Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04144-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2015-04144-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04144-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-04144-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandante: Mery Lozano Pinilla
Vinculado: Carlos Hernando Pineros Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Tema: Funcionaria del servicio exterior. La insubsistencia del
nombramiento provisional debe ser motivada – su ausencia
acarrea la nulidad del acto administrativo de retiro del servicio.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandada contra la sentencia del 10 de marzo del 2022, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad del Decreto 235 del 11 de
febrero de 2015, por medio del cual se nombró un reemplazo en el cargo que
ocupaba la demandante en provisionalidad.
3. Como restablecimiento del derecho solicitó: el reintegro al empleo que venía
ocupando o a uno de igual o superior categoría, el pago de los salarios y
prestaciones sociales causados desde el 16 de abril de 2015 y hasta cuando se
haga efectiva la reincorporación, la indemnización de los perjuicios materiales y
morales, estos últimos equivalentes a 100 SMLMV.
4. Finalmente se reclamó condenar en costas y agencias en derecho a la accionada.
5. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:
6. La demandante ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores el 21 de junio de
1999 en provisionalidad y desempeñó cargos pertenecientes a la Carrera
Diplomática y Consular. Inicialmente ocupó el empleo de Segundo Secretario de
1 Ver archivo denominado «5ED_C01_01 DEMANDA - PODER Y ANEXOS.pdf», el cual puede ser descargado
en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
Relaciones Exteriores y posteriormente, mediante Decreto 1302 del 14 de junio de
2012 fue promovida al cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, el cual ejerció
también en provisionalidad hasta su retiro el 16 de abril de 2015, sin solución de
continuidad en la relación laboral.
7. Durante su trayectoria en el Ministerio desempeñó funciones especializadas en
distintas dependencias relacionadas con derechos humanos, asuntos económicos
y ambientales, asuntos marítimos, soberanía territorial, derecho del mar y temas
antárticos. Asimismo, fue adscrita a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de
la Federación de Rusia, donde ejerció funciones diplomáticas y consulares,
representó a Colombia en reuniones y expediciones internacionales y obtuvo
exequátur para actuar como Cónsul no residente en Uzbekistán, Turkmenistán y
Kazajistán.
8. Fue retirada del servicio mediante el Decreto 235 del 11 de febrero de 2015, acto
que considera una insubsistencia tácita carente de motivación. Señaló que fue
reemplazada por el señor CARLOS HERNANDO PIÑEROS SÁNCHEZ, quien
tampoco pertenecía a la Carrera Diplomática y Consular y cuya designación también
habría sido en provisionalidad, pese a que existían funcionarios de carrera que
podían ocupar el cargo.
9. Sostuvo que, conforme al Decreto 274 de 2000 y la jurisprudencia constitucional,
solo podía ser reemplazada por un funcionario de carrera y no por otro provisional.
Además, indicó que para la fecha de su desvinculación se encontraba próxima a
cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pues tenía más de 1000
semanas cotizadas y le faltaba menos de un año para cumplir la edad requerida,
situación que la ubicaba en condición de estabilidad laboral reforzada y especial
protección constitucional.
10. Finalmente, afirmó que su desvinculación afectó gravemente su mínimo vital y
su expectativa pensional, debido a las dificultades para reubicarse laboralmente por
su edad, pese a contar con amplia experiencia, preparación académica y dominio
del idioma ruso, circunstancias que evidencian que no existían razones de buen
servicio que justificaran su retiro.
11. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 4°, 6°, 13, 21, 25, 29, 122, 123, 125 y 209; 14 numeral 2.°
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 9 y 11 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; 60 y 61 del Decreto Ley 274 de 2000; Ley 909
de 2004 y sus Decretos Reglamentarios; 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; 12 de
la Ley 790 de 2002, en concordancia con el artículo 8.° literal d) de la Ley 812 de
2003. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo que:
12. El Decreto 235 del 11 de febrero de 2015, mediante el cual fue retirada del cargo
de consejero de Relaciones Exteriores vulneró la ley y la jurisprudencia
constitucional, toda vez que su desvinculación se produjo sin motivación, pese a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
ocupar un cargo de carrera en provisionalidad y ostentar la condición de
prepensionada.
13. Argumentó que la Corte Constitucional, en sentencias como SU-917 de 2010,
T-221 de 2014 y T-326 de 2014, ha establecido que los actos de retiro de
funcionarios provisionales que se encuentren próximos a pensionarse deben ser
motivados, especialmente cuando el servidor es reemplazado por otra persona
también nombrada en provisionalidad. Asimismo, señaló que el Consejo de Estado
ha reconocido que los empleados prepensionados gozan de estabilidad laboral
reforzada y de especial protección constitucional, razón por la cual no pueden ser
desvinculados de manera inmediata sin valorar dicha condición.
