidamente, el actor consideró que al estar frente a una falta gravísima
cometida con culpa grave el operador disciplinario no graduó la falta como
grave, lo que determinó la violación del artículo 43 de la Ley 734 de 2002. Al
respecto, y como se dijo antes la Sala insiste en que el apoderado del
demandante se equivoca en tal afirmación, teniendo en cuenta que
precisamente por la aplicación del numeral 9 de la norma en discusión fue que
se redujo la sanción de destitución e inhabilidad de 10 años impuesta en el fallo
de primera instancia, aplicándole en remplazo el correctivo disciplinario
contenido en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 743 de 2002, esto es, la
suspensión del cargo por el término de 9 meses.

Por último, el apoderado del actor insiste en que la variación de la culpa afectó
la tipicidad de la conducta y en ese sentido hubo una afectación a la garantía
que tiene el investigado para conocer el cargo por el cual se le está
procesando. Conforme a esta aseveración, la Sala advierte desde ya que no le
asiste razón al demandante puesto que la variación de la culpa se realizó sin
modificar la tipicidad de la conducta, en la medida que la graduación fue
realizada por el operador disciplinario en segunda instancia atendiendo la
petición elevada por el apoderado del disciplinado en el recurso de apelación, y
obedeciendo única y exclusivamente la aplicación de los criterios de revisión de
las decisiones administrativas, el debido proceso del investigado y la
proporcionalidad en la imposición de los criterios para la graduación de las
sanciones.

27
Folio 167 cuaderno 1

21

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

Sobre la variación de la culpa en materia disciplinaria, la Corte Constitucional
en sentencia SU 901 del 200528, advirtió que:

“(…)

Para la Corte, no contraría ni los fundamentos, ni la dinámica del
derecho disciplinario el que se formulen cargos por una falta
cometida a título de dolo y que en el fallo se declare la
responsabilidad por esa misma falta pero cometida a título de culpa.
Y ello tiene sentido pues puede ocurrir que, como consecuencia de
las pruebas solicitadas en la contestación de los cargos y luego
practicadas, se desvirtúe o atenúe la inicial forma de imputación, lo
que es consecuente con el debido proceso disciplinario y con el
derecho de defensa que le asiste al disciplinado. Carecería de
sentido que formulada una imputación dolosa, no haya lugar a su
atenuación a título de culpa gravísima o incluso grave o leve pues la
calificación de la falta realizada en el pliego de cargos no puede
reputarse definitiva y de allí que, si se aducen elementos probatorios
que conduzcan a su reconsideración, pueda haber lugar a ella (…)”.
(subrayado es nuestro)

(…)”

Visto esto, la Sala considera que lo expuesto en el precedente anterior es
aplicable al caso concreto, ya que al revaluarse la culpa gravísima del actor a
culpa grave conforme al numeral 9 del artículo 43 del Código Disciplinario
Único no se está ante una nueva tipificación de la conducta desplegada por
este sino frente a la aplicación integral de los derechos del disciplinado, pues
como se dijo en líneas anteriores el operador disciplinario en segunda instancia
varió la culpa por encontrar que la falta gravísima cometida por el actor se hizo
con culpa grave, es decir, con inobservancia del cuidado necesario que
cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. Esto es así, en la

28
Sentencia SU 901 del 1º de septiembre de 2005; MP. Dr. Jaime Córdoba Triviño

22

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Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

medida que el demandante quebrantó normas de obligatorio cumplimiento
frente a la delegación de la actividad contractual.

Por lo antes expuesto, el cargo aludido por el apoderado del señor Javier
Orlando Suárez Alonso no está llamado a prosperar, habida cuenta que la
demandada se ajustó a los preceptos legales contenidos en el numeral 9 del
artículo 43 de la Ley 734 de 2002, al momento de variar la sanción impuesta
contra el demandante en el fallo de primera instancia.

2.2.1.2. Falsa motivación.

Asegura el abogado del actor, que los fallos disciplinarios fueron expedidos con
falsa motivación porque los hechos en los que se fundaron no estuvieron
debidamente probados, dado que se les dio un alcance diferente por
interpretación errónea; lo anterior, porque no se tuvo en cuenta la conducta
diligente del actor. Precisó el apoderado, que en virtud de la delegación
efectuada por el señor Javier Orlando Suárez Alonso este debía ejercer
funciones de control y vigilancia, las cuales cumplió al adoptar las acciones
pertinentes con base en la información con la que contaba para el momento de
los hechos. Agregó, que no fue probado en ninguna de las instancias que al
Director General se le hubiere advertido la posible contingencia relacionada
con la desnaturalización del convenio.

Insiste, en que al no haber sido advertido de las dudas relacionadas con la
desnaturalización del convenio y al no ser responsable directo de la
contratación no es plausible que se le encuentre responsable de los resultados
y los efectos del contrato. Explicó, que no era su obligación impedir la
celebración del convenio en la medida que la duda expuesta estaba
relacionada exclusivamente con la conveniencia de su suscripción en el marco
de la Ley de Garantías. Recalca, que el comportamiento desplegado por el
actor estaba lejos de encuadrarse en la figura de la falta gravísima.

