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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03921-01

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03921-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. – Revocar la sentencia proferida el 4 de julio de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las 29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez, auto de 21 de abril de 2016, radicado: 47001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014). 22 Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018) Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Guillermo Martinezguerra Zambrano contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone: Segundo. – Declarar probada de oficio la excepción de actos administrativos no susceptibles de control jurisdiccional, en razón a que las decisiones demandadas no corresponden a actos administrativos definitivos, conforme se explicó en precedencia. Tercero. – Sin condena en costas en segunda instancia. Cuarto. – Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-03921-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

10 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -
FONPRECON

Temas: Ajuste mesada pensional- Ejecución Sentencia C-258 de 2013

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 4 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Guillermo Martinezguerra Zambrano formuló
demanda, en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones i) 021 de 16 de
abril de 2015 expedida por FONPRECON mediante la cual a) se dejó sin efectos la
Resolución N.º 0726 de 2014; b) se dio cumplimiento a la providencia emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de enero de 2015 (que accedió a la

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

solicitud de desacato contra el director de la referida entidad por incumplimiento
parcial de la sentencia proferida por el Consejo de Estado 16 de julio de 2014; y c)
se adoptaron medidas tendientes al cumplimiento de la Sentencia C-258 de 2013
en el caso particular del señor Martinezguerra Zambrano; y ii) 0422 de 9 de julio de
2015, emitida la entidad demandada a través de la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra el primer acto administrativo, en el sentido de
confirmar su contenido.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar la pensión de jubilación en
los términos y cuantías equivalente a lo devengado con anterioridad al mes de julio
de 2013; ii) condenar a FONPRECON a pagar las sumas que mensualmente se han
descontado de la mesada pensional desde julio de 2013, fecha en la que se modificó
la prestación; y iii) ordenar a FONPRECON esperar el resultado final del debido
proceso que aquí se adelante con este medio de nulidad y restablecimiento del
derecho, para decidir sobre la aplicación definitiva de la Sentencia C-258 de 2013.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el demandante, a nombre propio, señaló los siguientes:

i) El 12 de julio de 2013, a través de la Resolución 0443 el director general de
FONPRECON, adoptó las medidas tendientes al cumplimiento de la Sentencia C-258

de 2013, ordenando:

[…] Comunicar a todos y cada uno de los pensionados del Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República cuya mesada pensional supere los 25 smmlv, que a
partir del 1 de julio de 2013 su mesada pensional será ajustada al tope de 25 smmlv
conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013.

ii) El 16 de julio de 2014, el Consejo de Estado profirió sentencia en el marco de la
acción de tutela radicada por el señor Martinezguerra Zambrano contra FONPRECON,
a través de la cual amparó el derecho al debido proceso invocado y ordenó a la
referida entidad garantizarlo en las actuaciones que debía adelantar para dar
cumplimiento a las decisiones contenidas en la Sentencia C-258 de 2013.

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Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

iii) El 30 de septiembre de 2014, FONPRECON emitió la Resolución N.º 0726.

iv) El 28 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto
mediante el cual accedió a la solicitud de desacato formulada por el señor
Martinezguerra Zambrano contra la hoy demandada.

v) El 29 de enero de 2015, FONPRECON expidió la Resolución N.º 0051 a partir de la
cual resolvió dejar sin efectos la Resolución N.º 0726 de 2014 y dar inicio a una
actuación administrativa tendiente a la aplicación de la Sentencia C-258 de 2013 y
en consecuencia, informar al pensionado sobre la existencia de aquella actuación.

vi) El 16 de abril de 2015, la entidad demandada profirió la Resolución N.º 0201,
reproduciendo, en gran parte, el contenido de la Resolución N.º 0726 de 2014.
Igualmente, negó el pago de la pensión de jubilación en la cuantía percibida con
anterioridad al mes de julio de 2013.

vii) El 9 de julio de 2015, la entidad demandada emitió la Resolución N.º 0422,
notificada el 30 del mismo mes y año.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 29, 238 de la Constitución Política.

Al desarrollar el concepto de violación, el demandante expuso los siguientes
argumentos:

i) La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-258 de 2013, estudió
exclusivamente la constitucionalidad de la Ley 4ª de 1992, que regula el derecho
pensional de los congresistas, magistrados de altas cortes y demás funcionarios
homologados a dichos cargos. A su vez, se indicó expresamente que ese
pronunciamiento no podía extenderse a otros regímenes especiales; esta sentencia
fue ejecutada por la entidad demandada a través de la Resolución N.º 0443 de 2013.

ii) FONPRECON aplicó erradamente la Sentencia C-258 de 2013 de la Corte
Constitucional, razón por la cual se acudió, en sede de tutela, al Consejo de Estado

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Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

con el fin de que se amparara el derecho al debido proceso para al ajuste del monto
de sus mesadas pensionales al tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, en aplicación de lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-258 de 2013.

