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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03497-01

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03497-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de primera instancia, proferida el 29 de septiembre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar: 15 Interno: 0527-2017 Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza Demandada: UGPP SEGUNDO. - NEGAR las súplicas de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. TERCERO. - Sin condena en costas en las dos instancias. CUARTO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-03497-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

3 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Radicado : 25000-23-42-000-2015-03497-01
Número interno : 0527-2017
Actor : Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Ley
1437 de 2011
Asunto : Topes pensionales sentencia C-258 de 2013
de la Corte Constitucional.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, en adelante, UGPP, contra la sentencia proferida el
29 de septiembre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. Demanda

1.1. Pretensiones

El señor Luis Hernando Van Strahlen Pedraza, mediante apoderado judicial
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para solicitar la nulidad de los siguientes actos
administrativos1:

Oficio UGPP 20145022505331 de 30 de mayo de 2014, emitido por la
entidad de previsión social, por medio del cual le negó el reintegro de las
suma de dinero de las mesadas desde julio de 2013 en cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia C-258 de 213 de la Corte Constitucional.

1
Folio 83 a 94

2

Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) el reembolso de la
suma de $203.268.506, descontada de las mesadas pensionales desde julio
de 2013 hasta septiembre de 2014; y (ii) se restablezca la mesada pensional
en cuantía de $29.265.679.76 que era la percibida en junio de 2013.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:

1- Por virtud de la Resolución 0376 del 18 de enero de 2002, expedida por
la Caja Nacional de Previsión Social me fue reconocida la pensión mensual
de jubilación, en cuantía de catorce millones novecientos diecinueve mil
cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con veinticuatro centavos moneda
corriente ($14'919.459.24).
Como se expresa en la misma resolución adquirí el status jurídico de
pensionado el 24 de agosto de 1992.
Y al momento del reconocimiento pensional tenía cumplidos 29 años y 1
mes de servicios al Estado Colombiano, 22 años y 4 meses de las cuales,
al servicio a la rama jurisdiccional, desde Juez municipal hasta magistrado
del Consejo Superior de la Judicatura por lo cual el fundamento jurídico de
la Resolución fue el artículo 6° del Decreto Ley 546 de 1971 como allí
mismo se dice.
2- La Resolución No 376 de 2002, expedida por Cajanal fue el
cumplimiento de una providencia del Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca como resultado de una acción de tutela interpuesta por
el suscrito; decisión avalada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sala de Descongestión-.
Cabe precisar que para el 1° de abril de 1994, fecha en que entró en
vigencia el régimen pensional de la Ley 100 de 1993, el suscrito cumplía
con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, pero no se había
efectuado el reconocimiento, razón aducida por el suscrito para invocar a
mi favor lo establecido por el inciso último del artículo 36 de la ley 100 de
1993 (régimen de transición).
3- Por razón del transcurso del tiempo percibiendo la pensión, las mesadas
pensionales fueron incrementadas por ley hasta alcanzar la suma de
veintinueve millones doscientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y
nueve pesos con setenta y seis centavos ($29'265.679.76).
4- Mediante un acto administrativo de ejecución, dictado en cumplimiento
de la decisión tomada por la Comisión Intersectorial del Régimen de Prima
Media con prestación definida del sistema General de Pensiones, en su
sesión extraordinaria del 28 de junio de 2013, cuyos extractos - 2013 cuyos
extractos pertinente del acta No 03 radicado – 2013 aparecen
reproducidas en el radicado UGPP 20145022505331 de fecha 30 de
mayo de 2014, que está demandándose, la UGPP me comunicó sobre el
reajuste de mi mesada pensional, en virtud, supuestamente de lo ordenado
por la Corte Constitucional en sentencia C- 258/13.
5- A partir del mes de mes de julio de 2013 las mesadas de mi pensión de
jubilación quedaron en la suma de $14'737.500.00, o sea que mi pensión
de jubilación fue reducida en $14'519.179.00 mensuales.
6- Mediante escrito radicado bajo el No 2014-514-151784-2 de la UGPP
del 6 de junio de 2014, el suscrito le solicitó a la entidad mencionada el

3

Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

reembolso de las sumas de dinero en que fueron reducidas mis mesadas
pensionales desde el mes de julio de 2013, aduciendo una aplicación
incorrecta de la sentencia C-258/13.
(…)”

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Artículo 6 del Decreto 546 de 1971.