23

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
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Para resolver el vicio de nulidad propuesto por la parte actora, la Sala se
pronunciará sobre la causal de falsa motivación de los actos administrativos,
posteriormente, hará un recuento de algunas normas en materia de delegación
y de la responsabilidad del delegante frente a la actividad contractual y
finalmente, se señalará las acciones realizadas por el actor respecto de sus
deberes de vigilancia y control frente a la actividad precontractual conforme a la
celebración del convenio de cooperación 2322 de 2013, suscrito entre la
Subdirectora Técnica de Recreación y Deportes del IDRD y la UDCA.

Sobre la falsa motivación esta Corporación en sentencia del 17 de marzo de
201629, indicó:

“(…)

Desde hace varios años esta Corporación ha manifestado que para que
haya lugar a la declaración de falsa motivación “es necesario que los
motivos alegados por el funcionario que expidió el acto, en realidad no
hayan existido o no tengan el carácter jurídico que el autor les ha dado,
o sea que se estructure la ilegalidad por inexistencia material o jurídica
de los motivos, por una parte, o que los motivos no sean de tal
naturaleza que justifiquen la decisión tomada”30.

En consecuencia, la falsa motivación se estructura alrededor de la
evidente divergencia que existe entre la realidad fáctica y jurídica que
inspira la creación del acto y la motivación en que la administración
sustenta el mismo.

Ahora bien, la jurisprudencia, en lo relativo a la revisión judicial de la
falsa motivación de un acto administrativo, ha señalado que quien aduce
que se ha presentado dicha causal “tiene la carga de la prueba, es decir,
de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o
implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta
de la presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos
administrativos31”.

Señala la citada jurisprudencia que quien alega la falsa motivación debe
demostrar las razones específicas por la cuales se incurre en dicho vicio.
Si bien la regla de la carga de la prueba se aplica con mayor importancia
29
Sentencia del 17 de marzo de 2016; Exp. 11001032500020120031700 (1218-12); CP. Gabriel Valbuena
Hernández; Demandante: Alexander Garavito Arias.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de junio de 1989,
C.P.: Álvaro Lecompte Luna.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 1999,
expediente: 3.443, C.P.: Juan Alberto Polo Figueroa. En el mismo sentido Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de febrero de 1996, expediente: 3.361, C.P.: Manuel
Urueta Ayola.

24

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

en la falsa motivación, de lo que realmente se trata es de proteger la
presunción de legalidad que reviste todo acto administrativo una vez
está en firme. Por lo tanto, la carga de quien demanda es mayor al
exponer y probar las razones de hecho o las de derecho que justifican la
indebida motivación del acto administrativo.

Así pues, no se trata únicamente de exponer las normas puntuales por
las cuales se configura la violación, sino una explicación sucinta de
aquella que se advierte y que, en últimas, daría lugar a acabar con la
presunción iuris tantum de legalidad de los actos administrativos.

De acuerdo con lo anterior, se concluye lo siguiente: (i) la falsa
motivación puede estructurarse cuando en las consideraciones que
contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho, ya sea
porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando
existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista
jurídico, y (ii) quien impugna un acto administrativo bajo el argumento de
encontrarse falsamente motivado, tiene la carga probatoria (onus
probandi) de demostrarlo, dado que sobre los actos de la administración
gravita una presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien
pretenda impugnarlos32.

Así las cosas, se concluye que los elementos indispensables para que
se configure la falsa motivación son los siguientes: (a) la existencia de
un acto administrativo motivado total o parcialmente, pues de otra
manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b) la
existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica
que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados
como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos,
y (c) la efectiva demostración por parte del demandante del hecho de
que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado.

(…)”

En conclusión, la falsa motivación de los actos administrativos circula
alrededor de la diferencia de los hechos objeto de investigación y la realidad
jurídica que en marca las decisiones de la administración, precisando que la
parte que alega dicha causal de nulidad tiene el deber de probar la
inexactitud de los motivos de la creación del acto.

2.2.1.2.1. Normas en materia de delegación y de la responsabilidad del
delegante.

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de octubre de 2003,
expediente 16.718, C.P.: Germán Rodríguez Villamizar.

25

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En lo referente a la delegación de funciones, el artículo 21133 de la
Constitución Política de Colombia establece que la responsabilidad de la
funciones delegadas recae exclusivamente sobre el delegatario, sin perjuicio
que el delegante puede reformar o revocar los actos administrativos
expedidos por este y que así mismo reasuma la función delegada.

Así las cosas, debe aclararse que lo anterior no significa que el delegante se
separe de los compromisos que tiene a su cargo y por los cuales debe
responder por (i) el deber de informarse en todo momento sobre el desarrollo
de las delegaciones que haya otorgado; (ii) el deber impartir orientaciones
generales acerca del ejercicio de las competencias delegadas; (iii) la facultad
de reasumir en cualquier tiempo la función delegada; y (iv) la facultad de
revisar los actos que expida el delegatario conforme a las funciones recibidas
a través del acto de delegación.

Desde ese punto de vista, se podría decir que solo el delegatario sería
responsable por las actuaciones que realice en virtud de las funciones
delegadas; sin embargo, existe una excepción a la regla antes planteada la
cual parte de la premisa de que el delegante debe responder por los actos
que realice el delegatario por acción, omisión o extralimitación de funciones
cuando se encuentre bajo la responsabilidad de los deberes de control y
vigilancia de la actividad contractual delegada que le impone la ley.