Luego de un fallo favorable emitido el 18 de julio de 2014, y ante la negativa a su
cumplimiento por parte de FONPRECON, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió auto mediante el cual accedió a la solicitud de desacato formulada por el
señor Martinezguerra Zambrano contra la referida entidad. Pese a que aquella
autoridad judicial no accedió a la petición de restituir la pensión de jubilación en los
montos anteriores a la aplicación de la Sentencia C-258 de 2013, esto no significa
que no deba hacerse en esta instancia.

iii) En este orden de ideas, los actos acusados fueron expedidos de manera irregular
porque la entidad demandada debió esperar a que se emitiera una sentencia en
esta instancia para poder así aplicar la Sentencia C-258 de 2013, no antes.

1.2. Contestación de la demanda

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –FONPRECON– por
intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las
razones que se expresan a continuación:1

i) El proceso contencioso administrativo no puede convertirse en un apéndice del
proceso de tutela y no tiene sentido plantear la misma discusión que se resolvió en
este último. Así mismo, el fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado el 16 de
julio de 2014, bajo ninguna circunstancia implicaba que al demandante no le fuera
aplicable la Sentencia C-258 de 2013, porque esta corporación señaló que «[…] con

1 Folios 294 al 310 del cuaderno principal

4

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Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

lo anterior se aclara, de ninguna manera se está indicando que la entidad no deba
dar cumplimiento frente a la situación del accionante a la sentencia C-258 de 2013,
simplemente se destaca que aún actuando en virtud de lo ordenado por la Corte
Constitucional, debe garantizarle al demandante el derecho el derecho (sic) al
debido proceso.»2

ii) En virtud de lo decidido por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-258 de
2013, el ajuste de las mesadas a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes
no puede ser considerado como revocatoria o reliquidación del monto de la pensión
de jubilación, sino como un ajuste que procedía de forma automática, conforme lo
ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias T-392 y T-615 de 2015.

iii) El juez de lo contencioso administrativo no tiene competencia legal para
determinar o interpretar la voluntad del constituyente derivado del año 2005, labor
exclusivamente asignada a la Corte Constitucional y ejercida en la Sentencia C-258
de 2013, por lo cual en el presente asunto debe otorgarse aplicación preferente a
los razonamientos que en casos análogos ha efectuado la propia corte.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia proferida el 4 de julio de 2018, negó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:3

i) Conforme lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013
las pensiones reconocidas en virtud del régimen del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992
no podrán superar el límite de los 25 SMLMV, en armonía con el Acto Legislativo 01
de 2005, según el cual a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse
pensiones superiores a dicho tope con cargo a recursos de naturaleza pública.

Para implementar los límites constitucionales fijados en el Acto Legislativo 01 de
2005, la Corte Constitucional estableció, entre otras cosas, que como efecto

2 Folio 296 del cuaderno principal
3 Folios 385 al 394 del cuaderno principal

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Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

inmediato de la sentencia, a partir del 1.º de julio de 2013 y sin necesidad de
reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza
pública, podrá superar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Por ello, todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas
automáticamente a dicho monto por la autoridad administrativa.

ii) La Corte Constitucional ha señalado que todas las mesadas pensionales están
sujetas a límite máximo, independientemente de la fecha de la causación de la
prestación, por cuanto desde la Ley 4 de 1976, el legislador ha sometido a topes el
valor que una persona puede recibir por razón de pensión.

iii) Comoquiera que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
mediante fallo de tutela de 16 de julio de 2014 no ordenó el restablecimiento del
monto de la mesada ni el pago de valores dejados de cancelar, es claro que el
amparo otorgado al señor Martinezguerra solo se limitó a la protección al debido
proceso, sin que se impusiera obligación diferente a la de garantizar ese derecho.

De ahí que los actos censurados dan cumplimiento al fallo de tutela en mención, sin
desconocer los lineamientos que en materia pensional estableció la Corte
Constitucional en Sentencia C-258 de 2013, respecto del reajuste automático allí
ordenado.
1.4. El recurso de apelación

El señor Guillermo Martinezguerra Zambrano, por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación4 y lo sustentó así:

i) El a quo desconoció que el ajuste de su mesada pensional conllevó la modificación
de una situación jurídica de carácter particular y concreto, legalmente reconocida
para la época en que se otorgó. Es decir, aplicar retroactivamente interpretaciones
judiciales a situaciones definidas y consolidadas, afecta la esencia del derecho
material reconocido, esto es, su núcleo esencial.

ii) Pese a que la entidad demandada aceptó expresamente y corrigió y/o enmendó

4 Folios 402 al 415 del cuaderno principal

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

la existencia de decisiones administrativas expedidas con violación al debido
proceso, esta aplicó en forma equivocada la Sentencia C-258 de 2013 y por ello
desconoció lo señalado por el Consejo de Estado en su jurisprudencia para su caso
particular, específicamente la sentencia que en sede de tutela profirió amparando
aquel derecho fundamental.