14. Indicó que se encontraba amparada por el denominado “retén social”, previsto
en la Ley 790 de 2002, la Ley 812 de 2003 y el Decreto 3905 de 2009, normas que
protegen a los servidores públicos a quienes les falten menos de tres años para
adquirir el derecho pensional. Explicó que, para la fecha de su retiro, le faltaba
menos de un año para cumplir la edad requerida y menos de tres años de cotización,
por lo que tenía derecho a permanecer en provisionalidad hasta acceder a la
pensión.
15. También afirmó que se desconocieron los artículos 60 y 61 del Decreto 274 de
2000, pues aún no había vencido el término máximo de cuatro años de permanencia
en el cargo de consejero de Relaciones Exteriores y, además, solo podía ser
reemplazada por un funcionario inscrito en la Carrera Diplomática y Consular. Sin
embargo, fue sustituida por otra persona nombrada igualmente en provisionalidad,
pese a existir funcionarios de carrera que podían ocupar el empleo.
16. Sostuvo que la administración incurrió en desviación de poder y violación de la
ley al ejercer de manera irrazonable la facultad discrecional de insubsistencia,
afectando sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad,
al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada derivada de su condición de
prepensionada.
17. Contestación de la demanda2. Oportunamente la accionada se opuso a la
totalidad de las pretensiones en los siguientes términos.
18. Sostuvo que el acto de desvinculación de la demandante fue expedido conforme
al régimen especial de la Carrera Diplomática y Consular previsto en el Decreto 274
de 2000, en concordancia con el Decreto 2400 de 1968, normas que autorizan el
nombramiento y remoción discrecional de funcionarios designados en
provisionalidad en cargos de carrera diplomática.
19. Explicó que la demandante ocupaba un cargo de Carrera Diplomática y
Consular en provisionalidad, figura prevista en el artículo 60 del Decreto 274 de
2000, aplicable cuando no es posible proveer el cargo con funcionarios
2 Ver archivo denominado «11ED_C01_07 CONTESTACION DE LA DEMANDA - PODER Y ANEXOS DE LA
NACIÓN-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.pdf», ejusdem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
escalafonados. En consecuencia, al no pertenecer a la carrera ni haber accedido al
empleo mediante concurso y mérito, no gozaba de estabilidad propia de los
funcionarios de carrera ni de fuero de inamovilidad.
20. Argumentó que el acto de insubsistencia no requería motivación, por tratarse de
una decisión discrecional adoptada en ejercicio de las facultades legales de
administración de personal. Señaló que, conforme al artículo 26 del Decreto 2400
de 1968 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, los nombramientos
provisionales pueden ser removidos libremente por razones del servicio, sin
necesidad de expresar los motivos en el acto administrativo.
21. Igualmente, indicó que la discrecionalidad administrativa no equivale a
arbitrariedad, pues las decisiones se presumen ajustadas al buen servicio y a los
fines de la función pública. Afirmó que la demandante no aportó pruebas que
desvirtuaran la presunción de legalidad del Decreto 235 de 2015 ni que demostraran
desviación o abuso de poder.
22. Destacó que el régimen diplomático y consular tiene características especiales,
particularmente el principio de alternación entre planta interna y externa, orientado
a garantizar la eficiencia y especialidad del servicio exterior. Por ello, las
designaciones y remociones deben atender las necesidades del servicio y el manejo
dinámico de personal en el exterior.
23. Asimismo, sostuvo que la demandante no podía reclamar las garantías propias
de la carrera administrativa general regulada en la Ley 909 de 2004, dado que su
vinculación se regía por el régimen especial del Decreto 274 de 2000. En
consecuencia, su retiro no vulneró el debido proceso ni configuró falta de motivación
o expedición irregular.
24. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 10 de marzo de 2022, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda. Con tales fines, concluyó que:
25. Del análisis del material probatorio aportado al proceso se constató que la
demandante nació el 19 de abril de 1959, ingresó al Ministerio de Relaciones
Exteriores el 21 de junio de 1999 y fue nombrada en provisionalidad como consejera
de Relaciones Exteriores mediante Decreto nro. 1302 del 14 de junio de 2012, cargo
que desempeñó hasta su desvinculación mediante Decreto nro. 235 del 11 de
febrero de 2015.
26. También se acreditó su amplia experiencia y trayectoria en el servicio exterior,
así como las funciones diplomáticas, consulares y de representación internacional
que ejerció durante su vinculación.