En virtud de lo anterior, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el
artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, expone:

“(…)

33
“ARTICULO 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros,
directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas,
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. La
delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos
o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. La ley
establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios.”

26

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

ARTÍCULO 12. DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR. Los
jefes y los representantes legales de las entidades estatales
podrán delegar total o parcialmente la competencia para
celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o
concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del
nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

En ningún caso, los jefes y representantes legales de las
entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la
delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad
precontractual y contractual. (El subrayado y las negritas son
nuestros)

(…)”

Asimismo, el artículo 26 ibídem se refirió a la responsabilidad en la dirección
y manejo de la actividad contractual, así: “(…) 5º La responsabilidad de la
dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de
selección será del jefe o representante legal de la entidad estatal, quien
no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las
corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los
organismo de control y vigilancia de las mismas.(…)”.

El artículo 51 del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, se refirió a la responsabilidad de los servidores públicos que dirigen
la actividad contractual, indicando que “(…) El servidor público responderá
disciplinariamente, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la
actuación contractual en los términos de la Constitución y la ley (...)”.

Sobre la delegación y la responsabilidad del delegante, se refirió la Sección
Segunda de esta Colegiatura en sentencia del 24 de enero de 2019 34, al
disponer:

34
Sentencia del 24 de enero de 2019; CP. Dr. William Hernández Gómez; Exp, 11001-03-25-000-2012-00340-00

27

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Demandado: Personería de Bogotá D.C.

“(…)

En lo atinente a la delegación de funciones, el marco de la
responsabilidad está contemplado en el artículo 211 superior, cuando
establece que aquella recae, en exclusiva, en el delegatario, sin perjuicio
de que, en uso de la facultad que tiene el delegante para reformar o
revocar los actos que expida aquel, este reasuma la responsabilidad.

De esta forma, es posible advertir que el traslado de las funciones de
que es titular el delegante, por regla general, lo exime de
responsabilidad por los actos que expida el delegatario, último que
además de asumir dichas competencias, asume las consecuencias
derivadas de su ejercicio. Ello no significa que el delegante pueda
abstraerse de todo compromiso ya que en tal condición tiene a su cargo
una serie de deberes (art. 10, Ley 489 de 1998) y facultades (art. 12, Ley
489 de 1998) por cuya ejecución ha de responder y son (i) el deber de
informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que
haya otorgado; (ii) el deber de impartir orientaciones generales acerca
del ejercicio de las competencias transferidas; (iii) la facultad de
reasumir en cualquier tiempo la función delegada y (iv) la facultad de
revisar los actos que expida el delegatario35.

La excepción a la regla antedicha se presenta en materia de
contratación, donde se parte de la premisa según la cual el delegante no
se exime de responsabilidad por los actos que desplegue el delegatario.
En efecto, en dicho ámbito el delegante debe responder por acción,
omisión o extralimitación en el recto ejercicio de sus deberes de control y
vigilancia de la actividad delegada, como lo prevé el artículo 1236 de la
Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, en
armonía con la sentencia C-693 de 9 de julio de 2008, en el entendido
de que «[…] el delegante sólo responderá del recto ejercicio de sus
deberes de control y vigilancia de la actividad [contractual], cuando haya
incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de dichas funciones […]»,
toda vez que utiliza al delegatario como un mero instrumento de su
conducta. En esa medida, al delegante le atañe cumplir con los deberes
de dirección, orientación, instrucción y seguimiento, los que servirán de
fuente de responsabilidad cuando su desatención se traduzca en
infracción a la Constitución y a la ley.

Asimismo, el parágrafo 4.37 del artículo 2 de la Ley 678 de 200138, en
materia contractual, previó responsabilidad patrimonial para el

35
Al respecto puede verse: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de octubre de 2007, radicación:
1001-03-26-000-1997-13503-00 (13.503).
36
«ARTÍCULO 12. DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR. Los jefes y los representantes legales de las
entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la
realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus
equivalentes.
En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la
delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.
PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo
que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su
ejercicio. En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no
procederá ningún recurso».
37
«PARÁGRAFO 4o. En materia contractual el acto de la delegación no exime de responsabilidad legal en materia
de acción de repetición o llamamiento en garantía al delegante, el cual podrá ser llamado a responder de

28

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

delegante, quien puede ser llamado a responder solidariamente con el
delegatario por vía de acción de repetición o llamamiento en garantía.

En este sentido, en el examen de la responsabilidad de los servidores
públicos, el artículo 51 de la Ley 80 de 1993 previó que esta no solo
sería civil y penal sino también disciplinaria por las acciones y omisiones
en la actuación contractual. Al respecto, de otrora ha dicho esta Sección
que:

[…] le compete a la autoridad disciplinaria determinar los límites de la
competencia delegada en orden a establecer si el funcionario delegante
necesariamente perdía la competencia para actuar en el control de la
conducta ejecutada por el delegatario y que posteriormente resulta
materia de juzgamiento disciplinario. Lo anterior, en orden a evitar la
burla de responsabilidades […] en la ejecución del contrato [a] quienes
so pretexto de la delegación de funciones, fácilmente se exonerarían de
la carga de responsabilidad aludiendo que la materia contractual objeto
de juzgamiento fue delegada haciendo cómoda la función de estos
servidores pues bastaría alegar que se trasladó a otro en cumplimento
de funciones eludiendo la intervención que les compete cumplir.

