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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03603-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03603-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 15 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Lucy Bedoya de Rubio contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-03603-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Tema: Revocatoria directa de acto administrativo de contenido
particular; reajuste de pensión de jubilación de exempleado del
entonces Fondo Pasivo Social de Puertos de Colombia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 15 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Lucy Bedoya de Rubio presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) 1035 del 28 de julio de
2008, expedida por el coordinador general del Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, por la cual revocó la
Resolución 986 de 1995, que había reajustado la pensión, entre otros, de Ángel
Guillermo Rubio Morales; y ii) RDP 036020 del 8 de agosto de 2013, expedida por
la UGPP que negó la solicitud de revocatoria de la Resolución 1035 del 28 de julio
de 2008.

1 En lo que sigue UGPP.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que i) se ajustara la mesada a $ 5.404.248 al año 2015; ii) se pagara el
retroactivo causado por las diferencias entre agosto de 2008 y junio de 2015; y iii)
se condenara en costas y agencias en derecho a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• A través de la Resolución 986 del 16 de mayo de 1995, el director general del
Fondo del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia (en liquidación), le
reajustó la mesada pensional a Ángel Guillermo Rubio Morales [cónyuge de Lucy
Bedoya de Rubio], con fundamento en lo dispuesto en la Ley 4ª de 1976.

• El pago de dicho reajuste pensional lo disfrutó hasta que tal decisión fue
revocada a través de Resolución 1035 de 2008 proferida por el Grupo Interno de
Trabajo (GIT) para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del
Ministerio de Protección Social, pues por orden de la Fiscalía General de la
Nación, Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo
para el tema Foncolpuertos, se debían suspender los efectos jurídicos y
económicos de los actos administrativos firmados por Luis Hernando Rodríguez
quien era el gerente de esa entidad, pues presuntamente fueron dictados de
manera ilícita.

• El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión profirió sentencia el 30
de mayo de 2008 a través de la cual condenó a Luis Hernando Rodríguez por el
delito de peculado por apropiación. En tal providencia, se solicitó al GIT para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de Protección
Social, que adelantara las gestiones legales establecidas en la Ley 797 de 2003
para la revocatoria de los actos administrativos que se relacionaron en tal
decisión.

• En la aludida decisión judicial no se mencionó a Ángel Guillermo Rubio Morales o
el acto administrativo por el cual se le reajustó la pensión de jubilación, ni se dijo
que habían sido objeto de censura por parte del mencionado despacho judicial.
Sin embargo, el GIT para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del
Ministerio de Protección Social, decidió no restablecer el derecho al reajuste de la
mesada pensional.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

• Frente a esta situación se presentaron varias acciones de tutela, una de las
cuales fue revisada por la Corte Constitucional en sentencia T-494 de 2009, en la
cual se ordenó al GIT para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia
del Ministerio de Protección Social, dejar sin efectos el acto administrativo que
revocó de manera unilateral la resolución por medio de la cual se redujo el valor
de la mesada pensional al pensionado, sin mediar los requisitos establecidos por
los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, pues dicha actuación vulneró el
derecho fundamental al debido proceso. En igual sentido lo consideró la Corte
Suprema de Justicia Sala Penal en sentencia de tutela 50215 del 30 de
septiembre de 2010, al señalar que los actos administrativos que no fueron objeto
de censura dentro del proceso penal no pueden ser revocados unilateralmente y
en caso de que la administración quisiere ello, debía acudir al procedimiento
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

• El 28 de octubre de 2010 solicitó al Ministerio de la Protección Social que se
informara si se iban a aplicar para el caso de Ángel Guillermo Rubio Morales los
precedentes jurisprudenciales anteriormente mencionados, esto en virtud de la
aplicación del derecho a la igualdad, y los principios de confianza legítima y de
seguridad jurídica; empero la entidad no dio respuesta a la aludida petición. Por lo
tanto, se acudió a la acción de tutela, como consecuencia de lo cual, al Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, «le fue enviada la respuesta al derecho
de petición de 2 de diciembre de 2010 por parte de dicho Ministerio, en el que se
vislumbra que no van a acoger los precedentes jurisprudenciales dictados por la Corte
Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, a pesar de que se trata de supuestos de
hecho idénticos al caso del Señor RUBIO MORALES».

• Ángel Guillermo Rubio Morales falleció el 20 de noviembre de 2012, razón por la
cual, Lucy Bedoya de Rubio solicitó la «pensión de sobrevivientes», la cual fue
reconocida a través de Resolución RDP 010563 del 5 de marzo de 2013.

• La demandante solicitó la revocatoria directa de la Resolución 1035 del 28 de
julio de 2008, pero esta petición fue negada con la Resolución RDP 036020 del 8
de agosto de 2013.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 29, 48, 53, 58 y 83 de la Constitución
Política; 19 de la Ley 797 de 2003; y 14, 28, 35 y 74 del Código Contencioso
Administrativo.

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Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

• Las normas de orden constitucional fueron vulneradas con la expedición del acto
administrativo demandado al disminuir de manera arbitraria la mesada pensional
del causante, con lo que se afectaron sus ingresos para su sostenimiento
mensual; además que él no podía renunciar al reajuste pensional que le otorgó
Foncolpuertos a través de Resolución 986 de 1995 pues es un acto administrativo
que goza de presunción de legalidad ya que a la fecha no ha sido objeto de
impugnación judicial por parte de la administración.

• El acto acusado desconoció que se trataba de derechos adquiridos y que la
buena fe se presume a su favor, sin que el Ministerio de Protección Social hubiera
podido invertir la carga de la prueba y demostrar que se actuó en contra de sus
postulados, pues se benefició de un acto administrativo que a la fecha goza de
presunción de legalidad.

• El principal fundamento que tuvo la administración para revocar el acto radica en
el hecho de que la Fiscalía General de la Nación a través de resolución del 6 de
julio de 2007 ordenó la suspensión de los efectos jurídicos y económicos de todos
los actos administrativos que hubiera suscrito Luis Hernando Rodríguez en calidad
de gerente liquidador de Foncolpuertos; sin embargo, esta medida era cautelar y
tendiente a evitar que eventuales decisiones irregulares fueran objeto de pago, lo
cual iría en detrimento del tesoro público. Empero, en la sentencia condenatoria se
hizo una relación tanto de los beneficiarios que no tenían derecho a la pensión o al
reajuste correspondiente, como de las resoluciones que debían ser objeto de
revocatoria definitiva, y en tal listado, no aparece relacionada la Resolución 986 de
1995, ni el nombre de Ángel Guillermo Rubio Morales lo cual indica que el
reconocimiento de dicho reajuste fue efectuado ajustado al principio de legalidad.

• Si la Administración no se encontraba de acuerdo con la interpretación con la
cual se profirió dicho acto administrativo, ha debido acudir a la acción de lesividad
prevista en el Código Contencioso Administrativo; sin embargo, el término para su
interposición caducó, pues pasaron más de 2 años sin que se hubieran ejercido
las acciones correspondientes.

• El Ministerio de Protección Social no puede invocar el artículo 19 de la Ley 797
de 2003 para proceder a la revocatoria de la Resolución 986 de 1995 por ser
irregular, pues no fue mencionada en la sentencia proferida por la jurisdicción
penal. De esta manera «como […] la validez del acto administrativo ya fue examinada

3 Folios 146 a 159.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

en sede penal y no fue cuestionada por parte de dicho operador judicial, […] no tiene
ningún fundamento para eventualmente cuestionarse [su] legalidad».

• La Corte Constitucional en sentencia T-494 de 2009 se pronunció sobre un caso
idéntico al aquí debatido, en el que el Ministerio de Protección Social suspendió el
pago del reajuste a algunos pensionados de Foncolpuertos que a la postre no
aparecerían relacionados en la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Descongestión. En dicha decisión se concluyó que
la entidad «erró al incluir a una persona no relacionada en [la decisión de la jurisdicción
penal]», por vulnerar el debido proceso administrativo tal y como se consideró
también en la sentencia C-835 de 2003.