iii) Solo cuando quedó en firme el acto administrativo proferido en julio de 2015,
FONPRECON debió proceder a realizar el ajuste pensional ordenado en la Sentencia

C-258 de 2013. En consecuencia, dicha providencia debe «aplicarse a partir del 1.º
de julio de 2015, día reconocido por el demandado como fecha de culminación del
debido proceso gubernamental».5

iv) Si es que se considera que los actos reprochados son de ejecución, aun dándoles
esa connotación aquellos están decidiendo una situación sustancial en una
actuación administrativa, que vulnera derechos fundamentales, como lo ha
sostenido el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.6

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

El señor Guillermo Martinezguerra Zambrano, por intermedio de apoderado, solicitó
revocar lo decidido en primera instancia, con fundamento en lo expuesto en el
recurso de apelación.7

1.5.2. La entidad demandada

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por intermedio de
apoderado, solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, reiterando los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda.8

5
Folio 414 del cuaderno principal
6 El demandante cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

expedientes 1001-03-15-000-2013-02573-00 y 25000-23-42-000-2013-04912-01.
Corte Suprema de Justicia, sentencia de tutela de 26 de febrero de 2014, radicado N.º STL 2584-
2014 (52439)
7 Folios 435 al 448 del cuaderno principal
8 Folios 433 y 434 del ibidem

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.9

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si, conforme con lo expuesto en el recurso de
apelación, es dable ajustar de manera automática la mesada pensional percibida
por el demandante al monto de 25 SMLMV, a partir del 1.º de julio de 2013, en
cumplimiento de la Sentencia C-258 de 2013, emitida por la Corte Constitucional.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

El artículo 241 de la Constitución Política de 1991 encomendó a la Corte
Constitucional la función de guardar su integridad y supremacía.

Así mismo, el artículo 48 de la Constitución Política dispone que «La Seguridad
Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.».

Por su parte, los artículos 53 y 334 de la Carta Política, establecen:

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la
mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad […]

9 Constancia secretarial Folio 449 del cuaderno principal

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Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

Artículo 334. Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 3 de
2011. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el
uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en
los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir
en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades
y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco
de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera
progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto
público social será prioritario.

[…] La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público,
dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.

Ahora, la mencionada corporación en las Sentencias C-131 de 1996 y C-037 de
1996 analizó el alcance de las sentencias de constitucionalidad y concluyó lo
siguiente:

i) Tienen efectos erga omnes, es decir, para todos y no solo para quienes
comparecen como partes.

ii) Por regla general, son vinculantes para la universalidad de casos futuros.

iii) Hacen tránsito a cosa juzgada explícita e implícita. La primera se predica de la
parte resolutiva de las sentencias y la segunda de aquellos «conceptos de la parte
motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal
forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos».

iv) Los operadores jurídicos están obligados por el efecto de la cosa juzgada
material10 de las sentencias de la Corte Constitucional, por ende, «todas las
autoridades públicas en Colombia, incluidas las autoridades administrativas y
judiciales, deben acatar lo decidido por la Corte en sus fallos de control de
constitucionalidad».11

10 Las sentencias C-543 de 1992 y C-532 de 2013 han precisado que la cosa juzgada es formal

cuando existe una decisión previa de constitucionalidad sobre idéntica norma demandada, mientras
que la material opera cuando el juico de constitucionalidad recae respecto de una disposición que
tiene igual contenido normativo de otra que fue examinada en anterior oportunidad.
11 Sentencia C-539 de 2011, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.

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Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

Posteriormente, la Sentencia C-258 de 2013 analizó la exequibilidad del artículo 17
de la Ley 4ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones para los
congresistas y demás cargos homologados a estos.

En lo que respecta al objeto de controversia en el sub lite, la aludida providencia
precisó que desde la Ley 4ª de 1976 todas las pensiones de los funcionarios
públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida
garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y
materializa los principios de solidaridad, eficiencia, universalidad y sostenibilidad
fiscal.

De manera especial, la alta corporación reivindicó el mandato constitucional
previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005 en tanto dispuso que, a partir del 31 de
julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a los 25 SMLMV.

Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó un componente de subsidio a las
pensiones de las personas de más bajos ingresos, con lo cual se amplió la
cobertura del sistema.

A su vez, la Corte Constitucional refirió que el mencionado mandato buscó
«establecer topes para todas las mesadas pensionales con cargo a recursos de
naturaleza pública, con el propósito de limitar y reducir los subsidios que el Estado
destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en
los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100
de 1993».

Bajo este hilo argumentativo, la Sentencia C-258 de 2013, en su parte motiva,
estableció que, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación,
ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá
superar el tope de los 25 SMLMV, por ende, «todas las mesadas pensionales deberán
ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa».