Las aseveraciones precedentes son consecuencia de las previsiones del
artículo 3 de la Ley 80 de 1993 al estatuir los fines de la contratación
estatal siendo del mismo tenor el artículo 26 ibídem que contempla el
principio de responsabilidad, con fundamento en el cual se busca poner
en cabeza de los servidores públicos la obligación de procurar el
cumplimiento de los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución
del objeto contratado, proteger los derechos de la entidad, del contratista
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato.

De ahí que el tema de la delegación de funciones, es dable observar que
el ámbito de control del funcionario delegante tiene unos límites sobre la
materia delegada y ejecutada por el delegatario y en este sentido, es
dable señalar que en materia contractual el límite del control se ejerce
hasta el momento en que surjan actuaciones donde impere la autonomía
del funcionario delegatario porque allí este último funcionario ejerce su
actividad dentro del poder de actuar que le brindan sus competencias las
cuales se entienden comprendidas en el marco de la buena fe, siempre
que tengan como medio de convicción actuaciones creíbles, confiadas y
convincentes al punto que sean determinantes para gobernar
espontáneamente la voluntad de la autoridad delegante […]39

En razón de lo anterior, el delegante es responsable de la ocurrencia de
irregularidades y falta de advertencia de estas, que han tenido lugar por
el inadecuado cumplimiento de la obligación de mantenerse informado
de manera directa y permanente de la forma como se ejercen las

conformidad con lo dispuesto en esta ley, solidariamente junto con el delegatario», declarado condicionalmente
exequible «en el entendido que sólo puede ser llamado el delegante cuando haya incurrido en dolo o culpa grave
en el ejercicio de sus funciones», en la sentencia C-372 de 15 de mayo de 2002, de la Corte Constitucional,
reiterado en las sentencias C-414 y C-484 del mismo año.
38
«Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a
través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición».
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección B, sentencia de 18 de octubre de 2007, expediente 1001-03-
25-000-2004-00102-00 (1127-2004).

29

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

facultades delegadas, así como de no haber impartido oportunamente
las instrucciones requeridas para asegurar el adecuado y correcto
desarrollo de estas funciones; de no haber supervisado, vigilado y
constatado el acatamiento riguroso y estricto de las directrices dadas al
respecto; o advertida tal desatención, de no haber tomado las medidas
necesarias para evitar que ello sucediera y reasumir las funciones a fin
de que ello no continuara.

(…)”

Del anterior aparte jurisprudencial, se colige entonces que (i) los directores y
representantes legales de las entidades son los responsables de la actividad
precontractual y contractual; (ii) que el delegante es responsable de sus
acciones y omisiones respecto de su deberes de vigilancia y control; (iii) en
ningún caso los directores o representantes legales de las entidades podrán
exonerarse de su responsabilidad en virtud de la delegación del deber de
control y vigilancia de las actividades precontractuales y contractuales; y (iv)
en la delegación se transfiere el ejercicio de la competencia mas no la
titularidad de la función otorgada por mandato legal.

2.2.1.2.2. De las acciones realizadas por el actor respecto de sus
deberes de vigilancia y control frente a la actividad precontractual,
conforme a la celebración del Convenio de Cooperación 2322 de 2013
suscrito entre la Subdirectora Técnica de Recreación y Deportes del
IDRD y la UDCA.

Para referirnos a las acciones desplegadas por el actor en virtud de la etapa
precontractual del convenio de cooperación 2322 de 2014, la Sala considera
necesario traer a colación algunas piezas probatorias que hicieron parte del
proceso administrativo sancionatorio, con el fin de establecer si el
investigado es responsable o no de la conducta endilgada por la entidad
demandada.

2.2.1.2.2.1 De las piezas procesales.

30

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

(i) Mediante certificado del 8 de abril de 201440, expedido por el responsable
del Área de Talento Humano del Instituto Distrital de Recreación y Deporte –
IDRD, se hizo constar que el señor Javier Orlando Suárez Alonso se
desempeñó como Director General del IDRD desde el 27 de enero de 2012,
este fue vinculado a través de la Resolución 020 y Acta de posesión 3132 de
la misma fecha.

(ii) En la misma certificación, se informó que de acuerdo al Manual de
Funciones y Competencias Laborales adoptado con la Resolución 131 de
2006 se le asignaron entre otras funciones: “2. Vigilar el cumplimiento de la
Constitución, las leyes y normatividad vigente, así como las disposiciones de
la Junta Directiva del Instituto”; y “17. Dirigir y coordinar los procesos de
contratación de acuerdo con el Estatuto General de Contratación Pública”41.

(iii) A través del artículo 6º de la Resolución 198 de 2013, el señor Javier
Orlando Suárez Alonso en su calidad de Director General del IDRD delegó a
la Subdirectora Técnica de Recreación y Deportes el ejercicio de la facultad
para celebrar contratos u convenios, ordenar el gasto y el pago de la
actividad contractual del IDRD42.