• En sede de tutela el Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal encontró que
«examinada la aludida sentencia, la relación no contiene el nombre del señor ANGEL
GUILLERMO RUBIO MORALES ni la Resolución 986 de 1995. Analizada así la situación
particular y precisa del demandante, la acción se dirige contra entidad del orden nacional,
encargada del pasivo de Puertos de Colombia, y, claramente por la revocatoria unilateral
de un acto administrativo que se encontraba en firme, que no fue objeto de decisión
judicial, de aceptación de parte por el interesado ni trámite administrativo previo;
incurriendo en afectación de garantías supremas del quejoso como lo es el debido
proceso administrativo»; y si bien la Corte Suprema de Justicia Sala Penal revocó
esta decisión, lo hizo por considerar que la vía judicial idónea para controvertir la
Resolución 1035 de 2008 era la contencioso-administrativa y no la tutela.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en los
siguientes argumentos4:

• Por medio de la Resolución 001035 del 28 de julio de 2008, el Grupo Interno del
Trabajo para Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, revocó la
Resolución 986 de 1995, con fundamento en la decisión del 6 de julio de 2007,
adoptada por la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Delitos Contra la
Administración Pública, y como consecuencia de ello, se dispuso a ajustar la
mesada pensional de Ángel Guillermo Rubio Morales, entre otros. Esta decisión
fue comunicada a él en vida y oportunamente se le indicó que contra esta decisión
no procedía recurso alguno por tratarse de un acto administrativo de ejecución.

4 Folios 215 a 219.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

• La sentencia del 30 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado Segundo Penal
de Descongestión de Bogotá, ordenó la suspensión de los efectos jurídicos y
económicos de las resoluciones firmadas por Luis Hernando Rodríguez y que
fueron objeto de investigación, tales como actas de conciliación, mandamientos de
pago y todos aquellos actos delictivos por él cometidos.

• Los ajustes realizados a las pensiones reconocidas, las cuales fueron
incrementadas en sus valores por actos administrativos expedidos por el
exdirector de Foncolpuertos, aunque estos no hayan sido incluidos en el listado
adjunto al fallo del 30 de mayo de 2008 emitido por el Juzgado Segundo Penal de
Descongestión de Bogotá, también los cobija ya que se hizo extensiva la orden de
la Fiscalía como del Juzgado de conocimiento de «suspender los efectos jurídicos y
económicos de las resoluciones que pagaran prestaciones indebidas por investigarse la
conducta del implicado en la modalidad de delito continuado». Así las cosas, contrario a
lo mencionado por la demandante, el acto revocado había sido expedido en forma
ilícita.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia proferida el 15 de septiembre de 2021, denegó las
pretensiones de la demanda. Para tal efecto se pronunció en estos términos5:

• No obra prueba de que Ángel Guillermo Rubio Moreno hubiera solicitado la
actualización de su pensión por incorrecta aplicación de las leyes 4ª de 1976 y 71
de 1988, sino que esta se realizó «al parecer oficiosamente 15 años después de estar
percibiendo su pensión, por medio de la Resolución 986 de 1995 del director general de
Foncolpuertos».

• La revocatoria de la Resolución 986 del 16 de mayo de 1995, proferida por el
director de Foncolpuertos, se dio en cumplimiento de una decisión de la Fiscalía
General de la Nación y una sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Descongestión de Bogotá. En efecto, en la decisión del 6 de julio de
2007 la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública, Estructura de
Apoyo para el Tema Foncolpuertos, precisó lo siguiente sobre la suspensión de
los efectos de los actos administrativos suscritos por Luis Hernando Rodríguez
Rodríguez:

5 Folios 335 a 345.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

«[…] esta Delegada procederá a suspender los efectos jurídicos y económicos de las
resoluciones objeto de investigación conocidas y relacionadas en el primer cuadro de
esta providencia y por consiguiente la suspensión de los efectos de actas de
conciliación que con ellas se pagan y de los mandamientos de pago proferidos por la
jurisdicción ordinaria laboral, dentro de los procesos que terminaron con sentencia,
pues fueron librados sin estas estar ejecutoriadas como ya se analizó; además de
aquellas que el GIT,. en sus estudios económicos encuentren que pagan prestaciones
indebidas; pues al aplicarse la figura del delito continuado implica, como ya se dijo que
hacen parte del actuar doloso y responsable del procesado todos los actos delictivos y
contrarios a la ley cometidos, en este caso durante el lapso que ejerció la dirección de
Foncolpuertos.

(…)

5º ORDENAR la SUSPENSIÓN de los efectos jurídicos y económicos de las
resoluciones firmadas por LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RODÍGUEZ y aquí
investigadas; así como de las actas de conciliación autorizadas; como de los
mandamientos de pago librados en las sentencias no ejecutoriadas; conforme al
cuadro inserto en los hechos y de aquellos actos delictivos cometidos durante el lapso
precisado en esta resolución; como consecuencia del análisis precedente. Comunicar
lo anterior al "G.I.T" Ministerio de Protección Social y en consecuencia librar los oficios
allí señalados.»

• La Resolución 1035 del 28 de julio de 2008, por medio de la cual se revocó la
Resolución 986 de 1995, no fue proferida de forma arbitraria por el coordinador
General del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos
de Colombia sino que, por el contrario, se dictó en cumplimiento de unas
decisiones judiciales proferidas en uno de los procesos penales adelantados
contra Luis Hernando Rodríguez Rodríguez, en calidad de director de
Foncolpuertos entre el 1º de enero de 1994 y el 22 de marzo de 1996.

En la sentencia T-381 de 2012 del 23 de mayo de 2012, al resolver un caso
similar, la Corte Constitucional señaló que hay casos excepcionales en los que la
administración, sin el consentimiento del titular del derecho, puede revocar los
actos administrativos cuando éstos se han proferido de forma ilegal o ilícita
«cuando se advierte que el vicio que dio forma al derecho, está relacionado con la
violación de la ley, de modo que el acto “no merece protección. El orden jurídico no se la
brinda, pues nunca lo ilícito genera derechos”», pero que «no basta que la revocatoria
directa de un acto administrativo de contenido particular y concreto, se relacione con
“situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir o sospechar la ilegalidad de los
medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se revoca”. Es preciso
que para aplicar esta causal, exista “una evidencia de ello y, en consecuencia, la
motivación del acto revocatorio dejará constancia expresa acerca de los elementos de
juicio que llevaron al ente administrativo a concluirlo así.”».

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

• La manifiesta ilegalidad de las conductas reprochadas y de los medios utilizados
para acceder al derecho, deben estar plenamente probados en el procedimiento
administrativo anotado, de forma que la decisión adoptada sea concordante con
ello. Al respecto en la sentencia referida, la Corte encontró «demostrado que los
ajustes se aplicaron a todas las mesadas pensionales, que fueron incrementadas en sus
valores por los actos administrativos expedidos por el ex director de Foncolpuertos,
aunque no hayan sido incluidas en la lista a la que se refieren alguno de los accionantes,
dado que se hizo extensiva la orden, tanto de la Fiscalía como la del Juzgado de
conocimiento, de suspender los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones que
pagaran prestaciones indebidas, por investigarse la conducta del implicado en la
modalidad de delito continuado».

• Si cuando se advierte que un acto por el cual se reconoció un derecho pensional
surgió u obedeció a un fraude es posible su revocatoria, con mayor razón cuando
esa irregularidad o delito es advertido y declarado por una autoridad judicial penal
y, como consecuencia, resuelve dejar sin efectos el acto o autoriza u ordena
revocarlo. En esa medida, la Corte Constitucional ha señalado que el elemento
objetivo de la conducta es lo que determina la existencia del fraude y, el
presupuesto determinante y suficiente para su configuración es que se produzca
un daño antijurídico, de forma que «el principio de fraus omnia corrumpit se opone al
de buena fe, último del que se deriva la presunción que cobija a todas las actuaciones de
los particulares frente al Estado, y el deber de comportarse conforme con sus postulados.
En efecto, estimó que “el aludido fraude también implica la protección de la administración
de justicia»6.

• No se desvirtuó la presunción de legalidad que cobija al acto acusado por el cual
se revocó directamente la Resolución 1035 del 28 de julio de 2008, el que se
ajusta al ordenamiento jurídico.

1.4. El recurso de apelación

Lucy Bedoya de Rubio interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la
decisión anterior, con fundamento en lo siguiente7:

• La Resolución 986 de 16 de mayo de 1995 no fue objeto de análisis por parte del
ente acusador, ni fue reseñada en la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Descongestión, lo cual se explica pues si el acto
administrativo no fue objeto de análisis por parte de la Fiscalía General de la
Nación, no podría serlo por el juzgador de primera instancia. De hecho, en la parte

6 Al respecto citó la sentencia T-218 de 2012.
7 Folios 349 a 355.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

resolutiva de la providencia del 30 de mayo de 2008 la referida autoridad judicial
dejó «sin efectos los actos administrativos de los cuales se derivaron los pagos objeto de
peculado, mismos que se precisa se encuentran en la lista del cuadro adjunto al acápite
de los hechos».