3 Índice 00077 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
27. En relación con la alegada condición de prepensionada, el tribunal examinó las
certificaciones expedidas por el Fondo de Pensiones Porvenir y concluyó que la
demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos establecidos para
acceder a la estabilidad laboral reforzada.
28. Señaló que, aunque acreditó la edad requerida, para la fecha de su
desvinculación solo contaba con 1.043 semanas cotizadas y aún le faltaban
aproximadamente 257 semanas para completar las 1.300 exigidas por la Ley 100
de 1993, equivalentes a cerca de cinco años de cotización, término superior a los
tres años previstos para ser considerada prepensionada.
29. Además, precisó que la actora estaba afiliada al régimen de ahorro individual,
por lo que debía acreditar el capital necesario para financiar la pensión,
circunstancia que tampoco probó. Por ello, negó las pretensiones relacionadas con
la estabilidad laboral reforzada.
30. No obstante, el a quo encontró acreditada la falta de motivación del acto
administrativo que declaró insubsistente el nombramiento de la demandante. Indicó
que, aunque el artículo 60 del Decreto 274 de 2000 permite remover en cualquier
tiempo a quienes ocupan provisionalmente cargos de la Carrera Diplomática y
Consular, dicha facultad debe interpretarse de manera armónica con el artículo 10
del Decreto 1227 de 2005, que exige motivar los actos de retiro de empleados
provisionales nombrados en cargos de carrera.
31. Al revisar el Decreto 235 de 2015, la Sala observó que la administración no
expresó las razones concretas que justificaban el retiro de la accionante, sino que
simplemente citó las normas que le otorgaban competencia para expedir el acto. En
consecuencia, concluyó que la falta de motivación vulneró el derecho fundamental
al debido proceso y configuró la nulidad de la decisión sometida a juicio.
32. Con fundamento en la jurisprudencia de unificación de la Corte Constitucional
sobre el retiro de funcionarios provisionales en cargos de carrera, el tribunal ordenó
el reintegro al cargo que desempeñaba o a uno equivalente, siempre que el empleo
no hubiera sido provisto mediante concurso de méritos o suprimido.
33. Asimismo, ordenó el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde la desvinculación hasta el reintegro efectivo y/o hasta la provisión
definitiva del cargo mediante concurso de méritos, con respeto por el límite
indemnizatorio establecido en la sentencia de unificación 556 de 2014, además del
descuento de las sumas percibidas por el actor con ocasión de otros vínculos
laborales.
34. Finalmente, negó el reconocimiento de perjuicios morales, al considerar que no
existían pruebas suficientes que demostraran una afectación emocional o moral
derivada de la desvinculación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
35. Recurso de apelación4. Oportunamente el apoderado de la parte demandada
recurrió la anterior decisión en los siguientes términos:
36. Indicó que la sentencia de primera instancia interpretó de manera errónea y
restrictiva el régimen de provisionalidad previsto para la Carrera Diplomática y
Consular en el Decreto Ley 274 de 2000. Afirmó que el tribunal aplicó indebidamente
la regla supletoria de la Ley 909 de 2004 y desconoció pruebas documentales
aportadas al proceso, particularmente el informe emitido por la Dirección de Talento
Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que condujo a concluir
equivocadamente que el acto administrativo demandado carecía de motivación.
37. Explicó que la desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad
dentro de la Carrera Diplomática y Consular no depende de las reglas generales de
la carrera administrativa, pues se trata de un régimen especial plenamente regulado
en los artículos 60 y 61 del Decreto Ley 274 de 2000. Estas normas establecen de
manera expresa tanto la forma de vinculación como de retiro de quienes ocupan
cargos diplomáticos en provisionalidad, razón por la cual no existe vacío normativo
que permita acudir supletoriamente a la Ley 909 de 2004.
38. En ese sentido, argumentó que la administración actuó conforme al principio de
especialidad que gobierna la Carrera Diplomática y Consular, de modo que la
declaratoria de insubsistencia podía efectuarse en cualquier tiempo y con
fundamento en las disposiciones especiales del Decreto Ley 274 de 2000. Añadió
que la motivación del acto estaba implícita en la propia finalidad de la decisión
administrativa, pues la demandante ocupaba un cargo provisional en el exterior y
no podía exceder el límite máximo de cuatro años previsto en el literal b) del artículo
61 de dicha normativa.
39. Enfatizó que el tribunal omitió valorar el informe S-GAPT-21-028248 del 18 de
noviembre de 2021, suscrito por la directora de Talento Humano del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en el cual se explicó que el régimen diplomático y consular
es especial y distinto de la carrera administrativa general, y que el tiempo máximo
de permanencia de un funcionario provisional en el exterior es de cuatro años.
Además, se indicó que la funcionaria aceptó el cargo con conocimiento de dicha
limitación temporal.