(iv) Acta del Comité de Contratación del IDRD del 18 de diciembre de 2013,
recomendaciones del Secretario General del IDRD: “(…) Dr. Máximo. Yo
tengo unas consideraciones sobre los convenios. Una, es que de acuerdo
con el concepto que tengo aquí diferente al de Dr. ROQUE, está claramente
definido que convenio es convenio y no poder hacer ningún tipo de convenio,
pero además está escrito, una sentencia del Consejo de Estado señala la
prohibición de los convenios dentro de los (4) meses antes de cualquier tipo
de elección, no podrá celebrarse convenios interadministrativos para
cualquier tipo de convenios, sería desde el 9 de noviembre. Dra. María
Eugenia, insisto desde el 9 de noviembre. Segundo, para mi, estamos en ley
de garantías, para cualquier tipo de convenios, tal como ustedes lo muestran,
me gustó mucho Roque, el tema de las becas, me angustia que no se
40
Folios 433 a 437 CD 5 cuaderno administrativo.
41
Folios 433 a 37 CD 5 cuaderno administrativo.
42
Folios 45 a 54 CD 3 cuaderno administrativo

31

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

puedan canalizar estos recursos de 40 horas, hay una cantidad de
justificaciones institucionales, pero hay un marco jurídico que nos obliga a
atender, entonces no pensando en Máximo, ni la posición, no, no, por eso
quería escuchar a los abogados antes de yo opinar. Primero hay una
inconveniencia política que para acabarse el periodo fiscal, cerrando año,
Javier aparezca firmando un convenio de $ 6.000.000.000 de los cuales la
contraparte solamente da el 5%, y segundo, que en el desarrollo del análisis
jurídico encuentro imprecisiones como las siguientes, está prohibido
claramente de que se le entreguen recursos del Estado a un tercero y en
este caso hay transferencia de recursos, lo prohíbe claramente el artículo 33
y 38 de la Ley 996 de 2005, pero además de la ley, ya hay jurisprudencia
donde ratifican la imposibilidad de hacer este tipo de convenios. Además,
estudiando el convenio establecemos que hay adquisición de suministros,
cosa que desnaturaliza la característica del convenio porque este es otro tipo
de contrato, que también está prohibido claramente por la ley; pero el
proceso de la escogencia de la universidad, es lo que genera dos tipos de
personas que buscan estas situaciones: uno, los organismos de control que
entre otras cosas ellos son obsesivos con eso y dicen muéstrame la
idoneidad, y los otros, son los adversarios políticos que dicen quién es el
dueño de la UDCA, que experiencia tiene eso, cuándo colocan ellos, cuántos
contratos han hecho, tienen el personal especializado disponible para asumir
esa responsabilidad que le cuesta a la institución $5.700.000.000, es un
convenio bastante alto. Me parece que es inconveniente! Pero además, las
posiciones jurídicas lo explican. Yo este tema se lo comenté al Dr. Javier,
le dije tengo dudas y me dijo, reúnete con el equipo y discútanlo (…)
Dra. María Eugenia Serrano. No mijo estás equivocado, eso no es así, eso
yo me lo se de memoria. (…) Dr. Máximo. Perdón déjame yo te leo el
Decreto 777 de 1992. Artículo 4. Autorización para celebrar contratos.
Para efectos de establecimiento de contrato público, por las entidades
descentralizadas, y en particular por los establecimientos públicos, exige
autorización expresa de la administración territorial correspondiente, según
sea el caso, o las autoridades que funciones como delegatarias. (…) Dra.
María Eugenia. Pero Máximo, por favor eso no es así.(…) Dr. Máximo. Te

32

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

estoy diciendo que en este caso tampoco tenemos autorización para hacerlo
(…)Dr. Máximo. Te estoy diciendo porque, no se puede. Esto lo sabe
Javier pero el me dijo reúnete con el equipo (…) Dr. Máximo. Yo me
acojo a lo que dicen los convenios, y en los convenios de cooperación para
que quede constancia, lo que hay es un recurso público que puede ser
manejado por un tercero. (…) Dr. Luis David. El comité no está obligado a
atender o a desatender las decisiones del Comité. (…) Dr. Máximo. Yo
tengo la obligación de decirle a Javier que tenemos inconvenientes por
la coyuntura y que lo podemos hacer después en enero o en febrero
pero que no estemos en ley de garantías (…) Dr. Máximo. bajo la
proposición que hace María Eugenia, que quede constancia de esto María
Eugenia, no quiere acogerse a las consideraciones del Comité. Se somete a
consideración la decisión. (…) RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ. Que
quede en el acta la votación de aprobar el convenio en el marco de la ley de
garantías 4 EN CONTRA Y 3 A FAVOR. (…)”43

(v) Declaración Jurada del Secretario General del IDRD señor Máximo
Noriega Rodríguez en la cual manifiesta entre otras cosas que: “(…)
PREGUNTADO: Informe cual fue la posición de los miembros del comité
respecto de la prevención que usted hacía en dicha reunión, indicando los
nombres de los miembros. CONTESTÓ: Realmente la voz parlante que
reivindicaba la defensa de hacer el convenio tal cual como se había
presentado era por parte de la Subdirectora Técnica de Recreación y
Deportes María Eugenia Serrano, los demás en ese punto guardaron
silencio, solamente en la votación final se reflejó dicha postura. También en
esa intervención se advirtió sobre la necesidad de clarificar como fue
convocado, es decir, esta universidad y que otras universidades fueron
convocadas a este convenio o a esta invitación; también señalo la
inconveniencia de que el convenio se estaba realizando prácticamente ya en
el cierre fiscal, prácticamente en el cierre del 2013 y me referí a la operación
que ofrecía la universidad UDCA de que solo el 4.76% y que además se le
pagaba por parte del IDRD la administración del proyecto, lo que en último