• Si el acto administrativo que otorgó una reliquidación a Ángel Guillermo Rubio
Morales no se encontraba relacionado dentro de los casos que investigó la
Fiscalía General de la Nación y sobre los cuales se dictó sentencia condenatoria
sobre Luis Hernando Rodríguez Rodríguez, la motivación que se indica en la
Resolución 1035 de 2008 es falsa. De manera que se mantiene intacta la
presunción de legalidad de la Resolución 986 del 16 de mayo de 1995 proferida
por Foncolpuertos.

• De acuerdo con el auto proferido el 6 de julio de 2007, la Fiscalía analizó las
resoluciones que habían sido objeto de conciliación, porque probablemente en
ellas se incluyeron porcentajes que no se ajustaban a lo dispuesto en la Ley 4ª de
1976; sin embargo, y para el caso concreto, no se celebró ningún tipo de
conciliación administrativa, ni tampoco la expedición del acto fue producto del
cumplimiento de una sentencia judicial, pues como lo dice la resolución revocada,
esta fue producto de la petición de reliquidación presentada por los extrabajadores
de Puertos de Colombia.

• Los hechos que se estudiaron en la tutela T-381 de 2012 son diferentes de los
expuestos para el presente caso, pues los casos analizados en aquella decisión
se refieren al indebido reconocimiento de una pensión especial proporcional a
partir del 1° de junio de 1991 en virtud de lo acordado en una convención colectiva
de trabajo; en tanto que para este caso lo que se discute es si es legal o no el
incremento establecido por las leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988.

• No se abordó el análisis del presunto fraude, y lo cierto es que la Resolución 986
de 1995 ordenó el reconocimiento de la reliquidación de la pensión con base en lo
establecido en las leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988, que permitía el reajuste de las
pensiones reconocidas por todas las cajas de previsión y empresas que las
reconocieran; de forma que sí había lugar al reajuste reconocido en el acto
revocado, tal y como se advierte de las circulares proferidas por el Ministerio del
Trabajo que muestra coincidencias en el porcentaje de los años 1992 a 1994.
Además, Foncolpuertos aplicó la prescripción trienal al reconocimiento de los
incrementos.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

• No se desvirtuó la presunción de buena fe del pensionado, pues nunca se
demostró que él hubiere efectuado algún tipo de maniobra para obtener una
prestación económica indebida. Sin embargo, sí se vulneró su debido proceso,
pues aún con las disposiciones del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, en la
sentencia C-835 de 2003 se dejó a salvo este derecho fundamental de que gozan,
en este caso, los titulares del derecho prestacional; además indicó que «cuando el
litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen
jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen
especial frente a uno general; estos litigios deben ser definidos por los jueces
competentes». Al respecto, debe tenerse en cuenta las consideraciones expuestas
en las sentencias T-199 de 2018 y T-494 de 2009.

1.5. Trámite en segunda instancia

En atención a que no se aportó ni solicitó la práctica de pruebas y que no se
advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que se
presentaran alegatos de conclusión, en los términos de lo dispuesto en el numeral
5 del artículo 247 del CPACA8.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio9.

2. Consideraciones

2.1. Competencia de esta jurisdicción

Previo al planteamiento de los problemas jurídicos propuestos, se advierte que
esta jurisdicción es competente para conocerlos, toda vez que el causante de la
prestación cuya reliquidación y posterior revocatoria es objeto de debate, se
desempeñaba como jefe de división de tesorería de la empresa Puertos de
Colombia10, lo anterior, en consideración a los siguientes argumentos:

La empresa de Puertos de Colombia se creó a través de la Ley 154 de 1959 como
una empresa industrial y comercial del Estado; y si bien cambió su naturaleza

8 Auto del 28 de abril de 2022. Folios 373 y 374.
9 Tal y como se advierte del informe secretarial del 14 de junio de 2022. Folio 375.
10 Tal y como consta en el certificado expedido por esa entidad el 4 de marzo de 1980, Folio 213,

CD, archivo 3.

10

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

jurídica a establecimiento público a través del Decreto 36 de 199211, por el cual se
creó el Fondo de Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia
(Foncolpuertos); a la fecha del reconocimiento pensional (18 de abril de 1980)
mantenía la naturaleza anterior.

En tal sentido, corresponde analizar la normativa que rige la materia a efectos de
establecer la calidad del trabajador en torno a los criterios señalados previamente.

Así, el Decreto 3135 de 1968 «[p]or el cual se prevé la integración de la seguridad
social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales» dispuso lo siguiente:

«Artículo 5 Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que presten sus
servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la
construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los
estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.12

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y
comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de
dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.»
[Resalta la Sala].

De la norma transcrita se derivan los tres criterios reseñados: el orgánico, en
tanto indica que la clasificación en uno u otro responde a la naturaleza jurídica de
la entidad; el funcional pues tiene en consideración las labores que desempeña el
trabajador; y el estatutario, en tanto permite que a través de estos instrumentos
internos la entidad indique las actividades que pueden ser desempeñadas por
empleados públicos.

Así las cosas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del aludido Decreto
3135, toda persona que preste sus servicios en entidades públicas como
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos
públicos, sin importar el orden territorial al que pertenezcan, es decir, si son
entidades de carácter nacional, departamental, municipal o distrital es, por regla
general, empleado público.

11 «Por el cual se crea el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, se determina su estructura, organización y funcionamiento»
12 Texto subrayado declarado inexequible mediante Sentencia C-484 de 1995, Corte

Constitucional.

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Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

Empero, los trabajadores oficiales son: i) las personas dedicadas a las actividades
de construcción y sostenimiento de obras públicas, y ii) por regla general, quienes
trabajan en las empresas industriales y comerciales del Estado, excepto por
aquellos que desempeñen funciones de dirección o confianza.

Al respecto se advierte que el artículo 27 del Decreto 561 de 197513, vigente para
la fecha del reconocimiento pensional señalaba que «[l]as personas que prestan sus
servicios a Puertos de Colombia son trabajadores oficiales. Sin embargo, en los estatutos
de la entidad se determinará qué cargos, deben ser desempeñados por empleados
públicos», y lo cierto es que el artículo 42 del Decreto 972 de 1975, «por el cual se
aprueban los estatutos de la Empresa Puertos de Colombia» dispuso lo siguiente:

«Artículo 42. Las personas que prestan sus servicios a Puertos de Colombia son
trabajadores oficiales, a excepción de los Subgerentes, Jefes de Oficina y Secretario
General de las Dependencias Nacionales, así como los gerentes de los terminales,
quienes son empleados públicos» [Se resalta].

De suerte que, para el caso analizado, el causante de la prestación ocupaba el
cargo de jefe de división de tesorería de la empresa Puertos de Colombia, es
decir, desarrollaba funciones de dirección o manejo y por ello de acuerdo con la
norma de creación de la entidad14 el acto de reestructuración y sus estatutos,
ejercía un empleo público.

2.2. Los problemas jurídicos

Consisten en determinar lo siguiente: ¿la administración podía ejercer la facultad
de revocatoria directa de actos administrativos de contenido particular o de alguna
otra competencia constitucional o legalmente asignada al expedir la Resolución
001035 del 28 de julio de 2008?

2.3. Marco normativo

2.3.1. La revocatoria directa de los actos administrativos en vigencia del
Decreto 01 de 1984

A efectos de abordar el análisis de la revocatoria directa de los actos
administrativos, se hace necesario pronunciarse sobre la institución de la buena
fe. Esta nace como regla moral regida por el honor y el crédito personal, luego

13 «Por medio del cual se reestructura a la Empresa Puertos de Colombia, Colpuertos»
14 Ley 154 de 1959

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Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

como regla de derecho. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos15,
«(l)a buena fe (del latín, bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el
estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto,
hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en
relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le
denomina "principio de probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la
Real Academia de la Lengua Española16, como honradez.

La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199517, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».

El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció que «[l]a buena fe se presume,
excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros, la
mala fe deberá probarse»18. A su turno, con el fin de otorgarle vigencia a este
principio, el Código Contencioso Administrativo19 en su artículo 136, numeral 2,
estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse
en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

El desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro ordenamiento
jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, el cual
dispuso que «[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».

Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional20 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades como a los particulares, acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría

15Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
16 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
17 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
18 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23

de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
19 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
20 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

En efecto, una de las manifestaciones esenciales de este principio es la confianza
legítima, que impone a las autoridades y los particulares en el curso de sus
relaciones jurídicas responder a las expectativas que generaron en los demás sus
actuaciones. A partir de ello se edifica la teoría del respeto por el acto propio que
tiene origen en el aforismo «venire contra proprium factum nulli conceditur»21, e indica
que las decisiones adoptadas por un sujeto deben ser posteriormente acatadas
por él, es decir, que debe aceptar las consecuencias vinculantes que se
desprenden de ella. Dentro de un Estado Social de Derecho esta teoría garantiza
los principios del debido proceso y la seguridad jurídica, y de ella se deriva la
inmutabilidad de los actos administrativos de contenido particular y concreto.