40. A partir de ello, sostuvo que el acto acusado sí estuvo debidamente motivado,
ya que obedeció al cumplimiento de los requisitos objetivos previstos en la
normativa especial y tuvo como finalidad garantizar la correcta administración de la
Carrera Diplomática y Consular, sin que existiera arbitrariedad ni desviación de
poder.
41. Finalmente, afirmó que el reintegro ordenado en la sentencia resulta
improcedente porque el cargo ya se encuentra ocupado por un funcionario inscrito
en la Carrera Diplomática y Consular. Asimismo, cuestionó la indemnización
reconocida, señalando que la demandante solo había ejercido el cargo durante tres
4 Índice 00080 ib.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
años y cuatro meses, por lo que, aun en caso de prosperar alguna condena, esta
no podría superar el tiempo restante hasta completar el límite máximo de cuatro
años de permanencia en el exterior.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
42. La admisión del recurso. Mediante auto del 27 de octubre de 20235 se admitió
el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino la parte
demandante, quien reiteró los argumentos expuestos en la demanda y los alegatos
de conclusión y, además, solicitó el decreto de pruebas en segunda instancia,
relacionadas con que el representante legal del Ministerio de Relaciones Exteriores
responda, bajo la gravedad del juramento, el informe requerido en la audiencia
inicial del 10 de noviembre de 2021 y comunicado mediante oficio SB-0222 del 12
de noviembre de 2021.
43. Señaló que la certificación S-GAPT-21-028248 del 18 de noviembre de 2021 no
fue suscrita por la entonces ministra de Relaciones Exteriores y que el documento
firmado por la directora de Talento Humano únicamente dio respuesta parcial a los
puntos 1, 4 y 9 de la prueba previamente decretada.
44. En virtud de lo anterior, mediante auto del 25 de abril de 2025 6, se decretó la
prueba y se requirió a la entidad demandada para su cumplimiento. Posteriormente,
la entidad allegó la respuesta correspondiente7, de la cual se corrió traslado el 4 de
julio de 20258.
45. Control de legalidad9. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
46. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,10 esta Sala de
Subsección es competente para resolver los recursos de apelación.
47. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados en la
alzada, se deberá establecer si: ¿el acto administrativo que declaró insubsistente el
nombramiento provisional de la demandante en un cargo de la Carrera Diplomática
y Consular debió motivarse conforme a la Ley 909 de 2004, o bastaba la aplicación
del régimen especial previsto en el Decreto Ley 274 de 2000?
5 Índice 00006 de la plataforma SAMAI.
6 Índice 00021 ib.
7 Índice 00025, 00027 y 00028 ejusdem.
8 Índice 00031 ibid.
9 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
48. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
49. Del principio de especialidad en la Carrera Diplomática y Consular
50. De acuerdo con los artículos 125 y 130 de la Constitución Política, la carrera
administrativa constituye la regla general para el acceso, permanencia, ascenso y
retiro del empleo público. No obstante, el propio orden constitucional admite
regímenes exceptuados fundados en el principio de especialidad, entre los cuales
se encuentra la Carrera Diplomática y Consular.
51. Desde la sentencia C-129 de 1994, la Corte Constitucional reconoció que este
sistema posee una naturaleza autónoma y diferenciada respecto de la carrera
administrativa ordinaria, debido a las funciones particulares que cumple el servicio
exterior. En esa oportunidad señaló que el legislador extraordinario diseñó un
esquema especial para atender las necesidades propias de la política internacional
del Estado, la representación de los intereses de Colombia y la protección de los
nacionales en el exterior. En uno de sus apartados se puede leer:
«(…) La Carrera diplomática y consular tiene un régimen especial y diferenciado
respecto de la Carrera administrativa. Por tanto, no pueden aplicarse los mismos
principios a las dos carreras, ya que el legislador extraordinario, teniendo en cuenta
la naturaleza de las funciones atribuidas al servicio exterior, al Ministerio de
Relaciones Exteriores y a las misiones diplomáticas y consulares, dispuso un
sistema diferente, adecuado con las funciones propias dirigidas a desarrollar "en
forma sistemática y coordinada todas las actividades relativas al estudio y ejecución
de la política internacional de Colombia, la representación de los intereses del
Estado colombiano y la tutela de los intereses de sus nacionales ante los demás
estados, las organizaciones internacionales y la comunidad internacional" (art. 2o.
Decreto Ley 10 de 1992)38(…)».