43
Folios 47 a 69 CD 1 cuaderno administrativo

33

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

significaría una muy poca cooperación de esta institución en los propósitos
del convenio. En esta sustentación señalo igualmente que esto podría ser
auditado de manera crítica por los organismos de control, citó a la
Personería, Procuraduría (…) PREGUNTADO: Por parte de la Dirección
General del IDRD que funcionario asistió a los comités de contratación
en los que se discutió el tema del convenio interadministrativo 2322 de
2013. CONTESTÓ: Estuvo el DR. JOSÉ LUIS PASTRANA en
representación del director. Cuando no el está director el delega al Dr.
PASTRANA, quien estuvo en la discusión mas no en el momento de la
votación. PREGUNTADO: Respecto de sus apreciaciones antes
mencionadas, cuál fue la posición de los miembros del comité. CONTESTÓ:
Pues yo creo que la votación de tres contra cuatro en el comité de
contratación indica que los funcionarios que votaron negativamente a la
realización del convenio encontraron en mi sustentación y en la del Dr.
ROQUE CONRADO elementos de juicio significativos e importantes para
tomar la decisión de votar en contra (…)”44.

(vi) Concepto del 20 de diciembre de 2014, emitido por el Doctor Juan
Manuel Urueta Rojas de la firma de abogados Urueta & Urueta Abogados,
solicitado por el señor Javier Orlando Suárez Alonzo en su calidad de
Director General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte45.

Del material probatorio antes citado y de la lectura de los fallos disciplinarios
cuestionados, la Sala considera que los fundamentos fácticos y jurídicos
empleados para la expedición de los actos administrativos demandados
guardan relación entre ellos, dado que, a) el demandante como Director
General y representante legal del IDRD era el responsable de la actividad
precontractual y contractual, b) a través del Manual de Competencias
Laborales (Resolución 131 de 2006) se le asignaron puntualmente dos
deberes a saber: (i) vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y la
normatividad vigente y (ii) dirigir y coordinar los procesos de contratación de

44
Folios 27 a 32 del CD 3 cuaderno administrativo
45
Folios 1 a 11 del CD 5 cuaderno administrativo.

34

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
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acuerdo con el Estatuto General de Contratación Pública, y c) que conforme
a la delegación entregada mediante la Resolución 198 del 2013 a la
Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte, el Director Deneral es
responsable del deber de vigilancia y control frente a las actividades de su
delegataria.

Aclarado lo anterior, en virtud de su deber de vigilancia y control el señor
Javier Orlando Suárez Alonso se limitó a realizar dos acciones que en nada
sirvieron para impedir la firma del convenio de cooperación No. 2322 de
2013; la primera gestión, fue solicitarle al Secretario General del IDRD que se
reuniera con el equipo para discutir las dudas sobre la celebración del
contrato mencionado, tal y como lo afirmó el Secretario General en acta del
comité de contratación del 18 de diciembre de 2013 cuando dijo “Yo este
tema se lo comenté al Dr. Javier, le dije tengo dudas y me dijo, reúnete
con el equipo y discútanlo”; dicho esto, no cabe dudas que esta directriz
que impartió el Director General no se ajusta en ninguno de los deberes
impuestos por las normas que debía observar el actor frente a la actividad
contractual que había delegado; considerando lo anterior, la orden de
reunión con los demás funcionarios no concuerda siquiera con la obligación
de impartir lineamientos generales acerca del ejercicio de las competencias
delegadas.

La segunda acción que realizó el actor, fue pedirle un concepto jurídico a la
firma de abogados “Urueta & Urueta Abogados” para que señalara el
“…alcance de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), respecto
de la suscripción de convenios de asociación con Ligas Deportivas (personas
jurídicas sin ánimo de lucro), en el marco del régimen legal dispuesto en el
artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992”. Sobre este
concepto, la Sala advierte que este solo resolvió una de las dudas que se
plantearon antes y durante el comité de contratación donde se discutió la
imposibilidad de suscripción del convenio de cooperación 2322 de 2013, sin
tener en cuenta dos aspectos puntuales como: (i) si efectivamente existía
una desnaturalización del convenio de cooperación en la medida que tenía

35

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

un componente de adquisición de elementos deportivos y (ii) cómo se surtió
la convocatoria de los participantes a celebrar el convenio y porque la UDCA
fue la única oferente.

Al respecto, esta Colegiatura considera que no le asiste razón al abogado del
demandante al decir que su defendido cumplió a cabalidad la función de
control y vigilancia, pues al suscribirse el convenio de cooperación 2322 de
2013 sin que se resolvieran las inconsistencias por las que se le endilgó
responsabilidad disciplinaria a la doctora María Eugenia Serrano Quintero en
su calidad de Subdirectora Técnica de Recreación y Deporte del IDRD, este
incumplió los deberes de vigilancia y control que le imponía el artículo 12 de
la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 del 2007 en
relación a la delegación que hiciera de la actividad contractual de la entidad
que él representaba legalmente. Sumado a esto, las dos acciones que indica
haber realizado el demandante no se acercan siquiera a los deberes que se
relacionaron en el pretérito como son: (1) informarse en todo momento sobre
el desarrollo de las delegaciones que haya otorgado; (2) el deber de impartir
orientaciones generales acerca del ejercicio de las competencias delegadas;
(3) la facultad de reasumir en cualquier tiempo la función delegada; y (4) la
facultad de revisar los actos que expida el delegatario conforme a las
funciones recibidas a través del acto de de∫legación.