Esta circunstancia, por regla general, impide a la administración revocar los actos
en los que define situaciones jurídicas particulares, y se constituye en «una
garantía esencial de los administrados en cuanto se impone un límite claro al ejercicio
abusivo del poder público restringiéndosele la posibilidad de retrotraer sus decisiones
motu proprio»22.

Empero, existen circunstancias que permiten a la administración hacer uso de la

21 Real Academia de la Lengua Española. Diccionario Panhispánico del Español Jurídico: «Gral.

'Nadie está autorizado a ir contra el propio acto' (Azón: Brocardica 10, 29). Adopta también otras
formas de significado similar: adversus factum suum quis venire non potest; contra factum proprium
venire non potest; nemini licet adversus sua facta venire; nemo contra factum proprium potest;
nemo potest contra factum proprium venire; nemo potest contra proprium actum venire; non
concedit venire contra factum proprium; proprium factum nemo impugnare potest; venire contra
facta propria non licet y venire contra factum proprium non valet. Principio general del derecho de
vinculación de los actos propios, entendido como la aceptación de las consecuencias vinculantes
que se desprenden de ellos. Supone la conexión directa del autor a los resultados de un acto con
prohibición de adoptar después un comportamiento incompatible con el mismo. La regla está ligada
al principio de buena fe y ambos preservan la exigencia de un deber de comportamiento coherente
con lo ya realizado a fin de dar protección a la razonable confianza depositada en el
comportamiento ajeno. La STS, 3.ª, 25-III-2015, rec. 1016/2013 dice: «No es sino una decantación
de principios jurídicos esenciales, como los de buena fe, seguridad jurídica y respeto a la confianza
legítima». En una jurisprudencia temprana del Tribunal Constitucional, se definió este principio
como «la vinculación del autor de una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma y la
imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su
fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se
puede haber depositado en el comportamiento ajeno» (STC, 2.ª, 73/1988, de 21-IV, FJ 5). Además
de su forma latina, es conocido en el derecho anglosajón como principio de estoppel o en el
alemán como Verwirkung».
22 Ver entre otras, sentencias del 24 de julio de 2017, radicado 08001-23-31-000-2010-00474-

01(1407-14), M.P. William Hernández Gómez; y 3 de diciembre de 2020, radicado
250002342000201304161 01 (4424-17), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

figura de la revocatoria directa, esto es que la autoridad que profirió el acto o su
inmediato superior vuelva las cosas al estado inicial luego de disponer sobre la
pérdida de vigencia de los efectos jurídicos que el acto administrativo había
generado.

En virtud de lo anterior, en vigencia del Decreto 01 de 1984, la administración se
encontraba facultada para revocar sus actos siempre que contase con el
consentimiento previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos en
aquella decisión. En ausencia de tal autorización, la revocatoria motu proprio de
la administración únicamente era viable en los siguientes eventos:

i) Cuando se tratara de actos producto del silencio administrativo positivo y pudiera
verificarse una de las siguientes condiciones: a) eran manifiestamente opuestos a
la Constitución Política o a la ley; b) no consultaban el interés público o social o
atentaran contra este; y c) causaran un agravio injustificado a una persona; y

ii) Cuando era evidente que el acto se expidió por medios ilegales.

Lo anterior, de acuerdo con el análisis que la jurisprudencia ha hecho en relación
con los artículos 6923 y 7324 del Decreto 01 de 1984, en particular el contenido en
la sentencia del 16 de julio de 200225. De esta manera, el Consejo de Estado ha

23 «Artículo 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que

los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera
de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
24 «Artículo 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto

administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y
escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio
administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el
acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario
para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión».
25 Radicado 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029); M.P. Ana Margarita Olaya Forero; Actor:

José Miguel Acuña Cogollo; Demandado: Departamento de Córdoba. Esta providencia, al referirse
al artículo 73 del CCA, explicó que «en el inciso 2º de dicha norma, el legislador empleó una
proposición disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de
otra manera podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además, como se observa en este
mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión “actos
administrativos”, para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna. Lo cierto
entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias
bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

considerado que «la administración contaba con la posibilidad de revocar actos
administrativos de contenido particular en el evento en que su ilicitud era evidente u
ostensible. Así las cosas […] no se trataba de que la autoridad pública intuyera o
sospechara sobre la ilegalidad de los medios utilizados para obtener el acto, tal
circunstancia, a juicio de la Sala, debía estar debidamente documentada y probada dentro
de la actuación administrativa que, en todo caso, precedía la expedición del acto que
contenía la decisión de la revocatoria»26 [Se resalta].

En efecto, en la citada sentencia del 16 de julio de 2002, la Sala Plena de esta
corporación advirtió que la formación del acto administrativo por medios ilícitos no
puede obligar al Estado, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del
Estado, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de
responsabilidad para su acatamiento, lo que además explica que pueda ser
revocado sin consentimiento del particular. Al respecto señaló lo siguiente:

«Y en este punto, debe ser enfática la Sala en señalar, que es claro que no se trata
de situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir la ilegalidad de los
medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se revoca,
como quiera que debe darse una evidencia de ello. En esa medida, en la
motivación del acto revocatorio la administración está obligada a dejar
constancia expresa acerca de los elementos de juicio que la llevaron a tal
conclusión, previo, se repite, la comunicación y citación del particular afectado,
con el fin de que pueda defenderse de tal decisión, como lo prevé el artículo 74
del Código Contencioso Administrativo. Resulta pertinente resaltar que además
de la defensa en sede gubernativa, el administrado puede controvertir la decisión
en sede contenciosa, si considera que la actuación de la administración lo ha
lesionado en su derecho. (Destaca la Sala).

Se requiere pues para revocar el acto administrativo de carácter particular, sin
autorización escrita del administrado, como ya lo ha señalado la Sección Tercera de
esta Corporación “que se trate de una abrupta abierta e incontrovertible actuación
ilícita o fraudulenta, debidamente probada...”27. Entendida tal actuación ilícita, como
se dijo en párrafos antecedentes, como un vicio en la formación de la voluntad de la
administración, que bien puede ocurrir por error, fuerza o dolo». [Resaltado del texto
original].

De forma que la administración debe adelantar una actuación administrativa en los
términos de los artículos 28 y 74 del CCA, previa a la adopción de la decisión, lo

consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y
otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales»
26 Sentencia del 6 de agosto de 2015; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve;
Radicación 76001-23-31-000-2004-03824-02(0376-07); Actor: Jairo Candelo Banguero;
Demandado: Departamento del Valle del Cauca.
27 Sentencia del 16 de febrero de 2001. M.P. Ricardo Hoyos Duque. Exp. 12907. Actor: Adonai

Guevara Torres.

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Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

que se traduce en la necesidad de agotar unas etapas procesales mínimas a partir
de las cuales se garantice el derecho de contradicción de aquel que se viera
afectado o que tenga un interés en ella, en cumplimiento de un debido proceso
administrativo.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

• A través de la Resolución 24598 del 18 de abril de 1980, el subgerente de
relaciones industriales y financiero de la empresa Puertos de Colombia le
reconoció a Ángel Guillermo Rubio Morales una pensión de jubilación en cuantía
de $58.977, a partir del 1º de marzo de 1980, por reunir los requisitos exigidos en
la Convención Colectiva de Trabajo, esto es haber prestado sus servicios por más
de 20 años en entidades públicas y contar con más de 50 años de edad28.

• Por medio de la Resolución 0264 del 12 de mayo de 1993 se reliquidó su
pensión de jubilación «por no habérsele tenido en cuenta para el promedio de pensión
los valores recibidos por concepto de prestaciones proporcionales reconocidas al
momento del retiro», la cual ascendió a la suma de $61.685, a partir del 1º de marzo
de 198029.

• A través de la Resolución 986 del 16 de mayo de 1995, el director del Fondo de
Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, reconoció y
ordenó el pago de unas mesadas atrasadas y ordenó actualizar unas pensiones,
con fundamento en una incorrecta aplicación de las leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988
a unos extrabajadores de la empresa Puertos de Colombia, entre quienes se
encontraba Ángel Guillermo Rubio Morales30.