52. La existencia de este régimen especial se explica por la naturaleza misma del
servicio prestado, entendido como el conjunto de actividades desarrolladas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores tanto dentro como fuera del territorio nacional,
orientadas a ejecutar la política exterior del Estado y garantizar la representación de
sus intereses ante otros Estados y organismos internacionales. Por tal razón, el
legislador estableció un sistema profesional, especializado y jerarquizado,
sustentado en el mérito y en la formación técnica de sus funcionarios.
53. Actualmente, el régimen especial de la Carrera Diplomática y Consular se
encuentra regulado en el Decreto Ley 274 de 2000, normativa que fortaleció los
mecanismos de profesionalización y capacitación de los funcionarios diplomáticos,
tanto para el ingreso como para el ascenso dentro de la carrera, en atención a las
exigencias propias del servicio exterior colombiano y de las relaciones
internacionales.
54. Dentro de este régimen especial, el Decreto Ley 274 de 2000 consagra la
alternación como una situación administrativa propia de los funcionarios de carrera
diplomática y consular. Esta figura tiene como finalidad garantizar el adecuado
funcionamiento del servicio exterior, optimizar los recursos de la administración y
asegurar la prevalencia del interés general en el ejercicio de la función pública.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
55. La jurisprudencia constitucional11 y contencioso-administrativa12 ha explicado
que la alternación busca evitar que los funcionarios permanezcan indefinidamente
en el exterior, pues ello podría alejarlos de la realidad nacional y afectar el adecuado
ejercicio de la representación del Estado. En consecuencia, se impone la obligación
de alternar períodos de servicio en planta externa y planta interna, permitiendo que
los funcionarios mantengan contacto permanente con el contexto político, social y
cultural del país.
56. La regulación de esta figura se encuentra contenida en los artículos 35 a 40 del
Decreto Ley 274 de 2000, de los cuales se desprenden varias características
relevantes:
i) La alternación implica el deber de los funcionarios de desempeñar sus labores
alternadamente en sedes ubicadas dentro y fuera del país, conforme a los principios
de eficiencia y especialidad del servicio diplomático.
ii) El tiempo ordinario de permanencia en planta externa es de cuatro años,
prorrogables excepcionalmente hasta por dos años más. Por su parte, el servicio en
planta interna corresponde, en principio, a tres años, con posibilidad de extensión
previa aprobación de la Comisión de Personal. Asimismo, quienes se encuentren
en planta externa no podrán ser designados en otro cargo en el exterior antes de
completar doce meses en la sede correspondiente, salvo circunstancias
excepcionales.
iii) El cómputo de dichos períodos inicia desde la posesión o asunción efectiva de
funciones en la respectiva planta. El tiempo que exceda los lapsos previstos,
mientras se concreta el traslado correspondiente, no constituye prórroga.
iv) El cumplimiento del período en planta interna constituye una obligación propia
de la carrera y su inobservancia puede generar el retiro del funcionario.
v) Existen excepciones relacionadas con fuerza mayor, caso fortuito, razones de
salud, dependencia económica de familiares u otras circunstancias especiales
calificadas por la Comisión de Personal, así como la posibilidad de una nueva
designación en el exterior cuando se haya superado el período mínimo exigido en
la sede correspondiente.
vi) La aplicación de la alternación exige una gestión administrativa permanente por
parte de la Dirección de Talento Humano, entidad encargada de llevar el control de
los períodos cumplidos por cada funcionario y coordinar los desplazamientos
respectivos, conforme al cronograma establecido en el artículo 39 del Decreto Ley
274 de 2000.
11 Sentencias C-129 de 17 de marzo de 1994, C-808 de 1 de agosto de 2001.
12 Sentencia de 20 de agosto de 2020, expediente nro. 25000-23-15-000-2019-00290-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
57. Del nombramiento en provisionalidad en la Carrera Diplomática y Consular
58. El artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000 regula el nombramiento en
provisionalidad dentro de la Carrera Diplomática y Consular. Esta disposición
permite, de manera excepcional y en virtud del principio de especialidad, designar
en cargos de carrera a personas que no pertenezcan a ella cuando no sea posible
proveerlos con funcionarios escalafonados. La misma norma prevé que dichos
funcionarios podrán ser removidos en cualquier tiempo.
59. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esta disposición mediante la
Sentencia C-292 de 2001, al considerar que la provisionalidad constituye una figura
excepcional compatible con el principio del mérito y necesaria para garantizar la
continuidad del servicio exterior. Señaló además que el legislador estaba facultado
para regular las condiciones de ingreso y permanencia temporal de quienes ocupan
estos cargos, teniendo en cuenta las particularidades propias del servicio
diplomático en el exterior.