Ciertamente, la Sala estima que se cae por su propio peso el argumento
expuesto por el apoderado del actor cuando dice que al señor Javier Orlando
Suárez Alonso no se le advirtió de las contingencias de la desnaturalización
del convenio, esto es así, en la medida que el Secretario General en el
comité de contratación del IDRD del 18 de diciembre de 2013 en reiteradas
ocasiones afirmó que: “Yo este tema se lo comenté al Dr. Javier, le dije
tengo dudas y me dijo, reúnete con el equipo y discútanlo” (…) “Te
estoy diciendo porque no se puede. Esto lo sabe Javier pero el me dijo
reúnete con el equipo” (…) “Yo tengo la obligación de decirle a Javier
que tenemos inconvenientes por la coyuntura y que lo podemos hacer
después en enero o en febrero pero que no estemos en ley de

36

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

garantías”; sumado a lo anterior, se pude observar que el Director General
del IDRD no asistió al comité de contratación del 18 de diciembre de 2013
pero si envió un delegado para su representación, tal y como se puede
corroborar de la declaración rendida por el Secretario General cuando se le
cuestionó sobre que funcionario de la Dirección General del IDRD asistió a
los comités, este dijo “(…) PREGUNTADO: Por parte de la Dirección General
del IDRD que funcionario asistió a los comités de contratación en los que se
discutió el tema del convenio Interadministrativo 2322 de 2013. CONTESTÓ:
Estuvo el DR. JOSÉ LUIS PASTRANA en representación del director.
Cuando no está el director el delega al Dr. PASTRANA, quien estuvo en la
discusión mas no en el momento de la votación(…)”.

Por lo anterior, es absolutamente diáfano que el Director General del IDRD
(Javier Orlando Suárez Alonso) habiendo conversado anticipadamente con el
Secretario General y posteriormente con su representante en el comité de
contratación, sabía y conocía las dudas acerca de la firma del convenio y no
tomó las acciones pertinentes para impartir directrices concretas sobre la
suscripción de ese contrato, no hizo nada por reasumir la función delegada
para contratar, ordenar el gasto y pagar los contratos, pero además no revisó
los actos administrativos que expidiera en su momento su delegataria.

En efecto, la Sala considera que el señor Javier Orlando Suárez Alonso se
desentendió completamente de los deberes funcionales que le imponía el
artículo 12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150
de 2007, pues es claro que no utilizó ningunas de las herramientas para
recobrar el control de la delegación frente a la evidente firma del convenio de
cooperación No, 2322 de 2013. Por esto, el vicio de nulidad de falsa
motivación alegado por el apoderado de la parte demandante no tiene
vocación de prosperidad, en la medida que no hubo interpretación errónea
por parte del operador disciplinario, la conducta del actor fue displicente
frente a las acciones que desplegó su delegataria y no cumplió su deber de
control y vigilancia a sabiendas que como representante legal del IDRD, era

37

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

el responsable de la actividad contractual y si podía impedir que se
suscribiera el convenio mencionado.

2.2.1.3. De la ilicitud sustancial.

Afirma, que no existe ilicitud sustancial porque el hecho de que coexista una
norma que establezca que el jefe de la entidad estatal, en este caso el Director
General del IDRD, deba direccionar y manejar la actividad contractual no
significa que la responsabilidad disciplinaria del delegante se pueda discurrir
por esa vía. Lo anterior se justifica, porque la finalidad del numeral 5º del
artículo 26 de la Ley 80 de 1993 explica que el representante de la entidad
estatal no podrá delegar en los particulares el deber de gobernar y determinar
las reglas de los procesos de selección en las entidades públicas y de la
celebración de los contratos estatales. Advierte, que no es posible endilgarle la
responsabilidad del resultado del contrato al delegante, toda vez que esta
deberá ser asumida por quien lo suscribió, en ese sentido, el resultado que se
le debe exigir al actor es la diligencia con la que actuó en el marco de la
celebración del convenio, es decir, el cumplimiento del deber de vigilar y
controlar las actuaciones del delegatario.

Alega, que con la suscripción del convenio no se cercenó la posibilidad de que
la entidad recibiera varias ofertas, ni se les impidió a los particulares ejercer su
libertad de empresa, así como tampoco hubo desconocimiento del principio de
transparencia y selección objetiva, dado que no se produce como
consecuencia de un error en la escogencia de la entidad con la que celebra el
contrato. Adujo, que endilgarle responsabilidad disciplinaria al demandante con
base en el resultado del contrato y conceptos que no existían al momento de
intervenir en su rol de vigilante de las actuaciones de su delegataria, es una
clara violación al debido proceso en cuanto se le está haciendo una exigencia
que superaba sus posibilidades de actuación. Argumentó, que el proceder del
actor no se puede evaluar como infracción al deber funcional dado que no se
probó la lesión a la buena marcha de la administración.