Al desarrollar el concepto de violación indicó que, la sentencia C-258 de
2013 emitida por el Tribunal Constitucional no tiene el alcance dado; toda vez
que la misma hace referencia a las pensiones reconocidas con fundamento
en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992.

2. Contestación de la demanda

La UGPP2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda e
indicó que, el 9 de julio de 2013 la Corte Constitucional publicó la Sentencia
C- 258 de 2013, en la cual concluye que las pensiones sometidas al régimen
de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se deben
liquidar con fundamento en las siguientes reglas:

Propuso los medios exceptivos que denominó “prescripción” y “pago”.

2
Folio 130 a 140

4

Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad del acto
acusado3 y ordenó a la UGPP “reanudar el pago de la mesada pensional del
señor Luis Hernando Van Strahlen Pedraza (…) en la forma como se venía
haciendo hasta antes de julio de 2013 y a pagarle con los ajustes de ley las
diferencias entre las mesadas pensionales dejadas de pagar al aplicar el tope
definido en sede constitucional por la sentencia C-258 de 2013 y lo que se le
venía reconociendo antes de la reducción. El restablecimiento de la mesada
pensional del demandante debe efectuarse a partir de julio de 2013, sin
prescripción de las diferencias de las mesadas pensionales dejadas de
pagar”.

Precisó que, al demandante le fue reconocida la pensión de jubilación a partir
del 8 de marzo de 2000, con fundamento en el Decreto 546 de 1971 por
haber laborado más de 10 años al servicio de la Rama Judicial; tal como lo
señaló el acto administrativo de reconocimiento.

Indicó que, teniendo en cuenta que el actor causó el derecho antes del 31 de
julio de 2010, su reconocimiento pensional no estaba sujeto al tope de los 25
S.M.L.M.V. previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005.

Refirió que lo ordenado en la sentencia C-258 de 2013 de la Corte
Constitucional no le aplica al demandante; dado que, su pensión no fue
reconocida con base en las disposiciones contenidas en el artículo 17 de la
Ley 4 de 1992 sino por el Decreto 546 de 1971.

Por consiguiente, el accionante tiene derecho a que “se le reanude el pago
de la mesada pensional en la forma como se venía haciendo antes de julio
de 2013 y a pagarle las diferencias con los ajustes de ley entre las mesadas
pensionales dejadas de cancelar al aplicar indebidamente el tope de los 25
S.M.L.M.V. y lo que se le venía reconociendo, y el total del retroactivo que
arroje la sumatoria de las diferencias sea indexado de acuerdo con la fórmula
del Consejo de Estado”.

3
Folios 166 a 179

5

Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

Declaró no probadas las excepciones invocadas por la parte accionada, y no
la condenó en costas.

4. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión del Tribunal, la UGPP solicita que se revoque la
sentencia; para que, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda4.

Alegó que, dentro de los aspectos que las instituciones de seguridad social
deben verificar respecto a las pensiones reconocidas al amparo del artículo
17 de la Ley 4 de 1992; para el caso de autos “el tope de las mesadas
pensionales que de acuerdo con lo decidido por Sentencia C-258 de 2013 de
la Corte Constitucional, no podrá superar los veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a partir del 1 de julio de 2013”.

Máxime que, el reajuste pensional aplicado al demandante tiene como
fundamento en que la H. Corte Constitucional después de realizar un análisis
jurídico y social de la situación pensional en Colombia; y de advertir, que el
monto de los subsidios con dineros públicos destinados a las pensiones más
altas resultaba desproporcionado en comparación con el destinado a las más
bajas. Por lo que, el Tribunal Constitucional consideró que la interpretación
que venían realizando las autoridades administrativas sobre el régimen
pensional contenido en la Ley 4ª de 1992, constituía una vulneración de los
principios de igualdad, solidaridad y sostenibilidad financiera, y del derecho a
la seguridad social, contenidos en los artículos 13 y 48 de la Constitución
Política.

Sumado a que, la entidad se encontraba obligada a ajustar el valor de las
mesadas que superaran el monto de los 25 salarios mínimos; ello en
atención, a que ninguna entidad pública puede abstenerse de acatar los
fallos judiciales como lo indica la Corte Constitucional en la sentencia
referida.

5. Alegatos de conclusión

La parte demandante, reiteró los argumentos expuestos en la demanda5.

4
Folios 183 a 187

6

Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

La parte demandada, insistió en lo esbozado en la contestación de la
demanda y en el recurso de alzada6.

5. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio público guardó silencio7

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.2 Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad pensional,
la Sala determinará si es procedente revocar la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para
el efecto, se analizará si es dable ajustar la pensión reconocida al señor Luis
Hernando Van Strahlen Pedraza, en cuantía equivalente a 25 SMLMV en
cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-
258 de 2013, a pesar de que adquirió el derecho pensional antes de la
expedición del acto legislativo 01 de 2005, y en aplicación de lo previsto por
el Decreto 546 de 1971.

Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: (2.1) Análisis de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte
Constitucional; y (2.2) Caso concreto.

2.2.1. Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional

El Tribunal Constitucional en sentencia C-258 de 2013 declaró inexequibles
las expresiones “durante el último año y por todo concepto”, y “se
aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo
legal”, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que
establece el régimen especial para los miembros del Congreso de la

5
Folio 222 a 226
6
Folio 227 a 229
7
Folio 230

7

Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

República, también aplicable a los Magistrados de Altas Cortes y a otros
cargos a los que se extiende el régimen, así como la expresión “por todo
concepto”, contenida en su parágrafo y, declaró exequibles las restantes
expresiones de dicha disposición, relativas “al régimen pensional de los
congresistas y de los demás servidores públicos a quienes les resulte
aplicable”, en el entendido que:

“(i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con
anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo;
(ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse
aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el
beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales
se hubieren realizado las cotizaciones respectivas;
(iii) Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos
los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los
artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso;
(iv) Las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de
conformidad con este régimen especial, no podrán superar los veinticinco
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de
2013”.

De acuerdo con la Corte Constitucional, el régimen pensional contenido en la
Ley 4 de 1992 consagraba un beneficio excesivo en favor de un sector de la
población, que, por regla general, tenía el carácter de privilegiado, lo cual
constituía un grave sacrificio de los principios y fines de la seguridad social,
al señalar:

“(…) Bajo esta óptica, la Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley 4
de 1992, en su sentido natural y en concordancia con su configuración
viviente, resulta contrario al ordenamiento constitucional por cuanto (i)
desconoce el derecho a la igualdad, en armonía con los principios
constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un
sistema pensional equitativo, (ii) genera una desproporción manifiesta
entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4
de 1992 cuando, además, (iii) existe falta absoluta de correspondencia
entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha
desproporción excesiva sea (iv) financiada con recursos públicos mediante
un subsidio muy elevado. Esto es, además, (v) incompatible con el
principio de Estado social de derecho, puesto que, si bien los subsidios en
regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio
fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de
ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del elevado
subsidio (…)”.

Siendo ello así, fijó que, si bien es posible acceder a una pensión mediante
un régimen especial, ello resulta constitucional siempre y cuando las
diferencias que surjan de su aplicación no sean manifiestamente

8

Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

desproporcionadas y carentes de correspondencia entre lo cotizado y el
monto del respectivo derecho.

Sumado a que, los topes pensionales existen desde antes de la expedición
del Acto Legislativo 01 de 2005 y que su incorporación en el texto superior
mediante su artículo 48, busca establecer los límites para todas las mesadas
pensionales con cargo a los recursos de naturaleza pública, con la finalidad
de limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las
pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los
regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley
100 de 1993.

Dicho de otra manera, determinó que en ausencia de norma expresa en el
régimen especial, rige la del sistema general de pensiones conforme a la cual
las pensiones se sujetan a un límite, que no es otro diferente al de los 25
SMLMV. Igualmente explicó que, por medio de las sentencias C-089 de
1997 y C-155 de 1997 señaló que en caso de que las normas especiales de
tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas,
debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales, específicamente en
la Ley 100 de 1993 y en las disposiciones que la modifican en lo pertinente.

Conforme con esta decisión, se explicó que la imposición de topes
pensionales se exige porque se trata de un sistema administrado por
subsidios con recursos públicos, es decir, que el sistema de aportes por
cuenta del empleado y del empleador, no alcanza a generar los recursos
para financiar una pensión vitalicia con las previsiones de los distintos
regímenes sobre tiempo de servicios y tasa de reemplazo, lo cual implica que
la diferencia se paga con estos recursos. Ante lo cual el legislador, en
consonancia con previsiones constitucionales, encontró, que en materia
pensional tales recursos deben destinarse a subsidiar las pensiones de las
personas de más bajos ingresos y a ampliar la cobertura del sistema de
seguridad social.