60. En concordancia con ello, la jurisprudencia de esta corporación13 ha precisado
que la provisionalidad no desvirtúa la regla general según la cual los cargos de la
planta interna y externa del Ministerio de Relaciones Exteriores deben ser ocupados
por funcionarios de carrera seleccionados mediante concurso de méritos. La
designación provisional únicamente procede cuando se acrediten dos condiciones:
de una parte, el cumplimiento de los requisitos legales por parte de la persona
nombrada y, de otra, la inexistencia de funcionarios escalafonados disponibles para
ocupar el cargo.
61. Igualmente, se ha establecido que no existe disponibilidad cuando los
funcionarios de carrera llamados a ocupar el empleo se encuentran cumpliendo
períodos de alternación o no han completado el tiempo mínimo de permanencia
exigido para ser nuevamente designados en el exterior. Además, corresponde al
demandante demostrar, con las pruebas pertinentes, que sí existían funcionarios
disponibles para ocupar el cargo, pues no basta con aportar listados de funcionarios
inscritos en el escalafón, sino que es necesario acreditar el cumplimiento de los
períodos de alternación mediante las respectivas actas de posesión y demás
documentos idóneos.
62. Finalmente, esta interpretación jurisprudencial reafirma la prevalencia del
régimen especial de la Carrera Diplomática y Consular y el derecho preferente de
los funcionarios escalafonados a ocupar los cargos vacantes, siempre que cumplan
las condiciones previstas en el Decreto Ley 274 de 2000.
63. Ahora bien, dado que este dispositivo no estableció la forma como debe
producirse el retiro del servicio de las personas nombradas en provisionalidad, se
debe acudir a las reglas que sobre el particular están contenidas en la Ley 909 de
13 Sentencia de 12 de noviembre de 2015, expediente nro. 25000-23-41-000-2015-00542-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
2004, en tanto suple los vacíos de los regímenes especiales de carrera
administrativa.
64. En consecuencia, se tiene que el parágrafo 2.° del artículo 41 ib. ordena que el
retiro de los empleos de carrera debe hacerse a través de acto administrativo
motivado; regla reiterada en el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005, cuando previó
que «[a]ntes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del
nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por
terminados.»
65. Por tanto, la motivación de la decisión de desvinculación de un empleado en
provisional debe estar orientada a la garantía y mejoramiento del servicio público,
lo que implica la exposición de razones suficientes, claras y verificables, tanto de
hecho como de derecho que la sustenten. Tales fundamentos deben guardar
relación, particularmente, con la provisión del cargo a través del sistema de mérito
correspondiente o con «otra razón específica atinente al servicio que está prestando
y debería prestar el funcionario concreto».
66. Sobre este aspecto, esta corporación, en sentencia del 27 de febrero de 202314,
precisó lo siguiente:
«De acuerdo con el anterior lineamiento jurisprudencial, se concluye que el retiro de
los servidores provisionales del Ministerio de Relaciones Exteriores debe hacerse
mediante acto motivado como una forma de garantizarles el derecho fundamental al
debido proceso. Esta premisa ha sido acogida en anteriores oportunidades, con
fundamento en las siguientes consideraciones:15
Si bien es cierto, el artículo 60 del Decreto 274 de 2000 16, autoriza la remoción, en
cualquier tiempo, de un funcionario que se encuentre desempeñando un cargo en
las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, ésta disposición no señala si la
determinación pertinente debe o no motivarse, contrario a lo que entiende la parte
demandada, puesto que de su contenido no se puede inferir tal solución, si se tiene
en cuenta que únicamente autoriza la remoción en esas condiciones, pero guarda
silencio respecto a la exigencia o no de la motivación del acto, para lo cual es
suficiente acudir a una interpretación exegética de su contenido.
Tampoco se encuentra en el citado Decreto una norma que regule la materia. Siendo
esto así, debemos acudir a la regulación que trae la Ley 909 de 2004, en su artículo
tercero, […]
Como la presente Litis recae sobre un aspecto relacionado con la carrera especial,
particularmente citada en el artículo tercero reproducido, es decir, la Carrera
Diplomática y Consular, se colige que la Ley 909 de 2004 y su Decreto
Reglamentario 1227 de 2005 debe regir el presente asunto.
En consecuencia, de acuerdo con la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario
1227 de 2005, existe la necesidad de motivación de los actos administrativos
que declaran insubsistente a un servidor público nombrado en provisionalidad, en un
cargo de carrera administrativa. [Resaltado original].
14 Expediente nro. 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de septiembre de 2012, radicado
25000-23-25-000-2008-00195-02 (0994-12). En similar sentido se pueden consultar las siguientes sentencias:
i) del 5 de mayo de 2022, radicado 25000-23-42-000-2013-04276-01 (4358-2018); y ii) del 22 de abril de 2015,
radicado 08001-23-31-000-2012-00386-01 (4732-13).
