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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03824-02

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03824-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda – Subsección “C”, por lo expuesto en la parte motiva. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-03824-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ

Bogotá, D.C, catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25-000-23-42-000-2015-03824-01 (2719-2023)
Demandante: Reinaldo Camacho Castellanos
Demandado: Universidad de Cundinamarca

Temas: Insubsistencia / Libre nombramiento y remoción.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
proferida el 8 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “C”, que negó las pretensiones y se abstuvo de
imponer costas.

ANTECEDENTES

El señor Reinaldo Camacho Castellanos, instauró demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 006 del 19 de enero de 2015 por medio
de la cual se declaró tácitamente la insubsistencia de su nombramiento en el cargo de
Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad de Cundinamarca.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro al cargo que
venía desempeñando o a otro de la misma o superior jerarquía; se declare que para
todos los efectos legales no ha existido solución de continuidad; se condene a
reconocer y pagar todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde
la fecha del retiro con los respectivos aumentos legales y en suma ajustada conforme
al IPC, así mismo, la indemnización monetaria establecida en el artículo 195 del
CPACA; se disponga dar cumplimiento al fallo en el término previsto en el artículo 192
ibidem, esto es, con inclusión de los intereses moratorios. Y, finalmente, se impongan
costas procesales.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Adolfo Miguel Polo Solano fue designado como rector de la Universidad
de Cundinamarca por el periodo comprendido entre el 23 de noviembre de 2011 y el
22 de noviembre de 2015, conforme Resolución No. 003 del 26 de octubre de 2011.
Que, como consecuencia de un proceso disciplinario, fue suspendido en el ejercicio
de su cargo por el término de 12 meses, equivalente al periodo que le quedada como
rector.

1
Demanda subsanada (Archivo Digital 17)

Rad. 25-000-23-42-000-2015-03824-01 (2719-2023)

Que, mediante Resolución No. 183 del 5 de diciembre de 2014, se encargó como rector
al señor Adriano Muñoz Barrera -Secretario General-, quien tomó posesión del cargo
el 6 de enero de 2015.

Que, el 14 de enero de 2015, el rector sancionado remitió una carta a los empleados
de la universidad invitando al trabajo en equipo, con solidaridad y sin divisiones y,
orientado a la continuidad del proyecto de desarrollo de la misma; sin embargo, el
rector posesionado desconoció el mismo y, pese a los logros alcanzados por todos,
emprendió una masacre laboral, declarando la insubsistencia tácita del equipo
directivo, entre ellos, al actor, sin justificaciones, ni razones del buen servicio.

Que, la vinculación del demandante con la universidad inició como docente y, en
Resolución No. 002 del 14 de enero de 2010 fue nombrado Tesorero General, Código
3010, Grado 21, cargo de libre nombramiento y remoción.

Que, en Resolución No. 170 del 10 de noviembre de 2011 se le adscribieron funciones
de Vicerrector Financiero y, posteriormente, en Resolución No. 067 del 3 de mayo de
2012 fue nombrado en el cargo de Vicerrector Administrativo y Financiero, Código 060,
Grado 13 y, finalmente, en Resolución No. 183 del 5 de diciembre de 2014 fue elegido
Secretario General.

Que, lo anterior, demuestra el grado de confianza y el buen desempeño en sus
funciones.

Que, en Resolución No. 006 del 19 de enero de 2015, se nombró al señor Fabio Alonso
Rodríguez Gil en el cargo que venía siendo ocupado por él, acto administrativo que se
considera alejado del buen servicio y que obedeció a fines personales. Decisión que
fue comunicada en Oficio de esa misma fecha.

Que la decisión de retiro no estuvo precedida de una motivación y desconoció el estado
de debilidad manifiesta y de indefensión en que se encontraba por el deterioro de su
estado de salud que le había determinado una condición de discapacidad permanente
de lo cual tenía pleno conocimiento el ente universitario. Además, se pasó por alto
que cumplía con los requisitos para obtener la pensión de jubilación, lo que hacía
imposible dejarlo sin empleo mientras se producía el reconocimiento y comenzaba a
percibir su pensión.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

Se indicaron como vulnerados por el acto administrativo demandado los artículos 2,
13, 25, 29, 53 y 83 de la Constitución Política; 3, 138 y 161.1 del CPACA; 26 del
Decreto 2400 de 1968, 35 de la Ley 1395 de 2010 y 22 de la Ley 640 de 2001.