En esta decisión, la entidad señaló que los pensionados solicitaron que « se les
reconozcan y paguen las diferencias pensionales por efectos de la Ley 4ª de 1976 [y] que
el Fondo de Pasivo Social, al efectuar el análisis jurídico de la aplicación de [esa ley]
encontró las siguientes diferencias de acuerdo al fallo del Consejo de Estado, que en su
decisión ordenó aplicar la siguiente fórmula»:

1.976 25% + 390
1.977 25% + 390
1.978 25% + 390

28 Folio 213, Cd, archivo 15.
29 Folio 213, Cd, archivo 19.
30 Folios 5 a 9 y 213, Cd, archivo 21.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

1.979 15% + 120
1.980 16.86% + 435
1.981 15.22% + 525
1.982 15% + 600
1.983 15% + 855
1.984 15% + 925.50
1.985 15% + 1.018.50
1.986 15% + 1.129.80
1.987 15.26% + 1.626.80
1.988 15% + 1.849.20
1.989 27% + -0-
1.990 26% + -0-
1.991 26.06% + -0-
1.992 26% + -0-
1.993 hasta Dic 31/82 25.03% + 12%
hasta Dic 31/88 25.03% + 7%
Del 89 en
+
adelante 25.03% -0-
1.994 21.09% + -0-

Sin embargo, que Puertos de Colombia había aplicado en forma equivocada la
tabla de la Ley 4ª de 1976, así:

1.976 15% + 180
1.977 15% + 180
1.978 25% + 390
1.979 x sup. a $12.900.50 13%+120 resto 15% + 120
1.980 16.86% + 435
1.981 15.22% + 525
1.982 x sup. a $28.500.13 33%+600 resto 15% + 600
1.983 15% + 855
1.984 de $36.572.50 a $46.305 el 15% resto 12.49% + 925.50
1.985 de $25.462.50 a $56.490 el 15% resto 11% + 1.018.50
1.986 de $22.596.00 a $67.788 el 15% resto 10% + 1.129.80
1.987 de $54.230.00 a $84.057 el 15% resto 12% + 1.629.90
1.988 de $46.230.00 a $102.549 el 15% resto 11% + 1.849.20
1.989 27% + -0-
1.990 26% + -0-
1.991 26.06% + -0-
1.992 26% + -0-
1.993 hasta Dic 31/82 25.03% + 12%
hasta Dic 31/88 25.03% + 7%

18

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

Del 89 en adelante 25.03% + -0-
1.994 21.09% + -0-

De manera que concluyó que se adeudaba a cada uno de los 15 pensionados
analizados en esa decisión, «40 diferencias de mesadas aplicando para ello el
fenómeno de la prescripción trienal y cancelándole las diferencias en las primas legales»
y que, en consecuencia, se hacía necesario actualizar las pensiones por el error
advertido en la liquidación. De tal forma que ordenó el pago a Ángel Guillermo
Rubio Morales de la diferencia por valor de $ 5.022.331,59 y la actualizó a la suma
de $ 191.571,95 a partir del 1° de mayo de 1995.

• Mediante la Resolución 001035 del 28 de julio de 2008, el coordinador general
del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de
Colombia revocó la Resolución 986 de 1995, en cumplimiento de la decisión del 6
de julio de 2007, adoptada por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional
de Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo para el Tema
Foncolpuertos, Despacho Primero, y de la sentencia del 30 de mayo de 2008
proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá.
Como consecuencia de ello, fijó la mesada pensional devengada por Ángel
Guillermo Rubio Morales en la suma de $3.713.02631. Además, se ordenó
comunicar esta decisión a los pensionados e informárseles que en su contra no
procedía recurso alguno «por cuanto se trata de un acto de ejecución».

• Ángel Guillermo Rubio Morales falleció el 20 de noviembre de 2012, tal y como
consta en el Registro Civil de Defunción 0738837232.

• Por medio de la Resolución 010563 del 5 de marzo de 2013, la UGPP le
reconoció pensión de sobrevivientes a Lucy Bedoya de Rubio a partir del 21 de
noviembre de 201233.

• Lucy Bedoya de Rubio solicitó a la UGPP la revocatoria directa de la Resolución
001035 de 2008, con fundamento en que las autoridades en la jurisdicción penal
no analizaron el caso de Ángel Guillermo Rubio Morales, de forma que el reajuste
pensional no podía ser revocado unilateralmente34.

• La subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP expidió
la Resolución 036020 del 8 de agosto de 2013 por la cual negó la solicitud anterior

31 Folios 10 a 15.
32 Folio 213, CD, archivo 1801.
33 Folios 16 a 19.
34 Folios 25 a 28.

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con fundamento en que «los actos administrativos expedidos por el ex director de
Foncolpuertos, aunque no hayan sido incluidas en la lista a la que se refieren alguno de
los accionantes, dado que se hizo extensiva la orden, tanto de la Fiscalía como la del
Juzgado de conocimiento, eran susceptibles de la revocatoria directa, por investigarse la
conducta del implicado en la modalidad de delito continuado»35.

2.4.2. Análisis sustancial

De acuerdo con el marco normativo expuesto y en consideración al material
probatorio recaudado, esta Sala procede a analizar los problemas jurídicos
planteados en la actuación judicial.

En primer lugar, es necesario señalar que el Fondo de Pasivo Social de la
empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos) fue creado por el gobierno nacional
a través del Decreto 36 de 199236, como un establecimiento público, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al
Ministerio de Obras Públicas y Transporte. De conformidad con el artículo 2 de
dicho decreto, dentro del objeto del Fondo se encontraba el manejo y la
organización del reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales a que
tuvieren derecho los empleados y pensionados de la empresa Puertos de
Colombia.

El gobierno nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por
la Ley 344 de 1996, expidió el Decreto Ley 1689 de 199737, a través del cual
suprimió y ordenó la liquidación de Foncolpuertos, y en cuanto al traslado de las
prestaciones que se encontraban a cargo de este dispuso:

«Artículo 7. Traslado de las obligaciones pensionales a cargo del Fondo. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 100 de 1993, el pago de las
pensiones a cargo del Fondo, será asumido por la Nación a través del Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional-FOPEP.»

La Ley 790 de 200238 dispuso en su artículo 5 la fusión del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Ministerio de Salud a efectos de conformar el Ministerio de la

35 Folios 20 a 24.
36 «Por el cual se crea el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, se determina su estructura, organización y funcionamiento».
37 « Por el cual se suprime el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia y se

ordena su liquidación».
38 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la

administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República».

20

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

Protección Social39. En ejercicio de las atribuciones conferidas por el literal b) del
artículo 16 ibidem, el gobierno nacional profirió el Decreto 205 de 200340, a través
del cual dispuso las funciones que corresponden a esta entidad, y advirtió que
además tendría aquellas que estaban asignadas a los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Salud, así como otras que determinara la ley. No obstante,
el artículo 48 de tal decreto derogó el Decreto 1128 de 1999, con excepción de su
Capítulo V, y los decretos 1152 de 1999 y 1953 de 2000, con lo que perdieron
vigencia las normas que establecían las principales funciones atribuidas a los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud antes de su fusión.

El Ministerio de la Protección Social contaba en ese entonces con un grupo interno
de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia, creado a
través de la Resolución 03137 del 31 de diciembre de 1998 con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones que le fueron asignadas como consecuencia de la
liquidación del Fondo Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia, que en
los términos del Decreto Ley 1689 de 1997 establecía la revisión de los pagos
ilegalmente reconocidos y la potestad de su revocación. En relación con estas
facultades, esta corporación señaló41:

«Así pues, sostuvo que la resolución 262 de 2002, la cual fue reproducida en la 3133
de 2005, estaba acorde con el ordenamiento jurídico y consideró que el Grupo Interno
de Trabajo podía ajustar cada caso al marco legal sin necesidad de contar con la
anuencia del titular del derecho; pero el máximo Tribunal, a renglón seguido, advierte
que estas medidas corresponden o encuentran sustento legal en la facultad
excepcional establecida en el artículo 73 del C.C.A. consistente en revocar tales actos
cuando sea evidente que ocurrieron por medios ilegales. En ese orden, las funciones
asignadas al Grupo de Gestión del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia
consistentes en depuración de la nómina de pensionados están enmarcadas dentro de
los parámetros legales y la normatividad vigente, esto es, en el entendido que la
revocatoria de actos administrativos de carácter particular sin el consentimiento
del titular (pensionado) está restringida a los actos “fundados en medios
ilegales” de allí que no puede suponerse que la administración pueda revocar actos
de carácter particular sin consentimiento del titular del derecho en casos donde NO se
haya establecido la existencia de un evidente medio ilegal y menos aún que estuviese
facultado para ordenar el descuento o compensación o todas aquellas situaciones que

39 La Ley 1444 de 2011, en su artículo 7, reorganizó el Ministerio de la Protección Social ordenando

el cambio de denominación por el de Ministerio del Trabajo. Adicionalmente, dicha Ley dispuso en
su artículo 6 la escisión de la entidad en dos, conformándose así el Ministerio de Salud y
Protección Social (art. 9 ejusdem) por un lado y el Ministerio de Trabajo por el otro.
40 «Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de

la Protección Social y se dictan otras disposiciones»
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 30 de julio de 2015,

radicado 11001-03-25-000-2008-00137-00 (2797-08), actor: Asociación de Pensionados de la
Empresa Puertos de Colombia- Colpuertos, demandado: Ministerio de la Protección Social, M.P.
Luis Rafael Vergara Quintero.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

menciona el demandante en su demanda». [Se resalta].