Por consiguiente y en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenó (i) a los
representantes legales de las instituciones de seguridad social competentes,
revisar “Las pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de

9

Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

1992, con abuso del derecho o con fraude a la ley”. Realizada la revisión
correspondiente “podrán revocarlas o reliquidarlas, según corresponda a más
tardar el 31 de diciembre de 2013”; y (ii) a quienes tienen a su cargo el
reconocimiento y pago de las pensiones decretadas al amparo del artículo 17
de la Ley 4 de 1992, que, “en el marco de su competencia” tomen “las
medidas encaminadas para hacer efectivo este fallo, aplicando en lo
pertinente los artículos 19 y 20 la Ley 797 de 2003, en los términos del
apartado de conclusiones de esta sentencia” en relación con los demás
casos de pensiones reconocidas de manera contraria a lo dispuesto en los
numerales i, ii y iii del ordinal tercero.

Con todo, la citada corporación en la sentencia SU-210 de 20178 sostuvo
que el límite del monto de las pensiones a los 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, “aplica para el sistema general de pensiones,
incluyendo el régimen especial de magistrados, muchos de ellos
pensionados conforme al Decreto 546 de 1971. Así mismo, advirtió que no
es dable alegar que la decisión de la sentencia C-258 de 2013 no cobija las
pensiones reconocidas con anterioridad a la expedición de esta sentencia de
constitucionalidad, debido a que los topes en las mesadas pensionales han
sido consagrados, desde las Leyes 4 de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993.

Hay que mencionar, además que en las sentencias C-089 de 1997 y C-155
de 1997, esa corporación señaló que cuando las normas especiales de los
regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, no disponían de un límite
cuantitativo para las mesadas, lo procedente era aplicar el tope señalado en
las reglas generales de la Ley 100 de 1993; y, aclaró que “dicha dispersión
en los montos se resolvió en el sistema actual regido por el artículo 5 de la
Ley 797 de 2003”, que fijó el límite de las pensiones en 25 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

De ahí que, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que dicho
mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones
8
Mediante la cual revocó las sentencias de tutela de primera y segunda instancia proferidas por las Secciones
Cuarta y Quinta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación y en su lugar, concedió el amparo
del derecho fundamental al debido proceso, invocado por la Fundación Externado de Colombia en contra de esta
sección del Consejo de Estado debido a que entre otros aspectos, no podía ordenar como lo hizo en la parte
resolutiva de la Sentencia de 21 de agosto de 2014, que “[l]os parámetros establecidos por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-258-13 no son aplicables en este caso, así como tampoco el tope de 25 salarios mínimos de las
mesadas pensionales (…)”, pues sobre dicho aspecto había cosa juzgada constitucional.

10

Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, como el de
Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes, pues, como lo explicó, el
Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar y reducir los
subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas,
muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales
vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.

Razonamiento que acoge esta Subsección por cuanto está en armonía con lo
normado por el Acto Legislativo 01 de 2005; toda vez que la sentencia C-258
de 2013 dispuso que a partir del 1 de julio de 2013 ninguna pensión
reconocida en aplicación del régimen demandado podrá superar el tope de
los 25 SMMLV.

Lo probado en el proceso

De las documentales que reposan en el plenario respecto del señor Luis
Hernando Van Strahlen Pedraza, se tiene que:

Por Resolución 0376 del 18 de enero de 20029, CAJANAL en cumplimiento
de un fallo de tutela proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura -
Sala Jurisdiccional Disciplinaria; le reconoció al demandante la pensión de
vejez en cuantía de $14.919.459,24 a partir del 8 de marzo de 2000.

Petición de 6 de junio de 201410, por medio de la cual el accionante solicitó a
la entidad pensional el pago de las sumas de dinero que le fueron reducidas
de la mesada pensional desde julio de 2013.