En cuanto a la materialización de la anterior orden judicial, resulta relevante citar la
Sentencia SU-579 de 2019, en la cual se acumularon diversas acciones de tutela
en las cuales los accionantes sostenían que para aplicar el mencionado límite los

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Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

fondos de pensiones debían surtir previamente una actuación garante del derecho
de audiencia y defensa de los afectados; sin embargo, la Corte Constitucional se
apartó de dicho entendimiento por las siguientes razones:

i) La Sentencia C-258 de 2013 es fundadora de línea en cuanto a la orden impartida
a todas las entidades que administran el régimen pensional financiado con recursos
públicos de reajustar de manera automática las mesadas que superaran los 25
SMLMV. Esta tesis se ha seguido consolidando, entre otras, a través de las
Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015 y SU-210 de 2017.

ii) El ajuste debe operar de manera automática y sin que sea necesario iniciar un
proceso de reliquidación, pues se trata de un mandato constitucional de obligatorio
cumplimiento. En torno a esta conclusión, se destacan los siguientes argumentos
esgrimidos en la Sentencia T-615 de 2015:

En consecuencia, la exigencia de un procedimiento administrativo iniciado por la
entidad para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en el artículo 48 superior y
en la Sentencia C-258 de 2013 resulta desproporcionada y contraria a los fines de la
mencionada providencia, por cuanto ello permitiría que se siguieran reconociendo
pensiones por fuera de los límites constitucionales y legales hasta que finalizaran los
respectivos procedimientos, con lo que se afectarían significativamente los principios
de sostenibilidad financiera, universalidad, solidaridad e igualdad.

No puede perderse de vista que la orden de reajustar automáticamente las pensiones
a partir del 1º de julio de 2013, tuvo la finalidad de imponer un límite a las excesivas
subvenciones que el sistema pensional estaba realizando a favor de poblaciones
privilegiadas. De esta manera, la iniciación de procedimientos por fuera de este límite
temporal deviene en la permanente vulneración de los principios de sostenibilidad
fiscal e igualdad que fueron protegidos por la Corte Constitucional en la mencionada
providencia, después de verificar su recurrente vulneración por parte de las
autoridades administrativas encargadas de realizar el reconocimiento y pago de las
mesadas pensionales.

Por lo tanto, la exigencia de adelantar procedimientos administrativos pondría en
entredicho el principio de supremacía de la Constitución, consagrado en el artículo 4º
de la Carta Política, y por ende, el contenido de la misma. […].

iii) La orden adoptada en la Sentencia C-258 de 2013 también se aplica a las
pensiones reconocidas con anterioridad a su expedición. En ese orden, la Corte
Constitucional fue enfática en señalar que dicho mandato es imperativo y
categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes

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Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

pensionales especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las Altas
Cortes, pues, como lo explicó, el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito
limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las
pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales
especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.

iv) Los actos administrativos mediante los cuales los fondos de pensiones
comunicaron a los pensionados el ajuste de sus prestaciones al monto de 25 SMLMV
tienen el carácter de actos de ejecución de una providencia judicial, «en los cuales
las autoridades administrativas se limitaron a dar cumplimiento a la Sentencia C-
258 de 2013». En tal sentido, se reiteró el siguiente criterio:

Así las cosas, deviene importante aclarar que de conformidad con la línea
jurisprudencial sostenida por el Consejo de Estado, todos aquellos actos
administrativos encaminados a materializar el cumplimiento de una orden judicial no
están sometidos a control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ni a ningún tipo de acción judicial ordinaria, pues de permitirse, se
desconocería el principio de cosa juzgada.

Por tanto, si los jueces contenciosos aceptaran una acción de nulidad en contra de
un acto de ejecución, la determinación a adoptar por parte del operador judicial no
podría ser otra que la repetición de lo que se ordenó en la sentencia judicial que se
acoge. […]

Otro argumento, para inadmitir dicha posibilidad se contrae a la necesidad de evitar
que con tal discurrir se genere la iniciación interminable de acciones judiciales
encaminadas a controvertir los actos de ejecución, lo que contribuiría a la congestión
judicial y socavaría, además del principio de cosa juzgada, el de seguridad jurídica.

Por su parte, esta Corporación mediante sentencia de 10 de septiembre de 2020,
señaló:12
En ese orden, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que dicho mandato es
imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los
regímenes pensionales especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las
Altas Cortes, pues, como lo explicó, el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como
propósito limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las
pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales
especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 10 de septiembre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2017-02362-01(6307-18).
Véase, igualmente en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda,
Subsección B, sentencias de fechas 23 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-01822-
01(0188-19), y 23 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-03684-01(4164-17)

12

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

33. Criterio que acoge esta sala por cuanto está en consonancia con lo previsto por
el Acto Legislativo 01 de 2005, con base en el cual, la sentencia C-258 de 2013, en
su parte resolutiva, previó textualmente que a partir del 1° de julio de 2013 ninguna
pensión reconocida en aplicación del régimen demandado podrá superar los 25
SMMLV.