En el concepto de la violación se adujo que el acto administrativo objeto de nulidad
infringe la ley pues fue expedido en forma irregular, con desconocimiento del debido
proceso y del derecho de defensa; además, adolece de falta de motivación, desviación
de poder y abuso del derecho.

2

Rad. 25-000-23-42-000-2015-03824-01 (2719-2023)

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

En Auto del 27 de febrero de 2017, el Tribunal admitió la demanda y la Universidad
de Cundinamarca precisó que el demandante ya se encuentra disfrutando de su
pensión y, que la persona que lo remplazó en su cargo cumplía con unos requisitos
sobresalientes para ello.

Que debe declararse probada la excepción de caducidad, porque se trata de un asunto
electoral cuya oportunidad para ejercer el medio de control es de 30 días siguientes al
acto de nombramiento y que, si se aceptara la procedencia de la Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, la resolución impugnada es del 19 de enero de 2015 y,
la demanda se presentó el 30 de julio de ese mismo año.

Que, al margen de lo dicho, es improcedente el reintegro pedido en la medida que el
cargo que era ocupado por el actor, era de libre nombramiento y remoción; a lo cual
se suma, que no era beneficiario del denominado reten social.

El 12 de abril de 2018 inició la audiencia inicial, la cual tuvo continuidad el 4 de marzo
de 2021 y, el 8 de abril de ese año, se realizó la audiencia de pruebas. En auto del 5
de septiembre de 2022, se incorporaron las pruebas y se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

En sentencia proferida el 8 de febrero de 2023 2, el Tribunal Administrativo
Cundinamarca – Sección Segunda – Sub sección “C” negó las pretensiones por que
encontró probado que el demandante ejercía un cargo de libre nombramiento y
remoción y que, en razón de ello, el acto de su insubsistencia no debía ser motivado.

Que aquel se presume expedido en razón del buen servicio y la eficacia de la
administración pública y, en uso de la facultad discrecional del nominador que no
constituye por sí sola una desviación de poder. Y, que la parte demandante no
desvirtuó tal presunción puesto que no aportó pruebas que acreditaran que la razón
del retiro del cargo fuera diferente a la señalada.

Que el actor no acreditó la calidad de pre pensionado, por el contrario, en el expediente
reposa certificación que hace constar que es pensionado por vejez desde el 22 de
mayo de 2019 y que para el año 2021 recibió su primera mesada.

Que en lo que respecta a la estabilidad laboral reforzada por cuestiones de salud, para
la fecha en la que fue retirado del servicio, no se encontraba incapacitado, ni tampoco
había adelantado trámites para el reconocimiento de pensión por invalidez; ni existía
calificación de pérdida de capacidad laboral.

Que no es procedente la imposición de costas porque no se acreditó una conducta
temeraria, ni de mala fe de parte del extremo vencido.

2
Notificada el 10 de febrero de 2023.
3

Rad. 25-000-23-42-000-2015-03824-01 (2719-2023)

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante 3 interpuso recurso de apelación expresando que el acto
acusado se encuentra viciado por desviación de poder, porque se desconoció el
principio de razonabilidad al no tener presente su estado de salud para el momento
del su retiro. Que no se tuvo en cuenta que conforme la inversión de la carga de la
prueba era a la administración a la que le correspondía acreditar las razones del buen
servicio como fundamento de la declaratoria de insubsistencia. Que se desatendieron
las calidades y experiencias del funcionario declarado insubsistente; así como los
logros administrativos y académicos que el ente universitario había alcanzado gracias
al buen desempeño de sus empleados y que, el servicio se vio desmejorado con la
llegada de funcionarios sin experiencia y créditos académicos sobresalientes “hasta el
punto de generar la modificación abrupta de las políticas y programas administrativos
dispuestos por la administración del rector suspendido”.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

En auto del 10 de julio de 2023 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

La parte demandada 4 se pronunció frente al recurso de apelación indicando que se
ha pasado por alto una parte importante y es que el demandante fue objeto de
investigación sancionatoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional lo que
determinó que no pudiera seguir vinculado a la universidad. Además, insistió en que
el cargo era de libre nombramiento y remoción, que tenía además la calidad de
pensionado cuando interpuso la demanda, que no se desvirtuó la presunción de
legalidad del acto demandado y que no era sujeto de protección especial. Así mismo,
reiteró la prosperidad de la excepción de caducidad.