Oficio UGPP 20145022505331 del 30 de mayo de 201411, expedido por el
Subdirector de Nómina de Pensionados de la UGPP, a través del cual le
negó al actor el pedimento anterior bajo el argumento de que “... De las
normas antes transcrita se concluye que al haberse incorporado los
funcionarios de la Rama Judicial al Sistema General de Pensiones, quedaron
sometidos al tope establecido en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, pues
no estableció ninguna excepción al respecto, por lo que estos funcionarios no
pueden tener mesadas pensionales por encima de los topes o límites de

9
Folio 18 a 24
10
Folio 1 y 2
11
5a8

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Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

cuantía establecidos… En conclusión, según lo expresamente señalado por
la Corte Constitucional en la sentencia C -258 de 2013, a partir del 1 de julio
de 2013, ninguna mesada pensional con cargo a recursos públicos,
incluyendo la de los Magistrados de Alta Corporación ... podrán superar el
límite de cuenta (sic) de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ya
que la norma que contenía la excepción que permitía esta clase de
funcionarios tener una mesada pensional por encima de los topes
establecidos, como lo era el artículo 17 de la 4 de 1992, que los asimilaba u
homologaba a Congresistas, fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional en la multicitada sentencia con las precisiones realizadas tanto
en la parte considerativa como resolutiva... Así las cosas, esta Unidad se
encontraba obligada a ajustar el valor de todas las mesadas pensionales que
superaran el monto de 25 salarios mínimos legales mensuales a partir del 1º
de julio de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C- 258 del 7
de mayo de 2013, atendiendo que ninguna entidad pública puede abstenerse
de acatar los fallos judiciales, como lo indicó la propia Corte Constitucional en
la sentencia T-329 de 1994”.

2.2.2. Caso concreto

Nótese que, a partir de las pruebas avizoradas en el proceso se observa que
el demandante fue pensionado por la Caja Nacional de Previsión Social EICE
en Liquidación (hoy UGPP), en aplicación del Decreto 546 de 1971 y que,
con posterioridad a ello, su mesada fue ajustada al tope de 25 SMLMV en
cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-
0258 de 201312.

Sin embargo y teniendo en cuenta que en principio la Corte Constitucional en
la sentencia C-258 de 2013 dispuso que sus efectos no podrían trasladarse
en forma automática a otros regímenes especiales o exceptuados diferentes
al de los congresistas; conforme se analizó, dicho criterio fue replanteado en
la sentencia SU-210 de 2017 en la que expresamente al pronunciarse sobre

12
Por Oficio UGPP 20145022505331 del 30 de mayo de 2014, el Subdirector de Nómina de Pensionados le informa
al señor Luis Hernando Van Strahlen Pedraza que la mesada pensional le será ajustada de manera automática al
tope de los 25 SMLMV.

12

Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

unos fallos del Consejo de Estado, relacionados con la aplicación del tope
pensional a un ex funcionario de la Rama Judicial, señaló que:

“(…) a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, el parámetro de control
constitucional cambió al señalar expresamente que la regla del límite del
monto de las pensiones a los 25 SMLMV aplica no solo para el sistema
general de pensiones, sino también para el régimen especial de
Congresistas y Magistrados.
(…)
tampoco es procedente considerar que la decisión de la sentencia C-258
de 2013 no cobija a las pensiones reconocidas con anterioridad a dicha
sentencia de constitucionalidad, en virtud de que los límites de las
mesadas pensionales han sido consagrados, al menos, desde la Ley 4ª de
1976, la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 1993 (…)”.

Puestas así las cosas, la Subsección concluye que los efectos de dicho fallo
de constitucionalidad resultan aplicables a la situación pensional del señor
Luis Hernando Van Strahlen Pedraza; pues si bien, se acreditó que le fue
reconocida la pensión de jubilación con fundamento en lo normado por el
Decreto 546 de 1971 como beneficiario del régimen de transición de la Ley
100 de 1993; lo cierto es que, dicha circunstancia no lo exime de ello en
virtud de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-210 de
2017 en la que determinó que dicho mandato es imperativo y categórico,
y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales
especiales.

El Consejo de estado al ocuparse de asuntos que guardan simetría con el
aquí abordado, ha sostenido que13:

“(…) 31. Ahora bien y teniendo en cuenta que en principio la Corte
Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 dispuso que sus efectos no
podrían trasladarse en forma automática a otros regímenes especiales o
exceptuados diferentes al de los congresistas, conforme se analizó, dicho
criterio fue replanteado en la sentencia SU-210 de 2017 en la que
expresamente al pronunciarse sobre unos fallos de esta corporación,
relacionados con la aplicación del tope pensional a un ex funcionario de la
Rama Judicial, señaló que a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, el
parámetro de control constitucional cambió al señalar expresamente que la
regla del límite del monto de las pensiones a los 25 SMLMV, aplica no solo
para el sistema general de pensiones, sino también para el régimen
especial de Congresistas y Magistrados.

