Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03722-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03722-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-03722-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 25000-23-42-000-2015-03722-01 (4825-2023)1
Demandante : Aerovías del Continente Americano AVIANCA S. A.
Demandado : Nación – Ministerio del Trabajo
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Convocatoria de tribunal de arbitramento obligatorio en
conflicto colectivo de trabajo
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda2
1.1.1 Pretensiones
1. Aerovías del Continente Americano AVIANCA S. A. [en adelante Avianca], por intermedio
de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de
las Resoluciones 1691 de 30 de abril de 2014, 2835 de 11 de julio de 2014, y 5644 de 10
de diciembre de 2014, a través de las cuales el Ministerio del Trabajo ordenó la
convocatoria de un tribunal de arbitramento obligatorio para resolver el conflicto colectivo
1
Expediente híbrido.
2
Folios 227-264.
Número Interno: 4825-2023
Demandante: AVIANCA S. A.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
de trabajo suscitado entre la demandante y la organización sindical denominada
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles «ACDAC» [en adelante ACDAC].
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que, al no existir
denuncia oportuna de la Convención Colectiva de Trabajo, el pliego de peticiones
presentado por ACDAC el 17 de diciembre de 2013, no estaba llamado a producir ningún
efecto jurídico y, por tanto, no existe conflicto colectivo de trabajo respecto del cual deba
convocarse un tribunal de arbitramento.
3. Asimismo, solicitó se ordene al Ministerio que declare que el pliego de peticiones
presentado por ACDAC el 17 de diciembre de 2013, no fue presentado con los requisitos
de ley, que se retrotraigan los efectos de la ejecución de los actos administrativos
acusados, y que se condene al demandado a indemnizar los perjuicios económicos
causados.
1.1.2 Hechos y omisiones
4. Avianca y ACDAC suscribieron convención colectiva de trabajo con vigencia de 4
años, desde el 1° de abril de 2009 y hasta el 31 de marzo de 2013.
5. Dice que ACDAC señala que presentó denuncia a la convención colectiva de trabajo
el 30 de marzo de 2013, mientras que el Ministerio del Trabajo sostiene que lo hizo el 22
de marzo de 2013.
6. Narra que, con independencia de dicha fecha, ACDAC no presentó a continuación el
respectivo pliego de peticiones en virtud del cual se diera inicio a un nuevo proceso de
negociación colectiva.
7. ACDAC presentó pliego de peticiones el 17 de diciembre de 2013.
8. En aras de «[…] proceder a iniciar las conversaciones y que la negociación colectiva estuviere
acorde a la legislación laboral», Avianca requirió de ACDAC copia de la denuncia de la
convención colectiva vigente entre 2009 y 2013.
9. ACDAC envió la denuncia efectuada el «[…] 30 de marzo de 2013, es decir, casi 9 meses
antes de la fecha de presentación del pliego de peticiones».
10. El 3 de enero de 2014, ACDAC presentó querella ante el Ministerio del Trabajo, por
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Número Interno: 4825-2023
Demandante: AVIANCA S. A.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
la supuesta negativa a negociar por parte de Avianca.
11. ACDAC presentó acción de tutela con el fin de que se ordenara a Avianca iniciar con
la etapa de arreglo directo de la negociación colectiva.
12. La acción correspondió por reparto a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,
que, con sentencia de 12 de marzo de 2014, tuteló los derechos de la organización
sindical y ordenó a Avianca proceder con el inicio de las conversaciones de arreglo
directo.
13. Avianca S. A. impugnó dicha providencia.
14. Entre tanto, el 21 de marzo de 2014 dieron inicio las conversaciones de la etapa de
arreglo directo, de lo cual levantó la correspondiente acta.
15. El 26 de marzo de 2014, envió un comunicado al Ministerio del Trabajo, al que adjuntó
copia del acta de instalación referida.
16. El 10 de abril de 2014, ACDAC levantó un acta de terminación de la etapa de arreglo
directo, en la que «[…] relata la comparecencia de representantes de AVIANCA y sus asesores, no
obstante, […] la misma solo cuenta con la firma de los representantes de la Organización Sindical ACDAC» .
17. El 11 de abril de 2014, ACDAC radicó ante el Ministerio del Trabajo «[…] el Acta de Parte
Pertinente de la Asamblea de AVIANCA S.A. y ACDAC, donde se había votado la huelga o la convocatoria
a un Tribunal de Arbitramento, definiéndose por unanimidad, el sometimiento del conflicto colectivo laboral
al Arbitramento».
18. El 22 de abril de 2014, ACDAC radicó en sede de Avianca «[…] un comunicado por medio
del cual se remitían las actas de inicio y finalización de arreglo directo, así como el Acta Parte Pertinente
de la Asamblea entre AVIANCA S.A. y ACDAC».
19. A través de sentencia de 30 de abril de 2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia revocó el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Bogotá
y negó el amparo de los derechos fundamentales de ACDAC.
20. Concomitantemente, el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 1691 de 30 de
abril de 2014, a través de la cual, ordenó «[…] la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento
Obligatorio para que estudie y decida el conflicto colectivo de trabajo existente entre la Empresa AEROVÍAS
DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA S.A. y la organización sindical denominada ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES ACDAC».
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Número Interno: 4825-2023
Demandante: AVIANCA S. A.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
21. Contra dicho acto administrativo, Avianca interpuso recursos de reposición y
apelación, resueltos, en su orden, con Resoluciones 2835 de 11 de julio de 2014 y 5644
de 10 de diciembre de 2014, en el sentido de confirmar la Resolución 1691 de 30 de abril
de 2014.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
22. Refiere que se desconocieron las siguientes disposiciones:
22.1. Constitución Política: 55 y 95.
22.2. Legales y reglamentarias: Código Sustantivo del Trabajo, artículos: 14, 16, 55,
374 (numerales 2 y 3), 433, 452, 477, 478 y 479; Ley 1437 de 2011, artículos: 3
(numerales 3, 4 y 7) y 137.