La parte demandante guardó silencio y el agente del ministerio público no emitió
concepto de fondo.

CONSIDERACIONES

Cuestión Previa:

En el asunto, se pretende la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 006 del 19
de enero de 2015 por medio de la cual se declaró tácitamente la insubsistencia del
nombramiento del demandante en el cargo de Vicerrector Administrativo y Financiero
de la Universidad de Cundinamarca.

De cara a lo anterior, advierte la Sala que, en efecto, la decisión de retiro del servicio
del actor está contenida implícita o tácitamente en el acto de nombramiento de la
persona que la remplazó en el empleo por él ocupado; acto administrativo respecto del
cual se solicitó la nulidad, cumpliendo con el presupuesto procesal de demanda en
forma y, los demás requisitos contemplados en los artículos 138, 162.2 y 163 del
CPACA.

3
En escrito recibido el 24 de febrero de 2023. Recurso concedido en auto del 27 de marzo de 2023.
4
Luego de la notificación del auto que admitió la alzada.
4

Rad. 25-000-23-42-000-2015-03824-01 (2719-2023)

Fondo del Asunto:

Aclarado lo anterior, en inicio se precisa que ningún análisis se efectuará respecto de
la naturaleza de libre nombramiento y remoción del cargo ocupado por el demandante,
a saber, Vicerrector Administrativo y Financiero, Código 060, Grado 13 de la
Universidad de Cundinamarca, toda vez que ningún reproche se efectuó al respecto.

Por la misma razón, tampoco se hará referencia a la motivación de los actos de retiro
proferidos en uso de la facultad discrecional del nominador; ni se verificará la calidad
de prepensionado y/o pensionado del actor.

El problema jurídico se contrae, entonces, en determinar si el acto que declaró
tácitamente insubsistente el nombramiento efectuado a favor del demandante se
encuentra viciado por desviación de poder, atendiendo las razones de inconformidad
esbozadas en el escrito de alzada.

De la Desviación de Poder:

Se ha considerado “que este vicio está referido a la «…la intención con la cual la autoridad
toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un
propósito particular, personal o arbitrario». En otras palabras, incurre en desviación de poder
cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en aras del buen servicio público y de la
buena marcha de la administración, sino por móviles arbitrarios, caprichosos, egoístas,
injustos u ocultos” 5

Dicho de otra manera, la existencia de un vicio de poder se desprende de la
convicción, de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición
del acto administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos,
cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los
casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar
suficientemente su configuración.

Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido lo siguiente: «[…] demostrar la causal
de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de
quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma. […]»6

De lo cual se concluye que en los casos donde se predica la desviación del poder, la
carga de la prueba recae por regla general en la parte demandante como lo prevé el
Artículo 167 del Código General del Proceso y como también lo hacía el 177 del
Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, para destruir la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos de
hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, “afirmación que, atendiendo
a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene dada por la regla contenida
en el Código General del Proceso7 de que «incumbe a las partes, probar los supuestos de

5
Radicado No. 13001-23-31-000-2007-00052-01 (0105-12).
6
Radicado No. 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
7
Artículo 167 del CGP.
5

Rad. 25-000-23-42-000-2015-03824-01 (2719-2023)

hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”8

En Sentencia del 28 de enero de 2021 9, sobre la figura en cita en lo que respecta a la
facultad discrecional de los nominadores, sostuvo la Corporación: “Por lo tanto, esta
figura ha sido aceptada como una de las técnicas de control del ejercicio de facultades
administrativas discrecionales, pues se ha entendido que la atribución de ciertos márgenes
de libertad decisoria a la administración no significa en modo alguno que esta se encuentre
habilitada para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y legalmente
contestó la norma”.