34. Ahora bien y respecto de la necesidad de adelantar una actuación administrativa
previa al ajuste de la mesada pensional al tope de los 25 SMLMV de los pensionados
en virtud de lo previsto por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 esta subsección ha
señalado lo siguiente13:
«(…) Por otro lado, el argumento planteado por el demandante y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, referido a la
presunta necesidad de adelantar un procedimiento administrativo para realizar el
reajuste de las pensiones, no resulta ajustado a la Constitución ni a la decisión
adoptada en Sentencia C-258 del 2013.

En efecto, si la Corte Constitucional no estableció la necesidad de efectuar un
procedimiento administrativo es porque, precisamente, el reajuste automático de las
mesadas pensionales estaba encaminado a dar cumplimiento a una norma
constitucional, y a evitar que se perpetuara una vulneración de los principios de
sostenibilidad financiera, solidaridad, igualdad y universalidad que deben regir el
sistema de seguridad social, de acuerdo con la reforma contenida en el Acto
Legislativo 01 de 2005.

[…] Ahora bien, la Sala debe aclarar que la iniciación de procedimientos
administrativos de lesividad sí resulta necesaria en aquellos casos en que la autoridad
administrativa observe un posible abuso del derecho, o un fraude a la ley, los cuales
deben ser debidamente probados. En estos casos, la Corte Constitucional
expresamente indicó que era necesario garantizar el debido proceso de los
pensionados en el marco de los procedimientos administrativos adelantados por la
entidad para revocar los actos administrativos proferidos por ésta (…)».

Finalmente, es menester señalar que la entidad demandada expidió la Resolución
N.º 443 de 12 de julio de 2013, mediante la cual acató la Sentencia C-258 de 2013.
Sobre el asunto, la Corte Constitucional en Sentencia T-615 de 2015 dijo que el
mencionado acto es un acto que da cumplimiento a una sentencia judicial, y no es
susceptible de control de legalidad. Dijo la corte lo siguiente:
En consecuencia, se advierte que la Resolución No. 0443 de 12 de julio de 2013, no
constituyó un acto general que arbitrariamente y de manera irrazonable hubiese
modificado la situación jurídica de los accionantes y que hubiera debido expedirse
como un acto administrativo de carácter particular. Por el contrario, éste reúne las
características de un acto de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la
Corte Constitucional, la cual debe ser acatada por todas las autoridades públicas.

13Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda, Subsección B
sentencia de fecha 25 de mayo de 2017 proferida en el proceso 25000234200020140018901 (1183-
2016)

13

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

Sobre el particular, es menester resaltar que la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha señalado que los actos dirigidos a dar cumplimiento a una orden de carácter
judicial, no son susceptibles del control de legalidad ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, ni pueden ser objeto de acciones judiciales, porque ello
implicaría desconocer una decisión judicial con carácter de cosa juzgada. En efecto,
ha indicado el Consejo de Estado que, aún si en gracia de discusión se aceptase la
procedencia de la nulidad sobre un acto administrativo de ejecución, la consecuencia
jurídica de ello sería la repetición de lo ordenado en la sentencia. En este sentido, la
iniciación interminable de acciones judiciales o de recursos en la vía gubernativa
dirigidos a controvertir actos de ejecución, devendría en la inobservancia del principio
de cosa juzgada, e impediría la resolución efectiva de los conflictos suscitados en el
marco de las distintas jurisdicciones.

Esta Corporación mediante sentencia de 8 de junio de 201714 negó las pretensiones
de una demanda encaminada a obtener la nulidad de la Resolución N.º 443 de
2013, al considerar que «la Resolución 0443 de 12 de julio del 2013, no constituyó
un acto general que arbitrariamente y de manera irrazonable hubiese modificado la
situación jurídica del demandante y que hubiera debido expedirse como un acto
administrativo de carácter particular. Por el contrario, éste reúne las características
de un acto de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la Corte
Constitucional, la cual debía ser acatada por todas las autoridades públicas.».

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

El 23 de diciembre de 1997, por Resolución 111315 FONPRECON reconoció al señor
Guillermo Martinezguerra Zambrano una pensión de jubilación en cuantía de
$6.566.937.49, siempre y cuando se acreditara el retiro definitivo del servicio;
igualmente, precisó que la prestación se regía por la Ley 4ª de 1992 y los Decretos
1359 de 1993, 692, 1293 y 1755 de 1994. Así mismo, se señaló que aquella sería
asumida por las siguientes entidades: i) Ministerio de Defensa; y ii) FONPRECON.