13
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda. Expédiente: 25000-23-42-000-2015-05374-01(2583-17) M.P.
Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

32. Así mismo, expuso que tampoco es procedente considerar que la
decisión de la sentencia C-258 de 2013 no cobija a las pensiones
reconocidas con anterioridad a dicha sentencia de constitucionalidad, en
virtud de que los límites de las mesadas pensionales han sido
consagrados, al menos, desde la Ley 4ª de 197614, la Ley 71 de 198815 y la
Ley 100 de 199316.
33. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que los efectos de
dicho fallo de constitucionalidad resultan aplicables a la situación pensional
de la actora, como quiera que si bien se acreditó que le fue reconocida
pensión de jubilación en aplicación de lo establecido por el Decreto 546 de
1971 como beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
dicha circunstancia no la exime de ello en virtud de lo señalado por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-210 de 2017 en la que determinó
que dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las
prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales17.
34. Así las cosas y teniendo en cuenta la obligatoriedad de las decisiones
contenidas en la sentencias de constitucionalidad a la luz de lo previsto por
el artículo 241 de la Carta Política, para la sala no son de recibo los
planteamientos de la accionante en cuanto a que los efectos de la
sentencia C-258 de 2013 le resultan inaplicables y a que la UGPP
desantendió las consideraciones de la sentencia de unificación
jurisprudencial proferida el 12 de septiembre de 2014 por esta sección del
Consejo de Estado en el proceso con radicación
250002342000201300632-01 (1434-2012), en la que se reiteró que el fallo
C-258 de 2013 excluyó de su objeto a regímenes diferentes al
contemplado en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 que tiene como únicos
destinatarios a los ex congresistas.
35. Puesto que en la sentencia SU-210 de 2017, la Corte Constitucional
señaló que el límite del monto de las pensiones a los 25 SMLMV aplica
para el sistema general de pensiones, incluyendo el régimen especial del
Decreto 546 de 1971 e igualmente advirtió que, no es dable alegar que la
decisión de la sentencia C-258 de 2013 no cobija las pensiones
reconocidas con anterioridad a que ésta última fuera proferida, en virtud de
que dichos limites han sido consagrados desde las Leyes 4ª de 197618, 71
de 198819 y 100 de 199320, y aclaró que la dispersión en cuanto a su
aplicación se resolvió en el sistema actual regido por el artículo 5° de la
Ley 797 de 200321, que lo fijó en 25 SMLMV.
36. Por consiguiente, se impone para esta sala de decisión la obligación de
revocar el fallo apelado que accedió a las pretensiones de la demanda,
toda vez, que la demandante no logró demostrar que los actos acusados
fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, en
forma irregular y con desconocimiento del debido proceso, como quiera
14
Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se
dictan otras disposiciones.
15
Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.
16
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
17
Conforme lo ha señalado esta sala de decisión en las sentencias proferidas el 30 de octubre de 2020 y el 4 de
febrero de 2021 en los procesos con radicación interna 2832-2018 y 3645-2018, cuya ponencia correspondió a la
suscrita consejera.
18
Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se
dictan otras disposiciones.
19
Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.
20
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
21
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

14

Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

que la UGPP no estaba obligada a adelantar un procedimiento para la
reducción del monto de su mesada pensional al no haberse demostrado
que su pensión hubiera sido obtenida con fraude a la ley o abuso del
derecho, que fueron las condiciones que se plantearon para su viabilidad
en la sentencia C-258 de 2013 (…)”

Del análisis de las normas y de los precedentes jurisprudenciales transcritos,
esta Sala precisa sin dubitación alguna, que no se observó del proceso que
la entidad demandada al proferir el acto administrativo acusado haya
trasgredido las disposiciones legales y constitucionales en las que debía
fundarse; y en tal sentido, revocará el fallo proferido por el a quo que accedió
a las súplicas de la demanda.

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo
365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta
Sala no condenará en costas a la parte vencida en ninguna de las dos
instancias.
III. DECISIÓN

Bajo estas consideraciones se revocará la sentencia apelada proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de primera instancia, proferida el 29 de
septiembre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar:

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Interno: 0527-2017
Demandante: Luis Hernando Van Strahlen Pedraza
Demandada: UGPP

SEGUNDO. - NEGAR las súplicas de la demanda, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - Sin condena en costas en las dos instancias.

CUARTO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

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