Este fue el grupo interno de trabajo que expidió el acto administrativo revocatorio
que se acusa en este proceso y que, en criterio de la Sala, se hizo dentro del
marco de las competencias que le habían sido asignadas.

En este punto, resulta necesario precisar que el Ministerio de la Protección Social
no fue vinculado a este trámite, pese a que fue el que expidió uno de los actos
acusados, con lo que se advierte una indebida integración del contradictorio, el
cual se constituye en un presupuesto relevante para adoptar la decisión de fondo,
pues permite asignar responsabilidades al momento de proferir la sentencia que
define las pretensiones de la demanda. Esta es la razón por la cual esta Sección
ha sido enfática en que «entre el objeto del litigio y las partes exista una relación
sustancial respecto de la naturaleza del asunto objeto de la controversia»42.

Lo anterior, impone la necesidad de dirigir el litigio de manera que se eviten
decisiones inhibitorias o se nieguen derechos por la omisión de llamar al proceso a
los sujetos relevantes para entablar las relaciones jurídico-procesales43. Esta labor
corresponde al juez del conocimiento, quien debe estudiar e interpretar el escrito
de la demanda en aras de garantizar el derecho sustancial y adelantar las
actuaciones necesarias para integrar el contradictorio44, pues así lo dispone el
artículo 171 del CPACA que señala que el operador judicial, en el auto admisorio
de la demanda, debe ordenar su notificación personal «a los sujetos que, según la
demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso».

Con todo, tal y como se expuso en el acápite anterior, Lucy Bedoya de Rubio
solicitó a la UGPP la revocatoria directa de la Resolución 001035 de 2008, ante lo
cual la entidad le contestó, a través de la Resolución 036020 del 8 de agosto de
2013 que «los actos administrativos expedidos por el ex director de Foncolpuertos,
aunque no hayan sido incluidas en la lista a la que se refieren alguno de los accionantes,
dado que se hizo extensiva la orden, tanto de la Fiscalía como la del Juzgado de
conocimiento, eran susceptibles de la revocatoria directa, por investigarse la conducta del
implicado en la modalidad de delito continuado»45, y por tal motivo negó la solicitud. De
manera que esta sala centrará su estudio en las consideraciones allí expuestas,
de cara a los argumentos que dieron lugar a la revocatoria del reajuste pensional.

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 11 de julio de 2019, radicado

25000-23-42-000-2015-00372-01 (4931-15), M.P. César Palomino Cortés.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 2 de julio de 2020, radicado

41001-23-33-000-2018-00256-01 (3605-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2001, radicado 15001-23-

31-000-1994-0135-01 (12853), actor: Armando Gaitán Garzón, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
45 Folios 20 a 24.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

Ahora bien, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, prevé una modalidad especial de
revocatoria directa exenta del consentimiento del titular del derecho, utilizable
cuando el acto administrativo de contenido particular y concreto ha reconocido una
prestación de naturaleza económica sin que se cumplan los requisitos exigidos por
la ley con tal fin o por medio de documentos falsos.

La Corte Constitucional, en sentencia C-835 del 23 de septiembre de 2003,
declaró exequible condicionadamente la norma antes citada y en ella se indicó que
la revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular y concreto que
otorgan prestaciones económicas procede sin consentimiento del titular del
derecho únicamente cuando: i) la ilegalidad del reconocimiento es notoria; ii) se
debe garantizar el derecho al debido proceso de la o las personas involucradas y,
por consiguiente, se debe seguir el procedimiento administrativo que establece el
Decreto 01 de 1984 en cuanto sea compatible, en especial, lo dispuesto en sus
artículos 14, 28, 34, 35 y 74; iii) el titular del derecho económico no reúne los
requisitos para acceder a este; iv) la ilegalidad del reconocimiento es manifiesta; y
v) ella se encuentra tipificada como un delito a la luz de la ley penal, sin que pueda
pensarse que ello signifique un prejuzgamiento o una usurpación de las funciones
del juez penal, quien de llegar a conocer del asunto, dispondrá de plena
independencia y autonomía en el ejercicio de su función. Al respecto señaló la
Corte lo siguiente:

«Cosa distinta ocurre cuando el incumplimiento de los requisitos aludidos esté
tipificado como delito y la Corte señala claramente que basta con la tipificación de la
conducta como delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se
den los otros elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que en el
evento de que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se halla
comprobado el incumplimiento de los requisitos, basta con que sean constitutivos de
conductas tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se inscribe la utilización de
documentación falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas por la ley penal tales
como el cohecho, el peculado, etc.». [Se resalta].

De lo expuesto, esta corporación ha concluido que la sola demostración adecuada
por parte de una entidad de previsión respecto de los elementos esenciales de un
tipo penal cometido con el fin de dar origen a un acto administrativo de
reconocimiento o reajuste de una prestación del Sistema de Seguridad Social, es
razón o motivo suficiente para que la autoridad que expidió tal decisión la pueda
revocar sin necesidad de que medie el consentimiento del beneficiario de la
prerrogativa, «aun en el entendido de que con posterioridad en medio de un proceso
penal no se arribe a la conclusión de responsabilidad por la conducta punible (al ser dicho

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

escenario un juicio autónomo e inherente al juez competente)»46. Entonces, para acudir
a este mecanismo, basta con que la ilicitud de la conducta sea manifiesta y que
aquella situación se ajuste a un tipo penal.

Valga precisar que para acudir a esta prerrogativa de la administración, no se
exige que la conducta sea imputable y se compruebe exclusivamente en relación
con el beneficiario de la prestación a quien se le había definido la situación jurídica
con la manifestación objeto de revocatoria, sino que se compruebe la ilicitud o la
adecuación penal de los medios que la fundamentaron, bien sea por actos
endilgables al particular, a un servidor público, o a un tercero que influya en la
toma de este tipo de decisiones. Así lo ha considerado esta corporación y la Corte
Constitucional en su jurisprudencia47, pues la responsabilidad penal individual le
corresponde determinarla al juez natural del asunto en el marco de sus
competencias, en tanto que la preservación de la legalidad de los
pronunciamientos de la administración cuando se advierte una situación de
carácter punitivo, es obligación directa de la entidad afectada, «sin que cobre
relevancia la determinación en sede administrativa de quién o quiénes fueron los sujetos
que la indujeron a proferir un acto ilícito, toda vez que lo indispensable es que se
compruebe que aquella decisión fue emitida de manera fraudulenta para que proceda la
revocatoria directa»48.

Ahora bien, al analizar el material probatorio allegado a este proceso, se advierte
lo siguiente:

i) La ilegalidad surgió dentro del proceso penal seguido por la Fiscalía General de
la Nación; en este se le imputó el hecho punible al investigado (el exdirector de
Foncolpuertos, entre otros servidores), esto es, el delito de peculado por
apropiación. Aquel, se acogió a sentencia anticipada en la que, expresamente,
confesó que él y sus subalternos profirieron certificaciones y actos administrativos
sin ningún fundamento fáctico y jurídico y, por ello, se acogió a este beneficio
dentro del proceso penal. De manera que existe un pronunciamiento de la
jurisdicción penal que señala la existencia de actos administrativos carentes de
soporte fáctico y que fueron proferidos con el fin de defraudar a la extinta empresa
de Puertos de Colombia. Tal y como se advierte de la providencia del 30 de mayo
de 2008 dictada por el Juzgado Segundo Penal de Descongestión del Circuito de

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022,
radicado 47001-23-33-000-2017-00243-01 (4418-2019), M.P. William Hernández Gómez.
47 Consejo de Estado, sentencia del 16 de julio de 2002, radicado 23001-23-31-000- 1997- 8732-02

(IJ 029); y Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022,

radicado 47001-23-33-000-2017-00243-01 (4418-2019), M.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

Bogotá49.

ii) El elemento que sirvió para hallar a Luis Hernando Rodríguez Rodríguez como
responsable penalmente de las conductas imputadas, es que a través de sus
decisiones incrementó el valor de varias pensiones a cargo del Fondo de Pasivo
Social de la empresa Puertos de Colombia, pese a que no hubo soportes
documentales que justificaran dichos reajustes. Como se observa, una de las
exigencias para la procedencia de la revocatoria directa, es la atinente a que la
persona no logre demostrar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la
prerrogativa.