14 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B,
sentencia de 8 de junio de 2017, radicado 250002342000201400188 01 (1924-2015)
15 Folios 127 al 133 del cuaderno de antecedentes administrativos. Dicha prestación fue objeto de

reliquidación a través de las Resoluciones 616 de 21 de agosto de 1998 y 0239 de 25 de marzo de
2009. Folios 223 al 227 y 297 al 299 ibidem

14

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

El 6 de septiembre de 2013, como consecuencia de una acción de tutela interpuesta
por el señor Martinezguerra Zambrano contra FONPRECON, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, profirió sentencia dentro del
radicado N.º 2013-4912.

Para tal efecto, resolvió declarar improcedente la acción de tutela bajo estudio
porque el accionante pretendía que se ordenara a FONPRECON abstenerse de ajustar
sus mesadas pensionales al monto de 25 SMLMV, y dejar sin efectos la Sentencia C-
258 de 2013, emitida por la Corte Constitucional.16

El 16 de julio de 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, confirmó parcialmente la sentencia emitida el 6 de
septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.17 En aquella
oportunidad se señaló que «de ninguna manera se está indicando que la entidad
no deba dar cumplimiento frente a la situación del accionante, a la sentencia
C-258 de 2013, simplemente se destaca que aún cuando en virtud de lo
ordenado por la Corte Constitucional, debe garantizarle el derecho al debido
proceso». (Resaltado original del texto).

Finalmente, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

[…] REVÓCASE PARCIALMENTE la citada sentencia de 6 de septiembre de 2013,
en relación con las pretensiones del actor frente al Fondo de Previsión Social, para
en su lugar.

AMPÁRESE el derecho al debido proceso del actor vulnerado por el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, en consecuencia,

ORDÉNASE al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, que, de
conformidad con las consideraciones plasmadas en el presente proveído, garantice
el derecho al debido proceso administrativo del tutelante respecto de las actuaciones
que debe adelantar para dar cumplimiento a las decisiones contenidas en la sentencia
C-258 de 2013 proferida por la Corte Constitucional.

16 Folios 399 al 407 del cuaderno de antecedentes administrativos
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia de tutela de 16 de julio de 2014, radicado N.º25000-23-42-000-2013-04912-01,folios 413
al 437 del cuaderno de antecedentes administrativos

15

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

El 30 de septiembre de 2014, FONPRECON profirió la Resolución N.º 072618 a través
de la cual dio cumplimiento al fallo de tutela citado emitido por el Consejo de Estado.
Determinó que la pensión reconocida al demandante era objeto de aplicación de la
Sentencia C-258 de 2013, por lo que su mesada debía ajustarse al tope de 25
SMLMV a partir del 1º de julio de 2013, y dispuso que el pensionado tenía el derecho
de enjuiciar ese acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como
la posibilidad de interponer los recursos contra aquel en sede administrativa.

El 29 de enero de 2015, FONPRECON emitió la Resolución N.º 005119 mediante la
cual i) dejó sin efectos la Resolución N.º 0726 de 2014; ii) dio cumplimiento a la
providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de enero
de 2015 (que accedió a la solicitud de desacato contra el director de la referida
entidad por incumplimiento parcial de la sentencia proferida por el Consejo de
Estado 16 de julio de 2014); y iii) adoptó medidas tendientes al cumplimiento de la
Sentencia C-258 de 2013 en el caso particular del señor Martinezguerra Zambrano.

Así las cosas, resolvió:20

[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer el inicio de la actuación administrativa
tendiente a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013 en el caso particular del señor
GUILLERMO MARTINEGUERRA ZAMBRANO, en consecuencia, infórmese de
manera previa al pensionado sobre la existencia de la actuación administrativa con el
fin de que presente las pruebas y argumentos que estime pertinentes. […].

El 25 de febrero de 2015, la entidad demandada profirió la Resolución N.º 0097 21
por medio de la cual resolvió un recurso de reposición elevado por el demandante
contra la Resolución N.º 0051 de 2015, en el sentido de confirmar su contenido.

El 16 de abril de 2015, FONPRECON expidió la Resolución N.º 020122 a través de la
cual resolvió que a partir del 1.º de julio de 2013 ajustaría la mesada pensional al
monto de 25 SMLMV, en cumplimiento de la Sentencia C-258 de 2013. Así mismo,

18 Folios 439 al 455 ibidem
19 Folios 513 al 519 del cuaderno de antecedentes administrativos
20 Folio 529 ibidem
21 Folios 569 al 575 ibidem
22 Folios 578 al 593 ibidem

16

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

advirtió que si bien el señor Martinezguerra Zambrano no interpuso escrito alguno
tendiente a cuestionar la aplicación de la referida providencia, se tendrían en cuenta
los argumentos por él esbozados en sede de tutela y en el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución N.º 0051 de 2015.