23. Sostuvo que ACDAC «[…] presentó un pliego de condiciones el 17 de diciembre de 2013, para lo
cual resultaba jurídica e irrestrictamente necesario que previo a ese pliego de peticiones se hubiese
impedido por parte del Sindicato la prórroga automática de la convención mediante la correspondiente
denuncia de la convención colectiva dentro del término legal correspondiente» .
24. Dijo que, «[s]iendo el vencimiento inicial de la convención colectiva suscrita por mí representada con
ACDAC el 31 de marzo de 2013, la prórroga automática de la convención colectiva operó» , así: (i) «[…]
Primera prórroga del día 1 de abril de 2013 al 30 de septiembre de 2013»; y (ii) «[…] Segunda prórroga
del día 1 de octubre de 2013 al 31 de marzo de 2014». Por tanto, sostiene que la denuncia a la
convención colectiva debió ser presentada entre el 1° de agosto y el 30 de septiembre de
2013, o entre el 1° de febrero y el 31 de marzo de 2014.
25. Argumentó que, «[…] resulta a todas luces irregular y contrario a la Ley la procedencia del Pliego
de Peticiones presentado el Diciembre de 2013, [por] que para la época en que fue presentado no se vio
precedido de la denuncia oportuna de la convención colectiva de trabajo», por lo cual «[…] se incumple
transversalmente con los requisitos legales exigidos por el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo» .
26. Indicó que, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional
ha determinado que, para dar inicio a la negociación colectiva es necesario «[…] que se
efectúe la denuncia de la Convención Colectiva vigente y posteriormente se presente el respectivo pliego
de peticiones, de lo que está de bulto que el pliego debe venir acompañado de la respectiva denuncia, para
así demostrar que efectivamente existió una manifestación de la voluntad de cambiar las condiciones que
rigen en la actualidad, en virtud de la convención colectiva que se desea modificar» .
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Número Interno: 4825-2023
Demandante: AVIANCA S. A.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
27. Advierte que, como no se presentó pliego de peticiones junto con la denuncia de la
convención colectiva realizada en marzo de 2013, esta se prorrogó en dos ocasiones, y,
en consecuencia, el pliego de peticiones radicado en diciembre de 2013 no estuvo
precedido de denuncia alguna de la convención dentro de los 60 días anteriores a la
culminación de cada prórroga, razón por la cual, «[…] jamás surgió […] obligación alguna [para
Avianca] de sentarse a negociar, toda vez que a fin de iniciar una nueva negociación colectiva, que hubiera
traído como consecuencia la existencia de una nueva Convención Colectiva o laudo arbitral, se hacía
irrestrictamente necesario, que la Organización Sindical querellante denunciara dicha Convención,
indicando los motivos por los cuales desea que la misma finalice».
28. Por otra parte, manifestó que las normas contenidas en el Código Sustantivo del
Trabajo desconocidas por el Ministerio del Trabajo son de orden público y, por
consiguiente, de obligatorio cumplimiento e inmediata aplicación. No obstante, la entidad
demandada dejó de aplicar los términos contenidos en los artículos 477 y 478 de la citada
obra.
29. También formuló el cargo de falsa motivación, que considera configurado en la
medida que, el Ministerio «[…] no tuvo en cuenta que AVIANCA S.A. dio inicio a la etapa de arreglo
directo, única y exclusivamente en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, que fue revocado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia»; que, la demandada «[…] no tuvo en cuenta que la denuncia de convención colectiva
presentada por ACDAC en marzo 22 de 2013 expresamente hacía referencia al vencimiento de la
convención colectiva de fecha 31 de marzo de 2013 y que se sustentaría con un pliego de peticiones a
presentarse oportunamente», y que, además, «[…] el propio Ministerio de trabajo, al registrar la
denuncia presentada por ACDAC el 22 de Marzo de 2013 expresamente había señalado que operaba para
el vencimiento del 31 de marzo de 2013».
30. Finalmente, arguyó que, los actos acusados se encuentran incursos en la causal de
nulidad de falta de competencia, en la medida que, el Ministerio «[…] no tuvo en cuenta que
JAMÁS se generó un conflicto colectivo, que condujera a la decisión de la Convocatoria de un Tribunal de
Arbitramento Obligatorio».
1.2 Contestación de la demanda3
31. El Ministerio del Trabajo contestó oportunamente la demanda, en memorial en el
cual se opuso a las pretensiones, al considerar que expidió los actos administrativos
3
Folios 298-307.
5
Número Interno: 4825-2023
Demandante: AVIANCA S. A.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
acusados en cumplimiento de un deber legal, en virtud de actuación originada a
solicitud de la ACDAC, al ejercitar el derecho de petición, con el fin de elevar la
convocatoria de un tribunal obligatorio de arbitramento.
32. Adujo que, «[…] el Ministerio del Trabajo ha obrado de buena fe» y que «[…] no resulta
pertinente admitir que los actos administrativos, conforme al principio de legalidad, se declaren nulos
cuando no existe argumento que desvirtúe su fuerza vinculante y la eficacia del mismo en relación con
el postulado de la buena fe».
33. Afirmó que, el tribunal de arbitramento obligatorio fue convocado de acuerdo con
las normas que rigen el desarrollo de los conflictos colectivos del trabajo y que, en
consecuencia, no existe obligación alguna de reparar los perjuicios aducidos por
Avianca.
1.3. La sentencia de primera instancia4
34. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de Nueve (9) de
Febrero de Dos Mil Veintitrés (2023)5, negó las pretensiones de la demanda, sin condenar
en costas.
35. Como sustento de su decisión, luego de revisar las pruebas aportadas por las partes,
adujo que, «[…] A folio 76 a 86 del expediente obra copia del acta de instalación de la etapa de arreglo
directo, de fecha 21 de marzo de 2.014, documento que fue suscrito por las partes», de tal manera que,
con ese documento «[…] queda declarado que efectivamente, hubo etapa de negociación directa y por
tanto, acreditada la existencia de un conflicto colectivo de trabajo por resolver».