Esta carencia de elementos demostrativos se aprecia en el asunto bajo estudio en
el cual, no se allegaron medios de convicción adecuados y pertinentes para
corroborar la necesidad del ajuste al aludido derecho económico y mucho menos
estos se aprecian en el expediente administrativo arrimado a la actuación. De
hecho, al revisar el contenido del acto administrativo que ordenó el reajuste
pensional se encuentra que la única afirmación consignada para fundamentar la
reliquidación de la prestación fue una supuesta indebida aplicación de la Ley 4ª de
1976 (sin especificar cuál artículo o postulado fue inobservado), así como el
aparente desconocimiento de una sentencia del Consejo de Estado de la cual
tampoco se hace mención a referencia alguna.

En efecto, en el acto revocado se adujo que «[e]L FONDO DE PASIVO SOCIAL, al
efectuar el análisis jurídico de la aplicación de la Ley 4ª encontró las siguientes diferencias
de acuerdo al fallo del Consejo de Estado», lo cual generaba, según se afirmó en el
acto, unas diferencias en el ajuste pensional que debían reconocerse al causante
de la prestación, entre otros jubilados. Sin embargo, esa enunciación en el texto
del acto fue igualmente tan somera que en ningún aparte se señaló a qué artículo
de la norma en comento se refería, ni la providencia de esta Corporación que
fuera inobservada, lo que denota la carencia de argumentación en dicho acto que
justificara la reliquidación por cuanto simplemente efectuó un cálculo sobre un
reajuste sin explicar cómo llegó a ello y a los valores cifrados en dichas
reliquidaciones.

Sumado a ello se destaca que se ordenó el reajuste de mesadas pensionales de
15 personas, sin confrontar la normativa aplicable a la luz de la situación pensional
de cada uno, es decir, no se verificó de acuerdo con su acto de reconocimiento
pensional, esto es de qué forma presuntamente se había liquidado indebidamente,
tanto así que no se relaciona ninguna resolución de otorgamiento pensional de los

49 Folios 30 a 131.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

referidos jubilados para soportar lo ordenado.

Aun cuando la recurrente insiste en la legalidad del reajuste con fundamento en
las circulares proferidas por el Ministerio del Trabajo, al efecto trajo a colación
coincidencias en el porcentaje de los años 1992 a 1994, en tanto que la
Resolución 986 del 16 de mayo de 1995, aparentemente encontró inconsistencias
entre los años 1976 y 1994, las cuales, se insiste, no tienen soporte fáctico ni
jurídico. Además, pese a que en aquel acto se aludió a que se aplicaría el
fenómeno prescriptivo, con lo que la demandante pretende defender la expedición
regular, lo cierto es que en la parte resolutiva nada se dijo sobre el particular y, por
el contrario, se ordenó la actualización de la mesada a partir del 1° de mayo de
1995, conclusión que no responde al aludido fenómeno procesal.

Tampoco se indicaron como parte del acto, elementos probatorios o documentos
que demostraran el supuesto pago incorrecto de las pensiones, por ejemplo,
registro de los valores consignados, comprobantes o liquidación de nómina de los
pensionados, los cuales habrían podido otorgar claridad frente a la afirmación del
desconocimiento de la Ley 4ª de 1976. Asimismo, tal y como lo advirtiera el a quo,
si bien en la Resolución 986 del 16 de mayo de 1995 se señaló que «varios
extrabajadores del Terminal Marítimo de Santa Marta presentaron reclamaciones a este
Fondo, en las que solicitan se les reconozcan y paguen las diferencias pensionales por
efetos de la Ley 4ª», lo cierto es que tal petición no obra en el expediente
administrativo aportado y tampoco fue allegado por la parte demandante.

Como se aprecia, las razones de la administración representada por el entonces
exgerente de Foncolpuertos (condenado a la pena principal de prisión por el delito
continuado de peculado por apropiación), denotan que efectivamente su conducta
al proferir esta clase de decisiones era ilícita, pues no solo se advirtió en desarrollo
del proceso penal el vicio en la voluntad de la autoridad por haber ordenado los
mentados reajustes, en tanto se encontró que los reconocimientos pensionales
eran legales tal y como estaban, sino además porque tampoco hubo una
justificación adecuada y clara que respaldara dichas reliquidaciones, tal como se
aprecia en el sub examine.

En relación con la aparente vulneración del debido proceso administrativo,
conviene analizar los argumentos de la sentencia T-381 del 23 de mayo de 2012,
que sobre el particular señaló:

«En el caso que se analiza, se observa que el ajuste pensional que se suspendió
consistió en el valor incrementado “especial proporcional” de la pensión y que fuera
autorizado por el ex director de Foncolpuertos para la época de los hechos. La Fiscalía

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

General de la Nación, Estructura de Apoyo para el tema de Foncolpuertos-Cajanal,
Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, dictó resolución de acusación
respecto del ex director y tomó como medida preventiva, dejar sin efectos todos los
actos jurídicos y económicos expedidos por él durante su gestión.

Al respecto, la providencia proferida por la Fiscalía General de la Nación, Estructura de
Apoyo para el tema de Foncolpuertos-Cajanal, Unidad de Delitos Contra la
Administración Pública, del 6 de julio de 2007, dice lo siguiente:

“5. ORDENAR la SUSPENSIÓN de los efectos jurídicos y económicos de las
resoluciones firmadas por LUIS HERNANDO RODRIGUEZ y aquí investigadas;
así como de las actas de conciliación autorizadas; como de los mandamientos de
pago librados en las sentencias no ejecutoriadas; conforme al cuadro inserto en
los hechos y de aquellos actos delictivos cometidos durante el lapso precisado en
esta resolución; como consecuencia del análisis precedente. Comunicar lo anterior
al G.I.T. Ministerio de Protección Social y en consecuencia librar los oficios allí
señalados”.

Mediante respuesta del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, al
requerimiento de ésta Sala de Revisión, se aportó lo siguiente que fuera remitido por la
Fiscalía General de la Nación:

“Pues de acuerdo con la prueba existente en el informativo estas personas no
tenían derecho a esta clase de pensión, pues de una parte no les cobijaba la
convención colectiva firmada para el Terminal de Barranquilla para 1.991 y 1993,
puesto que su retiro fue en el año de 1.990 cuando se acogieron al plan de retiro
voluntario y el derecho a la pensión que allí se les otorgó fue excepcional a partir
de que cumplieran los 50 años de edad; y que por ende no era modificable porque
en términos generales (fuera de las normas expedidas por la liquidación de la
empresa), para su retiro no eran acreedores a ninguna clase de pensión”
(negrillas y subrayados agregados).”

Ahora bien, está demostrado que los ajustes se aplicaron a todas las mesadas
pensionales, que fueron incrementadas en sus valores por los actos administrativos
expedidos por el ex director de Foncolpuertos, aunque no hayan sido incluidas en la
lista a la que se refieren alguno de los accionantes, dado que se hizo extensiva la
orden, tanto de la Fiscalía como la del Juzgado de conocimiento, de suspender los
efectos jurídicos y económicos de las resoluciones que pagaran prestaciones
indebidas, por investigarse la conducta del implicado en la modalidad de delito
continuado.

Igualmente, quedó claro que existieron serios indicios acerca de la ilegalidad en que se
incurrió al momento del reconocimiento de las cuestionadas resoluciones. Así lo
admitió la Fiscalía:

“En los casos que la resolución afectada con la orden de la Fiscalía sea de
reconocimiento de pensión; sólo se podrán tomar las medidas pertinentes, una vez
el juez tome determinación definitiva sobre el restablecimiento del derecho, como
al parecer es el caso que nos ocupa en donde con resolución 1453 del 15 de
Noviembre de 1.994 el Ex Director de Foncolpuertos, LUIS HERNANDO

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ reconoció pensión proporcional de jubilación al señor
JAIME ALBERTO BARRAZA JIMÉNEZ (fallecido); que acorde con el análisis
pertinente como hecho endilgable al precitado Director, consideró esta Delegada,
la pensión se reconoció contraviniendo la convención colectiva de trabajo
vigente para la época de los hechos; razón que llevó a ser cobijada con la
decisión provisional en orden al restablecimiento del derecho en las
condiciones atrás señaladas” ( negrillas y subrayados agregados).