Por su parte, expresó que la decisión tomada resultaba proporcional a la necesidad
de cualquier ciudadano y que en todo caso ese fue el tope fijado por el alto tribunal;
de manera que no solo se facultó a la entidad a realizar el reajuste de forma
automática y sin necesidad de reliquidación tal como lo estableció de forma expresa
la Sentencia C-258 de 2013, sino que también se impuso una orden de carácter
perentorio y de obligatorio cumplimiento. Finalmente, negó el restablecimiento del
monto de su mesada pensional devengado con anterioridad al 1.º de julio de 2013,
así como el pago de las diferencias por no haber sido ordenado en dicha sentencia
de tutela citado y reiteró la naturaleza de acto de ejecución de la decisión a tomar.

El 9 de julio de 2015, FONPRECON emitió la Resolución N.º 042223 a través de la cual
resolvió un recurso de reposición contra la Resolución N.º 0201 de 2015, en el
sentido de confirmar su contenido.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Conforme a lo expuesto en acápites precedentes, en consonancia con los
documentos aportados al plenario, la Sala concluye que la FONPRECON no
desconoció el ordenamiento superior al ajustar la mesada pensional del accionante
al monto de 25 SMLMV; por el contrario, se limitó a ejecutar una orden judicial que se
tornaba de obligatorio cumplimiento para las autoridades del territorio nacional. Esta
tesis se funda en los siguientes razonamientos:

i) FONPRECON le reconoció una pensión de jubilación al señor
Martinezguerra Zambrano y la reajustó en consideración a las precisas
órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de
2013.

23 Folios 604 al 608 del cuaderno de antecedentes administrativos

17

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

ii) FONPRECON estaba conminada a ajustar dicha prestación al tope de 25

SMLMV.

Al respecto, evidencia la Sala que a través de los actos enjuiciados la entidad
demandada atendió la orden impartida en sede de tutela, el 16 de julio de 2014, por
esta Corporación, toda vez que fueron expedidos dentro de la actuación
administrativa que adelantó en aras de salvaguardar el derecho el debido proceso
administrativo del actor, y en la que ejerció su derechos de defensa y contradicción,
a pesar de que inicialmente la autoridad pensional no estaba obligada a ello
conforme lo señaló la Sentencia C-258 del 2013.

Por consiguiente, el argumento planteado por el demandante concerniente a que en
los actos acusados la entidad demandada aplicó en forma equivocada la Sentencia
C-258 de 2013 y desconoció lo señalado por esta Corporación en el fallo de tutela,
no están llamados a prosperar.

Tan es así que en la Resolución N.º 0201 de 201524 se advirtió que si bien el señor
Martinezguerra Zambrano no interpuso escrito alguno tendiente a cuestionar la
aplicación de la providencia, se tendrían en cuenta los argumentos por él esbozados
en sede de tutela y en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N.º
0051 de 2015, con el fin de garantizar su derecho al debido proceso.

iii) En relación con el ajuste en comento, la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-575 de 2019, precisó:

[…] la Corte encuentra que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho
dictada por el Consejo de Estado perdió su ejecutoriedad frente a las órdenes dadas
por la Corte Constitucional en una sentencia de control abstracto de
constitucionalidad que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional en los términos
del artículo 243 de la Carta Política y que determinó que ninguna pensión con cargo
a recursos públicos puede superar el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Con base en el anterior criterio, en lo que respecta al ajuste en razón al tope
pensional de 25 SMLMV, el monto de las pensiones debe acompasarse a lo

24 Folios 578 al 593 del cuaderno de antecedentes administrativos

18

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

dispuesto por la Sentencia C-258 de 2013, pues fijó una regla inequívoca, cuyo
cumplimiento era imperativo para los fondos de pensiones so pena de incurrir en
un abierto desacato a una orden judicial impartida en sede de control de
constitucionalidad.

iv) En razón a la obligatoriedad de las órdenes dictadas en la Sentencia C-258
de 2013, FONPRECON no tenía una alternativa diferente a disponer el ajuste
automático de la pensión que venía devengando el demandante en aras de que
se aviniera a los mandatos constitucionales allí reivindicados.25 En consecuencia,
dicha determinación no constituyó una actuación arbitraria o irrazonable
modificatoria de la situación jurídica del actor; por el contrario, reúne las
características de un acto de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por
la Corte Constitucional, vinculante para todas las autoridades públicas.

v) Mediante las Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-
073 de 2019 la referida corporación reafirmó la obligatoriedad de la Sentencia C-
258 de 2013 al señalar que la aplicación del límite al monto pensional resulta
imperativo para las entidades encargadas del pago de estas prestaciones, pues
se trató de un mandato constitucional que rige para todas las pensiones que se
paguen con recursos públicos.

25 Esta tesis también ha sido sostenida, entre otras, en las siguientes providencias:

i) De la Corte Constitucional. Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018, T-073
de 2019, SU-575 de 2019 y Auto 478 de 3 de diciembre de 2020, expediente: T-7.780.673

ii) Del Consejo de Estado.

• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 13 de
noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 30 de octubre
de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2014-02515-02 (4114-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto de 21 de febrero de
2019, radicado: 63001-23-33-000-2018-00103-01 (4771-18).
• Sección Primera, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, auto de 16 de agosto de 2018, radicado: 11001-
03-15-000-2014-04194-01(AC) A.

19

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

vi) La ejecución de la Sentencia C-258 de 2013 resultaba inexorable para
FONPRECON y constituía una materialización del Acto Legislativo 1 de 2005, así

como los principios de sostenibilidad financiera, igualdad, solidaridad, eficiencia,
universalidad y progresividad que orientan el sistema de seguridad social integral.

vii) Los límites máximos de la prestación fueron previstos en el ordenamiento
desde la Ley 4 de 1976 y se siguieron reiterando en las Leyes 71 de 1988, 100
de 1993 y 797 de 2003.

viii) Teniendo en cuenta que FONPRECON de forma automática ajustó la mesada
pensional del actor, a partir del mes de julio de 2013, se concluye que tal
actuación obedeció a una ejecución de la Sentencia C-258 de 2013 y, por ende,
no es posible reabrir un debate en tal sentido en sede administrativa o judicial.

ix) Bajo el anterior contexto, los actos demandados no son pasibles de control
jurisdiccional, por cuanto no crearon, modificaron o extinguieron una situación
jurídica, sino que se limitaron a cumplir cabalmente y de manera inmediata la
orden impartida en la Sentencia C-258 de 2013. A su vez, una interpretación
diferente a la planteada conduciría a desconocer la cosa juzgada de un debate
judicial ya concluido.26

3. De la condena en costas

26 En cuanto a la imposibilidad de enjuiciar actos de ejecución o información, pueden consultarse las

siguientes providencias del Consejo de Estado:
• Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dra. María Adriana Marín, auto de 3 de agosto
de 2020, radicado: 11001-03-15-000-2020-02799-00.
• Sección Tercera, Subsección A, C.P. Dra. María Adriana Marín, sentencia de 3 de abril de 2020,
radicado: 25000-23-26-000-2008-00107-01 (41442)
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, auto de 8 de agosto de 2019,
radicado: 25000-23-42-000-2015-05932-01 (0459-2017).
• Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. William Hernández Gómez, auto de 11 de diciembre de
2017, radicado: 25000-23-42-000-2014-00173-01 (1607-2015).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D. C., sentencia de
8 de junio de 2017, radicado: 25000-23-42000-20140-0188-01 (1924-2015).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto de 27 de julio de 2015,
radicado:
25000-23-42-000-2014-00079-01 (0717 – 2015).
• Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gomez Aranguren, sentencia de 12
de mayo de 2014, radicado: 13001-23-31-000-2009-00309-01 (1879-12).

20

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201627, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso,28 la Sala no condenará en costas de
segunda instancia a la parte demandante, comoquiera que se trata de una
reclamación laboral, debatida desde diferentes puntos de vista por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.

4. Conclusión

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
28 «8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida

de su comprobación».

21

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, se concluye que los actos acusados carecen de control jurisdiccional en
la medida en que FONPRECON se limitó a ajustar la pensión del actor en estricto
cumplimiento de la Sentencia C-258 de 2013, por ende, aquellos no corresponden
a actos administrativos definitivos con vocación de crear, modificar o extinguir una
situación jurídica concreta.

En consecuencia, se impone revocar la sentencia emitida por el a quo, para en su
lugar declarar probada de oficio la excepción de actos administrativos no
susceptibles de control jurisdiccional, en razón a que las decisiones demandadas
no corresponden a actos administrativos definitivos.

Es preciso señalar que se declarará probada de oficio la excepción de actos
administrativos no pasibles de control jurisdiccional y no la de ineptitud de la
demanda, pues el defecto anotado no configura la aludida excepción, sino que
constituye una irregularidad autónoma. En tal sentido, esta Corporación ha
precisado que la ineptitud de la demanda únicamente se presenta en los siguientes
casos: a. cuando el libelo introductorio omite los requisitos formales establecidos en
los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA; y/o b. cuando se evidencia una indebida
acumulación de pretensiones.29

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. – Revocar la sentencia proferida el 4 de julio de 2018, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Dr. William Hernández

Gómez, auto de 21 de abril de 2016, radicado: 47001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).

22

Radicación: 25000-23-42-000-2015-03921-01 (6290-2018)
Demandante: Guillermo Martinezguerra Zambrano

pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Guillermo
Martinezguerra Zambrano contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República – FONPRECON, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

En su lugar, se dispone:

Segundo. – Declarar probada de oficio la excepción de actos administrativos no
susceptibles de control jurisdiccional, en razón a que las decisiones demandadas
no corresponden a actos administrativos definitivos, conforme se explicó en
precedencia.

Tercero. – Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto. – Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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