36. Advirtió que, se demostraron los siguientes hechos: «[…] que hubo instalación de mesa de
negociación para agotar la etapa de arreglo directo; que hubo denuncia de la convención colectiva, aún
vigente para la fecha de la denuncia ante el Ministerio del Trabajo y presentación de pliego de peticiones
por parte del sindicato de trabajadores. Que, agotada la etapa de arreglo directo, no hubo arreglo, es decir,
subsistió el conflicto colectivo de trabajo».
37. Argumentó que, el servicio prestado por Avianca tiene la condición de público
esencial, razón por la cual, «[…] es claro e incontrovertible el de deber y actuación del Ministerio del
Trabajo, quien en desarrollo de expresas normas del Código Sustantivo del Trabajo, procedió a expedir los
4
Folios 348-354.
5
La sentencia no corresponde a un documento electrónico, sino digitalizado. Se deja constancia que en Samai obra dicho documento,
aunque con fecha de 16 de febrero de 2023. Samai del tribunal de origen, índice 38.
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actos administrativos ahora demandados en nulidad, por medio de los cuales se ordenó la convocatoria de
tribunal de arbitramento obligatorio, a efectos de resolver el conflicto colectivo de trabajo existente entre la
sociedad Avianca S. A y la Organización Sindical denominada Asociación Colombiana de Aviadores Civiles
– “ACDAC”».
1.4 Recurso de apelación6
38. Inconforme con la decisión de primera instancia, Avianca interpuso recurso de
apelación, al estimar que «[…] el Tribunal estudió únicamente el cumplimiento de las etapas del
conflicto colectivo, pero dejó de lado por absoluto que los mismos en la legislación laboral, normas de orden
público, dispone cómo se debe cumplir, sin que puedan las partes o el juez, modificar lo dispuesto por el
legislador».
39. Insistió en que, «[…] NO CABE DUDA ALGUNA QUE LA AUSENCIA DE DENUNCIA DE
CONVENCIÓN COLECTIVA GENERA SU PRÓRROGA AUTOMÁTICA Y SOLO PODRÁ
PRESENTARSE LA DENUNCIA NUEVAMENTE CUANDO SE ESTÉ DENTRO DE LOS 60 DÍAS
INMEDIATAMENTE ANTERIORES A SU PRÓRROGA AUTOMÁTICA, PUES, ANTES NO ES POSIBLE
PORQUE CONTINUA CON PLENA VIGENCIA LA ANTERIOR», y que «[…] BRILLA POR SU
AUSENCIA ANÁLISIS ALGUNO POR PARTE DEL TRIBUNAL RESPECTO DE LA FECHA DE
PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA».
40. Reiteró que, la denuncia fue presentada en marzo de 2013, y «[…] es apenas lógico que
la denuncia de la convención colectiva tiene que venir seguida de la presentación de un pliego de
peticiones, para así, iniciar efectivamente la negociación colectiva, pues, la simple denuncia no es capaz
de iniciar un proceso de negociación, pues, sin pliego de peticiones es un absurdo si quiera considerar la
negociación sin un instrumento sobre el cual va a versar que por ley corresponde al pliego de peticiones».
41. Arguyó que, «[…] por obvias razones el término para presentar el pliego de peticiones después de
la denuncia de la convención colectiva NO puede ser ilimitado, pues, sería completamente contrari[o] a la
seguridad jurídica y, de la misma forma, sería una contravención al artículo 477 del Código Sustantivo del
Trabajo», y señaló que «[…] el pliego de peticiones SOLO fue presentado hasta el día 17 de
diciembre de 2013, esto es pasados más de ocho meses desde su denuncia, situación que impidió dar
aplicación al término de vigencia temporal para la duración del conflicto colectivo a que se refiere el numeral
2º de artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, debiendo aplicarse el término presuntivo consagrado
en el artículo 477 del mismo estatuto, ante la falta de presentación de pliego de peticiones».
42. Alegó que, en sentencia T-1166 de 2004, la Corte Constitucional «[…] estableció que la
negociación colectiva requería tanto de denuncia como presentación del pliego para su inicio», por
6
Samai del tribunal de origen, índice 43.
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Número Interno: 4825-2023
Demandante: AVIANCA S. A.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
consiguiente, «[…] ante la ausencia de pliego de peticiones, sencillamente dicha denuncia realizada en
el mes de marzo NO puede estar llamada a producir ningún efecto, por lo tanto, es evidente que, ante la
ausencia de denuncia con los respectivos llenos legales, debía darse aplicación a la prórroga automática
antes ya mencionada».
43. Señaló que, «[…] la postura del Tribunal es que una vez presentada la denuncia a la convención
colectiva existe un término indefinido y al antojo de la Organización Sindical para presentar el pliego de
peticiones ignorando por completo la prórroga automática, de aplicar esta postura la inseguridad jurídica
sería inmensurable, pues, la incertidumbre del empleador sería gigante, ya que, una denuncia presentada
habilitaría a la presentación del pliego de peticiones EN CUALQUIER MOMENTO EN EL TIEMPO, es decir
una denuncia presentada hace años podría habilitar a un sindicato a presentar el pliego de peticiones en
cualquier momento sin necesidad de cursar el correspondiente trámite».
44. Por dicha razón, considera que, «[…] la postura del Tribunal genera una incertidumbre enorme
en la negociación colectiva, pues, se debe tener en cuenta que la convención colectiva es un instrumento
contractual que surge por el acuerdo de las partes, por lo tanto, es indispensable que las mismas tenga
certeza sobre la vigencia del mismo, por ende, el legislador estableció la prórroga automática y el período
por la que la misma aplica, por ende, no puede de cualquier forma y en cualquier momento una
Organización Sindical dar por terminada una convención, cuando existen unos trámites previos a realizar».