Aunado a lo anterior, no se puede olvidar que se está en presencia de un proceso
penal en el cual el sindicado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo cual
fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de
Bogotá, mediante fallo del 30 de mayo de 2008».

Si bien como lo alega la recurrente, en este asunto se abordó la situación de
quienes se beneficiaron de un ajuste en el valor incrementado «especial
proporcional» de la pensión, lo cierto es que la situación fáctica coincide en tanto en
ambos casos gozaron del reajuste producto de una decisión proferida por quien a
la postre aceptó los cargos formulados en el trámite de un proceso penal y
reliquidó prestaciones sin el lleno de los requisitos.

De acuerdo con lo expuesto, se torna evidente que no solo no se presenta
vulneración al debido proceso de la parte demandante por la expedición de un
acto de revocatoria directa sin haberse tramitado su autorización expresa para
ello, sino que en casos como el sub judice está debidamente comprobada la
ilicitud de todas las decisiones de reajuste pensional emitidas por el entonces
gerente de Foncolpuertos en la misma época en la que tuvo origen la Resolución
986 del 16 de mayo de 1995 que incrementó el valor de la prestación de Ángel
Guillermo Rubio Morales, tal como lo estimó la Fiscalía General de la Nación en la
providencia del 6 de julio de 2007 que fue tenida en cuenta como sustento
motivacional del acto administrativo cuestionado en esta oportunidad en cuya
parte considerativa señaló que:

«[E]sta delegada procederá a suspender los efectos jurídicos y económicos de las
resoluciones objeto de investigación conocidas y relacionadas en el primer cuadro de
esta providencia y por consiguiente la suspensión de los efectos de actas de
conciliación que con ellas se pagan y de los mandamientos de pago proferidos por la
jurisdicción ordinaria laboral, dentro de los procesos que terminaron con sentencia,
pues fueron librados sin estas estar ejecutoriadas como ya se analizó; además de
aquellas que el GIT, en sus estudios económicos encuentren que pagan
prestaciones indebidas; pues al aplicarse la figura del delito continuado implica, como
ya se dijo que hacen parte del actuar doloso y responsable del procesado todos los
actos delictivos y contrarios a la ley cometidos, en este caso durante el lapso que
ejerció la dirección de Foncolpuertos» [se resalta].

De manera que el reajuste pensional de Ángel Guillermo Rubio Morales

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

efectivamente tuvo como origen una conducta punible cometida por Luis Hernando
Rodríguez Rodríguez en calidad de gerente de Foncolpuertos, particularmente el
delito continuado de peculado por apropiación que se materializó al haber
concedido derechos económicos periódicos de manera definitiva a múltiples
jubilados a cargo de la entidad, a pesar de que estos no reunían los requisitos
para las mentadas reliquidaciones (pues de ello no obra prueba en el expediente)
lo cual a su vez fue confesado por el aludido funcionario que produjo la
manifestación administrativa en comento.

Es así que el argumento planteado en el recurso de apelación, según el cual la
Resolución 986 del 16 de mayo de 1995 no se encuentra enlistada entre los actos
administrativos estudiados por el Juzgado Segundo Penal de Descongestión del
Circuito de Bogotá en la sentencia del 30 de mayo de 2008 que condenó al
exgerente del fondo en mención, carece de fundamento para estimar la falta de
demostración del fraude en la expedición de la referida actuación, no solo porque
la Corte Constitucional avaló la postura de considerar que todos los
pronunciamientos de reliquidación pensional a cargo de la entidad signados
por aquel eran producto del delito continuado que él confesó en desarrollo del
proceso penal, sino también porque tampoco se evidenció que el beneficiario del
reajuste tuviera derecho a ello, situación que también se advierte en el presente
asunto. Al respecto, esa corporación ha señalado que la falta de relación del acto
revocado en la lista de decisiones verificadas en sede judicial ante el juez penal,
no es óbice para desestimar la ilicitud de la conducta permanente del entonces
gerente de Foncolpuertos que se extendió a todos los casos que tuvo bajo su
conocimiento, pues al respecto se señaló lo siguiente50:

«Esta Subsección51 ha señalado que no solo fue proferida la sentencia del 30 de mayo
de 2008 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión Foncolpuertos-
Cajanal, con radicado 2007-0020 en el cual fue condenado el señor Luis Hernando
Rodríguez Rodríguez por el delito de peculado por apropiación, en el cual se determinó
la ilegalidad de varios actos administrativos suscritos por este, por haberse reconocido
varios reajustes pensionales sin sustento legal o con base en documentación falsa,
sino también existen otras sentencias penales como la del 24 de septiembre de 2004
proferida por el Juzgado Primero de Descongestión de Bogotá dentro del proceso
2001-0177, en la cual se dictó sentencia al señor Rodríguez Rodríguez y otros, por los
delitos de peculado por apropiación agravado y prevaricato por acción, ambos en
concurso homogéneo, y peculado por apropiación a favor de terceros.

50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de diciembre de 2020,

radicado 250002342000201304161 01 (4424-17), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
51 Cfr. Sentencia del 8 de octubre de 2020, expediente 470012333000201500318 01 (3316-18),

demandante: Armando José Ordoñez Vives , contra UGPP; y del 12 de noviembre de 2020,
radicación: 47001-23-33-000-2014-00076-01 (4232-2017); Demandante: Héctor Emilio
Agudelo Freyle contra UGPP

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

De manera que, el hecho de que no se mencione el nombre del demandante en la
sentencia del juzgado 2.º Penal del Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Descongestión Foncolpuertos- Cajanal, con radicado 2007-0020, no es suficiente para
deducir la falsa motivación que alega.

En efecto, para esta jurisdicción resulta desproporcionado que un operario pase de una
pensión, de por sí exagerada de más de 8 SMLMV para el año de 1985 a 14 SMLMV,
aduciendo el pago de «horas extras, dominicales y feriados, cena y descanso»,
cuando, las horas extras ya se habían incluidas en la resolución 132384 del 17 de abril
de 1986, como se hizo notar en el acápite de hechos probados de esta sentencia.

Para la Sala, dicho incremento como mínimo comporta un abuso del derecho, porque,
se repite, no existe ningún fundamento fáctico ni jurídico para ello y los servidores que
expidieron las certificaciones y resoluciones en los que se sustentó el acrecentamiento
de la pensión fueron condenados por hacer una confabulación delictiva para desfalcar
a Foncolpuertos.

Así las cosas, al existir pleno fundamento legal y probatorio en la revocación ordenada
por el acto acusado y no haberse demostrado que el actor tiene derecho a percibir la
reliquidación pensional impetrada, habrán de denegarse las pretensiones de la
demanda».

En efecto, para esta jurisdicción el incremento reconocido en el acto revocado
comporta un abuso del derecho, porque se repite, no existe ningún fundamento
fáctico ni jurídico para su expedición, desde la ausencia de una solicitud en tal
sentido que provocara el pronunciamiento de la administración, hasta los soportes
fácticos y jurídicos que sustentaron el acrecentamiento de la pensión.

De esta manera se considera que en efecto la administración podía ejercer la
facultad de revocatoria directa del acto que ordenó el reajuste pensional, pues
contrario a lo señalado por el recurrente, tal y como se señaló en la sentencia C-
835 del 23 de septiembre de 2003 basta con la tipificación de la conducta como
delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se den los otros
elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que al no evidenciar el
fundamento que le servía de base a la decisión de reajustar la prestación, se debe
concluir que es esa la decisión que carece de sustento legal.

Así las cosas, al existir pleno fundamento legal y probatorio en la revocación
ordenada por el acto acusado y no haberse demostrado que Ángel Guillermo
Rubio Morales tuviera derecho a percibir el reajuste ordenado, habrán de
denegarse las pretensiones de la demanda.

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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma52.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

Con fundamento en los elementos de juicio expuestos, la Sala encuentra que no
se demostró la configuración de los vicios de nulidad endilgados al acto a través
del cual se revocó la Resolución 986 del 16 de mayo de 1995, que reajustó la
pensión reconocida a Ángel Guillermo Rubio Morales, ni se demostró que él
tuviera derecho al reconocimiento revocado.

52En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

31

Radicado: 25000-23-42-000-2015-03603-01 (1490-2022)
Demandante: Lucy Bedoya de Rubio

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 15 de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
negó las pretensiones de la demanda presentada por Lucy Bedoya de Rubio contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

SLVA

32

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