Resolución al caso concreto

Atendiendo a lo acreditado en el expediente 10, la Sala se referirá a cada uno de los
argumentos vertidos en el recurso de alzada como fundamentos de la causal de
desviación de poder alegada, en el orden en que fueron propuestos, así:

I) Se desconoció el principio de razonabilidad al no tener presente el estado de salud
del demandante para el momento de su retiro del servicio.

De una parte, tenemos que la Corte Constitucional 11, reconoce “que la interpretación
legal o judicial tiene como limite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos
resultados”, por tanto, “los frutos el ejercicio hermenéutico deben ser razonables”.

En Sentencia C-530 de 1993, dicha Corporación sobre el concepto de razonabilidad,
expresó: “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la
justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción
o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

En otras palabras, se trata de garantizar que, en cada caso, la interpretación de las
disposiciones jurídicas se lleve a cabo acudiendo a un criterio finalista, que tome en
cuenta las metas y objetivos establecidos en la Carta, de acuerdo con los criterios “pro-
libertatis” y “pro-homine”, derivados de la filosofía humanista que inspira el
constitucionalismo colombiano 12.

De otra parte, esa misma Corporación 13 en sendas providencias proferidas en
acciones de Tutela ha considerado que las personas que se encuentran en un estado
de debilidad manifiesta por sus condiciones de salud son objeto de protección a través
de lo que se ha denominado estabilidad laboral -y/o ocupacional- reforzada; casos en
los cuales debe acreditarse i) la existencia de una afectación de salud que impida o
dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus funciones; ii) que
dicha condición sea conocida por los empleados antes del retiro del servicio y, iii) que
no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro
que la misma tiene origen en una discriminación.

En suma, sostuvo: “por expreso mandato constitucional y, en especial, siguiendo los
principios de igualdad y solidaridad, las personas en condición de debilidad manifiesta tienen
derecho a permanecer en sus trabajos, sin importar el tipo de relación laboral que tengan, a
no ser que se demuestre que su despido no obedeció a un trato discriminatorio basado en su

8
Ídem (27)
9
Radicado No. 08001-23-33-000-2013-00801-01(3437-16)
10
Ver anexos de la demanda y su subsanación y, de la contestación.
11
Sentencia C-301/93.
12
Sentencia C-1026/01
13
Verbigracia Sentencia C-386/20.
6

Rad. 25-000-23-42-000-2015-03824-01 (2719-2023)

condición”.

El Consejo de Estado 14, sobre el tema, igualmente, ha indicado que “La estabilidad
laboral reforzada de personas que están en situación de debilidad manifiesta por razones de
salud persigue que estas no sean despedidas por el solo hecho de tener una afectación física
o mental. De ser ese el motivo de desvinculación el empleador incurriría en un acto
discriminatorio contra el trabajador”.

Descendiendo al caso concreto, se probó que el demandante tenía un padecimiento
de salud que lo llevó a someterse a distintos exámenes médicos.

Que entre los hallazgos se relaciona un pólipo de cuerdas vocales y de laringe por lo
que fue intervenido quirúrgicamente con extracción de muestra para biopsia
diagnosticándosele -3 de julio de 2013- “carcinoma escamocelular infiltrante. Grado
histológico: Moderadamente diferenciado. Componente tumoral in situ: Presente”. Al
respecto, en la historia clínica de la Fundación Cardioinfantil se lee: “Tumor maligno en
la laringe, parte no especificada”, siendo sometido a cirugía el 26 de julio de 2013, con
consecuente incapacidad de 30 días.

Que, con anterioridad y posterioridad a ello, al actor le fueron concedidas otras
incapacidades y fue sometido a otros exámenes clínicos y paraclínicos, al menos hasta
el 9 de diciembre de 2014, fecha límite que se registra en la historia clínica.

Que en Resolución No, 006 del 19 de enero de 2015, tácitamente, fue declarado
insubsistente su nombramiento.