45. Concluye que, «[…] los actos demandados deben ser declarados nulos, pues, no había lugar a
integrar un tribunal de arbitramento, pues, no se cumplieron CON APEGO A LA LEY, las etapas de la
negociación colectiva, de hecho, ni siquiera debió iniciarse una etapa de negociación, situación que debía
tener en cuenta el Ministerio del Trabajo y, por ende, debía abstenerse de convocar el tribunal» .
46. Finalmente, dijo que «[..] adelantó la negociación colectiva en cumplimiento de una orden
transitoria de tutela, que de ninguna forma definió sobre la legalidad y cumplimiento de los requisitos, pues,
los mismos se indicó que son competencia del juez ordinario o administrativo».
1.5 Trámite de segunda instancia.
47. Con auto de 29 de octubre de 20247, el consejero de Estado ponente admitió el recurso
de apelación.
48. Posteriormente, a través de auto de 8 de septiembre de 2025 8 , advirtió que, la
organización sindical ACDAC no había sido integrada dentro de la parte pasiva, razón
por la cual, al estimar la posible configuración de la nulidad prevista en el artículo 133.8
del Código General del Proceso (CGP), ordenó poner dicha situación en conocimiento de
7
Samai, índice 15.
8
Samai, índice 20.
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Número Interno: 4825-2023
Demandante: AVIANCA S. A.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
dicha asociación, que, sin embargo, pese a ser debidamente notificada el 14 de octubre
de 20259, no intervino en la presente actuación.
49. Las partes no emitieron pronunciamiento sobre el recurso de apelación, dentro del
término de ejecutoria del auto admisorio de la alzada.
50. El Representante del Ministerio Público no intervino, en esta oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Jurisdicción y competencia
51. La Sala destaca que, en este caso se suscitó un conflicto negativo de jurisdicción
entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 5 Laboral del Circuito
Judicial de Bogotá, resuelto por la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura mediante auto de 16 de agosto de 201710, en el sentido de asignar «[…] el
conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Contencioso Administrativa» .
52. Lo anterior, al considerar que, la demanda «[…] se encuentra dirigida a la protección directa
de derechos, presuntamente vulnerados o desconocidos por el acto de la administración y, busca la
condena de ésta para que sea efectivo ese restablecimiento, aspectos que hacen aún más palpable la
necesidad de aplicar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho» , y, por lo tanto,
concluyó que la controversia «[…] cumple con los presupuestos exigidos en el ámbito de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que sea esta la competente para conocer del proceso».
53. Por consiguiente, la Sala advierte que, ostenta jurisdicción para decidir el asunto, de
acuerdo con los artículos 103 y 104 del CPACA, y, en particular, con el mencionado auto
de 16 de agosto de 2017.
54. Por otra parte, se tiene que, la Subsección es competente para conocer y decidir en
segunda instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).
2.2. Problema jurídico
9
Samai, índice 25.
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Cuaderno de conflicto de jurisdicciones, folios 4-14.
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Demandante: AVIANCA S. A.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
55. El problema jurídico se contrae a establecer si los actos administrativos acusados, a
través de los cuales se convocó a un tribunal de arbitramento obligatorio en el marco del
conflicto colectivo entre Avianca y ACDAC, se encuentran conforme a derecho, para lo
cual, deberán resolverse los siguientes interrogantes:
55.1. ¿Cuáles son las condiciones legales que otorgan validez a la denuncia de una
convención colectiva de trabajo?
55.2. ¿Cuál es el plazo legal para la presentación del pliego de peticiones ante el
empleador cuando existe convención colectiva anterior?
55.3. Para que se suscite un conflicto colectivo de trabajo, en aquellos casos en que existe
convención colectiva anterior ¿el pliego de peticiones debe ser presentado junto con
la denuncia de la respectiva convención?
55.4. De no existir un plazo legal entre la denuncia de una convención colectiva y la
presentación de un pliego de peticiones por parte de los trabajadores ¿existe
incertidumbre en torno a la vigencia de la convención colectiva denunciada?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Derechos de asociación sindical y negociación colectiva
56. De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 1°, 2° y 25 de la Constitución Política,
Colombia es un Estado Social de Derecho fundado, entre otras, en el trabajo, concepto
que comporta un derecho y obligación social, y aparece como principio y valor transversal
de toda la organización social, razón por la cual, goza de especial protección por parte
del Estado en todas sus modalidades, de tal suerte que, toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones de justicia y dignidad.
57. A su turno, el artículo 39 de la Constitución Política prevé que, con excepción de los
miembros de la Fuerza Pública, los trabajadores y empleadores tienen derecho a
constituir sindicatos o asociaciones, mientras que, los artículos 55 y 56 ibidem garantizan,
en su orden, el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, y
el derecho de huelga, claro está, con ciertas limitaciones y excepciones previstas en la
ley.
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Demandante: AVIANCA S. A.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
58. Por lo tanto, es claro que, la Carta Fundamental promueve el ejercicio del trabajo en
condiciones justas y dignas, permite a los trabajadores y empleadores negociar, en forma
colectiva, las condiciones en que debe desarrollarse cierta actividad y los emolumentos
o contraprestaciones que deban ser reconocidos, mientras no vulneren la ley, actividad
que, según el inciso segundo del artículo 55 de la Constitución Política, debe ser
fomentada por el Estado, pues, a este le corresponde el deber de «[…] promover la
concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo».
59. En ese sentido, la Corte Constitucional ha sostenido11 que, «[…] el derecho colectivo del
trabajo constituye un instrumento valioso y apropiado para hacer realidad la justicia social en las relaciones
entre patronos y trabajadores, la vigencia de un orden justo, la convivencia tranquila, mediante "la solución
pacífica de los conflictos colectivos de trabajo", y el reconocimiento a la dignidad humana en la persona del
trabajador, a través de la regulación de las "condiciones de trabajo", en lo que atañe al derecho individual
del trabajo y de la seguridad social, que asegure a las personas el derecho "a un trabajo en condiciones
dignas y justas"».