16 Declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-292-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
De acuerdo con el anterior criterio jurisprudencial, el retiro de los servidores en
provisionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores debe estar debidamente
motivado y, en lo que atañe al contenido de tal motivación, en la Sentencia SU-917
de 2010 se indicó que debe aludir a razones suficientes, de manera que pueda
establecerse con claridad las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de
derecho en que se funda la desvinculación.
De ahí que «sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la
insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo
por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones
disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón específica atinente al
servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto”17».18
Sin embargo, en la referida providencia se aclaró que la motivación que se exige
para desvincular a un funcionario nombrado en provisionalidad no debe ser
necesariamente igual a la que se exige para quienes ostentan derechos de carrera,
por cuanto para estos estos últimos se han previsto unas causales de retiro ligadas
a la estabilidad en el empleo, que no se predica del nombramiento en
provisionalidad.
De esta manera, la desvinculación de los servidores provisionales también puede
fundarse en motivos relacionados con la salvaguarda de los principios que orientan
la función administrativa o el incumplimiento de los deberes propios del cargo,
siempre y cuando sean verificables […]»
67. Esta regla ha sido reiterada en oportunidad reciente por la Subsección “B” de
esta corporación, que en sentencia del 19 de septiembre de 202419 sostuvo:
«En ese orden de ideas, se tiene que las partes no discuten que el demandante se
desempeñaba en provisionalidad un cargo de carrera, esto de acuerdo con
clasificación de empleos de la planta de personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores [artículos 8 y 12 D.L. 274 de 2000] y el Decreto 2539 del 12 de diciembre
de 2014, por medio del cual fue nombrado el actor en el cargo de ministro consejero,
código 1014, grado 13 de la planta global.
Así las cosas, para el retiro de un funcionario nombrado en provisionalidad se debe
cumplir los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, pues si bien, el
marco normativo especial de la carrera consular y diplomática no determinó de forma
precisa como se deben separar del cargo a los vinculados en provisionalidad, por lo
tanto, es necesario recurrir a la Ley 909 de 2004, norma general que suple los
aspectos no regulados en los regímenes especiales de carrera administrativa y que
establece que el retiro de los empleos de carrera deberá efectuarse mediante acto
motivado [artículo 41 parágrafo 2 ibidem]
Por su parte, el Decreto 1127 de 2005. “Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998”, dispuso en el artículo 10. “Antes
de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento
provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”,
siendo una forma para garantizar el derecho fundamental al debido proceso que le
permite determinar las circunstancias claras, detalladas y concretas para separar al
actor del empleo que venía desempeñando.»
17 Corte Constitucional, Sentencia C-279 de 2007.
18 Sentencia SU-917 de 2010. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-691 de 2011 y SU-054 de
2015. A su vez, el Consejo de Estado se ha referido a la necesidad de motivar el acto de retiro de los empleados
provisionales, entre otras, en las siguientes sentencias: i) del 6 de julio de 2017, radicado 25000-23-25-000-
2012-00554-01 (1870-13); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-01621- 01 (3660 –
2014); del 31 de octubre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-01437-01.
19 Expediente nro. 25000-23-42-000-2017-05612-01 (3353-2024), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
68. Con sustento en lo anteriormente indicado, la Sala resolverá el problema jurídico
planteado.
69. Caso concreto – interrogante único: ¿el acto administrativo que declaró
insubsistente el nombramiento provisional de la demandante en un cargo de la
Carrera Diplomática y Consular debió motivarse conforme a la Ley 909 de 2004, o
bastaba la aplicación del régimen especial previsto en el Decreto Ley 274 de 2000?
70. Dentro del expediente se encuentra acreditado que la señora Mery Lozano
Pinilla prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en distintos cargos
de la planta externa. En efecto, se desempeñó en el servicio exterior desde el 21 de
junio de 1999 hasta el 16 de abril de 2015, último cargo CONSEJERO DE
RELACIONES EXTERIORES, Código 1012, Grado 11, en la Embajada de Colombia
en Moscú, Federación de Rusia20.
71. Asimismo, se encuentra demostrado que mediante el Decreto 235 del 11 de
febrero de 2015 se declaró la insubsistencia tácita del nombramiento que la
demandante ostentaba en el aludido empleo, pues en su reemplazo se designó a
otro servidor en provisionalidad21. El acto demandado es del siguiente tenor literal:
72. Se advierte que la aludida decisión no expuso las razones de hecho y de
derecho que sustentaron el retiro del servicio, pues simplemente dispuso su
reemplazo sin expresar una motivación suficiente, clara y verificable al respecto.