Que el 8 de marzo de 2015, solicitó a la Universidad de Cundinamarca la revisión de
la Resolución No. 006 del 19 de enero de 2015 “por presunta violación del: Derecho a la
estabilidad laboral”; escrito en el cual narró su estado de salud.

Que el 5 de mayo de 2015, interpuso una querella ante el Ministerio del Trabajo y la
Seguridad Social – Dirección Regional por presunta violación de derechos laborales y
de seguridad social y para la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada,
alegando la condición de ser “una persona limitada” y “estoy próximo a pensionarme”.

Para la Sala no hay dudas que al actor le fue diagnosticada una enfermedad
catastrófica que lo llevó a recibir tratamiento médico, sin embargo, no se demostró que
ésta le impedía o dificultaba sustancialmente el desempeño de sus funciones, puesto
que de ello no hay prueba en el expediente; más aún, si se tiene en cuenta que se
mantuvo en el ejercicio de su empleo hasta el día en que fue declarado insubsistente
su nombramiento.

Tampoco se probó que la razón de la declaratoria de insubsistencia de su
nombramiento tuviere su origen en una discriminación derivada de su condición de
salud, puesto que, lo acreditado es que fue producto de la potestad discrecional de su
nominador por tratarse de un empleo de libre nombramiento y remoción; facultad que
no da al traste con ningún principio o derecho fundamental. Ello, más aún si se tiene
en cuenta que el diagnóstico del actor fue revelado en el año 2013 y el retiro del
servicio se produjo en el año 2015 -Resolución No. 006 del 19 de enero de 2015-, en
razón de un cambio de rector de la Universidad demandada, quien consideró que era

14
Acción de Tutela. Radicación 70001-23-33-000-2022-00026-01
7

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necesario su desvinculación en virtud del mejoramiento del servicio.

Además de lo expuesto, como fue sostenido por el Tribunal para la fecha en que se
produjo el retiro del servicio el actor no se encontraba incapacitado, ni adelantando un
trámite para el reconocimiento de la pensión de invalidez y tampoco había sido objeto
de calificación de pérdida de capacidad laboral que permitiera determinar que era una
persona en condición especial de discapacidad.

Atendiendo todo lo dicho, para la sala no se desconoció el principio de razonabilidad
en la medida que la decisión se acompasa con las pruebas que reposan en el
expediente y con el desarrollo de jurisprudencial sobre la materia, por lo que no es de
recibo la inconformidad puesta de presente.

II) No se tuvo en cuenta que conforme la inversión de la carga de la prueba era a la
administración a la que le correspondía acreditar las razones del buen servicio como
fundamento de la declaratoria de insubsistencia:

Al respecto debe decirse que no reposa prueba en el expediente que permita concluir
que el motivo que conllevó a la toma de la decisión de retirar del servicio al actor
hubiere sido distinto al mejoramiento del servicio, presunción legal susceptible de ser
desvirtuada en sede jurisdiccional y con el único objetivo de demostrar que el motivo
determinante para la desvinculación, fueron razones diferentes.

Copiosa ha sido la jurisprudencia 15 de esta Corporación respecto a la presunción de
legalidad que cobija a los actos administrativos, cuando son proferidos en ejercicio de
la potestad discrecional, se presume que la decisión ha sido adoptada en beneficio del
interés general.

Y era en la parte actora que recaía la obligación de aportar las pruebas que llevaran a
la certeza de que los fines que tuvo la administración al despojarla de su cargo fueron
ajenos al buen servicio público (carga procesal) y, si no lo hace, como sucedió en este
caso, debe soportar la consecuencia de su desidia.

Ahora, se alega en forma insistente que de manera asombrosa el rector encargado a
escasos días de su nombramiento retiró del servicio a los funcionarios de cargos
administrativos de la Universidad de Cundinamarca, sin embargo, ello por sí sólo no
puede tomarse como prueba para tener por acreditado que fue una razón oculta la que
conllevó a la toma de decisión de declarar insubsistentes sus nombramientos, habida
consideración que ello era posible en uso de la potestad discrecional que puede
ejercerse frente a los cargos de libre nombramiento y remoción como lo era el ocupado
por el demandante. Y, como viene dicho, no existe ninguna prueba que acredite lo
contrario, esto es, que se tratara de una “masacre laboral” o que primaran los intereses
del rector por encima de los de la universidad, como la señala la parte activa, sin
probarlo.