60. Ese Alto Tribunal ha considerado12 que, «[e]l derecho colectivo de trabajo se presenta en el
ámbito constitucional, como el derecho regulador de una esfera de libertad en cabeza de los patronos y los
trabajadores, originada especialmente en el reconocimiento constitucional de los derechos al trabajo, a la
asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga, para que unos y otros, en forma organizada,
contribuyan a la solución pacífica de los conflictos laborales, y promuevan y realicen la defensa de los
derechos e intereses que le son comunes, según la particular situación que ocupan en la empresa, y las
relaciones que surgen de sus condiciones de dadores o prestadores de trabajo».
61. Los conflictos colectivos del trabajo previstos por nuestro ordenamiento jurídico, por
tanto, son la expresión de la solución pacífica de desacuerdos entre trabajadores y
empleadores que, de acuerdo con el Convenio 154 de la Organización Internacional del
Trabajo13, pueden abarcar: (i) las condiciones de trabajo y empleo; (ii) las relaciones
entre empleadores y trabajadores; o (iii) las relaciones entre empleadores o sus
organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores.
62. El derecho de negociación colectiva, sin embargo, se encuentra atado a las reglas
previstas para el efecto en el Código Sustantivo del Trabajo, normatividad que, señala,
las condiciones en que pueden ser constituidas las organizaciones sindicales, cómo
deben ser tomadas las decisiones al interior de estas, las condiciones de negociación
colectiva, el suceso de huelga, y la adopción, vigencia y expiración de convenciones
11
Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C- 009 de 20 de enero de 1994; magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell.
12
Ibidem.
13
Aprobado mediante Ley 524 de 1999.
11
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Demandante: AVIANCA S. A.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
colectivas de trabajo o pactos colectivos, entre otros.
2.3.2. Conflictos colectivos de trabajo y negociación colectiva
63. En términos de la OIT y la Corte Constitucional14, los conflictos colectivos que tienen
origen en la relación laboral pueden ser de dos tipos, a saber: (i) «[…] los llamados conflictos
jurídicos o de derecho, que versan sobre la interpretación o alcance de una norma jurídica –ley, convención
colectiva, contrato individual-»; y (ii) «[…] los conflictos económicos o de intereses, entendidos como las
controversias que surgen, no por la interpretación en torno a un derecho, sino sobre las reivindicaciones
tendientes a crear un nuevo derecho, o a modificar los existentes».
64. Para la solución de dichos conflictos, de acuerdo con la legislación nacional, «[…] no
se acude a procedimientos judiciales, sino a la negociación colectiva entre el grupo de trabajadores y el
empleador –o asociación patronal-, a la huelga o a la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento» 15,
última opción obligatoria, cuando se trata de servicios públicos esenciales.
65. En tal virtud, los artículos 432 a 435 del Código Sustantivo del Trabajo prevén una
etapa de arreglo directo, en los siguientes términos:
ARREGLO DIRECTO.
ARTICULO 432. DELEGADOS.
1. Siempre que se presente un conflicto colectivo que pueda dar por resultado la
suspensión del trabajo, o que deba ser solucionado mediante el arbitramento obligatorio,
el respectivo sindicato o los trabajadores nombrarán una delegación para que presente al
(empleador), o a quien lo represente, el pliego de las peticiones que formulan.
ARTICULO 433. INICIACIÓN DE CONVERSACIONES.
1. El {empleador} o la representante, están en la obligación de recibir a los delegados de
los trabajadores dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación oportuna del
pliego de peticiones para iniciar conversaciones. Si la persona a quién se presentare el
pliego considerare que no está autorizada para resolver sobre él debe hacerse autorizar o
dar traslado al {empleador} dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación
del pliego, avisándolo así a los trabajadores. En todo caso, la iniciación de las
conversaciones en la etapa de arreglo directo no puede diferirse por más de cinco (5) días
hábiles a partir de la presentación del pliego.
2. El {empleador} que se niegue o eluda iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro
del término señalado será sancionado por las autoridades del trabajo con multas
equivalentes al monto de cinco (5) a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto
por cada día de mora, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Para interponer
los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar
previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento.
ARTICULO 434. DURACIÓN DE LAS CONVERSACIONES. Las conversaciones de
negociación de los pliegos de peticiones en esta etapa de arreglo directo durarán veinte
14
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión; sentencia T-556 de 8 de mayo de 2000; magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz.
15
Ibidem.
12
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Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
(20) días calendario, prorrogables de común acuerdo entre las partes, hasta por veinte
(20) días calendario adicionales.
PARÁGRAFO 1o. Si al término de la etapa de arreglo directo persistieren diferencias
sobre alguno o algunos de los puntos del pliego, las partes suscribirán un acta final que
registre los acuerdos y dejarán las constancias expresas sobre las diferencias que
subsistan.
PARÁGRAFO 2o. Durante esta etapa podrán participar en forma directa en la mesa de
negociaciones, como asesores, hasta dos (2) representantes de las asociaciones
sindicales de segundo o tercer grado.
ARTÍCULO 436. DESACUERDO. Si no se llegare a un arreglo directo en todo o en parte,
se hará constar así en acta final que suscribirán las partes, en la cual se expresará el
estado en que quedaron las conversaciones sobre el pliego de peticiones y se indicará con
toda precisión cuáles fueron los acuerdos parciales sobre los puntos del pliego y cuáles
en los que no se produjo arreglo alguno.
Copia de esta acta final se entregará al día siguiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
66. En términos de la normativa anterior, se tiene que, por defecto, suscitado un conflicto
colectivo del trabajo, corresponde a los trabajadores presentar un pliego de peticiones
ante su empleador, evento que, bien puede decirse, tiene el efecto de producir,
formalmente, la existencia del mencionado conflicto.
67. Como se extrae de la normatividad transcrita, la presentación del pliego de términos
ante el empleador no tiene término o plazo alguno, al menos en lo que hace a la relación
entre trabajadores y empleador, y corresponde, de acuerdo con las reglas propias del
derecho colectivo del trabajo, a una atribución exclusiva16 de la asamblea general de la
respectiva organización sindical o de trabajadores, que tiene por fin, promover un conflicto
colectivo con fines jurídicos o económicos.