38

Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

Para desatar el vicio de nulidad advertido por el abogado del actor, la Sala
hará una breve reseña de la ilicitud sustancial a través de la jurisprudencia
de esta Corporación, en los siguientes términos:

“(…)

La antijuridicidad o ilicitud en el derecho disciplinario no se limita a la
sola adecuación típica de la conducta, pues no basta que el actuar del
servidor público encaje dentro del tipo disciplinario descrito en la ley
(antijuridicidad formal), ya que tal consideración implicaría
responsabilizar a un individuo por el solo incumplimiento formal de una
norma.

Ahora bien, para que se configure una infracción disciplinaria no se
exige un resultado lesivo o dañino al Estado, sino que basta con la
existencia del quebrantamiento sustancial de los deberes funcionales
encargados al servidor público, que afecten la consecución de los fines
de la organización política.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sección ha expresado46:

[…] Por su parte la antijuridicidad es descrita por la norma disciplinaria
como la ilicitud sustancial que se traduce en una afectación del deber
funcional sin justificación alguna, es decir, este elemento a diferencia
del derecho penal al cual hace referencia la demandante en su
acusación no responde a la gravedad del daño producido, motivo
por el cual, el sujeto disciplinable solo se excusaría cuando su conducta
no sea antijurídica, a saber, en la medida en que la ilicitud no sea
sustancial o tenga una justificación válida para haberla cometido, para lo
cual, deben revisarse las causales de exclusión de responsabilidad […]

En este sentido y atendiendo a la jurisprudencia de esta Sala47, se tiene
además que, de conformidad con el artículo 5º del Código Disciplinario
Único la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna. Este mandato legal consagra, en criterio del
Consejo de Estado, la específica noción de antijuridicidad que
caracteriza al derecho disciplinario y le diferencia del derecho penal, a
saber, que la antijuridicidad en el derecho disciplinario no se basa
en un daño a un bien jurídico protegido, sino en el incumplimiento
de los deberes funcionales del servicio público […] (Negrita fuera de
texto).

Así las cosas, se puede afirmar que el derecho disciplinario no exige,
para que se configure una infracción disciplinaria, que la conducta
desplegada por el servidor público o el particular que cumpla funciones
públicas genere un resultado, esto es, cause un daño al Estado. Por
tanto, en principio, bastaría con que el servidor público quebrante los
deberes para que pueda afirmarse que se incurrió en un actuar
disciplinable.

46
C.E. Sec. Segunda. Subsec. B. Sent. 11001-03-25-000-2012-0352-00 (1353-2012), abr. 16/2015.
47
C.E. Sec. Segunda. Subsec. A. Sent. 11001-03-25-000-2010-00149-00 (1085-2010), may. 2/2013.

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Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

(…)”

Revisado el antecedente jurisprudencial, la Sala advierte desde ya que el
argumento expuesto por el apoderado del demandante carece de veracidad,
en la medida que el Director General del IDRD era el responsable de la
actividad contractual, tenía el deber de vigilar el cumplimiento de la
Constitución, las leyes y la normatividad vigente y debía dirigir y coordinar los
procesos de contratación de acuerdo con el Estatuto General de
Contratación Pública; Así las cosas, y por haber delegado la función del
contratación tenía la obligación de ejercer el control y vigilancia de las
actividades desarrolladas por su delegataria frente a la función delegada
conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado
por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007; por ello, sin lugar a dudas y en
virtud de lo relatado en el acápite de falsa motivación, la Sala considera que
contrario a lo afirmado por el demandante este tuvo una aptitud displicente y
negligente frente al deber de vigilancia y control de la actividad contractual
que delegó en manos de la Subdirectora Técnica de Recreación y Deportes,
que terminó suscribiendo el convenio de cooperación No. 2322 de 2013 sin
importar las dudas que surgieron sobre este.

Asimismo, la Sala advierte que no comparte lo expuesto por el apoderado del
demandante, cuando señala que el convenio no cercenó la posibilidad que
se recibieran varias ofertas y que el proceder del mismo no se puede evaluar
como infracción al deber funcional dado que no se probó la lesión a la buena
marcha de la administración. Al respecto, es necesario recordar lo mencionado
por el precedente citado para resolver este vicio de nulidad cuando dijo que
“(…) se puede afirmar que el derecho disciplinario no exige, para que se
configure una infracción disciplinaria, que la conducta desplegada por el
servidor público o el particular que cumpla funciones públicas genere un
resultado, esto es, cause un daño al Estado. Por tanto, en principio, bastaría
con que el servidor público quebrante los deberes para que pueda afirmarse
que se incurrió en un actuar disciplinable (…)”. Por todo lo expuesto, se

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

considera que el vicio de ilicitud sustancial alegado por el apoderado del
señor Javier Orlando Suárez Alonso no esta llamado a prosperar.

III. DECISIÓN

La Sala mantiene la legalidad de los actos administrativos demandados
proferidos por el Personero Delegado para la Coordinación de Asuntos
Disciplinarios y el Personero de Bogotá.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 6 de febrero de 201948 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriada esta providencia.

TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma
electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento
en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/vistas/documentos/evalidador.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada en la fecha.

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Folios 443 a 472

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Número interno: 2714-2019
Demandante: Javier Orlando Suárez Alonso
Demandado: Personería de Bogotá D.C.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

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