En tal sentido no es de recibo el argumento formulado por el extremo demandante.

III) Se desatendieron las calidades y experiencias del funcionario declarado

15
Sentencias del 24 de septiembre de 1998 Rad. 14316; 17 de noviembre de 2001 Rad. 0779-11; 3 de agosto de 2006 Rad.
0589-05; 17 de abril de 2008 Rad. 8982-2005; 12 de octubre de 2011 Rad. 0451-11; 11 de mayo de 2023 Rad. 1420-2021, entre
otras.
8

Rad. 25-000-23-42-000-2015-03824-01 (2719-2023)

insubsistente; así como los logros administrativos y académicos que el ente
universitario había alcanzado gracias al buen desempeño de sus empleados:

En este punto, recuerda la Sala que la idoneidad y eficacia en la prestación del servicio
no se pueden considerar como argumentos contundentes que permitan desvirtuar la
facultad discrecional conferida al nominador para la libre remoción. Lo anterior porque,
es obligación de todo servidor público prestar sus servicios en forma óptima y eficiente,
en la medida que ayuda a la consecución de los fines esenciales del Estado; por tanto,
la buena conducta del actor en el ejercicio de su cargo no garantiza su estabilidad,
sino que se constituye en el presupuesto natural del ejercicio del cargo 16.

En otras palabras, el buen desempeño en el empleo no enerva la facultad discrecional
del nominador para declarar su insubsistencia tratándose de un cargo de libre
nombramiento y remoción; además que con posterioridad a su retiro no se probó
ninguna circunstancia negativa que hubiese afectado el servicio público a cargo de la
dependencia donde laboraba.

Por tanto, no se acoge el argumento expuesto.

IV) El servicio se vio desmejorado con la llegada de funcionarios sin experiencia y
créditos académicos sobresalientes “hasta el punto de generar la modificación abrupta
de las políticas y programas administrativos dispuestos por la administración del rector
suspendido”.

La Corporación ha indicado que la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador la plena convicción de que la intención de quien profirió el acto, se alejó de la
finalidad del buen servicio, es decir, se usó con fines distintos a los previstos por la
norma.

Así, se ha sostenido que la prueba de esta causal “ha de encontrarse en circunstancias
anteriores a la determinación que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente la
intención del funcionario que expide el acto, que es previa a la toma de la decisión”17.

En el caso que nos ocupa, la desvinculación del servicio del actor es concomitante con
el nombramiento de la persona que lo remplazó y no reposan pruebas que acrediten
que éste no contaba con la experiencia y créditos académicos para ocupar el cargo;
así como tampoco de que con posterioridad a la salida del demandante se hubiera
modificado de forma abrupta las políticas y programas de la universidad propuestos
por el rector suspendido y, muchos menos de que, en caso de que ello hubiera
sucedido, tales cambios hubieren afectado de manera negativa el funcionamiento del
ente académico.

En tal sentido, lo afirmado corre la misma suerte que los anteriores.

En suma, el acto demandado se expidió en ejercicio de la potestad discrecional esto
es, en ejercicio de la facultad de libre remoción y, en beneficio del servicio público a
cargo de la entidad, circunstancia que conlleva a que los cargos de nulidad señalados

16
Sentencia del 16 de febrero de 2017. Radicado No. 500012333000201300063 01 (3165-2014).
17
Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de 23 de febrero de 2011, radicado interno No. 0734-
10, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
9

Rad. 25-000-23-42-000-2015-03824-01 (2719-2023)

en la demanda y en la apelación, no tenga vocación de prosperidad, razón suficiente
para CONFIRMAR la sentencia apelada.

De la Condena en Costas.

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala fe, no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite
que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en las
actuaciones surtidas en el trámite procesal por el extremo demandante, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la imposición de
condena en costas, por lo que se abstendrá la Sala de ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda – Subsección “C”, por lo expuesto
en la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
10

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