68. Así, la única prevención legal, respecto de la radicación del pliego de condiciones, se
refiere a la consagrada en el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), que,
sin embargo, comporta una obligación entre asociados, de tal manera que, el pliego de
peticiones adoptado por la asamblea general sea radicado por los representantes del
sindicato a más tardar dos meses después por sus representantes o negociadores, en
los siguientes términos:
ARTICULO 376. ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA ASAMBLEA. <Artículo modificado
por el artículo 16 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> Son de atribución
exclusiva de la asamblea general los siguientes actos: La modificación de estatutos, la fusión
con otros sindicatos; la afiliación a federaciones o confederaciones y el retiro de ellas; la
sustitución en propiedad de los directores que llegaren a faltar y la destitución de cualquier
director; la expulsión de cualquier afiliado; la fijación de cuotas extraordinarias; la aprobación
del presupuesto general; la determinación de la cuantía de la caución del tesorero; la
16
Artículo 376 CST.
13
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asignación de los sueldos; la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10)
veces el salario mínimo mensual más alto; la adopción de pliegos de peticiones que
deberán presentarse a los {empleadores} a más tardar dos (2) meses después; la
designación de negociadores; la elección de conciliadores* y de árbitros; la votación de la
huelga en los casos de la ley y la disolución o liquidación del sindicato. (Resalta la Sala)
69. Superada la etapa de arreglo directo sin lograr un acuerdo total, de acuerdo con el
artículo 444 del CST, «[…] los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter
sus diferencias a la decisión de un Tribunal de Arbitramento», posibilidad restringida para quienes
trabajan en actividades que comportan servicios públicos esenciales, en los que, en
términos del artículo 452 ibidem, se hace obligatoria la conformación de un tribunal de
arbitramento para dirimir el conflicto.
70. En efecto, el artículo 452 del CST, prevé:
ARTICULO 452. PROCEDENCIA DEL ARBITRAMENTO
1. Serán sometidos a arbitramento obligatorio:
a) Los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos esenciales
y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo;
b) Los conflictos colectivos del trabajo en que los trabajadores optaren por el arbitramento,
conforme a lo establecido en el artículo 444 de este Código;
c) Los conflictos colectivos del trabajo de sindicatos minoritarios, siempre y cuando la
mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado por la huelga
cuando esta sea procedente.
Los conflictos colectivos en otras empresas podrán ser sometidos a arbitramento voluntario
por acuerdo de las partes.
71. Así las cosas, es posible concluir que, las normas sobre derecho colectivo del
trabajo plantean las reglas para provocar un conflicto colectivo del trabajo, a partir de la
presentación de un pliego de peticiones que, obliga, a la iniciación de una etapa de
arreglo directo entre las partes, misma que, una vez superada sin que se haya arribado
a un acuerdo total entre las partes, otorga la posibilidad de optar por el derecho de huelga
o convocar un tribunal de arbitramento para que decida el conflicto, última posibilidad que
resulta de obligatoria conformación, cuando se trata de servicios públicos esenciales.
2.3.3. Convención colectiva de trabajo – Denuncia de la convención – Efectos
72. El artículo 467 del CST preceptúa que, una convención colectiva de trabajo, «[…] es la
que se celebra entre uno o varios {empleadores} o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios
sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los
contratos de trabajo durante su vigencia».
14
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73. En consonancia con lo anterior esta Corporación ha indicado17 que, las convenciones
colectivas de trabajo comportan acuerdos vinculantes «[…] entre uno o varios empleadores y
uno o varios sindicatos o asociaciones sindicales de trabajadores, que puede ser de contenido económico
y/o jurídico, que define las condiciones laborales que regirán los contratos o relaciones de trabajo durante
su vigencia», y que, además, no solo configuran mecanismos de concertación, sino también
«[…] de solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo» .
74. En cuanto a sus contenidos, el artículo 468 del CST establece que, «[a]demás de las
estipulaciones que las partes acuerden en relación con las condiciones generales de trabajo, en la
convención colectiva se indicarán la empresa o establecimiento, industria y oficios que comprenda, el lugar
o lugares donde ha de regir la fecha en que entrará en vigor, el plazo de duración y las causas y
modalidades de su prórroga, su desahucio o denuncia y la responsabilidad que su incumplimiento entrañe».
75. Aunque resulte deseable que el mismo texto de la convención señale su vigencia, si
esta no es determinada de manera expresa, el artículo 477 del CST establece un plazo
presuntivo, así:
ARTICULO 477. PLAZO PRESUNTIVO. Cuando la duración de la convención colectiva no
haya sido expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o trabajo, se
presume celebrada por términos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses.
76. Además, establece un régimen de prórroga automática, en los siguientes términos:
ARTICULO 478. PRORROGA AUTOMÁTICA. A menos que se hayan pactado normas
diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente
anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren hecho
manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se
entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis meses, que se contarán desde la
fecha señalada para su terminación.
77. Finalmente, en cuanto a su denuncia, en artículo 479 ibidem determina:
ARTÍCULO 479. DENUNCIA.
1. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva
de trabajo, si se hace por una de las partes, o por ambas separadamente, debe presentarse
por triplicado ante el Inspector del Trabajo del lugar y en su defecto ante el Alcalde,
funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha
y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho
funcionario, y las copias serán destinadas para el Departamento Nacional del Trabajo y para
el denunciante de la convención.
2. Formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto
se firme una nueva convención.
78. En consecuencia, de la normatividad transcrita es posible colegir que, toda la
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 11 de mayo de 2017; expediente: 68001-23-31-000-2008-00408-
02(0330-12); consejero ponente: César Palomino Cortés.
15
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convención colectiva de trabajo estará vigente por el tiempo en que se haya pactado, de
manera expresa, y a falta de tal determinación, se presumirá celebrada por términos
sucesivos de 6 meses.