73. En este contexto, no le asiste razón a la entidad apelante cuando sostuvo que
el tribunal acudió indebidamente a la Ley 909 de 2004 pues, como se vio antes, la
jurisprudencia de esta corporación ha pregonado que el vacío existente en el
20 Ver archivo denominado «5ED_C01_01 DEMANDA - PODER Y ANEXOS.pdf» folio 11, el cual puede ser
descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera instancia.
21 Ver archivo denominado «5ED_C01_01 DEMANDA - PODER Y ANEXOS.pdf» folio 7, ejusdem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
Decreto Ley 274 de 2000, en torno al deber de motivación del acto administrativo
de insubsistencia de un nombramiento provisional debe ser suplido con las reglas
previstas aquella norma.
74. Ahora bien, frente al argumento según el cual el a quo omitió valorar el informe
S-GAPT-21-028248 del 18 de noviembre de 2021, mediante el cual la Dirección de
Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó las razones que
condujeron a la desvinculación de la demandante, la Sala considera que dicha
censura no está llamada a prosperar.
75. Lo anterior, por cuanto el referido informe constituye una prueba allegada al
proceso con posterioridad a la expedición del acto acusado y, aunque en él se
expusieron las razones que, según la entidad, justificaron el retiro de la demandante,
ello no tiene la virtualidad de subsanar la ausencia de motivación del Decreto 235
del 11 de febrero de 2015. En otras palabras, la razón debió estar contenida en esa
determinación y no en documentos posteriores a ella.
76. En consecuencia, no es admisible sostener que la motivación del acto se
encontraba implícita en el límite temporal de permanencia previsto en el literal b) del
artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000, máxime cuando esa decisión no expresó
de manera concreta que la desvinculación obedeciera al cumplimiento de dicho
término ni desarrolló las razones específicas que justificaban la decisión
administrativa.
77. Aunado a ello, se observa que la demandante no fue reemplazada por un
funcionario escalafonado de la Carrera Diplomática y Consular, circunstancia que
refuerza la insuficiencia de motivación del acto acusado frente a las necesidades
reales del servicio.
78. Así las cosas, la Sala concluye que la presunción de legalidad del Decreto 235
del 11 de febrero de 2015 se encuentra desvirtuada, pues, aunque la administración
podía disponer el retiro de la demandante en virtud del régimen especial aplicable,
dicha decisión debía estar sustentada en razones reales, objetivas y suficientes,
exigencia que no fue satisfecha en el presente caso.
79. En relación con el argumento del recurso según el cual la indemnización debía
limitarse únicamente al tiempo que le faltaba a la demandante para completar cuatro
años de permanencia en el exterior, la Sala considera que tampoco está llamado a
prosperar. Ello, por cuanto el cumplimiento de dicho término no implicaba
necesariamente el retiro automático e inmediato de la señora Mery Lozano Pinilla,
dado que su permanencia podía ser prorrogada en los términos del régimen
especial o mantenerse hasta tanto el cargo fuera efectivamente provisto por un
funcionario de carrera diplomática y consular.
80. De igual manera, no prospera el reparo relativo a la improcedencia del reintegro
por la supuesta provisión del cargo con un funcionario de carrera, toda vez que dicha
circunstancia no fue acreditada de manera suficiente dentro del proceso. Además,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
la sentencia de primera instancia fue clara al ordenar el reintegro de la señora Mery
Lozano Pinilla al cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación o a otro
de igual o superior categoría, siempre que tales empleos no estuvieran ocupados
por personal inscrito en carrera administrativa.
81. Igualmente, el fallo apelado dispuso que el reconocimiento de salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos procedía desde la declaratoria de
insubsistencia hasta la fecha del reintegro o hasta cuando el cargo fuera provisto
mediante el sistema de concurso de méritos, con el correspondiente descuento de
las sumas percibidas por la demandante durante el período de desvinculación y
dentro de los límites indemnizatorios fijados en la providencia (no sea inferior a seis
(6) meses ni superior a veinticuatro (24) meses de salario). En consecuencia, no
hay lugar a efectuar precisiones o limitaciones adicionales en los términos
planteados por la entidad apelante.
82. En este orden de ideas, y comoquiera que los argumentos formulados en el
recurso de apelación no lograron desvirtuar las conclusiones adoptadas en primera
instancia, la Sala confirmará la sentencia apelada, aunque por las razones
expuestas en esta providencia.
83. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
84. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
85. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
86. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandada, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04144-01 (3592-2023)
Demandantes: Mery Lozano Pinilla
87. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia 10 de marzo del 2022, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, promovió la señora Mery Lozano Pinilla en contra la Nación – Ministerio
de Relaciones Exteriores.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandada al pago de las costas en esta
instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión
devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.