79. Asimismo, dichas normas plantean que, si la convención colectiva no es denunciada
dentro de los 60 días anteriores a la expiración de su vigencia, esta se entenderá
prorrogada, por períodos sucesivos de 6 meses. No obstante, si se presentara la
mencionada denuncia, es claro que, la convención colectiva continuará vigente hasta
tanto se firme una nueva convención.
2.4. Caso concreto
80. La parte demandante pretende obtener la nulidad de los actos administrativos a
través de los cuales, el Ministerio del Trabajo, convocó a un tribunal de arbitramento
obligatorio, en el marco del conflicto colectivo de trabajo suscitado entre Avianca y
ACDAC.
81. El Tribunal de primera instancia consideró que, los actos administrativos se
encontraban conforme a derecho, pues fueron agotadas todas las etapas previas
exigidas para la convocatoria del aludido arbitraje.
82. Inconforme con esa decisión, Avianca interpuso recurso de apelación, al estimar que
nunca se gestó un conflicto colectivo de trabajo, toda vez que, la denuncia de la
convención colectiva vigente hasta el 31 de marzo 2013, presentada en marzo de 2013,
no tuvo validez, pues, con ella no fue aportado el pliego de peticiones, razón por la cual,
considera que la convención se prorrogó por 6 meses, en aplicación del artículo 478 del
CST.
83. Agrega que, el pliego de peticiones fue presentado en diciembre de 2013, sin que
hubiera sido presentada denuncia a la convención dentro del término de 60 días
anteriores a la finalización de cada una de las prórrogas, motivo por el que, sostiene, que
tampoco tenía validez para provocar el conflicto colectivo de trabajo y, por lo tanto, no
debió adelantarse etapa de arreglo directo ni convocarse al tribunal de arbitramento
obligatorio.
84. Establecido el alcance de la alzada, la Sala se ocupa de desentrañar los interrogantes
planteados al formular el problema jurídico que ocupa el particular, en orden a establecer
16
Número Interno: 4825-2023
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el mérito del recurso de apelación y la conformidad de los actos demandados, respecto
del ordenamiento jurídico que les es superior.
85. Con tal fin, conviene establecer que, se encuentra demostrada la celebración de una
convención colectiva de trabajo entre Avianca y ACDAC, cuya cláusula 130 determinó
que tendría «[…] vigencia a partir de abril 1 de 2009 hasta el 31 de marzo de 2013» 18.
86. También se encuentra probado que, el 22 de marzo de 2013, ACDAC formuló
denuncia contra dicha convención colectiva19, es decir, dentro de los 60 días anteriores
a la expiración del plazo pactado en ella, razón por la cual, es posible sostener, conforme
a los artículos 478 y 479 del CST, que no ocurrió prórroga automática de esta, y que, el
efecto de tal denuncia no es otro que la extensión de la vigencia de ésta, hasta tanto se
firme una nueva convención.
87. Sobre el particular, debe decirse que, los artículos 478 y 479 no consagran ninguna
condición para la efectividad o validez de la denuncia de la convención, más que, la
radicación de esta dentro del período de oportunidad de 60 días antes de la expiración
de la vigencia pactada o presuntiva, de la respectiva convención.
88. En efecto, el ordenamiento jurídico no establece, en modo alguno, que la convención
deba ser denunciada y, al mismo tiempo o en un plazo determinado, presentarse el pliego
de peticiones en virtud del cual, deba abrirse paso a la etapa de arreglo directo. Por
consiguiente, presentada la denuncia, dentro del término perentorio previsto en la ley,
aquella tiene plenos efectos en la relación laboral colectiva, impide que se prorrogue la
convención, e impone su aplicación mientras es reemplazada por una nueva o por un
laudo arbitral.
89. De manera que, no le asiste razón a Avianca al señalar que la denuncia no tuvo
validez, pues es claro que, para producir efectos, bastó con la radicación de esta ante el
Ministerio del Trabajo ocurrida el 22 de marzo de 2013, dentro del término legal
preceptuado por el artículo 478 del CST.
90. En seguida, conviene establecer que, el ordenamiento jurídico tampoco plantea un
plazo que deba ser cumplido en la relación entre trabajadores y empleadores, respecto
de la radicación del pliego de peticiones, cuando media la existencia de una convención
colectiva anterior.
18
Folios 152-219.
19
Folios 100 y 118.
17
Número Interno: 4825-2023
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91. En efecto, tal como fue desarrollado en el estudio normativo y jurisprudencial
efectuado antes, la única limitación en términos de oportunidad que pudiera afectar la
validez del pliego de peticiones, alude a una garantía propia de los asociados de la
organización sindical, en la medida que, de acuerdo con el artículo 376 del CST, la
adopción del pliego de peticiones es una facultad exclusiva de la asamblea general de
esta, y la determinación de acogerlo, comporta la obligación de sus representantes o
negociadores de presentarlo ante el empleador, a más tardar dos meses después de la
respectiva sesión de asamblea.
92. Sea este el momento de recordar que, las normas relativas al ejercicio de los
derechos laborales colectivos deben ser siempre interpretadas de acuerdo con los
derechos y principios de orden constitucional que justifican su existencia. En ese sentido,
la Corte Constitucional ha afirmado que, «[e]l derecho colectivo del trabajo está llamado a
interpretarse a la luz del principio de armonización concreta de derechos e intereses constitucionales en
las relaciones entre trabajadores y patronos» y, por ende, «[e]l ejercicio de dichos derechos e intereses
no puede, en consecuencia, significar la anulación de otros que le sean contrarios, más aún cuando es
finalidad constitucional promover la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo (art. 55 inc. 2º
C.P.)», principio hermenéutico que debe guiar todo análisis sobre ellas»20.
93. Por consiguiente, en casos como el presente, no puede el juzgador apartarse del
efecto natural derivado de las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico,
otorgarles otro alcance distinto, y establecer requisitos no previstos por el legislador para
otorgar validez a las denuncias de convenciones colectivas, o pliegos de peticiones que
sean presentados, pues tal ejercicio, conllevaría a desconocer los derechos
fundamentales de los contendientes en el conflicto colectivo laboral, considerando
inválidos, sin justificación de derecho, los actos que ejercen de acuerdo con las normas
sustanciales y procedimentales previstas para el efecto. Reglas que, además, como bien
lo reseña la apelante, según lo preceptúa el artículo 14 del CST, «[…] son de orden público»
y, por consiguiente, comportan ínsita la imposición y naturaleza de irrenunciables de «[…]
los derechos y prerrogativas que ellas conceden».
94. Por lo tanto, es claro que, la existencia de una convención colectiva vigente no
comporta la obligación, para quien quiera denunciarla, de aportar en esa misma
oportunidad un pliego de peticiones. Tampoco resulta de recibo que, para que alguno de
esos dos instrumentos sea válido, deban ser presentados en conjunto.
20
Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C- 1050 de 4 de octubre de 2001; magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
18
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95. La efectividad de dichos mecanismos fue prevista por el legislador bajo los precisos
términos y condiciones expuestas, que configuran garantías irrenunciables en el marco
de los conflictos colectivos del trabajo, y han de generar efectos válidos siempre que, se
causen dentro de las previsiones legales.
96. Descendiendo al sub examine, se tiene que, la denuncia de la convención efectuada
por ACDAC el 22 de marzo de 2013 fue perfectamente legal, y, se insiste, generó el
efecto de impedir la prórroga de la convención, y extender la vigencia de esta hasta que
se firme una nueva, o se dicte un laudo arbitral que dirima el conflicto.
97. Dicha situación, tampoco configura un estado de cosas de incertidumbre jurídica
respecto de las relaciones laborales en Avianca, comoquiera que, la vigencia de las
reglas que deben ser aplicadas, mientras se expide el laudo arbitral respectivo, son las
pactadas en los respectivos contratos de trabajo y en la convención colectiva 2009-2013.
98. Ahora bien, no resulta cierto que, con esa interpretación se deje al arbitrio de la
organización sindical la vigencia de la convención colectiva, al menos, por las siguientes
razones: (i) Avianca no ejerció su derecho a denunciar la convención colectiva de trabajo
y, por lo tanto, se presume que se encontraba conforme con las condiciones allí pactadas;
y (ii) con todo, conserva la posibilidad de ejercer el mecanismo de revisión previsto en el
artículo 480 del CST, en virtud del cual «[…] las convenciones colectivas son revisables cuando
quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica».
99. Asimismo, se destaca que, la presentación del pliego de peticiones por parte de
ACDAC el 17 de diciembre de 201321, no estaba sujeto a plazo respecto de la denuncia
de la convención colectiva, y generó los efectos que el ordenamiento jurídico le reconoce,
que no son distintos a forzar el comienzo de la etapa de arreglo directo, en el marco del
conflicto colectivo del trabajo que, con su radicación, fue efectivamente configurado.
100. Aunado a lo anterior, y en lo concernido a la legalidad de los actos administrativos
acusados, se tiene que, en el expediente obra constancia del agotamiento de la etapa de
arreglo directo22, y, dado que Avianca se dedica a la prestación del servicio de transporte
aéreo, actividad catalogada como servicio público esencial y, por tanto, en la que está
prohibido el ejercicio de huelga23, de acuerdo al artículo 452, numeral 1, letra a, resultaba
obligatoria la convocatoria de un tribunal de arbitramento para solucionar el conflicto.
21
Folios 119-151.
22
Folios 70 a 117.
23
Artículo 430, letra b, CST.
19
Número Interno: 4825-2023
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Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
101. Finalmente, si bien la apelante refiere que, aceptó dar comienzo a la etapa de arreglo
directo solo en cumplimiento de una orden de tutela que posteriormente fue revocada, no
es menos cierto que, no corresponde a esta autoridad judicial calificar la validez de esos
hechos, y tampoco estaba en dicho deber la autoridad administrativa que expidió los
actos demandados, toda vez que, una vez celebrados, generan efectos legales y son
oponibles a las partes, habida cuenta que, en la sentencia de tutela de 30 de abril de
2014, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, solo se
aludió a la improcedencia, por subsidiariedad, de ese mecanismo de amparo, pero nada
se dijo sobre los actos seguidos en cumplimiento del fallo de primera instancia, ni se
despojó de sus efectos legales a dichas actuaciones.
102. En conclusión, la Sala advierte que, no le asiste razón jurídica al apelante, por cuanto:
(i) el único condicionamiento legal que otorga validez a la denuncia de la convención
colectiva es que, se haya presentado dentro de los 60 días anteriores a la fecha de la
expiración pactada o presuntiva; (ii) no existe plazo legal alguno para la presentación del
pliego de condiciones ante el empleador, cuando existe convención colectiva anterior;
(iii) Para que se suscite el conflicto colectivo de trabajo, no es necesario que se
presenten, al mismo tiempo, la denuncia de la convención vigente y el pliego de
condiciones; y (iv) la inexistencia de un plazo legal para presentar un pliego de
condiciones, después de haberse denunciado una convención colectiva de trabajo, no
genera incertidumbre jurídica para Avianca, porque conforme al artículo 479 del CST, la
convención denunciada (con la que se encuentra conforme, pues no ejerció su derecho
de denuncia) seguirá vigente con plenos efectos, hasta que sea firmada una nueva o
proferido un laudo arbitral que desate el conflicto colectivo.
103. En consecuencia, comoquiera que los argumentos contenidos en el recurso de
apelación no concurren en mérito para revocar o modificar la sentencia impugnada, esta
será confirmada en su integridad, tal como será dispuesto ut infra.
2.5. Sobre la condena en costas
104. No habrá lugar a condena en costas por no reunirse los presupuestos exigidos en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del Código
General del Proceso.
20
Número Interno: 4825-2023
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Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad, la sentencia de Nueve (9) de Febrero de Dos
Mil Veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
SEGUNDO. Sin condena en costas, en esta instancia.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En
consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
21
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